Presentaron dos proyectos complementarios para reforzar la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas. Por un lado, proponen prohibir y clausurar establecimientos vinculados a la explotación sexual; por otro, elevar significativamente las penas previstas en el Código Penal para quienes cometan el delito de trata.
Las diputadas nacionales Carolina Basualdo y Alejandra Torres, representantes de Córdoba y miembros de Provincias Unidas, presentaron un paquete legislativo orientado a fortalecer las herramientas del Estado contra la trata de personas y la explotación sexual. Las iniciativas combinan medidas de prevención, control y sanción penal, con el objetivo de atacar tanto los espacios donde operan las redes de explotación como las penas aplicables a quienes integran esas organizaciones.
Uno de los proyectos establece un marco normativo nacional para prohibir en jurisdicción federal los establecimientos de explotación sexual bajo cualquier modalidad. La propuesta alcanza a whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, locales de alterne, agencias de acompañantes, casas de masajes con oferta sexual y otros espacios que, según las autoras, suelen funcionar como ámbitos de captación y explotación de víctimas. También incorpora la dimensión digital y contempla inmuebles de alquiler temporal utilizados con esos fines.
La iniciativa prevé la clausura inmediata, definitiva e irredimible de esos establecimientos una vez constatada la infracción, además de declarar nulos los actos administrativos que autoricen su funcionamiento. Asimismo, invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar legislaciones equivalentes y a eliminar tributos o tasas que graven esas actividades.
El proyecto también incorpora medidas de protección para las personas encontradas en los operativos de clausura. Establece que, cuando existan indicios de vulnerabilidad o no pueda acreditarse identidad y domicilio, se presumirá que podrían ser víctimas de trata y deberán recibir asistencia integral a través de los mecanismos previstos en la legislación vigente. Además, promueve el fortalecimiento de contenidos educativos sobre trata, captación digital y grooming dentro de la Educación Sexual Integral, junto con campañas de difusión de la Línea 145.
En los fundamentos, las legisladoras sostienen que la propuesta toma como antecedente el modelo implementado en Córdoba desde 2012, cuando esa provincia prohibió las whiskerías y locales de alterne. Según señalan, la ausencia de una normativa uniforme en todo el país favorece el desplazamiento de las redes hacia jurisdicciones con menores controles, por lo que consideran necesario establecer un estándar nacional mínimo.
La segunda iniciativa avanza sobre el plano penal mediante una reforma de los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. El proyecto eleva la pena básica para el delito de trata de personas de cuatro a ocho años de prisión a una nueva escala de seis a doce años. También incrementa las sanciones agravadas, que pasarían a ser de diez a veinte años cuando medien violencia, engaño, abuso de vulnerabilidad o participación de funcionarios públicos, entre otros supuestos.
La propuesta endurece aún más las penas cuando la explotación haya llegado a consumarse, fijando una escala de quince a veinte años de prisión. En los casos en que la víctima sea menor de 18 años, la sanción prevista ascendería a entre 18 y 25 años de cárcel.
Las autoras argumentan que la escala penal vigente resulta insuficiente frente a la gravedad del delito y genera situaciones de desproporción respecto de otros delitos contemplados en el Código Penal. Además, sostienen que el aumento de las penas podría reducir las posibilidades de obtener beneficios procesales y ampliar los plazos de prescripción en investigaciones complejas, especialmente cuando las víctimas tardan años en denunciar debido al trauma o al temor a represalias.
De esta manera, las diputadas cordobesas proponen una estrategia integral que combina la eliminación de los ámbitos donde operan las redes de explotación sexual con un endurecimiento de las consecuencias penales para quienes participen en la trata de personas, buscando reforzar la prevención, la persecución del delito y la asistencia a las víctimas.