Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los envíos automáticos a las provincias acumularon en enero de 2026 una caída real del 7% interanual. El informe señala que la merma responde, principalmente, a una baja en la recaudación del IVA y a cambios en el esquema de anticipos de Ganancias.
Los recursos de origen nacional distribuidos a las provincias registraron en enero de 2026 una contracción real del 7% respecto del mismo mes del año anterior, de acuerdo con el informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. El documento detalla que el monto total transferido ascendió a 5.847.670 millones de pesos constantes de enero, frente a los 6.289.293 millones del mismo mes de 2025, cuando se había verificado un incremento del 12% interanual.
El trabajo señala que la caída responde principalmente al desempeño del IVA, cuya variación interanual fue de –8%, afectada por una desaceleración de las importaciones tras el impacto extraordinario de percepciones aduaneras y la moratoria vigente en 2025. También incide la evolución del Impuesto a las Ganancias, asociado este año a la modificación en el esquema de anticipos de sociedades.
Otros tributos mostraron comportamientos dispares. El informe menciona que los “Internos” crecieron 9% interanual y que el componente “Resto” avanzó 14%, beneficiado por ingresos extraordinarios del régimen de regularización de activos registrado el año previo. En tanto, el impuesto a los combustibles reflejó la actualización paulatina del impuesto fijo por litro, y Bienes Personales continuó afectado por la reforma incluida en la Ley 27.743 y por menores percepciones.
La participación porcentual de los recursos por impuesto se mantuvo encabezada por el IVA neto (59%), seguido por el impuesto a las Ganancias (33%). Internos y Combustibles aportaron 3% cada uno, mientras que Bienes Personales y el resto de los tributos representaron 1%.
El informe también analiza el impacto de las compensaciones del Consenso Fiscal, que alcanzaron en enero un total de 265.907 millones de pesos, 14% más que en 2025. Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor monto recibido (173.124 millones), seguida por Salta, que además registró pagos extraordinarios por 5.000 millones. La OPC recuerda que estas compensaciones se actualizan por inflación y responden a las diferencias surgidas de la distribución de Ganancias y débitos y créditos desde 2018.
Finalmente, la OPC señala que el desempeño general de los envíos automáticos continúa reflejando tanto factores tributarios coyunturales como los efectos de los regímenes extraordinarios aplicados el año previo.
En un año legislativo atravesado por negociaciones permanentes, el Gobierno nacional mantuvo una estrategia clara: sostener aceitados los flujos de fondos hacia las provincias gobernadas por aliados políticos, en un intento por asegurar el acompañamiento de sus legisladores en el Congreso. La dinámica de las transferencias, tanto automáticas como sobre todo no automáticas, volvió a convertirse así en una herramienta de gestión clave para apuntalar acuerdos parlamentarios imprescindibles para la agenda oficial.
El flujo de fondos nacionales hacia las provincias cerró 2025 con un crecimiento moderado en términos reales, luego de un año marcado por fuertes disparidades entre los componentes automáticos y no automáticos de las transferencias. Según el último informe trimestral publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las transferencias totales a gobiernos provinciales y municipales aumentaron 44,3 por ciento interanual en valores nominales, lo que implica una mejora real de 2,7 por ciento al ajustar por inflación.
En el desglose, las transferencias automáticas —las de mayor peso relativo dentro de la masa de fondos coparticipables— crecieron 43,1 por ciento nominal y 1,6 por ciento real en el acumulado anual. El dato más sobresaliente dentro de este grupo fue el incremento excepcional en los giros vinculados a la compensación del Consenso Fiscal, que registraron una suba real de 79,6 por ciento, explicada tanto por la actualización inflacionaria correspondiente a 2024 como por pagos a cuenta que totalizaron 160.083 millones de pesos por ajustes pendientes.
Las transferencias no automáticas, siempre más volátiles y sujetas a decisiones discrecionales del Gobierno nacional, fueron las que mostraron el mayor dinamismo: crecieron 88,2 por ciento nominal y 42,4 por ciento en términos reales. Este salto tuvo un impacto significativo en el resultado final del año, compensando parcialmente la desaceleración en los envíos automáticos. Entre los rubros que más crecieron se destacan los vinculados a Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional (ATN), infraestructura, programas educativos y aportes a sistemas de salud provinciales, aunque con marcadas diferencias entre jurisdicciones.
La provincia de Buenos Aires volvió a situarse como la principal receptora de fondos nacionales, al alcanzar 13,99 billones de pesos en transferencias totales, con un incremento real del 3,8 por ciento. Le siguieron Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta última impulsada por un aumento del 65 por ciento real en transferencias no automáticas, en gran medida asociado al cumplimiento parcial de la medida cautelar de la Corte Suprema por la disputa en torno al financiamiento de funciones transferidas.
Otras provincias mostraron comportamientos dispares. Mientras que jurisdicciones como Salta, Tucumán, Chaco y Neuquén exhibieron crecimientos reales por encima del promedio nacional —apoyados en incrementos significativos de transferencias no automáticas— otras, como Mendoza o Misiones, finalizaron el año con variaciones reales apenas positivas o incluso negativas cuando se analiza el componente discrecional. En el caso de Tierra del Fuego, la suba total real fue de apenas 0,7 por ciento, con una performance más moderada que el promedio.
El informe también muestra la evolución mensual en términos reales desde 2018, donde se observa la marcada volatilidad de los fondos no automáticos y la menor variabilidad de la coparticipación y otros giros automáticos. En la serie histórica, 2025 se ubica como un año de recuperación parcial luego de caídas reales pronunciadas registradas en distintos tramos de 2023 y 2024.
La OPC aclara que los datos corresponden al devengado y se basan en información del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), con agregados adicionales provistos por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. El organismo, como es habitual, no formula recomendaciones, sino que presenta un análisis técnico destinado a brindar mayor transparencia y previsibilidad fiscal en la relación Nación-provincias.
La propuesta de la diputada Natalia de la Sota tiene como objetivo asegurar que la administración nacional revierta el DNU 280/24 y garantice la transferencia mensual de un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual.
La diputada nacional Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) presentó un proyecto de ley para que en el Presupuesto 2026 se incorpore una cláusula que obligue al Gobierno nacional a depositar todos los meses los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba y de otras 12 provincias.
En la iniciativa la cordobesa argumentó que el presidente Javier Milei “desfinanció las cajas mediante el DNU 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial”. En ese marco, explicó: “Ese decreto eliminó el resguardo establecido en la Ley 27.701, que obligaba a la Nación a girar todos los meses los fondos complementarios a los sistemas jubilatorios provinciales no transferidos al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional”.
Lo que propone De la Sota es que, como parte del Presupuesto 2026, quede asegurado que la administración nacional antes del día 22 de cada mes del año garantizará la transferencia mensual de un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, a las cajas de jubilaciones de las 13 provincias que no transfirieron sus esquemas previsionales a la Nación, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Caja Jubilaciones Natalia de la Sota 6721-D-2025Con la baja de la inflación y la consolidación de reformas estructurales, el Ejecutivo nacional anticipa un escenario fiscal positivo para las provincias en 2026, con superávit financiero, crecimiento de recursos tributarios y una fuerte recuperación del gasto de capital.
El proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Javier Milei prevé un escenario de saneamiento fiscal para las cuentas públicas provinciales, impulsado por la estabilización macroeconómica, la reorganización de competencias entre niveles de gobierno y la continuidad de las reformas estructurales.
Según las proyecciones oficiales, el Consolidado de las 24 jurisdicciones provinciales alcanzaría un resultado financiero superavitario equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB), mejorando el desempeño respecto a lo estimado para 2025.
En cuanto a los recursos, se espera que los ingresos tributarios de origen nacional y provincial representen el 11,9% del PIB. De ese total, los tributos nacionales aportarían el 7,2%, mientras que los provinciales contribuirían con un 4,8%. Los recursos no tributarios, por su parte, tendrían un impacto menor, representando apenas el 0,8% del PIB.
El gasto total proyectado para 2026 crecería nominalmente un 17,4%, destacándose el aumento del 13,8% en los gastos de consumo —incluyendo la partida de Personal— y una recuperación del gasto de capital del 30%, orientado a obras públicas e infraestructura provincial.
Respecto al endeudamiento, las provincias deberán afrontar servicios de deuda por $7,6 billones, de los cuales el 71% corresponde a amortizaciones y el 28,9% a intereses, representando el 4,9% de sus ingresos corrientes. El 78,8% de estos compromisos están vinculados a títulos públicos emitidos en mercados locales e internacionales, y el 53,6% están denominados en moneda extranjera.
Además, se estima que algunas provincias buscarán colocar nueva deuda en lo que resta de 2025, lo que podría incrementar los servicios a pagar en 2026. En este contexto, la estabilidad del tipo de cambio será clave, dado que más del 80% de la deuda provincial está en moneda extranjera.
Con estos elementos, el Gobierno proyecta que las provincias mantendrán niveles de equilibrio o superávit financiero durante el próximo ejercicio, en línea con los objetivos de consolidación fiscal y ordenamiento macroeconómico.
Con un contundente respaldo legislativo, el Senado le marcó la cancha al presidente Milei al aprobar un paquete de leyes que obliga a la Nación a repartir fondos retenidos. La sesión, cargada de tensión institucional y simbolismo federal, expuso la creciente rebelión de las provincias frente al ajuste sin red.
En una jornada cargada de simbolismo político y tensión institucional, el Senado de la Nación volvió a ocupar el centro del tablero con un mensaje claro al presidente Javier Milei: las provincias no están dispuestas a seguir financiando el ajuste sin garantías ni devolución. En una votación aplastante —56 votos a favor contra un único rechazo— se aprobó en tiempo récord un paquete de leyes que obliga al Poder Ejecutivo a distribuir recursos claves retenidos por la Nación: Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos fiduciarios y una parte sustancial del impuesto a los Combustibles.
Pero lo que se votó fue mucho más que una cuestión contable. Se trató de un acto de rebeldía institucional, protagonizado por una mayoría opositora inéditamente cohesionada, y que refleja un nuevo mapa de poder: los gobernadores —más allá del signo político— comienzan a actuar en bloque frente a un Gobierno nacional que los ahoga financieramente y los trata como enemigos. Que el único voto en contra haya sido el del senador cordobés Luis Juez no hace más que confirmar la soledad política del oficialismo en la Cámara alta.
Una sesión bajo disputa y la sombra del reglamento
El episodio también expuso una fractura profunda en el funcionamiento legislativo. La sesión fue convocada sin la firma de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, lo que motivó el retiro del bloque oficialista y una posterior deslegitimación del encuentro por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la historia del Senado muestra que no es la primera vez que se convoca una sesión sin acuerdo con el oficialismo de turno. Desde la reforma constitucional de 1994, el reglamento interno ha sido utilizado por distintas fuerzas políticas para forzar debates y exponer crisis.
Basta recordar el 2008, cuando el kirchnerismo convocó sesiones con quórum ajustado para tratar la polémica resolución 125; o en 2017, cuando el peronismo disidente usó el reglamento para intentar frenar las reformas del macrismo. El Senado, lejos de ser una caja de resonancia del Ejecutivo, ha sido históricamente una trinchera donde el federalismo —a veces con ruido, otras con diplomacia— se planta ante los avances del centralismo.
Un grito federal disfrazado de técnica legislativa
Lo que ocurrió en esta sesión no fue simplemente una disputa procedimental. Es una respuesta política al modelo de Milei: un Presidente que se jacta del superávit fiscal mientras las provincias se endeudan, paralizan obras, suspenden servicios y no pueden pagar sueldos sin ayuda nacional. La narrativa libertaria del “Estado como enemigo” choca de frente con un país estructurado sobre una coparticipación que, aunque imperfecta, fue durante décadas el único pegamento real entre Nación y provincias.
Hoy, Milei acumula recursos en manos de la Tesorería Nacional y ejecuta un ajuste brutal que impacta de manera desigual, favoreciendo a la Capital y perjudicando al interior productivo. El Senado —como representación institucional de las provincias— empieza a decir basta. Y lo hace con herramientas legales, pero también con un claro mensaje político: el federalismo no puede ser moneda de cambio del equilibrio fiscal.
¿Y ahora qué?
Aunque el Gobierno ya advirtió que considera inválida la sesión y probablemente intente frenar el avance de los proyectos en Diputados o judicializarlos, lo cierto es que el Senado activó una alarma que el oficialismo no puede ignorar. La política no desapareció; simplemente se corrió de lugar. Ya no está en los ministerios, está en las provincias y en el Congreso.
Si Milei sigue apostando a gobernar por decreto y redes sociales, sin articular con los gobernadores ni reconocer la lógica institucional argentina, el conflicto no hará más que escalar. Y el Senado, esa vieja institución a menudo subestimada, puede convertirse en el escenario central donde se dispute el futuro del equilibrio de poder en la Argentina.
Andrés Vallone es diputado nacional MC
El diputado rionegrino se refirió al pedido de los mandatarios provinciales sobre el reparto de recursos y aseguró que hay "temas solucionables" que pueden discutirse sin alterar el equilibrio fiscal.
El diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) se refirió a los proyectos impulsados por los gobernadores sobre el reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y los ATN, y el reclamo de las provincias por más fondos. "No puede ser que todo sea un no como respuesta", expresó.
"Uno entiende las urgencias, entiende la necesidad de gobernabilidad que tiene un gobierno que recién inicia, con una clara debilidad en el Congreso, pero hay temas solucionables que nos tenemos que sentar a discutir", señaló.
El rionegrino destacó que "el equilibrio fiscal es muy sólido, algo que nunca habíamos visto en Argentina y hay que sostenerlo", sin embargo consideró que "se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo: avanzar en temas que son solucionables e incluso mejorarían la competitividad en cada una de nuestras economías regionales".
"Soy optimista en cuanto a la solidez del plan económico", ratificó y, consultado en radio Con Vos por la postura del oficialismo sobre que la oposición busca "atentar" contra el equilibrio fiscal, el legislador afirmó que "esas son chicanas".
En esa línea, indicó que "estamos viendo que el Gobierno nacional en este año y medio ha priorizado, y hasta nos parece bien, dentro de su plan de gobierno mantener el equilibrio fiscal, ordenar la macroeconomía. Pero parte de ese esfuerzo fue a expensas de las provincias, porque el Gobierno dejó de ocuparse de ciertas cuestiones, como los sueldos docentes en una parte, los subsidios al transporte del interior, las obras".
"Cuando uno, después de un año y medio, ve que seguimos sin discutir la coparticipación, el reparto de los recursos entre Nación y provincias y lo único que se hizo fue recortar y sacarse de encima responsabilidad el Gobierno nacional, bueno, llega un momento en que hay que dar esa discusión", remarcó.
Sobre esto, Domingo advirtió que "un año y medio sin invertir en las rutas nacionales hace que en el interior perdamos competitividad y tengamos rutas abandonadas y totalmente destruidas". "Hay temas que ya no pueden esperar y hay que discutirlos", añadió cuando se le preguntó sobre reclamos como jubilados, universidades y la salud.
El texto presentado lleva la rúbrica de los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño. Proponen, entre varias cosas, la disolución de dos fondos fiduciarios. Las modificaciones a la Ley 23.966.
Con la firma de los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, fue impulsada una nota para establecer modificaciones a Ley de Combustibles Líquidos (23.966) para que tanto Nación y las provincias puedan destinar los fondos contemplados en régimen normativo según las prioridades que cada parte defina.
El texto firmado por los 24 gobernadores propone que el avance de este proyecto de ley “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originarios en todo el territorio nacional, propiciando mayor capacidad de respuesta de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis”.
