Desde el Ejecutivo solicitan a los diputados la aprobación de la prórroga por cuatro años de la regulación de armas de fuego

El director de la ANMaC, Juan Pablo Allan, expuso ante un plenario de comisiones y remarcó que la prórroga del Programa Nacional de Entrega voluntaria de armas de fuego “es realmente importante para la seguridad nacional”.

Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación General y Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para debatir sobre el proyecto de ley enviado el pasado 15 de mayo por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria –Ley N° 26.216–.

Al inicio del encuentro tomó la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), quien señaló que se trata de un programa donde “las personas que entreguen las armas, registradas o no, como consecuencia recibe una gratificación de parte del Estado”.

Como invitado a exponer estuvo el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, que explicó: “Este proyecto contiene dos partes bien diferenciadas, pero tienen que ver entre sí. Una primera parte establece un plan de regularización de armas, y la segunda establece una prórroga a la Ley 26.216, entrega voluntaria de armas un programa que viene desde el 2007 que consideramos absolutamente necesario”, y agregó: “La misma venía siendo prorrogada por dos caños y necesitamos que sea por cuatro años”.

Entre los objetivos de la iniciativa, precisó que establece por el plazo de 360 días un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean, a la fecha de la sanción, armas de fuego de uso civil o condicional o sus repuestos principales que no se encuentren registrados en conformidad con la normativa vigente.

La segunda parte del proyecto, según detalló Allan, busca disponer de un nuevo plazo de ejecución del programa creado mediante el artículo 3 de la Ley 26.216 y aclaró: “Argentina tiene un plexo normativo que data de hace 50 años que se ha transformado en política de Estado en materia de acceso a las armas en el país”.

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“La primera ley es del año 73’ la Ley 20.429 y su decreto reglamentario en el 75’ y más acá en el tiempo la creación de la ANMaC sucesora de la RENAR como registro”, indicó y sumó: “Este plexo normativo que establece las condiciones para poder acceder a las armas en el país fue vanguardista en su momento y copiado por algunos países. Es un sistema registral robusto, exigente que establece algunas condiciones y parámetros exigentes para tener un arma”.

Allan aclaró que “ese plexo normativo nosotros no lo estamos tocando ni modificando, se mantiene esa política de Estado en cuanto a la regulación y tenencia de armas”, pero señaló: “Si creemos que ese sistema registral argentino tan robusto en su implementación y con el paso del tiempo ha perdido eficacia. Al perder eficacia el Estado argentino hoy tiene muchas dificultades para tener información que es la principal herramienta con la que cuenta para hacer política de seguridad”.

A continuación, mostró datos de la pérdida de rastros en materia de armas, vencimientos de usuarios: “Tenemos un sistema registral que es muy bueno, pero en su implementación perdió eficacia a lo largo de los años”.

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Según las estadísticas de la ANMaC de legítimos usuarios en 2022 hubo un total de 817.088 vencidos, en 2023 hubo 595.957 y en lo que va del 2024 hay 603.422 y 297.648 que las tienen vigentes. “Los legítimos usuarios tienen que pasar por ciertas condiciones como la idoneidad de tiro, aptitud física, psicológica, medio lícito de vida y no poseer antecedentes penales. Superado esas condiciones se le entrega la credencial de legítimo usuario”, explicó.

El funcionario lamentó que en la actualidad “una relación de 1 a 2 legítimos usuarios. Por cada uno que está en vigencia dentro de la ley, tenemos dos legítimos usuarios que han dejado vencer sus credenciales”, por lo que cuestionó: “En esto no tuvimos la adaptación tecnológica ni la flexibilidad ni la agilidad que este tipo de registro requiere y hemos perdido un insumo absolutamente indispensable que es saber quién tiene las armas, dónde y cómo las tiene”.

“Este registro va a ser depurado. Ya hubo una primera depuración por la gestión que me precedió que es de técnica correcta que todas las personas legítimas usuarios sin registro de armas, automáticamente vencidos se les da de baja a la credencial. Estamos cruzando con el RENAPER y nos dio el primer cruce y de 400 mil personas que cruzaron había 70 mil fallecidos. Esto nos hace suponer que los legítimos usuarios vencidos pueden ser 150 mil personas menos, pero tenemos 150 mil problemas”.

Al hacer referencia al estado de situación de los usuarios indicó: “Un 30,6% estimación mínima de armas no registradas, usuarios vencidos 37,7%, vigentes 830 mil armas”, pero aclaró: “Esto es de estadística no fiable y es probable que sean más armas”.

