Calificó de “destituyentes” a los policías que rodearon la quinta presidencial y afirmó que Alberto “tomó la decisión de la coparticipación en emergencia, entre varias alternativas”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos – CABA) sostuvo este sábado que “hay políticas de Estado para las que es indispensable el diálogo” entre oficialismo y oposición.
“Debemos llevar adelante ese diálogo”, dijo el legislador en el programa “Digamos todo”, de CNN Radio, en el que afirmó que “la pandemia nos plantea el desafío de compartir decisiones con gobernadores de distinto pensamiento que el presidente”.
Para el legislador oficialista, “el pueblo valoriza” la interacción entre las administraciones nacional, provincial y porteña en el manejo de la pandemia, y destacó que “desde el 10 de diciembre hasta la fecha, la Argentina tiene un ejemplo a mostrar, a pesar de que muchos quieren destruir”.
“Por encima de las diferencias por los recursos que le corresponden a la Ciudad, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se juntan para trabajar en decisiones comunes por la pandemia. Yo miro el vaso lleno. Son más importantes las coincidencias que las diferencias”, afirmó.
Consultado por Nacho Girón en torno a las últimas declaraciones de Eduardo Duhalde, que consideró que “Alberto está groggy”, las consideró “poco felices”. Y sobre lo sucedido con los policías que hicieron una demostración de fuerza en torno a la residencia presidencial, señaló: “¿Es fácil tomar una decisión con 300 personas rodeando Olivos con una pistola en la cintura? Hubo una sublevación policial”. Por tal motivo calificó de “destituyentes” a los agentes que fueron a la Quinta. Por eso, deslizó, Fernández “tomó la decisión de la coparticipación en emergencia, entre varias alternativas”, tomando en cuenta además que “un 80 por ciento de lo que el expresidente Mauricio Macri le otorgó a la Ciudad en el traspaso de la Policía Federal excede esos gastos, como reconoció Rogelio Frigerio cuando era ministro”.
“Es lógico que el jefe de Gobierno porteño recurra a la Corte Suprema, pero el árbol no tapa el bosque. Valoro el comunicado de la UCR cuando los policías rodearon Olivos. Hasta Fernando Iglesias repudió el hecho”, subrayó.
“La situación fue horrible. No sé si correspondía convocar al cuerpo de Granaderos. Fernández lo resolvió rápido”, desgranó.
“Ojalá Alberto Fernández quede en la historia como el presidente que construyó el diálogo y quiso terminar con la grieta. Dialoga tanto que si comete un error se rectifica”, cerró.
Aunque Sergio Berni se esmere en apegarse a un relato que lo lleva a insistir en lo contrario, la crisis de la policía bonaerense sorprendió a su gobierno y, más aún, a la Rosada. Fue la excusa que llevó a Nación a acceder al reclamo interno de embestir contra la administración porteña, aun a riesgo de estar edificando al candidato más incómodo.
Por José Angel Di Mauro
Esta semana vuelve finalmente el fútbol. No el local, pero sí retoman los clubes argentinos que disputan la Libertadores. A regañadientes, pues si no fuera porque la Conmebol se puso inflexible, hubieran preferido que siguiera pasando el tiempo. El torneo local, en cambio, tiene fecha de inicio incierta y prevalece la sensación de que se postergará un arranque que ni siquiera había sido confirmado, pero que ya se descuenta se trasladará a octubre. Pareciera que varios clubes de Primera -y más aún los del ascenso- están muy cómodos con el receso ininterrumpido. Muchos han arreglado con sus figuras descuentos de sueldo; no tienen que pagar premios; los socios abonan sus cuotas o ya se pondrán al día; los sponsors siguen cumpliendo y la TV no dejó aún de pagarles… No recaudan por partidos, pero tampoco tienen el oneroso gasto de la seguridad…
Y llegamos adonde queríamos. Damnificados por la suspensión del fútbol son sin dudas los barras, que han hecho de esa actividad un muy rentable medio de vida. Por la suspensión prolongada han debido buscar otros ingresos y ahí es que se anotaron como mano de obra dispuesta en las tomas de tierras que proliferan: se ofrecen a usurpadores y damnificados. También afectadas por la falta de espectáculos públicos están las fuerzas policiales, que cada fin de semana recaudan mucho en concepto de seguridad. Al Estado -nacional o provincial- le viene de maravillas, pues por esa vía privada sus efectivos ven engrosar sus magros salarios. Esa ausencia contribuyó a la rebelión de la policía bonaerense de esta última semana.
