40 años de Democracia: Presentarán un proyecto de ley para sancionar el Negacionismo

La iniciativa corresponde al diputado oficialista Eduardo Fernández. La presentación se llevará a cabo el próximo martes 14 a las 11 en el Salón Blanco de la Cámara baja.

El diputado nacional Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) presentará públicamente el proyecto de ley de sanción penal de negacionismo y/o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. Desde Córdoba, viaja una decena de jóvenes y referentes de organizaciones de derechos humanos y de la democracia estudiantil.

La presentación se realizará el próximo martes 14 a las 11 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, formalmente ingresada bajo el expediente 4801-D-2022, es autoría del diputado oficialista y fue presentada por primera vez ante la Honorable Cámara de Diputados en el año 2021.

Este año, en el marco del cumplimiento de los 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país, el diputado cordobés expresó que su proyecto de ley “tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional”.

En los fundamentos del proyecto, Fernández alerta sobre el “ascenso en toda la región de las expresiones de odio, de desprecio por la vida y de denostación de las luchas históricas, de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado, que no sólo deben ser protegidos, respaldados y honrados cotidiana y éticamente, sino enfáticamente promovidos y defendidos por quienes tienen a su cargo responsabilidades de gestión de lo público”.

Al respecto, el proyecto estipula la capacitación obligatoria para funcionarios y funcionarias públicas en materia de Derechos Humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en delitos de negacionismo, a quienes se les aplicará el Artículo 248 del Código Penal, respecto a abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para todas las jerarquías y jurisdicciones.

El proyecto ha despertado el interés de la sociedad civil y amplios sectores de la vida democrática de nuestro país, por lo que se espera un importante acompañamiento de referentes de organizaciones sociales y políticas.

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Cuántos proyectos de los que anunció el presidente en la Asamblea Legislativa del año pasado avanzaron

De las 11 iniciativas que había anunciado Alberto Fernández la última vez que estuvo en el Congreso, solo una se convirtió en ley. Una aguarda con media sanción y otra no avanzó nunca en comisiones. El resto de los proyectos no fueron enviados.

Se acerca la Asamblea Legislativa del próximo 1ro. de marzo, cuando Alberto Fernández asistirá al Congreso por última vez -en su gestión- para dejar abierto un nuevo período de sesiones ordinarias. Además de lo que seguramente será un repaso por las medidas que se tomaron durante su mandato, el presidente, como suele ser habitual, podrá anticipar proyectos de ley a ser enviados durante 2023.

A casi un año de la última vez que el mandatario hizo anuncios dentro del recinto de la Cámara baja, parlamentario.com repasa cuál es el estado de las 11 iniciativas que Fernández mencionó en su discurso del 1ro. de marzo de 2022.

El saldo no resulta positivo si se tiene en cuenta que solo uno de esos proyectos se convirtió en ley; uno solo tuvo media sanción, y aguarda su aprobación definitiva; y otro fue girado pero no avanzó en comisiones. Los ocho restantes que se anunciaron nunca fueron enviados.

A continuación, el detalle:

EMPLEO JOVEN

Varios proyectos bajo este título fueron presentados durante 2022 por legisladores, pero no hubo ningún texto por parte del Poder Ejecutivo.

NANO-BIOTECNOLOGÍA

La actualización de la Ley de Biotecnología, que incorpora la nanotecnología, fue girada a la Cámara baja en abril de 2022. Tuvo media sanción en Diputados el 5 de julio y se convirtió en ley en el Senado el 1ro. de septiembre.

LEY DE HIDRÓGENO

Nunca se envió el proyecto. Se incorporó incluso -como título- al temario de sesiones extraordinarias del verano 2023.

LEY DE SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

Nunca se envió el proyecto.

PLAN ARGENTINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2030

Fue enviado por el Gobierno al Senado en septiembre de 2022 y tuvo media sanción el 27 de octubre. Se encuentra pendiente su aprobación en Diputados. Se incluyó en las extraordinarias de este año.

LEY DE INTELIGENCIA

Nunca se envió el proyecto.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

El Poder Ejecutivo no envió un proyecto en este sentido. En marzo de 2022, diputados oficialistas volvieron a presentar una iniciativa que en 2021 había tenido dictamen, pero nunca fue al recinto. Ese expediente forma parte del temario de extraordinarias 2023.

LEY DE DISCAPACIDAD

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galagarra, asistió en agosto de 2022 a la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja y afirmó que el proyecto iba a ser enviado “en las próximas semanas”. Nunca ingresó.

SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS

No se envió el proyecto.

LICENCIAS PARENTALES

La iniciativa fue enviada en mayo de 2022 a la Cámara de Diputados pero no avanzó su tratamiento en las comisiones a la que fue girada: Mujeres y Diversidad, Legislación del Trabajo, y Presupuesto y Hacienda.

MODIFICACIÓN LEY DE BOSQUES

No fue enviada la iniciativa.

Cabe destacar que durante el año sí fueron enviados por el Poder Ejecutivo otros proyectos que no necesariamente fueron los mencionados en la apertura de sesiones 2022, como por ejemplo la ley de refinanciación de la deuda con el FMI; la reforma de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica; la prórroga de la Ley de Regularización Dominial; el Presupuesto 2023; entre otros.

Con el apoyo de varios bloques, se presentó iniciativa relacionada al Cáncer de Mama

El proyecto fue presentado por legisladores del Frente de Todos y propone ideas para la detección temprana de Cáncer de Mama y de Cuello de Útero”.

Los diputados nacionales Guillermo Carnaghi y Tanya Bertoldi (Frente de Todos), junto con una decena de legisladores de distintos bloques, presentaron en la Cámara baja un proyecto de ley para que todas las trabajadoras tengan un día al año de licencia especial para la realización de los estudios preventivos contra el cáncer de mama y cérvico uterino.

La iniciativa fue presentada por el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama que establece el derecho “a una licencia especial remunerada de un día al año para la realización de los estudios médicos tendientes a la prevención y detección temprana de cáncer de mama y de cáncer cérvico uterino” sin que suponga “afectación salarial alguna, descuentos, ni la pérdida del presentismo ni cualquier otro beneficio laboral o adicional salarial”.

“Actualmente el cáncer de mama es la principal causa de muerte por enfermedades no transmisibles en Argentina, y si se detecta a tiempo, los tratamientos tienen alta efectividad. Por eso es indispensable la realización de los chequeos anuales. Es nuestra responsabilidad generar las condiciones para todas las mujeres y diversidades con útero puedan hacerse los estudios preventivos”, sostuvo la diputada Bertoldi sobre el proyecto.

La legisladora neuquina manifestó que “las cifras son muy delicadas: el de mama representa más del 32% de los casos de cáncer detectados y el de cuello de útero más del 6%, y una de cada cinco personas fallecidas por cáncer, es por el de mama. Por eso también es muy importante el amplio consenso que tuvimos con diputadas de otros bloques para impulsarla en conjunto”.

Carnaghi, por su parte, destacó la importancia que “el Estado utilice todas las herramientas a su alcance para asegurar el acceso a la salud y a los estudios preventivos. Es un orgullo seguir acompañando esta iniciativa, que presentó por primera vez Darío Martínez cuando era diputado, y luego junto con Tanya, y Silvia (Sapag) en Senado, seguimos impulsando”.

La iniciativa, fue acompañada por diputados de distintos espacios políticos de la Cámara de Diputados, entre quienes se encuentran Vanesa Siley, Daniel Gollan, Hugo Yasky, Blanca Osuna y Gisela Marziotta, del Frente de Todos; Mónica Fein, del Partido Socialista; Romina del Plá y Myriam Bregman, por el Frente de Izquierda; y Carla Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, Marcela Antola y Victoria Tejeda, por Evolución Radical.

Avanzó el debate de la expropiación del predio de Cromañón

En la reunión de Asuntos Constitucionales se resolvió postergar la firma del dictamen, a la espera del informe de dominio, y se hará en el marco de un plenario con la Comisión de Presupuesto.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el legislador oficialista Hernán Pérez Araujo avanzó este miércoles con la iniciativa que prevé la expropiación del predio donde ocurrió la tragedia de Cromañón, para declararlo de utilidad pública. El proyecto es impulsado por la diputada nacional Paula Penacca (FdT-CABA), y acompañado por miembros de todos los bloques. Según se resolvió, volverá a ser analizado en el marco de una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para la posterior emisión su dictamen, tras el pedido de modificación de un artículo y a la espera del expediente de dominio e inhibiciones.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”. A su vez, organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia solicitaron que se agregara, en la redacción de la iniciativa, a la parcela número 08 ubicada en la calle Jean Jaures 51, al lado del predio.

En la Sala uno del segundo piso del “Anexo A”, estuvieron Nicolás Papola y Belkis Contino, sobrevivientes de la tragedia, quienes acompañaron el pedido de expropiación del predio y detallaron el pedido, para agregar a la parcela lindera mencionada.

Ambos sobrevivientes agradecieron a los diferentes bloques de la Cámara baja por el consenso y la unanimidad demostrada ante el proyecto de ley, y recordaron enfáticamente a las 194 víctimas y a los 4500 sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. 

Nicolás Papola criticó a los medios gráficos nacionales por “haber mal informado sobre la existencia de una guardería en el baño de mujeres al momento de la tragedia”. Belkis Contino, por su parte, responsabilizó directamente al empresario Rafael Levy, dueño del lugar, por “haber armado una trampa mortal para los jóvenes” al no cumplir con los requisitos edilicios necesarios en el edificio.  “A través de este proyecto de ley confiamos en que se harán cargo en la construcción de memoria de la masacre de Cromañón para llegar a diciembre con la iniciativa hecha ley”, solicitaron.

La autora del proyecto, Paula Penacca, indicó que la declaración de interés de expropiar el predio fue unánime y manifestó que “adhiere a la modificación presentada por los jóvenes sobrevivientes porque no cambia la voluntad del sentido”. Por otro lado, anunció que antes de dictaminar y de pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, “se debía disponer del informe de dominio”.

La diputada Paula Penacca, autora del proyecto sobre Cromañón.

Las diputadas nacionales Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Laura Rodríguez Machado (Pro) y Carla Carrizo (Evolución Radical) coincidieron en que el proyecto debía ser “expeditivo con el informe de dominio” y que debía tratarse en un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la seguridad de que el acompañamiento es unánime.

En tal sentido, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) adhirió a la idea de “mantener las formalidades para hacerlo correctamente” y declarar de utilidad pública el predio, al igual que el jefe de bloque radical Mario Negri, quien anunció que el proyecto será “dictaminado” en la reunión plenaria de la semana que viene previo a la sesión de la Cámara de Diputados.

Datos personales de Internet y Convención Belem Do Para

Otro tema que trató la reunión fue el que otorga jerarquía constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, elaborado en Convención de Belem Do Para suscripta en el año 94, y obtuvo el consenso de los 28 legisladores presentes para su posterior tratamiento en las comisiones de Relaciones Internacionales y de Mujeres y Diversidad.

Las diputadas Silvia Lospennato (Pro), Pamela Calletti (FdT) y Graciela Camaño sostuvieron que “no es la primera vez que se intenta constitucionalizar a la Convención Belem Do Para”, a la que consideraron como “una herramienta fabulosa en el ámbito de la Jurisprudencia de nuestro país para construir sociedad con perspectiva de género”.

El titular de la comisión anunció que la iniciativa obtuvo “el acompañamiento de los 28 diputados firmantes de los diferentes bloques”, por lo cual se logró el consenso y unanimidad del compromiso que habían pactado previo a la reunión.

En tercer lugar, se trató el proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo modificatorio del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, el cual pasó a la firma y al dictamen por mayoría.

La diputada Karina Banfi (UCR) manifestó la importancia de “proteger los datos biométricos en Internet” para avanzar en un marco internacional de “regulación de redes sociales para acordar criterios sobre la conversación pública”. Además, mencionó el tratamiento, a futuro, acerca del proyecto de ley sobre protección de datos personales que perdió estado parlamentario en tiempo pasado. De tal forma, el presidente de la comisión anunció la emisión del dictamen de la iniciativa.

Desde Evolución Radical presentaron iniciativa para que organizaciones de cuidado educativo no paguen ganancias

El proyecto plantea la modificación de la Ley de Ganancias donde se propone que queden exentas del gravamen las organizaciones de protección de la primera infancia.

Las diputadas nacionales Carla Carrizo y Danya Tavela (Evolución Radical) junto a más de 20 legisladores presentaron un proyecto ley para eximir de ganancias a aquellas organizaciones que brindan cuidado educativo a la primera infancia.

La iniciativa define como primera infancia al período que va desde el nacimiento hasta los 5 años. Una etapa fundamental y determinante en los niños y las niñas, donde se da el momento de mayor desarrollo y de incorporación de aprendizajes y de la constitución de la subjetividad individual y social.

En Argentina se estima que hay alrededor de 2.450 espacios de primera infancia que incluyen 175.000 niños y niñas, muchos de estos son gestionados por provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil, llevando adelante diferente tipo de servicios y prestaciones.

Uno de los principales problemas que enfrentan estos espacios de cuidado educativo es que están obligadas al pago de ganancias ya que la AFIP no les reconoce la exención cuando reciben fondos públicos lo que les genera graves restricciones presupuestarias que termina por limitar los servicios que ofrecen.

Ante ello, el proyecto plantea la modificación de la Ley de Ganancias, donde se incorpora que queden exentas del gravamen las ganancias de organizaciones de protección de la primera infancia, independientemente de la naturaleza pública o privada de los ingresos que reciban.

La diputada Carrizo afirmó que “con este proyecto buscan reposicionar el cuidado educativo en niños de 45 días a 3 años y priorizarlo en la agenda pública de nuestro país”. Además agregó: “Venimos escuchando a muchas organizaciones que prestan servicios a niños en situación de vulnerabilidad y que cumplen un rol clave para su desarrollo integral: juegan, aprenden, socializan, crecen y reciben atención para su salud”.

“Estamos frente a un Estado bifronte donde, por un lado, fomenta la protección de la primera infancia y, por el otro, introduce restricciones. presupuestarias y obstáculos administrativos a dichos centros que dificultan la materialización de aquel objetivo. Esta dualidad resulta más preocupante aun cuando de alguna manera termina perjudicando a niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”, concluyó Carrizo.

Entre los legisladores que acompañan este proyecto se destacan Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Victoria Tejeda (Evolución Radical), Soledad Carrizo (UCR), Martiìn Tetaz (Evolución Radical), Gabriela Lena (UCR), Victoria Morales Gorleri (Pro) y Alberto Asseff (Pro).

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Lena propone eliminar impuestos a bebidas con jugos naturales

A través de un proyecto de ley, la legisladora de Juntos por el Cambio busca un incentivo para mejorar la salud alimentaria y el desarrollo de los productores frutales de la región.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR – JxC) presentó una iniciativa para modificar la Ley de Impuestos Internos a fin de reducir los gravámenes en las bebidas no alcohólicas que contengan jugos de frutas naturales. La iniciativa impulsa reducciones de hasta el 90 por ciento en bebidas elaboradas con jugos o zumos frutales.

El proyecto busca incentivar a los fabricantes de bebidas gaseosas no alcohólicas para que incluyan jugos de frutas naturales a sus productos con el beneficio que eso implica a la salud de los consumidores y también al desarrollo de las economías regionales.

El proyecto cuenta con el apoyo del presidente de la Federación Entrerriana del Citrus de Entre Ríos Pablo Molo, quien expresó: “Esta ley beneficiará a los productores en todo sentido. Principalmente, en la demanda de jugos de parte de las fábricas de gaseosas, si es que cumplen con el porcentaje. Es una ley que debemos apoyar de manera incondicional porque debe ser aprobada y que venimos reclamando desde hace tiempo”.

Por su parte, la diputada Lena argumentó que “la propuesta es modificar la alícuota de Impuestos internos para que sean un incentivo fiscal para la producción de gaseosas con contenido de frutas naturales”, y añadió que “países como Francia, Hungría o México han sancionado leyes impositivas para proteger el derecho a la salud de los niños y consumidores de bebidas azucaradas, de alto valor calórico y bajo valor nutricional”.

“Una botella de gaseosa de 600 mililitros contiene el equivalente a 13 cucharaditas de azúcar, cantidad que actúa como un factor de riesgo para la salud si se tiene en cuenta que excede largamente los 50 gramos diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, desarrolló Lena.

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Finalmente, la legisladora entrerriana reclamó por “el apoyo a esta iniciativa de ley que redundará, no solo en un avance en la salud alimentaria de los consumidores, sino también un claro apoyo a todos los productores de frutas de todo el país”.

Junto a Vizzotti, senadores presentaron un proyecto para transformar en ley al Programa Remediar

Es un programa que cumplió 20 años y contribuyó al acceso de medicamentos esenciales a través de la distribución gratuita a los centros de salud.

Senadores nacionales presentaron este miércoles, en un acto celebrado en la Cámara alta, un proyecto para transformar el Programa Nacional Remediar en ley. Lo hicieron en el Salón Azul del Palacio Legislativo, donde estuvieron por el oficialismo María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Pablo Yedlin (Tucumán), el senador nacional Mario Fiad (UCR – Jujuy), la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti y la secretaria de Acceso a la Salud Sandra Tirado.

El Programa Nacional Remediar cumplió 20 años de proveer botiquines con medicamentos esenciales (gratuitamente) a más de 8.100 centros de salud distribuidos en todo el país que dan respuesta al 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención. De este modo, el Estado le garantiza la cobertura de medicamentos a 16 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

Al comenzar la presentación del proyecto de ley, Catalfamo dijo: “Es un honor trabajar con nuestra ministra de salud de la Nación y con referentes del Programa Nacional Remediar. Esta iniciativa surge de la unificación de diferentes iniciativas sobre temas sanitarios”.

Además, la sanluiseña afirmó: “Me pone contenta que esta iniciativa federal, que alcanza a millones de habitantes, amplie el acceso a la salud y medicamentos para la gente en situación de vulnerabilidad. Con solidaridad y respeto por la población que representamos, deben ser establecidas por la ley, las propuestas que ayudan a mejorar la calidad de vida nuestra población”.

Luego fue el turno del director nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación Emiliano Melero, quien a través de una serie de diapositivas representó y grafico valores, alcance, presupuestos, avances, costos y resultados del Programa Remediar.

“Para cuidar algo, hay que quererlo y para quererlo, hay que conocerlo”, manifestó Melero, quien además mencionó que “en 2021 se entregó el botiquín número 4 millones y ha habido, como novedad, capacitaciones de desarrollo en centros de salud mental para continuar ampliando el programa”.

Representando a la oposición, estuvo presente el senador nacional Mario Fiad. “Es un acto importante y la transformación de este programa en ley es trascendente. Venimos a apoyar, así lo hablamos con el interbloque. Vamos a defender todo lo que sea atención primaria y distribución gratuita en salud y medicamentos. Voy a firmar el proyecto”, anunció el radical.

La ministra de Salud Carla Vizzotti consideró que “hay que poner en valor políticas públicas y plasmarlas en ley para que no dependan de la voluntad de los gobiernos de turno, en este caso una política sanitaria de medicamentos esenciales”.

“En 2002, este programa se inició para cubrir necesidades de la población, acompañado de Ley de Medicamentos Genéricos, para que sea mas sencillo el acceso a los medicamentos esenciales”, relató Vizzotti.

Del mismo modo, sostuvo que “el Programa Remediar es un elemento igualador porque amplia derechos y el acceso a la salud”, y añadió: “Que sea ley para que nunca que se dejen de entregar botiquines. La salud pública se defiende con leyes, con acciones y votamos”.

Sobre el final, Pablo Yedlin. En primer lugar, mencionó a

Catalfamo como precursora de la idea, y luego consideró: “Remediar permitió que la gente fuera a los centros de atención primaria porque había medicamentos. Implementó no cobrarles a los pacientes porque antes se cobraban bonos, y no todo el mundo tenía acceso a la salud pública”.

“Es una herramienta de enorme utilidad. Después de 20 años, es un orgullo estar presente el día de la presentación en el Senado, para la transformación de este programa en proyecto de ley, el cual es una iniciativa que se ‘salta a la grieta’ y beneficia a todos los argentinos y argentinas”, concluyó Yedlin.

El acto finalizó con la entrega de diplomas distintivos a Catalfamo, Fiad, Vizzotti, Tirado y Yedlin por el cumplimiento de los 20 años de la creación Programa Nacional Remediar.

Referentes del sector agrario acompañaron el proyecto de agrobioindustria, pero pidieron algunas revisiones

Así lo expresaron referentes de las cámaras del sector agrario en el plenario de comisiones de la Cámara baja a la que también asistió el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, quien respaldo la iniciativa del Ejecutivo.

Luego de escuchar la exposición del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, referentes del sector del campo expresaron su acompañamiento al proyecto de agrobioindustria, pero cuestionario que es “chiquito” y reclaman que se trate una ley agrícola Argentina que sea más abarcativa.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado, apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

El primero en hablar en representación de ese sector fue Raúl Carlos Dente, director ejecutivo Federación Acopiadores de Granos de la República Argentina, quien sostuvo: “Este proyecto lo vemos como un incentivo fiscal a la inversión, no es para nosotros un proyecto que implique una ley agrícola, que implique consideraciones de otro tipo. Es un proyecto que se ciñe estrictamente a analizar incentivos fiscales a la inversión”.

“Tiene la importancia que redefine al sector agroindustrial como un sector competitivo externo, cosa que es muy buena al hacer referencia a la cadena o a la agroalimentación en general”, ponderó Dente, pero cuestionó que “hay que distinguirlo porque consideramos que esta es la primera etapa de la consideración del tema, pero debería haber una ley agrícola Argentina es decir al estilo de Estados Unidos que establece reglas del mediano plazo para el funcionamiento de la agroindustria, la ganadería”.

Y siguió: “Eso es mucho más abarcativo, esto es un aspecto chiquito del otro tema que debería ser considerado por ley porque es una responsabilidad del Congreso porque en esa especie de ley agrícola hay que establecer derechos de políticas de exportación, inserción de la Argentina en el mundo, su política comercial externa. Todos aquellos aspectos que hacen al diseño de una política comercial interna sostenida en el mediano plazo y aprobado por legisladores que al mismo tiempo sirva como base de estrategia de desarrollo económico argentino”.

“Si no se discuten esos temas en un plano legislativo como adición a este proyecto, no va a tener el efecto que esperamos porque le faltan todas las otras circunstancias que hacen a la certidumbre dentro del cual se tiene que manejar el sector agroindustrial”, remarcó el director ejecutivo Federación Acopiadores de Granos

Además, ratificó que “se debería empezar a tratar una ley graciola donde se establezcan las reglas del juego, se defina la política comercial argentina como estrategia y base de desarrollo económico sostenible del país. El tema retenciones, bienes salarios, precios internacionales debería ser parte de una ley que realmente pueda dar contenido y previsibilidad a todos los actos y a estas inversiones que se pretende incentivar con los mecanismos fiscales”.

Retomando el proyecto, Dente consideró “interesante” porque por primera vez se hable de “incentivos, amortizaciones aceleradas, utilización de crédito fiscal de IVA”, aunque remarcó que “hay que desburocratizarlo un poco, tiene muchos elementos de pedidos de autorización. Hay un poco de discrecionalidad que deberían ser analizados para ver si se pueden subsanar”.

En su intervención, el presidente de la Cámara de Feedlot, Fernando Storni, coincidió con su predecesor y agregó que “cualquier proyecto de reglamentación o normativa que tienda a fomentar el desarrollo y el agregado de valor, es sumamente importante por esa brecha que existe a nuestra producción agrícola a pesar de todo el agregado de valor que tienen los granos”.

“Apoyamos en líneas generales el proyecto. Hay oportunidades de mejoras en algunas cosas que tiene que ver con la ampliación y sistemas burocráticos de algunos artículos”, opinó y señaló que “uno de los temas tiene mucho que ver con el agregado de valor, el IVA y la disponibilidad de saldos técnicos, los que tienen que ver con le párrafo 1 porque nuestra actividad no solo consume granos como tales sino muchos subproductos que tiene una alícuota del 21% cuando vendemos animales con una alícuota del 10%. Esto genera saldos de IVA a favor que no pueden ser utilizados, y creemos que debe ser considerado”.

Sergio Raffaeli, vicepresidente primero de CLERA-Legumbres, consideró que el proyecto “es una oportunidad muy importante. Adherimos al impacto de la Ley de Fomento en sus cuatro estados que es inclusiva, federal, exportadora. El mejoramiento productivo con la incorporación de bienes de capital nos dará maquinaria con mayor tecnología”.

“Tenemos que ir a un plan de desarrollo genético que es lo que no hemos tenido en los últimos años”, reclamó y agregó: “Si miramos a nuestra competencia, Brasil ha desarrollado una política de desarrollo genético donde producen alrededor de mil kilos por hectáreas más que nosotros. Tienen desarrollos permanentes, cuando nosotros tenemos algunas pocas. Eso es fundamental a futuro si queremos tener un desarrollo en nuestro sector que nos permita tomar el desafío de lo que significa no solo el grano sino todo el desarrollo”.

Y finalizó: “Es muy importante todo el desarrollo que la ley nos permita para tener una previsión sobre los recupero de la inversión. Podemos incrementar en un 30% la actividad laboral en cada provincia”.

A su turno, Pablo Molo, presidente FeCIER (Federación del Citrus Entre Ríos) brindó un resumen de su industria y expresó de forma breve: “Estamos de acuerdo con la ley”.

