El FIT pidió celebrar el “Día de la lucha por la despenalización y legalización del aborto”

Además buscarán expresar su solidaridad para el movimiento de mujeres de América latina y el Caribe. También pedirán el pronto tratamiento de la Ley IVE en el Congreso nacional.

En el marco del “Día de la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América latina y el Caribe”, las diputadas Alejandrina Barry (FIT) y Myriam Bregman (PTS) impulsaron un proyecto de declaración en la Legislatura porteña a través del cual buscarán celebrar esa fecha y expresar su solidaridad con el movimiento de mujeres y diversidades; además de acompañar las distintas actividades a realizarse con motivo de esa fecha.

A través de esa misma iniciativa, las legisladoras buscarán insistir con el tratamiento y aprobación en el Congreso Nacional, del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por octava vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En los fundamentos de la misma, Barry y Bregman recordaron que “el  28 de septiembre de 1871, Brasil sancionaba la ley de Libertad de Vientres, que consideraba personas libres a los hijos e hijas de las esclavas” y que “en 1990, el V Encuentro Feminista Latinoamericano eligió esa fecha como el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América latina y el Caribe, también conocido como Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro”.

“Este reclamo que atraviesa los distintos continentes los últimos años, en América Latina tiene diferentes consecuencias. Los únicos países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada son Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay; está prohibido en todas las situaciones en República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, El Salvador y Nicaragua”, señalaron y subrayaron que “en el resto del continente, el aborto está criminalizado con algunas excepciones. Este mapa resulta en una virtual ciudadanía de segunda categoría para la mitad de la población y, sobre todo, en riesgos para la salud y la vida de la mayoría de las mujeres”.

Sobre esa misma línea, explicaron que “en América latina y el Caribe se realizan 6,5 millones de abortos al año, la criminalización se traduce en que 760.000 mujeres sufran complicaciones por abortos inseguros cada año” y advirtieron que “la pandemia empeoró el escenario: el menor acceso a la salud encendió todas las alarmas sobre el aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros”.

Además precisaron que “en Argentina, el aborto legal, seguro y gratuito fue la demanda que instaló la marea verde en las calles durante el 2018 llegando a marchar por miles mujeres y jóvenes para conquistarla” e insistieron en que “la movilización fue fundamental no solo para instalar el debate en la sociedad, sino también para lograr que se apruebe el proyecto en la Cámara de Diputados. Luego del rechazo en el Senado, el aborto se mantuvo en clandestinidad con todas las consecuencias que eso conlleva para la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

“El Gobierno nacional durante lo que va de la cuarentena, se ha referido a la postergación de este debate y su tratamiento en el Congreso Nacional, en palabras del presidente de la Nación, porque ‘urgen otros temas’”, aseguraron y concluyeron señalando que “como la pandemia expuso de manera más cruda las consecuencias de la clandestinidad del aborto, así como la violencia machista, la sobrecarga de tareas de cuidado en las mujeres, este reclamo se mantiene como unos de los principales del enorme movimiento de mujeres en Argentina”.

Desde la izquierda rechazan sumarios a trabajadores municipales de Neuquén

La concejal municipal por el PTS-FIT Natalia Hormazabal presentó un proyecto de declaración en rechazo al inicio de sumarios administrativos a trabajadores de planta, que durante el 2016 no publicaron ordenanzas.

La concejal de Neuquén por el PTS-FIT Natalia Hormazabal presentó un proyecto de declaración en rechazo al inicio de sumarios administrativos ordenados por el secretario de Gobierno de la municipalidad Juan Hurtado, a trabajadores de planta de Secretaría de Gobierno y Coordinación, que durante el 2016 no publicaron ordenanzas. Este lunes ingresó en el orden del día de la comisión de Legislación. 

El Ejecutivo municipal justifica el inicio de estos procesos administrativos, a fin de “determinar las responsabilidades disciplinarias” que pudiera corresponder a los trabajadores de planta permanente, del área correspondiente, por haber transgredido deberes establecidos en el Estatuto del Personal municipal. 

Al respecto, la dirigente manifestó: “Repudiamos esta iniciativa que endilga responsabilidad en los trabajadores del municipio, siendo que el grave hecho ocurrido no puede ser más que fruto de decisiones y responsabilidades políticas, de autoridades y funcionarios de la gestión anterior, que decidieron publicar o no determinadas ordenanzas”. 

