El tratamiento se dio en el marco de una reunión informativa del plenario de comisiones donde los expositores coincidieron en la necesidad de contar con un marco normativo. La próxima semana se realizará otra informativa.
De cara a avanzar con un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental que regule la aplicación de productos fitosanitarios, un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados se reunió este martes con expositores invitados que coincidieron en la necesidad de contar con un marco normativo. El próximo martes harán otro encuentro de carácter informativo.
El titular de la Comisión de Agricultura, Atilio Benedetti (UCR), informó que “este proyecto de ley no es una novedad en esta Cámara de Diputados, ya que ha tenido otros intentos y viene a responder a una necesidad postergada que es encontrar una ley que establezca presupuestos mínimos de cuidado ambiental, de protección a la salud y de posibilitar la producción agropecuaria para vastas regiones del país”.
“La ley es necesaria porque alguien puede pensar, o decir con razón, que es potestad de los distritos, de las jurisdicciones, de las regiones y provincias legislar en esta materia, pero la realidad es que tenemos un país federal y que hay distintas realidades en las diferentes regiones del país y que hay algunos lugares donde sí se ha abordado el tema, pero otros están totalmente desamparados y descuidados”, indicó.
El entrerriano sostuvo que “se pretende que el Congreso de la Nación sancione una ley de presupuestos mínimos. A partir de ahí dependerá de cada estado provincial la adopción de medidas complementarias”.
“Es un tema que en los últimos dos años se quiso meter debajo de la alfombra, pero la realidad es que de cada 10 hectáreas que se cultivan, 9 se cultivan con tecnología que se utiliza la aplicación de productos fitosanitarios. El 90% de las 38 hectáreas están incluidas en la necesidad de hacer esta regulación que estamos proponiendo. Es una actividad que necesita ser regulada. La actividad de aplicaciones es uno de los procesos más complejos, sensibles, pero más necesario de la agricultura”, explicó.
Abrió la ronda de expositores Ramiro Costa, coordinador General de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), quien explicó que dicho organismo “es un espacio de diálogo y de generación de consensos para encontrar soluciones a los problemas de la actividad”.
“Los ochenta integrantes que componemos la Red tenemos muchas expectativas sobre el proyecto de ley y demuestra que la construcción pública-privada es posible. Tenemos muchas expectativas en este proyecto de ley”, remarcó.
Desde la misma entidad, Nieves Pascuzzi, coordinadora Técnica de la RedBPA, detalló los hitos principales del proceso de trabajo en los acuerdos interinstitucionales de la Red para lograr los consensos necesarios y lograr acordar un proyecto unificado.
“Este año luego de varias reuniones con legisladores, que enriquecieron el proceso, llegamos a un texto mejorado tras casi once años de trabajo priorizando una mirada productiva-ambiental, consideramos que una norma en este sentido de base que genere condiciones claras y que tenga esta mirada es un avance para el sector productivo. Es necesario tener una ley en este sentido”, planteó.
En tanto, Eugenia Magnasco, RedBPA por CREA, hizo hincapié en porqué es necesario contar con una ley de presupuestos mínimos: “Existe una preocupación en la sociedad por la aplicación de fitosanitarios porque hay un vacío legal. Hay normativas municipales y provinciales son heterogéneas respecto de criterios, distancias y requisitos, muchas veces sin base científica. También, hay una creciente judicialización. Asimismo, existe una necesidad de compatibilizar las actividades productivas agropecuarias con la protección de la salud humana y del ambiente”.
Ramiro Cid, de la RedBPA representando a FEARCA y EX-INTA, precisó que el proyecto define varias zonas, como la zona sensible que “es aquella que no se puede hacer ningún tipo de aplicación agrícola” como pueblos, escuelas o zonas protegidas por ser parques nacionales o corrientes de agua; aledaño a esa, tenemos una zona de exclusión, donde no es posible hacer ningún tipo de aplicación; y, al margen de la zona de exclusión, de forma adyacente, está la zona de amortiguamiento, que al margen de requerir buenas prácticas, requiere además una serie más de requerimientos.
Luego, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de la provincia de Córdoba y como titular de la Comisión Federal Fitosanitaria, afirmó que “es necesaria una ley nacional que fije y armonice los objetivos, principios y procesos”.
“Necesitamos un marco nacional de coordinación, no de uniformización, porque las provincias somos heterogéneas, ya que tenemos producciones, climas, realidades, poblaciones y organización territorial distintas”, manifestó.
Al respecto, el funcionario cordobés instó que se identifique a los diferentes actores involucrados, como usuarios responsables, aplicadores, asesores fitosanitarios y expendedores. Además, que se instrumente la herramienta de la ley: la receta fitosanitaria, como así también que se instrumente los registros necesarios y que se contemple las sanciones a las faltas en los procesos, entre otras cuestiones. En contrapartida, Blanda consideró que “no es una ley de presupuestos mínimos, sino que se necesita una ley ordinaria que regule los aspectos generales y cotidianos de la vida social y económica”.
