Patricia Bullrich cuestionó la aprobación de una ley que votaron los legisladores de su partido

La titular del Pro consideró que hay que “explicar” haber votado a favor de la suspensión de los desalojos en barrios populares por 10 años.

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, salió a cuestionar este jueves la aprobación de la Ley del ReNaBaP, sobre urbanización en barrios populares, que contempla la suspensión de los desalojos por 10 años en esos lugares, en pos de avanzar con la regularización dominial.

La norma fue aprobada por amplísima mayoría, con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones. Incluso, fue reivindicada con fervor por algunos de los legisladores macristas que hablaron como Silvia Lospennato, Victoria Morales Gorleri o Laura Rodríguez Machado.

En el recinto, diputados de Juntos por el Cambio la valoraron como una “política de Estado” y defendieron su prórroga dado que había sido una ley sancionada por unanimidad en 2018, e impulsada por quienes era entonces los jefes de los tres bloques principales del otrora oficialismo: Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC-ARI).

En la votación, fueron 39 los legisladores del Pro que lo hicieron a favor. Vale aclarar que dos macristas se abstuvieron –Gustavo Hein y Marilú Quiroz-; y que uno de los dos votos en contra fue de otro Pro, el neuquino Francisco Sánchez, pero el único de su bancada.

A través de su cuenta de Twitter, Bullrich lanzó: “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”.

Se aprobó en Diputados modificar la ley sobre prohibición de desalojos de comunidades campesinas

El proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. También obtuvo dictamen la creación de un Fondo Fiduciario para el acceso a créditos a las familias agricultoras.

En la última reunión de este martes, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, cuya presidencia está a cargo de José Ruiz Aragón, se reunió de forma presencial por la tarde y aprobó los dictámenes sobre modificaciones a la Ley 27.118  de Agricultura Familiar sobre prohibición de desalojos a comunidades campesinas; la creación del Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF) y la iniciativa que crea un Programa nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y Economías Regionales (PRONAFER). Más temprano, tuvo tratamiento el proyecto de ley para establecer un marco regulatorio al desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

El primer orador fue Lucas Godoy (FdT – Salta), quien remarcó que “la agricultura familiar es el camino apto para proporcionar alimentos suficientes, para lidiar con el cambio climático, generación de mano de obra. Los alimentos en Argentina mas del 60% se produce por las familias agricultoras. Se están produciendo desalojos, es fundamental prorrogar. Hay que pensar en el fondo del asunto y en una solución para garantizar el acceso a las tierras a los campesinos, para fortalecer el arraigo rural y que no terminen expulsados, preservación y fomento de las tecnologías el acceso al agua. Tenemos que resolver el problema”.

“La mayoría no tiene acceso a un fondo de créditos. Este proyecto de la creación de un fondo se pudo dictaminar. El eje central es ese para garantizar el acceso a la tierra y lo facilite. El crédito también es para comprar tierras privadas, utilizar tierras en desuso para que los campesinos lo puedan trabajar”, remarcó Godoy.

En tanto, el diputado Federico Fagioli (FdT – Buenos Aires) agregó que “este proyecto sintetiza varias iniciativas que se venían construyendo con organizaciones en torno a la economía popular y campesinos y trabajadores de la tierra. Viene a dar respuesta a una demanda histórica de la agricultura familiar y van a tener más posibilidades de desarrollo, con la creación del fondo fiduciario se va a facilitar el acceso a las tierras tras el otorgamiento de créditos para la adquisición de bienes rurales y la construcción de viviendas”, y cerró que “también se busca proteger los sectores peri urbanos y productivos que son fundamentales y reducir un impacto ambiental”.

Por otro lado, Héctor Bárbaro (FdT – Misiones) recordó los desalojos en su provincia en donde habían presentado un proyecto y contó: “Me puse del lado de 12 familias que fueron desalojados como animales y los tiraron con sus pocas pertenencias sin una orden judicial”, y agregó: “El tiempo me dio la razón, el juez que había ordenado ese desalojo fue el que le sacó el arma a unos policías que habían secuestrado camiones ilegales. Después de una lucha esas familias les conseguimos 10 hectáreas a cada uno para poder trabajo”.

“Las prórrogas no sirven, queremos que vuelvan a asesores y darle una solución porque esta propuesta no nos va a llevar a ningún lado”, solicitó Pablo Torello (Pro – Buenos Aires) y subrayó que “pequeños productores hay en todos lados y ustedes están invisibilizando”. “Ustedes hablan de pequeños productos periurbanos, pero al productor profundo no lo ven y no se dan cuenta de lo que están haciendo”.

Alfredo Schiavoni (Pro – Misiones) destacó y reconoció el trabajo de Bárbaro con los que “menos tienen en mi provincia”, pero le cuestionó que “por tantos años haya sido aquiescente con el gobierno provincial que ha generado esa situación de marginalidad y pobreza y situó a los agricultores familiares en esa situación”.

Por último, Jorge Vara (UCR – Corrientes) recomendó que “hay que apoyar a los productores con financiamientos competitivos. Hay que aplicar la ley Pierri y nosotros la aplicamos”.