El proyecto en los considerandos menciona además que “resulta un antecedente peligroso que se intente amedrentar a trabajadores de planta permanente, desviando el eje de la gravedad institucional que tiene el accionar de funcionarios políticos en la toma de decisiones”. 

La izquierda porteña reclamó por la violencia policial y falta de insumos en hospitales

Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO) cuestionaron duramente el informe del jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y advirtieron que “la situación de la Ciudad no es la que relató”.

En el marco de la exposición el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, en la Legislatura de la Ciudad, los diputados Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO) criticaron su discurso y advirtieron que sus dichos no se condicen con la “situación de la Ciudad”; al mismo tiempo que advirtieron sobre la violencia policial en el distrito, la falta de insumos en los hospitales y sobre el fraccionamiento de los salarios de los trabajadores.

En ese sentido, Solano explicó que “la situación de la Ciudad de Buenos Aires no es la que relató el jefe de Gabinete” y recordó que este martes hubo “un paro de docentes que, de una manera muy clara, están denunciando que les quitaron el aumento que se había establecido  en un acuerdo salarial con el propio Gobierno”.

“Tenemos una situación dificilísima en los hospitales con contagios de los trabajadores de la salud, falta de elementos de protección personal”, aseguró y advirtió que “en los barrios populares de la Ciudad hay contagios masivos por la falta de agua, por la crisis habitacional y porque los propios trabajadores que se tienen que hacer cargo de los comedores populares no tienen ningún tipo de garantía por parte del Estado para hacer su trabajo”.

Asimismo insistió en que “acá hay una política en la que nosotros vemos que se ha ajustado al pueblo; no se ha tomado ninguna medida para compensar la caída de la recaudación impositiva  colocando impuestos para los sectores más pudientes de la Ciudad, empezando por los bancos y cadenas de supermercados” y remarcó que “esto afecta directamente a los trabajadores que ven fraccionado su aguinaldo, congeladas sus paritarias, incumpliendo los acuerdos salariales”.

En tanto Bregman cruzó al jefe de Gabinete al afirmar que “solicitamos nos explique qué hicieron con los agentes que se vestían de dirigentes sociales para infiltrarse en las marchas y qué hicieron con el ejército de buchones que crearon en el 2018 cuando se votó la reforma del Código Procesal Penal y que denunciamos desde el Frente de Izquierda en esa oportunidad” y precisó que “luego de habernos respondido a nuestro pedido de informes asegurando que existen en la policía de la Ciudad 282 agentes que cumplieron funciones en la última dictadura, ¿no se preocuparon por saber si pasaron por algún centro clandestino?”.

A su vez, reclamó explicaciones sobre la Policía de la Ciudad ya que “de 24 casos de gatillo fácil en todo el país, están implicados miembros de la fuerza porteña en siete casos, de los cuales seis ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, cuando no se encontraban en servicio” y recordó que “es la misma policía que está implicada en el espionaje de la AFI, que tenían enormes carpetas de organizaciones sociales, sobre mí y mi partido, sobre el espionaje a su propio Gobierno, pero usted no hizo una sola mención sobre esto en su informe y es muy grave”.

“Queremos saber cómo se decide qué manifestación se permite en la Ciudad y cuáles no. Vimos que se aplican criterios distintos frente a las movilizaciones. Mientras los autodenominados ´anticuarentena´ se manifiestan en el Obelisco, a quienes se movilizan por justicia por Santiago Maldonado a tres años de su desaparición forzosa, se los reprime y encarcela”, concluyó.

La izquierda porteña exigió precisiones sobre casos de “gatillo fácil”

Las diputadas Myriam Bregman (PTS) y Alejandrina Barry (FIT) impulsaron un pedido de informes en la Legislatura, mediante el cual buscarán interiorizarse acerca de siete casos de abuso de las fuerzas de seguridad.

A cuatro meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus, las legisladoras Myriam Bregman (PTS) y Alejandrina Barry (FIT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual exigen precisiones acerca de siete casos de “gatillo fácil” ocurridos en este último tiempo, de los cuales uno ocurrió en el distrito capitalino y seis en la provincia de Buenos Aires, en los cuales intervinieron efectivos de la Policia de la Ciudad cuando no se encontraban de servicio.