El proyecto de ley propone una modificación del artículo 19 de la Ley 23.966 del Impuesto a los Combustibles Líquidos para que se distribuya con un 10,40% al Tesoro Nacional; un 58,36% a las provincias; un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales; y un 2,55% a la compensación del Transporte Público regulado en el DNU 652/2002.
Otro cambio propuesto por los mandatarios es la disolución del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte (FFSIT), creado por el DNU 976/2001; y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) vigente con el DNU 1381/2001.
El tercer pedido de los gobernadores es modificar el articulo 5 de la Ley 23.548 para que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros que serán asignados específicamente entre Nación, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTA 23.06Tras conocerse el reclamo de los gobernadores, la diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) recordó que en el período anterior había presentado un pedido de informes y un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, porque "el Gobierno no se la repartía a las provincias y se la quedaba toda".
Sobre la plata del Impuesto a los Combustibles: avisé, cité a CAPUTO al Congreso y presenté pedido de informes el 20 de enero porque el gobierno NO SE LA REPARTÍA A LAS PROVINCIAS Y SE LA QUEDABA TODA!!
Acompaño el proyecto de ley que hoy presentan los gobernadores para la… pic.twitter.com/epLmFPaFVi— Julia Strada (@Juli_Strada) June 23, 2025
En el mismo posteo a través de X, confirmó su apoyo a la iniciativa. Minutos más tarde, el tucumano Pablo Yedlin, el jujeño Guillermo Snopek, la chubutense Eugenia Alianiello y el bonaerense Daniel Gollán -reposteando la publicación de Axel Kicillof-, entre otros, también remarcaron su aval a la propuesta.
También desde la Cámara alta, el bloque Convicción Federal, que forma parte del interbloque Unión por la Patria, adelantó su acompañamiento al pedido de los mandatarios provinciales. "Hasta ahora el Gobierno Nacional sólo lo utilizó para sostener el superávit fiscal ficticio", deslizaron.
De la reunión de la Comisión de Minería participaron los representantes de San Juan, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, Mendoza y La Rioja. También disertó el secretario de la Nación, Enrique Lucero. Hubo coincidencias en la necesidad de discutir un nuevo código minero o actualizarlo.
La Comisión de Minería de la Cámara baja, presidida por el sanjuanino Walberto Allende (UP), se reunió este miércoles para recibir al secretario de Minería de la Nación, Enrique Lucero, y funcionarios provinciales quienes disertaron sobre los desarrollos mineros en las provincias. También estuvo presente el titular de la Cámara, Martín Menem.
Del encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, participaron representantes de las provincias de Jujuy, Catamarca, Mendoza, San Juan, Santa Cruz y La Rioja, sumado a empresarios vinculados al sector. Por su parte, desde la provincia de Salta no pudo asistir el ministro, debido a que se encuentran afectados por las inundaciones.
La exposición la abrió el secretario de Minería quien afirmó: “Estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes”. Además, brindó datos sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, precisó cifras sobre las inversiones y detalló qué empresas solicitaron la adhesión al RIGI.
También puntualizó: "Integro un gobierno que lleva apenas un año en el poder y creo que estamos hablando de un deterioro de más de cincuenta años y me parece aventurado exigirle al Gobierno Nacional en este momento”. En la misma línea, pidió que “seamos equilibrados; por favor no hagamos de la minería federal cuando conviene y algo nacional cuando no conviene”.
Foto: HCDN, secretario de minería de la Nación, Enrique Lucero
San Juan
El ministro de minería de San Juan, Juan Pablo Perea Fontivero, destacó la unidad para los grupos inversores que “es algo que el país ha dado un salto de calidad de transformarnos, pasar a ser un país minero”. En cuanto a la provincia, sostuvo que “pudimos avanzar después de 20 años en un moderno sistema de evaluación ambiental. Estamos trabajando para tener un ministerio de minería digitalizado porque son herramientas que debemos mostrarle al grupo inversor para que confíe y ser más atractivos”.
“La minería ha transformado en los últimos 20 años la matriz productiva de la provincia. El incremento del precio del oro pudimos dar un salto de calidad y modificó los números. En 2024 se exportó por unos 1.847 millones de dólares un 66% más que el 2023, se despachó en 2024 unas 690 mil toneladas un 25% más del año anterior. Por facturación, el oro es el principal producto de exportación con 1.467 millones un 80% más que en 2023. En 2024 el 82% de las exportaciones de San Juan liderado por el oro. Las demás exportaciones también crecieron con respecto al 2023 en un 25% promedio”, precisó y cerró: “Para nosotros la minería es el motor principal de crecimiento”.
A su turno, el secretario de ambiente de San Juan, Roberto Moreno, explicó la nueva normativa de su área que rige desde diciembre de 2024: “Reunimos toda la normativa dispersa en otros decretos que se sacaban con el transcurso de los años. Se adaptaba la normativa a los proyectos que salían. Así volvimos a cumplir con los plazos que establece el Código de Minería para la evaluación ambiental de todas las etapas. En los proyectos grandes se mantiene la Comisión Interdisciplinaria de evaluación ambiental Minera, y también se introdujo que todas las actualizaciones de evaluaciones ambiental se presentarán por declaración jurada”.
Jujuy
El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, expresó la necesidad de discutir la actualización de políticas sobre minería que “nos están afectando”, porque los datos “nos marcan que Argentina está ante grandes desafíos, pero a los grandes problemas necesitamos soluciones”. “El cambio de la matriz energética en el mundo, hizo que nuestro país sea demandando en el tema de la minería y cambio en tecnologías, por lo cual, hace falta poder discutir un nuevo código minero o actualizarlo”, planteó.
“Tenemos un total de 21 proyectos de exploración en tema de litio, 43 proyectos en evaluación sobre los salares. En los próximos años vamos a tener arduo trabajo en el tema, sobre todo en la búsqueda de polimetálicos, pero el desafío de las provincias es generar proveedores mineros capacitados, especialización en todo esto del litio y minería para que podamos retener parte de ese valor agregado y se transforme en puestos de trabajo”, consideró.
Abud Robles sostuvo que “tenemos que estar preparados con una legislación acorde a esta demanda mundial. Hay que darles especialización a nuestros habitantes, ingenieros, empresas. Ese es un gran desafío, también otro desafío es discutir el código minero para que vengan inversores”.
“Es el momento de esta actividad en el país para tener inversiones, para poder crecer ante los precios internacionales, generar valor agregado y empleo en cada provincia. Si no somos capaces de generar mayor valor agregado, creo que se nos va esta oportunidad de las manos y tenemos que trabajar de forma conjunta”, concluyó.
Catamarca
La directora de promoción y responsabilidad sociedad minera, Yésica Yornet, comentó que en etapa de exploración cuentan con 30 proyectos con vida vigente respecto del litio “un mineral crítico de la provincia”. Sobre proyectos metalíferos y no metalíferos cuentan con más de 20 iniciativas en exploración y 3 en explotación. De ellos destacó Agua Rica “con el que se sigue trabajando”, y Diablillos “es un proyecto compartido con Salta”.
Yornet afirmó que trabajan bajo el eje de la transparencia al adherirse al estándar EITI en 2023. También, trabajan bajo los ejes de lo social con una contratación de mano de obra local del 70%, y lo ambiental: “Participan las comunidades locales y se las capacitan. También la perspectiva de género en la participación y en la redacción del impacto ambiental”.
Al cierre de su alocución, la funcionaria catamarqueña remarcó la necesidad de crear “alianzas estratégicas. Tenemos un fuerte compromiso en lo ambiental y social. Es posible la minería bajo ciertos parámetros para que sea sustentable”.
FOTO: HCDN
Santa Cruz
A través de un video, destacaron que es una de la provincia argentina número uno en exportaciones mineras, donde 4 de cada 10 dólares que exporta el país en minería se producen por esa provincia. Así, la minería representa el 80% de las exportaciones totales de Santa Cruz y en 2024 crecieron en un 8% interanual. De la canasta minera de exportación, el oro representa un 89,7% y la plata un 10,1%. Así, la provincia cuenta con un total de 36 proyectos en exploración de oro y plata, 7 en producción, 3 en exploración de uranio y lignito.
Además, destaca que se trata de la única provincia que cuenta con una ley de cierre de minas, sistema de control y monitoreo ambiental remoto que disminuye errores, produce reportes y acceso a la información. También está adherida al EITI para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
La secretaria del área, Nadia Ricci, explayó que “gracias a la ley de inversiones mineras estamos en un hito similar al RIGI es líder en minería desde hace 30 años, pero pasaron cosas y no se ha tenido una continuidad en política minera porque es un territorio sub explorado y es algo que estamos tratando de revertir desde dos ejes fundamentales, es una de las grandes oportunidades”. “La actividad minera es la acción más concreta que se tiene”, remarcó.
Así, contó que están trabajando en el fortalecimiento institucional, la promoción para la atracción de inversiones. “También estamos en el desarrollo de digitalización y transparencia que es importante al momento de los inversores evalúen dónde invertir el dinero. Pero recuperar los años perdidos para la provincia es un imposible, es como comenzar de nuevo”, lamentó. Por último, pidió que el Congreso o la secretaría trabaje en la extensión de los beneficios del RIGI a ciertas empresas y discutir créditos fiscales que “permitan más credibilidad para que inviertan”.
Mendoza
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza y exdiputada nacional, recalcó la decisión firme del gobernador de su provincia para “desarrollar una política de promoción minera capitalizando los aprendizajes y acelerando la exploración, que durante muchos años en Argentina nos ha llevado a no certificar reservas, siendo el peor de los escenarios porque las inversiones se apalancan de dichas certificaciones”.
“En cuanto al potencial geológico, Mendoza comparte con San Juan y Chile cinco de las principales fajas metalogénicas del cinturón del pacífico, esto significa que tenemos un gran potencial”, puntualizó la ex diputada nacional. Sin embargo, aclaró que “Mendoza tiene una legislación ambiental restrictiva, pero no es prohibitiva”, y tiene una modificación del Código de Procedimiento Minero para “agilizar los procesos de otorgamiento de permisos, para tener estándares de sostenibilidad ambiental y social”, y reafirmó: “La importancia de la minería como eje de la economía andina basada en el desarrollo de la industria energética y minera”.
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La Rioja
Participó del encuentro Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien celebró que en la comisión estén juntos el sector público y el privado. “Nosotros somos los que legislamos y el sector privado es el que invierte; o sea, está en nuestras manos generar las condiciones de sustentabilidad de este tipo de inversiones que son a largo plazo”, ratificó.
“Tenemos una oportunidad inédita para la historia de nuestro país en dar un paso adelante en este rubro de la economía que tanto necesita, que es el mundo de los minerales; aprovechemos esta oportunidad, legislemos en pos de no ahuyentar los capitales, que son ellos los que van a generar trabajo, regalías y mejores condiciones de vida para 47 millones de argentinos”, afianzó el titular de Diputados.
Al referirse al RIGI, Menem acentuó que “más allá de lo importante que es para nuestra industria, habla de nuestro fracaso en términos políticos; viene a ser el parche a un sistema que no pudimos generarle condiciones de estabilidad de manera natural y permanente en torno a la inversión de los capitales”.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, analizó que “en los últimos años ha habido un avance muy positivo hacia dentro de las provincias en consolidar procesos importantes para que la minería crezca, y buscar alternativas concretas que permitan inversiones futuras cercanas de alta envergadura y con proyectos de clase mundial, que representan un hito para la Argentina a medida que puedan desarrollarse”.
“Hay que atacar totalmente al tema de nuevas exploraciones, pero tenemos que tratar de consolidar los proyectos existentes, porque si no en poco tiempo nos vamos a quedar con una explotación disminuida”, reflexionó Cacciola y, en esa misma línea solicitó “generar instrumentos que permitan incentivar nuevamente los proyectos que están en producción y tengan la posibilidad de incrementar significativamente la exploración que va a derivar en mayores erogaciones”, definió.
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También, hicieron uso de la palabra en representación de La Rioja Federico Bazán, ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, e Ivana Guardia, secretaria de Minería; Alfredo Vitaller, director de Asuntos Corporativos de la Empresa Vicuña Corp; Santiago Cichetti, gerente de Asuntos Exteriores de la Empresa Río Tinto; y Néstor Rigamonti, de Minera Santa Cruz.
Así se expresó el fueguino Santiago Pauli quien señaló que “todas las provincias y municipios van a contramano del Gobierno, aumentan más, te aumentan ingresos brutos, te aumentan tasas municipales”.
El diputado nacional Santiago Pauli (LLA) opinó sobre la resolución que crea una nueva subsecretaría política y le suma a cada bloque una subsecretaría en el Concejo Deliberante de Río Grande y criticó: “Los concejales de Río Grande son unos caraduras y unos sinvergüenzas”.
Pauli comparó: “Mientras el Gobierno nacional tuvo una política de terminar con el despilfarro de dinero, en las provincias y en las ciudades no pasa lo mismo. Siguen aumentando el gasto político, siguen aumentando la presión tributaria sobre los contribuyentes”.
“Cuando vos no gastás de más podés recaudar menos por eso se avanza en reducir ciertos impuestos, en bajar las retenciones, en eliminar algún impuesto porque como se gasta menos se puede achicar un poco el nivel de recaudación del Gobierno nacional”, resaltó.
El libertario criticó: “Todas las provincias y municipios van a contramano, aumentan más, te aumentan ingresos brutos, te aumentan tasas municipales. Es una señal de que este discurso con el que La Libertad Avanza llega al Gobierno Nacional, que la gente acompañó porque veía este derroche y está tomada de pelo constante, parece no haber hecho mella en otros partidos políticos”.
“Si los otros partidos políticos quieren que La Libertad Avanza gane este año, que gane las intendencias y el gobierno provincial en el 2027, por favor que sigan haciendo estos delirios porque nos están haciendo la campaña gratis. Que lo sepan porque después salen a decir no sabemos por qué la gente votó a Milei. La gente votó a La Libertad Avanza porque no entiende cómo votar como dijo un iluminado el año pasado pero la explicación está acá. Si yo fuera jefe de campaña de La Libertad Avanza estaría contentísimo con estas cosas porque políticamente solo benefician a La Libertad Avanza”, analizó.
Por último, insistió en calificar el accionar del Concejo Deliberante de Río Grande como “truchadas y robos legalizados para acomodar más militantes”. “La única consecuencia que tiene es perjudicar al vecino y darnos más letra a nosotros que estamos del otro lado con un discurso diferente”, apuntó.
“¿Dónde se vio que una subsecretaría de bloques sea un cargo rentado?”, se preguntó. En este sentido indicó que es entendible que un bloque tenga un secretario, pero mencionó que dicha función la cumple alguno de los empleados del bloque. “Una subsecretaría es como decir vamos a ver cómo podemos afanar un poquito más. Inventemos una subsecretaría. Me imagino que, si nadie dice nada, dentro de seis meses van a inventar una dirección y una subdirección de bloque”, criticó.
Pauli fustigó: “Es un robo legalizado que yo inventé, algo que no existe, que no tiene razón de ser, que lo termina pagando el vecino”, y señaló que “lamentablemente es un poco a lo que nos tiene acostumbrados este Concejo Deliberante de Río Grande”.
“Hace unos meses cuando se había empezado a discutir el presupuesto municipal de Río Grande muchos encendieron la alarma de los aumentos a contramano del recorte que sucede en otras partes. Sin ánimo de criticar a ningún partido político en especial porque son todos cómplices en esto. El Concejo de Río Grande no se escucha mucho. No suele haber discusiones, no suele haber peleas, no suele haber temas que generen controversias. Es como todo bastante tranquilo. Quizás esta sea una de las explicaciones. Como todos se ponen de acuerdo más o menos para acomodar militancia, es como que la cosa funciona y camina bien. Es un problema porque el que lo termina pagando es el vecino de Río Grande”, reflexionó.
