La medida fue adoptada por la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, la semana pasada. Había sido creada en 2017.
En el marco de las medidas implementadas por las nuevas autoridades de la Cámara de Senadores, encabezada por la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, fueron dadas de baja dos comisiones especiales. Una de ellas es la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas, que la titular de la Cámara alta caducó a través del decreto 12/24.
Se trata de una comisión que fue presidida por la extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la exsenadora rionegrina Magdalena Odarda, que solo registra dos reuniones: el 13 de julio de 2017 y el 30 de noviembre de ese mismo año.
Muy molesta por la decisión se mostró la senadora de Unión por la Patria Nora del Valle Giménez, quien expresó su “enérgico rechazo a la decisión de la vicepresidenta de la Nación”, recordando sobre esa comisión que “fue la primera vez en la historia nacional que los pueblos originarios tenían una comisión dentro de la Cámara alta nacional para hacer conocer su problemática y demandar soluciones”.
“Su rol era, sobre todo, hacer cumplir la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17 (incluido en la reforma de 1994), que reconoce a las comunidades la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que habitan desde tiempos ancestrales”, agregó la senadora salteña.
Asimismo, Giménez expresó: “El Congreso ya había aprobado en noviembre de 2006 la Ley 26.160 de Emergencia Territorial de las comunidades Indígenas Originarias, que suspendió los remates y desalojos de esos pueblos, y puso en marcha un Relevamiento Territorial en todo el país para identificar a las comunidades y las tierras que ocupan. La ley fue prorrogada varias veces y hoy se encuentra vigente. El único proyecto legislativo para derogar esa ley fue presentada justamente por Victoria Villarruel cuando fue diputada, y tenía como único cofirmante al actual presidente Javier Milei”, detalló la senadora.
Por último, la legisladora aseguró que “sin la Comisión en el Senado y con la pretensión de derogar la Ley 26.160, los pueblos originarios están en evidente peligro. Las ideas de Villarruel y Milei pretenden llevarnos al punto anterior a la aprobación de la reforma constitucional y la ley, es decir, con decenas de comunidades en riesgo de ser desalojadas y abandonadas a su suerte por acción de los grandes terratenientes. Quieren, en definitiva, reeditar en pleno siglo XXI una nueva Campaña del Desierto”, sentenció.
El proyecto fue presentado por la diputada jujeña Carolina Moisés en relación al conflicto que se dio con la reforma constitucional en su provincia.
La diputada nacional Carolina Moisés (FdT-Jujuy) presentó un proyecto de ley para darle jerarquía constitucional al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza preservar la consulta libre e informada a las comunidades originarias en forma previa a la adopción de medidas gubernamentales que puedan afectar sus condiciones de vida, asociadas a una cosmovisión ancestral que promueve la armonía con los recursos naturales y el respeto por los frutos de la tierra.
“La iniciativa busca salvar un vacío legal en defensa de los pueblos originarios, y se funda en el reciente antecedente del gobierno de Jujuy, que no les respetó ese derecho cuando planteó y logró sancionar la reforma de la Constitución provincial en junio pasado”, señaló la oficialista.
La candidata a senadora nacional de Unión por la Patria cuestionó que “apelando al engaño y la mentira, el gobernador Gerardo Morales concretó una parodia de consulta a un muy reducido número de comunidades originarias y con ese supuesto consentimiento avanzó con una reforma constitucional que arrasa con los derechos de nuestra gente a preservar su acceso al agua y a las tierras que les permiten su supervivencia”.
El Convenio 169, que entró en vigencia en 1991 y al que la Argentina adhirió rápidamente en 1992 mediante la Ley 24.071, pasando a regir en nuestro país desde julio de 2001, le reconoce a los pueblos indígenas derechos colectivos de carácter político, territorial, económico, social y cultural.
“Uno de los más importantes es el derecho a ser consultados frente a medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarlos directamente y a participar en la misma forma en que lo hacen otros sectores de la población”, explicó la jujeña.