El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, subrayó que “es sumamente importante la presentación de un proyecto de estas características que le hace un gran aporte a los productores para tener previsibilidad y certezas”. “Necesitamos que desde el Congreso tengamos una ley que ordene, con claridad y de una plataforma para empezar a ver a Argentina de aquí hacia adelante en un sendero de incremento de producción”, analizó. El presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, ponderó que la ley tiene como finalidad “primero en la persona, segundo en el ambiente y luego aumentar la producción”.
✅ El Presidente @lucasmagnano participó en Diputados de una reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ambiente junto a entidades y legisladores de distintos bloques encabezados por @atiliobenedetti y @maxiferraro. Presentaron un proyecto de ley que busca establecer… pic.twitter.com/k11GxV44wD
— CONINAGRO (@CONINAGRO) October 14, 2025
A su turno, el diputado nacional Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista FIT-Unidad) pidió que tengan voz los que “estamos en contra” de la ley entre otras cuestiones por “el uso de agro tóxicos en cercanía”. “Vamos a pedir que quienes sufren a diario vengan a exponer”, agregó.
Desde La Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, anticipó todo su apoyo para encontrar la mejor ley que le “haga bien a los empresarios, a los pueblos y principalmente a los trabajadores”.
El presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, realizó algunas consideraciones políticas sobre la temática. “Este debate no puede partir de prejuicios, sumado a que debe salir de falsas dicotomías que se presentan sin ningún tipo de seriedad o evidencia científica a la hora de debatir. Es por ello, que tenemos que establecer reglas muy claras para construir consensos para armonizar la producción con la salud y la protección ambiental”, recalcó.
Con respecto al proyecto, ratificó que “con esta ley aspiramos a dar un paso más a la construcción necesaria de una agricultura mucho más moderna, competitiva y ambientalmente sostenible”.
Coincidentemente con Giordano, la diputada Blanca Osuna (UP) planteó como “indispensable escuchar las voces de otros actores que complementen la visión de quienes participaron hoy, principalmente poniendo primero en valor a la salud humana”.
La iniciativa impulsada establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre los denominados RAEE.
En coincidencia con el Día de la Tierra, que fue conmemorada como se hace el 22 de abril de cada año, el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá se sumó a la celebración con un proyecto de ley que destinado a la gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que se generan en la Argentina.
La iniciativa impulsada ante el Senado de la Nación, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre los denominados RAEE.
Rodríguez Saá se ocupó del medio ambiente en un año que se planteó la temática de “Restaurar nuestra Tierra”, lo que permitió llevar adelante anuncios de acción climática, como lo hicieron los distintos jefes de Estados del mundo y propuestas legislativas como la del senador por San Luis. Desde su creación en 1970, el Día de la Tierra ha sido escenario de muchos acontecimientos medioambientales importantes, como la firma del Acuerdo de París en 2016.
El objetivo de la normativa propuesta por Rodríguez Saá, parte de la importancia de “lograr un adecuado y racional manejo de los RAEE” a través de una “gestión integral” que garantice la protección del “ambiente y la calidad de vida de la población”.
A través del mismo se “minimiza los impactos negativos que estos residuos puedan producir”, y simultáneamente “promover la reutilización social, el reciclado y otras formas de valorización” de dichos elementos.
Asimismo, se pretende “generar la concientización en el uso racional” tanto de los aparatos como los residuos electrónicos “para contribuir a la disminución de la brecha digital y fomentar la economía circular por medio de prácticas acordes al desarrollo sostenible”.
“Ante la diversidad de las características, componentes, peligrosidad, nocividad y/o toxicidad” de los residuos en cuestión el legislador propone a través de su proyecto dar un cuidado especial en la manipulación de ellos, donde resulta “complejo de enmarcar”.
La normativa con estado parlamentario además de gestionar a los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, alcanza a sus “subconjuntos
y/o sus consumibles que forman parte de los mismos” y que el generador
“abandona o desecha como resultante de un proceso de consumo y/o desarrollo de actividades domésticas, comerciales, de servicios, industriales o institucionales”.
La centralidad de la propuesta se vincula con la “gestión Ambiental de Residuos Especiales de Generación Universal y Responsabilidad Postconsumo” genera un sistema de integración que “reconoce la existencia de residuos especiales que generalmente son dispuestos juntamente con los residuos sólidos urbanos y que, dado su potencial efecto nocivo para la salud y el medio ambiente, requieren de una gestión y disposición diferenciada”.
Otro elemento a considerar es que la iniciativa se da en el ámbito de aplicación de la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental N°
25.916 “Gestión de Residuos Domiciliarios”.
En uno de sus artículos, pone en cabeza de las autoridades competentes, el deber de establecer, “en el ámbito de su jurisdicción, programas especiales de gestión para aquellos residuos domiciliarios que, por sus características particulares de peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la salud humana o animal, o sobre los recursos ambientales”.