En este aspecto añadió que “cuando la Municipalidad recauda más en parte es también para pagar este mayor gasto político que están haciendo en el Concejo Deliberante”.
El de Javier Milei es el Gobierno con minoría más extrema de la historia argentina. Y tan notoria es esa condición que tendría que sumar varias elecciones ganadas para revertirla. Esto es, más allá de las mejores expectativas que tenga para 2025, no le alcanzará con una elección. Datos, ejemplos y antecedentes para tener en cuenta qué necesitaría LLA para su objetivo deseado en el Congreso.
Expresidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de Cambiemos, Emilio Monzó es hoy un diputado raso que no preside comisiones, pero con toda lógica es de los más respetados del Cuerpo. Su bloque había pedido y acordado un lugar para él en la Bicameral de Inteligencia, pero súbitamente el oficialismo cambió de idea y se reservó para sí el puesto que le había asignado al entonces bloque Hacemos Coalición Federal. Fue el motivo del enojo de Miguel Pichetto, que retaceó sus diputados en dos sesiones consecutivas por eso, logrando voltear una. El enojo todavía le dura.
Pero no nos desviemos. Monzó es desde hace tiempo partidario de las eliminar las elecciones intermedias. En 2023 anunció que emprendería una cruzada con ese objetivo. Lo explicó señalando que “en esta sociedad tan vertiginosa, tan fragmentada, ningún gobernante puede generar políticas de Estado y transformar, si tiene una elección a los dos años… Porque al año y medio ya está observando cómo cierra la lista”.
Claro que eso no es tan sencillo de hacer, porque por ejemplo habría que modificar la Constitución. Él hablaba de hacer un gran acuerdo para limitar esa reforma a cambiar un solo artículo de la Carta Magna, pero es un riesgo que nadie quiere tomar.
Más allá de esa propuesta -que no pocos miran con simpatía-, lo cierto es que esa reforma es la que hubiera necesitado un gobierno como el de Javier Milei, cuyo partido fue creado un rato antes de las elecciones que lo consagraron y que por lo tanto más del 90% de sus legisladores asumieron recién el 10 de diciembre pasado. Y si bien el presidente insiste en decir cada vez que puede que es el gobernante más votado de la historia, la realidad es que el Congreso actual -o al menos la mitad de los diputados y un tercio de los senadores- es producto del resultado de la primera vuelta. En la que La Libertad Avanza resultó segunda, con un tercio de los votos.
El presidente sueña con una mayoría legislativa que le permita avanzar con las reformas que desea.
Como sea, de haberse instrumentado la reforma que propone Emilio Monzó, el Congreso actual sería emergente de esa elección y nadie tendría mayoría, pero tampoco este oficialismo sería una minoría tan reducida.
Los constitucionalistas suelen decir que la Carta Magna “es sabia”, por lo que habría que considerar que deliberadamente se buscó que las mayorías tengan un tiempo de maduración, cuestión de que nadie de la noche a la mañana arme un partido y, con los planetas alineados, en una muy buena elección se quede con todo el poder.
Mal que le pese, si a Milei hay que buscarle algún presidente con el que pueda ser comparado, ese es Hipólito Yrigoyen, que sorpresivamente -o no- se alzó en 1916 con la presidencia con un partido relativamente nuevo, frente al conservadorismo, que a través del Partido Autonomista Nacional controlaba el poder sin alternancia desde hacía 42 años, como virtual partido único. Esas elecciones que ganó Yrigoyen tuvieron la particularidad de haber sido las primeras en las que se aplicó la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto.
Consecuencia: Yrigoyen asumió con el Congreso más adverso de la historia: minoría en las dos cámaras; tan extrema como la de Milei casi un siglo después. Solo 4 senadores y 45 diputados tenía el caudillo radical al llegar el poder. Adversidad que con el correr de las elecciones fue revirtiendo.
Es lo que espera lograr el actual oficialismo, que imagina tendrá mucho más en 2025, aunque vaya a seguir siendo una minoría extrema, por más contundencia que tenga su eventual triunfo en las elecciones intermedias. O tal vez no lo sepa, lo cual sería una ingenuidad grave.
Los partidos que formaron Cambiemos y luego Juntos por el Cambio ganaron las elecciones de 2013 y 2015, con mayores porcentajes que Milei, y así y todo el de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras después del de Yrigoyen. Y lo siguió siendo aun habiendo ganado las intermedias de 2017.
Emilio Monzó es partidario de un gran acuerdo para cambiar el sistema de votación.
Una gran elección no alcanza
El presidente Javier Milei ha dicho y repetirá en el año electoral que la ciudadanía debe acompañarlo para revertir esta minoría de la que adolece en ambas cámaras. Implícitamente da a entender todo el tiempo que con una buena elección podrá resolver esta adversidad numérica. Ni de cerca eso sucederá.
Ni en 2025, ni tampoco en 2027. Ya lo adelantamos con tiempo.
Para no caer en el mismo error presidencial, pasemos a analizar los números, que de eso se trata.
La comparación más a mano debe ser en principio el caso de que repitiera la elección de 2023. En ese caso, se estaría alzando con 37 diputados y 7 senadores. De suceder esa alternativa, La Libertad Avanza pasaría a tener 67 diputados y 13 senadores. Sin contar aliados, claro está. Estaríamos hablando de casi el 26% de la Cámara baja y el 18% de la Alta. Guarismos cortos, si los hay.
Aclaremos de entrada que a esos números llegamos teniendo en cuenta que los 39 diputados que actualmente componen el bloque oficialista se reducirán a 32, pues hay 7 diputados a los que se les vence el mandato. Estos son los porteños María Fernanda Araujo y Nicolás Emma, quienes completan el mandato nada menos que de la fórmula presidencial de 2023; el bonaerense José Luis Espert; y cuatro legisladores más provenientes de las listas de Juntos por el Cambio: la misionera Florencia Klipauka Lewtak; el puntano Alberto Arancibia Rodríguez (que completa el mandato de Claudio Poggi); el mendocino Alvaro Martínez y el salteño Carlos Zapata. En 2023 LLA sumó 35 diputados, lo que da como resultado que podría haber un bloque oficialista de 67 diputados.
El oficialismo quiere que sus diminutos bloques crezcan de manera exponencial.
En el Senado no tiene a ningún miembro al que se le termine el mandato, tan novel es esta fuerza. Pero no se puede decir que “duplica” su cantidad, ya que de los 7 originales, el oficialismo echó a uno, Francisco Paoltroni. O sea que repitiendo esa gran performance llegaría a 13.
La buena noticia para el oficialismo es que esta sumatoria la estamos haciendo comparando con un resultado electoral discreto. Porque recordemos que el 56% que consiguió Milei fue en el balotaje, mientras que el Congreso actual se armó con los resultados de la primera vuelta, en la que ganó Sergio Massa. La Libertad Avanza consiguió en esa elección realizada el 22 de octubre de 2023 el 29,99% de los votos, en tanto que Unión por la Patria ganó esa primera vuelta por el 36,78%, razón por la cual hoy es la primera minoría en ambas cámaras. Juntos por el Cambio, hoy disuelto, se ubicó en el tercer escalón con 23,81%.
Ese escenario de tres tercios ya no existiría hoy, de cara a las legislativas del próximo año. Al menos no para el oficialismo, que como tal y según las encuestas que hoy dominan la escena pública lo muestran en un holgado primer lugar. Así que ese escenario de una Libertad Avanza con 67 diputados sin contar aliados, serviría solo como base para comenzar.
Vayamos entonces al otro extremo, un escenario en el que el oficialismo arrasara en la elección: el del 54% de Cristina Kirchner en 2011. Una elección distinta a la que viene, por cuanto fue presidencial, y recordemos que en octubre de 2025 no estará el nombre de Javier Milei en las encuestas. Estaríamos hablando del mejor escenario que recrearemos con la comparación de esa elección que mostró a una fuerza dominante en el comicio y detrás una oposición desperdigada. El escenario con el que se ilusiona el “Triángulo de Hierro”.
Cristina Fernández de Kirchner al ganar de manera arrolladora las elecciones de 2011.
Solo para refrescar el recuerdo, recordemos quiénes eran los principales contendores de esa elección y cuáles sus candidatos presidenciales: Frente para la Victoria (CFK-Boudou); Frente Amplio Progresista (Hermes Binner); Unión para el Desarrollo Social (Ricardo Alfonsín), y el Frente Popular (Eduardo Duhalde). Ahora vayamos distrito por distrito, trasladando los resultados de ese gran ganador que fue el FpV a nombre de LLA. Haciendo una salvedad: al ser una elección presidencial, se eligieron entonces 130 diputados, mientras que ahora se elegirán 127. Como sea, deliberadamente le daremos a LLA la ventaja en esta elección.
| Distrito | Cantidad de diputados | Hay en disputa |
| Buenos Aires: | 22 diputados | 35 bancas |
| Ciudad de Buenos Aires: | 5 diputados | 13 bancas |
| Catamarca: | 2 diputados | 3 bancas |
| Córdoba: | 6 diputados | 9 bancas |
| Corrientes: | 2 diputados | 3 bancas |
| Chaco: | 3 diputados | 4 bancas |
| Chubut: | 2 diputados | 2 bancas |
| Entre Ríos: | 3 diputados | 5 bancas |
| Formosa: | 1 diputado | 2 bancas |
| Jujuy: | 2 diputados | 3 bancas |
| La Pampa: | 1 diputado | 3 bancas |
| La Rioja: | 1 diputado | 2 bancas |
| Mendoza: | 3 diputados | 5 bancas |
| Misiones: | 2 diputados | 3 bancas |
| Neuquén: | 2 diputados | 3 bancas |
| Río Negro: | 2 diputados | 2 bancas |
| Salta: | 2 diputados | 3 bancas |
| San Juan: | 2 diputados | 3 bancas |
| San Luis: | 2 diputados | 3 bancas |
| Santa Cruz: | 2 diputados | 3 bancas |
| Santa Fe: | 4 diputados | 9 bancas |
| Santiago del Estero: | 1 diputado | 3 bancas |
| Tierra del Fuego: | 1 diputado | 2 bancas |
| Tucumán: | 2 diputados | 4 bancas |
| TOTALES: | 75 | 127 |
En caso de que se diera ese resultado absolutamente favorable a La Libertad Avanza, se alzaría con 75 nuevos diputados, con lo que redondearía una bancada de 107; casi tres veces lo que tiene actualmente, pero a 22 del quórum propio.
A ese número llegaría con una excepcional elección en la provincia de Buenos Aires, de esas que solo el peronismo puede replicar. Porque la realidad para los oficialismos -sobre todo en una legislativa- suele ser más moderada. Veamos sino: Unión por la Patria hizo una gran elección en 2023 (presidenciales), obteniendo el 43,71% de los votos, y sumó 16 diputados. En 2021, cuando el ganador fue Juntos por el Cambio, y con un escenario muy parejo con el Frente de Todos, arañando el 40%, consiguió 15 diputados.
En 2019 la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner sacó en el 52,64% de los votos para diputados y consiguió 19 escaños. Y en 2017, cuando el ganador fue Cambiemos, obtuvo 15 bancas, con el 42,15% de los votos.
Esto es: el escenario de 22 bancas para La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires resulta exagerado, aunque no imposible, pero tiene por objeto mostrar los límites que plantea el sistema electoral para cualquier fuerza, por mejores posibilidades que tenga.
Sin considerar además que estaríamos hablando de una elección donde la lista libertaria incluyera a aquellos aliados que yendo por separado le quitarían votos, y que luego esos aliados se sumaran a la lista oficialista…
El mismo razonamiento corresponde a distritos como CABA, Córdoba o Santa Fe. Y en el caso de Santiago del Estero, donde le concedimos un escaño a LLA, habría que tener en cuenta que solo en 2019 y 2015, siempre en turnos presidenciales, el Frente Cívico por Santiago cedió un escaño. Desde las elecciones de 2005, cuando nace el actual oficialismo santiagueño, ganaron todos los escaños legislativos ese año, en 2007, 2009, 2011, 2013, 2017, 2021 y 2023.
La Libertad Avanza confía en crecer mucho en la Cámara baja.
Panorama del Senado
Como dijimos, en la Cámara alta La Libertad Avanza tiene todo por ganar, pues no arriesga nada. En 2025 se renuevan los senadores de CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Logrando lo que nadie nunca ha hecho, ganar en las ocho provincias que eligen senadores, se alzaría con 16 senadores, llegando a conformar un bloque de 22. A 15 del quórum. Y reiteramos: nadie nunca ganó en todas las provincias que eligieron senadores. Por lo antedicho, sería además milagroso que LLA ganara en ese rubro en Santiago del Estero.
Dato al margen, UP es el que más bancas expone en el Senado, con 14; la UCR 4 y el Pro 2.
Senadores del oficialismo: una minoría extrema.
Conclusiones
En definitiva, es imposible que La Libertad Avanza tenga mayoría legislativa desde 2025, y aun ganando también en 2027. En Diputados, podría llegar a las 107 bancas en circunstancias excepcionales, tocando un techo demasiado alto. En términos más lógicos, pero aun favorables, tendría una docena de escaños menos: 95.
Por lo pronto, ese número blindaría a La Libertad Avanza frente a los 2/3 de la oposición, sin necesidad de buscar aliados. Lo cual no es un dato menor, pues ningún gobierno desde la recuperación democrática careció de al menos tener más de un tercio a su favor en una de las dos cámaras, para mantenerlo a resguardo de la mayor capacidad de daño de cualquier oposición.
Como sea, esos números que hemos expuesto son puros. Si La Libertad Avanza mantuviera su alianza táctica con el Pro, o la institucionalizara, contaría con ese bloque, que de todas maneras podría tener numerosas bajas en las próximas elecciones, ya que renueva 23 de sus 38 escaños actuales. O sea que solo 15 diputados tienen asegurada su continuidad en el partido amarillo.
También debería LLA contar con los 3 diputados del MID, que nunca dejaron de ser parte del oficialismo, más allá de las diferencias que los separaron.
Vía interbloques sí podría revertir su condición minoritaria a corto plazo, aunque por mucho tiempo estará muy lejos de poder constituirse en la mayoría soñada por quien llegó a alzarse con el 56% de los votos… pero en una elección sin correlato legislativo.
El presidente Milei hablándole a los diputados en Olivos. El deseo de que todos los “héroes” ya no sean ajenos.
El presidente del Comité Federal de Transportes expuso ante Diputados y criticó al Gobierno por eliminar totalmente el subsidio en el interior y mantener los de CABA y AMBA: “Esto es una situación de inequidad muy importante que obligó a las provincias a tener que subir de una manera muy alta lo que es la tarifa”.
Tras el anuncio del Gobierno Nacional de la eliminación completa de los subsidios al transporte del interior, el presidente del Comité Federal de Transportes, Marcelo Ferraris, disertó ante la comisión homónima de Diputados este martes y alertó que “la falta de subsidios ha traído aparejado una situación muy compleja. Si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente y la situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis”.
En su exposición, Ferraris expresó: “Como Comité Federal de Transporte es sumamente importante tener la posibilidad de venir a comentar respecto de cuál es la realidad del transporte en el interior de la Argentina”. Así, explicó que el COFETRA es una agrupación que nuclea a todos los representantes de transporte de la argentina incluido provincia de Buenos Aires donde comparten datos técnicos para “poder mejorar los sistemas de transporte del interior” que, por otro lado, “son la única herramienta del interior para lograr que los pueblos vayan mejorando, la conectividad, que la gente en las grandes localidades urbanas pueda desenvolverse en el trabajo y educación”.