También afectadas por la falta de espectáculos públicos están las fuerzas policiales, que cada fin de semana recaudan mucho en concepto de seguridad.
Nadie vio venir el estallido, aunque cuando el verborrágico ministro de Seguridad bonaerense recuperó el habla el jueves pasado repitió una y otra vez que sabían del mal clima imperante y que lo que pasó no los tomó por sorpresa. Cuesta creerlo. No es lo que en esos días de zozobra se escuchaba de las figuras más cercanas al gobierno nacional. Muy por el contrario, un intendente del Conurbano que lleva varios mandatos al frente de su municipio confió a este medio su indignación por el manejo de la crisis por parte del gobierno provincial. Incluso iba más allá de esta coyuntura a la hora de criticar el modo de gestionar.
Tampoco adelantaron la asonada desde la AFI. El organismo, que según el gobierno actual se dedicó durante la gestión anterior a espiar a políticos y periodistas, tampoco alcanzó a dar el alerta correspondiente. Parecieran sus autoridades más interesadas en auscultar el pasado reciente que en anticipar el futuro inmediato.
Atento a que se trataba de un distrito sensible a los intereses de su mentora, el Presidente optó inicialmente por no referirse al conflicto, hasta que sí lo hizo en tono desafiante al tercer día, cuando la protesta llegó a las puertas de la residencia presidencial: “Este tema no se resuelve escondidos en patrulleros y tocando bocina”, disparó. Contribuyó a su enojo no solo que los uniformados hubieran ido hasta allí, sino que insólitamente rechazaran la invitación a que un representante pasara a dialogar con el Presidente. La teoría conspirativa escaló entonces a niveles preocupantes.
Las imágenes de policías armados rodeando la residencia presidencial representaron un inaceptable desafío institucional que generó el inmediato repudio de todos los sectores.
Fue el momento en el que la protesta se les fue de las manos a los agentes. El mayor o menor respaldo que podían haber recogido hasta entonces en la sociedad y, sobre todo, en la dirigencia opositora, se desperfiló. Las imágenes de policías armados rodeando la residencia presidencial representaron un inaceptable desafío institucional que generó el inmediato repudio de todos los sectores. Imprevistamente el gobierno vio así cómo se revertía su estado de desorientación y los rebeldes le regalaban la posibilidad de recuperar la iniciativa.
Mientras recibían muestras de apoyo, desde el gobierno invitaron a intendentes, oficialistas y opositores, a tomar parte de la presentación en la que se esperaba que Alberto Fernández diera una respuesta a lo que se vivía alrededor de la residencia. Aunque ya había trascendido durante el día que lo que finalmente se anunció estaba siendo analizado para proporcionar a la provincia de Buenos Aires los fondos para incrementar los sueldos policiales. El jefe de Gobierno porteño lo confirmó de boca del ministro del Interior. Los intendentes opositores que se sentaron detrás de Fernández para dar marco al discurso presidencial se tragaron el sapo al escuchar el discurso.
Atentos a los detalles, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, fue ubicado atrás del Presidente, justo a su derecha, cuestión de estar siempre en pantalla. A la izquierda de Alberto estaba Juan Zabaleta (Hurlingham), su intendente más afín.