Cerró la lista de invitados la secretaria de Barbechando, Ángeles Naveyra, quien manifestó: “La ley tiene que ayudar a contribuir al bien común del país para que sea una ley que queramos votar todos. No tiene que tener ambigüedades y tiene que tener bien identificado el impacto del proyecto. La implementación operativa debe ser viable porque sino no nos sirve. Debe tener un enfoque propositivo en lugar de que sea punitivo”.

Respecto a las mejoras, señaló que la iniciativa establece que “primero el productor debe hacer la inversión para luego quedar sujeto a la aprobación de los beneficios. Ahí hay un riesgo. Hay burocracia en algunos puntos asociado a la creación de registros, deberían ser más ágil. Los cupos fiscales que existen llevan al punto primero”.

“La amortización acelerada es un beneficio excelente, pero tratemos de reducir los años; la valuación de la hacienda; saldo técnico de IVA; certificado de crédito fiscal, eliminar obligación de registro”, pidió Naveyra.

Por último, resumió: “Hay que federalizar el proyecto discutiendo los impuestos no coparticipables que empobrecen a las provincias. Que sea inclusivo porque el 80% de los productores son mini PyMes. Simplificar y generar un nuevo registro. Que sea sustentable a largo plazo y que sea exportador”.

Al respecto, los presidentes de las comisiones de Agricultura y de Industria, Ricardo Buryaile y Marcelo Casaretto, respectivamente, solicitaron que envíen por escrito cuáles serían las modificaciones a realizar en el texto enviado por el Ejecutivo para arribar a consensos para tener la ley.

Jaroslavsky presentó un proyecto para crear el Programa Provincial de Oncopediatría

El objetivo es prevenir y diagnosticar de forma precoz enfermedades oncológicas en niños y adolescentes. “Se trata de un tema urgente que no admite demoras. Como no se cuenta con una ley nacional, la provincia debe ser pionera en el tratamiento”, aseguró la diputada entrerriana.

La diputada provincial Gracia Jaroslavsky (UCR – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para que se cree el Programa Provincial de Oncopediatría, que funcionará bajo la órbita conjunta del Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social de la Provincia., cuyo objetivo es prevenir y diagnosticar de forma precoz enfermedades oncológicas en niños, niñas y adolescentes, y brindarles una atención integral. Además, el programa establece que cada paciente tendrá un Certificado Único de Oncopediatría y que el Estado deberá garantizar cobertura integral de salud, prestaciones asistenciales y educativas acordes a cada caso.

Su objetivo es “prevenir y diagnosticar de forma precoz enfermedades oncológicas en niños, niñas y adolescentes, y brindarles atención integral basada en la persona, para garantizar el más alto nivel de vida posible”, expresó la legisladora.

La iniciativa considera paciente oncopediátrico a quienes tienen hasta 18 años, padezcan cáncer en cualquiera de sus tipos y se encuentren debidamente certificado por el o la profesional tratante, que deberán notificar del diagnóstico (y/o del alta) al Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA).

También plantea que “todos los pacientes oncopediátricos tendrán un Certificado Único de Oncopediatría (CUO) y el sistema de salud pública provincial deberá otorgarles la atención necesaria: prestaciones de tratamiento y rehabilitación, medicamentos, fisioterapia, estudios de diagnóstico y oncológicos adecuados, cirugías, prótesis, sillas de ruedas, etc”.

“El Estado también les deberá brindar prestaciones educativas específicamente diseñadas para aplicarlas en un período y un lugar predeterminado, compatible con los tiempos de los tratamientos médicos”, exige en la iniciativa.

El proyecto impulsado por la diputada radical también establece la obligatoriedad del Estado de brindar “prestaciones asistenciales, acompañamiento sistemático multidisciplinario, control nutricional, contención psicológica a la familia del o la paciente, cuidados paliativos, cobertura de transporte, etc”.

Y, además, el Programa Provincial de Oncopediatría debe garantizar al o la paciente y su núcleo familiar el acceso a un alojamiento cercano al lugar de tratamiento con las condiciones edilicias y de seguridad sanitaria idóneas para que constituyan un hábitat propicio durante el tratamiento.

En el sexto artículo de la iniciativa se detallan las funciones que tendrá el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, que contará con el asesoramiento del Instituto Provincial del Cáncer.

En su proyecto, Jaroslavsky establece que “el Iosper deberá brindar una cobertura total a los pacientes y que, si se solicitan estudios o tratamientos de urgencia, estos deberán ser autorizados en un plazo no mayor a 48 horas y ejecutados antes de los 7 días”.

“Es vital que el Estado se haga cargo de las prestaciones mínimas, básicas, de tratamiento y rehabilitación, educativas y asistenciales y complementarias, las cuales asistirán tanto a los pacientes oncológicos/as como a sus familias sobre la base del respeto a la igualdad de derechos y de acceso a la salud”, destacó Jaroslavsky en los fundamentos del proyecto.

Aseveró luego que la iniciativa tiene como antecedente un proyecto de ley que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en octubre de 2021 y tiene pendiente la sanción definitiva del Senado.

En tal sentido, la diputada radical sostuvo: “Entiendo que se trata realmente de un tema urgente que no admite demoras y que -hasta tanto no se cuente con una ley nacional- la provincia de Entre Ríos debe ser pionera en el tratamiento de esta enfermedad para dar respuesta a este padecimiento que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes y a sus familias”.

Marina Kienast presentó un proyecto de registro de denuncias anónimas por adoctrinamiento en Escuelas

La legisladora porteña remarcó que “la asimetría de poder entre los distintos integrantes de la comunidad educativa dificulta en la práctica el derecho de defensa ante estos abusos”.

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos, Marina Kienast, presentó un proyecto de ley para conformar un registro de denuncias anónimas por casos de proselitismo o adoctrinamiento, hechos de presión sindical contra integrantes de la comunidad educativa y abusos de autoridad en escuelas porteñas.

La iniciativa tiene como objetivo “equilibrar asimetrías de poder” dentro de la comunidad educativa y “garantizar el derecho de defensa”. En tanto, Kienast destacó que “este proyecto de ley busca proteger la libertad de los integrantes de la comunidad educativa y, con especial énfasis, de sus integrantes más vulnerables: los chicos”.

Y agregó: “hemos visto ya decenas de casos donde docentes imponen su pensamiento o visión política a todos sus alumnos. Algunos incluso llegaron a ser tristemente célebres, pero sólo nos enteramos de una parte, donde un padre o un alumno, harto de la situación filma y publica lo ocurrido. Debemos garantizar a todos los chicos la posibilidad de que sean educados en un contexto de pluralidad de ideas”.

El “Sistema de Denuncias Anónimas” estará a cargo del Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA e incluye a “toda institución de gestión y/o administración privada, estatal y/o mixta, de nivel inicial, primaria y secundaria” que funcione dentro del territorio porteño. Asimismo, se informó que las exposiciones podrán realizarse en formato digital acompañadas por escritos, documentos, audios o videos. Una vez hecha la denuncia, la cartera de Educación “reglamentará la investigación administrativa y aplicación sumaria”.

Presentaron un proyecto de ley para la importación y la venta de coca

La iniciativa corresponde a los diputados Jorge Rizzotti y Fernando Carbajal. “Por el coqueo como patrimonio, derecho y alimento”, argumentaron.

Los diputados nacionales de la UCR Jorge Rizzotti (Jujuy) y Fernando Carbajal (Formosa) reingresaron una iniciativa del jujeño de hace dos años, con nuevos aportes del formoseño, en la cual buscan “regular sobre un vacío grande acerca de la hoja de coca que en Argentina se consume mascada, en el coqueo, y en la cocina (infusiones y harina): cómo ingresa al país, cómo se vende y su trazabilidad”.

“La ley que proponemos inicia con el reconocimiento de la hoja de coca como patrimonio cultural de los pueblos originarios y del coqueo como el derecho que tiene toda persona a reafirmar una identidad cultural, con independencia de su nacionalidad o cualquier otra característica personal, teniendo en cuenta que en Argentina coqueamos personas de toda la diversidad cultural que hemos tenido en nuestra vida vinculación con matrices andinas, ya sea en el campo como en las grandes ciudades argentinas”, enmarcó Rizzotti

En ese marco, amplió que “por eso, buscamos autorizar la importación, la distribución, la venta minorista, la tenencia y el consumo de hojas de coca en estado natural destinadas a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo para infusión, y que el Ejecutivo nacional regule, autorice y fiscalice la importación, el transporte y la comercialización”.

La iniciativa firmada por Rizzotti junto a Carbajal considera la especificación de tales regulaciones, como un Registro de Importadores, entre otros puntos. Y “para el caso de la importación a granel de hojas de coca, establece que serán las provincias de Jujuy, Formosa y Salta las que tendrán plantas para el fraccionamiento y empaquetado como condición para que esa coca circule por el resto del país”, compartió el diputado jujeño.

Rizzotti detalló que el proyecto de ley contiene “establecer que la hoja de coca no será considerada como estupefaciente en las listas que se elaboren y actualicen por el Poder Ejecutivo Nacional, como también la sustitución del artículo 15 de la Ley 23.737 por uno que expresa que la tenencia, el consumo, la importación, la distribución y el comercio minorista de hojas de coca destinadas al coqueo o a su empleo como infusión, no serán actos considerados como tenencia, consumo, importación, distribución o comercialización de estupefacientes, y la derogación de un decreto de 1978, que prohibió en todo el país, tal como lo expresa el mismo texto, la importación de hojas de coca para el consumo habitual o coqueo”.

Además, señaló que “suma al reconocimiento de la interculturalidad que configura a la Argentina y, en eso, a la fuerte pervivencia de las matrices andinas originarias, como también a las economías regionales en el Norte argentino y a las políticas sanitarias sobre un producto que, en su estado natural de hoja, se consume como alimento”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados Lidia Ascárate, Roberto Sánchez, Pedro Galimberti, Juan Polini, Favio Quetglas, Martín Arjol y Gustavo Bohuid.

El bloque Encuentro Federal presentó un proyecto propio sobre el Consejo de la Magistratura

Desde el espacio argumentaron que la iniciativa propone debatir una nueva legislación que restablezca el equilibrio del organismo y cumpla con el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual ley.

Desde el bloque Encuentro Federal compuesto por los legisladores nacionales Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Domingo Amaya y Sebastián García De Luca, presentaron un proyecto de ley del Consejo de la Magistratura y remarcaron que el Congreso debe sancionar con urgencia un nuevo marco legal para cumplir con el fallo de la Corte que en diciembre pasado declaró inconstitucional la ley actual.

“Este proyecto es nuestro aporte al debate por una nueva ley. El objetivo principal es restablecer el equilibrio en la composición del organismo y también en el Jurado de Enjuiciamiento que además proponemos que no sea estable, sino que se constituya cuando se decide acusar a un magistrado”, declaró Stolbizer.

La diputada sostuvo que “el kirchnerismo buscó esa herramienta para cooptar o para disciplinar a los jueces como parte de una estrategia de impunidad necesaria para silenciar los delitos que se cometieron para el enriquecimiento de muchos funcionarios”.

“Lo que está en juego con la sanción de esta nueva ley es preservar el estado de derecho, la independencia del poder judicial y crear de esa manera las mejores condiciones para ser un país creíble, previsible para crear empleo y combatir la pobreza”, finalizó Stolbizer.

La norma impulsada por el bloque que integra Juntos por el Cambio contempla una integración del Consejo de 20 miembros, tal como sugiere la Corte Suprema, incluyendo a uno de los integrantes del Tribunal Supremo. Asimismo suman dos jueces que “deberán garantizar la representación de primera instancia, cámaras de apelación y de la justicia federal del interior del país”.

En cuanto a la representación política, el proyecto sugiere un representante del Poder Ejecutivo y 8 miembros del Poder Legislativo. ¿Cómo se designarían los mismos? Por la Cámara alta, un senador y una senadora del bloque con mayor número de miembros; otro y otra del segundo bloque en ese sentido. Por Diputados, un varón y una mujer propuestos por el bloque que tenga más miembros; lo mismo para el segundo bloque.

Asimismo se contempla la presencia de dos abogados y dos abogadas; más dos representantes del ámbito científico y académico, elegidos a través del Consejo Interuniversitario Nacional: una mujer y un varón.

Como se ve, el proyecto también contempla la incorporación de la paridad de género no sólo para la integración del Consejo sino también para las listas que presenten los sectores: político, jueces, abogados y académicos. Y como cláusula transitoria que, a los fines de la incorporación de los nuevos integrantes para completar mandato, sean mujeres para alcanzar de inmediato una representación paritaria.

Cabe recordar que la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó el kirchnerismo en el 2006 con la única finalidad de tener mayorías propias en el organismo que selecciona y remueve magistrados. “De esa forma, rompieron el equilibrio que la Constitución Nacional impone para la conformación del organismo y sobre todo para que ningún sector tenga mayorías propias y hegemonía sobre los otros”, señalaron desde el bloque.

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Piden al Estado que reacondicione la Ruta Nacional N°95 que une Santa Fe, Chaco y Formosa

La diputada radical Ximena García presentó un proyecto de ley para que las autoridades competentes realicen tareas de reparación y mantenimiento en dicha ruta.

La legisladora santafesina Ximena García (UCR) presentó un proyecto de ley para que el Estado, a través de las autoridades y organismos competentes, efectúe las gestiones necesarias para que se realicen las tareas de reparación y mantenimiento de la calzada correspondiente a la Ruta Nacional N°95.

Así lo comunicó a través de su cuenta de Twitter, en donde García manifestó: “La Ruta Nacional 95 es una de las principales vías de circulación del noroeste de la provincia, y hoy se encuentra en un estado intransitable, generando grandes demoras en el transporte de la producción y poniendo en riesgo la vida de quienes la transitan”, acompañado de un video en el que muestra el deplorable estado del asfalto.

“Por eso junto a Gerardo Cipolini (UCR – Chaco) y varios diputados, presentamos un proyecto para el reacondicionamiento de esta importante vía de comunicación entre las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa, el Estado no puede seguir ignorando la peligrosidad de esta situación”, agregó la legisladora radical.

La iniciativa plantea: “Solicitar al Poder Ejecutivo, a través de las autoridades y organismos competentes, efectúe las gestiones necesarias para que se realicen las tareas de reparación y mantenimiento de la calzada, corte de pastos en banquina, alumbrado y señalización, correspondiente a la Ruta Nacional 95, en los tramos: empalme Ruta Provincial N°2, (Tostado), con empalme Ruta Provincial N°292 (Villa Minetti), y empalme Ruta Provincial N°292 (Villa Minetti), con su empalme con el límite provincial Santa Fe – Chaco”.

¿Vuelve Fútbol para Todos?

El senador Oscar Parrilli presentó un proyecto para que la transmisión de eventos masivos de interés general sea de acceso libre y gratuito.

El torneo de la Liga Profesional de fútbol 2022 ya tiene fecha de inicio, lo cual motivó al senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) a impulsar nuevamente la vuelta de “Fútbol para Todos”, por lo que presentó un proyecto de ley para que la transmisión de eventos masivos de interés general sea gratuita, en el caso de los principales partidos de los equipos de fútbol más convocantes de la Argentina.

Acompañado por sus pares del bloque del Frente de Todos, la iniciativa plantea “de interés general el acceso a contenidos audiovisuales obtenidos en ocasión del desarrollo de encuentros de fútbol de Primera División realizados en el marco de torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, garantizándose en todo el territorio nacional el derecho a un acceso libre y gratuito mínimo a los mismos, en su calidad de bienes culturales”.

La norma estipula que “deberá transmitirse en vivo y en directo por Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, a través de la Televisión Digital Abierta (TDA) terrestre o satelital, o cualquier medio alternativo creado o a crearse en el futuro de acceso libre y gratuito, para todo el territorio nacional, al menos una tercera parte de los encuentros de Primera División que se disputen en el marco de los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino”.

En tanto, fundamenta que “este Senado debe velar por el más pleno y amplio ejercicio de los Derechos de todos los habitantes de nuestro país dictando leyes que posibiliten el acceso público a contenidos informativos de interés relevante, entre los que, sin ninguna duda el Fútbol Argentino se encuentra encuadrado”.

“El lugar que el fútbol ocupa en la identidad cultural argentina es un elemento ineludible a tener en cuenta a la hora de analizar los elementos que pueden determinar que la garantía de su acceso libre, gratuito y en condiciones de igualdad sean declarados con motivos de interés público”, argumenta el senador oficialista.

Además, la iniciativa establece que los encuentros serán determinados por la autoridad de aplicación, y que incluirían “los dos con mayor audiencia potencial correspondientes a cada fecha de torneo programada y asegurando el carácter federal de la audiencia”.

Asimismo, el proyecto del neuquino especifica que el producido generado por la comercialización de publicidad durante las transmisiones de acceso libre y gratuito se distribuirán de la siguiente manera:

  • cincuenta por ciento (50%) al desarrollo de infraestructura deportiva infanto-juvenil en poblaciones vulnerables;
  • treinta por ciento (30%) a la Asociación del Fútbol Argentino;
  • veinte por ciento (20%) al financiamiento de las actividades de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

Diputados de JxC solicitan informes sobre las vacaciones en el Caribe de la titular del PAMI

Luana Volnovich y el subdirector de la obra social, Martín Rodríguez, se fueron de vacaciones al exterior desautorizando el pedido del presidente de la Nación. Desde la oposición exigen explicaciones del viaje.

Tras viralizarse un video que dejó al descubierto que la titular del PAMI, Luana Volnovich, se fue de vacaciones al Caribe junto a su pareja el subdirector Ejecutivo, Martín Rodríguez, desautorizando el pedido que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, les había echo a sus funcionarios, desde la oposición presentaron un proyecto para que el Ejecutivo informe sobre el viaje.

Entre lo solicitado se encuentra que: “Acompañe copia de las resoluciones administrativas por las cuáles se han autorizado las licencias por motivo de las vacaciones de la señora Volnovich y el señor Rodríguez”.

“Especifique quién ha quedado a cargo de la institución aquí en cuestión, que se acompañe copia de todas las resoluciones administrativas que se adoptaron en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) desde el comienzo de la licencia de las autoridades antes mencionadas hasta el día de la fecha. Informe a quién ha sido delegada la firma para las diferentes resoluciones y disposiciones”, precisa el proyecto.

La iniciativa cuenta con las firmas de Graciela Ocaña, Gerardo Milman, Omar De Marchi, Karina Banfi, María Rey, María Sotolano, Ana Clara Romero, Dina Rezinovsky, Alberto Asseff, Soher El Sukaria, Virginia Cornejo, Adriana Noemi Ruarte y Victoria Morales Gorleri.

“Con Diputados de Juntos por el Cambio presentamos pedido de informes sobre las vacaciones en el Caribe de la Titular de PAMI, Luana Volnovich y el subdirector Rodríguez. Queremos saber quien autorizó estos viajes. Queremos respuestas, los jubilados no pueden esperar y estar a la deriva”, comunicó en Twitter Ocaña.

PAMI-PROYECTO

Diputado de Pro presentó un proyecto para citar al secretario de Energía al Congreso por los cortes de luz

Se trata del legislador Álvaro González quien también solicitó la presencia de la titular del ENRE en el recinto. También solicitó que se conforme de manera urgente la Comisión de Energía.

El diputado nacional Álvaro González (Pro – Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para citar al Congreso al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y a la titular del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), para que brinden información sobre los masivos cortes de luz que afectaron a miles de usuarios ante la ola de calor. También, solicitó que se conforme de forma urgente la Comisión de Energía. En ese marco, apuntó contra el kirchnerismo y el congelamiento de las tarifas.

“En Congreso cada dos años cuando se renuevan las mitades se conforman nuevamente las comisiones. Yo he estado en la Comisión de Energía y todavía este año no fue convocada para reunirse, normalmente ocurre en marzo cuando comienza el período parlamentario, por eso presenté un proyecto para que se conforme urgentemente la Comisión de Energía y citar tanto a la interventora del ENRE, Soledad Manin, como al secretario de Energía, Darío Martínez, para que nos den una explicación de cuál fue el motivo de lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”, comunicó el legislador del Pro en diálogo a Radio Continental.

En ese sentido remarcó: “Que informen cuál es el estado de la red eléctrica, si se determinaron las cusas, si se han aplicado sanciones a las empresas, la cantidad de usuarios que se vieron afectados, si en esa cantidad de usuarios hubo hospitales, clínicas o sanatorios para tener una idea de lo ocurrido, si se ha controlado durante los cortes de energía eléctrica las líneas telefónicas porque aquellos que se quedaron sin luz vieron colapsadas las líneas de reclamo de las empresas”.

“Aparece sobre la mesa ese modelo de administrar que tiene que kirchnerismo durante 2015-2016 los entres reguladores fueron intervenidos. En la gestión anterior, el ingeniero (Mauricio) Macri había regularizado los ENTES que hacen el seguimiento. Cuando llegó esta administración decidió volver a intervenir los ENTES y hoy están en manos de personas que solo hacen pertenencia política”, comparó González.

A su vez, precisó que “no podemos meternos adentro del Ejecutivo, lo único que podemos hacer es presentar este tipo de medidas para lograr que los funcionarios a cargo resuelvan los problemas. Y que cuenten por qué llegamos a este problema porque esta mirada sobre la energía, cuando se congelan las tarifas y hay falta de inversiones terminamos con los cortes, es una cuestión que tiene que resolver el Ejecutivo”.

“Nosotros creemos que durante la gestión de Macri hubo menos cantidad de cortes de luz”, remarcó el diputado de JxC y denunció que “hay 120 millones de dólares en inversiones no realizadas y por eso queremos que venga Martínez a explicarlo. No es un dato menor que el ENRE este intervenido”.

Y cerró: “Cuando vos haces lo mismo, tenes los mismos resultados. No hay posibilidad de desarrollo en el país si no hay energía, si no hay precio no hay energía, sin precio no hay inversiones”.

Negri presentó un proyecto para reponer los 20 miembros del Consejo de la Magistratura

“No habrá más predominio de la política y apuntamos a mejorar la eficiencia de la Justicia”, señaló el diputado radical.

El presidente del bloque de diputados de la UCR Mario Negri presentó un proyecto de ley para restituir la antigua composición del Consejo de la Magistratura de 20 miembros, presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa legislativa está en consonancia con el fallo del máximo tribunal que declaró inconstitucional la ley de Cristina Kirchner de 2006, la cual redujo a los actuales 13 miembros la composición del organismo encargado de la selección de los magistrados federales.

“Este proyecto no sólo busca reponer la antigua composición del Consejo de la Magistratura siguiendo las indicaciones del fallo de la Corte, sino que es también un instrumento para dotar de un funcionamiento más eficiente y veloz al Consejo y por extensión a todo el Poder Judicial. Creemos que esta es una gran oportunidad que tiene el Congreso para mejorar el servicio de justicia. La sociedad reclama una Justicia más veloz y transparente”, sostuvo Negri.

En ese sentido explicó: “En primer lugar, al volver a los 20 miembros, terminamos con el vicio que acarreó la ley de 2006 que estableció un predominio de los estamentos políticos sobre los no políticos. Ahora ninguno de los dos sectores tendrá quórum propio, que queda en 12”.

“En segundo lugar, establecemos plazos mucho más breves y perentorios para los expedientes. Una denuncia contra un juez ya no podrá tramitarse durante tres años, ese plazo se reduce a doce meses. Si la comisión de Disciplina no logra avanzar en ese año, el expediente debe tratarse directamente por el pleno. Además, se acortan los tiempos de los concursos para suplir una de las mayores falencias que tiene hoy el Poder Judicial que son los tribunales vacantes”, agregó el diputado radical.

Y añadió: “También aplicamos la equidad de género y actualizamos el reglamento para garantizar la pluralidad y la visión federal”.

El proyecto de Negri tuvo en cuenta la experiencia de más de dos décadas de gestión de los órganos constitucionales en cuestión; las diversas modificaciones legislativas realizadas al texto original; los distintos proyectos de ley presentados; los pronunciamientos e interpretaciones constitucionales realizadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Tenemos el firme convencimiento de la necesidad de contar con una norma legal que sea formulada con claridad, ofreciendo seguridad jurídica en su interpretación y aplicación, resguardando la independencia judicial y la búsqueda permanente de un más eficiente servicio de justicia y que sea, ésta ley, el fruto de amplios consensos políticos, en el intento de que los órganos que hacen a la estructura misma del Poder Judicial de la Nación no se encuentren bajo el predominio o condicionamiento de ningún partido o sector y se constituyan, tanto el Consejo como el Jurado de Enjuiciamiento, a través de la presente norma legal, en una sólida base de un Poder Judicial independiente y eficiente, que brinde la respuesta jurisdiccional que la sociedad reclama en base a decisiones justas, razonables, fundadas y en tiempo oportuno”, fundamenta en su iniciativa.

En el proyecto presentado por Negri el Consejo de la Magistratura tendrá 20 asientos distribuidos de la siguiente manera:

  • El presidente de la Corte Suprema.
  • Un representante del Poder Ejecutivo.
  • Cuatro senadores: dos por el bloque con más integrantes, uno para la segunda bancada y uno para la tercera.
  • Cuatro diputados: dos por el bloque con más integrantes, uno para el segundo y uno para el tercero.
  • Cuatro representantes de los Abogados de la Matrícula Federal: son elegidos directamente por los profesionales; dos por la Capital Federal y dos por el interior, cumpliendo con la equidad de género.
  • Cuatro jueces: elegidos directamente por los magistrados; dos por la Capital Federal y dos por el interior, preservando la equidad de género.
  • Dos representantes de las Facultades de Derecho (la dupla debe ser elegida por los académicos teniendo en cuanta la equidad de género y que uno de los dos integrantes represente a las universidades que tienen asiento en el interior del país).
PdL-Consejo-de-la-Magistratura

Iglesias presentó un proyecto para reformar y democratizar las asociaciones sindicales

La iniciativa corresponde al legislador Fernando Iglesias, que ya la había propuesto en 2011 y 2018.