De esta manera, las diputadas pidieron detalles de los homicidios de: Rubén Sarso, de 30 años, asesinado el 30 de abril en el barrio porteño de Flores; Maximiliano Nahuel Gómez, cartonero  asesinado el 28 de marzo en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora; Santiago Santucho de 17 años, asesinado el 3 de mayo en el partido de José C. Paz; Alexis Lucero, de 17 años, asesinado el 12 de junio en la localidad bonaerense de La Reja, del partido Moreno; y Augusto Itaurralde, de 25 años, asesinado el 14 de junio en la localidad bonaerense de Plátanos, Partido de Berazategui.

También exigieron precisiones sobre los homicidios de dos jovenes de 23 años, uno de ellos asesinado el pasado 4 de julio en Rafael Castillo y el otro en Rafael Calzada, de los cuales se desconocen sus nombres y apellidos.

En el texto, las legisladoras también pidieron que se “informe si la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hace un seguimiento especial de los casos de uso de armas de fuego por parte de los efectivos de la fuerza fuera de su horario laboral”. Así como también que se incorpore información sobre “el relevamiento de la totalidad de los casos y las acciones adoptadas en función de los mismos” y que se añada “informes si existen disposiciones especiales y/o protocolos que los efectivos deben cumplir con respecto al uso de armas de fuego cuando no se encuentran en ocasión de prestar tareas”.

En los fundamentos de la medida, Bregman y Barry advirtieron que “estamos viviendo una gravísima situación de violencia policial en todo el país” y recordaron que señalaron “en reiteradas oportunidades que poner a las fuerzas de seguridad como un instrumento central de control sanitario durante  la actual crisis provocada por la pandemia del Covid 19, empoderando exponencialmente a esas mismas fuerzas conduciría inexorablemente a un aumento en  los casos de violencia institucional”.

“En efecto las fuerzas de seguridad consideran que el rol asignado en el marco de la actual crisis, las habilita a desplegar con más frecuencia prácticas  represivas que incluyen abusos, torturas, golpizas, e incluso aberrantes homicidios de personas indefensas como vimos en los casos oportunamente denunciados de la Provincia de Tucumán”, afirmaron y volvieron a recordar la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que fue visto por última vez cuando era subido a un móvil de la Policía Bonaerense hace más de 80 días.

La izquierda se presentó en la Justicia contra el aumento de parquímetros

Las diputadas porteñas del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman y Alejandrina Barry solicitaron ante los tribunales que “con carácter urgente” se dicte una medida cautelar suspendiendo la audiencia pública convocada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el objetivo de aumentar la tarifa de los parquímetros. Al respecto Bregman y Barry denunciaron que “en el apuro por implementar […]

Las diputadas porteñas del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman y Alejandrina Barry solicitaron ante los tribunales que “con carácter urgente” se dicte una medida cautelar suspendiendo la audiencia pública convocada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el objetivo de aumentar la tarifa de los parquímetros.

Al respecto Bregman y Barry denunciaron que “en el apuro por implementar una medida recaudatoria del Estado contra los vecinos de la Ciudad que tienen auto y ante el déficit de estacionamiento público, el gobierno de Larreta comete errores groseros, demostrando una vez más que lo único que les interesa es el afán de lucro recaudatorio en la Ciudad con más vehículos del país y con un transporte público que tiene enormes baches”. Y ejemplificaron al señalar que “el Gobierno en la convocatoria a la Audiencia Pública para aumentar la tarifa difundió una dirección errónea para acceder a la documentación sobre el aumento. Tras asistir a la dirección indicada en la publicidad oficial, nos encontramos con una asociación civil sin relación con la audiencia ni los parquímetros”.

Además, las diputadas porteñas del FIT señalaron que “por más que quieran promocionar el Metrobus, la Ciudad organizada por el PRO no garantiza un tránsito fluido ni estacionamientos seguros. De una necesidad hacen un negocio. Hace años que denunciamos el negociado de los parquímetros y este año quieren darle aún más ganancias a las empresas que acarrean. Han extendido la capacidad de las grúas para el remolque a casi toda la ciudad, otorgándole de forma gratuita las playas de acarreo a las empresas. Las empresas encargadas de los acarreos pagan 55 mil pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12.5 millones de pesos en el mismo período. Es realmente una estafa”” 

Por último, Bregman y Barry denunciaron que “encima Larreta pretende que los actuales $15 por hora de estacionamiento en la vía pública suban a $32: un aumento del 113%. Cada vez se restringe más el espacio público y se transforma en espacio de lucro privado o del que puede pagarlo”, concluyeron las diputadas porteñas.