Ese miércoles ganaron los halcones, de uno y otro lado. Y para el gobierno nacional, deseoso de subir al ring al expresidente Macri, esa siempre es una buena noticia. Porque ya había desechado al inicio de la semana la invitación al “diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional” hecha por la Mesa Nacional de JxC. Ahora, con la implementación de la quita de un punto en la coparticipación de CABA, parecía darles la razón a las voces que el oficialismo entiende que más le conviene se escuchen en la oposición.
Sin embargo lejos estuvo de parecer un buen negocio para el gobierno. Cuando el objetivo del oficialismo debiera ser dividir a la oposición, la medida logró amalgamarla en torno a la figura que más crece en las encuestas. Horacio Rodríguez Larreta anunció que contestaría al día siguiente. Tuvo tiempo para hablar con todos los sectores internos y analizar qué decir y -sobre todo- el tono, mientras desde las redes sociales los halcones de la oposición pedían sangre. Ya ese miércoles habían logrado imponer el hashtag #MurióCambiemos, indignados porque sus dirigentes hubieran salido a condenar el acoso policial a la residencia de Olivos. Hay talibanes a ambos lados de la grieta… A lo largo del jueves sugirieron no atender más en los hospitales de la Ciudad a las personas provenientes de la provincia. Según cifras oficiales, el 40% de los pacientes que se atienden en los hospitales porteños vive en la provincia. Un dato más a tener en cuenta: un 26% de la matrícula de las escuelas públicas de la ciudad vive en el Conurbano.
No obstante, el jefe de Gobierno porteño no abandonó la moderación al hablar en la noche del jueves, aunque esta vez mostró un cuidado enojo que hizo la diferencia. Conformó a los propios y convenció a muchos ajenos. Sin diatribas, prometió llevar la disputa a la Corte, que era lo que se esperaba.
Rodríguez Larreta, que antes de la pandemia tenía un conocimiento nacional de no más del 25%, consiguió a partir de las presentaciones bimensuales junto al Presidente y el gobernador bonaerense elevar ese nivel a más del 80%, y una imagen positiva que según algunos consultores hoy supera a la de Fernández. El jueves tuvo 36 puntos de raiting, más que un partido de selección. Datos que justifican los fuertes reproches que se hicieron puertas adentro del oficialismo en las últimas horas, convencidos de que en lugar de subir al expresidente al ring, pusieron a Larreta en el centro de atención. Los tiros en el pie incluyen torpezas como la expresión del intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense de comparar a Buenos Aires con Paris y a su distrito… con Merlo.
En esta columna veníamos adelantando que tarde o temprano vendría el hachazo a lo que Macri le había asignado a la Ciudad por decreto. Si no fuera por la pandemia, el recorte hubiera sido antes. La crisis policial fue la excusa justa.
El recorte de un punto representará 45 mil millones para 2021, según estimaciones del Gobierno nacional. Un dato curioso: cuando a los dos días de haber ganado el balotaje, Mauricio Macri se desayunó con la decisión de la Corte de reconocer el reclamo de tres provincias por una reducción de su masa coparticipable, el flamante gobierno de Cambiemos estaba obligado a devolver 45 mil millones de pesos. Podemos hablar de inflación, pero más allá de eso, el dato da una idea de la magnitud del recorte porteño. “Es la primera vez que un conflicto así se resuelve sin negociar. Nadie negoció nada”, insistía Sergio Berni el viernes, sin convencer demasiado. Porque la realidad es que los policías lograron un incremento que obligó a echar mano a fondos de otro distrito, y que el reclamo que nadie frenó con la antelación necesaria será un antecedente para la catarata de reclamos que vendrán ahora de estatales, docentes, médicos y enfermeros. Y no solo en la provincia de Buenos Aires, pues la protesta policial bonaerense repercutió en sus pares del interior, y se replicará en el resto de los estatales. Para preocupación de Martín Guzmán, que este martes debe entregar en Diputados el proyecto de presupuesto 2021 que originalmente preveía incrementos moderados en la administración pública.