Entre las herramientas para mejorar la registración enumeró el re empadronamiento de 1993 que está vigente y “se usa escasamente que dispensa de la tenencia ilegítima de armas por dos decretos de la dictadura, hace 31 años que tenemos ese sistema que tiene esa debilidad. Es para armas anteriores a agosto de 1993”, digitalización, eliminación de barreras burocráticas, reducción de plazos, ley de regularización de armas.

Sobre la prórroga a la entrega voluntaria de armas, afirmó que “es un programa eficaz y necesario en muchas regiones del país como política, donde también la justicia nos ha pedido reiteradamente que lo sancionemos lo más rápido posible, porque sirve en cuanto a bajar la circulación de armas ilícitas”.

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En ese sentido, especificó que solicitan cuatro años en lugar de dos porque “este es el cuarto bache que tenemos en la historia de la ley, que lleva seis meses sin funcionamiento del programa, que como vieron en los números es importante. Tiene que ser muy difundido, coordinado con la justicia y territorialmente”. “Necesitamos continuidad en el tiempo”, resaltó.

Allan explicó que las personas que entregan las armas reciben un incentivo económico, es anónimo y se dispensa de la tenencia ilegítima de armas. “Esas armas terminan en destrucción, este año nuestra expectativa es que el país destruya 50 mil armas, 11.700 ya destruimos y en julio 20 mil más”.

“El proyecto no busca más armas, busca sincerar una realidad en materia de cantidad de armas. Las armas existen, el sistema legal argentino permite que el que quiera tener un arma en su casa cumpliendo los cinco requisitos la pueda tener. Hace cincuenta años es igual, nunca se modificó y nosotros no lo estamos modificando”, detalló Allan.

Por último, resumió que “este insumo nos permitiría mejorar el registro y servir más como agencia porque son un auxiliar de la justicia, de la investigación criminal, del diseño de políticas, es un insumo indispensable”, y cerró: “Estamos lejos de controlar más de un millón de armas entre los no declarados y los vencidos”, y solicitó a las comisiones, y al cuerpo luego, su sanción que “es realmente importante para la seguridad nacional”.

Allan aclaró que establecen 4 años para la entrega voluntaria de armas, pero para la regularización proponen un año porque “leyes anteriores establecían 6 meses y la práctica ha demostrado que ha quedado insuficiente dado la cantidad de material circulante que hay en el país”. Así, afirmó que se tomó como base el proyecto original impulsado por Néstor Kirchner con la diferencia del plazo y remarcó que “hace 20 años tenemos el mismo problema y que tenemos como Estado sincerar una situación que nos permita dar un paso hacia adelante”.

El diputado bonaerense Matías Molle (UP) destacó que “es un proyecto bien recibido porque es un programa que se impulsó durante el Gobierno de Néstor Kirchner y en el 2013 la ONU lo premió como mejor política del futuro por el diseño del proceso”, y coincidió en su prórroga.

“Es un gran problema del sistema de control la cantidad de usuarios vencidos, es un problema histórico que no tiene que ver tanto con el sistema de registración, sino de control por parte del Estado de ir a buscarlas y retirarlas. Es más bien un problema integral que implica más a la justicia que a la ANMaC”, planteó.

A su turno, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, observó que “no es positivo que en el proyecto tengamos la cesión de facultades al Ejecutivo. No hay que darle ninguna facultad y menos para prorrogar por el mismo tiempo. Es un mal invento”.

El santafecino cuestionó los plazos que plantea la iniciativa porque “el Ejecutivo debe venir a solicitar la vigencia del programa y eso obliga a una rendición de cuentas”, y propuso tener un plazo de dos años y que en un determinado tiempo antes de que venza el ejecutivo deba enviar el proyecto para que “no queden baches del sistema”.

Su par Ramiro Gutiérrez pidió trabajar en un proyecto para que la portación ilegal de armas no sea un delito excarcelable. “Habría que pulir algunas cuestiones, pero coincido con el espíritu general del proyecto”, afirmó el diputado de UP.

El pampeano Martín Ardohain (Pro) destacó: “La tecnología va a ayudar mucho para poder vivir del lado del derecho para aquellas personas que viven lejos”, y sugirió articular con las intendencias.

El Gobierno oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias

El decreto 57/2024 fue publicado este lunes en el Boletín Oficial y extiende el periodo hasta el 15 de febrero. Además, el Poder Ejecutivo dispuso sumar tres proyectos para debatir.

En el inicio de una semana clave para el oficialismo en el Congreso donde se propone dictaminar sobre la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el Gobierno nacional oficializó este lunes la prórroga de las sesiones extraordinarias y la ampliación del temario.

El decreto 57/2024 fue publicado en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y del jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse. El mismo extiende el período extraordinario -que iba a culminar el 31 de enero- hasta el 15 de febrero del presente año.