“La situación del transporte en el interior de la argentina está atravesando una de las peores crisis. Estamos en un momento donde los sistemas están, por un lado, empeorando la calidad y, por otro lado, estamos asistiendo en muchos lugares a empresas que están dejando de prestar servicio. La realidad económica, sumado a la falta de subsidios, ha traído aparejado una situación muy compleja que, si bien esta complejidad ya viene de años, en estos tiempos se ha profundizado enormemente”.
El expositor comentó que el subsidio “es necesario para un sistema de transporte confiable y que permita la mejor y mayor conectividad en las distintas provincias, en los distintos municipios”. En esa línea, detalló que la Argentina es el octavo país en el mundo en extensión geográfica y que “en un centro, puntualmente lo que es CABA, es el 0,1% de la extensión territorial de la argentina que se nuclea casi el 40% de la población, con lo cual las provincias del interior para poder conectar nuestras localidades, para poder brindar un servicio necesitamos del subsidio para poder cubrir costos que son necesarios y que hacen al sistema”.
Ferraris criticó al Gobierno Nacional que “ha dispuesto a partir del mes de enero la eliminación total y absoluta en lo que es al interior provincial del subsidio, y ha sostenido los subsidios para los que es CABA”, y remarcó que “es una situación de inequidad muy importante que obligó a las provincias a tener que subir de una manera muy alta lo que es la tarifa. Esto, en consecuencia, también trajo toda una recesión en el sistema de transporte y sin número de problemas que afectan directamente al transporte. Prueba de ello es la situación actual en materia tarifaria”.
Así, precisó que en AMBA para el primer el tramo el costo del boleto asciende a $370 y comparó que en el norte de la Argentina el promedio de boleto es de $826 en la provincia de Jujuy, mientras que en localidades de Formosa tienen el boleto en $1050. “En localidades como Tandil en provincia de Buenos Aires tienen el boleto promedio en $913 y Pergamino tiene el boleto en $1.400 es el boleto más caro dentro de lo que es provincia de Buenos Aires. Córdoba Rosario y Santa Fe, por ejemplo, tienen el boleto en $940 y en el sur de la Argentina el boleto promedio es $859. En la provincia de Neuquén y Cipolletti tiene el boleto en $1500”, detalló.
“La inequidad en materia tarifaria es consecuente con la inequidad que hay en el reparto de subsidio y que las provincias venimos desde hace rato insistiendo en este sentido”, recordó y planteó que actualmente AMBA recibió 70.000 millones de pesos en el mes de agosto y cuestionó: “A partir del mes de enero de este año las provincias recibieron $0 en concepto de subsidios”.
En ese sentido, indicó que “todos los meses, desde enero a la fecha, el Gobierno Nacional sistemáticamente estuvo transfiriendo fondos y subsidiando lo que es el sistema en CABA que permite que tengan en $370 y en el caso del interior de enero a la fecha la ecuación es 0 peso para las provincias”.
Ferraris explicó que hasta diciembre del 2023 las composiciones de los ingresos del sistema de transporte eran, por un lado, el subsidio nacional, por otro lado, el subsidio provincial y la recaudación a través de los cuales “se obtenían ingresos para poder cubrir los costos”.
“A nivel general los subsidios provinciales cubrían un 56% del costo, el subsidio nacional cubría un 15% del costo y la recaudación cubría un 28% del costo total del sistema. Eso es diciembre del 2023, pero si nos paramos en el mes de enero de 2024 la realidad cambió producto de la quita de subsidio por parte del Gobierno Nacional”, indicó y sumó: “En este caso, el promedio del subsidio provincial a las jurisdicciones locales pasó a un 69%, el subsidio nacional pasó a cero y la recaudación pasó a un 31%”.
El titular de COFETRA manifestó que “las provincias en menor o mayor medida continuaron subsidiando sus sistemas de transporte, pero no fueron inyectando mayores fondos porque no tenían la posibilidad de hacerlo producto del recorte. Necesariamente esto se fue trasladando a tarifa y se hace muy difícil para el usuario común poder pagar estos costos”.
“Las provincias, en líneas generales, aportan un 54% al sistema, algunas aportan más, otras menos. Pero este porcentaje a medida que pasa el tiempo se va licuando, no solamente por la imposibilidad de incluir nuevos subsidios al sistema, sino también por la licuación que va teniendo el mismo fondo producto del aumento sistemático de los costos donde mucho de ellos están dolarizados”, alertó.
En ese sentido, precisó que los costos de repuestos, neumáticos y gasoil están dolarizados. “El gasoil en diciembre de 2023 tenía un costo de $675. En agosto del 2024 se incrementó en un 70%, estamos hablando del litro de gasoil a $1139 y, en el caso del norte, el gasoil tiene un costo extra de $100 más por cada litro de lo que se paga acá en el AMBA”.
También señaló que los costos extras se van pagando en el interior y lo mismo sucede con los convenios que hace UTA: “Casi el 60% es mano de obra de los choferes las provincias nos vemos obligadas a respetar un acuerdo salarial que hace el AMBA con la UTA. Nos obligan a las provincias a tener que soportar acuerdos paritarios salariales que son muy gravosos para las jurisdicciones del interior”.
Ferraris recordó que “en muchas de las provincias están con paro de transporte. En el caso de Formosa hasta no hace mucho tiempo estuvieron 90 días con paro de transporte y hay varias jurisdicciones donde están de nuevo conflicto producto de los incrementos”.
“Esta es una realidad muy mala, muy penosa que, a medida que va pasando el tiempo, se va profundizando porque las provincias no pueden seguir subsidiando solas el sistema”, planteó y bregó para que el Congreso “busque alguna alternativa, sobre todo para que la gente del interior lo pase mejor”.
Por último, lamentó que “es un sistema que está muy deteriorado, la calidad es realmente muy deficiente en el interior. Hay muchas localidades del interior profundo que están dejando de tener sistemas de transporte porque, aparentemente, la idea del Gobierno nacional es trabajar en un sistema de total de regulación del sistema de transporte y esto en el interior sería muy malo porque dejar Librado a que la oferta y la demanda puedan regir los destinos del sistema de transporte”.
El jefe del interbloque Unión por la Patria en el Senado cuestionó puntos del Pacto de Mayo y habló de un Gobierno "absolutamente improvisado" que "no tiene programa político".
El jefe del interbloque Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, criticó a la gestión libertaria al hablar de "un Gobierno absolutamente improvisado" con "un presidente arriesgado" y cuestionó algunos puntos del Pacto de Mayo, al recordar que su gobernador Gildo Insfrán no lo firmó.
Sobre "la inviolabilidad de la propiedad privada", el formoseño consideró que "ya está violado ese punto, porque si un banco sale a disponer de su propiedad privada y el presidente le dice que trató de hacer un golpe... Y después tiene que salir el ministro de Economía a desmentir al presidente, para decir que eso no es así".
Al hacer referencia al punto sobre equilibrio fiscal, el senador resaltó: "¿A costa de quién el equilibrio fiscal? ¿Quién lo paga? La intención del Gobierno es hacerle pagar la deuda a las provincias". "Reducir el 25% del PBI es prácticamente dejarnos sin Estado", agregó.
Respecto de la coparticipación, el legislador señaló que "originalmente, las provincias se llevaban el 56% y la Nación el 44%, y ahora por el problema de la deuda de la Nación esto está invertido, y la Nación se lleva casi el 58% de la coparticipación".
Además, hay 13 provincias con cajas previsionales no transferidas que "desde diciembre no están recibiendo lo que les corresponde y la Nación dice 'tengo superávit fiscal'", apuntó en declaraciones a radio Delta.
Mayans expresó que el Gobierno asumió "sin programa político" y "poniendo a personas que ya estuvieron y que fueron los fabricadores del endeudamiento brutal, que son (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo".
Consultado sobre la judicialización por la vuelta del impuesto a las Ganancias y la postura de la CGT, el opositor reveló: "Cuando estábamos discutiendo la media sanción de la Ley Bases, según dijo uno de los integrantes, ellos ya tenían otro arreglo con el Gobierno. Me pareció a mí absolutamente errado".
"La Ley Bases es un un desastre, un desastre realmente. Y aparte, ¿cómo el presidente va a ofrecer el tema de los recursos naturales de la República Argentina exigiendo a los gobernadores que no cumplan la Constitución? Porque si hay algo que tienen que hacer los gobernadores, a partir de la reforma del '94, es cuidar los recursos de las provincias", sostuvo.
En esa línea, el formoseño opinó que "la riqueza tiene que estar al servicio de la gente y (Javier) Milei lo entiende al revés, para él tiene que estar al servicio de las empresas".
Fue ante la Comisión de Minería de Diputados al ser consultado por el RIGI y remarcó que “cada provincia es dueña de hacer lo que decida mejor para su territorio y su economía según la Constitución”, al tiempo que sostuvo que “la principal misión es contribuir a generar riqueza para nuestro país en muchos ámbitos”.
La Comisión de Minería de Diputados, presidida por el sanjuanino Walberto Allende (UP), se reunió este miércoles para recibir al titular del sector Luis Lucero quien explicó las proyecciones del sector para el 2024 y, al ser consultado por la el RIGI que se encuentra en el proyecto de ley Bases, afirmó que “la Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”.
Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, Allende manifestó que habrá que hacer un replanteo del horario de reunión porque “en el interior tenemos menos vuelos y se nos ha complicado muchísimo para venir. Varios diputados han tenido que ir a Mendoza y en algunas provincias recién tenemos vuelos por la tarde”, y adelantó: “Seguramente el cambio de horario va a complicar el trabajo en las distintas comisiones”.
Allende comentó que la visita de Lucero es para que “explicara las decisiones y perspectivas desde el Gobierno en una actividad tan importante como la minería”. Contó que días atrás se reunieron con la mesa directiva, por lo que le agradeció la presencia, y precisó que el funcionario “lleva más de 30 años trabajando en la actividad de la minería.
El sanjuanino informó que se festejó en Córdoba el día de la minería y agregó: “La provincia tiene una actividad importante en segunda y tercera categoría. Es la provincia que más volumen tiene anualmente el manejo”.
En su exposición, el titular de minería expresó: “Nuestra principal misión es contribuir a generar riqueza para nuestro país en muchos ámbitos y por sobre todo en aquellos donde, por geografía y por desarrollo económico y cultural no hay otras oportunidades”.
“La minería ocurre en, gracias a y en beneficio de las provincias que son dueñas de los recursos naturales. Soy consciente como autoridad nacional que tengo un área en la cual las autoridades que verdaderamente trabajan y contribuyen son las provincias día a día. Estamos para ayudarlos y, en lo posible, guiar los debates y promover las medidas que nos parezcan oportunas para ese desarrollo”, manifestó.
“Tenemos que destrabar algunas realidades que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Todos sabemos lo que pasa en el litio en Salta, Jujuy y Catamarca. Es una enorme oportunidad de generar riqueza que ya estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos 2 a 4 años si hacemos las cosas bien. También hay una enorme oportunidad en el cobre en San Juan, Catamarca, Salta y hay mucha riqueza por destrabar. En eso queremos trabajar”, precisó.
A la hora de las preguntas, el primero en hacerlo fue el catamarqueño Francisco Monti (UCR) quien consultó por dudas e incógnitas en torno al artículo 162 y 163 sobre las competencias de las jurisdicciones locales de las provincias que está en el proyecto de ley Bases y sobre un código tributario de un municipio de su provincia.
Lucero le respondió: “Yo no puedo ni debo opinar sobre un código tributario municipal. No tengo atribuciones para hacerlo”, y agregó: “Las atribuciones impositivas entre Nación y provincia están establecidas en la Constitución, es una decisión nacional y provincial respetarla y aplicarla con prudencia. También me excede porque las provincias en nuestra Constitución tienen un margen para competir entre ellas por las inversiones o cooperar entre ellas para capturar inversiones. Presentar a inversores nacionales o extranjeros marcos jurídicos e impositivos distintos, puede o no contribuir a capturar inversiones. La Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”.
“Cada provincia es dueña de hacer lo que decida mejor para su territorio y su economía según la Constitución Nacional, nosotros seremos siempre respetuoso de eso. Pueden decidir cooperar o competir, está en las provincias que tienen la capacidad de inversiones”, resaltó.
El titular de la comisión comentó que “los grandes emprendimientos siempre están en las pequeñas localidades. Nos encontramos que teníamos una cantidad importante para invertir, pero no teníamos proyectos y sigue siendo la gran discusión de dónde van los recursos de la minería y eso se fue modificando con leyes provinciales”. En esa línea, pidió a las autoridades que se explayen en el tema del RIGI que “no habla de las inversiones necesarias que necesita la minería en electricidad, caminos, etc.”
Al respecto, el secretario de Minería contó que “la empresa de la provincia nos ha compartido su preocupación por algunas de las infraestructuras que son necesarias y estamos trabajando con ellos sobre los requerimientos de energía eléctrica. El inversor suele tener absoluta consciencia de que seguramente le va a tocar hacerse cargo del costo de la infraestructura. Así ocurrió en varios grandes proyectos con aportes de grandes inversores privados para construir líneas de alta tensión, mejorar equipo ferroviario y comprar”.
“En cuanto a los proyectos, el inversor sabe que hoy Argentina y sus provincias están sin capacidad de financiar esos trabajos, por eso debemos proveer herramientas jurídicas para que pueda aportar el capital necesario de esa infraestructura con un esquema inteligente que quede en buen estado para la provincia y tener la garantía que el acceso y el uso de esa infraestructura va a ser la que necesita. Si no le damos esa garantía no lo va a invertir, el proyecto no se llevará adelante y vamos a perder mucho dinero en tasas, contribuciones y sueldos”, explayó.
Lucero explicó que el desafío que tienen es “encontrar en modelos que ya existen esquemas que permitan que el privado financie y tenga acceso privilegiado para satisfacer las necesidades del proyecto y que esa infraestructura quede para beneficios de la provincia”.
“Argentina tuvo un boom minero entre los 90’ y el 2000 por una serie de factores como apertura de mercados internacionales y libre flujo de capital y la suba de commodities en cobro y oro. Eso permitió un desarrollo minero en esos años muy importante que todavía disfrutamos porque todavía quedan unas 6 o 7 minas en Santa Cruz y en San Juan produciendo y no había RIGI, pero si había una ley de inversiones mineras sancionada por unanimidad en el 93’ que tiene importantes beneficios para el inversor como la estabilidad fiscal y el régimen cambiario y eso está vigente. Esa es la ley con la que contamos”, explayó.
En ese sentido, opinó que “tenemos que tener minería de gran nivel y explotar nuestros recursos con las herramientas que hoy disponemos. De cara al futuro tenemos que reconstruir credibilidad para el inversor. Tenemos que tener minería. La ley de inversiones minera vigente sufrió dos ataques en esta estabilidad cuando se les empezó a cobrar derechos de exportación a proyectos que tenían estabilidad fiscal”.
Así, acotó que “sería una realidad muy gratificante que parte del empresariado nacional empiece a invertir en minería porque casi todo lo que hemos visto desarrollo fue por inversores extranjeros, sería deseable ver inversores argentinos apostando por la minería de la nación”.
“El litio es una ventana de oportunidad por los próximos 2 o 3 años. Sabemos que, en países avanzados, mirando al futuro, está siendo superado por otras posibles fuentes de energía. Es una realidad y tenemos que aprovecharla, pero el mundo ya está mirando otras fuentes como el hidrógeno para generar electromovilidad”, alertó.