“Reinventa la guerra entre porteños y bonaerenses”, advirtió el jefe del interbloque JxC de la Cámara baja, que atribuyó al Gobierno construir “la agenda de la tensión”.
El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo este miércoles que el presidente Alberto Fernández “quiere apagar el fuego con nafta” y pretende reinventar “la guerra entre porteños y bonaerenses.
“Cuando escuché al Presidente quedé sorprendido. Dijo que defiende la institucionalidad, que es partidario del diálogo y es el más federal de todos”, planteó Negri. “Pero resulta que el Presidente quiere apagar el fuego con nafta. No terminó de poder explicar el conflicto de seguridad de la Provincia y anunció la quita de fondos para CABA”.
El diputado cordobés realizó declaraciones en el programa “A dos voces”, de TN, sobre el anuncio que hizo el presidente de la Nación en la tarde del miércoles.
“Hoy hablé con Horacio Rodríguez Larreta y él me contó que desde marzo no se tocaba el tema de la coparticipación con el presidente. El jefe de Gobierno se enteró dos minutos antes del anuncio, eso no es diálogo. Eso es meter tensión política”, añadió Negri. El diputado recordó, además, que “en el Gobierno de Cambiemos la provincia de Buenos Aires recibió más coparticipación porque Vidal reclamó por el Fondo del Conurbano, algo que los gobernadores del PJ no se animaban a hacer”.
“Vemos que el presidente nos lleva a finales del siglo XIX: reinventa la guerra entre porteños y bonaerenses, vemos que hay aduanas interiores para pasar de una provincia a otra por la pandemia, de la que el presidente ya no habla porque hay 12.000 contagios diarios”, manifestó el diputado radical por Córdoba.
“La agenda de la tensión política la está construyendo el Gobierno, no la oposición, mientras tenemos uno de cada dos argentinos pobres y la economía totalmente deshilachada. Le sacan dinero a la Capital para pagar sueldos de la policía bonaerense, pero a la vez mandan una reforma judicial que cuesta 10.000 millones de pesos anuales”.
“El presidente mira para el costado mientras la Vicepresidenta avanza paso a paso para cercar la Justicia y cerrar sus causas”, finalizó Negri.
En el marco del conflicto policial, Alberto Fernández dio un discurso rodeado por el gobernador y la vicegobernadora bonaerense, e intendentes bonaerenses, donde anunció esa medida para pagar el aumento a los policías bonaerenses.
Se veía venir en las últimas semanas y se confirmó este miércoles, con motivo de la aceleración de los hechos por las protestas policiales en demanda de mejoras salariales. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que la provincia de Buenos Aires recibirá un punto de coparticipación adicional para resolver el reclamo salarial de los efectivos policiales que protestan, y ese dinero saldrá de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida generó inmediatas reacciones de legisladores de Juntos por el Cambio, como el diputado Waldo Wolff: “Pudo usar un conflicto para unir a los argentinos y una vez más fue el testaferro de la confrontación. Mostró una vez más no tener la más mínima planificación de gestión”, señaló.
Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto se quejó: “Ahora resulta que la forma de solucionar la inutilidad de Kicillof es quitándonos fondos a los porteños que estamos siendo bien gobernados… Kicillof, trabaje y gobierne para que su Provincia salga adelante. Si necesitan más fondos devuelvan lo robado por sus compañeros”.
En declaraciones a TN, el senador nacional Martín Lousteau advirtió que nadie del Gobierno de la Ciudad “estaba al tanto” del anuncio que hizo el presidente de la Nación. Por eso dijo que el mandatario lo decidido por Fernández “no es la construcción de institucionalidad, sino todo lo contrario”.
“Una extorsión le hizo cambiar al presidente Alberto Fernández la coparticipación y en este caso fue la policía provincial”, señaló Lousteau, para quien “lo que acaba de hacer el Presidente es inconstitucional”.