Para Moisés, quien lo advirtió enérgicamente desde el inicio del proceso de reforma antes de que se activara la Convención Constituyente en la Legislatura jujeña, “el gobernador Morales salteó este paso clave para la convivencia en la provincia y de esa acción vimos las terribles consecuencias días después que llenaron de protestas válidas y violencia institucional las calles”.
El proyecto recoge las inquietudes expuestas por comuneros jujeños del Tercer Malón de la Paz en un trabajo de equipo con la legisladora nacional, y ya recibió el acompañamiento de sus pares Carlos Cantero, Leila Chaher, Eduardo Valdés, Juan Marino, Claudia Ormaechea, Lucas Godoy, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Lisandro Bormioli, Rosana Bertone y Mabel Caparrós, entre otros cofirmantes.
Con el otorgamiento de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, la iniciativa apunta a poner a los derechos y garantías contenidas en el Convenio 169 en un pie de igualdad con los otros derechos ya contemplados en la parte programática de la Carta Magna, y por encima de cualquier norma de rango inferior, incluso las restantes de carácter convencional.
Lograda su sanción, los órganos jurisdiccionales y administrativos tendrían la obligación de respetarlos, interpretarlos y aplicarlos, de modo armónico y en igualdad de rango con el resto de los derechos constitucionales, y por encima de cualquier norma legal de rango inferior, ya sea de índole nacional o provincial.
El texto que recibió la comitiva del Frente de Todos plantea una serie de pedidos para avanzar en el Congreso contra la reforma constitucional de esa provincia.
Las diputadas nacionales Paula Penacca (CABA), Mónica Macha (PBA), Natalia Souto (PBA), Mara Brawer (CABA) y Lía Caliva (Salta), y el diputado Juan Marino (PBA), recibieron un petitorio del III Malón de la Paz en la Ciudad de Salta Capital.
En el marco de las protestas y el rechazo a la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales, los miembros de los pueblos originarios entregaron a la comitiva de legisladores un documento con una serie de pedidos para avanzar en el Congreso nacional con una agenda legislativa vinculada a la reforma de la Constitución provincial.
Concretamente, en el documento le piden a los diputados y diputadas nacionales que gestionen una sesión extraordinaria en la Cámara a realizarse la primera semana de agosto para tratar las diferentes problemáticas que atraviesa la provincia de Jujuy en relación a lo que definieron como “la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT”, que es la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El petitorio del III Malón de la Paz denuncia la “profundización de la violencia institucional en Jujuy, la represión, persecución, las detenciones arbitrarias, los procesamientos con imputaciones absurdas, acusaciones falaces y multas exorbitantes” que tuvieron lugar en la provincia desde que se trató la reforma de la constitución de Jujuy.
Sobre la nueva Carta Magna, el comunicado advierte que es “violatoria de los derechos y garantías establecidas por la Constitución Nacional, implicando esto la violación de derechos humanos y tratados internacionales”.
Durante la tarde del miércoles, tras la reunión con los miembros del Malón, la comitiva mantuvo una reunión con Daniel Hoyos, rector de la Universidad Nacional de Salta, en la que conversaron sobre las distintas necesidades y demandas de los pueblos originarios del noroeste argentino. El rector de la UNSa colaboró con el Malón de la Paz en cuestiones logísticas vinculadas al viaje que comenzó el martes. El III Malón salió desde Jujuy y tiene previsto llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1 de agosto.
Más tarde, durante la tarde de este miércoles, la comitiva viajó a San Salvador de Jujuy para continuar con su agenda. Entre otras actividades, realizaron una reunión con dirigentes políticos, sociales y sindicales de la provincia que también manifestaron su preocupación por la escalada de represión que tiene lugar Jujuy tras la reforma de la constitución.
Este jueves la comitiva continuará con su agenda visitando a la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra presa en su domicilio, y también, por la mañana, los diputados realizarán una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ley para la creación de la “Comisión Bicameral Especial Investigadora de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy”.
