Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado comenzaron este martes el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo, en una reunión que combinó una extensa exposición técnica, cuestionamientos políticos de la oposición y un fuerte cruce entre el peronismo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El debate, que se prolongó durante más de cuatro horas, quedó en cuarto intermedio y continuará la próxima semana.

El plenario fue presidido por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez y contó también con la presencia del arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien expresó reparos sobre el impacto social de la iniciativa en los sectores más vulnerables. Se trató de la primera reunión informativa en torno a un proyecto que el oficialismo considera prioritario y sobre el cual aspira a emitir dictamen en las próximas semanas, aunque la oposición pidió ampliar la nómina de expositores antes de avanzar.

En representación del Ejecutivo, Sturzenegger defendió la propuesta enmarcándola en los que definió como los dos pilares centrales del actual Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica. Según el ministro, ambos conceptos están intrínsecamente ligados a la protección de la propiedad privada, a la que calificó como un requisito indispensable para el desarrollo económico. A su entender, la fragilidad fiscal histórica del país contribuyó a la vulneración de los derechos de propiedad y desalienta tanto la inversión local como la extranjera.

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la Argentina desperdició durante décadas su potencial minero, energético y productivo por la falta de reglas claras y previsibles. En ese sentido, señaló que el país nunca logró “poner sobre la mesa” el respeto efectivo de los derechos de propiedad, lo que habría frenado proyectos de inversión de gran escala. En línea con ese diagnóstico, defendió las modificaciones propuestas a diversas normas, entre ellas el Código Civil y Comercial, el Código Procesal, la ley de Tierras, la ley de Manejo del Fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares.

Uno de los puntos que mayor controversia generó fue la intención del Gobierno de flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Sturzenegger calificó como “flagrantemente inconstitucional” la legislación vigente, que limita al 15% la propiedad extranjera, y propuso eliminar ese tope para el sector privado, manteniendo únicamente las restricciones cuando haya participación de Estados extranjeros. Según explicó, la actual normativa desalienta la producción y el desarrollo, incluso en extensiones reducidas de tierra.

También cuestionó duramente la Ley 27.453 de Barrios Populares, al afirmar que, tras una década de vigencia, apenas logró regularizar una porción mínima de los casos, lo que a su juicio demuestra una ineficacia estructural del Estado. En la misma línea, criticó la extensión de las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego a zonas productivas agropecuarias, al considerar desproporcionado que se limite el uso de un inmueble durante 30 años aun cuando no se trate de bosques nativos.

La defensa del proyecto no transcurrió sin sobresaltos. Desde el inicio del debate, los senadores del bloque justicialista aprovecharon la presencia del ministro para cuestionar su trayectoria y responsabilizarlo por políticas económicas de gobiernos anteriores. El jefe del bloque, José Mayans, y el senador Martín Soria encabezaron los reproches, acusándolo de haber sido protagonista de los principales fracasos económicos de las últimas décadas, desde la crisis de 2001 hasta el endeudamiento durante la gestión de Mauricio Macri.

Las críticas incluyeron referencias al megacanje, la emisión de Lebac, la deuda con el FMI y el actual programa de ajuste del Gobierno. En ese contexto, Sturzenegger respondió con ironía y contraataques políticos, interpelando al peronismo por sus derrotas electorales recientes y rechazando las responsabilidades que le adjudicaban. El intercambio marcó uno de los momentos de mayor tensión de la reunión.

Hacia el cierre del encuentro expuso el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien aportó una mirada social al debate. Si bien no se refirió a la totalidad del articulado, advirtió que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, en particular las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo sobre comunidades en situación de vulnerabilidad. Carrara abogó por mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.

Tras más de cuatro horas de discusión, el fueguino Agustín Coto informó que el debate continuará en próximas reuniones informativas y que los integrantes de la comisión podrán proponer nuevos invitados, especialmente a pedido de la oposición. El oficialismo, no obstante, dejó en claro que busca avanzar con el dictamen en un plazo relativamente corto.

El comienzo del tratamiento dejó expuesto que el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada será uno de los ejes de confrontación política en el Senado. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta clave para generar previsibilidad y crecimiento, la oposición advierte sobre sus consecuencias sociales, el alcance de algunas reformas y la dirección general de la política económica.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 en el Senado para explicar los alcances del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei en materia económica y jurídica. La exposición está prevista para las 16, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

El encuentro será encabezado por los presidentes de ambas comisiones, los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente. Allí, Sturzenegger detallará los objetivos de una propuesta que busca reforzar el derecho de propiedad, agilizar los mecanismos de restitución de inmuebles y modificar regulaciones vigentes desde gobiernos anteriores.