En ese mismo sentido se pronunció la diputada Graciela Ocaña, que señaló que “los fondos de la Ciudad, que son traspasados al inoperante gobernador de la Provincia, equivalen a casi la mitad de los fondos que el Presupuesto de la Ciudad destina a la Seguridad y Justicia”.
El presidente del radicalismo, el diputado nacional Alfredo Cornejo, señaló a su vez que “la provincia de Buenos Aires recibió de Alberto Fernández 64 mil millones de pesos sin destino específico, se los regaló. A las provincias, los recursos se los distribuyó como préstamos. La situación de la policía no es falta de recursos, es pésima administración de Kicillof”.
Por su parte, el diputado nacional Facundo Suárez Lastra advirtió que “había un lugar de donde sacar los recursos, de lo que lleva la Nación que ya no paga escuelas ni hospitales ni policías. Es inadmisible, sectario, partidista sobre todo pequeño. El punto que le saca a la Ciudad va para financiar la reforma judicial para la impunidad para los corruptos”.
“Es absolutamente razonable y justo que le de un punto más a la Provincia de Buenos Aires, de hecho debería darle más, que le corresponde. Lo que es injusto, inconstitucional e ilegítimo sacárselo a la ciudad de Buenos Aires, que también esta relegada en relación a lo que aporta”, agregó el exintendente porteño.
Desde Mendoza, el diputado radical Luis Petri se quejó: “Incomprensible la salida que encontró el Gobierno Nacional para frenar la crisis policial de Buenos Aires, genera dos gravísimos precedentes, ataca la coparticipación, que es el corazón del federalismo y genera un precedente de resolución de conflictos espantoso. Efecto cascada”, en tanto que el diputado del Pro Lucas Incicco comentó: “Clarísimo el presidente: intentarán solapar la ineptitud de Kicillof y Berni metiéndole mano a los fondos de los porteños, so pretexto de una supuesta equitativa redistribución de los recursos coparticipables. Como le gusta a CFK”.
Por su parte, el exsenador nacional Federico Pinedo advirtió que “no se puede quitar coparticipación a una provincia o a la Ciudad sin su acuerdo, conforme a la Constitución y fallos de la Corte. Viene una dura negociación política”.
Carlos Castagneto reclamó que el pedido de mejoras salariales se realice “por los canales correspondientes”.
En nombre de la agrupación kirchnerista Kolina Nacional, el diputado nacional (MC) Carlos Castagneto condenó las protestas de la Policía Bonaerense, reclamando que las mismas se realicen dentro de “los canales correspondientes”.
A través de un comunicado, advirtió que “la Policía Bonaerense rodeó a la medianoche, armada y rompiendo la cadena de mando, la residencia del gobernador Axel Kicillof, como forma de protesta y pedido de aumento salarial. Y agregó que este miércoles en varios distritos continúan acuartelados y descuidando sus funciones.
“Desde Kolina Nacional creemos fundamental que este pedido se realice por los canales correspondientes sin descuidar el protocolo de aislamiento actual, para no poner en riesgo la salud de lxs ciudadanxs”, señaló, para agregar luego: “Es necesario mencionar que esta situación se da luego de varias semanas en las cuales la institucionalidad está siendo cuestionada por quienes no aceptan la derrota electoral ni las decisiones de quienes gobiernan por mandato popular”.
El comunicado concluye adhiriendo a las palabras del presidente Alberto Fernández respecto de que “este conflicto no se resuelve andando en patrullas y tocando sirenas”, sino “con diálogo que es como nuestro espacio político lo hizo sostenidamente durante tantos años”.
Los bloques oficialistas de ambas cámaras dijeron que esa actitud “no puede aceptarse en democracia”. Críticas a la herencia recibida.