La autora del proyecto es Leila Chaher, diputada nacional del Frente de Todos de Jujuy, y propone una comisión que estará integrada tanto por miembros de la Cámara de Diputados como del Senado de la Nación.
También visitarán al abogado defensor de las comunidades indígenas Alberto Nallar, que se encuentra detenido en su domicilio tras ser acusado de sedición el 12 de julio.
Molesto por el accionar de las fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, Hugo Yasky presentará un proyecto convencido de que el respeto a los Derechos Humanos es la única forma de resolver los conflictos en democracia.
El diputado Hugo Yasky presentará este martes un proyecto de ley para que el conflicto sobre las tierras reclamadas por pueblos originarios se resuelva por vías pacíficas e institucionales.
Además de repudiar “la represión a los pueblos originarios efectuada en Villa Mascardi”, el diputado nacional Hugo Yasky, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, elaboró un proyecto de normativa que establece un mecanismo de diálogo institucional para resolver los conflictos en el marco de la legislación nacional e internacional.
La propuesta del diputado y secretario general de la CTA se basa en el convenio 169 de la OIT y en la declaración de 2007 de la Asamblea General de la ONU.
Este convenio ratificado por el Estado argentino y la declaración de Naciones Unidas del 12 de septiembre del año 2007 aprobada por unanimidad que establecen los principios básicos sobre los derechos de las comunidades pertenecientes a pueblos originarios.
La comisión que propone crear Yasky busca resolver las diferencias respetando la Ley 26.160 y los convenios suscritos por nuestro país, que poseen rango constitucional. Por eso contempla la participación de todos los actores involucrados en el litigio: el Gobierno nacional, el Gobierno provincial, representantes de la Cámara de Diputados, representantes de los pueblos originarios, representantes de la Organización Internacional del Trabajo.
Al mismo tiempo, permite garantizar el respeto de los Derechos Humanos de todas las partes afectadas por el problema.
La propuesta busca fortalecer a las comunidades y pueblos originarios como actores centrales a la hora de tomar decisiones.
El pasado sábado 6 de agosto se realizó en la ciudad de Neuquén el tercer taller del proyecto “Voces: un proyecto para el desarrollo sostenible y participativo”. El evento tuvo lugar en la casa de la Fundación Otras Voces.
Participaron referentes comunitarios de las localidades de Neuquén Capital, Añelo y Rincón de los Sauces (en la provincia de Neuquén); y Catriel y Las Perlas (en la Provincia de Río Negro).
En este tercer taller se abordaron contenidos sobre la transformación de conflictos socioambientales, así como se trabajaron conceptos y herramientas para caracterizar los conflictos y analizarlos, ideas para abordar una negociación colaborativa y mantener una comunicación asertiva.
Las personas disertantes fueron Lucio Savignano y Alexandra Sapoznikow de Fundación Cambio Democrático, y Francisco Mantilaro de Fundación Otras Voces.
“Rescato todo lo bueno que hay en el proyecto, todas las herramientas que nos están dando”, comentó una de las participantes del taller en Neuquén.
La representatividad es un aspecto central del proyecto “Voces”. Por ese motivo, los grupos de participantes de cada provincia están compuestos en un 50% por mujeres. Asimismo, se busca asegurar la heterogeneidad de los grupos para que personas de poblaciones indígenas, personas con discapacidad, jóvenes y personas mayores puedan beneficiarse de las actividades del proyecto.
En el cuarto encuentro de Norpatagonia, que tendrá lugar en el mes octubre, en el cual se trabajará sobre estrategias participativas para abordar los conflictos socioambientales. Este será el cierre de los talleres de fortalecimiento de capacidades Voces.
La propuesta de Voces busca fortalecer a las comunidades y pueblos originarios como actores centrales a la hora de tomar decisiones y proveer a sus miembros con herramientas para la puesta en valor de sus opiniones, junto a actores como el gobierno y las empresas vinculadas a las industrias extractivas.
