El Banco Nación otorgó un histórico desembolso en créditos en marzo. La asistencia financiera por $ 600 mil millones fueron destinadas a 20.000 PyMEs y grandes empresas de todo el país, y a más de 10.000 clientes del segmento individuos, lo cual representó un incremento superior al 300%, respecto al mismo período de 2023

Asimismo, los desembolsos en dólares destinados al comercio exterior tuvieron un crecimiento exponencial, tanto en financiación de exportaciones e importaciones.

Sobre el tema, el presidente de la entidad Daniel Tillard subrayó que “empujar los préstamos a favor de las PyMEs y las familias es el comienzo de la transformación del BNA, para que vuelva a cumplir con su objetivo de prestar y no siga financiando el déficit del Gobierno”.

Por otra parte, en marzo se observó también que los recursos destinados a capital de trabajo e inversiones se incrementaron un 500%, lo cual permitió ampliar la actividad económica de miles de compañías de todo el país.

Respecto de los datos desagregados, en marzo de 2024, la entidad otorgó créditos por unos $ 530 mil millones, enfocados en el sector de las PyMEs de toda la Argentina, al tiempo que $ 70 mil millones se destinaron a préstamos personales para múltiples destinos, con eje en bienes durables y diferentes servicios como turismo y gastronomía. Es importante destacar que la asistencia financiera destinados a capital de trabajo e inversiones concentraron más de $ 470 mil millones.

En el marco de los debates sobre el rol del Congreso y la necesidad de construir consensos sobre aquellos temas que contribuyan a un programa de crecimiento y desarrollo, la diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) presentó un conjunto de proyectos de apoyo y fomento a las pequeñas y medianas empresas.

“Se han tomado de base algunos de los temas que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo y que han sido adaptados para que su implementación no esté solamente dirigida a promover incentivos para las grandes inversiones, sino que deberían, prioritariamente, ayudar a empresas nacionales pequeñas y medianas, que generan puestos de trabajo y agregan valor”, sostuvo. 

Atendiendo al objetivo de modernización, digitalización y mayor eficiencia en el Estado, se propone crear una Cuenta Corriente Única Fiscal (CCUF) para todos los contribuyentes que cuenten con CUIT y tiene por objeto evitar que deban cumplir obligaciones de pago ante la AFIP cuando al mismo tiempo son acreedores de saldos ante ese mismo ente recaudador. Se trata de compensar créditos y débitos de los contribuyentes con la AFIP, facilitando el cumplimiento fiscal, evitando moras, recargos o deudas acumuladas. “Garantiza un mecanismo más equitativo y justo en el sistema tributario”, aseguró.

Asimismo, en otro proyecto se promueve la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIIP), mediante el cual aquellos que cumplan determinados requisitos y destinen al menos tres cuartas partes de sus ganancias para reinvertir en actividades industriales en el país, recibirán una serie de beneficios impositivos y de tutela y certidumbre por considerar que aportan al interés nacional. 

Los objetivos del régimen son: reinversión de utilidades en actividades productivas, promover el desarrollo económico, mejorar y fortalecer la competitividad en distintos sectores económicos, favorecer la creación de empleo, generar condiciones de estabilidad y previsibilidad y crear un vínculo virtuoso entre el sector público y privado. 

Por otro lado, el tercer proyecto facilita a un trabajador independiente la posibilidad de asociación con otros trabajadores también independientes para enfrentar dificultades y crear condiciones más favorables para un mercado laboral formal y para el desarrollo de emprendimientos productivos. Se trata de un sistema basado en la autonomía que no crea vínculos de dependencia. 

“Debemos apuntar a un Estado más moderno, dinámico, eficiente, que aliente al inversor, lo apoye y facilite su accionar para contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad. Ese Estado también requiere una revisión hacia el interior de su funcionamiento. O sea, deberá asegurar el mejor rendimiento en el marco de la más absoluta transparencia. Para eso se requieren normas y procedimientos que apunten tanto a la prevención, como la reglamentación y sanción de la corrupción y de todas las conductas que puedan afectar la confianza social en las instituciones”, explicó la legisladora.

Además, enfatizó que para ello impulsa “una reforma integral al tema de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos, de tal manera de salvaguardar cualquier duda o sospecha sobre la afectación que el interés público y social cuando quedan enfrentados con los intereses particulares de aquellos que toman las decisiones”.