En su artículo 2°, formula una aclaración indispensable al corregir un error del decreto que convocó en diciembre pasado a sesiones extraordinarias, donde refería al proyecto de ley Bases estrictamente como una reforma del Estado. Establece este artículo: “Entiéndese que el punto 1) del Anexo al decreto citado en el artículo anterior refiere al Proyecto
de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, remitido por Mensaje N° 7 del 27 de diciembre de 2023 (Exp. 25-PE-2023)”.

Además, el decreto incluye tres proyectos para debatir en dicho plazo. En primer lugar, una autorización de entrada de tropas extranjeras al territorio nacional para participar en el ejercicio “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos”, que se llevará a cabo entre la Prefectura Naval de la República Argentina y el guardacostas USCG James de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América durante el mes de abril de 2024.

El segundo proyecto de ley sustituye el Capítulo II -Defensa Nacional- del Título IV -Seguridad y Defensa- del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, comunicado el 27 de diciembre de 2023.

Y, por último, figura un proyecto de ley modificatorio del Código Penal y de la Ley N° 25.246 respecto de la Prevención y Represión del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En este último caso se trata de una modificación de la ley vigente impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández el 31 el proyecto incluye de mayo de 2022, que tuvo media sanción el 19 de abril de 2023, y espera desde entonces ser tratado en el Senado de la Nación.

En cuanto al proyecto que sustituye un capítulo del proyecto de ley de Bases que por estos días el oficialismo busca dictaminar, lo curioso es precisamente que se trata de una iniciativa que modifica otra aún no aprobada. Lo que modifica abarca tres artículos: desde el 345 al 347, y refiere los ejercicios militares combinados a realizarse desde el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2025. Debe interpretarse entonces que este cambio tiene que ver con la inclusión de este nuevo ejercicio militar.

Cabe recordar que un sector del bloque radical de diputados, encabezados por el formoseño Fernando Carbajal pidieron a través de sendas cartas enviadas el presidente Javier Milei y al titular de Diputados, Martín Menem, disponer la prórroga de sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero de 2024.

El temario original presentado el 22 de diciembre del año pasado por el Gobierno nacional incluía once temas, comenzando por el proyecto de ley de reforma de las funciones del Estado, que terminó siendo el proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

También se incluía el proyecto para establecer la Boleta Única de Papel; el de Impuestos a Ingresos Personales” (incluiría la modificación de Ganancias); y el proyecto para autorizar al presidente a ausentarse del país durante el año 2024.

El resto consistía en convenios (con Japón, el Gran Ducado de Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía), más tratados, convenios y acuerdos internacionales, como así también acuerdos para designaciones y promociones, y su retiro.

La prórroga al régimen de incentivo a la construcción empezará a ser debatido en el Senado

La iniciativa viene con media sanción de la Cámara baja y será analizado en el marco de un plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.

A dos meses de su media sanción en la Cámara baja, el proyecto que prorroga la vigencia de la Ley 27.613, de Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda empezará a ser debatido en el Senado.

Será en el marco de un plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, presidida por la formoseña María Teresa Margarita González (Frente Nacional y Popular); y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) que se reunirán el miércoles 6 de julio a las 16 en el Salón Arturo Illia.

La iniciativa -que fue aprobada con 145 votos a favor y 20 en contra y 45 abstenciones en Diputados- busca prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados.

¿Qué establece el proyecto?

El proyecto aprobado y girado al Senado fue impulsado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo. Lo que plantea es extender por 360 días el capítulo II de la Ley 27.613, titulado “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, más precisamente lo referido al blanqueo para quienes inviertan en los proyectos de construcción.

Así, la iniciativa estima que se reestablezca ese capítulo de la norma, que fue sancionada en febrero de 2021 y planteaba un plazo de 120 días para el blanqueo.

Los 360 días serán corridos, desde la vigencia de esta nueva ley, y se plantea que el impuesto especial que establece el artículo 9 de la 27.613 “se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial”.

En ese sentido, las alícuotas serán las siguientes: del 5% para los ingresos declarados desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurridos los 90 días; del 10% para los ingresados desde el día 90 al 180 de entrada en vigencia de la ley; y del 20% desde el día 180 al 360 de entrada en vigencia la ley.

Debatirán la prórroga de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Biotecnología Moderna

Un plenario de las comisiones de Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se abocará al tratamiento para modificar la Ley 26.270. Será este miércoles a las 11.

Luego de emitir dictamen del proyecto de Compre argentino y con el fin de continuar con la actividad legislativa, la comisión de Industria, que preside el entrerriano oficialista Marcelo Casaretto, se reunirá con la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a cargo del radical Facundo Manes, para debatir la modificación y la prórroga de la Ley 26.270 de “Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna” que fue sancionada el 4 de julio de 2007.