El diputado nacional Fernando Iglesias (Pro – Ciudad de Buenos Aires) volvió a presentar un proyecto de ley de reforma y democratización de las asociaciones sindicales, que ya había propuesto en 2011 y 2018. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de varios legisladores tales como Graciela Ocaña, Pablo Torello, Waldo Wolff, Gerardo Milman, Hernán Lombardi y los libertarios Javier Milei (La Libertad Avanza) y Carolina Píparo (Avanza Libertad).

“A los efectos de la presente ley, se considera asociación sindical a toda aquella persona jurídica de carácter privado de primer gado o superior que tenga por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores conforme a lo regulado por la Ley 23.551”, precisó el artículo 1 del proyecto.

Mientras que en su artículo 2 señaló que “las autoridades de las asociaciones sindicales deben ser elegidas en procesos libres, periódicos, directos, democráticos, abiertos, competitivos y trasparentes cuya realización sea supervisada y verificada por la Justicia Nacional Electoral”, cuyo objetivo es impedir la reelección indefinida de los gremialistas.

Los proyectos del 2011 y 2018 contemplaban también que los mandatos duren cuatro años con la posibilidad de una sola reelección, y la obligación de presentar una declaración jurada. En ese momento, la iniciativa había sido respaldada con su firma por sus pares de bancada Toty Flores (Coalición Cívica), Luis Petri (UCR) y Graciela Ocaña, Carla Piccolomini, Eduardo Cáceres, Julio Sahad y Karina Molina (Pro).

Proyecto para fomentar la explotación de fibra de vicuña

La iniciativa del diputado Jorge Rizzotti busca abarcar diversas dimensiones de la producción y comercialización mediante un programa de fomento y que el Estado reconozca a la fibra como componente cultural.

El diputado nacional Jorge Rizzotti (UCR – Jujuy) presentó el proyecto de ley promoción de la explotación de fibra de vicuña, cuyo objetivo principal es fomentar la producción y comercialización de la fibra del animal, así como también de productos y subproductos relativos a las economías de las regiones Noroeste y Cuyo de la Argentina.

“Primeramente, buscamos declarar el interés de la producción y comercialización de la fibra de vicuña, junto a reconocer a ésta como componente cultural de las comunidades originarias de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan”, comenzó explicando Rizzotti para resumir su iniciativa. Sobre este primer punto, señaló que “significa reconocer las prácticas culturales y productivas de mucha ciudadanía argentina que convive con la especie vicuña”.

Seguidamente, el diputado remarcó que también se establecen obligaciones para que el Estado se comprometa a regular la relación con productores, el desarrollo tecnológico para el valor agregado, capacitaciones, el repoblamiento de la especia en zonas autóctonas y a garantizar condiciones sanitarias y de trazabilidad. “Luego, crea el Programa de Fomento a la Explotación de Fibra de Vicuña, que contará con líneas de crédito con tasa preferencial para las comunidades originarias que realizan esquila en silvestría”, completó Rizzotti.

Entre los argumentos de su propuesta, el legislador nacional recordó algunos antecedentes específicos en la provincia de Jujuy para destacar cuán significativas resultan las prácticas relacionadas con la fibra del camélido en cuestión en numerosas comunidades originarias del país, como es el caso jujeño, donde la vicuña habita en más del 70% de la región altoandina de la puna conviviendo con poblaciones humanas.

En este sentido, Rizzotti rememoró una pionera ley similar de la que fue autor cuando era legislador de su provincia natal y que apunta a la conservación y al manejo sustentable de la vicuña en silvestría.

Parrilli presentó un proyecto que flexibiliza requisitos para llamar a consultas populares

La iniciativa busca “ampliar la posibilidad de participación de la ciudadanía en todos los temas inherentes a nuestra República”.

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) presentó este jueves en el Senado un proyecto de ley que busca flexibilizar los requerimientos actuales que establecen mayorías especiales para llamar a una consulta popular vinculante y no vinculante y permite que la fecha de su convocatoria coincida con un acto electoral general.

Parrilli, que recibió el apoyo de sus pares del bloque del Frente de Todos Mario Pais, María de los Ángeles Sacnun, Ana Almirón, María Eugenia Duré, Alfredo Luenzo y Silvina García Larraburu, impulsó esta iniciativa que propone modificar y convertir más accesible el derecho ciudadano de llamado a consulta popular.

La propuesta determina que la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las cámaras. Además, en su artículo 14 permite que el día fijado para la realización de una consulta popular podrá coincidir con un acto eleccionario, algo que hasta el momento no estaba permitido.

El autor de la iniciativa sostuvo que “lamentablemente, en los veinte años que lleva sancionada esta ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra patria ha sido sometida a la opinión popular, seguramente muchas de ellas y sobre todo las que han perjudicado el futuro nunca fueron consultadas a la ciudadanía”.

“Muchos proyectos de ley sin duda favorecerán a sectores castigados de nuestra sociedad, que ayudarán a transparentar y agilizar la tan castigada Justicia Argentina, a evitar la fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas extranjeras”, explica el cuerpo del texto.

También mencionó que “la solución del problema habitacional de millones de compatriotas debe ser sometidos a consulta pública y de esta forma dejar en poder de las mayorías las decisiones que afectarán su futuro”.

El legislador neuquino afirmó que “las mayorías adoptadas al sancionarse esta ley redundaron en la imposibilidad de convocarse a consulta popular por cuanto desde su sanción jamás se pudo convocar a una”.

En el texto de la iniciativa, el senador propone modificar el artículo 1 de la Ley 25.432 “Consulta Popular Vinculante y No Vinculante” que quedará redactado de la siguiente manera: “El Congreso de la Nación podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

Diputados dictaminó el proyecto de ley de acceso a la tierra

Se trató en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja la creación de un Fondo Fiduciario destinado a impulsar la agricultura familiar como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Moreau, se reunió de forma presencial y dictaminó este martes el proyecto de ley de acceso a la tierra que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.

“Dictaminamos el proyecto de ley de acceso a la tierra, que impulsa la Unión de Trabajadores de la Tierra, que establece un sistema de préstamos accesibles para que los agricultores familiares puedan tener sus propios terrenos. Ampliar derechos e impartir justicia para el campo que nos alimenta. Son familias que viven de la agricultura, es un medio financiamiento que les va a dar una mano”, señaló la diputada nacional y presidenta de la Comisión.

En ese sentido, agregó: “El punto en cuestión es garantizar la estabilidad de las familias, va a traer beneficios a los circuitos de comercialización y en términos de salud también es algo básico. La democratización de los alimentos es clave, necesitamos que los productores puedan trabajar sus propias tierras. Un 75% no son prioritarios. También es necesario que se generan condiciones de manera sustentable y tener políticas que defiendan el desarrollo”.

Diputada nacional y presidenta de la Comisión, Cecilia Moreau

Por su parte, Carla Carrizo (UCR) manifestó que “el tema es importante, apoyamos a la idea de iniciar el acceso a la tierra para las unidades productivas”, y comparó el presente proyecto con el del diputado Oscar Schiavoni y sugirió “trabajar de otro modo y terminar con la idea de dos proyectos muy distintos y hacer un enfoque complementario”.

“El fondo fiduciario trabaja sobre un punto que es el acceso a la tierra a través de tierras fiscales y el punto débil es que tiene un enfoque asistencialista y la idea es construir autonomía y que los créditos sean para garantizar sustentabilidad en el mercado. Segundo hay una tensión con la Ley Nacional 27.118 del 2014 de Agricultura Familiar que tiene cinco artículos no reglamentados y uno de esos el Banco de tierras fiscales. Creamos organismos que compiten entre sí y tratan los mismos temas”, cuestionó la legisladora radical.

En tanto, Claudia Bernazza (FdT) destacó: “El fondo fiduciario pueda también reunir tierras privadas”, y aclaró que “este proyecto tiene como objetivo un modelo de agricultura, un tipo de agricultura y el Estado nacional lo va a garantizar y tiene un montón de elementos que desde el sector privado no se puede dar”.

En suma, el diputado Lucas Godoy (FdT) reiteró que “no hace hincapié en tierras fiscales. Los productores rurales no tienen accesibilidad a las tierras, ni a créditos, ni financiamientos de las tierras que trabajan hace décadas”.

“El 60% de los alimentos vienen de la agricultura familiar y todo lo que implica eso. En este proyecto es complementario a la ley del 2014 y es algo fundamental permitir el acceso a créditos hipotecarios. Además, es imprescindible para la resolución habitacional. El otorgamiento de tierras es una solución. Hay un montón de tierras del Estado en el NOA que pueden estar destinadas a lograr esos programas de fortalecimiento de agricultura familiar, la posibilidad de acceder a créditos y financiamiento y la posibilidad de compra de tierras y que el Estado puede resolver el problema”, detalló Godoy.

Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social – Santa Fe) ratificó su compromiso con el proyecto al cual consideró como una “importante iniciativa” porque es “una herramienta para la agricultura familiar”. “Hay que entender el contexto que operar este fondo, donde la Argentina por un lado puede duplicar las producciones, pero la contracara es una desestructuración agraria que le hace mal que es el desarraigo rural, ahí perdemos todos”, agregó.

“Este instrumento viene a reforzar otros. Es muy necesario para la diversidad productiva. Hay un contexto de concentración de la tenencia que opera de forma negativa al igual que tampoco hay políticas de economías regionales. Esto contribuye a remediar este contexto de las agriculturas familiares, tener conectividad y luz, agua, grandes demandas que están insatisfechas”, cerró Contigiani.

Por último, Ramiro Gutiérrez (FdT) precisó que “el proyecto no es solo de agricultura familiar, sino de economías regionales que operan como un género donde la agricultura familiar es el principal vector”

“La ley está dirigida a 3 sectores puntuales: los territorios peri urbanos, los oasis y valles productores. Los primeros conforman las zonas de transición y falta panificación estratégica ahí, tenemos que ayudar a ese desarrollo planificado. Es importante no solo por el acceso a la vivienda o a la tierra, sino también el acceso a infraestructuras y obras porque son corredores para poder exportar y tener mercados concentradores de productos como miel, leche, entre otros. Es muy importante el financiamiento para galpones, sistemas de riego, la canalización, fertilización”, finalizó Gutiérrez.

El Fondo Fiduciario está destinado a impulsar la agricultura familiar como política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno, al desarrollo económico y social. tiene como objeto facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la Agricultura Familiar de las familias productoras que carezcan de tierra propia.

El fiduciante será el Estado nacional, mientras que el fiduciario será el Banco Nación, como administrador de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable a los beneficiarios de la norma.

El beneficiario será el agricultor familiar que no sea titular de bienes inmuebles y esté debidamente registrado en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF). Además, debe tener como ingreso económico principal la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

Reunión de la Comisión de Legislación General

En esta misma línea, se trató y pasó a la firma el proyecto de ley para crear el programa nacional marcha al campo, el cual la diputada María Rosa Martínez (FdT) explicó que “se trata de un reordenamiento de tierras fiscales y repoblamiento que posibiliten desarrollar el interior del país y localidades abandonadas para promover planificación de desarrollo regional, movilización de fuerza de trabajo, mejoramiento de caminos rurales, asegurar salud y educación, industrialización en origen, es una gran posibilidad de incentivar soberanía alimentaria, mejoramiento de las condiciones de la rurabilidad y conservación ambiental”.

“Es importante que las personas con o sin experiencia tengan acceso a la formación por parte del Estado u organizaciones. Las obligaciones es recibir las tierras otorgadas, trabajarlas y explotar la tierra asignada, mantener el predio, y que las personas puedan acceder a subsidios, y no pueden desprenderse de ello”, aclaró la legisladora oficialista y agregó: “Junto con la rurabilidad, debe haber acceso a la educación, salud y conectividad porque es un desafío para que las familias puedan afianzarse en esos lugares teniendo en cuenta los niveles de concentración urbana”.

Inseguridad: presentaron proyecto para bajar la edad de imputabilidad

En un marco de crecimiento de la inseguridad en las grandes urbes del país, una nueva iniciativa de ley del diputado Luis Petri busca saldar un debate que tiene décadas y se trata de la relación de los menores con el delito y su responsabilidad. Conocé el proyecto.

El diputado mendocino Luis Petri (Juntos por el Cambio) presentó este miércoles un proyecto de ley que establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho (18) años al momento de la comisión del hecho tipificado como delito.

“La finalidad principal del sistema de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral e interdisciplinario”, indica el texto de la iniciativa.

En ese sentido, agrega que “es necesario consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal. De lo contrario, supone consagrar la impunidad por el crimen anticipadamente por vía legal, clausurando cualquier posibilidad de justicia para la víctima de manera individual, pese a que su autor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad del delito cometido”.

Además, Petri explicó que “Argentina es uno de los países con más alta edad de imputabilidad del mundo. La gran mayoría de países de Latinoamérica y Europa incluyen a los menores en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a partir de los 14 años (Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania, Italia), 13 años (Uruguay, Francia, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre muchos otros países”

Los crímenes no pueden quedar impunes en la Argentina cuando quien los cometió comprendía la criminalidad del hecho. Debemos dar el debate de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil, que disponga penas y establecimientos para su cumplimiento diferenciado, que prevea medidas alternativas a las de prisión conforme a la gravedad del delito, garantice el derecho de defensa y el debido proceso, que erradique todo resabio tutelar y tenga la capacidad de evitar y prevenir la escalada criminal de menores en conflicto con la ley penal, aumentando las posibilidades de resocialización y otorgando una tutela judicial efectiva a las víctimas”, concluyó el mendocino.

REGIMEN-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-JUVENIL

Adolfo Bermejo: “El tren genera empleo y menos costos de logística”

El candidato a diputado nacional adelantó que al llegar al Congreso presentará el proyecto de ley de promoción de la actividad ferroviaria porque “una Mendoza conectada necesita de rutas aéreas, transporte automotor y ferrocarriles en pleno funcionamiento”.

Durante una visita realizada a la Base Logística Palmira de la empresa Trenes Argentinos Cargas, el actual senador provincial y candidato a diputado nacional Adolfo Bermejo por Mendoza por el Frente de Todos anticipó que al llegar al Congreso de la Nación presentará el proyecto de ley de promoción de la actividad ferroviaria, porque entiende que será “una herramienta para el desarrollo del empleo, de las MiPyMEs del rubro metalmecánica y de la educación técnica en Mendoza y otros puntos del país”.

“El proyecto de ley incluye los proyectos de ampliar ramales hacia el Norte provincial, Lavalle, y los proyectos hacia el Sur de la Provincia, Malargüe, San Rafael y General Alvear”, precisó Bermejo y señaló: “Una Mendoza conectada necesita de rutas aéreas, transporte automotor y ferrocarriles en pleno funcionamiento. No hay competencia, sino sinergia entre todos los medios de transporte”.

En ese sentido, detalló: “El tren abarata costos de logística un 30% aproximadamente y se complementa con camiones en los tramos cortos y medios. Es un gran horizonte para los productores mendocinos”, y agregó: “En lo que va del año la línea San Martín transportó casi 4.5 millones de toneladas de diversos productos a granel y paletizados desde Mendoza hacia puertos en Bs As y Santa Fe, permitiendo llegar a nuevos mercados”.

“Con la pandemia el uso de los trenes de carga en Mendoza se incrementó un 30%. Cada vez se transportan más productos de Mendoza a Buenos Aires en tren como ripio, canteras, vinos, bebidas, etc”, indicó el candidato oficialista y precisó que “el taller en Mendoza, ubicado en Palmira, es uno de los mayores de Sudamérica, y cuenta con tecnología de punta y personal masculino y femenino que todos los días trabaja al límite”.

Adolfo Bermejo durante la visita a la Base Logística Palmira de la empresa Trenes Argentinos Cargas.

En este contexto, sostuvo que “tan sólo en el último año y medio hubo una inversión nacional de 2 Millones de dólares para incorporar tecnología y así poner en funcionamiento un moderno Taller de Reparaciones de Vagones. Esto debido a que durante 2020 hubo un aumento del 148% en las operaciones de este Centro Logístico”.

“Es necesario dar mayor visibilidad a esta experiencia de trabajo y alta tecnología que se lleva a cabo en Palmira, que la conozcan nuestros jóvenes de las escuelas técnicas de la provincia2, manifestó el candidato a diputado nacional del FdT porque “es inspirador para primeros empleos, nuevos oficios y carreras terciarias y universitarias”.

Además, señaló: “Esta inversión del Estado Nacional debemos seguir ampliándola, renacionalizando ramales hacia el Norte provincial, Lavalle, y los proyectos hacia el Sur de la Provincia, Malargüe, San Rafael y General Alvear”, y adelantó: “Haré todas las gestiones para que se acelere el retorno del transporte de pasajeros a Mendoza, que ya se han estado haciendo pruebas con coches-motor y no estamos tan lejos de que sea una realidad“.

Al finalizar la visita, Bermejo consideró que “la industria ferroviaria es una oportunidad real para la metalmecánica local. No hay competencia entre transporte automotor, ferroviario y aéreo, sino que se complementan”, y ratificó: “Una Mendoza conectada es posible más que nunca. Me comprometo a regresar luego de las elecciones para avanzar en proyectos de ley concretos para el sector ferroviario en Mendoza. Será importantísimo para el sector metalmecánico, logístico, para el empleo joven y de gran impacto educativo”.

“Gracias Raúl Morcos y Héctor Rosales por la recepción y a todo el equipo de Belgrano Cargas, ésta gran empresa estatal que día a día trabaja por mayor conectividad ferroviaria de Mendoza. Eficiencia, gran profesionalidad y una mirada estratégica para la Mendoza sustentable que necesitamos”, agradeció el senador provincial.

Presentaron un proyecto para que el Gobierno informe sobre los viajes al COP26 y al G20

La iniciativa del diputado Asseff exige que el Poder Ejecutivo explique detalladamente sobre actos administrativos, monto de viáticos, gastos efectuados y un listado de todo el personal que acompañó al primer mandatario a Reino Unido y a Roma.

La visita de Alberto Fernández a la Sesión de la Conferencia de Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Glasgow, y a la Cumbre Presidencial de Líderes del G20, en Roma, dejó fuertes repercusiones no tanto por los temas que se trataron, sino por la cantidad de personal que viajó junto al jefe de Estado lo cual despertó curiosidad en varios dirigentes opositores. Uno de ellos fue el diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) quien presentó un proyecto para que el Gobierno nacional informe de forma detallada quiénes acompañaron al presidente, los actos administrativos que hubo, los montos y gastos efectuados, entre otros puntos.

Por intermedio de la Jefatura del Gabinete de ministros, del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Ministerio de Economía, se solicita al Poder Ejecutivo que indique “por cuál acto o actos administrativos se dispuso integrar la delegación oficial”, ya que “según ha trascendido habría ascendido, sin contar el personal propio al servicio de los distintos vuelos, a más de 120 integrantes”, y se pide que “remitan una copia del mismo o de los mismos”.

En esa misma línea, exige que se precise “bajo qué norma legal se le habrían pagado de manera anticipada a los embarques del personal”, es decir “los respectivos viáticos correspondientes y los pasajes por líneas aéreas”.

“Que se expliquen de qué partida presupuestaria se saldaron los gastos de cada integrante básicamente: alojamiento, comidas, atención médica prepaga, seguro para eventual atención COVID-19, telecomunicaciones, desplazamientos terrestres desde y hacia los aeropuertos y en destino y gastos para cortesía y eventualidades en el exterior, en que divisas se desembolsaron las respectivas erogaciones en Roma y en Glasgow”, plantea el cuerpo del texto.

Asimismo, pide un “listado con el nombre y área de servicio de cada uno de los funcionarios así asistidos, lugar de alojamiento y copia de la factura del mismo, medios de pagos, los textos de las intervenciones de la totalidad de delegados argentinos que hicieron uso de la palabra en la Conferencia de Glasgow”.

La Comisión de Deporte del Senado dio dictamen a cinco proyectos de ley

También pasaron a la firma 80 expedientes de declaración y dos de comunicación. Además, acordaron tener un plenario de comisiones para dar tratamiento a otros proyectos antes que pierdan estado Parlamentario.

La Comisión de Deporte de la Cámara alta, presidida por el santiagueño Gerardo Montenegro (FdT), se reunió este jueves de manera remota y dio dictamen a cinco proyectos de ley, 80 expedientes de declaración y dos de comunicación. Por otro lado, ante el pedido de las senadoras oficialistas Nancy González (Chubut) y Silvia García Larraburu (Río Negro) se acordó un plenario con las comisiones de Educación y la de Presupuesto y Hacienda para tratar otros proyectos y evitar que pierdan estado parlamentario.

La primera oradora fue la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) quien explicó que el proyecto de ley “Natalia” que busca la regulación la actividad deportiva y comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes: “Lleva el nombre de una joven médica que el 29 de diciembre de 2017 fue a un lugar de mi provincia a practicar ese deporte y lamentablemente perdió la vida, y en el juicio se dijo que el instructor no tenía autorización y no se tuvo en cuenta las medidas de seguridad”.

“Esto nos llevó a trabajar el tema, hicimos un primer proyecto que trabajamos y la propia familia de Natalia, principalmente su papa que falleció por Covid-19. Ha sido muy trabajado en Comisión y lo que hace es poner los parámetros mínimos que se deben tener en cuenta donde se practique este deporte que ha tenido accidentes también en otras provincias”, detalló.

A su vez, la legisladora radical agregó: “Estamos a favor del deporte y queremos que se sigan llevando adelante, pero deben tener un marco regulatorio. La Confederación Argentina de Deporte sea la que dé la certificación, que los instructores tenga licencias, que tenga certificados de aptitud física y de primeros auxilios, un seguro por parte de la Confederación Argentina”, y remarcó que “los lugares tengan una determinada característica y las medidas necesarias de seguridad. Consideramos importante este proyecto”.

Por su parte, Ana María Ianni (FdT – Santa Cruz) coincidió con sus compañeras para que “se haga el esfuerzo de tratar otros proyectos en el plenario para que tengan la sanción”, ya que “hace tiempo se han presentado”. Y acompañó el proyecto de ley del senador Montenegro para que “se le de el rango y jerarquía la Confederación Argentina del Deporte”, porque “me parece un acto de justicia de reconocimiento y trabajo y compromiso” que busca modificar la Ley de Deporte 20.655.

En suma, Ernesto Martínez Carignano (Pro – Córdoba) aseguró que “los senadores tienen compromisos con las provincias”, y manifestó que “el proyecto de regulación de la actividad en parapente hay que sacarlo urgente”. A su vez, consultó sobre el proyecto de ley sobre entidades deportivas.

“La Confederación Argentina de Deportes es la entidad madre que históricamente regía a diferentes disciplinas que además está vigente y fundamentalmente trabajan en el deporte social”, respondió Montenegro sobre el proyecto de su autoría.

En ese sentido, indicó: “Es importante tener una Confederación porque le da más fuerza a cualquier gestión deportiva. En una entidad con mayor fuerza política para llevar adelante gestiones deportivas y no se sabe por qué fue eliminada y cuál fue la razón de que salió un DNU sin ningún tipo de explicación sacándole el estatus. No existen denuncias en contra de la Confederación, salvo su posición política. Le quitaron estatus sin ningún tipo de explicación y es necesario tener una entidad madre que lleve una gestión deportiva de todo el país”.

Respecto a los proyectos de declaración, Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) explicó su iniciativa sobre el fallecimiento del futbolista Navarro: “Es un muchacho que falleció y era el ídolo máximo en Tierra del Fuego. Fue representante de la provincia en reiteradas oportunidades, fue dirigente político del Partido Justicialista”.

“Marcó fuertemente a las juventudes en lo que es el fútbol de salón, un deporte esencial por razones climáticas muy practicado. En varias oportunidades fue campeón argentino, fue presidente de un club y capitán de la selección de Tierra del Fuego e integrante de la selección, al ser nuestro máximo representante deportivo”, manifestó Blanco.

Por otro lado, sobre los dos proyectos de comunicación el legislador Mario Fiad (UCR – Jujuy) precisó: “Uno es un pedido de informe de todos los planes y programas vigentes destinados a la ayuda de clubes y entidades deportivas, creo que es importante conocerlos. No es un gasto, sino una inversión”.

Respecto el otro expediente, sucedió un hecho lamentable con respecto a los deportistas que fueron al Sudamericano de atletismo y un influencer hizo una campaña para que pudieran viajar y el ENARD redujo la cantidad de deportistas de 60 a 19 de la delegación argentina que viajó a Ecuador”, cuestionó Fiad y concluyó: “Sería importante tener un informe sobre eso porque los deportistas que no pudieron viajar necesitan una explicación”.

Los proyectos de ley:

  • Una de las iniciativas corresponde al senador Montenegro que propone modificar el art. 20° de su similar Ley de deporte 20.655 sobre entidades deportivas.
  • El de la senadora Lucila Crexell que  declara capital nacional del tetratlon a la ciudad de San Martín de Los Andes, provincia de Neuquén.
  • El expediente de Elías de Pérez y otros: que busca la regulación de la actividad deportiva y comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes y/o ala deltas.
  • El proyecto de ley de Roberto Mirabella modifica su similar 27.460 sobre el Día Nacional del Futbolista, para sustituirlo por el 22 de junio de cada año.
  • La iniciativa que declara “Capital Nacional del Triatlón”, a la cuidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.