Los diputados y senadores nacionales del Frente de Todos expresaron este miércoles su “repudio y preocupación ante la manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense que rodearon tanto la Quinta Presidencial como la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires”.
A través de sendos comunicados con el mismo texto, no omitieron cuestionar a la administración anterior al señalar que “el legítimo reclamo salarial de las fuerzas policiales de la Provincia, luego de la desastrosa gestión económica del gobierno de Mauricio Macri, fue escuchado por el Gobierno nacional y el provincial, que inmediatamente se pusieron a disposición para dialogar y dar soluciones”.
En ese contexto advirtieron que “rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense, es una actitud de amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político”.
Ambos comunicados concluyen diciendo que “las armas y los patrulleros que le otorgan la Constitución a las fuerzas de seguridad son para cuidar a los ciudadanos y ciudadanas”.
En el marco de las protestas de la Policía Bonaerense en reclamo de mejoras salariales, un gran número de patrulleros se dio cita en Olivos, generando el repudio de legisladores del oficialismo y la oposición.
Dirigentes de ambos lados de la grieta no tardaron en pronunciarse cuando la protesta policial llegó a las puertas de la quinta presidencial de Olivos. Desde el oficialismo se habló de “desestabilización”.
El diputado nacional del Frente de Todos Walter Correa declaró que “la presencia intimidatoria de patrulleros rodeando la Quinta de Olivos es un ataque al Estado de Derecho y las normas constitucionales”. El legislador kirchnerista recordó que el Gobierno bonaerense anunciará este jueves un aumento salarial y se preguntó si “hay sectores que buscan desestabilizar al Gobierno”.
En ese marco, el diputado nacional Itai Hagman, de Patria Grande, salió a convocar a una marcha a Olivos para las 20, bajo la consigna “Paz y Democracia”, con velas distancia social y barbijo.
La diputada porteña Ofelia Fernández tuiteó este miércoles: “La policía rodeando Olivos no hace otra cosa que afirmar que no se trata de simplemente un reclamo salarial sino de ponerse al servicio de la desestabilización. Alberto no entró por la ventana, lo votamos millones de Argentinxs. Lo defenderemos a él y a la democracia”.
También desde la Legislatura porteña, Leandro Santoro reclamó: “Todos los actores democráticos tienen que salir a condenar la manifestación policial frente a la quinta de Olivos”.
“Todos comprendemos el legítimo reclamo salarial de la fuerza, pero también sabemos lo peligroso que es mantener una paritaria armada rodeando al presidente de la Nación”, agregó.
El diputado nacional mendocino José Luis Ramón repudió lo que no dudó en llamar un “ataque a la Quinta de Olivos”. Y agregó: “En los últimos días hemos sido testigos de este tipo de accionar que va en contra de cualquier tipo de diálogo democrático”.
“Desde la clase política debemos llamar a la reflexión a la sociedad toda y unirnos en este momento”, concluyó el titular del interbloque Unidad y Equidad Federal.
Desde la oposición, el primero en reaccionar de manera crítica fue, paradójicamente por tratarse de uno de los más enconados opositores, Fernando Iglesias: “A favor de las legítimas reivindicaciones de la #PolicíaBonaerense. En contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos.
No es el lugar”, señaló. Y en otro mensaje disparó: “Este gobierno es un gobierno de ineptos, autoritarios, corruptos y delincuentes. La Quinta de Olivos es la residencia del Presidente de la Nación. La Policía Bonaerense, que depende de la Provincia, no tiene nada que hacer ahí”.
El diputado provincial Guillermo Bardón señaló por su parte que “lo de la Bonaerense rodeando la Quinta de Olivos es un inaceptable mensaje de amedrentamiento. El reclamo salarial puede ser justo, pero todo tiene un límite”.
Por su parte, el diputado nacional Facundo Suárez Lastra advirtió que “la quinta de Olivos no es el lugar donde el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires debe hacer sus reclamos. Este accionar genera incertidumbre y preocupación. No es el momento, el lugar ni el modo”.