El plenario se reunirá desde las 11 en la Sala 1 para abocarse al análisis de la iniciativa del Poder Ejecutivo que establece la sustitución de su denominación por la de “Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología”, y la prórroga de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2037.

Han sido invitados a participar la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito; el  presidente de la Agencia I+D+I, Fernando Peirano; el CEO de Tecnovax, Diego La Torre; el director de Crudda, Pablo Turek; la presidenta de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), Graciela Ciccia; y el coordinador ejecutivo CAB, Sergio Drucaroff.

También asistirán este miércoles el director científico Incubadora UNR, Alejandro Vila; el presidente de Adox, Javier Viqueira; el director científico de Chemtest Argentina, Diego Comerci; el CEO de SF 500, Francisco Buchara; el director de Bioceres SA, Claudio Dunan; por Terragene SA, Carla Bragos; Marco Serventich, de Richmond SA; y el gerente general de Zelltek SA, Juan Ceriani.

“La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 dejó en evidencia la importancia del sector público para fortalecer las capacidades industriales en los campos de la innovación, la investigación y el desarrollo bio y nanotecnológico, así como la producción de bienes de capital, insumos y productos de uso crítico para el país y para el sector de la salud en particular”, fundamentan en el proyecto.

Además, destaca el “surgimiento del sector de la nanotecnología, cuyo campo comprende toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”, que es un área de “ desarrollo horizontal y multipropósito puede generar avances y nuevas tecnologías para sectores productivos, como el de la salud, el textil, la microelectrónica, el industrial, el químico y el agroindustrial, entre otros”.

En ese contexto, la iniciativa precisa que en el año 2007 se sancionó la mencionada Ley N° 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”, con una duración de QUINCE (15) años desde su promulgación.

“Por ello, resulta necesario no solamente extender la vigencia del citado régimen, sino también adaptar sus disposiciones normativas a las características y problemáticas actuales del sector para promover el desarrollo tecnológico, así como también el flujo de conocimiento y capacidades y el desarrollo comercial de los proyectos beneficiados y alcanzados por la Ley”, argumentan.

En consecuencia, y sobre la base de lo expuesto, es que se proponen diversas modificaciones a la Ley N° 26.270, respecto lo cual detallan:

  • Atento a que los incentivos para fortalecer al sector de la Biotecnología Moderna finalizarán el corriente año 2022, es que se propicia una extensión de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2037.
  • Se considera oportuno extender el alcance de las disposiciones de la mencionada Ley N° 26.270 al sector de la nanotecnología.
  • Por otro lado, se impulsa actualizar los conceptos de las definiciones de biotecnología y nanotecnología, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, así como también se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos y se elimina el inciso d) de los artículos 6° y 7°, dado que el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta se encuentra derogado por el artículo 76 de la Ley N° 27.260.
  • A su vez, entre las modificaciones propuestas, se establece una comunicación entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la Autoridad de Aplicación, a efectos de verificar y controlar el estado de aplicación y uso de los beneficios fiscales, y se propone la creación de una Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología y la Nanotecnología.
  • Del mismo modo, se propicia la derogación del “Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna”, creado por el artículo 15 de la referida Ley, atento a que su puesta en funcionamiento generaría una superposición de funciones en la misma Autoridad de Aplicación, dado que el “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC)”, creado por el artículo 18 de la Ley N° 27.506 y su modificatoria, tiene por objeto fortalecer, entre otras actividades, la biotecnología y la nanotecnología y atiende objetivos similares.
  • Finalmente, se propone también la derogación de la obligación de solicitar una patente ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en función de la lógica de explotación de las rentas de la propiedad intelectual, que en la dinámica empresarial actual pueden tomar otras formas jurídicas distintas a la del patentamiento, en particular la del secreto industrial.
0006-PE-2022

Diputados aprobó la prórroga al régimen de incentivo a la construcción y acceso a la vivienda

Con 145 votos a favor y 20 en contra y 45 abstenciones, diputados dio media sanción a la iniciativa para prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados.

Otro de los proyectos que se debatió en el recinto de la Cámara de Diputados este jueves fue el proyecto que prórroga la vigencia de la Ley 27.613, de Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda, el cual obtuvo media sanción con 145 votos a favor, 20 en contra y 45 abstenciones.

Abrió la ronda de oradores la diputada oficialista Mónica Litza (Buenos Aires) recordando que la Ley 27.613 fue aprobada en febrero del 2021, su media sanción en Diputados y luego en el Senado, pero promulgada en marzo. “La ley no estaba operativa, sino que necesitaba una reglamentación. Se vencieron los plazos en parte por la demora que hubo y porque sus efectos estuvieron dados en periodos de pandemia”, cuestionó.