La iniciativa “Voces” es liderada en consorcio por la Fundación Directorio Legislativo (FDL), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Fundación Cambio Democrático (FCD) y, en cada provincia, se cuenta con el apoyo de una organización local para el desarrollo de las actividades. En el caso de la Norpatagonia, ese rol lo cumplen el Grupo de Diálogo Norpatagónico y la Fundación Otras Voces. Asimismo, el proyecto cuenta con la participación de Wingu, quien brindará soporte a las comunidades a través de herramientas tecnológicas y alfabetización digital.
La finalidad del proyecto “Voces” es contribuir a fortalecer sus capacidades y estrategias de incidencia colaborativa: desarrollar habilidades en temas relacionados a la participación ciudadana, acceso a la información, resolución de conflictos, diálogo multisectorial y problemáticas ambientales.
La Cámara alta debate de manera presencial una serie de proyectos que incluyen derechos de los pueblos originarios y el impuesto sobre los bienes personales, entre otras cuestiones.
Presidida por la titular provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora, la Cámara alta inició a las 15.25 su segunda sesión desde la vuelta a la presencialidad plena, para analizar una serie de proyectos que incluyen derechos de los pueblos originarios, educación, impuesto sobre los bienes personales y monumentos históricos.
En el inicio de la sesión están previstos dos homenajes: a Néstor Kirchner, por haberse cumplido 11 años de su fallecimiento y a Raúl Alfonsín, porque el próximo 30 de octubre se cumplen 38 años desde la elección que lo consagró presidente de la Nación.
Tal cual lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, se abordará un temario que incluye el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos y una iniciativa que busca eximir del pago del impuesto de bienes personales a un mayor número de contribuyentes.
También se buscará aprobar los pliegos con ascensos de 180 miembros de las Fuerzas Armadas, propuestos por el Poder Ejecutivo.
Diputados del oficialismo recibieron a representantes de distintas comunidades, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, diputados del Frente de Todos recibieron a representantes de pueblos originarios, quienes marcharon al Congreso para reclamar por la prórroga de la Ley 26.160, de emergencia territorial indígena, que prohíbe los desalojos en las tierras que habitan las comunidades hasta que se complete el relevamiento que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
La norma fue extendida por última vez en 2017, por el término de cuatro años, y su próximo vencimiento es el 23 de noviembre. Ante esta situación, varios legisladores presentaron proyectos para que se vuelva a prorrogar.
En lo que respecta el Senado, allí se avanzó con un dictamen en comisiones, pero el tema no fue incluido en la última sesión que hubo en la Cámara alta. Esa iniciativa en particular modifica e incrementa las partidas presupuestarias que hoy contempla la ley.
En el encuentro con los representantes de las comunidades, la diputada Paula Penacca afirmó que “el compromiso de nuestro bloque es que antes del 23 de noviembre, que vence esta prórroga, podamos sancionar la norma y seguir acompañando a las comunidades indígenas no sólo en esta demanda sino en todas las necesarias para mejorar su calidad de vida”.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), expresó que “es imprescindible que el Estado tome medidas de reparación que garanticen los derechos de los pueblos originarios” y que, en ese sentido, lo primordial “es la prórroga de la Ley 26.160”.
La iniciativa impulsada por la salteña Nora del Valle Giménez pasó a la firma con aval del oficialismo. La norma vence el próximo 23 de noviembre y se busca extenderla por cuatro años más.
Durante una reunión remota de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el oficialismo pasó a la firma el dictamen de un proyecto que busca prorrogar por cuatro años más la Ley 26.160, de emergencia sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas.
La salteña Nora del Valle Giménez, impulsora de la iniciativa, remarcó que “la urgencia de esta ley es que su vencimiento opera justamente el 23 de noviembre de este año”. En efecto, la última prórroga de la norma se votó en 2017.