El proyecto plantea cambios en el régimen de expropiaciones mediante la incorporación de un procedimiento rápido para la devolución de inmuebles, basado exclusivamente en la acreditación del título de propiedad. Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema preserva las garantías del debido proceso y el control judicial, pero elimina demoras que, según afirman, perjudican a los propietarios.

Entre los puntos más sensibles de la iniciativa se encuentra la eliminación de las restricciones para que ciudadanos extranjeros puedan adquirir tierras rurales. La normativa vigente, sancionada en 2011, fijó límites a la titularidad extranjera, pero el Gobierno considera que esas disposiciones resultaron un freno a la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario. En ese sentido, el proyecto propone concentrar los controles únicamente en los casos que involucren a Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

La propuesta oficial también incluye modificaciones a la ley del Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. La norma del Ejecutivo deroga artículos clave de la norma impulsada en 2020 que impedían la venta de tierras afectadas por incendios durante décadas y prohibían cambiar el uso del suelo en zonas agrícolas incendiadas. Desde el Ejecutivo argumentan que esas restricciones, pensadas para preservar los ecosistemas, resultan desproporcionadas y terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad sin lograr una protección ambiental efectiva.

Tras el anuncio -primero por redes sociales y luego en conferencia de prensa- del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue enviado este jueves al Congreso el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El texto ingresó por el Senado.

La iniciativa, que surgió del trabajo del Consejo de Mayo, avanza con modificaciones sobre la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras y la del Manejo de Fuego, entre otras.

Según los fundamentos del Gobierno, el proyecto tiene por finalidad "eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica".

"Un Estado que se olvida de proteger la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos es un Estado que se olvida de cumplir con el rol para el cual fue fundado e impide el correcto progreso individual y de toda la sociedad", agregó el PEN.

Además, el oficialismo aseguró que en "nuestro país se advierte que hace tiempo que el derecho de propiedad, lejos de encontrar un correcto resguardo alineado con la manda constitucional, ha sufrido excesivas restricciones". "La normativa vigente presenta limitaciones, inconsistencias, superposiciones y desajustes que afectan la previsibilidad y el adecuado resguardo del derecho de propiedad", indicó.

Ley de Expropiaciones y Código Procesal Civil y Comercial

Entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. "De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real", sostuvo el PEN.

Asimismo, se regula con mayor precisión el alcance de la indemnización, con inclusión del lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado.

Se incorpora, además, un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable, con el objeto de preservar su valor real hasta el momento del efectivo pago. "Esta previsión resulta indispensable en contextos inflacionarios, a fin de evitar que la indemnización se torne ilusoria", señaló el Gobierno en los considerandos.

Finalmente, se refuerza el rol del control judicial, se asegura la valoración fundada de la prueba técnica y se garantiza el debido proceso.

Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional; y se modifica la figura de la expropiación irregular, mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.

El PEN manifestó que en esta propuesta "se pone el foco en que la protección del derecho de propiedad demanda la existencia de mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, lo cual resulta incompatible con la garantía de inviolabilidad dispuesta por nuestra Ley Suprema".

En este sentido, el proyecto introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.

Asimismo, se modernizan los sistemas de notificación, por medio de la incorporación del domicilio electrónico, y se fortalecen las facultades del juez para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las decisiones.

Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana

La iniciativa prevé modificaciones y derogaciones de varios artículos de la Ley Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (N° 27.453), bajo el argumento de que "la implementación del régimen no ha permitido avanzar de manera significativa en la transferencia efectiva del dominio a los ocupantes, lo que evidencia la existencia de restricciones relevantes tanto en su diseño como en su aplicación".

Se propone sustituir el esquema centralizado por un modelo que reconozca no solo el rol del Estado Nacional, sino también el rol preponderante de las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la implementación de los procesos de regularización dominial, en línea con el sistema constitucional de distribución de competencias.

"La reforma propuesta no genera un vacío normativo, sino que sustituye un esquema único y rígido por un sistema de instrumentos diversos, cuya aplicación deberá ser coordinada entre las distintas jurisdicciones, conforme a sus competencias y capacidades", expresó en los fundamentos.