“La ley preveía un plazo de vigencia de 120 días y estaba dividida en dos pilares. Uno tenía que ver con exenciones de carácter fiscal para incentivos de construcciones de obra, y el segundo capítulo de las normalizaciones de tenencias de monedas extranjeras y nacional orientadas a la inversión de la construcción”, explicó Litza.

En ese marco, precisó que “la primera parte de la ley sigue vigente, pero el segundo capítulo se preveía un plazo de 120 días y se creaba un impuesto que tenía una alícuota del 5%, 10% y 20% de un plazo de 30 y 60 días”, y por las “demoras” en su reglamentación “hubo pocas posibilidades de que se pudiera acoger a esta ley y en septiembre del 2021 venció el plazo de que se pudiera acoger al resto de la modalidad”.

“Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de la construcción en la argentina, lo que estamos haciendo es poner en consideración un nuevo dictamen donde se propone poner en vigencia porque no se podía prorrogar, reestablecer la ley en los alances de la normalización”, señaló la legisladora oficialista.

“La importancia que tiene la construcción en el desarrollo de la economía, motoriza la economía en varios rubros porque impulsa otros sectores y es un comportamiento pro cíclico, la economía crece y crece el impulso de la construcción, y viceversa. Según los datos de INDEC hay mas de 400 mil puestos formales en a la construcción, pero la argentina tiene un gran margen de informalidad que en la construcción puede llegar al 75%”, cerró.

A continuación, compartió su tiempo con su par Lucas Godoy (Salta) quien remarcó la importancia de volver a poner en vigencia la ley para la “regularización de los plazos” con una particularidad: “Esa normalización tiene que ser invertida en el desarrollo de inversión de desarrollos inmobiliarios para la reactivación de la construcción en el país”.

“Esa ampliación de 360 va a dar un plazo más adecuado para esa regulación que permita una mayor inversión, es la obra privada que se complementa a la obra pública, se complementan en termino de trabajo y de desarrollo”, amplió el salteño y subrayó: “La construcción es multiplicador del empleo de forma directa e indirectamente a lo largo del país, tiene un impacto profundamente federal”. En ese sentido, señaló que “donde más se ha desarrollado fue en el norte argentino. Es un gran movilizador de la economía, tiene datos relevantes positivas”.

También habló por el oficialismo Daniel Arroyo (Buenos Aires) quien destacó la iniciativa porque “guarda claramente el equilibrio que tenemos que tener entre Estado y mercado, y Estado y sector privado. Es el incentivo al sector privado para la construcción de viviendas, es la disminución de impuestos para el desarrollo y fomento de construcción de actividad, está claro que la construcción es generadora de trabajos, es uno de los cinco ejes masivos que producen trabajo. Es el eje central para la economía y también fomenta la mirada federal, desarrollos inmobiliarios. Es un proyecto donde se contemplan las 7 regiones del país, eso es importante”, y cerró: “Que se fomente un rol activo del sector público y privado para el desarrollo de la construcción e inmobiliario y atender a uno de los problemas graves del país que es que estamos en la generación de inquilinos. Es una ley que va a traer mejoras a la Argentina”.

De la vereda de enfrente se expresó la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri quien destacó la importancia de dar una prórroga para dar una respuesta a la “necesidad urgente de reactivar al sector que sabemos que la clase media y sectores vulnerables necesitan tener una oportunidad concreta de empleo, tenemos que aumentar a la oferta en lo que tiene que ver con la vivienda”, porque “no solo debe ser una cuestión del Estado, sino también incentivar al sector privado a ampliar las posibilidades de la construcción de viviendas y empleo”, y concluyó: “Es un programa necesita que se está esperando, no es la solución al problema, pero es un paso importante”.

En su intervención, el radical Julio Cobos (Mendoza) consideró que “el problema es recuperar la variable de cualquier economía porque no van a venir inversiones”, por lo que sugirió que en el sistema financiero y crediticia “hay que trabajar” porque “hay que respetar e incentivar el ahorro, recuperar esa vieja cultura”. “El sistema financiero argentino es muy raquítico”, advirtió el mendocino y concluyó: “Sin perjuicio del proyecto, las soluciones de fondo están muy lejanas, hay que esgrimir condiciones de inversiones, y bajar la inflación y no vamos a necesitar otros proyectos”.

El presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, expresó: “Tenemos muchas objeciones a esta prórroga de blanqueo. Que se contextualiza que en simultáneo se está tratando en el Senado otro blanqueo”.

“El primer argumento contra este blanqueo tiene que ver con una mirada conceptual de la marcha del Gobierno. Verdaderamente creemos que estamos ante el Gobierno más improvisado de la historia democrática, todos los días nos lo demuestran. Este es uno de los ejemplos más gráficos: dejaron solamente nueve días para que los supuestos inversores pudieran ser beneficiarios de la ley”, añadió.