Ante ello, la legisladora advirtió que, si no se aprueba una extensión, “nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, cuando todavía “no se han completado los relevamientos”.
También, “hace falta habilitar la partida de cada Presupuesto para que estos fondos sean operativos y el Fondo especial pueda funcionar como tal”, subrayó la oficialista, que agregó que “pese a todas las dificultades generadas por la pandemia, ha habido una tarea importante por parte del equipo técnico del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.
Giménez explicó que cuando se sancionó la ley en 2006, “las comunidades eran menos de mil”, pero a partir de subdivisiones “actualmente llegan más o menos a 1.700”.
“Lo que es indispensable es asignar una partida, porque este año se ha trabajado sin recursos propios. El INAI ha puesto de sus fondos de funcionamiento”, indicó.
Por otro lado, la senadora alertó que “esta ley nos ha permitido evitar todos esos conflictos que apenas la ley se venza, y si no lo prorrogamos, van a florecer a lo ancho y largo del país”. “Es una responsabilidad para garantizar paz social en todo el país”, continuó y estimó que los operadores inmobiliarios “ya están esperando si la ley no se prorroga. Inmediatamente van a echar mano y reactivar todos sus negocios inmobiliarios”.
El proyecto prorroga la norma actual hasta el 23 de noviembre de 2025 y dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la Ley 26.160 una suma de 290 mil millones de pesos.
Una ley sí, pero la otra no: Juntos por el Cambio, ausente
El proyecto sobre la prórroga de la ley de tierras indígenas fue tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda luego de un breve plenario que se realizó con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por la macrista Gladys González, en la que el oficialismo y la oposición dieron aval a la creación del Parque Nacional y Reserva Natural Islote Lobos en Río Negro.
Sin embargo, cuando comenzó el otro tramo, aparecieron los planteos de senadores de Juntos por el Cambio. El primero fue de la radical santacruceña María Belén Tapia, quien reclamó que la comisión que ella preside, de Población y Desarrollo Humano, tendría que haber tenido parte en este asunto, ya que “trata sobre pueblos originarios”.
Luego fue el turno del jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, quien aclaró que el protocolo de funcionamiento remoto -dispuesto por decreto por la vicepresidenta Cristina Kirchner– “está vencido” y el último no fue tratado y aprobado todavía por el pleno del Senado.
“Esto no indica estar en contra del proyecto”, sostuvo, pero añadió que mientras se está empezando a tratar el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados “estamos comprometiendo presupuesto por cuatro años” con este proyecto.
En tanto, el radical Víctor Zimmermann consideró que hubiera sido “oportuno que podamos invitar a las provincias, a los municipios y a los miembros del INAI para que nos expliquen que se viene haciendo hasta acá”.
Ante los planteos, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Caserio, consultó entonces si la cuestión de la prórroga del protocolo solo corría para este proyecto y no para el anterior, el que se trató junto a la Comisión de Ambiente, a lo que Schiavoni ratificó que efectivamente era así.
Entonces, los opositores se desconectaron del Zoom y desde el Frente de Todos criticaron la postura de la oposición. “Si lo es válido para una ley, lo puede ser perfectamente para otra. No veo cómo un método pueda servir para el tratamiento de una ley y no para otra”, expresó el misionero Maurice Closs, a lo que Caserio sumó: “Lamento que ahora que estamos tan cerca de que la pandemia termine, y de la presencialidad, se hagan planteos tan inconsistentes”.
En el mismo sentido, el chaqueño Antonio Rodas lamentó “esta inconsistencia, porque no se pueden medir las cuestiones legislativas con distintas varas”.
Por su parte, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, anticipó que la bancada oficialista -con mayoría- ratificará la extensión de sesiones virtuales dispuesta por la presidenta de la Cámara alta. No obstante, aclaró que existen conversaciones con los jefes de los bloques para acordar la modalidad de trabajo en el recinto.