Proponen crear el Ministerio de Deporte

Senadora impulsa un proyecto de ley para dividir el Ministerio de Turismo y Deporte. El objetivo será jerarquizar las dos áreas. Sería la primera vez que Deporte tenga rango ministerial.

La senadora santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) propone mediante un proyecto de ley desdoblar el Ministerio de Turismo y Deporte en dos carteras independientes, por lo que el deporte nacional podría alcanzar por primera vez el rango ministerial.

La iniciativa presentada por Ianni impulsa la modificación de la Ley de Ministerios “con el fin de dotar de mayor jerarquía al gabinete presidencial incorporando dos sectores – Turismo y Deporte- que ameritan una gestión y dedicación específica y exclusiva”, señala el fundamento del texto.

Asimismo, destaca la senadora santacruceña que ambos sectores “cuentan con una importancia estratégica para el desarrollo nacional tanto en lo económico como en lo social, con el objetivo de generar mayor capacidad de ejecución y elevación de las políticas de Estado en ambas áreas”.

“Cuando un gobierno eleva una secretaría al rango de ministerio lo hace como una declaración de principios de su gestión, como una expresión de gobernabilidad y plan político. Lo que propongo es simplemente otorgar a estas dos carteras el lugar que merecen”, argumentó Ianni.

En ese sentido, agregó: “Nos encontramos ante dos áreas que históricamente han luchado contra la concepción más tradicional del Estado para ser reconocidas por su importancia y valor para el desarrollo de una Nación dentro de la estructura organizativa de la administración pública nacional”, fundamentó la senadora.

“En este ascenso en la escala de reconocimiento, ministerios actuales como el de Cultura, que hoy goza de total exclusividad organizativa, compartió dicho orden precisamente con las áreas de Turismo y Deportes, por mencionar el ejemplo de una cartera que logró su respectiva y merecida independencia”, agregó.

Ianni recordó que “fue a través de la jerarquización ministerial que se construyeron los pilares de un modelo de

desarrollo turístico con inclusión social y se posicionó al sector turístico en la agenda económica pública como nunca antes. Se lograron cifras recórd en llegada de turistas y generación de divisas por turismo, se incrementó de manera exponencial el turismo interno, se generó empleo directo e indirecto en las diferentes ramas de la economía, se incrementaron las inversiones y se incorporó al sector privado como socio estratégico en la formulación e implementación de políticas activas.

Para la senadora, el reconocimiento del deporte mediante la jerarquización ministerial, “ampliará considerablemente su capacidad de gestión y pondrá en valor la actividad deportiva, favoreciendo un salto cualitativo y cuantitativo a largo plazo de la política deportiva nacional, tanto en el desarrollo del deporte en Argentina, como en el plano internacional”.

Proponen instituir el 30 de octubre como el “Día Nacional del Fútbol” en homenaje a Maradona

La iniciativa de ley corresponde al legislador Luis Gioja quien aseguró que es en “honor a todas las alegrías deportivas que nos dio y nos dejó y a su compromiso permanente con las causas sociales”.

El diputado nacional José Luis Gioja (FdT – San Juan) recordó el proyecto de ley que presentó luego de fallecimiento de Diego Armando Maradona que propone instaurar el 30 de octubre de cada año como el “Día Nacional de Fútbol” en homenaje al natalicio del futbolista, el cual fue acompañado por más de treinta legisladores del su bloque y fue girada a las Comisión de Legislación General, que preside la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos) y a la Comisión de Deportes, presidida por Héctor Baldassi (Pro).

“El mejor homenaje que podríamos hacerle a Diego es instaurar, para siempre, su fecha de nacimiento como el Día Nacional del Fútbol”, sostuvo Gioja, agregó que “en honor a todas las alegrías deportivas que nos dio y nos dejó y en honor a su compromiso permanente con las causas sociales, estoy seguro que podemos lograr el consenso para votar este proyecto en el recinto y sancionarlo con fuerza de ley”.

En este sentido, expresó: “Fuiste alegría, esperanza, goce e ilusión de todo el pueblo argentino. Fuiste peronista desde la cuna, siempre miraste al más humilde, al más necesitado y ahí estabas, con la 10 en la espalda, llevando alegría”.

El proyecto de ley detalla que “Maradona, fue, es y será la mayor figura futbolística de Argentina. Sus logros deportivos son extensos y abarcan su etapa en clubes y en la selección nacional. Asimismo, alcanzó el éxito deportivo a nivel nacional e internacional. Durante más de diez años fue la máxima referencia de la disciplina. E incluso para muchas personas aún lo es y lo será por siempre”.

También, en el cuerpo del texto se detalla la carrera futbolística del “10” y concluye que “Ha sido y es admirado por sus pares y por las principales figuras de otros deportes. Además, el legado de Maradona trasciende al ámbito del fútbol. Fue autor de decenas de frases célebres y opinó sobre temas sociales y políticos, siempre manifestándose a favor de los sectores más vulnerables”.

Catalfamo pide el tratamiento del proyecto de ley nacional de juventudes en el Senado

La legisladora puntana se refirió al proyecto de ley de su autoría sobre juventudes y manifestó preocupación porque “no pasaron los 7 días del dictamen para tratarlo en el Senado y la oposición no nos acompaña para eso”.

La senadora nacional María Eugenia Catalfamo (Frente de Todos – San Luis), autora de la iniciativa de ley nacional de juventudes explicó los puntos principales del mismo y aseguró que “es un proyecto sumamente integral que abarca a todas las juventudes del país”. A su vez, mostró preocupación porque “el dictamen fue firmado la semana pasada y no dan los 7 días para tratarlo en el Senado y la oposición no nos acompaña para eso”, en relación a la sesión que se llevará a cabo este jueves.

En diálogo por el programa La Locomotora FM Radio Universidad San Luis, Catalfamo afirmó: “Es un proyecto de ley que venimos impulsando desde el 2017 y lo presentamos por primera vez en 2019 donde no tuvimos oportunidad de tratarlo ni debatirlo en comisión y lo volvimos a presentar en principios de este año”.

“Es un proyecto sumamente integral que abarca a todas las juventudes del país que se estructura en tres partes”, subrayó y describió: “Por un lado, los derechos que tienen los jóvenes a nivel nacional y los deberes que el Estado debe cumplimentar para garantizar esos derechos”

Por otro lado, añadió que “busca crear un organismo a nivel nacional que refuerce la estructura del Estado que es la Secretaría Nacional de Juventudes y mantiene dos de los organismos vigentes que son el Instituto Nacional de Juventudes y el Concejo Federal de Juventudes desde donde se piensan y diagraman políticas públicas de juventudes de carácter federal”.

“Por último, establece un presupuesto mínimo del 0,02 por ciento en piso del presupuesto de Administración General de la Nación y, es una prioridad que le da el Estado si esta ley se llega a sancionar en materia de juventud para que se concreten en políticas públicas en torno a eso”, agregó la senadora oficialista.

A su vez, manifestó que “hay pocos espacios para los jóvenes”, y atribuyó eso a “la falta de conciencia a nivel general, hay falta de compromiso por parte de la dirigencia política nacional. En pocas provincias, como San Luis, se le da valor como hace Alberto Rodríguez Saá”

Hay pocos espacios de juventudes y en los pocos no se abocan a políticas concretas de los jóvenes y eso hay que cambiar”, precisó la legisladora puntada y expresó preocupación porque “el dictamen fue firmado la semana pasada y no dan los 7 días para tratarlo y la oposición no nos acompaña para eso.

En ese sentido, ratificó que “se trata de abrir espacios y generar mesas de trabajo donde las juventudes puedan estar representadas y eso es lo que no pasa en nuestro país. Es lamentable que no haya una dirigencia política que se aboque directamente a eso y pasa dentro de mi espacio político y en la oposición, creo que debe un gran acuerdo que permita tener a las juventudes como protagonistas”.

Al finalizar, recordó que “hay proyectos de años anteriores, uno del Poder Ejecutivo del 2015 que obtuvo media sanción, pero en el Senado no se le dio espacio y perdió estado parlamentario, el macrismo no permitió darle tratamiento, es lo que nos pasa con la sesión de este jueves”.

Polémica por el proyecto de ley que propone cambiarle el nombre al CeNARD

La iniciativa del senador Mariano Recalde, que tuvo dictamen en la Comisión de Educación y Cultura, que plantea sustituir el nombre del CeNARD por el de “Patricia Julia Roisinblit” desaparecida en dictadura, despertó el enojo de la hija porque “mi mamá no era deportista”.

Durante la Comisión de Educación y Cultura del Senado que se llevó a cabo este martes, se dio tratamiento y pasó a la firma un proyecto de ley del senador Mariano Recalde (FdT) que propone cambiar el nombre del CeNARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) por el de “Patricia Julia Roisinblit”, desaparecida en la dictadura militar. Sin embargo, se opuso a la iniciativa Mariana Pérez, hija de la mujer, quien expresó en sus redes sociales: “Mi mamá no fue una deportista desaparecida”.

En principio, Recalde posteó en su cuenta de Twitter: “Hace un tiempo Victoria Montenegro me acercó una iniciativa que hoy empieza a tomar color: la de nombrar al Complejo del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) como Patricia Julia Roisinblit”, y sumó: “Patricia, deportista federada en tenis de mesa, fue militante del PRT y de Montoneros. En 1978, cuando cursaba el octavo mes de embarazo, fue secuestrada junto a su otra hija Mariana, que fue entregada a familiares”.

Tras ese mensaje, Pérez lanzó una seguidilla de tuits: “No pasó ni cerca de una paleta de ping pong los últimos años de su vida”, escribió y siguió: “Yo amo a mi mami y para mí es perfecta y merece todos los homenajes, pero esa soy yo que soy la hija”, ante lo que cuestionó: “Me gustaría que los legisladores se ocuparan de otras cosas”.

Además, manifestó que “desde hace unos años homenajean a mi mami como deportista porque jugaba ping pong cuando era chica. Un novio que tuvo desde los 18 ya me la describió como “una ameba”. Ahora un centro de alto rendimiento deportivo llevará su nombre”.

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“Dejé pasar en silencio una iniciativa de ponerle el nombre de mi mamá a una calle, un homenaje a mi abuela al cual no puede ir y varias perlitas así, pero esto de renombrar al CeNARD ‘Patricia Julia Roisinblit’ es demasiado”, criticó y añadió: “Mi mamá tengo entendido que nadaba y también fue federada de ping pong, creo que por River, pero no estoy segura. No conservamos ni un carnet, ni una foto. Eso fue cuando era chica, a lo sumo adolescente. Después no siguió practicando deportes”.

A su vez, la hija precisó: “Mi mamá sí era una excelente dibujante y una brillante estudiante de Medicina, pero no una deportista. Fue militante del PRT-ERP, del ERP 22 y de Montoneros”, y exclamó: “Fue detenida-desaparecida con un embarazo de 8 meses. ¡Pero no fue una deportista desaparecida!”.

Por último, escribió que “llamó al despacho de Mariano Recalde para hacerles saber”, y se preguntó: “¿Cómo seguirá la historia?”.

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Casaretto: “Vamos a tener dictamen para el proyecto de alivio fiscal y el martes tendría media sanción”

El legislador del FdT se mostró optimista ante el proyecto de ley de alivio fiscal que tendrá tratamiento en Comisión este lunes y el martes en Diputados, en donde se busca la media sanción porque “la convocatoria se hizo por acuerdo de ambos bloques”.

marcelo casaretto sesion formula movilidad 29 diciembre 2020

Uno de los temas en la agenda de la Cámara baja de esta semana es el proyecto de ley de alivio fiscal presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Al respecto el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) se refirió al mismo y aseguró que “vamos a tener dictamen y mañana tendría media sanción” porque “la convocatoria se hizo por acuerdo de ambos bloques por lo que estimamos que vamos a tener los votos necesarios”.

En diálogo por el Destape Radio, Casaretto explicó que “el proyecto de alivio fiscal lo presentó Sergio Massa acompañado por todo el bloque y que tiene varias partes. En primer lugar, tiene una condonación de deudas de hasta 100.000 pesos abarcando organizaciones, entidades sin fines de lucro, todo lo que hace a la actividad solidaria para que quede en una cuenta fiscal en cero al igual que una Pyme”.

“En segundo lugar, se permite la rehabilitación de las moratorias o planes de pagos caducos y, en tercer lugar, se hace rehabilitar la moratoria del año pasado que permitió que muchos contribuyentes regularizaran la deuda en AFIP”, agregó.

En este sentido, el diputado del Frente de Todos aseguró que “esta tarde vamos a tener dictamen para el proyecto de alivio fiscal y mañana tendría media sanción y pasaría al Senado para que se sancione de forma inmediata”, y cuestionó: “La oposición a veces acompaña y a veces no, hace dos semanas quisimos sesionar y no obtuvimos el quórum. Tenemos 122 votos y necesitamos 129, en este caso la convocatoria se hizo por acuerdo de ambos bloques por lo que estimamos que vamos a tener los votos necesarios”.

“La idea es hacer una condonación de deudas a entidades de bien público y Pymes”, precisó el diputado entrerriano y destacó que “el alivio fiscal también va a rehabilitar las moratorias caducas”.

Asimismo, indicó que “se le va a dar una oportunidad a todos los contribuyentes para que regularicen sus impuestos con 120 cuotas, o sea 10 años”, y remarcó que “también habrá un capítulo que va a beneficiar a todos los contribuyentes que están al día con sus impuestos. Hay todo un esquema para que todos los argentinos puedan regularizar la situación impositiva en esta salida de la pandemia”.

“Los que tienen al día el monotributo van a tener 4 meses de gracia como premio”, señaló Casaretto. Además, remarcó que “la convocatoria para la sesión de mañana fue por acuerdo así que estimamos que vamos a tener los votos de la oposición para sancionar el alivio fiscal”.

Por otro lado, y sobre el proyecto de ley de etiqueta frontal que se tratará este martes en el recinto, el diputado destacó que “es un tema que se aprobó en el Senado con media sanción, en Diputados no pudimos y tenemos el objetivo de tratarlo este martes”, y concluyó: “Juntos por el Cambio coincidió en votar la ley de etiquetado frontal, al menos la mayoría de sus integrantes, de ser así tendría la media sanción definitiva y pasaría al Poder Ejecutivo para la promulgación”.

Diputados aprobará este martes la entrada y salida de tropas, un tema demorado

Luego de haber obtenido media sanción en el Senado por unanimidad, urge la necesidad que la Cámara baja sancione el proyecto de ley que permite la realización de ejercicios militares.

Dentro del extenso temario de la sesión del próximo martes, la Cámara de Diputados buscará aprobar el proyecto de ley de tropas que fue enviado por el Poder Ejecutivo que autoriza una serie de ejercicios militares que debían haberse iniciado el pasado 1ro. de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022 y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Se trata de una iniciativa que habitualmente se vota todos los años, a través de la cual el Congreso avala la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar en el Programa de Ejercitaciones Combinadas.

En el cuerpo del proyecto se contemplan un total de 11 ejercicios, de los cuales siete son correspondientes a la Armada Argentina, cuatro a la Fuerza Aérea Argentina, seis son de carácter bilateral y cinco de carácter multilateral.

Inseguridad: el massismo impulsa una ley para evitar “la puerta giratoria”

Un diputado nacional del Frente de Todos presentó una iniciativa para eliminar “la puerta giratoria” en delitos con armas de fuego.

El diputado nacional del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentó este jueves un proyecto de ley denominado “Armas y delitos contra la seguridad pública” que crea nuevas protecciones legales y un abanico de agravantes para aquel delincuente que porte un arma de fuego para delinquir.

“Hay que mandar un mensaje legislativo que no deje dudas y que permita a las autoridades ir a buscar las armas a manos de los delincuentes”, aseveró el legislador.

La iniciativa parlamentaria presentada por el diputado oficialista incorpora por primera vez al Código Penal la definición de “portación de arma“, comprendida como “disponer, en lugar de acceso público, de un arma de fuego apta para disparar y en condiciones de uso inmediato”.

En la actualidad, portar ilegalmente un arma de fuego tiene una pena de 1 a 4 años de cárcel, lo que permite la condena en suspenso. La nueva ley no sólo eleva ese máximo a 8 años, sino que, establece 9 agravantes, incluyendo la detención e incorporando el cumplimiento penas a cumplir en todos los casos. “Pusimos el foco en el delincuente armado y modificamos la Ley Penal”, expresó Gutiérrez.

El nuevo abanico de herramientas legales está destinado a intervenir y frenar “la puerta giratoria” en las primeras fases del “camino del delito”, cuando el delincuente porta el arma y aún no ha robado, lastimado o matado a nadie.

La reforma crea, además de las figuras básicas, la de “portación ilícita agravada”, con penas de hasta 12 años de prisión y alcanza al delincuente que tenga antecedentes por uso de armas o delitos intencionales previos contra las personas, al que porte el arma en establecimientos educativos, de salud, centros de culto, espectáculos deportivos, culturales, cuando se empleen armas anteriormente utilizadas en otro delito, cuando sean “tumberas” o modificadas para lograr mejor alcance, precisión o poder de fuego, cuando tengan numeración borrada, adulterada o cuando se porten en vehículos motorizados, como lo hacen sicarios, piratas del asfalto, secuestradores, atracadores, etc.

“Todo aquel que toma la decisión de ponerse un arma en la cintura y salir a robar o a lastimar, tiene que saber que el Estado también tomó otra decisión, la de construir una ley potente que defienda a la ciudadanía”, expresó el diputado massista que impulsa la ley y ya cuenta con el acompañamiento de sus pares Cecilia Moreau, Mirtha Tundis, Jimena López, Alicia Aparicio, entre otros.

En concreto, la ley brindará herramientas a la justicia y a las fuerzas de seguridad para atrapar y condenar en aquellos delitos dónde se usen armas de fuego, incorporando al Código Penal definiciones claras que impidan interpretaciones arbitrarias o liberatorias.

En sus argumentos, la norma presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resalta la necesidad de intervenir firmemente en la cadena de sustracción, fabricación, alquiler, tenencia, portación, tráfico, tránsito y uso de estas armas fuera de la ley, enmarcando las acciones como parte de un plan estatal dirigido a la pacificación y limitación de la violencia.

Por cada arma legal registrada, se estima que existe al menos otra que circula clandestinamente en el mercado ilegal, lo que potencia el riesgo de uso criminal, según consignaron a través de un comunicado.

En cifras de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, el robo con armas subió de 50.288 casos en 2016 a 54.289 en 2019, con merma en pandemia, y el abuso de armas se mantuvo en aumento constante hasta el presente, incrementándose un 12% más entre 2019 y 2020.

La única encuesta nacional que consultó a las víctimas es de 2017 y la protocolizó el INDEC. En esa oportunidad y para el caso de robo de autos, camionetas y camiones, el 93,2% de los casos registra uso de armas.

El proyecto de ley de Juventudes pasó a la firma con modificaciones en Senado

Se dio en el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, en donde dieron tratamiento al proyecto de ley Nacional de Juventudes el cual pasó a la firma, pero con modificaciones a pedido del senador Pais.

En el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, el proyecto de ley Nacional de Juventudes de María Eugenia Catalfamo (FdT – San Luis) obtuvo dictamen con algunas modificaciones sugeridas por el senador Mario Pais.

Dicho proyecto tiene como objetivo “instituir un marco normativo integral que establezca los derechos, deberes y garantías de las personas jóvenes que se encuentren en el país”, con el fin de promover “el desarrollo integral de las personas jóvenes residentes en el país y su participación activa en todos los ámbitos de la vida en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad”.

El cuerpo del texto establece que son derechos de las personas jóvenes la “no discriminación, la educación, la formación y capacitación laboral, la educación sexual, salud, tratamiento y prevención ante el consumo, trabajo decente y de calidad, seguridad social y derechos laborales, libertad sindical, inclusión digital lo que nos mostró la pandemia y tenemos que garantizarlo como un derecho, participación política, equidad de género, acceso a la justicia, la integridad, al deporte y recreación a la cultura, el acceso a la vivienda, al ambiente sano, y el acceso a la tierra”.

Por otro lado, plantea que el Estado tiene como deber “establecer pautas de políticas públicas, promover los valores, no discriminar, fomentar un sistema educativo, educación y trabajo, garantizar salud, proporcionar prevención, tratamiento y rehabilitación de consumos, debe estimular programas de empleo y formación laboral, entre otras cuestiones”.

Por último, el proyecto plantea la composición de los organismos de promoción de juventudes tales como una Secretaría Nacional de juventudes, Instituto Nacional de juventudes y un Consejo Federal de juventudes, sumado al financiamiento que requiere cuyos “fondos previstos se compondrán de un monto anual que no podrá ser inferior al 0,02% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional2”.

En su inicio, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes), remarcó que “este proyecto trabaja de forma integral un marco normativo de derechos y deberes para los jóvenes de 18 a 29 años, y se tomó este rango etario para no cruzarlos con los programas que ya tiene el Gobierno”.

Antes de pasar al tratamiento del proyecto, la senadora María Belén Tapia (UCR – Santa Cruz) solicitó la palabra y se quejó de “la metodología de trabajo de llamado al plenario con menos de 48 horas de anticipación”, y manifestó que se “sorprendió que le han sacado el giro a la comisión de Desarrollo Humano porque es ineludible que se trate en esa comisión y la senadora Catalfamo es secretaria de la misma, en post de facilitar el tratamiento es un obstáculo”.

“Jamás puse inconveniente a tratar un tema por el hecho de que pertenezca a otro espacio político, pero este proyecto tenia como cabecera la comisión de Desarrollo”, y acusó que tratarlo de esta forma “no hay consenso”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, respondió el planteo de la legisladora radical y le manifestó: “No porque no esté en esa comisión no significa que no haya debate”, y agregó: “Me parece que una cosa no tiene nada que ver con otra porque el debate democrático se va a llevar a cabo igual”.

Por otro lado, remarcó que “el presupuesto es lo mínimo de esta ley, lo importante es el resto. Se solicita el 0,02 porciento como valor base para trabajar este proyecto de ley”.

A continuación, expuso la autora del proyecto, Eugenia Catalfamo, quien agradeció el aporte de la senadora Tapia y precisó que “los jóvenes van a contar con un programa de contención de sus derechos”.

En ese sentido, recordó que “en 2017 empezamos a trabajar en este proyecto de ley y lo que estamos haciendo hoy es histórico, empezamos este proceso con un grupo de jóvenes y lo abrimos a todos, trabajando en conjunto para tratarlo en 2019 donde no tuvimos la oportunidad de que tenga tratamiento”.

“Recién este año representamos la iniciativa y la pandemia nos permitió hablar con distintas organizaciones y jóvenes de diferentes puntos del país. Nos reunimos con diferentes provincias, con la CTA, CGT, UTEDYC, con decenas de funcionarios porque es una ley que debía trabajarse entre todos, es una ley que beneficia a más de 10 millones de jóvenes que están golpeados en el marco de la pandemia en materia de empleo, de educación, de salud, hay muchas cuestiones que afectaron a lo jóvenes”, puntualizó la senadora puntana.

Además, definió que “los jóvenes son esas personas que hay que formar, que nos van a representar en el futuro, por eso hay que garantizarles derechos, porque van a guiar el destino de la Nación”.

Tras eso, tomó la palabra Víctor Zimmerman (UCR – Chaco) quien compartió lo dicho por la autora del proyecto del cual destacó que “siempre es muy importante diseñar políticas públicas para los jóvenes”, aunque cuestionó que “sería importante poder escuchar a jóvenes de distintas posiciones y pertenencias del todo el país con respecto un proyecto de estas características”

A su vez, señaló que “el proyecto crea la Secretaría General de la juventud, crea el Instituto y reemplaza una figura existente, crea el Consejo Federal de juventud que también reemplaza una figura existente”, y añadió: “Sobre el costo fiscal actualizado le agregaría un 50 porciento debido a la inflación”.

“¿Cuál es el programa o cómo se va a ejecutar, no se está justificando solo la construcción de una nueva estructura, no podría verse como una contradicción porque hay un incremento de financiamiento?”, preguntó el senador radical, ante lo que Catalfamo le sugirió que “hay que dejar de hablar de costos fiscales, estamos hablando de futuro de jóvenes”, y explicó “a la estructura que está constituida por la Institución Nacional de juventudes que ya existe, solo se crea una Secretaria Nacional de juventudes”.

De forma interrumpida, el legislador del Chaco le remarcó que eso “deroga la ley que crea el Consejo federal y que crea el instituto nacional de juventud y el que transfiere el instituto, se deroga y se ceo uno nuevo”. Por consiguiente, la autora del proyecto aclaró que “tiene que ver con poder reacomodar algunas funciones y no crear nada nuevo, porque los jóvenes nos manifestaron que necesitaban un lugar que canalice sus inquietudes, entendemos la situación que esta atravesando el país, pero no podemos dejar de lado la situación que atraviesan los jóvenes”.

A su turno, la senadora Ana María Ianni (FdT-Santa Cruz) pidió: “No le tengan miedo a invertir en la juventud, no le tengan miedo a la participación de los jóvenes en el Estado, en el Gobierno”.

En ese sentido, agregó: “Pongamos la mirada en el futuro y no en la chicana política. Este proyecto de ley se viene trabajando hace ya mucho tiempo”, advirtió.

Por su parte, el senador Antonio Rodas (FdT-Chaco) señaló: “Me pone muy contento de que este proyecto por fin sea tratado. Es nuestra obligación darle a nuestros jóvenes la oportunidad de tener un escenario distinto”, apuntó.

