La Cámara baja convirtió en ley con 207 votos afirmativos y 1 negativo en la medianoche de este miércoles el otorgamiento de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la XLV Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015 y aprobada por la ley 27.360.

Al respecto, la diputada del Frente de Todos Mónica Litza indicó que trata sobre un segmento de la población muy importante: “Tal vez sobre el que no le estamos poniendo el foco como se merece, que son los adultos mayores. En este caso venimos a darle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es importante”, y pidió que “no nos acordemos solamente de los adultos mayores cuando hablamos de movilidad jubilatoria y de número fríos y pensemos en una protección integral de sus derechos económicos, sociales, políticos, civiles, culturales”.

Además, señaló que en la Argentina hay más de 9 millones y medio de adultos mayores “que tienen un potencial enorme y que tienen mucho que dar todavía en la construcción de la Argentina. Y esa Constitución del ’94 faculta a este Congreso a brindar jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos”.

“Estamos cerrando el círculo virtuoso de los niños, niñas y adolescentes, de los hijos y de las hijas de las mujeres, y ahora de las personas mayores”, remarcó.

Seguidamente, tomó la palabra la diputada por el Pro Graciela Ocaña, que consideró que este convenio es importante porque “es quizás el único instrumento jurídico internacional vinculante que brinda un marco de protección de derechos humanos a los adultos mayores. Y por eso es muy importante darle este rango constitucional”.

En este sentido, sostuvo que el tema de los adultos mayores es central en nuestras sociedades, “porque las mayores expectativas de vida, el desarrollo, los avances tecnológicos y científicos nos han permitido vivir más. Por eso tenemos que generar, a través de mecanismos y de políticas públicas, también un estado de bienestar para esta población”.

De todas formas, también se refirió a la situación actual que atraviesa este rango de población, y manfiestó que “causa mucho dolor ver que los adultos mayores en la Argentina cobren jubilaciones que son realmente vergonzosas: 44 mil pesos. Y esto es responsabilidad de este Congreso. Da mucho dolor también escuchar que la titular del ANSES justifica estos valores, argumentando que la canasta básica de un jubilado son 30 mil pesos. Todos los que estamos aquí saben que eso no es así”.

Seguidamente, tomó la palabra la diputada por el Frente de Izquierda Myriam Bregman quien adelantó su el voto favorable a la parte que incorpora derechos al régimen legal argentino, pero no apoyaron el preámbulo ni las demás consideraciones del proyecto.

“Claro que estamos a favor de que se contemplen derechos y garantías para los adultos mayores de nuestro país, pero se da un sinsabor cuando vemos la realidad, vemos lo que cobran los jubilados de nuestro país, la situación es muy distinta, los hechos son muy distinto”, manifestó.

En este sentido, recordó que denunciaron en este recinto la situación de los jubilados: “Nos hemos opuesto a las últimas reformas, donde se van cambiando gobierno tras gobierno las fórmulas de calcular las jubilaciones para que siempre pierdan los jubilados, y vimos en el Presupuesto 2023 como se recortan 600 mil millones en seguridad social”.

“Los jubilados de nuestro país han sido la variable de ajuste, y hace unos días han recibido una provocación del expresidentes Macri, que nació con una jubilación de privilegio bajo el brazo, que mientras se ponía un poco de protector solar para continuar en la reposera seguramente, criticó las jubilaciones anticipadas de algunos trabajadores de nuestro país por las cuales habían luchado muchísimo”, agregó.

Finalmente, se refirió a la gestión del Gobierno y las “promesas de campaña incumplidas” de Alberto Fernández: “Somos conscientes que el Frente de Todos incumplió su promesa electoral, que claramente el presidente Alberto Fernández en la campaña del 2019 dijo que ‘entre los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados’ y que claramente eligieron los bancos. El negocio de las LELIQs goza de buena salud y no así las jubilaciones y pensiones que reciben las y los adultos mayores en nuestro país”.

Además, obtuvo media sanción con 206 afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones (correspondientes a los diputados del Frente de Izquierda) un proyecto que aprueba el protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo –República Francesa– el 10 de octubre de 2018, que consta de cuarenta (40) artículos y un (1) apéndice.