También el radical Fabio Quetglas se pronunció, señalando que “los reclamos siempre deben guardar una proporcionalidad; más aún en servicios públicos y por supuesto más si se trata de fuerzas de seguridad”. Y agregó: “Los excesos, deslegitiman y distraen la atención. Rodear la Quinta de Olivos es inaceptable. Si al reclamo justo. No al apriete”.
En el mismo sentido, la diputada radical Soledad Carrizo señaló que “las manifestaciones y reclamos deben ser siempre en un marco de respeto hacia los ciudadanos y a las instituciones democráticas. Repudiamos lo ocurrido en #Olivos el día de hoy. La violencia nunca es el camino”.
Por su parte, Dolores Martínez sostuvo que “la incapacidad por parte del ministerio de seguridad de la provincia de canalizar los reclamos de las fuerzas de seguridad no debe prestarse a presiones de esta naturaleza rodeando la residencia presidencial. Los reclamos justos por las vías adecuadas”.
En el mismo sentido, el bloque de diputados nacionales del Pro consideró que “la presencia de efectivos armados alrededor de la Quinta de Olivos solo deslegitima el reclamo justo de la Policía de la Provincia”, e hizo un llamamiento a las partes “a darle una salida al conflicto por el bien de todos los bonaerenses”.
También desde la UCR, el diputado nacional Emiliano Yacobitti dijo: “El reclamo salarial de la Policía de la provincia de Buenos Aires es razonable y debe ser atendido, pero siempre en el marco del respeto de la legalidad y la subordinación de las fuerzas de seguridad a las autoridades democráticamente elegidas”.
“Reivindico y apoyo el reclamo legítimo de la policía bonaerense por mejores condiciones laborales. La Residencia de Olivos, no es el lugar. La Democracia con su Constitución es el primer pacto que tenemos que respetar y cuidar”, afirmó Luis Petri (UCR-Mendoza).
Otro diputado radical, Mario Arce, señaló: “Tenemos diferencias con el Gobierno de cómo está manejando el conflicto, pero de ninguna manera estamos a favor de que se tome la Quinta de Olivos. Es una medida extrema y peligrosa, necesitamos racionalidad y sentido común”.
Por su parte, el diputado oficialista Leonardo Grosso expresó: “El gobierno provincial reconoció el retraso en los salarios de la Bonaerense y anunció mejoras salariales en medio de una pandemia. Que la respuesta sea crear un cerco policial alrededor de la quinta de olivos es inaceptable. Toda mi solidaridad con @alferdez y @Kicillofok.
La diputada del Pro Silvia Lospennato tuiteó por su parte: “Que un reclamo legítimo no se transforme en un acto ilegítimo. El derecho constitucional de peticionar a las autoridades debe partir del respeto irrestricto a las autoridades legalmente constituidas. Sí al legítimo reclamo policial pero no de cualquier forma”.
El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, declaró: “Absoluto repudio a la metodología de rodear con armas y patrulleros a la Quinta de Olivos. Un accionar inadmisible en democracia, donde el diálogo es la única vía de resolución de demandas que corresponde”.
La legisladora porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro expresó: “Todas las fuerzas políticas deben salir a repudiar este ataque a la democracia”, en tanto que la diputada provincial bonaerense del radicalismo Alejandra Lordén advirtió que “rodear Olivos es un exceso inaceptable que desacredita un pedido justo. Embarrar la cancha en este contexto nos perjudica a todos/as: debe primar la razón”. Y agregó: “Le pedimos al gobernador Kicillof que inicie canales de diálogos para resolver esta problemática”.
La radical cordobesa Brenda Austin consideró por su lado “absolutamente inaceptable que la policía pretenda rodear la Quinta Presidencial de Olivos con patrulleros. Grave e inaceptable”.