Y siguió: “Segundo nos parece absolutamente inequitativo, por qué a la construcción, y no a otra actividad. El sector ya tiene incentivos tributarios para estas inversiones, y si uno observa estos últimos dos años ve que al rubro de la construcción no le ha ido tan mal. Sin embargo, todos los otros sectores están muy por atrás”. En tercer lugar, describió: “El blanqueo es siempre una herramienta excepcional, casi vergonzante de los Estados, porque en el fondo es como reconocer que al que cumplió se lo trata peor que al que no cumplió, y ya son muchos los blanqueos que viene recibieron la economía argentina”.

“Finalmente, creemos que va a fracasar. Porque primero que ante todo los blanqueos requieren de credibilidad. De manera que poca credibilidad va a generar querer dinamizar una actividad constructiva que a la par insinúan ponerle impuestos ociosos cuando debatimos alquileres”, finalizó De Loredo.

En una breve intervención, el titular del bloque Frente Pro, Cristian Ritondo, explicó: “Este es el resultado de un trabajo que hemos hecho con la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y la Cámara Argentina de Desarrolladores, decidimos firmar en conjunto porque decimos avalar esa propuesta productiva para el sector de la construcción. Entendemos que, en el tiempo pudo haber sido mejorado, el Ejecutivo retrasó e hizo que no pudiera estar en la medida de lo esperado”. “Pero es una propuesta de organizaciones sociales de trabajadores que le hicieron a este Congreso, y que este Congreso recogió y fue sancionado y dictaminado por tercera vez”, cerró.

Por el lado del Frente de Izquierda, tomó el micrófono Nicolás del Caño: “Desde nuestro bloque originalmente rechazamos esta ley de blanqueo cuando fue aprobada por las coaliciones de Juntos y del Frente de Todos justamente porque aquí lo que se hace es premiar a quienes evadieron, a los que se la fugaron toda”, y remarcó que “lo que plantea esta ley son beneficios que van a tener las grandes constructoras, acá no se está beneficiando a los millones de familias que necesitan una vivienda”.

“Quedó aclarado que el proyecto fue debatido con las cámaras de la construcción y con la conducción de la UOCRA, que sabemos que no tienen nada que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores. Asi que, más bien, eso nos da la garantía a nosotros del Frente de Izquierda que este proyecto no va a tener nada bueno ni para las familias que necesitan urgentemente resolver el problema habitacional ni para los trabajadores de la construcción”, adelantó Del Caño.

Por ese motivo, reiteró la postura de su bloque: “Por eso nosotros vamos a rechazar este proyecto que lo que hace es beneficiar a esos grandes empresarios, y reclamamos que se debatan y se resuelvan los problemas que hacen a una agenda de los sectores populares, para lograr una planificación racional desde el Estado, con recursos de sobra que ustedes se lo dan al Fondo Monetario Internacional, que aprobaron ese acuerdo en forma conjunto los bloques mayoritarios, se van miles de millones allí y no van a las necesidades populares”.

A su turno el liberal Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) apuntó: “Este proyecto está acá porque el Gobierno fracasó en su gestión de la reglamentación de la ley, en el fondo estamos tapando el fracaso y de incompetencia de cumplir con sus obligaciones”, y sumó: “No puede ser que todos los días creamos impuestos y blanqueos”, y cerró adelantando su voto en contra.

Cerró la ronda de oradores el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) quien propuso incorporar tres artículos más y un capítulo tercero, por lo que procedió a leer la forma en que quedarían redactados: “El artículo primero de la orden del día quedaría igual, se insertarían tres artículos. El texto que se propone se introduciría como capítulo segundo y quedaría redactado ‘puente del empleo, transformación de planes programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal de calidad”.

El artículo segundo diría: “Las y los titulares de programas sociales y empleos nacionales vigentes o que se instituyen en un futuro, que sean contratadas en el marco del régimen de incentivo a la construcción general argentina de acceso a la vivienda ley 27613 y cumpla con la capacitación y cursos de formación que se establezca, podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por los plazos previstos en el artículo 1”.

“Este régimen tuvo impacto el año pasado, la construcción es el sector más dinámico que creció el 31%, con estas herramientas que propongo estaremos en condiciones de poder regularizar el sector, generar empleo, regularizar la economía y generar viviendas”, concluyó el oficialista.

¿Qué establece el proyecto?

El proyecto aprobado y girado al Senado fue impulsado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del Frente Pro, Cristian Ritondo. Lo que plantea es extender por 360 días el capítulo II de la Ley 27.613, titulado “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”, más precisamente lo referido al blanqueo para quienes inviertan en los proyectos de construcción.

