Desde Unión por la Patria presentaron un pedido de informes para clarificar las operaciones de venta y transferencia de activos hidrocarburíferos, especialmente el área Manantiales Behr, cuya transacción con Rovella Capital no llegó a concretarse en los plazos previstos.
El diputado nacional Juan Pablo Luque (UP–Chubut) presentó un pedido de informes dirigido al jefe de Gabinete para que el Poder Ejecutivo detalle los alcances, procedimientos y eventuales responsabilidades derivadas de la decisión de YPF de desprenderse de activos hidrocarburíferos en la provincia, en el marco del denominado “Proyecto Andes”. La iniciativa apunta especialmente a esclarecer lo sucedido con la fallida operación sobre el yacimiento Manantiales Behr, cuya venta a Rovella Capital no quedó firme dentro de los plazos informados públicamente.
El proyecto solicita información precisa sobre todas las áreas y yacimientos ubicados en Chubut respecto de los cuales YPF haya decidido vender, transferir, ceder participación o concesionar a terceros. También exige detallar el estado actual de cada una de esas operaciones.
Luque requirió además que YPF explique cómo se llevó adelante el Proyecto Andes, cuáles fueron los pasos administrativos, jurídicos y societarios utilizados, y quiénes fueron los eventuales adjudicatarios. Entre los datos solicitados figuran nombres de empresas involucradas, CUIT, domicilios legales y montos de las operaciones.
Otro eje del pedido apunta al rol del Banco Santander, que según el proyecto habría sido designado para conducir parte del proceso. El diputado reclama conocer por qué se eligió a esa entidad y qué empresas participaron en la calificación o adjudicación.
El legislador chubutense también pidió que se informe si la provincia del Chubut —propietaria originaria del recurso— fue consultada formalmente y qué posición adoptó al respecto.
En otro apartado, Luque reclama datos sobre la valuación de los campos en los balances de YPF, así como la estimación de pasivos ambientales y los fondos previstos para su remediación. Esto último cobra especial relevancia debido al peso histórico del complejo Manantiales Behr y su infraestructura asociada.
La iniciativa también pone la lupa sobre Rovella Capital y su subsidiaria Limay Energía, posibles adjudicatarias del área. El diputado exige conocer si acreditaron la capacidad técnica, económica y financiera requerida por la Ley 17.319, si están inscriptas ante la Secretaría de Energía y si presentaron un plan de inversiones.
En los fundamentos, Luque advierte que la situación genera una “profunda incertidumbre” en Chubut, especialmente en Comodoro Rivadavia, debido al impacto que una transferencia fallida podría tener sobre la continuidad operativa, la estabilidad laboral y las obligaciones ambientales en una zona hidrocarburífera clave.
El legislador recuerda que la operación entre YPF y Limay Energía fue informada el 16 de enero de 2026 ante la Comisión Nacional de Valores, e incluía tanto la cesión de la concesión del área Manantiales Behr como el traspaso de oleoductos vinculados y del stock de materiales en depósitos operativos. El acuerdo ascendía a 575 millones de dólares, más IVA, con un esquema de pagos en dos tramos.
Luque subraya que YPF, por su carácter estratégico y la participación estatal, “no es un actor privado ordinario” y que sus decisiones deben observar criterios estrictos de transparencia, legalidad e interés público. Por eso, considera indispensable que el Congreso ejerza su función de control.
La petrolera estatal avanza en la reconfiguración de su portafolio convencional con la cesión de 12 nuevas áreas, en el marco del ambicioso Plan 4x4 y del Proyecto Andes.
YPF consolidó un nuevo paso en su proceso de reestructuración de activos con la aprobación de una nueva etapa del Proyecto Andes, que incluye la cesión de 12 bloques estratégicos en tres provincias clave: Chubut, Mendoza y Neuquén. Entre ellos se destacan el histórico Manantiales Behr, en Chubut, y los clústeres Chachahuen y Malargüe, en Mendoza, junto a otros clústeres no operados.
La compañía también firmó el traspaso operativo de los clústeres Neuquén Norte y Neuquén Sur, y el pasado 4 de junio concretó la salida de las áreas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, todas ubicadas en la provincia de Chubut.
Estas decisiones forman parte de una política activa de desinversión en activos convencionales, orientada a optimizar la asignación de recursos y apuntalar el reposicionamiento de YPF como una empresa de shale de escala global.
Con estas acciones, la compañía ya suma 18 bloques transferidos, otros 21 en etapa final de traspaso y 11 adicionales en proceso. Este avance sistemático refleja el compromiso de la petrolera con una estrategia de alta productividad, eficiencia operativa y competitividad internacional.