Por último, Juan Mario Pais ( FdT – Chubut) solicitó la modificación “en algunos aspectos constitucionales del proyecto”, tras lo cual se pasó a la firma con las modificaciones que realizó el senador chubutense.

Este es el proyecto de ley del Ejecutivo sobre seguridad laboral

Ingresó en Diputados la iniciativa para crear el “Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

El Poder Ejecutivo envió este jueves a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece la creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que apunta a consolidar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La decisión de enviar el proyecto al Congreso fue anticipada este miércoles por el presidente Alberto Fernández, tras un encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con dirigentes de la CGT y la CTA para adelantarles los alcances de la iniciativa.

“No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI”, expresó Fernández al celebrar la redacción del proyecto que ingresó hoy a la Cámara de Diputados.

La iniciativa lleva las firmas del Presidente; del ministro de Trabajo, Claudio Moroni y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El proyecto, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

Según el texto, la creación de ese comité “será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen cien o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número”.

En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de quinientos trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

Por otro lado, y en aquellos lugares en los que se desempeñen más de diez trabajadores y/o trabajadoras y menos de cien, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.

La propuesta, de 11 artículos, apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención.

Entre otras cuestiones, el organismo buscará promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, proponiendo al empleador o a la empleadora la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes, así como la elaboración de normas de sana convivencia.

COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 1º.- Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo.
Definición.- Créase un “COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO” en cada ámbito laboral. El mismo se constituirá como un órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta y participación, regular y periódica, de las actuaciones en materia de prevención de riesgos, seguridad, salud y medio ambiente, que se lleven a cabo en los lugares de trabajo, ya sea que se trate de empresas o establecimientos del ámbito privado o en el Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º, incisos a), b) y c) de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones.
El citado Comité Mixto será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen CIEN (100) o más trabajadoras y trabajadores. Estará formado, como mínimo, por DOS (2) representantes de las trabajadoras y los trabajadores, por una parte, y por el empleador o la empleadora y/o sus representantes, en igual número, salvo lo que se disponga en los Convenios Colectivos de Trabajo respectivos. En las empresas en que se desempeñen más de QUINIENTOS o QUINIENTAS (500) trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.
En aquellos lugares de trabajo en los que se desempeñen más de DIEZ (10) trabajadores y/o trabajadoras y menos de CIEN (100), el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a esta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo.

ARTÍCULO 2º.- Elección de sus miembros.- La Entidad Sindical designará DOS (2) representantes entre aquellos delegados elegidos y aquellas delegadas elegidas en los términos de los artículos 40 y 45 de la Ley Nº 23.551 y sus modificatorias, dentro de los lugares de trabajo definidos en los términos del artículo 1º de esta Ley.
La elección deberá respetar la paridad de género existente entre dichos delegados y dichas delegadas. El mandato de las y los representantes sindicales en el Comité Mixto cesará conjuntamente con el de su mandato como delegadas y delegados.
Cuando existiera más de UNA (1) asociación sindical con personería gremial con actuación en el lugar de trabajo, la integración se hará en forma proporcional al número de personas que trabajan, representadas por cada organización sindical en dicho ámbito. En ningún caso la pluralidad de entidades sindicales que allí confluyan redundará en el aumento del número de miembros del referido Comité Mixto.
La representación del empleador o de la empleadora deberá contar al menos con UN (1) o UNA (1) integrante o representante de sus máximos niveles de dirección, con facultad de decisión.

ARTÍCULO 3º.- Funcionamiento.- Se elegirá Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria de entre los y las integrantes del citado Comité, quienes podrán ser reelegidos o reelegidas. Si el Presidente o la Presidenta representan al empleador o a la empleadora, el Secretario o la Secretaria representará a las personas que trabajan y viceversa. Si no hay acuerdo, se decidirá por sorteo.
En las reuniones del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo participarán, con voz pero sin voto, los responsables técnicos o las responsables técnicas de la prevención en los lugares de trabajo, que no estén incluidos o incluidas en su composición. En las mismas condiciones podrán participar representantes de la Autoridad de Aplicación o profesionales y técnicos o técnicas con competencia en la materia que fueran invitados o invitadas por el Comité.
El citado Comité Mixto se reunirá mensualmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria, siempre que lo solicite alguna de las representaciones que lo integran. El Comité Mixto adoptará sus propias normas de funcionamiento. La convocatoria a reunión deberá realizarse con una antelación mínima de SIETE (7) días y se señalará lugar y hora en que se desarrollará la misma. El temario deberá consensuarse por las partes.
Las reuniones del Comité Mixto se llevarán a cabo en los lugares y horario de trabajo, sin desmedro de las remuneraciones de sus miembros. Estos no percibirán remuneración suplementaria alguna por el ejercicio de sus funciones, pero el empleador o la empleadora abonará los viáticos o gastos que demandare el desempeño de sus tareas.
El Comité Mixto deberá llevar un Libro de Actas y los registros que dispongan las normas vigentes en la materia o en su Reglamento interno.

ARTÍCULO 4º.- Competencias.- El Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos en el Trabajo tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos, la promoción de la seguridad y el resguardo de la salud y los factores de riesgo psicosociales en el ámbito laboral. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en materia de prevención, los proyectos atinentes a planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, proponiendo al empleador o a la empleadora la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes, así como la elaboración de normas de sana convivencia en el ámbito de trabajo.
c) Participar en la elaboración de los planes de formación en materia preventiva.
d) Contribuir en la prevención de la violencia y del acoso en el trabajo así como de cualquier otra forma de discriminación.

ARTÍCULO 5º.- Facultades.- En el ejercicio de sus competencias, el Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo estará facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer todos aquellos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad psicofísica de las personas que trabajan, con el objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
d) Colaborar en la implementación de protocolos de prevención a los fines de erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y de toda otra forma de discriminación.
e) Garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras canales de comunicación ágiles, expeditivos y confidenciales para que puedan denunciar eventuales casos de acoso y/o violencia en el trabajo y de toda otra forma de discriminación.
f) Garantizar con periodicidad a las personas que trabajan capacitaciones, cursos y/o charlas formativas a los fines de erradicar conductas de violencia o acoso en el trabajo, haciendo especial hincapié en aquellas relacionadas con el género.
El ejercicio de las facultades del citado Comité Mixto y sus actuaciones deberán tener en cuenta, según las circunstancias de cada caso, la preservación de datos personales y datos sensibles y el resguardo de la intimidad de las víctimas en los términos de la Ley Nº 25.326 y su modificatoria.

Las actuaciones y decisiones del referido Comité Mixto no desplazan las obligaciones que emergen del “CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO” –CONVENIO 190–adoptado por la Conferencia General de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), aprobado por la Ley Nº 27.580 y la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, en cabeza de los empleadores y las empleadoras, de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y de los empleadores autoasegurados y las empleadoras autoaseguradas.

El Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo deberá ser informado de las tareas que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo realicen, en materia de prevención, en el marco de la referida Ley Nº 24.557 y sus modificaciones.
Las actuaciones y decisiones de dicho Comité no implican desmedro alguno de los derechos individuales de las personas que trabajan ni implican corresponsabilidad alguna ante los eventuales damnificados o las eventuales damnificadas respecto al deber de seguridad que recae sobre empleadores y empleadoras.

ARTÍCULO 6º.- Autoridad de Aplicación.-El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y los Ministerios de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en materia laboral, serán las Autoridades de Aplicación, en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 7º.- Riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de las personas que trabajan.- Cualquiera de las y los representantes del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo podrá recurrir a la Autoridad de Aplicación de su jurisdicción si considera que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empleador o la empleadora no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. En los casos en que la Autoridad de Aplicación respectiva compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras, podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas.

ARTÍCULO 8º.- Práctica desleal.- Constituye “práctica desleal”, en los términos de los artículos 53, 55 y concordantes de la Ley Nº 23.551 y sus modificatorias, toda conducta del empleador o de la empleadora que impida, demore u obstaculice la formación y actuación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo previsto por esta Ley.

ARTÍCULO 9º.- Autonomía colectiva. El Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo creado por el artículo 1º de la presente Ley, con competencia específica en los lugares de trabajo, no afecta ni reemplaza a los órganos paritarios emergentes de la autonomía colectiva, con competencias genéricas para el análisis y la prevención de riesgos, seguridad e higiene y medio ambiente o de violencia y acoso en el mundo del trabajo.

ARTÍCULO 10.- Disposiciones Transitorias. En los lugares de trabajo en los que se desempeñen más de CIEN (100) trabajadores y/o trabajadoras, la creación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo será obligatoria dentro de los SESENTA (60) días de promulgada la presente Ley.
En los lugares de trabajo en los que se desempeñen más de DOSCIENTOS o DOSCIENTAS (200) trabajadores y/o trabajadoras, la creación del referido Comité Mixto será obligatoria dentro de los TREINTA (30) días de promulgada la presente Ley.

ARTÍCULO 11.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Ingresará a Diputados un proyecto de ley para convertir los planes sociales en empleo registrado

Así lo anunció el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, en su red social de Twitter y destacó que el proyecto tiene “metas, capacitaciones y herramientas de promoción”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó este miércoles que enviará al Congreso un proyecto de ley que apunta a convertir planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector de la construcción. Además, el titular del bloque Frente de Todos escribió en su cuenta de Twitter que con esta iniciativa se “construirá un puente hacia el trabajo para los argentinos”.

“Mañana ingresamos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas”, anunció Massa en la red social del pajarito.

El programa ‘A construir’ que impulsa el Gobierno tiene como meta “el desarrollo de actividades formativas, de certificación de competencias laborales y de inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales de trabajadores desocupados”, con prioridad para “beneficiarios de planes de asistencia como el programa Potenciar Trabajo”.

El presidente Alberto Fernández se había referido concretamente del problema del desempleo y los subsidios en el cierre del acto de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción en donde participó y reconoció: “A nosotros no nos hace feliz que en la Argentina haya tantos hombres y mujeres que perdieron su trabajo y hoy viven de la asistencia del Estado”.

En este sentido, el mandatario expresó que la apuesta del Gobierno pasaba por “ver cómo convertimos planes sociales en empleo” para “devolverle dignidad de trabajo a aquellos que lo perdieron, y reconstruir la cultura del trabajo que también se fue perdiendo”.

“Lo que nos importa es recuperar el trabajo, no sostener el plan social. Eso no quiere decir que vamos a terminar con los planes sociales, mientras los argentinos lo necesiten lo seguirán teniendo”, aclaró. De esta manera, el subsidio que reciben los beneficiarios de planes sociales pasaría a convertirse en una porción del salario en la industria de la construcción, con una etapa previa de capacitación.

El primer paso fue dado en agosto pasado con los trabajadores rurales, que en un total de 250 mil pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones. A ese inicio le siguió el programa ‘Construir Trabajo e Igualdad’, anunciado por el Gobierno y que, en los hechos, implica la transformación de planes sociales en trabajo en el sector de la construcción.

En este sentido, el Poder Ejecutivo tiene previsto sumar a esta propuesta de reconversión laboral a la industria textil, de extenso desarrollo en el país, y la gastronomía, entre otros sectores de la economía que, además de impactar en la creación de puestos de trabajo, favorecen la producción y el consumo.

Giraron a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley relacionados con la educación

Se aprobó en el Senado por unanimidad dos proyectos: uno pretende declarar Cuna del Magisterio Argentino a la primera escuela de formación docente y el otro busca introducir la alfabetización financiera en los niveles educativos.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad con 50 votos afirmativos y giró a Diputados los proyectos de Stella Maris Olalla (UCR – Entre Ríos) que tiene como propósito declarar Cuna del Magisterio Argentino un establecimiento educativo ubicado en Paraná y el otro corresponde a la senadora María Eugenia Catalfamo (FdT – San Luis) que tiene como objetivo introducir la alfabetización financiera en la currícula escolar en todos los niveles educativos.

En primer lugar, expuso la Olalla quien precisó: “El proyecto que pretende declarar Cuna del Magisterio Argentino a un establecimiento educativo ubicado en Paraná que tiene le honor de ser la primera escuela normal de formación docente de la República Argentina, surgió por un pedido especialísimo por la decana de la UADER, la Facultad Provincial.”

“La escuela surgió en 1870 cuando Sarmiento firmó un decreto que estableció la creación de un colegio normales y determinó que la nueva escuela se instaba en el edificio que ocupó la Confederación en su Gobierno”, contó la senadora radical y remarcó que “los maestros hicieron posible el desarrollo de la historia argentina. La instrucción pública promovida en el país tuvo siempre la finalidad de consolidar la forma de Gobierno republicano a través de la formación particular del ciudadano”.

Por otro lado, la legisladora puntana procedió a explicar su iniciativa de alfabetización financiera y sostuvo que “con este proyecto de ley procuramos dotar a los niños y jóvenes de todos los niveles educativos de manera integral y progresivo para conocer el sistema financiero y bancario para que tomen mejores decisiones con más información y las mismas herramientas”.

“Esto va a permitir universalizar el acceso al conocimiento y se va a acortar la brecha que existe y todos van a tener las herramientas mínimas para conocer los requisitos para comprender el sistema financiero y bancario”, concluyó Catalfamo.

Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para consolidar ambientes laborales seguros y saludables

La iniciativa busca implementar medidas para evitar los accidentes ante lo que el mandatario destacó que “no hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno”.

El presidente de la Nación Alberto Fernández presentó este miércoles un proyecto de ley de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que busca evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable y remarcó la creación de este Comité Mixto porque: “No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno”.

En este sentido, Fernández celebró que se “llegó a este proyecto para enviarlo al Congreso” del cual destacó: “Este es el modo de trabajar, no hay otra manera”, y agregó: “No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo veintiuno”.

El anuncio se dio durante un encuentro en el Salón Eva Perón de Casa Rosada con dirigentes sindicales, tales como el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el cosecretario general de esa central obrera, Carlos Acuña; el diputado nacional y dirigente de la CTA, Hugo Yasky; el titular de la UOM, Antonio Caló; el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez; la titular de SADOP, Marina Jaureguiberry; el secretario general de ATE, Hugo Godoy, y el de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Formaron parte del encuentro, a su vez, los secretarios generales de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró; de ATE Capital, Daniel Catalano; de SUTEBA, Roberto Baradel; de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetros, Roberto Pianelli; de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti; y la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria, Noemí Ruiz.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También participación las diputadas nacionales Vanesa Siley y Patricia Mounier.

El proyecto, que sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), crea un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

“Hemos demostrado que el método paritario funciona”, valoró el ministro Moroni, quien ponderó que durante la pandemia “los protocolos de seguridad han funcionado y Argentina ha sido el país con menos contagios en ámbitos laborales”.

Por su parte, la ministra Gómez Alcorta sostuvo que “particularmente para nosotras, desde el Ministerio de las Mujeres, tiene una vital importancia este proyecto de ley porque prevé que estos comités mixtos de empleadores y empleadoras; y trabajadores y trabajadoras, sean paritarios en razón de género”, y añadió que “este Comité deberá contribuir también a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación.

De esa manera, con la participación de representantes de los trabajadores y empleadores, se creará un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención.

Será obligatorio para las empresas donde se desempeñan más de cien trabajadoras y trabajadores, mientras que, en las unidades productivas de dimensiones inferiores, se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.

“Este proyecto de ley da vuelta 20 años de discusión en la Argentina, generando ámbitos donde participan las comisiones internas y los empresarios en la solución de temas”, indicó Daer y concluyó: “Me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca que el diálogo entre trabajadores y empresarios es el camino a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales”.

Cristina y Alberto presentaron juntos un proyecto de ley para el agro

El reencuentro tras el enfrentamiento fue con Cristina Kirchner en silencio y un Alberto Fernández nervioso. Un acto solemne para evitar errores, pero la tensión se adueñó del Museo del Bicentenario. Prometen que no será una ley más. El Gobierno apuesta a esta iniciativa.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaron este jueves, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, la presentación del proyecto de ley de “Fomento al Desarrollo Agroindustrial”, en un acto muy solemne en el que solamente hablaron el ministro de Agricultura, Julián Dominguez, y el primer mandatario, mientras que la expresidenta y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, no hicieron uso de la palabra.

¿Cómo fue el reencuentro después de la fuerte crisis entre Cristina y Alberto que hizo tambalear a la coalición del Frente de Todos?

Fue un evento en el que las formas rígidas evidenciaron la tensión reinante en el encuentro entre Cristina y Alberto luego de la carta de la vicepresidenta que casi provoca la ruptura del frente oficialista tras un mal desempeño en las elecciones PASO.

De una Cristina alegre y que acotaba e interrumpía a Alberto Fernández en el cierre de la campaña en La Plata, a una vicepresidenta que mantuvo siempre un gesto adusto y evitó siempre cruzar la mirada con el presidente.

En ese marco, se presentó una iniciativa de ley que el propio Alberto Fernández la definió como que “no es un proyecto de ley más. Es un debate que se tienen que dar desde hace mucho tiempo”.

En su discurso, Fernández sostuvo que dicha ley respeta una “triple ecología”, en referencia a la “ambiental, la económica, para desarrollar exportaciones, y la social”, que es la que “garantiza más trabajo y de mejor calidad en las zonas rurales”.

En una sola parte de su alocución, sin mirar a su lado donde se encontraba Cristina Kirchner, dijo que “puede haber matices, lo que no se puede discutir es la necesidad de avanzar, crecer y dar más igualdad a una sociedad desigual”.

“Esta ley es el resultado de un trabajo que duró más de un año, donde participaron sectores del agro, productores, universidades y científicos”, agregó el presidente, quien continuó: “Es el resultado de escucharnos y buscar puntos de encuentro y ver cómo conciliamos intereses”.

El Presidente invitó a que “terminemos con el desencuentro, que todos digamos sí para avanzar”. Añadió: “Quiero que dejemos de lado a los cultores del no se puede, y que podamos construir, entre todos, el país que nos merecemos, el país que le diga si al productor agropecuario, al que produce en una industria, al desarrollo de la ciencia y tecnología, a los que trabajan. El país que le diga no a la división para seguir parados en el mismo lugar”. Y convocó “a decir sí. Hagamos la Argentina que nos merecemos”.

Por su parte, Julián Domínguez manifestó que el proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial “encarna la participación de todos los intereses de la cadena agroindustrial”, debido a que en su elaboración fue consensuada con mas de 60 entidades agropecuarias, con el objetivo de incrementar la inversión, sumar producción y el agregado de valor y generar empleo y mayores exportaciones.

Domínguez destacó la “obligación de cuidar el interés general y la seguridad alimentaria de los argentinos” y también señaló la responsabilidad de “administrar con inteligencia los saldos exportables del sector”.

El ministro explicó que “el trigo, el maíz y la carne son considerados bienes culturales argentinos y están en el centro de nuestras tradiciones”.

Y subrayó que la iniciativa “encarna la participación de todos los intereses de la cadena agroindustrial, por lo que celebro que se organice detrás de un proyecto común”.

El proyecto, que busca alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres, tiene además el objetivo específico de incrementar las exportaciones de bienes y servicios agrobioindustriales para llegar a los 100 millones de dólares en 2030.

Asimismo, busca promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen para alcanzar un desarrollo sostenible que contribuya a la reducción de la pobreza y la desigualdad, y que genere estímulos fiscales para mejorar los rendimientos en el sector.

Participaron del acto varios ministros; los integrantes del Consejo Económico y Social y su presidente, Gustavo Beliz; y representantes de los trabajadores y de asociaciones, entidades e instituciones vinculadas al sector agroindustrial nacional. De manera virtual, también acompañaron gobernadores de todo el país.

De qué se trata esta ley que se presentó en el inicio de la campaña electoral y trae beneficios para el sector agrícola industrial, un espacio esquivo para el FdT en las urnas.

El proyecto propone fundamentalmente agregar valor a los productos para crear empleos y promover inversiones, incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector, aumentar el ingreso de divisas y alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030.

La iniciativa tiene como eje consolidar a nuestro país como líder agroalimentario y agroindustrial en un mundo que demanda cada día más alimentos y acompañar al sector para la creación de 700 mil puestos de trabajo de calidad hacia 2030, con reglas claras y de largo plazo que aseguren estabilidad y generen confianza.

También se establecerán beneficios fiscales e impositivos para los productores y de esta forma se busca incentivar la inversión de las distintas cadenas agropecuarias. Se establecerán cinco criterios (producción, empleo, ventas, exportaciones e inversiones) para establecer las líneas base de la incrementalidad.

Mediante la definición de cinco criterios para las áreas de producción, empleo, comercialización, exportaciones e inversiones, se busca otorgar previsibilidad a las cadenas de valor agrobioalimentarias con beneficios fiscales sujetos al incremento de la productividad.

De esa forma, alcanza a más de 150 actividades agrobioalimentarias y agrobioindustriales, y a los sujetos contenidos en esas cadenas como productores, emprendedores, cooperativas, formas asociativas, empresas industriales y de base tecnológica, entre otros.

Entre sus principales beneficios se incluyen la amortización acelerada y el menor tiempo en la devolución del IVA para nuevas inversiones, y la promoción de prácticas de cuidado ambiental y del suelo a través de la cesión de bonos correspondientes al 50 por ciento de la inversión como créditos fiscales.

Además, impulsa la promoción de la llamada semilla fiscalizada para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres mediante un bono del 50 por ciento de la inversión como crédito fiscal.

El Gobierno arranca la campaña con el envío de una ley para el campo

Faltan 45 días para las elecciones generales y el Gobierno nacional apuesta todo a dar vuelta el resultado negativo de las PASO. Envía al Congreso una ley para fomentar la agroindustria y levantó el cepo a la exportación de carne a China.

agroindustria campo

El Gobierno nacional enviará este jueves un proyecto de ley al Congreso para fomentar la agroindustria, con un plan de largo alcance que incluye medidas hasta el 2030.

Se trata de una idea que nació del sector privado, en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), y que luego el Gobierno tomó como propia para hacer un proyecto.

La iniciativa se llama “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, y favorece las nuevas inversiones “en todo tipo de producción agropecuaria y agroindustrial” para 24 cadenas del país. Pone foco en las pymes y plantea una duración hasta 2030, retroactiva a enero de 2021.

El Consejo, que tiene más de 60 cámaras agrupadas, planteó en su constitución como objetivo tener una ley que permita pasar de exportaciones totales del país por USD 65.000 millones a USD 100.000 millones.

Además, el Consejo trazó como meta la creación de 700.000 nuevos empleos, 210.000 de ellos directos con el agro. El Consejo habló con gran parte del arco político, incluso con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De acuerdo con el texto, se prevén distintos beneficios impositivos. Se fija una “amortización acelerada en 3 años, en lugar de 10 años o más de acuerdo al tipo de inversión en cada sector del agro”.

Además, se plantea el beneficio para inversiones en construcciones -excluida viviendas- y de infraestructura, “como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil, reducida al cincuenta por ciento (50%) de la estimada”, según detalla un resumen del proyecto.

Por otra parte, se impulsa la “devolución de IVA inversiones en tres cuotas, cuando hasta ahora se realiza en más de cinco años promedio”: es el caso para plantas frigoríficas, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado, planta de tratamiento de frutas, etcétera.

De acuerdo a lo que se prevé, la forma de ingreso para los beneficios será de manera simple, mediante una Ventanilla Única Digital donde deberán inscribirse los interesados que pretendan acceder a los beneficios.

Quienes participen deberán verificar el cumplimiento de incremento de algunos indicadores, como volúmenes de ventas, de producción y exportaciones físicas, cantidad de personal ocupado e inversiones realizadas.

En el proyecto se plantean beneficios específicos para la actividad ganadera, como una mejora de la valuación de hacienda vacuna a los fines del impuesto a las Ganancias. Para ello se podrán optar por valuar las existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde, cuyo peso promedio sea igual o superior a los 400 kilos vivo o que los animales presenten un rendimiento en playa de faena de 225 kilos res con hueso en gancho.

Según el resumen de la ley, dejarán de pagar Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando vendan los novillos.

“Los beneficios promocionales alcanzarán a los ganaderos que obtengan, respecto del promedio de los tres últimos ejercicios fiscales, aumentos en los porcentajes de destetes de terneros/as logrados/as, aumento del peso promedio de los animales enviados a faena”, señala la letra de la iniciativa.

Entre otros puntos, se plantea un estímulo a la compra de insumos, como en semillas fiscalizadas que venden las empresas.

Se considera un certificado de crédito fiscal intransferible, hasta el 50% de los gastos y erogaciones deducibles del Impuesto a las Ganancias correspondientes a adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos y fertilizantes e insumos biológicos, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas.

Al respecto, el certificado podrá ser utilizado por el término de 24 meses “contados desde su emisión para la cancelación del Impuesto a las Ganancias a pagar del período fiscal de que se trate, o de sus respectivos anticipos y/o de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, y no podrá dar lugar a saldos a favor ni a reintegros o devoluciones por parte del Estado Nacional”.

El plazo podrá prorrogarse por 12 meses, “por causas justificadas según lo establecido por la autoridad de aplicación”, dice la síntesis del proyecto.

Casaretto se refirió a su proyecto para aumentar los subsidios al transporte público del interior

La iniciativa impulsada por el diputado del FdT establece un mínimo de 35 mil millones de pesos y busca “hacer un país más federal” y terminar con “la desigualdad que hay frente a los fondos que se asignan para CABA y el AMBA”.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) se refirió al proyecto de ley que presentó para aumentar a 35 mil millones de pesos los subsidios al transporte público en el interior, ya que hay “una desigualdad” ante los fondos que se asignan para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana y aseguró: “Es lo que empezamos a revertir con este Gobierno”.