El proyecto para prevenir, reglamentar y sancionar los conflictos de intereses toma como base la Ley Nacional de Ética Pública (25.188), así como otras normas de la Oficina Anticorrupción y los modelos internacionales relacionados de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual la República Argentina es parte. 

Define el conflicto de interés como “toda situación en la cual el interés general de la función que se ejerce pudiera verse influido por su interés propio, laboral, profesional, económico o financiero, o el de personas físicas o jurídicas estrechamente vinculadas”. 

“Demasiados ejemplos tenemos en el país sobre los abusos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas y de qué manera ello ha afectado la credibilidad pública y el funcionamiento de la democracia. Se trata de restablecer desde la ejemplaridad, un vínculo entre el funcionario político, público y la sociedad basado en la confianza. Para ello, la transparencia no será considerada como un objetivo en sí mismo, pero sí como una cualidad imprescindible de la gestión para el buen gobierno”, subrayó Stolbizer. 

 

El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria -encabezado por su presidente, José Mayans– recibió este miércoles a representantes sindicales y empresarios del sector farmacéutico y de pequeñas y medianas empresas del país, en sendas reuniones realizadas en las oficinas de la bancada opositora en el Palacio Legislativo.

En ambos encuentros, los referentes empresarios y sindicales expresaron su profunda preocupación por la vigencia del DNU 70/23 y por una eventual sanción de la denominada ley ómnibus. De esta manera, la primera minoría opositora del Senado continuó recibiendo a distintos sectores sociales y económicos, como ocurrió la semana pasada con productores vitivinícolas y yerbateros, que se oponen al referido decreto y al proyecto de ley en tratamiento en la Cámara baja.

La primera reunión de la tarde fue con el sector farmacéutico que tuvo la particularidad de que “estuvieron juntos propietarios de farmacias y trabajadores, a través de sus representaciones naturales”, destacó la senadora salteña Nora Giménez. En ese sentido, explicó que “la desregulación” impulsada con el DNU implica “un serio problema para la salud de la población”, ya que introduce un cambio de concepto fundamental: “el medicamento deja de ser un bien vinculado a la salud pública y pasa a ser un bien comercial más”.

En la reunión, los representantes alertaron de que el decreto afecta, además, a los profesionales farmacéuticos, ya que dispone que menos graduados de la disciplina estén abocados a atender una mayor cantidad de farmacias, y abre la puerta a la posible la falsificación de medicamentos, ya que se pierde la trazabilidad de los productos y se desdibuja el rol de la ANMAT como organismo de control.

Los senadores recibieron a representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), de la Confederación Argentina de Farmacias (COFA) y de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), que coincidieron en el rechazo al DNU y abogaron por restablecer la obligatoriedad de que los medicamentos sean comercializados sólo en farmacias y con la presencia de un profesional farmacéutico, así como mantener la ley de genéricos.

Por la FATFA estuvieron presentes Fabián Hadad (secretario general), José López (secretario adjunto), Rodolfo Martínez y Martín Sancaro; por la COFA, Luis Alberto Salvi y Claudia Martino; y por FACAF, hicieron lo propio Sandra Prieto y Lucía Di Carlo.

 

Con PyMEs

En la reunión siguiente, fue el turno para referentes de distintas organizaciones de pequeñas y medianas empresas. “Las representaciones empresarias agradecieron ser recibidas por la bancada e informaron que van a pedir audiencias con el resto de los bloques para marcar su posición respecto del decreto y la ley ómnibus”, comentó Giménez.

Destacó que los visitantes coincidieron sobre “las severas consecuencias y el daño que va a producir en el tejido económico y social de las pequeñas y medianas empresas” las medidas surgidas del DNU y de la ley ómnibus. Tras destacar el importante rol de ese sector respecto a la producción local y a la actividad exportadora, alertó que la aplicación de ambas normativas puede provocar “en corto plazo la pérdida de alrededor de medio millón de puestos de trabajo”.

“En el encuentro, se hizo una proyección de que, en breve, pueden llegar a desaparecer cerca de 50 mil pymes, con la desregulación producto de la aplicación del DNU y la ley ómnibus; es decir, el de doble de la era Macri, cuando desaparecieron 25 mil pymes”, detalló la senadora por Salta.