El radical santafesino Juan Martín señaló a su vez: “Inadmisible la movilización de fuerzas de seguridad en la Quinta de Olivos. Siempre.
No son momentos para echar leña al fuego frente a reclamos justos, pero la reacción es injustificable. Necesitamos de forma urgente reducir la confrontación y apelar al dialogo con seriedad”.
La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos señaló: “Todos y todas quienes tenemos un firme compromiso democrático condenamos la manifestación policial en la quinta presidencial. No desconocemos la legitimidad del reclamo salarial, pero no avalamos cualquier medio y menos la manipulación política y las acciones desestabilizadoras”.
“Como dijo @alferdez, “no es ético aprovechar el momento de la pandemia para profundizar las crisis”. Los conflictos en democracia no se resuelven con hombres armados en las calles. Todas las fuerzan políticas deberían repudiar estos hechos”, expresó por su parte Cristina Alvarez Rodríguez.
En tanto, el senador Martín Lousteau (UCR-Evolución) afirmó que “es preciso bajar el nivel de la confrontación y dejar de lado el agravio fácil”, al tiempo que sostuvo que en la provincia de Buenos Aires “hay un reclamo salarial justo pero la protesta no debe perder de vista que las fuerzas de seguridad especialmente deben hacerlo en el marco del respeto y la subordinación a las autoridades democráticas”.
Lousteau hizo “un llamado a que todos los dirigentes democráticos alertemos sobre la violencia verbal y las protestas que están al borde de la legalidad”, y a su vez reclamó que “seamos muy responsables como funcionarios públicos, porque somos los primeros que tenemos que frenar la escalada de conflictos”.
“Debemos sincerar el debate para afrontar los problemas que Argentina arrastra desde hace décadas y que hoy vemos sintetizado en este conflicto cuya escalada debemos frenar urgente”, sostuvo Lousteau y finalizó: “Estamos ante un Estado fallido e hipócrita que no devuelve en bienes y servicios cuestiones elementales a la sociedad y que manda a los policías a trabajar en las peores condiciones y más horas para generar un ingreso mayor o, en el peor de los casos, le genera condiciones para una economía ilegal”.
“Tengo la firme convicción de que la vía institucional y el diálogo son las herramientas para resolver los conflictos que se dan en un orden democrático”, sostuvo por su parte el diputado radical entrerriano Atilio Benedetti.
El titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados bonaerense garantizó que “el gobernador y el presidente se están ocupando” de la situación.
El diputado provincial Jorge D’Onofrio consideró este martes frente a las demandas de mejoras salariales de los efectivos de la Policía Bonaerense que “no ayuda mucho esta vía de protesta, más allá que algunos pedidos sean justos”.
Empero, reconoció que “hay un deterioro en la composición salarial y las condiciones de trabajo en las fuerzas de seguridad, agravado por el trabajo en medio de la emergencia sanitaria”.
En declaraciones a Radio Provincia, el legislador oficialista expresó que “en muchas partes del mundo la policía está sindicalizada y funciona muy bien. Creo que en la Argentina habrá que ver y analizar esta posibilidad porque no hay una agenda de diálogo”.
D’Onofrio sostuvo que “tanto el gobernador como el presidente saben que la inseguridad no es una sensación sino un problema y los anuncios de hoy demuestran que se están ocupando del problema”.
El actual presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja bonaerense entiende que “las protestas de hoy en la policía son un reclamo al problema y no una respuesta a los anuncios de hoy”. Al respecto, enfatizó que “el Gobierno conoce perfectamente el paño, los problemas que han venido de antes y que siguen hoy. No tenemos un Ejecutivo que mira para otro lado sino que se hace cargo de los problemas, espero que nuestras fuerzas de seguridad estén a la altura de las circunstancias”.
Finalmente, afirmó que “la inseguridad no es un problema policial, es un problema multicausal que hay que afrontar en todos los terrenos”.