En diálogo por la AM1030, el legislador entrerriano afirmó: “Estamos trabajando con el tema del transporte automotor de pasajeros del interior de la Argentina”, y mostró preocupación por la situación en “Entre Ríos, los de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán” porque hay “desigualdad que hay frente a los fondos que se asignan para CABA y para el AMBA”.

“Hubo una realidad, la salida del 2001 fue aplicando fondos nacionales para evitar que el usuario pagara un boleto caro en el transporte, es un salario indirecto, eso hubo un desarrollo de cierta armonía”, contó Casaretto y apuntó con la gestión anterior: “En 2017 Mauricio Macri le impuso a los gobernadores la eliminación de los subsidios al transporte del interior que tienen que pagar las provincias, los Municipios o los usuarios, entonces de 26 mil millones que asimilaba la Nación al transporte lo bajó a 6 mil en un año y entonces se concentraron los recursos en un 90 por ciento en CABA y AMBA y un 10 por ciento para las 23 las provincias”.

En esta línea, aseguró: “Es lo que nosotros empezamos a revertir con este Gobierno, primero impulsamos en aumentar esos 6 mil a 10 millones y luego lo llevamos a 20 mil millones en este presupuesto están previstos 27 mil millones al transporte del interior, pero lo que me esta pidiendo el Concejo Federal de Transporte que integran los 23 gobernadores y los ministros, es llevarlo a mínimo de 35 mil millones. Es lo que presente como proyecto de ley, en la misma posición están las demás provincias”.

En relación a las tarifas que se pagan en la provincia el diputado nacional afirmó que “el pasaje urbano en Entre Ríos tiene distintos valores, pero está 25 pesos más de lo que está en el AMBA, y esto pasa en el resto de los lugares”.

Por este motivo, remarcó que el proyecto de ley “es algo que tiene que ver con desconcentrar los recursos de la Argentina con hacer un país más federal y en definitiva los trabajadores que usan el transporte público estén en igualdad de condición en cualquier lugar del país”.

“Lo mismo pasa con el precio de los combustibles, el consumo de energía eléctrica en cuanto a tarifas, se ha hecho un país muy centralista con el correr del tiempo”, sostuvo el legislador entrerriano y concluyó: “Yo apoyo todo lo que creo que hace bien mi Gobierno y también planteo en lo que no estoy de acuerdo”.

Ponderaron de manera positiva el proyecto de Ley de Compre Argentino

El visto bueno lo dio Julián Moreno, director de APYME, quien aseguró que con la vigente Ley “el Compre Nacional tiene ciertas limitaciones y no se ve una efectividad que resultara interesante”.

alberto fernandez presentacion proyecto compre argentino

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, ponderó positivamente el proyecto de Ley de Compre Argentino que fue presentado por el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que propone la modificación de la actual, porque “vemos en esta Ley una mejora en las industrias nacionales y las PyMes”, aunque remarcó que aún “hay muchas cosas por mejorar”. Además, se refirió a los resultados de las PASO y sostuvo: “La realidad de un trabajador, es que hace muchos años está igual o peor, y en ese escenario es jodido que haya motivos para votar”.

“El Compre Nacional que tenía ciertas limitaciones no se veía que tenía una efectividad que resultara interesante”, consideró Moreno en diálogo en FM La Patriada, pero evaluó que “hay muchas cosas para mejorar”, y agregó que “en esta Ley vemos una ampliación de los sujetos obligados, que es uno de los reclamos históricos. También una mejora en la ponderación de las industrias nacionales y las PyMes. En general es positiva la iniciativa”.

El director de APYME afirmó: “Entendemos que el Gobierno está muy condicionado por acuerdos firmados por la gestión anterior y eso dificulta la aplicación de este tipo de herramientas”,  y remarcó que “la Ley de Compre Nacional, que es una Ley positiva que puede generar empleo”, pero “tiene encima una espada de Damocles que podría destruir esta Ley que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que determina que las empresas europeas no pueden tener un trato discriminatorio frente a las empresas nacionales”.

En esta misma línea, agregó que “hoy le estamos rezando a los parlamentos europeos para que no convaliden el acuerdo porque si lo hacen, esta Ley pasa a ser inocua”, y cuestionó que “lo mismo pasa con los créditos que tomó el Gobierno anterior, estamos fiscalmente muy apretados y no podemos generar políticas fiscales expansivas porque la deuda que hay que rolear implica que al aumentar el déficit el mercado luego te lo cobre en la tasa de las letras que emite el Tesoro todos los meses”

Por estos motivos, el dirigente empresario consideró que “estamos atados de pies y manos y es difícil desarrollarse así. Si no perdemos un poco los márgenes que el sistema nos impone, las cosas se complican”. No obstante, subrayó que “hay intenciones de desarrollo y de hecho se vio en estos últimos meses donde la pandemia fue aflojando. La industria fue la que empujó la economía, tenemos valores superiores al 2019, pero necesitamos que eso se derrame en los servicios y comercios que están aún restringidos, básicamente porque el poder de salario no se recuperó todavía, siguió perdiendo a otra velocidad que la que perdió en los 4 años del macrismo. Es fundamental recuperar el poder adquisitivo del trabajador y hay que aumentar la productividad”

“El problema es que la sociedad no lo siente y es real, la realidad de un trabajador es que hace muchos años esta igual o peor y en ese escenario es jodido que haya motivos para votar, hay desinterés porque pareciera que la política no resuelve los problemas de la gente. Hay que tomar otras medidas”, expresó en relación a lo acontecido en las elecciones PASO.

Por último, Moreno opinó que “estamos en sistema que tiene reglas de juego difíciles, el único recurso que tenemos es la gente que tiene poder adquisitivo y patrimonio acumulado y da renta fácil, pero implica enfrentar un montón de poderes. Si no tenes al pueblo convencido de eso es difícil”. En otro orden, al referirse al flagelo de la inflación analizó que “es difícil bajarla si tenemos que pagar los alimento a precios internacionales, no tiene ningún sentido”.

Este el proyecto del Pro para reemplazar las indemnizaciones por un seguro

Hace más de 20 días, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentaron una iniciativa que coincido con los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Conocé el proyecto de ley.

Un proyecto de ley que se presentó hace veinte días por el diputado fueguino del Pro Héctor Stefani junto a varios legisladores del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) para modificar el sistema tradicional de indemnizaciones y crear el Segurio de Garantía de Indemnización (SGI), en coincidencia con el pronunciamiento del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de la eliminación de la indemnización por despido e implantar un sistema parecido al del seguro.

“Crease el Seguro de Garantía de Indeminización (SGI) como institución indemnizatoria del trabajo en el marco de la nómina salarial a los efectos de garantizar la indemnización de los trabajadores ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades”.

La iniciativa del legislador fueguino propone la implementación de un seguro de garantía de indemnizaciones por el cual un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría esa indemnización de manera mensual.

En su articulado, el proyecto dice que “ante caso de renuncia o cese de actividades, jubilación o retiro o despido, fuese este último con o sin causa justa, el empleado percibirá una remuneración del Seguro de Garantía de Indemnización mensual equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo”.

Precisa también que “dichas cuotas mensuales equivalentes al Seguro de Garantía de Indemnización cesarán cuando éstas superen los meses que correspondan a los años trabajados”.

Aclara también que “en cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización” y que “el trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a su Seguro de Garantía de Indemnización a partir del segundo mes transcurrido su despido efectivo”

En los fundamentos del proyecto, el diputado explicó que “tiene por objeto reformar la legislación laboral vigente con el fin de constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, disminuir el gasto público, reducir la carga impositiva laboral”.

También apunta a “afianzar la inversión en tecnología y, sobre todo, reducir los costos laborales que rigen actualmente en el país a través de un nuevo sistema de indemnización, promoviendo la contratación en el empleo formal”, según enumeró el diputado.

Acompañaron a Stefani en la firma del proyecto, sus compañeros de bloque Omar de Marchi; Francisco Sánchez; Pablo Torello; Alfredo Schiavoni; Fernando Iglesias; Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni; y el radical Federico Zamarbide.

Dicho proyecto de ley fue girado a las comisiones de Trabajo, de Previsión y de Presupuesto.

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Massa junto a empresarios de maquinaria agrícola por proyecto de ley de promoción

En el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo legislativo recibió a referentes del sector agrícola industrial. La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) es la que impulsa la iniciativa que promueve un tratamiento preferencial para las máquinas para el campo de origen nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo este lunes un encuentro con representantes de las cámaras empresariales que nuclean a los productores de maquinaria agrícola del país para analizar un proyecto de ley sobre la identidad de la maquinaria agrícola nacional.

En el Salón de Honor de la Cámara de baja, Sergio Massa recibió a referentes del sector agrícola industrial para evaluar un proyecto de ley para la promoción de la industria nacional de maquinaria agrícola.

La iniciativa impulsada por la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) cuenta con el apoyo de las principales cámaras de fabricantes del país y promueve un tratamiento preferencial para las maquinarias agrícolas de origen nacional.

El proyecto busca identificar la maquinaria agrícola nacional de la importada y promover un tratamiento específico en materia crediticia para la producción local, que representa el 80% de la mano de obra del sector y el 20% de la facturación total de la maquinaria agrícola.

Del encuentro también participaron el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi, y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren.

Estuvieron presentes el presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Néstor Cestari; el presidente de la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola (ASIMA), Ignacio Tanzi; el presidente de Maquinaria Agrícola de la Provincia de Buenos Aires (MAGRIBA), Hernan Zubeldía; el vicepresidente de CAFMA, Rubén Giorgi; el gerente ejecutivo CAFMA, Ricardo Fragueyro; el ex presidente y actual tesorero de CAFMA, Marcelo Valfiorani; el concejal de la Ciudad de Armstrong, Emiliano Gramigna junto a la asesora Eliana Gramigna.

Gobierno presentó un proyecto de ley para la crianza con ternura y buen trato

Una iniciativa del Ejecutivo que apunta a promover “una tarea pedagógica, vinculada a cambios culturales que tienen que ser profundos para que los niños de nuestra patria tengan las mismas oportunidades, una niñez adecuada y un futuro promisorio”. Homenaje a la abuela del Jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero encabezó este viernes el acto de presentación del proyecto de ley para la Crianza con Ternura y Buen Trato, que apunta a promover “una tarea pedagógica, vinculada a cambios culturales que tienen que ser profundos para que los niños de nuestra patria tengan las mismas oportunidades, una niñez adecuada y un futuro promisorio”.

La iniciativa, que se presentó en la Casa del Niño Rucalhué, de la localidad de Ranelagh, en el partido bonaerense de Berazategui, constituyó además un homenaje a Ana Goitía, cuyo nombre lleva el proyecto, en reconocimiento a su labor en la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de quien fuera su esposo, Antonio Cafiero, abuelo del jefe de Gabinete.

Goitía tuvo un activo papel en la promoción y militancia de los derechos de los más necesitados en una tarea que estuvo orientada especialmente hacia la niñez y la adolescencia y las personas privadas de su libertad, según se destacó en un comunicado de la Jefatura de Gabinete.

Esos rasgos fueron destacados por Cafiero al presentar el proyecto: “En la cabeza de Anita esto no tenía un rédito electoral o político, no existía eso, lo que existió fue hacer lo correcto. No había una mirada de especulación, sino que había una mirada de ternura”, expresó en su discurso.

Participaron del acto la diputada nacional por el Frente de Todos Claudia Bernazza, autora de la iniciativa; la ministra bonaerense de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz; la precandidata a diputada nacional del FdT por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz; y la diputada provincial Mariana Larroque, además de legisladoras, autoridades nacionales, provinciales y locales.

Por su parte, Tolosa Paz señaló que “en nuestra memoria reciente siempre estuvo la posibilidad de llevar adelante agendas de la infancia porque siempre existió la comunidad organizada desde que Perón y Evita hicieron lo más grande de nuestra patria que fue claramente poder enseñarnos cuál era el camino”.

La precandidata consideró que “esta es la demostración de que, cuando construimos políticas públicas a partir de leyes que son defendidas desde el pueblo, desde la comunidad organizada, esas leyes y esas políticas son invencibles”.
En tanto, Díaz manifestó que, “cuando un proyecto popular gobierna, las leyes que se discuten colocan en el plano de la política el amor y la ternura”.

“Hoy discutimos el amor, la ternura y los cuidados, con la convicción de que vamos a ir por todos los derechos que aún faltan”, indicó.

Larroque, en tanto, comentó que “venimos trabajando en una agenda coordinada a nivel provincial y a nivel nacional” con Bernazza para “generar entornos saludables para los pibes y las pibas y otorgarles dignidad para que se puedan desarrollar”.

El proyecto tierno

El proyecto de ley propone en lo sustancial reconocer y garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a tener una crianza sin violencias y gozar de buen trato por parte de las personas adultas para el desarrollo de sus proyectos de vida.

La iniciativa reconoce y garantiza el derecho de las mujeres, personas gestantes, niños, niñas y adolescentes de contar con un ambiente adecuado durante su internación, asegurando la participación y la colaboración de la familia, los referentes afectivos y la comunidad.

Respaldo gremial al proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas

Dirigente petrolero y ex senador nacional aseguró que la iniciativa “logra dar un esquema de previsibilidad”. El proyecto de hidrocarburíferas todavía no ingresó al Parlamento. Se está elaborando en el Ejecutivo.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa y exsenador nacional, Guillermo Pereyra, aseguró este jueves que el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, plantea “un esquema de previsibilidad con alcances mucho más largos que los ciclos de la política”.

Pereyra sostuvo que “con el nuevo proyecto se está logrando dar un esquema de previsibilidad y confiabilidad a un sector que en la última década ha sufrido el impacto de la indefinición y sinuosidad de la política”.

“Por primera vez vemos que se plantea un proyecto, que aún debe ser tratado en el Congreso de la Nación que proyecta alcances mucho más largos que los ciclos de la política”, dijo en referencia a la norma propuesta por el Gobierno nacional y que se espera tenga tratamiento en lo que resta del año legislativo.

El dirigente petrolero precisó: “Los trabajadores conocemos el proyecto y sabemos que es fundamental que se logre consenso para desarrollar Vaca Muerta, recuperar los yacimientos maduros y reforzar el entramado de pymes locales, porque eso implica más fuentes de trabajo y que se garantice el acceso a la energía en cantidad y calidad”.

Pereyra destacó que en la iniciativa oficial “se fijan reglas claras y se trabaja para el desarrollo de las economías regionales en su entramado empresario” y destacó que “hay claros beneficios fiscales y mayor acceso a divisas, algo reclamado por el sector empresario, que a cambio deberá presentar un plan de desarrollo de las cadenas de valor locales”.

El dirigente gremial también hizo referencia al contexto político actual, al señalar que “se debe evitar dilapidar el tiempo en discusiones bizantinas e inconducentes que retrasan planes de inversión”.

“La mezquindad política debe quedar de lado frente a cuestiones técnicas que deben dirimirse en los ámbitos correspondientes, no a través de los medios en tiempos de campaña y silencio tras las elecciones”, dijo el gremialista petrolero.

El Gobierno elaboró un proyecto que en breve remitirá al Congreso que contempla un esquema de incentivo a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.

La norma está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones, explican en fuentes oficiales.

Para ello se contemplan los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno.

También atiende uno de los viejos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.

Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.

RCP para Todos

Un proyecto de ley de diputados oficialistas prevé que todo el personal de la administración pública se capacite en las prácticas de Resucitación Cardiopulmonar.

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, presentó este jueves un proyecto de ley para que se capacite de manera obligatoria al personal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en las prácticas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático, lo cual permitirá salvar vidas ante un paro cardiorrespiratorio.

“La mayor cantidad de muertes por ataque cardíaco y muerte súbita se producen en los ámbitos extra hospitalarios” por lo cual es “de vital importancia la concientización sobre el aprendizaje de la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio”, sostuvo Moreau sobre la iniciativa de su autoría, que fue firmada también por pares de su bloque.

La diputada nacional evaluó que “de aprobarse la ley, se ampliaría el universo de ciudadanos y ciudadanas que puedan actuar ante una situación de emergencia y brindar una reacción inmediata” y destacó que “capacitarse en RCP significa amor, empatía y solidaridad para con quienes nos rodean”.

“La reanimación cardiopulmonar consiste en un conjunto de maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente. Ante esta situación, las personas deben recibir atención inmediata, puesto que entre tres y cinco minutos después de producido el paro cardiorrespiratorio, comienza la muerte cerebral”, subrayó.

Destacó que “desde la Fundación Cardiológica Argentina aseguran que aplicar RCP y desfibrilación dentro de los tres primeros minutos de ocurrido el evento aumenta las posibilidades de llegar con vida a un hospital en un 79%. Pero, por cada minuto que se demora la aplicación de estas medidas, se reducen en 10% las posibilidades de continuar con vida”.

Y recordó que, “según datos difundidos por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, basados en estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina una de cada diez personas muere a causa de muerte súbita y un 20% de la población sana desconoce que puede morir por esta causa.”

La iniciativa diseñada por Moreau fue firmada también por sus pares de bloque Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Mateo Bogdanich, Lia Caliva Lía, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Mayda Cresto.

También respaldan el proyecto Alicia Figueroa Alcira, Silvana Ginocchio Silvana, Lucas Godoy, Estela Hernández, Gladys Medina, Graciela Parola, Ariel Rauschenberger y Liliana Yambrún.

Además, acompañaron la iniciativa los legisladores de Unidad y Equidad Federal José Luis Ramon y de Juntos por Rio Negro Luis Di Giacamo.

“Internet forma parte de los servicios esenciales en el siglo 21”, afirmó Alfredo Luenzo

El legislador chubutense habló sobre el proyecto de ley que busca declarar Internet como servicio público porque “la pandemia puso en evidencia que es una necesidad para todos los argentinos”.

Durante la pandemia la telecomunicación se volvió fundamental para diversas actividades, motivo por el cual el senador nacional y presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de expresión, Alfredo Luenzo (Frente de Todos – Chubut), presentó días atrás un proyecto de ley que tiene como objetivo declarar Internet como servicio público, debido a que “forma parte de los servicios esenciales en el siglo 21”.

En declaraciones por RN RADIO, Luenzo afirmó “nosotros venimos insistiendo en el carácter de internet como servicio público hace varios años”, tras lo que aseguró “creo que la pandemia nos terminó dando la razón porque es en donde más se puso en evidencia la necesidad de que todos los argentinos tengan acceso a Internet”, y detallóen el uso de la educación a distancia, del tele trabajo, las recetas electrónicas, la atención a distancia”.

“Inclusive la conectividad es central para desarrollar conocimientos y capacidades, no solo para trabajar en nuestro territorio sino a nivel global. Hoy Internet forma parte de servicios esenciales en el siglo 21, así como en el siglo 20 lo fue la luz, el gas el agua corriente. Nadie puede negar que es importante porque cualquier trámite que se necesita hacer si o si requerís de Internet”, precisó el legislador oficialista.

La pandemia nos terminó dando la razón porque es en donde más se puso en evidencia la necesidad de que todos los argentinos tengan acceso a Internet. Forma parte de servicios esenciales en el siglo 21.

En relación al decreto establecido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló que pretenden “seguir la misma línea, pero ahora a través de una ley que le daría mayor fuerza a una iniciativa de esta característica”, y remarcó que también se busca “que el Estado intervenga en la formación de precios que deben ser justos y razonables”, no obstante dejó en claro que “bajo ningún punto de vista nos apropiamos de lo que es la rentabilidad porque si comparamos los datos del primer trimestre del 2020 y 2021, las compañías han triplicado el costo”, porque “no es un problema económico, sino político por parte de las empresas que se niegan a aceptar esta ley”.

En esta misma línea, el senador chubutense ratificó “apuntamos exactamente a los mismo tanto en lo que es acceso a Internet, telefonía móvil y telecomunicaciones. Creemos que es lo que corresponde porque son los tres pilares básicos”, y remarcó que “garantizan derechos humanos de acceso a la comunicación. El acceso a Internet te garantiza otros derechos también”.

“El Estado debe conversar con las empresas privadas porque Internet es un servicio público. Es un concepto obligatorio básico que incluye el servicio básico Internet, telefonía móvil y televisión paga. Se lo tenemos que garantizar a todos los argentinos porque son derechos”, subrayó el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de expresión.

Por último, en relación a la falta de conectividad en las escuelas expresó que la única posibilidad es “apelar a la buena voluntad de las empresas”, pero deben contar “con la asistencia del Estado y la ENACOM”.

Impulsan proyecto de ley que garantice la cuota alimentaria

La legisladora nacional Jimena López presentó un proyecto que busca garantizar por ley la cuota alimentaria de hijos de padres separados con un piso del 20 por ciento porque “es una obligación por parte del adulto”.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos- Buenos Aires) impulsó un proyecto de ley que tiene como propósito principal que se cumpla con la cuota alimentaria a los hijos de parejas separadas porque “es una obligación” y, además, se trata de “acortar un camino que es muy largo y violento para las mamás”.

Durante una entrevista radial por Radiofónica, López aseguró que “la sentencia judicial puede estar, pero el incumplimiento también se puede dar”, ya que “nos encontramos con un montón de adultos, en general varones, que no depositan en tiempo y forma la cuota o directamente a veces ni la depositan”.

“Tiene que ver con que se pueda invertir la ‘carga de la prueba’ porque hoy en día se tiene que accionar la cuota alimentaria a nivel judicial, pagar al abogado, generar una litigiosidad. Que el incumplimiento se pueda denunciar y automáticamente puedan tener el depósito de un piso del 20 porciento del salario de la persona denunciada, esto está pensado más que nada para los que están formalizados”, explicó la legisladora y afirmó que “la idea es evitar la cuestión de meses pidiendo la cuota. Quien esta denunciado y este disconforme debe ir a la justicia a reclamar”.

A su vez, destacó que con este proyecto “tratamos de acortar un camino que es muy largo y violento para las mamás que están iniciando el tema de la cuota”, y ratificó “que se entienda que es una obligación por parte del adulto que no convive y que esta incumpliendo porque con este tema siempre hay mucho ruido”, debido a que “sigue habiendo mucho patriarcado y en principio es un derecho de los hijos”.

“Se convierte en una forma de violencia hacia las mujeres que es infernal porque terminamos reclamando un derecho que es para los hijos y el denunciado piensa que le reclamamos a título personal y se genera una tensión permanente”, manifestó la dirigente oficialista.

A su vez, contó que “en general las mujeres asalariadas no podemos acceder al patrocinio gratuito, es más complejo. Tenemos que arreglar con el abogado, tenemos que pagar las cargas”, y agregó que “en provincia de Buenos Aires si el juez o la jueza no lo determina, no se hace la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios (RDAM)”, motivo por el cual “también queremos centralizar en un registro único a nivel Nacional en donde la inscripción sea obligatoria”.

En relación a los sueldos en negro explicó que “es una discusión, en general el Código Civil prevé que puede irse sobre los ascendentes, es decir los abuelos y abuelas, aunque la jubilación sea la mínima porque entendemos que la crianza es corresponsable”.

“Todos los adultos que están alrededor de esos niños tienen responsabilidad sobre la crianza. Si el padre no tiene salario, entonces hay que buscar en los familiares quién puede hacerse responsable, pero acá se necesita criterio judicial”, señaló López y concluyó que “este proyecto es uno de los primeros, la idea es presentar otros más porque también se debe discutir qué pasa con el que no puede pagarla”.

Presentan proyecto para lactarios en todos los organismos públicos

La propuesta de la legisladora nacional Jimena López busca generar “condiciones de igualdad de oportunidades para todas y todos” y que las personas “puedan amamantar ejerciendo su derecho de alimentar a sus hijos o hijas, sin que esto afecte su desarrollo profesional”.

La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos- Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para la implementación de lactarios en todas las dependencias u oficinas de organismos correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, que busca “no sólo asegurar el derecho del niño y niña, a ser amamantado y amamantada, ni el de las personas que puedan amamantar a hacerlo”, sino también promover “un ambiente de trabajo equitativo e igualitario”.

La iniciativa promueve “el establecimiento de un espacio limpio, cómodo y de uso exclusivo para que mujeres y/o personas que amamantan puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente durante el horario laboral”, explica el texto y agrega que “dichos lugares deberán brindar privacidad y poseer una mesa, un sillón y una heladera para uso exclusivo de la leche materna. Además, debe contar con un lavabo cercano para facilitar la higienización de manos”.

“Los lactarios deben disponer, asimismo, con cartelería y folletería informativas sobre métodos de extracción y conservación de la leche materna, y beneficios del amamantamiento”, afirmó la legisladora y aseguró que “este proyecto de ley tiene como finalidad dar cumplimiento a lo normado en la ley 26.873 de Promoción y Concientización Pública de la Lactancia Materna y al compromiso asumido por el Estado en la Convención Sobre los Derechos de Los niños y niñas, permitiendo a las personas que puedan amamantar ejercer su derecho de alimentar a sus hijos o hijas, sin que esto afecte su desarrollo profesional y promoviendo un ambiente de trabajo equitativo e igualitario”.

A su vez, según el doctor y director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, “la lactancia es una práctica fundamental para el crecimiento saludable y el desarrollo de los niños y niñas. Es un derecho humano esencial protegido por una diversidad de instituciones a nivel mundial y nacional, incluido en manifiestos, declaraciones, resoluciones y leyes, entre otros cuerpos normativos”, porque “constituye la base de la vida, es la primera vacuna”.

esta ley no sólo busca asegurar el derecho del niño y niña, a ser amamantado y amamantada, ni el de las personas que puedan amamantar a hacerlo, sino que busca generar condiciones de igualdad de oportunidades para todas y todos”.