También, el formoseño remarcó que “se puede hacer en algún momento una reunión” invitando a todos los actores involucrados, pero la intención es “dejar ya el despacho para que no caiga la ley”. “Prorrogar esta ley es un acto de estricta justicia social”, completó.
Finalmente, Caserio volvió a criticar a la oposición porque “en vez de estar unidos ayudando a la gente están siempre viendo a ver de qué modo pueden poner un palito en la rueda para trabar a la gestión” y muestran un “ímpetu” para que “fracase nuestro Gobierno”.
El municipio lanzó un programa para fortalecer los idiomas nativos. Los cursos serán hasta fin de año en forma virtual.
La comuna de Tigre lanzó el programa Lenguas y Culturas de los Pueblos Originarios con la presentación del taller “Lengua y Cultura Guaraní”. La propuesta tiene como objetivo fortalecer los idiomas nativos, promoviendo los derechos lingüísticos de las comunidades originarias. El ciclo se llevará adelante en modalidad virtual con encuentros semanales de 90 minutos de duración, que se extenderán hasta fin de año.
Los interesados pueden inscribirse a través del link https://forms.gle/5rpGWaoGRgxLhJtx6
Sobre el tema, la subsecretaria de Derechos Humanos y Juventud, Natalia Reynoso, dijo que “este programa continúa la línea que venimos trabajando en el municipio dando respuesta a demandas de las comunidades de Pueblos Originarios. Entendemos a las lenguas indígenas como fuente de valores culturales y de patrimonio histórico. Son las voces que trazaron nuestro territorio y que históricamente se quisieron silenciar”.
El municipio aclara que además de esta propuesta, la comuna realizará diferentes acciones en conjunto con las comunidades originarias de la zona, interviniendo el espacio urbano del distrito para visibilizar la temática.
Lo acordaron la senadora Nora Giménez y la presidenta del INAI, con el objetivo de responder demandas relacionados con las necesidades y problemáticas de los pueblos originarios.
Con el objetivo de activar algunos proyectos de ley relacionados con las necesidades y problemáticas de los pueblos originarios de diferentes regiones de nuestro país, se reunieron la senadora salteña del Frente de Todos, Nora Giménez y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda.
Durante el encuentro de ambos equipos de trabajo se acordó trabajar en conjunto para que en el corto y mediano plazo se logre el tratamiento de leyes clave que traigan soluciones reales a las comunidades, como la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial de las Comunidades 26.160.
Además, la senadora Giménez se comprometió a retomar proyectos de ley presentados por Odarda durante su gestión como legisladora y trabajar activamente para la presentación de nuevas propuestas, ente ellas la de capacitación de los agentes del Estado en derecho indígena y el de propiedad territorial comunitaria.
En el mismo sentido, ambas remarcaron la importancia de poner en funcionamiento la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas de la Cámara alta por considerarla “un espacio vital para que las demandas y necesidades de las comunidades originarias estén presentes en el Congreso”. Al respecto, la senadora Giménez comentó que presentó el año pasado un proyecto de resolución para que la Comisión de Pueblos Indígenas tenga un estatus de permanente dentro del Senado.
Por último, la presidenta del INAI describió el panorama de las diferentes iniciativas y actividades que vienen realizando en todo el territorio nacional “para dar soluciones concretas a las comunidades, la entrega de carpetas a las comunidades relevadas, la puesta en funcionamiento en las provincias de protocolos para frenar los desalojos y el trabajo para lograr la prórroga de la ley de emergencia territorial de las comunidades 26.160”.
Por Jorge Cuello. El abogado y docente de la facultad de Derecho de la UBA recuerda que la Constitución ordena al Congreso a tomar medidas para garantizar el respeto a la identidad indígena y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
El artículo 75 ubicado en el capítulo IV de la segunda parte de la Constitución Nacional está dedicado a establecer las atribuciones del Congreso de la Nación. Y es en cierto modo un programa de acción positiva que debe realizar el Congreso de la Nación para garantizar a través de la sanción de normas las bases de la organización nacional y el reconocimiento de los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional.