Así, la iniciativa estima que se reestablezca ese capítulo de la norma, que fue sancionada en febrero de 2021 y planteaba un plazo de 120 días para el blanqueo.

Los 360 días serán corridos, desde la vigencia de esta nueva ley, y se plantea que el impuesto especial que establece el artículo 9 de la 27.613 “se determinará en base a la fecha de ingreso de la tenencia que se declare en la cuenta especial”.

En ese sentido, las alícuotas serán las siguientes: del 5% para los ingresos declarados desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurridos los 90 días; del 10% para los ingresados desde el día 90 al 180 de entrada en vigencia de la ley; y del 20% desde el día 180 al 360 de entrada en vigencia la ley.

Nora Giménez valoró el DNU que prorroga la emergencia territorial indígena

La senadora nacional alertó que la Ley 26.160 estaba a punto de perder vigencia, y opinó que la decisión del presidente contribuye a la “paz social”.

La senadora nacional Nora Giménez (FdT – Salta) valoró este jueves la decisión del presidente Alberto Fernández de extender hasta 2025 y por DNU (decreto de necesidad y urgencia) la vigencia de la Ley 26.160, que declaró la Emergencia Territorial Indígena en todo el país y consideró que “es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios”.

La legisladora interpretó que el mandatario “pasó a la acción” ante la proximidad del vencimiento de la norma, y la “necesidad de dotar al Estado de herramientas que permitan mantener la paz social y evitar conflictos de tierras por demandas judiciales y acciones de desalojo”.

Además, opinó que “el DNU es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios, instituciones, entidades y personalidades que se han pronunciado en apoyo a la prórroga en todo el país y el extranjero”.

El DNU 805 del jefe de Estado publicado este jueves en el Boletín Oficial, prorrogó por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, la cual suspende por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios.

La emergencia había sido dispuesta en 2006 por la ley 26.160, y sus plazos extendidos en tres oportunidades por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400.

La normativa sancionada por el primer mandatario y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por “el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, y establece que “la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.

Asimismo, se fija que “durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales”.

Las autoridades también deberán “promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales”.

Asimismo, se dispone la asignación de un fondo especial de 290 millones de pesos durante cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al decreto, destinados a la atención del Fondo Especial” contemplado en la Ley 26.160.

Por otro lado, el INAI presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso “un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance”.

La Ley 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce, entre otros aspectos, “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

El Gobierno prorrogó la Ley de Biocombustibles por dos meses

Tal como anunciara Darío Martínez, el Ejecutivo extendió la vigencia de la Ley 26.093, mientras en la Cámara de Diputados se debate sobre un nuevo marco regulatorio para el sector.

El Gobierno nacional prorrogó la vigencia de la actual Ley de Biocombustibles, que vence el miércoles próximo 12 de mayo, para contar con tiempo para continuar con el debate de un nuevo marco regulatorio para el sector.

A través del decreto 322/2021, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se estableció la extensión del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles -Ley 26.093-, hasta el 12 de julio de 2021 o “hasta que entre en vigencia un nuevo ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, lo que ocurra primero”.

En los considerandos de la medida, el Ejecutivo mencionó que “cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar el ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’ en el que se definirá el nuevo rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país”.

El proyecto en referencia es el impulsado por diputados del Frente de Todos, que decidieron debatir un nuevo régimen, en lugar de aprobar la prórroga de la Ley 26.093 hasta 2024, una iniciativa que había sido aprobada por unanimidad en el Senado en octubre pasado.

“Con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión, permitiendo de este modo la continuidad temporaria del régimen hasta ahora vigente, se considera necesario extender el plazo originalmente previsto hasta el 12 de julio de 2021”, agregan los argumentos del decreto.

La semana pasada, el secretario de Energía, Darío Martínez, había anticipado que la prórroga saldría por decreto y sostuvo que “hay que ser respetuoso del Poder Legislativo, pero entendemos que habrá una nueva ley que contempla el corte de bioetanol de caña de azúcar en su totalidad y protege a las PyMEs”.

La Ley actual establece para el gasoil el corte mínimo obligatorio con biodiesel en un 5%, aunque de acuerdo a distintas resoluciones ese porcentaje ha ido aumentando hacia un 10% a lo largo de los años. Sin embargo, el proyecto del oficialismo lo lleva del 10% actual al 5%, un punto que fue fuertemente criticado por los expositores del sector que asistieron a la reunión informativa de la Comisión de Energía.

Además, se estima que la Secretaría de Energía podrá elevar o reducir el porcentaje -hasta un 3%- cuando así lo considere, de acuerdo a distintas condiciones del mercado.