Para la diputada López, “esta ley no sólo busca asegurar el derecho del niño y niña, a ser amamantado y amamantada, ni el de las personas que puedan amamantar a hacerlo, sino que busca generar condiciones de igualdad de oportunidades para todas y todos”.

Buscan consensuar un proyecto de ley de salud mental sobre adicciones tras el caso de Chano

El tiro recibido por el ex cantante de Tan Biónica por parte de un policía en un confuso episodio abrió el debate sobre la necesidad de una ley específica sobre el tratamiento y abordaje de las adicciones.

¿Se viene la ley Chano? Ante la movilización al Parlamento de distintas organizaciones para reclamar una ley específica para el tratamiento de las adicciones, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) recibió a varios representantes y recibió los petitorios.

“Recibí sus petitorios y voy a tomar los aportes para el proyecto de ley que estamos preparando” explicó Di Giacomo, quien preside la Comisión de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara baja y se encuentra desarrollando con su equipo de asesores un proyecto de ley que promueve el abordaje integral de la droga dependencia.

En este sentido, afirmó: “Asumí el compromiso de impulsar encuentros, congresos y actividades que enriquezcan el proyecto y sumen a todos los actores de la Nación”.

“Lo que queremos es que este proyecto contemple acciones preventivas, control de oferta de drogas lícitas e ilícitas y la creación de un Sistema Nacional de Atención a personas droga dependientes”, explicó.

Con respecto a la reunión, señaló: “Pudimos tener un interesante intercambio y recibí sus petitorios que tienen que ver más que nada con una ley específica de adicciones, enfatizando en las dificultades que tiene el actual marco normativo para las persona afectadas”, y adelantó que “los pedidos serán tomados en cuenta en el desarrollo del proyecto de ley”.

Los petitorios fueron firmados por las organizaciones: Madres Territoriales (Nacional); Madres contra el Paco; Madres del Ser; F.O.N.G.A. (Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas); Programa Vida. (Red Nacional Cristiana de Rehabilitación; Capacitación y Prevención de Adicciones); A.E.A. (Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones); Cámara CIPRA (Cámara de Prestadores de atención en adicciones y Vulnerabilidad Social); CAAVS (Cámara Argentina de Adicciones y Vulnerabilidad Social); Pastoral de adicciones, Diócesis de La Plata, Pastoral de Adicciones, Diócesis de Lomas de Zamora, Pastoral de Adicciones Diócesis de Morón, presente Pastoral de Hurlingham; A.C.I.E.R.A. (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina); Foro de Habitantes a Ciudadanos. Equipo de Adicciones; Foro Provincial de Adicciones. Provincia de Santa fe.

Desde JxC proponen que los haberes mínimos jubilatorios alcancen la canasta básica

Los diputados nacionales del bloque opositor presentaron un proyecto que busca “recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones inferiores” y, para ello, deberá ir acompañado de un “mecanismo de actualización trimestral a cargo del INDEC”.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Martín Berhongaray (UCR – La Pampa), presentaron una iniciativa que propone que los haberes mínimos de las jubilaciones sean “elevadas” hasta alcanzar “el equivalente a la Canasta Básica de Jubilados y Pensionados”, lo cual deberá responder al cálculo realizado y actualizado de forma trimestral por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La iniciativa considera que “se comenzará gradualmente y en el ejercicio 2022, los haberes mínimos deberán adecuarse hasta igualar o superar el 50% de la Canasta Básica de Jubilados y Pensionados (CBJP)”, y en 2023 “deberá respetar un piso del 75 %.  Todo ello sin perjuicio del adicional del plus por zona patagónica en las provincias en las que se implementa”.

De esta manera, proponen que “los haberes mínimos de las jubilaciones -ordinaria y prestación por edad avanzada-, retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento, sean elevados hasta alcanzar para enero de 2024 el equivalente del valor de la Canasta Básica de Jubilados y Pensionados, en función de un cálculo que deberá realizar y actualizar en forma trimestral el INDEC”.

Desde JxC explicaron que “el proyecto considera que el nuevo esquema de haberes jubilatorios, deberá ir acompañado de un mecanismo de actualización trimestral a cargo del INDEC, a partir de un equipo técnico conformado por especialistas existentes y representantes de asociaciones de trabajadores y de asociaciones de jubilados”.

“Esta iniciativa apunta a recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones inferiores a la CBJP”, señalaron desde el bloque opositor, aunque resaltaron quede ninguna manera reemplaza la necesidad de continuar trabajando en la histórica búsqueda tendiente a que todas las jubilaciones recobren su carácter de salario diferido tal como lo ha planteado la justicia”, por lo que “es necesario trabajar en futuras medidas dirigidas a la recomposición de haberes de toda la escala de beneficiarios”.

Por su parte, Berhongaray destacó que “hace por lo menos 10 años que se comenzó a elaborar el cálculo de la Canasta Básica del Jubilado por la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, y los haberes jubilatorios iniciales no alcanzan a cubrir el 40 % de ella, y eso es inaceptable”.

“Mientras en abril de 2021 el valor de la Canasta Básica del Jubilado y Pensionado era de $ 64.039, los haberes mínimos previsionales alcanzan montos en bruto muy inferiores de $23.064,70 para Junio/21-Agosto/21, y de $25.922,41 para Septiembre/21-Noviembre/21, ubicada muy por debajo de las necesidades mínimas que deben afrontar los jubilados para sustento, y recreación”, advierte la propuesta de los diputados de JxC.

Por último, precisaron que “la canasta básica alimentaria no contempla, ni adecuada ni específicamente, los requerimientos particulares de las personas mayores. La canasta de los jubilados elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires es la única referencia relativa al costo de vida que afronta esa franja etaria dada la inexistencia de estadísticas nacionales oficiales que permitan conocer la magnitud de los ingresos mínimos que deberían percibir”.

Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Jorge Enríquez, Lorena Matzen, Gonzalo Del Cerro, Aída Ayala, Claudia Najul y Mónica Frade.

Desde JxC presentaron un proyecto sobre los planes sociales

Dicha iniciativa fue presentada por la legisladora Gabriela Lena que tiene como objetivo “alentar la conversión” de la asistencia social porque “todo tipo de beneficio social del Estado, no son incompatibles con ninguna forma de empleo”.

gabriela lena

La diputada nacional Gabriela Lena (Juntos por el Cambio – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que “viene a solucionar un grave problema que es una injusticia social”, ya que declara que no existe incompatibilidad entre los beneficios sociales que paga el Estado con los trabajos en relación de dependencia o autónomos y busca “alentar la conversión de los planes sociales”, debido a que es “una etapa de transición desde el beneficio hacia el empleo genuino”.

En el texto del proyecto se establece que “la prestación de todo tipo de beneficio social del Estado, ya sea monetaria o no monetaria, asignaciones por hijo y planes de empleo, y toda otra prestación semejante, otorgadas por el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, no son incompatibles con ninguna forma de empleo, ya sea el mismo prestado en relación de dependencia, como trabajador autónomo, monotributista o trabajador eventual”.

En ese sentido, Lena subrayó que “quienes pueden acceder a un empleo luego de estar desocupado se encuentran con la traba que impide que un beneficiario de prestaciones sociales estatales pueda trabajar en blanco sin perder ese beneficio”, por lo que “en muchos casos se constituye en un incentivo a no buscar trabajo o no ingresar en el mundo del empleo porque es más inestable desde el punto de vista del mediano y el largo plazo que el beneficio social”.

“Esto se agrava en zonas de economías regionales donde quienes trabajan lo hacen generalmente de forma temporaria o en las zafras y cosechas, por lo que de ninguna manera le conviene dejar el plan por una temporada que puede durar dos o tres meses máximos”, explicó la diputada opositora y señaló que “en esos casos, muchas veces se acude a la peor solución que es incorporar a esos trabajadores de manera informal, sin seguros, sin aportes y sin cobertura social”.

Por último, la legisladora entrerriana destacó que “este proyecto de ley viene a solucionar un grave problema que es una injusticia social”, porque “es un modelo que está en crisis y que viene siendo cuestionado por las organizaciones sociales. Es una transición desde el beneficio y la asistencia del Estado a un empleo y trabajo digno”.

El Pro se suma al rechazo del proyecto que propone cambios en el INTA

Con una mirada negativa por parte de la UCR, se sumó el Pro quienes manifestaron “no estamos de acuerdos con estos cambios propuestos”, y afirmaron “la voracidad por el poder y el excesivo estatismo de este Gobierno es contraria a todo lo que funcione bien”.

La diputada nacional Alicia Fregonese (Pro – Entre Ríos) criticó el proyecto presentado por las legisladoras Mabel Caparrós y Alcira Figueroa (Frente de Todos), porque “pretende modificar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y dejar afuera del consejo al sector productivo”, y señaló que eso “muestra la falta de diálogo de este Gobierno”.

La legisladora entrerriana afirmó que “hace 50 años que el INTA es un organismo independiente y exitoso, pero la voracidad por el poder y el excesivo estatismo de este Gobierno es contraria a todo lo que funcione bien”.

“El organismo tiene su razón de ser en el trabajo conjunto entre el Estado y la producción, entre lo público y lo privado, con el objetivo de mejorar los procesos productivos y el desarrollo de todo el país”, remarcó Fregonese y advirtió que “este proyecto pretende que todo el manejo del INTA quede en manos del Estado y hoy el que decide los temas más importantes del INTA es justamente el concejo que tiene 10 miembros, 3 representan al ejecutivo y el resto a la producción y a las Universidades”.

Además, manifestó que “las decisiones que hoy se toman deben construir consensos con la sana interacción público – privado  y esto ha permitido que el INTA haya sido un organismo independiente”, y ratificó su rechazo “no estamos de acuerdo con estos cambios propuestos”, e indicó que “el INTA debe seguir sus investigaciones en sintonía con las demandas de la producción en el marco del desarrollo sostenible”.

Por último, la diputada nacional consideró que “pretender sacar a los representantes de la producción del INTA es una muestra más de la falta de diálogo de este Gobierno”, y señaló que “si logran introducir estos cambios las decisiones del INTA van a estar siempre sujetas a los vaivenes de la política del Gobierno de turno”.

Presentan un proyecto de ley para promocionar la industria nacional de la maquinaria agrícola

La iniciativa fue presentada por la senadora nacional Sacnun que busca establecer un régimen de promoción e identificación de la industria de maquinaria agrícola”, porque es “la base para construir nuestro futuro”.

maria de los angeles sacnun sesion 2 octubre 2020

La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun (FdT – Santa Fe) presentó un proyecto de ley ante la Cámara Alta, el cual establece un régimen de promoción de la industria nacional de la maquinaria agrícola porque “es la base desde la cual podremos construir nuestro futuro ya que su aporte de renta y divisas es fundamental frente a la situación actual de nuestro país”.

La legisladora santafecina y autora del proyecto manifestó que la presentación del mismo “está fundada en la importancia que tiene para nuestro país en general y para la provincia de Santa Fe en particular, la producción agropecuaria y agroindustrial en nuestra vida cotidiana”, y en ese sentido también se refirió a su otro proyecto, como complementario de éste, que prevé “la creación de un plan de renovación y adquisición de maquinaria agrícola”.

“Esta importancia está dada no solo por sus volúmenes de producción, empleo y competitividad, sino fundamentalmente, por su capacidad contributiva y por los saldos de exportaciones que lo referencian como el principal sector productivo y exportador nacional más importante”, aseguró Sacnun.

A su vez, afirmó que “actualmente existe un vacío conceptual de lo que significa un producto de fabricación nacional en esta industria, situación cuya consecuencia es la deficiente distribución de incentivos nacionales a los sectores productivos, beneficiando por igual a la fabricación nacional con altos grados de integración, ocupación de mano de obra, inversión y exportación de máquinas frente a la industria importadora, ensambladora o alistadora con escasos o nulos porcentajes de integración nacional y muy baja ocupación de mano de obra directa en la fabricación”.

La senadora, luego de recorrer la localidad de Arequito y visitar la nueva nave de 16 mil metros cubiertos de la empresa Tanzi, que cuenta con una gestión del programa “Santa Fe de Pie para un crédito con tasa subsidiada del Banco Nación”, remarcó que “se requiere definir con urgencia lo que comprendemos por Producto Nacional en la industria de la maquinaria agrícola y cuál debería ser el porcentaje de integración nacional mínimo para la misma”.

La dirigente oficialista, agregó que “si bien estamos convencidos de que nuestro país debe darse un proyecto de desarrollo mucho más amplio desde lo productivo, este posicionamiento del sector agropecuario y agroindustrial debe ser extremadamente cuidado porque es la base desde la cual podremos construir nuestro futuro ya que su aporte de renta y divisas es fundamental frente a la situación actual de nuestro país”.

“El número de empresas terminales y proveedoras de agropartes son 533 en la provincia de Santa Fe, 399 en la provincia de Córdoba y 163 en la Provincia de Buenos Aires, sobre un total nacional de 1202, con más de 25.000 empleos directos que, considerando su impacto en las actividades relacionadas, se deben sumar otros 30.000 empleos indirectos”, detalló la legisladora nacional y concluyó que “en el proyecto, se declara de interés a la industria nacional de maquinaria agrícola, que comprende la fabricación de máquinas, equipos, instalaciones y agropartes, aplicables en las actividades agrícolas, ganaderas y rurales en general”.

Zimmermann: “Impulsamos un proyecto para la reconversión de los planes sociales”

La propuesta de ley, que ya tomó estado parlamentario y cuenta con el apoyo de 16 senadores del país, busca “un marco legal de promoción e inserción laboral de beneficiarios de programas y planes sociales”.

El senador nacional Víctor Zimmermann (UCR- provincia de Chaco), impulsó un proyecto de ley para la “reconversión de los planes sociales hacia el trabajo genuino en el sector privado”, lo que permitirá “el saneamiento de las cuentas públicas, dará promoción a las Pymes y al crecimiento de la actividad económica”, el cual ya tomó estado parlamentario y cuenta con el acompañamiento de 16 senadores de todo el país.

El legislador radical explicó que se busca “un marco legal de promoción e inserción laboral de beneficiarios de programas y planes sociales”, mediante la “articulación, coordinación, continuidad y fiscalización de esas ayudas económicas y los estímulos ofrecidos a los empleadores”, no obstante, el proyecto propone que “quienes se incorporen como nuevos empleados en los términos y condiciones de esta ley, durante un plazo de hasta treinta y seis (36) meses contado desde el inicio de la relación laboral, continuarán percibiendo dichos planes y/o programas nacionales”.

Para lograr ese propósito, se establecerán “pautas de regulación, ampliando la población objetivo, teniendo en cuenta la estructura empresarial de la Nación, con especial atención en las MiPymes. Además, cuenta con un esquema de capacitación e incentivos fiscales”.

“Sabemos que los anhelos individuales de los argentinos respecto al empleo encuentran obstáculos históricos difíciles de sortear, agravado a causa de la pandemia”, sostuvo Zimmermann y ratificó que “en este marco es importante la presencia del Estado como articulador fundamental para posibilitar el acceso de los sectores sociales afectados por el desempleo”.

En suma, el senador chaqueño afirmó que “con este proyecto pretendemos aportar una herramienta más, para incentivar desde el Estado la formalización plena de personas al mundo laboral, y por supuesto, alentar a la creación de nuevos puestos de trabajo”, y agregó que “ésta propuesta posibilitará la reconversión de los planes y programas sociales en trabajo formal, como así también la disminución paulatina de las ayudas sociales a cargo del Estado, debido a la inserción en el mercado laboral de miles de desempleados”.

Finalmente, Zimmermann sostiene que “esta propuesta la hacemos en respuesta a las demandas de muchos chaqueños que nos plantean la necesidad de recuperar la dignidad del trabajo y de emprendedores que requieren de un impulso para la generación de empleo genuino”.

Presentan proyecto que promueve el uso de bicicletas como medio de movilidad sustentable

Clara Vega presentó la propuesta “1.5 Más Salud” como “una estrategia integral” que busca iniciar “un cambio en la cultura sobre los medios de transporte” con el fin de cuidar el medioambiente y dar respuestas a “los altos niveles de contaminación del aire”.

La legisladora nacional Clara Vega (Mediar Argentina- provincia de La Rioja) presentó en el Senado la iniciativa “1.5 Más Salud”, con el fin de promover el uso de bicicletas como medio de transporte saludable y amigable con el medioambiente, en busca de “respuestas a la saturación del parque automotor”, para mitigar “a los altos niveles de contaminación del aire que esto trae aparejado”.

“En todas mis propuestas he incorporado la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), porque hoy en día es fundamental que quienes tenemos algún tipo de responsabilidad pública trabajemos coordinadamente para preservar el ambiente y garantizar un futuro digno”, explicó Vega. 

En este marco, el programa “busca dar respuestas a la saturación del parque automotor que observamos en las grandes y medianas ciudades de todo el país, y en particular en La Rioja”, así como “a los altos niveles de contaminación del aire que esto trae aparejado”. Además, establece “reglas claras para preservar la seguridad vial de los ciclistas”. 

Al respecto, la senadora riojana manifestó que “es exclusiva responsabilidad del Estado fomentar el uso de medios de transporte alternativos que, no solo contribuyan a mejorar el entorno en el que vivimos, sino que también ayuden a cuidar la salud de las personas”. 

Por estas razones, “1.5 Más Salud” es “una estrategia integral para promover un cambio en la cultura sobre los medios de movilidad” y, a la vez, busca generar conciencia sobre las normas viales que “brindan mayor seguridad a la hora de transitar en bicicleta por calles y rutas tanto provinciales como nacionales”.

La legisladora nacional visitó la pista de BMX de La Rioja y convocó a jóvenes, referentes y asociaciones vinculadas a la disciplina a sumarse al petitorio para que el proyecto se trate en el Senado, así como a incorporar otras iniciativas y destacó que “de aquí salieron campeones, como María Eugenia Ruarte, Lucas Bustos y el participante en los Juegos Olímpicos Exequiel Torres, que nos hicieron brillar en el mundo, por eso La Rioja tiene que trabajar para potenciar la práctica de este deporte”.

Para finalizar, Vega concluyó “el proyecto incluye también la creación del ‘Plan de acción Decenio’ para que en 10 años más argentinos elijan usar la bicicleta como medio de transporte y también como forma de vida, priorizando el bienestar de las generaciones presentes y futuras”. 

Ingresó un proyecto del Ejecutivo sobre Programa Crédito a Tasa Cero 2021

El mensaje con el DNU 312/21 del Poder Ejecutivo ingresó este viermes a la Cámara de Diputados. El Progama Crédito a Tasa Cero 2021 prevé financiamiento de hasta 150 mil pesos para un millón y medio de monotributistas de todo el país.

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados el decreto que establece la creación del Programa Crédito a Tasa Cero 2021, que ofrecerá financiamiento de hasta $ 150.000 para un millón y medio de monotributistas de todo el país.

El programa tiene el objetivo de asistir a trabajadores y trabajadoras adheridos y adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), con el fin de acompañar el proceso de recuperación productiva.

De acuerdo con la iniciativa, el programa Crédito a Tasa Cero 2021 consistirá en la obtención, por parte de las beneficiarias y los beneficiarios, de un crédito con subsidio del 100% del costo financiero total.

Según se establece, podrán revestir la condición de beneficiarias y beneficiarios del Programa los sujetos que se encuentren adheridos al Monotributo, y cumplan con las condiciones que establezca el Ministerio de Desarrollo Productivo.

En tanto, no se encuentran comprendidos en el Programa los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que perciban ingresos en relación de dependencia, o estén inscriptos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

Los préstamos otorgados contarán con seis meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin interés y se estima que, a fin de este mes, está abierta la posibilidad de solicitarlos.

Además, Desarrollo Productivo podrá definir otros sujetos no comprendidos en el presente Programa.
El Crédito a Tasa Cero 2021 consistirá en una financiación cuyo importe, según cada categoría del Monotributo, no podrá exceder de $ 90.000 para la A; $ 120.000 para la B y $ 150.000 para las restantes.

La obtención del financiamiento será compatible con haber recibido un Crédito a Tasa Cero el año pasado.
En el caso de monotributistas que no se encuentren en mora en el cumplimiento de sus obligaciones ni en las condiciones de vigencia de los beneficios que les fueran acordados, así como tampoco se encuentren con ejecución en trámite, o se les hubiera ejecutado la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), podrán acceder al nuevo crédito en las mismas condiciones que quiénes no hayan accedido en 2020.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo pone de relieve que “en razón de la emergencia declarada, se adoptaron distintas medidas destinadas a ralentizar la expansión del virus SARS-CoV-2 por lo cual se debió limitar la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, lo que conllevó un impacto económico negativo que afectó a empresas y familias”.

Sostiene que, en este contexto, “no sólo se adoptaron medidas tendientes a la protección de la salud pública sino que también se coordinaron esfuerzos y se dictaron medidas para morigerar el impacto de aquellas sobre los procesos
productivos y el empleo”.

Además, el Poder Ejecutivo destaca que “se observa una recuperación parcial y heterogénea de la actividad económica sin que aún se hayan podido alcanzar los niveles de producción observados con anterioridad a la irrupción de la pandemia”.

En ese marco, señala que “en la actual coyuntura de reactivación económica del sector productivo, corresponde que el Gobierno nacional adopte medidas tendientes a acompañar la misma e incentivar el consumo, en el contexto de
recuperación y reconstrucción productiva de nuestro país”.

Entre otras cuestiones, la medida establece además que en el caso de quiénes hubieran obtenido un Crédito a Tasa Cero en el marco del Programa ATP y se encuentren en mora en el cumplimiento del crédito 2020, deberán destinar el monto del nuevo crédito a cancelar la totalidad del monto adeudado y podrán gozar libremente del saldo, si quedare remanente.

Por su parte, los monotributistas que hubieran obtenido un Crédito a Tasa Cero en 2020, respecto de las o los cuales, la entidad financiera otorgante del crédito hubiera iniciado la ejecución o ejecutado la garantía del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), estarán excluidas y excluidos del nuevo beneficio.

En este sentido, el FoGAr podrá establecer pautas especiales para la obtención de una refinanciación sobre el saldo de capital del crédito adeudado.
Asimismo, los beneficiarios y las beneficiarias del nuevo programa, hasta la cancelación total de la financiación, no podrán acceder al Mercado Único y Libre de Cambios para realizar operaciones correspondientes a la formación de activos externos.

Tampoco, podrán concertar ventas en el país de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, o canjes de títulos valores por otros activos externos o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior.

Marley visitó el Congreso por su experiencia con la gestación por sustitución

Un senador nacional recibió en su despacho al conductor de televisión que fue padre de Mirko, gracias a la gestación por sustitución en Estados Unidos.

En medio de la sesión del Senado de la Nación, el senador mendocino Julio Cobos hizo un alto y recibió en su despacho al conductor de La Voz Argentina, Alejandro “Marley” Wiebe, con un objetivo específico: la subrogación de vientre.

Con el espíritu de avanzar en el debate sobre proyecto de ley que brinde un marco legal a la gestación por sustitución, Cobos recibió a Marley para que aporte su experiencia en la subrogación de vientre que dio vida a su hijo Mirko.

En sus redes sociales, el legislador radical publicó: “Recibí a Marley en el Congreso de la Nación, para hablar de los proyectos de Gestación por Sustitución que hemos presentado y que buscan dar cobertura legal a cientos de hombres y mujeres que quieren formar una familia”.

“Argentina debe dar una respuesta legal a esta realidad”, dijo Cobos, quien agradeció a Marley por “su interés en el tema y su ayuda para darlo a conocer y visibilizarlo”.

Por su parte, Marley escribió en Twitter: “Gracias por recibirme”.

Hace 4 años, el conductor de televisión anunciaba el nacimiento de su hijo: “Mirko nació el 27 de octubre de 2017 gracias a la subrogación de vientre en los Estados Unidos”.

Se viene un proyecto de ley para incentivar las inversiones petroleras

Por más gas y petróleo. El Gobierno presentará una iniciativa que busca un esquema de incentivos con mayores autorizaciones a la exportación garantiza y de disponibilidad de divisas.

El Poder Ejecutivo nacional presentará en los próximos días en el Congreso un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, con el objetivo de establecer un esquema de incentivos a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el articulado de la iniciativa ya está a disposición del presidente Alberto Fernández con los detalles de un nuevo régimen de promoción de Inversiones para los próximos 20 años, que “genere un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal”.

“Es una ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de las regiones del país”, manifestaron al explicar que la futura norma “está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones”.

Para ello “se atienden los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno”, agregaron.

A su vez, trata uno de los históricos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.

Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.

La futura norma comprenderá a los proyectos nuevos, así como a los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y a los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.

En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arranca en un piso del 20% y se extiende hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.

Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley con la industria y los sindicatos del sector.

Además, se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.

El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de US$ 6 millones en un plazo máximo de 3 años; y en almacenaje subterráneo de gas desde US$ 30 millones a 3 años.

Para proyectos de producción convencional un mínimo de inversión de US$ 100 millones a 4 años; para los procesos de industrialización de hidrocarburos de US$ 300 millones a 4 años y en la producción de gas y petróleo no convencional como los de Vaca Muerta, de US$ 400 millones anuales sostenidos en 5 años.

En este último caso el 25% de la inversión comprometida deberá estar destinada al desarrollo de nuevos proyectos pilotos de manera de asegurar su sostenibilidad, en tanto que también se contempla proyectos más chicos en cuencas con declino marcado para los cuales se reducen compromisos y se amplían plazos.