Entre unas de las modificaciones, defendió que el cambio del artículo 12 "se orienta a asegurar que la ejecución de obras se rija por criterios de eficiencia, transparencia e igualdad, permitiendo la participación de todos los actores en condiciones equitativas, sin perjuicio de la posibilidad de promover la participación de actores locales en los términos que se establezcan en cada caso".

Actualmente, este artículo de la Ley 27.453 indicar que las obras de integración socio-urbana deberán ser adjudicadas en un 25% como mínimo a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los habitantes de los barrios populares.

Ley de Tierras

El Poder Ejecutivo apuntó que la situación jurídica de la Ley de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (N° 26.737) "es particular", ya que se estableció su derogación por medio del DNU 70/23, pero ésta se encuentra suspendida luego de una medida cautelar dictada por la justicia.

"Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos", sostuvo el PEN.

Y señaló que "la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional".

Ley de Manejo del Fuego

El Gobierno busca derogar los cambios introducidos a esta ley en 2020, a raíz de un proyecto impulsado por el diputado Máximo Kirchner. El PEN subrayó que estos cambios impiden "modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida".

De esta manera, se busca dejar sin efecto los artículos que establecen prohibiciones de 60 años (para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales) y de 30 años (para el caso de zonas agrícolas) para que, en caso de incendios, se realicen modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían con anterioridad a ser afectadas por el fuego.

A su vez, se restituye un artículo que establece la restricción sobre las zonas consideradas bosques nativos, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de la jurisdicción correspondiente.

Ley de Registro de la Propiedad Inmueble 

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización de la Ley 17.801 y sus modificaciones, con el objeto de adecuar el sistema registral inmobiliario a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y protección del derecho de propiedad, consagrados en la Constitución Nacional.

Se apunta a la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan la digitalización integral del sistema registral y que habiliten la presentación de documentos en soporte electrónico, el uso de firma digital conforme a la normativa vigente y la implementación de sistemas de registración que aseguren la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de la información.

El proyecto

El Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las propuestas surgidas del Consejo de Mayo. La iniciativa busca consolidar el derecho constitucional de propiedad, establecer reglas claras para expropiaciones y desalojos, y modificar regímenes vinculados a tierras rurales y ocupaciones irregulares.

Entre los puntos centrales, la ley redefine el cálculo de indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporánea anormal no podrá superar los 60 días.

En materia de desalojos, el proyecto incorpora procedimientos más ágiles: el juez deberá ordenar la entrega inmediata del inmueble en casos de intrusión o falta de pago, previa presentación del título de propiedad y caución juratoria. También se habilita el uso de la fuerza pública y allanamientos para garantizar el cumplimiento de las sentencias.

Otro aspecto relevante es la derogación de artículos de la Ley 26.737, impulsada en su momento por Máximo Kirchner, que fijaba límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. El nuevo texto mantiene restricciones para Estados y empresas estatales extranjeras, pero flexibiliza condiciones para inversiones privadas.

La norma también restituye disposiciones sobre el manejo del fuego y modifica el régimen de regularización dominial para barrios populares, estableciendo cuotas que no superen el 20% del ingreso familiar.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca enviar una señal de seguridad jurídica y protección de la propiedad privada, en línea con su agenda de reformas estructurales.

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que busca garantizar la recuperación rápida y efectiva de la propiedad privada en casos de ocupación ilegítima o incumplimiento grave de obligaciones contractuales, respetando en todo momento el derecho de defensa de los ocupantes.

"La propiedad privada ha dejado de ser un mero tema técnico-jurídico para convertirse en el eje central de la disputa política, económica y cultural de nuestro país", observó el legislador, al tiempo que remarcó que "la propiedad no es solo un derecho subjetivo de los individuos, sino también un pilar de la convivencia social, la prosperidad económica y la vigencia misma del Estado de Derecho".

En esa línea, el bullrichista explicó que la iniciativa "busca subsanar un problema constante para quienes reclaman la restitución de una propiedad privada: la lentitud, ineficacia y, en muchos casos, la inoperancia del sistema judicial para restituir con rapidez la posesión a quien es titular legítimo de un inmueble".