En el caso de las naftas, el corte mínimo obligatorio con bioetanol se mantiene en 12%. Otro aspecto rechazado, ya que no se propicia tampoco el aumento de este porcentaje, teniendo en cuenta la cuestión ambiental.

Sobre este punto, el abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla mínima obligatoria con nafta será bajo los parámetros de un 6% caña de azúcar y un 6% para el maíz -el cual podría verse reducido hasta el 3% si la autoridad de aplicación así lo considera-.

Actualmente, la industria se extiende a lo largo de 54 plantas productoras en 10 provincias del país.

El Ejecutivo prorrogará por decreto la ley de biocombustibles para buscar consensos

Lo confirmó el ministro Darío Martínez durante una visita a Tucumán. El régimen actual vence el 12 de mayo y lo extenderán por 60 días.

El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que el Poder Ejecutivo prorrogará, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Régimen de Promoción de los Biocombustibles, para que el Frente de Todos pueda buscar consensos en la Cámara de Diputados en torno a una nueva ley.

La norma actual vence el próximo 12 de mayo y tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo reclamaban una prórroga para evitar un vacío legal en el sector, representado por más de medio centenar de plantas productoras en todo el país.

“Estamos trabajando en un decreto de prórroga mientras se discute el nuevo régimen en el Poder Legislativo”, informó Martínez, según reprodujo Perfil.

El funcionario sostuvo que “la transición energética es lo que se viene y Argentina va en ese camino. Mientras se discute el nuevo régimen en Diputados y Senadores, vamos a prorrogar el régimen”.

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Sobre este aspecto, el diputado tucumano Pablo Yedlin confirmó que el DNU tendrá un alcance de 60 días, manteniendo los actuales niveles de corte en la nafta (12% de bioetanol) y el gasoil (10% de biodiesel).

En su visita a Tucumán, Martínez destacó que “es importante para la región y para el país hablar sobre la prórroga del Régimen de Biocombustibles y sobre la nueva ley, donde el corte con bioetanol con caña de azúcar queda todo incluido para llevar tranquilidad a esos puestos de trabajo”.

“La verdad es que ahí también trabajamos la transición energética, también intentamos ser más amigables con el medio ambiente”, expresó el secretario del área.

En octubre del año pasado, el Senado había aprobado la prórroga de la ley vigente hasta 2024, pero en Diputados el oficialismo presentó otro proyecto con nuevos parámetros y ahora buscan acuerdos con la oposición y las cámaras empresarias, que formularon críticas.

El Gobierno extendió de nuevo las sesiones ordinarias

Por un error, la medida adoptada el lunes pasado impedía que el oficialismo pudiera cumplir el cronograma previsto para la sanción del aborto en Diputados.

Un día después de haber extendido las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre próximo, el Poder Ejecutivo volvió a prorrogarlas, esta vez hasta el 3 de enero de 2021, inclusive.

La medida viene a corregir lo que se revela como un error cometido el lunes pasado, cuando para sortear la situación planteada en Diputados con una oposición que buscaba evitar el tratamiento del proyecto de reducción de fondos de la Ciudad de Buenos Aires estirando indefinidamente el debate, el Ejecutivo extendió las sesiones hasta el viernes de la semana que viene.

El problema es que de esta manera se afectaba el cronograma impuesto en la Cámara de Diputados para el tratamiento del aborto y el “plan de los mil días”. Sucede que el oficialismo pretende debatir este tema en una sesión prevista para el 10 de diciembre. Para ello prevé sacar el dictamen este viernes 4 de diciembre.

Sin embargo el reglamento de la Cámara de Diputados dice que el límite para la emisión de dictámenes es 10 días antes de la finalización del período ordinario. Precisamente por eso la fecha límite original para los dictámenes es el 20 de noviembre de cada año (esto sucede en la Cámara baja, no así en el Senado, donde se puede dictaminar hasta el 30). Así las cosas, reglamentariamente quedaría invalidado para cumplir el cronograma en cuestión.

Por eso es que durante el día se manejó la versión de que habría una corrección vía decreto, y la misma llegó en la noche de este martes, a través del decreto 967 que modifica el 964/20, sustituyendo directamente el artículo 1° del mismo prorrogando en este caso las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 3 de enero de 2021, inclusive.

Asimismo se corrige también la convocatoria a sesiones extraordinarias, estableciéndolas ahora desde el 4 de enero hasta el 28 de febrero de 2021.

Paralelamente el Poder Ejecutivo emitió un anexo a través del cual incluye otros dos proyectos al temario de las sesiones extraordinarias. Por un lado figura el proyecto de ley que aprueba el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para pequeños contribuyentes; y por el otro el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental en la República Argentina.