En el uso de la palabra, el oficialista Pablo Carro explicó: “El convenio al que vamos a adherir tiene que ver con la protección de datos personales, esto es una propuesta que se viene tratando desde la UE y hay países que adhieren”, y sumó: “¿Qué es lo que busca proteger? Los datos personales en el tratamiento automatizado de estos datos. En la actualidad es vital que nosotros podemos proteger los datos personales, y que no puedan ser utilizados con un fin diferente para el cual prestamos nuestros datos”.

“Hoy participamos en muchas aplicaciones donde estamos poniendo permanentemente nuestros datos personales, y no hay una legislación que busque proteger esto. El convenio 108 es el único instrumento legal internacional para la protección de datos personales. Para que ninguna empresa pueda usar nuestros datos para hacer negocios, pero tampoco para que puedan utilizar nuestros datos para actividades políticas ilegales, como hemos conocido en este país y otros en el mundo”, detalló Carro,

A su vez, remarcó la importancia de “respetar la privacidad de las personas, proteger este derecho es la clave para poder hacer negocios en el mundo. Para que haya inversiones no podemos permitir que esto ocurra sin esta protección de los datos personales”. “Y esto tiene que ver con una calificación que hace la Comunidad Europea que hace sobre diferentes países que adhieren a este convenio, esto califica a nuestro país como uno adecuado para la protección de datos personales”, precisó.

En suma, aclaró que “el titular de los datos es el sujeto de derecho y no la empresa a la que le brindamos los datos. La definición más precisa de lo que se consideran hoy datos sensibles, que no puedan circular sin autorización. Y sobre todo para que puedan ser utilizados los datos personales tiene que tener consentimiento por parte del propietario de estos datos, que son las personas. El consentimiento tiene que ser previo, libre, específico, informado e inequívoco. A partir de este convenio 108+ ya no alcanza con simplemente poner una tilde que diga que uno acepta las condiciones que ponen las empresas. Van a estar obligadas a demostrar efectivamente que protegen nuestros datos personales”.

“Este convenio establece además mayor transparencia para la creación de perfiles, y lo que buscamos evitar es el sesgo de los algoritmos para hacer negocios con nuestros datos personales y que estos sesgos tecnológicos no afecten nuestros derechos humanos. Y al mismo tiempo la obligación de informar al titular de derecho si hay alguna fuga de esos datos. Porque hoy lo que ocurre es que hay fuga de esos datos y nosotros nos enteramos en los diarios”, cerró.

La vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, adhirió a las palabras del diputado preopinante, “entendiendo el valor que tiene este convenio, que es el único instrumento jurídico internacional vinculante. Este significa que tenemos en materia de protección de datos personales la posibilidad de proteger la privacidad de los posibles abusos en el tratamiento de los datos, estableciendo reglas de juego claras y comunes para todos los países que adhirieron a este estándar”.

Además, señaló que “es un tratado que nace como un instrumento de cooperación entre los Estados miembros de la UE pero que luego abren a cualquier otro Estado no miembro, y así se convierte en el único estándar vinculante en materia de privacidad. ¿Qué significa esto? Da mayor seguridad jurídica y facilita el flujo de datos personales en todo el mundo de manera protegida”.

“Argentina ha sido un país pionero en materia de protección de datos personales, tanto es así que logramos en la reforma de 1994 de incorporarlo como garantía Constitucional, pero luego de 20 años tenemos una ley que ha quedado obsoleta”, agregó la diputada.

Asimismo, indicó que iniciativas en este sentido ayudan al comercio: “La confianza es un recurso clave para la economía digital, y la regulación sobre la protección de datos personales puede ser un medio para generar confianza. Este convenio 108+ es un sello de confianza en la economía digital, y en la transferencia de información, que nosotros hoy, donde tenemos un nuevo paradigma de privacidad, a partir de cómo transmitimos, consentimos y otorgamos datos para obtener beneficios en Internet, empezar a tomar consciencia”.

“Nosotros tenemos una deuda en este Congreso, tenemos que reformar la Ley de Datos Personales, se ha trabajado desde 2018, junto con la sociedad civil, la posibilidad de reformar esta ley que tiene de 20 años. Ingresó en el Senado, perdió estado parlamentario, y hoy una vocación de volver a trabajar esta reforma, pero nos vamos a tener que poner a estudiar. Porque la complejidad que tiene el sistema de datos digitales nos va a obligar a tener que agarrar los libros y entender de qué se trata esto para no hacer leyes que después no se pueden implementar”, concluyó la diputada radical.