En cuanto a la situación del cobre, informó que “parece ser algo más necesario en el largo plazo para las soluciones de electromovilidad y los yacimientos de cobre tienen vida de los 30 a 40 años. En nuestro territorio la mina Aguilar funcionó más de 90 años”, y resaltó que “cuando hablamos de minería, hablamos de proyectos que van a vivir entre 30, 40 a 50 años y van a dar trabajo y generar impuestos por décadas. Necesitamos tener una mirada de largo plazo en esta industria”.
Lucero volvió a destacar que “no hay proyectos mineros que puedan lanzarse sin la aprobación provincial porque el proyecto minero para empezar requiere de la presentación y un estudio del impacto ambiental”, y detalló que de cada 100 intentos de exploración que una compañía hace uno solo se convierte en mina de explotación y “esa primera actividad ya tiene que hacerse con la aprobación del Estado y las provincias y las etapas sucesivas”.
“Lo que pasó en los últimos años es que el país no logró traer inversiones. Tenemos que trabajar para encontrar una solución. Tenemos cobro, litio, oro y plata”, enfatizó y alertó que las minas de oro y plata de la Patagonia “se están extinguiendo, y necesitamos explorar porque son fuentes de ingresos que vamos a perder”.
“La potencialidad que tenemos en la Argentina es la de recursos donde conocemos los yacimientos. El paso crítico es que se den las condiciones, producimos commodities donde el precio se lo pone la demanda”, planteó.
En su intervención, el salteño del bloque Innovación Federal Pablo Outes opinó: “Creo que a la minería hay que estimularla, pero también creo que hay que regularla, sobre todo, en las regiones que son más pobres para compensar”.
La jujeña Leila Chaher (UP) cuestionó: “Según la Constitución, los recursos de los bienes naturales son de las provincias. Pero específicamente en el RIGI, en los artículos 162 y 163, entendemos que se avasalla las autonomías locales y provinciales”.
A su turno, el cordobés Carlos Gutiérrez aseguró: “Estoy de acuerdo con que a las leyes hay que mejorarlas; creemos que hay que dar una vuelta de tuerca en este país y que no sirve seguir manejando la realidad con consignas de hace 50 años que atrasan en todos los frentes”.
Para el autor, estaba claro que si el Congreso no aprobaba las leyes libertarias, Nación estaba dispuesta a fundir a las provincias. Y lo hizo.
Nadie puede decir que el presidente Javier Milei y el ministro Luis “Toto” Caputo no hayan avisado.
El jueves 25 de enero, en una reunión de gabinete, Milei dijo sobre los gobernadores: “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”.
El día anterior, Caputo ya había advertido en su cuenta de la red X: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. Y aclaró: “No es una amenaza”.
Quedaba claro que si el Congreso no aprobaba las leyes libertarias, el Gobierno nacional estaba dispuesto a fundir a las provincias. Y lo hizo; pero nadie imaginó que lograrían su cometido en el primer trimestre del año.
El torniqute fiscal es hoy asfixiante. Las transferencias corrientes a las provincias ya cayeron un 77%.
Se trata de un ajuste por doble vía: la eliminación de transferencias no automáticas y una brutal caída de los recursos coparticipables.
Entre las que se destacan el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para el Transporte, los adelantos para Cajas de Jubilaciones provinciales, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, entre otros.
A ello hay que sumar la eliminación de la obra pública y el congelamiento de proyectos de inversión de la Nación en las provincias.
Según datos difundidos por el IARAF, en marzo la coparticipación de recursos a las provincias habría caído un 26% en términos reales.
El mencionado instituto destaca que la caída se explica “principalmente por el mal desempeño en la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y de la recaudación de IVA (-18% real interanual)”.
Desde el Instituto Consenso Federal afirmamos que -en ambos casos- se trata de tributos muy sensibles a las variaciones de la actividad económica, los ingresos y el consumo.
Evidentemente, la política económica recesiva de Milei tiene un efecto lacerante sobre las finanzas provinciales.
En el caso del IVA y de Ganancias, el 42,34% de la recaudación se destina a la administración nacional, mientras que el 56,66% se distribuye automáticamente entre todas las provincias y el 1% se asigna al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Sin embargo, un tributo que el Gobierno aumentó drásticamente al asumir, el denominado Impuesto PAIS, en febrero incrementó su recaudación en 1439% interanual, según informes de la propia AFIP.
Un comportamiento similar tuvieron los Derechos de Exportación (“retenciones”), con 476,5% interanual de aumento en la recaudación.
Precisamente, son dos tributos que no se coparticipan. Todo lo que ingresa va a la Nación; ni un peso a las provincias.
Desde el Instituto Consenso Federal entendemos que la administración nacional amortigua la caída de recaudación de los impuestos directamente vinculados a la actividad económica interna (y que se coparticipan) con el aumento de ingresos por impuestos ligados al comercio exterior, que no se coparticipan con las provincias.
Qué deberían hacer las provincias y el Congreso
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
Así lo destacó la diputada Victoria Tolosa Paz, en referencia a proyectos para asistir con financiamiento a las provincias ante el recorte del Ejecutivo nacional.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP) destacó "el desafío" que tiene la Cámara baja para lograr "una agenda común con todos los bloques para atender principalmente los problemas que tienen los gobernadores ante el recorte de fondos coparticipables".
“Ningún bloque tiene mayoría y como parlamentarios tenemos el desafío de lograr una agenda común con todos los bloques que una hacia adentro la representación legítima. Tenemos por delante una agenda para atender los problemas que tienen desde (Ignacio) 'Nacho' Torres, pasando por Axel kicillof, Ricardo Quintela y el propio Martín Llaryora, que dejó a provincias con serias dificultades para sostener la actividad y los bienes y servicios que tiene que otorgarle a la población”, sostuvo la bonaerense.
En diálogo con Jorge Fontevecchia en AM 1190, la legisladora aseveró que el presidente Javier Milei “secuestró los recursos de las provincias desconociendo el rol del Estado nacional para hacer frente junto a las provincias a las cuestiones de salud, educación, seguridad y tantas otras áreas que tienen que garantizar su pleno acceso”.
En este sentido, Tolosa Paz explicó que en medio del debate sobre la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias a los trabajadores y el reclamo de las provincias para recuperar los recursos genuinos en la coparticipación federal, el bloque de diputados de Unión por la Patria tomó una postura firme presentando en los últimos días dos proyectos de ley "orientados a evitar que los trabajadores sean los que paguen el ajuste y a devolverle a las provincias los recursos que les corresponden".
“Los proyectos buscan lograr la coparticipación del impuesto al Cheque y del impuesto PAIS, ambos con una recaudación similar que superó los $500.000 millones en el mes de febrero. De esta manera, no existiría razón para volver a imponer el pago del impuesto a las Ganancias a los salarios de los trabajadores”, resaltó.
La exministra de Desarrollo Social consideró que la agenda común y la búsqueda de los consensos con los bloques servirá también “para insistir con el tratamiento de los proyectos de ley presentados con anterioridad como la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), del Fondo Compensador Docente, el Fondo Compensador del Transporte, la inversión presupuestaria en el Servicio Alimentario Escolar, la coparticipación a las provincias de las retenciones y las del Fondo Sojero, y el Fondo del Fortalecimiento Fiscal en la provincia de Buenos Aires”.
El futuro del peronismo
Por otra parte, Tolosa Paz hizo referencia al futuro del Partido Justicialista y destacó que “es momento de barajar y dar de nuevo y buscar la recuperación del partido ampliando la base a muchos dirigentes del peronismo que están afuera de la estructura partidaria como lo son (Guillermo) Moreno, Llaryora, (Miguel) Picheto, hombres que claramente son peronistas en su forma de entender la política, y necesitamos que vuelvan a las filas del partido”.
“Hay que definir la mesa de acción política para después construir de cara al futuro una presidencia del partido. Hoy el apuro es ampliar la base de representación, buscar la afiliación, la formación de cuadros, y el debate interno de qué es el peronismo y como las distintas vertientes pueden expresar la idea de un peronismo de futuro”, dijo.
La diputada agregó que en “al desarrollo de la nueva agenda del peronismo hay que diseñarla no con un espejo retrovisor de hace 70 años porque el mundo cambió y las condiciones para crecer también cambiaron. Hay que definir qué política económica queremos, quienes defendemos el equilibrio fiscal y quienes no, quienes creemos en la producción y el rol del Estado y como construir un Estado inteligente”.
El diputado opinó que “cada provincia recaude sus impuestos y se financien solas”. Sobre el conflicto entre el Gobierno y Chubut avizoró: “Esto va a terminar en alguna negociación, hay que cumplir los contratos”.
El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) volvió a opinar respecto del conflicto que mantienen las provincias patagónicas, puntualmente Chubut, con la Nación y planteó que “no exista relación fiscal” para evitar el vínculo “tóxico” que se genera.
En diálogo por Radio 10, el economista analizó que “es un Gobierno que llegó correctamente con un diagnóstico que el anterior dejó plantado en una crisis muy severa y salir de eso nunca es fácil, pero fue muy correcto la presentación que se hizo en sociedad de la crisis heredada y el camino a seguir”.
“Creo que hay luz al final del túnel, no hay duda, pero dolores de parto va a haber porque hay cosas que el Gobierno está dispuesto a enfrentarlos para que el país funcione bien para los argentinos, por ejemplo, el tema fiscal como el conflicto entre Nación y provincias y llevamos 100 años de este problema”, opinó.
Al ser consultado por el conflicto con las provincias, Espert recordó que “la Constitución del 53 establecía un país federal que significa un país con mucha autonomía municipal y de las provincias, no esta relación tóxica entre gobiernos provinciales y municipios y Nación”.
“Hoy estamos con esta enfermedad que las provincias manipulan a la Nación, la cagan cada vez con los préstamos que toman de Nación y Nación manipula con la plata que les manda. Entonces para poder terminar con esto, hay que terminar con el tema coparticipación y que cada provincia recaude sus impuestos y, de esa manera, vamos a tener municipios muy fuertes, provincias menos fuertes y un Estado Nacional chiquito”, planteó.
Sin embargo, el economista señaló que “ahora es todo al revés, tenemos un Estado Nacional más grande que las provincias gastando más, todo eso hay que darlo vuelta y eso empieza por exponer un poco el curro que hay detrás de que no haya autonomía provincial y que siga la relación tóxica porque atrás hay negocios”.
“El problema entre Nación y provincia, si lo miras como función, lo que ocurre es que Nación se dedica a atender jubilados y dar subsidios, es una especie de pasamanos que recauda plata de los activos que están laburando y los impuestos al salario se lo reparte a los jubilados. El Estado Nacional groseramente cobra impuestos al salario y se lo da a los jubilados y da subsidios, la función de las provincias deberían prestar servicios que fueron transferidos como salud, educación básica, seguridad y tienen 2 millones de empleados públicos para eso y no funciona porque todo es un desastre. Tenes un problema serio ahí porque gastan 14 puntos del producto del gasto y no podes cubrir todo, estas jodido, algo malo es”, explayó.
Para el bonaerense “si es necesario hay que gobernar con los gobernadores de culo, porque no puede ser que pretendan que sea un derecho adquirido fumarse en pipa a la Nación, eso está mal es parte de la decadencia”, y expresó: “Es una cosa insólita lo que pasó entre Chubut y Nación, pero hay que ver los contratos que firmó de deuda. Argentina es campeón mundial de pedir plata cuando está en la ruina y las provincias cada tanto hacen lo mismo”.
“No se puede refinanciar otra vez la deuda con Chubut, pero ‘Nacho’ Torres sabía de este problema cuando estuvo en elecciones e hizo campaña con esto”, apuntó y avizoró: “Esto va a terminar en alguna negociación, hay que cumplir los contratos. Para que no ocurran esta relación tóxica que no exista relación fiscal entre Nación y provincia. Que sean federales y se financien solos”.
En la iniciativa propone que se prorroga por un año los vencimientos de capital e intereses de las deudas que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen con el Estado Nacional en el marco del Fondo Fiduciario.
Pese a que la justicia federal falló a favor de la provincia de Chubut en el marco del conflicto que mantiene con Nación por los Fondos que le fueron recortados por deudas pendientes, y mientras desde el Ejecutivo anticiparon que pedirán un per saltum a la Corte, el senador nacional Pablo Blanco (UCR - Tierra del Fuego) presentó un proyecto para poder destrabar el problema y manifestó: “Todos tenemos que poner de nuestro esfuerzo para un futuro mejor. Necesitamos más propuestas superadoras y menos conflictos espurios”.
La iniciativa propone prorrogar por un año los vencimientos de capital e intereses de las deudas que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen con el Estado Nacional en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
Al respecto, señala que la misma regirá a partir de “los vencimientos originales y en las mismas condiciones establecidas en dichos contratos, tanto para la amortización de capital como los servicios de intereses correspondientes”.
En otro artículo, plantea que tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires deben comprometerse a llevar adelante programas de reforma fiscal, financiera, económica o administrativa de los estados provinciales “cuyo principal objetivo consista en la consolidación de la reforma del sector público provincial”, y resalta: “Dichas reformas deberán resultar en la reducción sustancial en términos reales del gasto público primario de las administraciones de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de acompañar el esfuerzo de saneamiento fiscal y ordenamiento macroeconómico llevado adelante por el Gobierno Nacional”.
“Proponemos que los títulos de deuda pública que emitan las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios y comunas queden excluidos de la ley N° 23.928, específicamente en su Art. 7 que dispone que ‘el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley’”, destaca Blanco en su proyecto.
PL - Deuda Fondo Fiduciario Desarrollo Provincial y baja de gasto provincialLa bancada de diputados dirigida por Germán Martínez pidió "lo antes posible" rechazar el DNU 70/23, al tiempo de sancionar leyes consensuadas sobre temáticas que afectan los recursos de las provincias.
A través de un comunicado titulado "Defender a los pueblos de las provincias de la agresión de Javier Milei", el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria realizó este martes un llamado al resto de los bloques de la oposición para ponerle "límites" al presidente desde el Congreso.
En el texto, los legisladores de la bancada que conduce Germán Martínez piden "lo antes posible" rechazar el DNU 70/23 en la Cámara baja, al tiempo de buscar consensos para avanzar con leyes vinculadas a los recursos de las provincias.
Para los integrantes de UP, "es hora de poner en pausa cualquier diferencia política y tomar acciones valientes en defensa del pacto federal que dio origen a nuestra Nación". "El presidente no va a cesar su agresión, a menos que encuentre límites. La sabia división de poderes en la cual se funda toda república sirve para esto: para poner límites cuando uno de los poderes se extralimita", resaltaron.
Los diputados señalaron que "la eliminación por decreto del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires es tan solo un nuevo frente abierto por Javier Milei en su enfrentamiento con las provincias argentinas y sus pueblos".
Mientras que "el recorte de las transferencias a las provincias es dramático. Los recursos para el transporte público van en caída libre. Los fondos nacionales que cofinancian la inversión educativa se recortan sistemáticamente. Todas las provincias argentinas están sufriendo lo mismo, sin importar el color político de sus gobernantes", advirtieron.
Asimismo, sostuvieron que "la retención de la coparticipación federal a la provincia de Chubut el día viernes parecía haber cruzado un límite. Pero este lunes la Casa Rosada avanzó un paso más. El objetivo es explícito: quebrar a las provincias, disolver la Nación".
"Aunque en la Casa Rosada no la quieran ver, la Constitución Nacional existe, las leyes existen y el Presupuesto 2023 (prorrogado para el 2024) existe. Ese es el rol que debemos asumir desde el Congreso ante un atropello autoritario: defender el orden legal, antes de que sea tarde", enfatizaron.