"La demora judicial en restituir inmuebles usurpados constituye una forma de expropiación fáctica por vía de la tolerancia, donde la ley se vuelve cómplice de la ocupación ilegal", señaló y agregó que "allí donde el Estado fracasa en garantizar la propiedad, lo que se erosiona no es solamente la economía, sino la libertad misma".

Milman sostuvo que "no insistimos en la defensa de la propiedad por un capricho elitista ni por ni un resguardo patrimonialista, sino porque es la condición mínima para el ejercicio de cualquier proyecto de vida autónomo y nuestra República se sostiene sobre la igualdad ante la ley".

"Sabemos que el problema de la vivienda es complejo y que existen déficits habitacionales en la Argentina, pero la justicia social no puede edificarse sobre la injusticia particular de despojar", expresó el diputado aliado de La Libertad Avanza.

Para el bonaerense, "no podemos seguir tolerando un régimen donde usurpar resulta más rentable que invertir. La democracia argentina tiene hoy la oportunidad de elegir entre dos caminos: o la convalidación de la ilegalidad bajo el pretexto de la sensibilidad social, o el restablecimiento de un orden de libertad donde la ley ampare al justo y no al injusto".

Mediante el proyecto se crea un "procedimiento de desalojo exprés aplicable a los casos de ocupación ilegítima de inmuebles, cuando el propietario acredite de manera fehaciente la titularidad del dominio o un título que le otorgue derechos ciertos sobre la propiedad, debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble".

El procedimiento especial tendrá carácter sumarísimo y se aplicará con preferencia a cualquier otro trámite ordinario o especial.

De acuerdo a la iniciativa, el ocupante será notificado dentro de los 5 días corridos desde la admisión del procedimiento y se otorgará un plazo de 5 días hábiles para que el ocupante presente descargo y ofrezca pruebas documentales que avalen su derecho. Vencido este plazo, el juez deberá dictar sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Si se confirma la ocupación ilegítima o el incumplimiento contractual, el juez ordenará la restitución inmediata del inmueble al propietario, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. "La ejecución del desalojo deberá respetar la integridad física y los derechos básicos de los ocupantes, incluyendo la derivación a servicios sociales cuando corresponda", agrega el texto.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo que informe los casos de violación de la propiedad privada o del Estado Nacional en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales –Parque Nacional Nahuel Huapi– por toma de tierras por parte de supuestos miembros de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu y de hechos de violencia registrados con y sin la participación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la Patagonia Cordillerana Argentina.

El senador por Tierra del Fuego solicita que se detalle y enumeren los casos de violencia, generados a lo largo de los últimos tres años, las intervenciones de Fuerzas Federales de Seguridad, las disposiciones judiciales y administrativas por parte del Estado Nacional y de los Estados provinciales involucrados; describa las acciones adoptadas para la gestión del conflicto en términos de la construcción de consensos y espacios de acción y prevención por parte del Estado; referencie presentaciones formales de reclamos por parte de las comunidades aborígenes involucradas ante los gobiernos provinciales y/o ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

“Frente a los casos de violación de propiedad privada y pública de Parques Nacionales y los hechos de violencia que asolan a las comunidades de las zonas lacustres de las provincias de Neuquén y Río Negro, queda de manifiesto que el Gobierno nacional ha fracasado en el cumplimiento del mandato constitucional para la atención de las necesidades de los pueblos originarios a lo largo del tiempo y la actitud agresiva de ciertos sectores radicalizados pertenecientes a los pueblos originarios en la Patagonia cordillerana se ha construido sobre la base de necesidades reales y acuciantes por las condiciones paupérrimas en las cuales muchas comunidades están inmersas”, señaló Blanco.

El legislador agregó que “la manipulación por parte de oportunistas políticos que articulan los justos reclamos a consignas populistas de ideologías impulsadas por “líderes sociales”, generan el caldo de cultivo que incita a la violación a la ley como camino para el logro de sus fines”.

Para Blanco, “la actitud de Juan Grabois es el típico ejemplo del país que no queremos. Alienta la ilegalidad, es partidario de las tomas de tierras y en nombre de este tipo de reclamos se sienta con la Ministra de Seguridad para ver cómo hacen para que no se tomen medidas”.

El proyecto fue acompañado por los senadores Silvia Elías de Pérez, Claudio Poggi, Víctor Zimmermann, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, Silvia del Rosario Giacoppo, Luis Naidenoff, Pamela Verasay y Alfredo De Angeli.