También se aprobó 204 votos afirmativos, 6 votos negativos la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III).

Por otra parte, la Cámara baja estaba dispuesta a dar media sanción al proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer también conocida como “Convención de Belem Do Para”, pero su tratamiento no se llevó a cabo, debido a que no contaban con los dos tercios que se requiere para su aprobación, ya que previamente el bloque Pro se retiró del recinto.

El proyecto en cuestión consta de un solo artículo que reza: “Otórguese jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’ aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y suscripta por el Estado nacional el 9 de junio de 1994, que fuera aprobada por la ley 24.632”.

En los primeros días del mes de octubre tomó estado público la filtración de una base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), con información personal y datos sensibles de ciudadanos argentinos. Estos datos incluyen foto, nombres, apellidos, DNI y fecha de nacimiento. Frente a las denuncias, la diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó un pedido de informes en la Cámara de baja, acompañado por la firma de legisladores de todo el interbloque de Juntos por el Cambio.

“Lo que aconteció es muy grave. Es urgente que se informe al Congreso qué medidas van a tomar para resolverlo y cómo evitarán que esto vuelva a suceder. Es inaceptable que se vulnere información privada en manos del Estado”, sostuvo la radical.

De acuerdo con lo que fuentes gubernamentales informaron a la prensa, la intromisión existió, pero no se trataría de un hackeo ni un ataque externo, sino de una filtración desde dentro del Estado a través de un acceso indebido, de alguien que ingresó con permisos y obtuvo así la información que está en manos del organismo.

El pedido de informes solicita que se responda sobre “¿cómo se protegen los datos sensibles de los argentinos? ¿Cómo pueden los ciudadanos estar tranquilos si desde adentro del Estado se producen estas filtraciones? ¿Quién y cómo se controla que los empleados del Estado que tienen acceso a los datos sensibles de los ciudadanos no los usen indebidamente?”.

“Que la filtración de los datos se produzca por el accionar de empleados de la administración pública es escandaloso y el Estado le debe a los argentinos una explicación”, concluyó Banfi.

El pedido fue acompañado por sus pares Sebastián Salvador, Lorena Matzen, Jorge Vara, Luis Petri, Claudia Najul, Dolores Martínez, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate, María Soledad Carrizo, Mónica Frade, Aída Ayala, Luis Pastori, Mariana Stilman, Camila Crescimbeni, Roxana Reyes, Victoria Morales Gorleri, Alberto Asseff, Federico Zamarbide, Gustavo Menna, Jorge Rizzotti, Carlos Fernández y Gabriela Lena.

Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, consideró que “es muy importante que avancemos en una nueva ley de protección de los datos personales”, ya que “la legislación vigente necesita ser adaptada a los cambios culturales y al avance tecnológico. Atiende cuestiones fundacionales de nuestro sistema institucional y de Derechos Humanos”. 

“A partir de los desafíos que nos ha planteado la pandemia también en materia digital, en 2021 tenemos la oportunidad de trabajar en la revisión y actualización de la ley 25.326 de datos personales en conjunto con las universidades, entidades intermedias y toda la sociedad civil”, completó. 

El senador nacional por Chubut realizó estas declaraciones en el marco del Día De La Protección De Datos, que se celebró este jueves en conmemoración al 40 aniversario del Convenio 108 y luego de participar de la Conferencia que organizó el Consejo de Europa y la Red Iberoamericana de Protección de Datos y donde intercambiamos conceptos con representantes de Colombia, México, Uruguay, Costa Rica, Portugal y de España. 

En relación al Convenio 108, Luenzo destacó “el trabajo del Senado de la Nación que lo ratificó pese a la coyuntura sanitaria tan compleja” y aseguró que se trata de “un instrumento multilateral de carácter vinculante que es fundamental en materia de protección de datos personales y en el fortalecimiento de las garantías ciudadanas”. 

Asimismo, el legislador recordó que “el Convenio 108 busca lograr unidad entre las legislaciones de los países adherentes y con ello proteger la privacidad” y resaltó que “es justamente una respuesta global en una coyuntura donde quedó de manifiesto la necesidad de avanzar en una agenda digital en Argentina y en el mundo”.