En esa línea, convocaron "al conjunto de los representantes del pueblo en esta Cámara a debatir un acuerdo federal parlamentario en defensa de las provincias y la Nación". "Invitamos a todos los bloques a consensuar una justa distribución de recursos entre los distintos niveles del Estado. Con humildad, aportando desde nuestra verdad relativa, buscando los consensos necesarios, sin buscar protagonismo alguno", continuaron.
Para UP, "en primer lugar, debemos corregir el vicio de origen que permite estos atropellos. El decreto 192/2024 publicado en el Boletín Oficial se funda en la emergencia pública dictada por el DNU 70/2023. El presidente Milei se auto-otorgó hace dos meses facultades extraordinarias para llevarse puesta la Constitución y las leyes por decreto; y se vuelve urgente que ambas Cámaras del Congreso pongan fin a esta situación inadmisible. Debemos rechazar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados lo antes posible".
"En segundo lugar, a partir del 1° de marzo debemos abocarnos a la sanción de leyes construidas con amplias mayorías que tiendan a una distribución equitativa y federal de los recursos nacionales", apuntaron.
Y recordaron que desde el bloque presentaron "propuestas en defensa del Fondo Nacional de Incentivo Docente; la creación del Fondo Federal para el Desarrollo Nacional que redistribuye entre las provincias las retenciones que actualmente cobra el Gobierno nacional; la coparticipación del impuesto PAIS; y la restitución del Fondo Compensador del Transporte del interior del país".
"Reconocemos la existencia de importantes proyectos presentados por otros bloques que apuntan en la misma dirección: defender a los pueblos de las provincias de la agresión unitaria de Javier Milei. Convocamos a todos los espacios políticos con representación parlamentaria a dar este debate, con apertura, con predisposición al diálogo y la búsqueda de consensos", concluyeron.
A pocos días del tratamiento del proyecto de ley Bases en el recinto de la Cámara baja, varios mandatarios provinciales sostuvieron que “se sienten amenazados” por el Gobierno Nacional.
La frase “los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos” que salió de Casa Rosada agravó aun más las negociaciones del oficialismo con las provincias respecto al avance del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la cual pretende ser aprobada por La Libertad Avanza, a partir de este martes en el recinto de la Cámara de Diputados.
Este viernes, el exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, fue despedido del Gabinete nacional por decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, por atribuirle la filtración de una reunión en la que el Gobierno despachó la frase contra los mandatarios provinciales.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue uno de los primeros en salir a responder la filtración: "Si más apretás, más se endurece. En la Argentina no estamos en tiempos de chicanas y aprietes, sino de diálogo y de buscar consensos con el Gobierno nacional”.
"Así, en vez de lograr el acompañamiento de algunos gobernadores, lo que hace (el Gobierno) es espantar más. El camino es el diálogo sincero”, agregó el gobernador de Tierra del Fuego, quien sostuvo que “si el Gobierno nacional busca llevar a cabo un recorte de fondos a las provincias, encontrará una oposición más férrea de los legisladores en el tratamiento del proyecto de ley”.
De la misma manera, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue más allá y aseveró: "Saquen de su cabeza vernos de rodillas, dejen de amenazar y convoquen al diálogo”. “Dejen de apretar y busquen acuerdos grandes para avanzar como sociedad. Dejen de lado la confrontación y busquen consensos”, exhortó Weretilneck.
Molesto con la filtración, el exsenador rionegrino disparó que “recibir este tipo de agravios del Gobierno central es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete porque vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas”.
Además, advirtió que las provincias garantizan “servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación”, y advirtió que es “una falacia decir que las provincias somos responsables del déficit fiscal de la Argentina”.
Nuestra República se formó por la unión federativa de las provincias. El federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina.
Los gobiernos provinciales garantizamos servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación. Es una falacia…
— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) January 25, 2024
Pedro Pesatti, vicegobernador rionegrino, agregó que Milei “está llevando a la Argentina a los extremos y un presidente debe buscar un diálogo entre Nación y las provincias”. El funcionario planteó que “esta actitud amenazante esconde un desconocimiento brutal de la Argentina”.
También, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, consideró que le genera "angustia" que el Gobierno nacional pretenda "quebrar" la decisión de los mandatarios provinciales de no acompañar los artículos de la ley ómnibus vinculados al ámbito fiscal.
Las respuestas de los gobernadores no son dirigidas solamente a Milei, sino que también van contra los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien advirtió sobre el ajuste en las partidas presupuestarias que se realizaría de no avanzar el megaproyecto en el Congreso.
“Nos habla a nosotros porque fuimos el principal gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia de Santa Fe y son las retenciones a las exportaciones agropecuarias y los gravámenes a las exportaciones industriales”, envalentonó el mandatario santafesino.
También, Pullaro, advirtió al Gobierno: "Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria”.
Así las cosas, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio expresó que busca “colaborar con un Gobierno nacional muy débil, que no tiene mandatarios y muy pocos diputados y senadores”, y afirmó que ese espacio apoyará medidas que permitan “gestionar y generar gobernabilidad”, pero no respaldarán las iniciativas que “atenten contra las fuentes de trabajo”.
"Si apoyamos es porque creemos que ese es el camino. Entendemos que cada provincia tiene que hacer esfuerzos y manejarse de manera austera para encontrar un equilibrio, independientemente de las presiones que podamos recibir”, señaló el gobernador.
En esa línea -respecto a “dar gobernabilidad”-, están los gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza); Gustavo Valdés (Corrientes); Ignacio Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy); Leandro Zdero (Chaco); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Mientras tanto, los dictámenes del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos esperan para ser tratados, en principio, desde el martes en el recinto de la Cámara de Diputados.
Durante el fin de semana, el Gobierno deberá acercarse a las partes si quiere lograr los números necesarios para lograr la media sanción.
Ambos bloques afirmaron que tienen el “compromiso de otorgar gobernabilidad y herramientas” al Gobierno, pero que van a defender “a los jubilados, a los sectores productivos y a los intereses de las provincias”.
Desde los bloques Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, presididos por Miguel Ángel Pichetto y Pamela Calletti respectivamente, emitieron un comunicado en el que anticiparon qué medidas no acompañarán de la ley ómnibus de cara a su tratamiento en el recinto.
“Tenemos el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis”, afirmaron, pero remarcaron que “no estamos dispuestos a hacerlo sin marcar diferencias y defender nuestras convicciones, ya que también nuestros votantes nos han otorgado un mandato que vamos a respetar”.
En ese sentido, plantearon: “No vamos a acompañar aquellas medidas que consideramos perjudican a los jubilados, que necesitan ya mismo una recomposición mensual para no perder frente a la inflación, ni las que dañan a los sectores de la producción, que no soportan más aumentos de impuestos, sino por el contrario precisan incentivos para desarrollarse y generar empleo genuino. Y defenderemos a la cultura y a nuestros recursos naturales”.
“Creemos en un país federal, por eso tampoco podemos convalidar que se perjudique a las provincias y a sus economías para terminar sosteniendo al Estado nacional con el esfuerzo del interior”, agregaron.
Así, adelantaron que “con ese espíritu llegaremos al debate en el recinto, que por otra parte pretendemos que sea de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”.
Cabe recordar que del bloque HCF firmaron el dictamen de mayoría cuatro de sus miembros y de IF 3.
A través de un comunicado, un grupo de gobernadores de UP y la UCR ratificaron “la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”. También, propusieron participar en los debates legislativos.
Los gobernadores provinciales Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfrán (Formosa) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se reunieron este miércoles para fijar una postura en desacuerdo respecto a las políticas del presidente Javier Milei respecto a los hidrocarburos.
En la reunión, la junta de gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) analizaron el proyecto de Ley de Bases y Puntso de Partida par ala Libertad de los Argentina, que propone modificaciones sobre las producciones provinciales. En una declaración conjunta, ratificaron su "compromiso con la defensa del dominio originario sobre los recursos hidrocarburíferos en sus territorios y las facultades de administración asociadas”.
Además, señalaron la importancia de buscar un marco jurídico que "proporcione previsibilidad y fomente la generación de empleo, la actividad económica y el valor agregado en cada provincia”. También, exigieron generar un “ámbito deliberativo para analizar en profundidad las modificaciones propuestas en la iniciativa”.
En el comunicado, ratificaron “la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”.
Del mismo modo, agregaron que “rechazan todos aquellos artículos que impliquen o puedan interpretarse como un menoscabo o limitación a las facultades de administración de las provincias hidrocarburíferas”.
También, exigieron “el dominio originario sobre nuestros recursos naturales, consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional y la Ley 26.197”. “No solo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad”, indicaron.
Los mandatarios provinciales señalaron que “el objetivo de maximizar el beneficio tanto de las jurisdicciones que detentamos el dominio originario de los recursos naturales como de los inversores que buscan generar actividad, empleo y producción en el sector”.
“Manifestamos nuestro total desacuerdo con la derogación propuesta del artículo 32 de la Ley 17.319, toda vez que el mismo constituye una herramienta fundamental de las autoridades de aplicación de las provincias”, explicaron.
Asimismo, reiteraron que las provincias podrían hacerse cargo de las explotaciones petroleras consideradas “no estratégicas”.
En tal sentido, explicaron que en “aquellas áreas maduras de explotación convencional que no sean de interés estratégico” se deberán “arbitrar los procesos de cesión y/o reversión de las mismas hacia las provincias”.
Por último, los gobernadores señalaron que están dispuestos a “participar en los ámbitos legislativos pertinentes para realizar todos los aportes necesarios”, y cerraron que elevarán una “propuesta de texto normativo para su consideración”.
El resultado de las PASO hace presagiar un cuerpo donde todos los bloques estarán lejos del quórum propio. Todo deberá consensuarse si se quiere hacer andar el Parlamento. Cómo quedaría cada bancada.
Si en las elecciones generales de octubre se repitieran los resultados registrados en las PASO, ninguna fuerza tendría mayoría en la próxima Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio pasaría a ser la primera minoría, pero más lejos que en la actualidad del número clave de 129.
Durante toda la campaña se insistió en la necesidad/posibilidad de llegar a un bloque en el que la actual principal oposición superara largamente el número que le permitiría tener quórum propio, de modo tal de “hacer las reformas que hay que hacer”. Desde este espacio siempre dijimos que eso era harto difícil, y el resultado de las PASO dejó tal cosa aún más lejana.
Juntos por el Cambio tiene en la actualidad 116 miembros y expone 55. Si lo del domingo 13 de agosto anticipa lo que vendrá, estaría sumando 44 bancas, con lo que llegaría a 105 diputados propios. A 24 del quórum.
Peor, obviamente, le va al actual oficialismo. Con 118 comprobó el Frente de Todos que le resulta harto difícil sesionar, y se sabía que lo que viene sería aun más difícil, pues expone mucho, a raíz de que en 2019 ganó por amplio margen. 68 son los diputados que arriesga y apenas conseguiría 41, con lo que su bancada se reduciría a menos de un centenar: 91 diputados.
El crecimiento exponencial sería el de La Libertad Avanza, que actualmente tiene 2 miembros, que son precisamente los integrantes de la fórmula presidencial del espacio: Javier Milei y Victoria Villarruel. Si se repitieran los resultados de las PASO, ganarían 39 bancas -cuatro más que las que el propio Milei pronosticó exultante en su discurso victorioso del domingo 13-, con lo que llegarían a 41. Muchísimo, pues los consiguen en una sola elección, pero muy lejos de la gobernabilidad para el caso de que eventualmente llegaran a la presidencia.
42, si sumáramos a Carolina Piparo, candidata a gobernadora bonaerense de ese espacio, que se acercó a Milei desde que se alejó de José Luis Espert, mas como nunca se integró al libertario formalmente, la mantenemos de momento al margen.
Los bloques del medio -o no tanto, pues ahí tenemos a la izquierda y a Espert, por ejemplo, al que también podría sumárselo a JxC- tiene 21 diputados y arriesga 7, pero conseguiría 6, con lo que pasaría a tener una veintena de diputados.
De replicarse los resultados de las PASO en las generales de octubre, el reparto de bancas en Diputados por la provincia de Buenos Aires quedaría en 14 para Unión por la Patria, que perdería 5, ya que pone en juego 19; y en 12 para Juntos por el Cambio, que bajaría 2, ya que expone 14. La Libertad Avanza podría obtener 9 escaños.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 19 | 14 |
| Juntos por el Cambio: | 14 | 12 |
| Identidad Bonaerense: | 2 | |
| La Libertad Avanza | 0 | 9 |
| Total: | 35 | 35 |
CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio mantiene su supremacía, mas si bien logró en estas PASO una amplia victoria -siempre y cuando sumemos los porcentajes de ambas listas competidoras-, perdería uno de los ocho escaños que arriesga. Unión por la Patria arriesga 4 bancas y retendría 3. La Libertad Avanza, que ya en la elección de 2021 había conseguido dos lugares, ahora tendría otros dos más.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 4 | 3 |
| Juntos por el Cambio: | 8 | 7 |
| La Libertad Avanza: | 2 | |
| Total: | 12 | 12 |
CATAMARCA
La amplia victoria del oficialismo local le permitiría quedarse con las dos bancas en disputa. Acá, el fenómeno libertario no apareció en esta elección.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 1 | 2 |
| Juntos por el Cambio: | 1 | |
| Total: | 2 |
CHACO
Eufórico, Jorge Capitanich celebró este domingo como una victoria propia y pensando en su reelección, el resultado de las PASO. Con todo, no hizo diferencia; de hecho, perdería una banca a manos de La Libertad Avanza.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
| La Libertad Avanza | 1 | |
| Total: | 3 | 3 |
CHUBUT
A partir de los resultados de las PASO, La Libertad Avanza también le arrebataría un diputado al actual oficialismo en el caso de Chubut. Las tres bancas que se renuevan, que hoy están en manos del Frente de Todos (2) y Juntos por el Cambio (1), quedarían repartidas entre LLA, JxC y UP.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
| La Libertad Avanza: | 1 | |
| Total: | 3 | 3 |
CÓRDOBA
En Córdoba influyeron dos factores para reducir la cosecha habitualmente amplia de JxC. La presencia de Juan Schiaretti como candidato nacional, y la irrupción de los libertarios. Así, de los 6 diputados que arriesga Juntos por el Cambio se quedarían con la mitad. La Libertad Avanza se quedaría con otros 3, lo mismo que Córdoba Federal, que sumaría entonces dos diputados más. A expensas de Unión por la Patria, que arriesga dos lugares y no retendría a ninguno.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | |
| Juntos por el Cambio: | 6 | 3 |
| Córdoba Federal: | 1 | 3 |
| La Libertad Avanza: | 3 | |
| Total: | 9 | 9 |
CORRIENTES
En este distrito gobernado por un radical, ganaría Juntos por el Cambio y retendría a sus dos diputados. El que perdería uno es UP, a manos de LLA.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio: | 2 | 2 |
| La Libertad Avanza: | 1 | |
| Total: | 4 | 4 |
ENTRE RÍOS
En esta elección la sumatoria de las fórmulas presidenciales de JxC le ganó por 3 puntos a las de UP, pero a nivel diputados, la presencia del gobernador Gustavo Bordet al frente de la lista hizo que aventajaran a JxC. Así, si se repitiera el 22 de octubre el resultado de este domingo, UP retendrá a los dos diputados que arriesga; JxC perdería uno y la Libertad Avanza estaría festejando.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | 2 |
| Juntos por el Cambio: | 2 | 1 |
| La Libertad Avanza | 1 | |
| Total: | 4 | 4 |
FORMOSA
En Formosa UP mantuvo la normalidad de ganar la elección, pero JxC esta vez se vio superado en el escrutinio para diputados. A manos de LLA, claro.