El artículo 75, inc. 17 establece como una de las atribuciones del Congreso Nacional, la de dictar normas que favorezcan el reconocimiento cultural y de derechos de los indígenas como una forma más y especifica de preservar el patrimonio cultural, en este caso, de las comunidades y antepasados de los pueblos originarios.
En el marco de estas responsabilidades, el articulo 75 inc. 17, incorporado tras la reforma de 1994, establece que le corresponde a Congreso Nacional “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Es decir, la Constitución reconoce que antes de la llegada de los colonizadores españoles y europeos a estas tierras existían otras culturas y sociedades humanas que entendían y se organizaban bajo formas distintas a la de los nuevos colonos. Y ello exigía el reconocimiento en la Constitución Nacional de la pluralidad para una coexistencia pacífica entre las distintas culturas.
La Constitución Nacional le manda al Congreso a tomar medidas para garantizar “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. Es decir, los planes de estudio deben garantizar el respeto a la identidad, a su cultura y a una educación bilingüe.
“En la provincia de Formosa vive una gran cantidad de comunidades aborígenes provenientes de las etnias Wichi, Toba y Pilagas. La tasa de natalidad en la provincia es de 1.000 niños indígenas por año. Para garantizar la educación en estas comunidades en la actualidad hay 342 escuelas para aborígenes y cursan en ellas unos 17 mil niños y jóvenes indígenas.
Conforme el artículo 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, el Congreso debe reconocer “la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”.
Teniendo en cuenta las tradiciones de las comunidades indígenas en torno al modo de entender al mundo y sus propias miradas sobre las relaciones con la naturaleza el Congreso debe “asegurar la participación de las comunidades indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.
El último párrafo del Artículo 75, inc. 17, establece que “las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. Es decir, faculta a las jurisdicciones provinciales a que contribuyan con su accionar a promover y garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas argentinos reconocidos en la Constitución Nacional.
Siendo Formosa una de las primeras provincias en dictar una ley de protección aborigen (Ley Provincial Nº 426) ha sido además pionera en el reconocimiento de los agentes sanitarios indígenas, en el fomento y promoción de las artesanías etnográficas, en la entrega de tierras a sus legítimos propietarios con títulos comunitarios e individuales, intransferibles e inembargables llegando el 98,8% de la población aborigen a tener su propia tierra mensurada y con títulos de propiedad.
Es importante señalar en este punto de análisis referido a las responsabilidades del Congreso de la Nación en materia de la cuestión aborigen que antes de la reforma constitucional de 1994 se había iniciado un proceso de avance en materia de normativización del reconocimiento de los Derechos Indígenas. Primero a través de reformas constitucionales y la sanción de leyes específicas en las provincias (Ley Nº 426 de Formosa; Ley Nº 6373 de Salta y la ley 2287 de Río Negro).
En el ámbito nacional en 1985 el Congreso sanciono la ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades y en 1992 aprobó la Ley Nº 24.071 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Como hemos visto en el párrafo anterior, antes de la reforma constitucional existía un amplio abanico de normas provinciales y nacionales en la Argentina pero la incorporación del artículo 75, inc, 17 permitió otorgarle rango constitucional a los derechos de los indígenas y generar el efecto cascada en las normas provinciales ya que con posterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994 muchas constituciones provinciales fueron reformadas y se introdujeron en su texto normas que prescriben y reconocen derechos a estas comunidades aborígenes.
Tal es el caso de las reformas constitucionales de las provincias de Buenos Aires, Chubut, el Chaco, La Pampa, Neuquén y Salta. Y además, muchas otras normas provinciales que fueron aprobadas con posterioridad a la reforma como es el caso de la ley 3258 del Chaco; la 2435 de Misiones, luego derogada y reemplazada por la 2727; la 3657 de Chubut y la 11078 de Santa Fe.