En cuanto a otros beneficios fiscales regulares sólo tenderán a reducir el costo del gasto inicial de los bienes de capital para asegurar la viabilidad de la inversión de los proyectos mejorando la actual estructura, pero una vez en funcionamiento tributarán con las cargas impositivas previstas.

Se trata de beneficios en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles y derechos de importación a bienes de capital, en particular con una mención a los proyectos costa afuera que son más onerosos.

Finalmente, se aborda otro tema sensible para el sector como lo son los derechos de exportación, los que podrán oscilar en tasas del 0% al 8% de acuerdo a una fórmula de cálculo en base al precio internacional del crudo Brent, mientras que se ratifica que los volúmenes adicionales se mantendrán dentro de lo contemplado en el Decreto 488 del año pasado.

De esta manera, se explicó que en conjunto se asegura que se logrará fortalecer el ingreso de divisas y las reservas del BCRA, promoviendo, desarrollando e incrementando el valor agregado regional y nacional en la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera.

El esquema apunta a alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad, e incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino.

La iniciativa prevé dar un impulso al sector promocionando la producción convencional como no convencional -con distintos incentivos y requerimientos- y en todas las cuencas del país, así como todas las actividades que directa o indirectamente están relacionadas.

También se promueve el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.

Piden garantizar el acceso a cajeros a personas con discapacidad visual

Un proyecto de varios diputados de Juntos por el Cambio exige que el Ejecutivo disponga de medidas necesarias para que los usuarios con discapacidad visual tengan acceso a todos los servicios financieros.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la cordobesa Soledad Carrizo, presentaron este lunes un proyecto de resolución a través del cuál solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que disponga las medidas necesarias para garantizar a los usuarios con discapacidad visual la accesibilidad a todos los servicios financieros de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web.

En este sentido, Carrizo afirmó: “Esta iniciativa surge del convencimiento de la existencia de impedimentos para un ejercicio libre, igualitario y plenamente accesible de actividades cotidianas que atentan contra la autonomía e independencia de las personas con algún tipo de discapacidad”.

“Nos motiva la necesidad de asegurar la efectiva vigencia de los derechos de las personas con discapacidad y por ello debemos trabajar para eliminar todas aquellas barreras comunicacionales, arquitectónicas y socio-culturales a las que están expuestas diariamente”, agregó.

El proyecto contempla el pedido para la habilitación de operaciones seguras de transferencias y pagos de servicios por terminales de cajeros automáticos y plataforma de servicios web, la señalización indicativa de la ubicación de los cajeros automáticos habilitados para usuarios con discapacidad visual y su estado de funcionamiento dentro de las casas operativas. Además, condiciones de ingreso, movimiento y egreso seguro para el adecuado uso de terminales de cajeros automáticos y accesibilidad al medio físico.

Por otra parte y de manera complementaria, la iniciativa establece la capacitación de personal para asistir de forma virtual, telefónica o presencial a usuarios con discapacidad visual en el adecuado uso de los servicios financieros disponibles y campañas informativas y de capacitación a usuarios y clientes con discapacidad visual sobre las distintas formas, medios, operatorias habilitadas y utilización segura de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web para servicios financieros.

En este sentido, la legisladora cordobesa aseguró que para lograr ello, “el camino es visibilizar la problemática a la que diariamente se enfrentan las personas con discapacidad, generando una agenda legislativa propia que recepte su reclamo y lo transforme en políticas públicas concretas y efectivas”.

“Por eso le pedimos al Poder Ejecutivo que disponga de la readecuación del marco regulatorio existente o dictado de nuevas medidas dirigidas al universo de usuarios de servicios financieros con discapacidad visual; esto es, todas aquellas personas que reclaman un acceso irrestricto a la operatoria de plataformas web y terminales de cajeros automáticos”, finalizó.

Acompañan con su firma los diputados Lorena Matzen, Gabriela Lena, Joseì Riccardo, Gustavo Menna, Mario Arce, Ximena Garciìa, Brenda Austin, Aida Ayala, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Jorge Enriquez, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani.

Proponen incluir a los abogados en la comisión de selección de la Magistratura

Reclaman que a partir de la última reforma legislativa sobre la Magistratura, la representación de los abogados de la matrícula federal “ha sido excluida, sin razón ni fundamento alguno” de la Selección de Magistrados y Escuela Judicial. Se viene el debate en Diputados.

Un proyecto de ley del diputado porteño Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) prevé la incorporación del estamento de los abogados en la composición de la comisión de selección y escuela judicial del Consejo de la Magistratura.

Dicha comisión de la Magistratura pasará, de ser aprobado el proyecto del diputado de Juntos por el Cambio, a estar integrada por tres jueces, tres diputados, el representante del Poder Ejecutivo, un abogado representante de la matrícula federal y el representante del ámbito académico y científico.

Este proyecto es promovido por los representantes del estamento de abogados de la matrícula que actualmente integran el Consejo de la Magistratura de la Nación: los consejeros Diego Marías y Carlos Matterson, según informaron desde Juntos por el Cambio.

Tal como se establece en los fundamentos , la regulación legal actualmente vigente (ley 24.937 y sus modificatorias) dispone que el Consejo de la Magistratura se dividirá en cuatro comisiones: de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, de Disciplina y Acusación, de Administración y Financiera y de Reglamentación.

La citada norma es el resultado de la modificación dispuesta por la ley N° 26.080 y establece, también, la integración de cada comisión.

La de Selección de Magistrados y Escuela Judicial se integra por ocho miembros, pero la representación de los abogados de la matrícula federal “ha sido excluida, sin razón ni fundamento alguno”.

Además de “carecer de sustento, la exclusión de los abogados en la integración de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial es contraria a la letra y el espíritu del artículo 114 de la Constitución Nacional”, argumentan en el proyecto de ley.

La creación e integración de comisiones que dispone la ley no puede, de ninguna manera, menoscabar las competencias asignadas al Consejo en su integración plena, que incluye, por supuesto, a los abogados de la matrícula a través de sus representantes.

Resulta “arbitrario e ilegítimo” que uno de los estamentos que integran el Consejo por mandato constitucional se vea impedido de ser parte de la comisión que va a intervenir en una de las atribuciones del órgano: la selección de los futuros magistrados y la formación de los actuales y futuros.

Por otro lado, los abogados de la matrícula —a través de sus representantes en el Consejo— están en condiciones de realizar un importante aporte a la tan necesaria mejora del Poder Judicial de la Nación. El objetivo es reparar una exclusión inconstitucional y arbitraria que lleva casi 15 años, y así avanzar en el restablecimiento del equilibrio en el Consejo de la Magistratura, apunta el texto.

Cabe destacar que actualmente se encuentra en la Cámara Contenciosa Administrativa una acción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24.937 interpuesta por los consejeros Carlos Matterson y Diego Marías, por la cual solicitan la inclusión de los abogados en la comisión de selección de magistrados.

Ante la bajante histórica del Río Paraná, presentan un proyecto para crear una Comisión Administradora

La iniciativa de una diputada entrerriana del FdT contempla además un Fondo de Compensación Ambiental para atender la situación de las poblaciones ribereñas que atraviesa el río Paraná.

La diputada entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Comisión Administradora del Río Paraná, compuesta por las seis provincias que comparten su curso en el territorio nacional, para institucionalizar un ámbito de ejecución de políticas ambientales, económicas y sociales.

La iniciativa impulsada por Osuna establece además la formación del Consejo de Participación Comunitaria Ribereña y un Fondo de Compensación Ambiental para atender la situación de las poblaciones ribereñas que atraviesa el río Paraná, ante la bajante histórica que se registra.

“Es necesario regular su uso con fines sanitarios, turísticos, productivos y comerciales, para proteger un recurso indispensable como es el río Paraná y promover su cuidado con perspectivas de desarrollo sostenible”, afirmó Osuna, quien se desempeñó como intendenta de Paraná desde el 10 de diciembre de 2011 hasta el 10 de diciembre de 2015.

A través del proyecto, se establece la creación de una comisión integrada por las provincias Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de un representante designado por el Ejecutivo nacional, que debe respetar la igualdad de género.

“En la Argentina los ríos compartidos entre jurisdicciones provinciales o internacionales cuentan con entes, cuyo propósito es coordinar políticas de uso racional y respeto ambiental del curso hídrico”, sostuvo la diputada nacional en los fundamentos del proyecto.

Enumeró el caso de los “Comités de Cuencas Juramento- Salado y Salí Dulce, o la Comisión Administradora del Río Uruguay, y la del Río de la Plata”.

Osuna sostuvo en ese sentido que “la dimensión y el impacto geopolítico del Paraná justifican plenamente un organismo donde las provincias, que tienen por la Constitución Nacional el dominio del río, coordinen junto a la Nación las políticas y acciones necesarias para su cuidado y uso”.

Para la diputada, el río Paraná “es una de las principales reservas de agua dulce del mundo, con un significativo caudal, una gran extensión de su área tributaria y una longitud de su curso, que lo ubica entre los más importantes del mundo, siendo un recurso estratégico, natural, social, económico y cultural para nuestro país”.

Osuna puso de relieve además que estas leyes, “que se vinculan con otras normativas y políticas del Ejecutivo nacional, plantean un trabajo articulado, con enfoques solidarios con lo humano, lo ambiental, lo comunitario y lo cultural, en el compromiso por nuestra biodiversidad, sus habitantes y las futuras generaciones”.

“Es fundamental, con todos los actores, institucionalizar un organismo que tenga competencia sobre el Río y su borde costero, que es un bien natural, diverso y trascendente para la vida cotidiana y el desarrollo de nuestras comunidades, para establecer condiciones para el uso sustentable, con el resguardo de nuestro ecosistema”, puntualizó Osuna.

3218-D-2021

DDHH: se vienen sanciones penales para los negacionistas

Presentan un proyecto de ley en la Cámara alta para sancionar la negación de crímenes de lesa humanidad. Cambiaría el Código Penal. Prevé penas de un mes a un año de prisión. Ser funcionario será un agravante.

Se presentó en el Senado un proyecto de ley que establece sanciones penales a quienes tengan conductas negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La iniciativa lleva la firma del peronista chubutense Alfredo Luenzo y fue girada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que encabeza el oficialista neuquino Oscar Parrilli.

El proyecto de ley de “Sanción Penal a Conductas Negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad” modifica el artículo 213 del Código Penal para reprimir “con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

La iniciativa, además, reprime con “prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos, vital y móvil” al que públicamente “negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.

Además, el “carácter de funcionario público será considerado como agravante del delito”, al considerar su “destitución definitiva e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena”.

En sus fundamentos, la iniciativa tiene por objeto “castigar a quienes nieguen genocidios o crímenes de lesa humanidad incluyendo, obviamente, los cometidos durante la última dictadura cívico militar”.

“Son comportamientos y discursos que niegan determinadas realidades y hechos históricos relevantes, percibidos por la mayor parte de la sociedad como hechos de máxima injusticia”, menciona la iniciativa.

Proponen crear un registro de argentinos vacunados en el exterior

RENAVEX. Un proyecto de ley de legisladores de Juntos por el Cambio pide la creación de un Registro de Argentinos Vacunados en el Exterior contra el coronavirus.

Diputados nacionales del Pro presentaron un proyecto de ley para proponer la creación del Registro Nacional de Vacunación en el Exterior contra el Covid-19 (RENAVEX), un registro nacional de argentinos vacunados en el exterior contra el covid-19, para poder homologar las inoculaciones en el país.

Según los fundamentos de la iniciativa de ley que presentó el jefe de la bancada macrista Cristina Ritondo, el objetivo es “sistematizar la información de los argentinos inmunizados en el exterior contra el coronavirus, cualquiera sea el origen o la cantidad de dosis aplicadas”.

En ese sentido, los legisladores firmantes explicaron que “muchos ciudadanos que viajaron al exterior, por cualquier circunstancia, optaron por vacunarse, ante la incertidumbre respecto de cuándo llegarán los inoculantes y de qué marca”.

“Los viajes se realizaron principalmente a Estados Unidos, donde las dosis de varios laboratorios se aplican sin costo al que las solicite”, argumentaron.

Y continuaron: “La creación de este registro de residentes argentinos vacunados en el exterior permitirá obtener evidencia para desarrollar investigaciones y tomar decisiones de política pública respecto de la campaña de inmunización contra el Covid-19”.

Para los diputados del PRO, la información obtenida “permitirá, por ejemplo, conocer con precisión qué nivel de inmunidad colectiva hay entre la población o implementar medidas para personas vacunadas”.

Al proyecto presentado por el presidente del bloque de diputados nacionales del PRO lo acompañaron con su firma las diputadas nacionales Mercedes Joury, María Luján Rey y Carmen Polledo.

Ley para el fomento a la agroecología: se presentó con el aval de la Rosada

La idea es fomentar las políticas de agroecología en todas sus escalas, de cara a la protección de los desarrollos agroecológicos existentes, así como de la promoción y acompañamiento de nuevas producciones”.

El proyecto de ley de los legisladores del Frente de Todos Leonardo Grosso y José Aragón se presentó este martes en la sede de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes , con la presencia de los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.


El objetivo es “fomentar las políticas de agroecología en todas sus escalas, de cara a la protección de los desarrollos agroecológicos existentes, así como de la promoción y acompañamiento de nuevas producciones”.


Además participaron representantes del CONICET y el INTA, como así también organizaciones campesinas, sociales y productores de varias provincias argentinas.


De la presentación en modalidad virtual participaron los autores del proyecto, Leonardo Grosso y el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, José Ruiz Aragón; además las diputadas bonaerenses Daniela Vilar y Florencia Lampreabe, la salteña Verónica Caliva y el correntino Jorge Romero.

El ministro Salvarezza junto a la diputada Daniela Vilar.


En la apertura del encuentro el ministro Salvarezza destacó el proyecto por su “integralidad y el trabajo conjunto en la redacción del mismo”.

Además, indicó que “la agroecología cumple con dos condiciones: soberanía alimentaria y cuidado ambiental”.“
Asimismo, Salvareza valoró la cooperación entre el Poder Legislativo, la cartera a su cargo y Agricultura, la comunidad y la participación de universidades nacionales, INTA y CONICET para que fuera enriquecido el proyecto. “La agroecología es una oportunidad en ese tránsito hacia la producción que contemple la riqueza de la tierra y el cuidado ambiental”, concluyó.

A su turno, Grosso explicó que “el proyecto es un proceso interdisciplinario que nace desde el corazón de las organizaciones campesinas e indígenas que son las que construyeron una forma de resistencia a un modelo que los desvalorizaba, que los dejaba al margen”.


“Pretendemos resolver, por la positiva y en el momento adecuado, uno de los principales problemas ecológicos que tiene la Argentina, que es la producción agropecuaria con uso de agrotóxicos y con desmontes en toda la argentina”, cerró.

Industrialización del cáñamo para cannabis medicinal: el debate que se viene

Con el impulso del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, la búsqueda de un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo llegará a las comisiones. El oficialismo apunta a lograr consensos con la oposición.

Ante la presentación del proyecto de ley oficialista sobre la regulación de la producción de cáñamo para cannabis medicinal, la diputada nacional y autora de una iniciativa similar el año pasado, Mara Brawer, sostuvo que “es un tema que venimos trabajando desde hace varios años y este proyecto impulsa el desarrollo nacional de la cadena productiva del cáñamo”.

Al respecto, la legisladora del Frente de Todos sostuvo que “este proyecto tiene firma de todos los bloques y habiendo tantos productores insistiendo para que se desarrolle, va a tener una discusión interesante, y no dudo que vaya a salir de forma positiva”.

Sobre el proyecto, señaló que “crea una agencia que permite que la industria en Argentina sea legal para fines industriales y medicinales”.

“Esta ley tiene eje en economías regionales, cooperativas y pequeños productores”, agregó en diálogo con Radio Provincia.

Sobre el cáñamo dijo que “tiene 25 mil productividades diferentes” y “tiene el beneficio de ser una industria totalmente sustentable porque es un cultivo que requiere poca agua, bajas cosechas, necesita pocos fertilizantes y es un cultivo reparador del suelo”.

“Es una industria nueva y con importantísimas posibilidades de venta e importación”, apuntó.

El Gobierno presenta proyecto de ley para regularizar el desarrollo de la industria del cannabis

Basado en varias iniciativas de legisladores, ahora será el Poder Ejecutivo nacional el que impulsa el proyecto de “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”. Será este miércoles a las 17 en el Museo del Bicentenario.

El Gobierno nacional, encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, presentará este miércoles a las 17 en el Museo del Bicentenario, el proyecto de ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial” ante consejeros, académicos, legisladores, referentes del sector y gobernadores.

Desde la Rosada se explicó que el objetivo de la ley es dar un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, donde cooperativas del sector y pymes “tendrán un espacio importante” para fomentar el desarrollo de la industria.

Tras la presentación que hará Kulfas, la iniciativa será enviada al Congreso para su debate legislativo.

El acto contará con la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz; consejeros y consejeras y expertos y expertas en la materia que disertarán en diferentes paneles.

También participarán la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza; y el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Estarán presentes de manera virtual, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; las diputadas nacionales Mara Brawer y Carolina Gaillard (FdT); la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FdT); el director del IIEP CONICET, Andrés López; y el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, Pablo Fazio.

La transmisión de la presentación podrá ser seguida en vivo desde el canal de YouTube del Consejo, Económico y Social (CES).

Impulsan proyecto para rescatar a deudores hipotecarios UVA

La iniciativa propuesta por el diputado Alvaro de Lamadrid sugiere implementar un subsidio para asistir a los afectados y la aplicación del coeficiente de variación salarial RIPTE para la renegociación de los contratos.

Un grupo de diputados radicales presentaron un proyecto que busca rescatar a los deudores hipotecarios del UVA.

La iniciativa encabezada por el diputado Alvaro de Lamadrid deja sin efecto el artículo 66 de la Ley 25.827 y su cálculo de indexación y establece por única vez un subsidio, fondo fiduciario o seguro de morosidad a financiarse con una partida del presupuesto nacional y un aporte obligatorio del 3% de las entidades financieras correspondiente a la tasa con la que se otorgaron los préstamos hipotecarios.

En su artículo 3°, el proyecto dispone la aplicación hasta la liquidación del préstamo del coeficiente de variación salarial RIPTE al cálculo de renegociación de los contratos de los deudores hipotecarios UVA.

Se establece asimismo la revisión de todos los contratos de deudores hipotecarios UVA y el límite de entre 20 y 30 años para el diferimiento de cuotas, contando el plazo desde el pago efectuado en la primera cuota.

La autoridad de la aplicación, según la norma, estará a cargo de la revisión y compensación de los préstamos en revisión y recotizará la UVA con el RIPTE como índice de actualización, hasta su liquidación.

El proyecto es acompañado por los diputados Luis Petri, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Ximena García, Gerardo Cipollini, Carolina Castets, Luis Pastori, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, Luis Juez, Carla Piccolomini, Natalia Villa, Hernán Berisso, Héctor Stefani, Jorge Enríquez, Mónica Frade, Alicia Terada y Martín Grande.

La iniciativa valora el espíritu que acompañó la creación de los créditos UVA como “un marco propicio para el acceso a los argentinos a su primera vivienda”, pero atribuye el fracaso del sistema al “asistencialismo, corrupción, impericia y negligencia del actual Gobierno”, que a juicio de los legisladores de la oposición llevaron a los deudores hipotecarios UVA al “endeudamiento y la desesperación”.

El proyecto de De Lamadrid tiene como condición “establecer un plan antiinflacionario que no altere la fórmula del contrato vigente entre acreedor y deudor”.

Los puntos principales del proyecto de aborto que aprobó el Senado

Un repaso por los aspectos destacados de la iniciativa que se convirtió en ley en una sesión histórica.

  • El proyecto de ley tiene por objeto “regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible”.
  • Las mujeres y personas gestantes podrán interrumpir su embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante. El texto original hablaba de “salud integral” pero el Poder Ejecutivo finalmente vetará el concepto de “integral”, manteniendo la redacción del Código Penal. Fue por pedido de un senador de la oposición, el rionegrino Alberto Weretilneck.
  • En caso de violación, las personas gestantes a partir de los 13 años de edad deberán presentar una declaración jurada ante el personal de salud.
  • El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita es de diez días corridos. Una vez que se realiza el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.
  • Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad. Para los casos de menores de 16 años, el proyecto se remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” pero “cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”, y agrega que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.
  • El personal de salud debe garantizar, como mínimo, las siguientes condiciones: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y estándares de calidad.
  • El profesional que deba intervenir “de manera directa” en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Si se opone a realizar la práctica, tendrá que derivar a la paciente para que sea atendida por otro profesional, “sin dilaciones”. De todos modos, el profesional no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o las salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria posterior al aborto.
  • En el debate en comisiones se incorporó un artículo vinculado a las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia. Según el agregado, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”. Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.
  • El sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedarán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
  • Se establece que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios “tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.
  • El Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales deberán implementar capacitaciones para el personal de salud a fin de cumplir con la ley.

Modificaciones al Código Penal

  • En el artículo 85 se mantiene la pena de tres a diez años de prisión para quien provoque un aborto sin consentimiento. Esta pena podrá ser de hasta 15 años si causa la muerte de la persona gestante.
  • Si el profesional obra con consentimiento y el aborto se produce después de la semana catorce y sin que existan los supuestos previstos (violación o peligro para la mujer), la pena será de tres meses a un año -actualmente es de uno a cuatro años-.
  • A su vez, se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.
  • En el punto medular del proyecto, se modifica el artículo 86 del Código autorizando el aborto voluntario hasta la semana catorce.
  • En el artículo 87 se aumenta el máximo de la pena para quienes “con violencia” causen un aborto -sin haber tenido ese propósito- a una persona con un embarazo “notorio”. La nueva pena será de seis meses a tres años -actualmente son seis meses a dos años-.
  • Por último, en el artículo 88 se reprime con prisión de tres meses a un año a la persona gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo provoque, por fuera de las causales habilitadas. Actualmente, esa pena es de uno a cuatro años, es decir que ahora se reduce y será excarcelable. Se indica además que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”, y se mantiene, como hasta hoy, que “la tentativa de la persona gestante no es punible”.

Se conoció finalmente el dictamen de la reforma judicial

Tras varias horas en las que la oposición elevó su voz para quejarse y el oficialismo explicó que el texto estaba circulando para la firma, el documento fue difundido. Conozca qué dice.

Tras una prolongada reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto de ley de reforma judicial pasó a la firma este miércoles, con el objetivo de que poder sesionar la próxima semana para debatirlo, habiendo pasado los siete días correspondientes y no tener que reunir sino los dos tercios para habilitar el tratamiento. Pero pasaron las horas y el texto brillaba por su ausencia, ante lo cual la oposición elevó su protesta.

Lo hizo desde temprano, a través entre otros de la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado, que se quejó porque los senadores de la oposición no habían podido acceder al texto que, de todas formas, no pensaban firmar.

La senadora macrista relató que el día anterior la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Ángeles Sacnun, “oralmente nos manifestó algunos cambios, pero no hemos podido tener hasta el día de hoy ningún senador de la comisión el texto del dictamen. Así que no sabemos si eso se hizo, si hay otros puntos a modificar y cuál es el dictamen”. En diálogo con CNN Radio, la legisladora señaló que “el nuevo texto que se tenía que someter a votación” y “ese es el que no hemos podido conseguir”. “Los medios están diciendo que hay un despacho que no aparece”, agregó la vicepresidenta de la comisión.

La cordobesa contó que se comunicó con Sacnun, quien le dijo que “cuando estén las firmas lo va a publicar, pero normalmente se hace en la misma sesión de comisión”. “Lo firmemos o no firmemos tenemos derecho a conocer cómo se expidió la comisión que integramos”, sostuvo.

La explicación que le dio la senadora Sacnun fue que “el trabajo de borradores es una tarea que requiere ajustes hasta último momento, sobre todo en un momento que no se dictamina a ‘libro cerrado’, que cuenta ocn un articulado de más de 80 artículos y múltiples anexos, sino que tal como ha quedado claro se realizaron múltiples cambios de forma y otros de fondo que fueron informados”.

19 firmas

El dictamen del proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias ingresó pasadas las 21 a Mesa de Entradas de la Cámara alta conteniendo 19 firmas.

Suscribieron el dictamen -el único que será debatido la semana que viene, pues la oposición no presentó uno de minoría- quienes presidieron el plenario, los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun; y de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli.

Además, el texto lleva las firmas de los senadores Anabel Fernándz Sagasti, Claudia Ledesma Adbala de Zamora, Gerardo Montenegro, José Neder, Carlos Espínola, Ana Almirón, Nancy González, Juan País, Sergio Leavy, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Mariano Recalde, Edgardo Kueider y Antonio Rodas.

Puntos principales

Modificaciones en torno al sorteo de las causas: Se avanzará en la transparencia de los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.

Regla democrática o selección de candidatos: Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.

Criterio de especialidad en el ámbito no penal: No se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso y administrativo. Se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia que es uno de los temas que el Poder Ejecutivo advirtió a la hora  de mandar el proyecto al Senado de la Nación

Derechos humanos: Se atendió el planteo de los organismos de derechos humanos que nos plantearon que la Secretaría con competencia específica en este tema conserven esta competencia exclusiva.

Proceso acusatorio: La Bicameral de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo código.

Entre las modificaciones aplicadas al texto se estableció que no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era el problema que advertía el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, para avanzar en la transparencia de los sorteos de las causas, éstos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.

Asimismo, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.

En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, uno de los temas más aludidos por los expositores, será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código.

DICTAMEN-PE-104-20.-Firma-Dig-3-comprimido