| Bloque | Tendría | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | 2 |
| Juntos por el Cambio: | 1 | |
| La Libertad Avanza: | 1 | |
| Total: | 3 | 3 |
JUJUY
En Jujuy, al oficialista JxC le apareció Milei, que lo venció en la elección se quedaría con dos escaños. JxC retendría el que arriesga y Unión por la Patria cedería los dos que expone.
| Bloque | Expone | Tendría |
| Unión por la Patria: | 2 | |
| Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
| La Libertad Avanza: | 2 | |
| Total: | 3 | 3 |
LA PAMPA
En La Pampa harían tablas UP y JxC.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 1 | 1 |
| Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
| Total: | 2 | 2 |
LA RIOJA
En La Rioja venía cebado el oficialismo, pero en esta elección hubo tal paridad a nivel legislativo, que UP, JxC y LLA se quedarían con las tres diputaciones que se juegan en octubre.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio: | 1 | |
| SER: | 1 | |
| La Libertad Avanza: | 1 | |
| Total: | 3 | 3 |
MENDOZA
En Mendoza sorprendió Juntos por el Cambio cediendo dos de sus tres escaños. Unión por la Patria también perdería un lugar, y todos se los llevaría el partido de Javier Milei.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio | 3 | 1 |
| La Libertad Avanza | 3 | |
| Total: | 5 | 5 |
MISIONES
El acuerdo entre Unión por la Patria y el Frente Renovador de la Concordia sirvió para que este partido mantuviera sus dos lugares en el Senado, pero no alcanzó para que retuvieran las dos bancas que exponía. El gobernante Frente Renovador de la Concordia sumaría dos diputados (ganaría uno) y Juntos por el Cambio se alzaría con dos.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | |
| Juntos por el Cambio | 1 | 2 |
| Fte. Renov. Concordia | 1 | 2 |
| 4 | 4 |
NEUQUÉN
En esta provincia patagónica el perdidoso sería UP, a expensa de La Libertad Avanza.
| Bloque | Expone | Ganancia |
| Unión por la Patria: | 1 | |
| Juntos por el Cambio | 1 | 1 |
| La Libertad Avanza: | 1 | |
| Total: | 2 | 2 |
RÍO NEGRO
Con la victoria de La Libertad Avanza en Río Negro, el oficialismo local se quedaría sin una banca que mantiene en la actualidad, y el Frente de Todos perdería una. Quedarían repartidas las tres que se renuevan en una para LLA, otra para UP y la restante para Juntos por el Cambio.
| Bloque | Expone | Ganancia |
| Unión por la Patria: | 2 | 1 |
| Juntos Somos Río Negro: | 1 | |
| Juntos por el Cambio: | 1 | |
| La Libertad Avanza: | 1 | |
| Total: | 3 | 3 |
SALTA
En Salta La Libertad Avanza se quedaría con la mitad de las cuatro bancas que se exponen. Las dos restantes serían para UP y JxC.
| Bloque | Expone | Ganancia |
| Unión por la Patria: | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio: | 2 | 1 |
| La Libertad Avanza: | 2 | |
| Total: | 4 | 4 |
SAN JUAN
En la provincia que el peronismo acaba de perder a manos de JxC, llegó el efecto Milei, y se quedan con una banca. Igual, el peronismo ganaría y retendría los dos lugares que expone.
| Bloque | Expone | Ganancia |
| Unión por la Patria: | 2 | 2 |
| Juntos por el Cambio: | 1 | |
| La Libertad Avanza: | 1 | |
| Total: | 3 | 3 |
SAN LUIS
San Luis es otro de los distritos donde LLA hizo pie, conjuntamente con JxC. Entre ambos, se repartieron los lugares en la Cámara.
| Bloque | Expone | Ganancia |
| Unión por la Patria: | 1 | |
| Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
| La Libertad Avanza: | 1 | |
| Total: | 2 | 2 |
SANTA CRUZ
En esta provincia donde se elegía gobernador este fin de semana, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio repartirían los dos lugares en disputa.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio: | 1 | |
| Total: | 2 | 2 |
SANTA FE
En Santa Fe Juntos por el Cambio retendría 4 de los 5 escaños en juego; UP solo mantendría dos diputados, perdiendo otros tanto, y La Libertad Avanza se quedaría con las 4 bancas que quedan.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 4 | 2 |
| Juntos por el Cambio: | 5 | 4 |
| Socialista: | 1 | |
| La Libertad Avanza: | 4 | |
| Total: | 10 | 10 |
SANTIAGO DEL ESTERO
Acostumbrados a quedarse con todo, esta vez las huestes del gobernador Zamora no pudieron retener las cuatro bancas que exponía. Lo hizo con 3 y la restante fue para La Libertad Avanza.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 4 | 3 |
| La Libertad Avanza: | 1 | |
| Total: | 4 | 4 |
TIERRA DEL FUEGO
El cimbronazo de Javier Milei llegó hasta “el fin del mundo” y, en Tierra del Fuego, su buen performance le permitiría obtener una banca, que perdería el actual Frente de Todos. Los tres escaños que deben definirse en octubre quedarían repartidos entre LLA, UP y JxC.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio: | 1 | 1 |
| La Libertad Avanza | 1 | |
| Total: | 3 | 3 |
TUCUMÁN
En Tucumán, hay cinco bancas en juego y UP retendría dos, perdiendo una. Lo mismo JxC, que expone dos y se le iría una y en ambos casos el lugar sería ocupado por La Libertad Avanza.
| Bloque | Expone | Ganaría |
| Unión por la Patria: | 3 | 2 |
| Juntos por el Cambio: | 2 | 1 |
| La Libertad Avanza: | 2 | |
| Total: | 5 | 5 |
Diputados y senadores de todos los partidos serán actores centrales de las elecciones 2023. Todos los nombres y fechas electorales.
Numerosos diputados y senadores se anotan para participar este año a lo largo del dilatado calendario electoral. Muchos van por las gobernaciones, pero hay también interesados en la presidencia de la Nación.
En este último caso tenemos a María Eugenia Vidal y Facundo Manes por Juntos por el Cambio; Javier Milei por La Libertad Avanza; José Luis Espert probablemente también por JxC, y por la izquierda a Myriam Bregman y Alejandro Vilca como la fórmula del PTS, y a Romina del Plá secundando al legislador porteño Gabriel Solano por el Partido Obrero. Pero falta bastante para el cierre de listas, así que habrá que esperar.
Vayamos a los precandidatos y candidatos oficializados y comencemos por las elecciones más inminentes, las de Neuquén el próximo domingo 16 de abril.
Allí habrá dos candidatos para la gobernación. El diputado nacional Rolando Figueroa, quien rompió con el Movimiento Popular Neuquino y lanzó su propio partido, Comunidad, que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri, que para no hacer lío también respalda a los candidatos de Juntos por el Cambio.
Y precisamente la lista de JxC está encabezada por el diputado nacional de Evolución Radical Pablo Cervi, quien está secundado por el empresario Jorge Taylor.
Ese mismo domingo habrá elecciones en Río Negro, otra de las provincias gobernadas por partidos provinciales. Precisamente por el oficialismo provincial se presenta el senador nacional de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck, quien va por otro mandato como gobernador, secundado por Pedro Pesatti.
Juntos por el Cambio presenta la candidatura del diputado del Pro Aníbal Tortoriello, quien encabeza la lista Cambia Río Negro, junto a Juan Pablo Álvarez Guerrero. No cuenta con el apoyo de la UCR.
El 7 de mayo será el primer superdomingo, pues habrá tres elecciones provinciales. Por orden alfabético comencemos por Jujuy, que vota también una reforma constitucional.
Allí la diputada nacional del Frente de Todos Carolina Moisés es candidata a vicegobernadora de Rubén Rivarola, por el Frente Justicialista.
La izquierda lleva al diputado Alejandro Vilca como candidato a gobernador, secundado por Betina Rivero.
También está anotado Guillermo Snopek para la gobernación por el Frente Unidad por Jujuy. Sin embargo fue impugnado por el Tribunal Electoral provincial, que hizo lugar a la solicitud presentada por los apoderados del Frete Justicialista. Según la denuncia, Snopek incumple los requisitos, por cuanto estaría incumpliendo el artículo 127 de la Constitución provincial, que establece que no podrán ser habilitados como candidatos a gobernador “familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del actual gobernador o vice”. La restricción alcanza a Snopek por ser cuñado de Gerardo Morales, casado con su hermana Tulia. El tema es que Snopek está muy enfrentado tanto con el gobernador radical como con su hermana.
En esta provincia el senador nacional Mario Fiad compite para diputado provincial.
En La Rioja, el gobernador peronista Ricardo Quintela busca la reelección acompañado por la diputada provincial Teresita Madera, mientras que Juntos por el Cambio inscribió al diputado nacional Felipe Álvarez junto al radical Guillermo Galván, quien es actualmente viceintendente de la capital provincial.
Misiones es la tercera provincia que elige autoridades el 7 de mayo, y allí el único legislador nacional que se presenta es el diputado radical Martín Arjol, por Juntos por el Cambio. Lo secunda Natalia Dörper.
Una semana más tarde, el 14, se vota en cinco provincias. En Salta compiten por Juntos por el Cambio y tras un trabajoso acuerdo la fórmula encabezada por el radical Miguel Nanni y la diputada nacional del Pro Virginia Cornejo.
Por el frente Avancemos, que armaron el olmedismo, independientes y kirchneristas, se postulan el diputado nacional kirchnerista Emiliano Estrada y el diputado nacional de Ahora Patria, integrante en el Congreso de Juntos por el Cambio, Carlos Zapata.
En San Juan hay ley de lemas y allí el diputado nacional y exgobernador José Luis Gioja competirá con el gobernador Sergio Uñac dentro del oficialismo provincial.
Por Unidos por San Juan competirá el diputado nacional Manuel Orrego, encabezando la lista que comparte con Fabián Martín. La diputada Susana Laciar será candidata a intendenta de la capital provincial.
En Tierra del Fuego hay dispersión de candidatos y Juntos por el Cambio se rompió, pues el diputado del Pro Héctor “Tito” Stefani no arregló y le intervinieron el partido. Igual competirá en fórmula con Paulino Rossi.
Juntos por el Cambio presenta al senador nacional radical Pablo Blanco, que lleva como vice al diputado nacional del Pro Federico Frigerio.
Allí el Partido Justicialista y Concertación Forja postulan la reelección de Gustavo Melella como gobernador.
El peronismo también tiene sus diferencias, expresadas a través de la diputada nacional Rosana Bertone, que formó su propia alianza, llamada Unidad Fueguina, que nuclea al Partido del Trabajo y la Equidad, Encuentro Popular y Crecer Fueguino.
La cuarta elección de ese domingo 14 de mayo es en Tucumán, donde tras arduas negociaciones, UCR y Pro alcanzaron un acuerdo por el cual el diputado nacional Roberto Sánchez será candidato a gobernador, secundado por el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. Para reemplazar a Alfaro se postula su esposa, la senadora nacional Beatriz Avila.
El senador nacional Pablo Yedlin competirá como candidato a legislador por San Miguel de Tucumán.
La cuarta elección es la que se disputará en La Pampa, provincia que abrió el calendario electoral el 12 de febrero pasado, con la interna en la que el radical Martín Berhongaray venció al diputado nacional del Pro Martín Maquieyra. Así las cosas, el diuptado nacional de Evolución Radical se las verá con el gobernador Sergio Ziliotto, quien lleva como candidata a vicegobernadora a Alicia Mayoral.
Llegamos a junio, mes en el que habrá dos elecciones. El 11, en la provincia de San Luis, donde fue restituida la Ley de Lemas.
El gobernador Alberto Rodríguez Saá ya no tiene reelección y la fórmula oficialista de Unión por San Luis estará formada por el exjuez del Superior Tribunal de Justicia provincial Jorge Omar “Gato” Fernández y la senadora nacional María Eugenia Catalfamo. Ese es uno de los 147 sublemas que tiene el oficialismo provincial.
Del otro lado de la vereda está Cambia San Luis, que inscribió 39 sublemas. Allí el candidato apoyado por Juntos por el Cambio se el diputado nacional Claudio Poggi, y en este espacio anotó un sublema el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá.
El 25 de junio se vota en Córdoba y en representación de Juntos por el Cambio competirá para gobernador el senador nacional Luis Juez. Podría ser su vice el diputado nacional Rodrigo de Loredo, titular del bloque Evolución Radical, quien también podría ser candidato a intendente de la capital provincial. Se verá.
Otra provincia que por ley tiene que tener elecciones desdobladas respecto de las nacionales es Santa Fe, que vota el 10 de septiembre. Pero antes tendrán primarias el 16 de julio. Una legisladora que podría ser candidata por JxC es la senadora radical Carolina Losada.
En chaco se vota el 24 de septiembre y allí es precandidato a gobernador el diputado nacional radical Juan Carlos Polini.
En Mendoza las elecciones son el 24 de septiembre, pero las primarias serán el 11 de junio. Allí Cambia Mendoza, la etiqueta que apoya JxC, se rompió y por el oficialismo provincial irá como candidato el senador nacional Alfredo Cornejo, mientras que el diputado del Pro Omar De Marchi lo enfrentará ya no en la interna, sino en las generales.
La última provincia que desdobla es Entre Ríos, que tiene primarias el 30 de julio y las generales el 24 de septiembre. Allí será candidato el ganador de las elecciones de 2021 en esa provincia, el diputado nacional del Pro Rogelio Frigerio, mientras que por el oficialismo ya se anotó el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto.
Dentro de Juntos por el Cambio se podría repetir lo sucedido en 2021, cuando en la interna también compitió Pedro Galimberti, actual diputado nacional. En estas elecciones Frigerio y Galimberti serían precandidatos.
Los distritos donde las elecciones se harían el mismo día que la elección presidencial son Buenos Aires, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires y Chubut, mientras que Santa Cruz y Formosa aún no eligieron fecha.
Recordemos que Corrientes y Santiago del Estero no eligen gobernador este año. Las legislativas en Corrientes se hacen el 11 de junio.
En Buenos Aires podrían competir en las PASO de agosto los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo dentro de JxC, donde también podría participar José Luis Espert.
En CABA, en Juntos por el Cambio ya está anotado el senador nacional Martín Lousteau, por el radicalismo, y suena fuerte en el oficialismo para competir por la Jefatura de Gobierno el diputado nacional Leandro Santoro.
En Chubut, competirá para la gobernación el senador nacional Ignacio “Nacho” Torres, gran ganador por el Pro en las elecciones intermedias de 2021 en esa provincia.
El titular de la Cámara baja salió así al cruce de los cuestionamientos de la oposición que despertó su mensaje del domingo. “Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto”, expresó.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, planteó el fin de semana las “consecuencias y el perjuicio” del rechazo al Presupuesto 2022 que sufrirán fundamentalmente las provincias. En ese sentido y basándose en un informe que acompañó con el comunicado emitido este domingo advirtió que “por la reducción de fondos coparticipables” las provincias perderían en total más de $180.000 millones. Monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las Ganancias de $104.254 millones a nivel nacional.
El mensaje del titular del Cuerpo despertó la reacción de la oposición, cuyos miembros consideraron una “amenaza” a los gobernadores. “Fue el oficialismo quien elaboró un proyecto invotable y despreció todas las instancias de diálogo que le ofrecimos para corregirlo”, expresó Mario Negri, en tanto que desde el bloque Córdoba Federal vieron el comentario de Massa como “una actitud de advertencia con tono de amenaza para con todos los argentinos”.
Todo lo cual llevó a Sergio Massa a redoblar su planteo: “Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto -expresó este lunes-. Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al presupuesto”.
Informe_Diputados_Tras la difusión del informe al que se había referido el domingo, el titular de la Cámara baja aclaró que “no lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional”.
Difundió este domingo un informe donde informa la situación fiscal de las provincias a partir de lo sucedido el viernes con la Ley de Leyes.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó las consecuencias y el perjuicio para las provincias que generará el rechazo del Presupuesto 2022.
El informe describe cómo el rechazo efectuado al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022, provocará efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios. Esta situación llevaría a muchas provincias y legislaturas municipales a tener que revisar sus presupuestos para adecuar los recursos coparticipables que reciben cada mes.
En principio, se prevé que, por la reducción de fondos coparticipables, perderían en total más de $ 180 mil millones, monto que incluye una disminución de la recaudación por bienes personales de $76.312 millones y del impuesto a las ganancias de $ 104.254 millones a nivel nacional.
Al respecto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, compartió el informe técnico y expresó: "Como presidente de Diputados y ante el rechazo por parte de la oposición del Presupuesto General de la Nación, es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias".
"Son ellos y ellas quienes deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos por la caída de recursos para cada provincia. Comparto el Informe General y el lunes enviaré a cada gobernador de manera individual el informe para que tomen la decisión correspondiente", continuó.
Y Massa concluyó: "A partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, entiendo que el Presidente deberá convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos sobre los convenios de inversión pública que se puedan llevar adelante en cada provincia".
El segundo efecto negativo a nivel tributario: la reducción de la recaudación en el impuesto a las ganancias porque se comenzará a aplicar de manera “plena” el ajuste por inflación impositivo.
El informe señala que el primer efecto negativo se verificará de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $246.000 millones.
En diciembre de 2019, la mayoría oficialista en el Congreso sancionó la ley de emergencia delegando en el Ejecutivo la potestad de aumentar hasta 100 % y hasta por dos ejercicios (2019 y 2020) las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Para la escala superior, de patrimonios personales superiores a $ 18 millones, la alícuota se elevó de 1,25% a 2,25 por ciento.
El proyecto de presupuesto contemplaba la prórroga de esta facultad delegada. Como el proyecto fue rechazado, la tasa máxima del impuesto será del 1,25% para el período fiscal 2021. Esto tendrá un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $76.312 millones no se girarán durante el 2022 a las provincias y CABA por esta menor recaudación.
Asimismo, el segundo impacto negativo a nivel tributario será la reducción de la recaudación en el impuesto a las ganancias dado que se comenzará a aplicar de manera “plena” el ajuste por inflación impositivo. Esto impactará en un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $104.254 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación.
En el dictamen de comisión también se había incluido una planilla con plan plurianual de obras a ejecutar desde 2022 en adelante por más de $ 902.685 millones.
Además, como la ley de presupuesto nacional rechazada en el Congreso incluía una suba extra al “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País”, de $27.000 millones a $46.000 millones, muchas provincias perderían cerca de $ 19.000 millones extras de subsidios al transporte.
Por otro lado, las provincias perderán también otros beneficios previstos en el proyecto, entre los que se destacan: la posibilidad de establecer Áreas Aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes (esto genera una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta); el Plan plurianual de obras por un monto de $902.685 millones; el régimen de refinanciación de deudas con Cammesa (que afecta directamente a las provincias de Chubut, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Misiones, La Rioja, Córdoba y Neuquén; y AMBA); y el cumplimiento de pago para los juicios ganados por las Provincias de Santa Fe y La Pampa.
Del mismo modo, los sistemas de salud provinciales tampoco podrán acceder a un beneficio importante como la devolución de IVA; así como muchas empresas y organismos estratégicos para el país, no lograrán contar con beneficios fiscales, tales los casos de INVAP (Rio Negro), y IMPSA y Salto Grande (Entre Ríos), entre otros.
Informe_Diputados_Primer paso en la Cámara alta para el proyecto de ley marco regulatorio del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. El viernes 2 continúa la reunión informativa. El lunes 5 habría dictamen. El ministro Matías Kulfas tuvo una reunión por videoconferencia tranquila.
El proyecto de ley que establece la regulación de producción, industrialización y comercialización del cannabis, semillas y derivados para uso industrial y/o medicinal inició su camino en el Senado con una exposición del ministro de Desarrollo de la Producción, Matías Kulfas, quien se llevó el reclamo de algunos senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio para que incluyan en el directorio del nuevo organismo a representantes de las provincias.
En el plenario de comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta realizado este miércoles se cerró la grieta entre el oficialismo y la oposición bajo un mismo interés: más federalismo.
Luego de la presentación de la iniciativa por parte de Kulfas, a la hora de las consultas, la primera en abrir el fuego fue la senadora por San Juan Cristina del Carmén López Valverde (FdT), quien manifestó: “Quisiera saber si de haber varias provincias, como San Juan, que ya tienen sus propias agencias regulatorias, no se podría cambiar la figura de esta agencia por una federación o si no se les podría dar cierta autonomía”.
En el mismo sentido, el senador jujeño Mario Fiad (JxC) remarcó: “Coincido plenamente con la posibilidad de poder federalizar la producción y la participación de las provincias en el directorio o consejo consultivo, para que no se vulnere la potencialidad y la posibilidad que tiene cada provincia”.
Por su parte, la senadora por San Luis María Eugenia Catalfamo (FdT) afirmó: “Nosotros consideramos que es importante la incorporación de los gobernadores y gobernadoras a la autoridad de aplicación, quizás creando un Consejo Federal que permita la participación de las provincias”.
También la senadora jujeña Silvia Giacoppo (JxC) planteó: “No queda claro qué va a pasar con los proyectos que ya están funcionando y ya poseen todas las autorizaciones del ministerio de Seguridad y de la ANMAT”.
Al respecto, Kulfas respondió: “Este proyecto de ley para la producción, industrialización y comercialización del cannabis fue presentado en Consejo Económico y Social y, efectivamente, allí estuvieron gobernadores y distintos sectores para compatibilizar algunas ideas en él".
"Los proyectos ya en curso en distintas provincias, que son muy valorables, como es el de Jujuy, no podrían avanzar mucho más bajo la legislación actual. Por eso es clave que tengamos esta nueva regulación para el cannabis lo antes posible", advirtió el titular de la cartera de Producción.
Otro tema consultado por la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri fue el límite de THC en el proyecto.
Kulfas respondió que “la recomendación es que esas definiciones estén precisadas en la reglamentación. Permanentemente hay cambios y miradas regulatorias que plantean modificaciones, sería complicado recurrir al Congreso ante esas modificaciones", aclaró.
Sobre el porcentaje de producción destinado a cooperativas y pymes, la legisladora de Río Negro Silvina García Larraburu (FdT) estimó que “sería importante establecer en la normativa, cuál sería el porcentaje de producción destinado a cooperativas, pymes, empresas, instituciones y organizaciones, de manera que podamos prever y evitar la posible monopolización de la actividad”.
En tanto, Kulfas respondió: "Nuestro planteo, ya en el espíritu de la ley, es que haya prioridad para pymes, cooperativas y microemprendimientos, que la del cannabis sea una industria que nazca desconcentrada”.
Al inicio de la exposición, el ministro de Desarrollo Productivo explicó que el Gobierno ha “buscado en este proyecto contemplar una multiplicidad de voces y esperamos poder profundizar el debate en el Congreso para tener una ley que nos permita desarrollar la industria del cannabis para uso medicinal y el cáñamo para uso industrial".
En el cierre, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, Adolfo Rodríguez Saá, anunció que este viernes continúa el tratamiento de este proyecto de ley con la asistencia de varios expositores y el lunes se firmaría dictamen.
Fue en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Juntos por el Cambio rechazó la ratificación del acuerdo a pesar de que fue firmado por los gobernadores de esa alianza. Un diputado de Morales, la única excepción.
El proyecto de ley que ratifica el Consenso Fiscal 2020, firmado entre el Gobierno nacional y 21 de las 24 provincias, obtuvo dictamen favorable este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El dictamen recibió 26 firmas y quedó en condiciones de ser votado en el recinto en la próxima sesión, que aun no tiene fecha confirmada.
Con 18 firmas, el grueso de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto a pesar de que los gobernadores de esa alianza (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez) adhirieron al pacto.
Pero hubo una excepción, la del radical jujeño Jorge “Colo” Rizotti, quien anunció que votará a favor del proyecto en función del acompañamiento de Morales. “Nos pone a las provincias en condiciones de aumentar las alícuotas de Ingresos Brutos. En Jujuy seguimos por debajo de algunas provincias”, argumentó.
El vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro) fue el encargado de fundamentar el rechazo de la mayoría de su interbloque.
“Nuestra posición como interbloque es la de rechazar la aprobación del pacto. Entendemos las necesidades de muchas provincias en el marco de la pandemia, pero por una cuestión de coherencia debemos rechazar la aprobación de este nuevo Consenso Fiscal, que pone en suspenso, o elimina, o retrotrae muchos de los avances logrados en 2017”, aseguró.
Laspina recordó que aquel acuerdo “se firmó bajo un ánimo muy positivo, que era la reducción gradual y paulatina de impuestos regresivos como Ingresos Brutos y Sellos”.
Por el contrario, advirtió el santafesino, ahora se aprobará “una contrarreforma tributaria en las provincias que va en la dirección contraria a la que establecía el pacto de 2017 y a los intereses de los consumidores y pequeñas y medianas empresas”.
“Lamentamos que en el marco de la pandemia el único recurso al que las provincias y la Nación pueden echar mano es a la suba sistemática de impuestos”, expresó.
Por el oficialismo, el exgobernador riojano Sergio Casas señaló que el Consenso Fiscal “es el marco de la convivencia democrática entre el Estado Nacional y el conjunto de los gobernadores”.
“A nadie le gusta perjudicar a la gente, ni al presidente, ni a los gobernadores, ni a los intendentes; el fin último es trabajar para la gente, pero acá pareciera ser que cuando se está participando del gobierno se ven las cosas de una manera, y cuando se está en la oposición es más fácil ver la paja en el ojo ajeno”, cuestionó.
Otra exmandataria, la catamarqueña Lucía Corpacci, aclaró que “no es que ahora estamos aumentando los impuestos. La situación económica es espantosa, el Estado Nacional no puede sostener más aportes a las provincias, y las provincias tienen que generar sus propios recursos”.
La diputada del Frente de Todos recordó la firma del pacto durante la gestión de Mauricio Macri: “Sucedió en una época donde no había pandemia, pero lo que sí teníamos era una crisis económica enorme y falta de credibilidad en nuestro país, donde nadie nos iba a prestar absolutamente nada”.
Desde la UCR, Luis Pastori alertó que “Argentina es uno de los países más gravosos del mundo. No lo digo yo ni la oposición, lo dice el Banco Mundial en un estudio del año 2020 sobre 190 países somos el número 189. Solamente nos supera en ese ranking de países más gravosa las Islas Comoras del África”.
El misionero consideró que “subsistir para una empresa y para una pyme es un acto heroico. Hay que ser un héroe para mantener hoy una pyme, y este tipo de leyes va en sentido contrario de lo que la economía demanda y de lo que se aprobó en la gestión de Cambiemos”.
“Más allá de que gobernadores de nuestro propio espacio político lo han firmado, Argentina es un país federal en los papeles, pero en la práctica es absolutamente unitario, y muy especialmente en el orden fiscal debemos ser uno de los países más unitarios de todos”, lamentó.
El puntano Carlos Ponce recordó que en 2017 San Luis no adhirió al acuerdo porque significaba “quitarle autonomía a las provincias” y además “nada de lo que decía el oficialismo iba a pasar”.
San Luis también se negó a firmar porque “había que renunciar a los reclamos que las provincias tenían con la Nación” y en ese momento su distrito “tenía dos juicios con sentencia firme”, y además el Consenso Fiscal de ese año “obedecía a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional”.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde febrero pasado y busca ratificar el acuerdo suscripto el 4 de diciembre de 2020, que modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019.
En esos acuerdos se fijaron exenciones y reducciones impositivas, pero la pandemia, la crisis sanitaria y la necesidad de fondos hicieron necesario rever los compromisos asumidos, que ahora se suspenderán hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación.
Debido a esos dos últimos puntos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se rehusó a firmar el Consenso Fiscal en esta oportunidad. Tampoco adhirieron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, por no haber firmado el documento original en 2017.
El presidente de la Comisión de Presupuesto defendió el Consenso Fiscal y cargó contra la gestión anterior. Explicó los compromisos que asumirán las provincias en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, destacó en la sesión de este miércoles que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, al defender el Consenso Fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores en el marco de la pandemia.
Caserio explicó que este Consenso Fiscal fue concretado el 4 de diciembre del año pasado entre la Nación y 21 de las 24 provincias, ya que San Luis y La Pampa se negaron a suscribirlo porque no lo habían hecho con los anteriores pactos, y la Ciudad de Buenos Aires -que sí había adherido- rechazó las nuevas condiciones.
El cordobés hizo un repaso por los acuerdos anteriores y recordó que el primero se firmó el 23 de mayo de 2016, y fue renovado en 2017 y 2018. “Hasta ahí hablábamos del país de (Mauricio) Macri, de Disneylandia, donde se festejaba y se bailaba en los actos porque parecía que Argentina mejoraba”, ironizó.
“Pero lamentablemente -prosiguió- la realidad política y económica demostró que estos consensos no pudieron dar resultado, y para 2019 el país había cambiado abruptamente”.
Caserio señaló que el gobierno de Alberto Fernández “se tuvo que hacer cargo de que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún fundamento”. En este contexto, a fines de 2019 las provincias solicitaron suspender las medidas acordadas en años anteriores, sobre todo la rebaja de Ingresos Brutos.
El senador del Frente de Todos cargó contra la gestión anterior al advertir que “prometían una inflación de un dígito y terminaron con una inflación del 40% durante los cuatro años, y en 2019 batieron el récord de inflación de toda la historia argentina, con un 54,8%”.
También precisó que “la fuga de capitales fue de 86.000 millones de pesos” y que el endeudamiento con el FMI se hizo insostenible. “El gobierno de Macri lo único que hizo fue ajustar”, se quejó.
Luego, con la llegada de la pandemia, “el esfuerzo que hizo el Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, destacó Caserio.
“Hasta el 1ro de octubre las provincias perdieron recursos por 200.000 millones de pesos, y la Nación las asistió por 199.000 millones de pesos. Esto permitió a las provincias cumplir con sus compromisos”, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que el Consenso Fiscal “busca un proceso de armonización con las provincias en el cumplimiento de algunas normas básicas”.
El legislador oficialista informó que “las provincias asumen compromisos en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales”.
Explicó que “en materia tributaria provincial y nacional se busca una armonización que permita recaudar de manera más eficiente y facilitar la vida de los ciudadanos” a través de la automatización de trámites.
De esa forma, indicó el senador, “se prorrogan todas las alícuotas de Ingresos Brutos de las provincias hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, no podrán subirlo pero tampoco podrán bajarlo”.
También se busca “acordar mecanismos de devolución automática y compensaciones a favor de los contribuyentes”.
En cuanto al endeudamiento, el pacto establece que “a partir del 31 de diciembre y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera”, afirmó Caserio.
Asimismo, precisó que durante un año las provincias no podrán iniciar procesos judiciales contra la Nación y deberán suspender los que se encuentran en trámite, motivo por el cual el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -quien presentó una demanda ante la Corte Suprema por la quita de coparticipación a la Ciudad- se negó a firmar el acuerdo.
Por último, el Consenso Fiscal especifica que “no habrá más transferencias de competencias y funciones sin la respectiva asignación de recursos aprobada por ley del Congreso”, como sucedió el año pasado con los fondos destinados a financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.