Estuvieron presentes referentes del Frente Coordinador PYME, de la Cámara Empresaria Argentina, de la Confederación Federal PYME y del Movimiento 25 de Mayo, entre otros. Según analizaron, la puesta en marcha de ambas normas implica la desregulación de economía, la privatización de empresas estratégicas, la flexibilización laboral, la apertura economía y la pérdida de soberanía.

El pasado 2 de noviembre se llevó a cabo la nueva edición de Charlas Abiertas Pymes de IDEA, donde se reunieron en mesas de trabajo más de 70 dueños, CEOs y máximas autoridades de pequeñas y medianas empresas de toda la Argentina para identificar las problemáticas comunes de las empresas y consensuar propuestas concretas.

“En nuestros cuarenta años de democracia, Argentina ha logrado consolidar un sistema electoral sólido, con pluralismo, libertades civiles y participación política. Pese a ello, en materia de desarrollo económico y social sostenible, aún queda un largo camino por transitar”, señalaron.

Según el INDEC, las micro, medianas y grandes empresas representan más del 90% de las empresas y, sólo pequeñas y medianas, concentran el 46% del empleo privado en Argentina. A ello se suma su presencia en toda la geografía de nuestro país, que da cuenta de la capilaridad de la agenda de este ecosistema empresario.

IDEA Pyme, el espacio que nuclea a estas empresas – representantes casi del 50% de los socios del ecosistema de la institución, desarrolló este encuentro con la presencia de referentes empresarios y especialistas en temas económicos, tributarios y laborales, y la destacada presencia de referentes del Movimiento Nacional Pyme (Monapy) y la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE), con el objetivo de contribuir a una agenda específica y propia para las pymes.

Este documento condensa el abordaje realizado por empresarios pymes en torno a dos ejes centrales: “Desarrollo económico y marco impositivo” y “Generación de empleo y marco laboral”, en los que se identifica la voz pyme en propuestas que sirvan como aporte para el sistema político y la sociedad en general.

A días de las próximas elecciones, el candidato a jefe de Gobierno por Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Macri, adelantó que si es electo buscará implementar una serie de iniciativas para favorecer una simplificación productiva para comerciantes, PyMEs y emprendedores.

En ese sentido, el funcionario porteño recordó que “este último tiempo logramos dar pasos importantes en la Ciudad, como la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos a sectores productivos o la eliminación de tasas para diferentes trámites” e indicó que “nuestro objetivo es no ser para nada un estorbo y dejar que el productor produzca, que el comerciante comercie, que el trabajador trabaje. Tenemos que potenciar al privado que quiere crecer y producir en nuestra Ciudad y lo vamos a hacer”.

“Por eso vamos a continuar con la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos sobre actividades productivas pero, sobre todo, a devolver automáticamente los saldos a favor de Ingresos Brutos reintegros donde hoy hay demoras”, añadió y precisó que “los trámites se pueden modernizar y para eso vamos a establecer nuevos procesos y herramientas reduciendo el tiempo que los comercios deben destinar a la atención de fiscalización, que los distrae y les quita tiempo para atender el desarrollo de sus negocios. También vamos a reducir la labor de fiscalización unificando los cuerpos de inspectores”.

Además, planteó que buscará “simplificar los trámites administrativos, tanto en la documentación que se les exige exhibir a los empleadores como también avanzar en convenios con distintas instituciones nacionales que reduzcan la carga o duplicación administrativa” y “facilitar la incorporación de tecnología en los procesos de fiscalización para que los comercios tengan un anticipo de cuándo recibirán una inspección. Tendrán un registro de las observaciones realizadas y medios electrónicos y ágiles para subsanar las observaciones sin necesidad de tener que perder su tiempo trasladándose a oficinas estatales para presentar papeles. Para ello vamos a implementar actas digitales en el 100% de las inspecciones”.

“Vamos a incorporar al Sistema de Fiscalización Electrónica Remota (SIFER) para el segmento de pequeños y medianos comerciantes, a fin de reducir la presión inspectiva y brindarles un canal de asesoramiento y seguimiento personalizado”, añadió y concluyó señalando que “nuestro trabajo es estar cerca y entender las necesidades de los que invierten, producen, trabajan y generan trabajo en la Ciudad. Ustedes son nuestro gran valor”.

Con el fin de reforzar el compromiso de modernización de la Ciudad y el apoyo a comerciantes y emprendedores, el candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio detalló una serie de propuestas para agilizar trámites y reducir las cargas impositivas

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, prometió un paquete de medidas para el sector de las PyMEs, comerciantes y emprendedores de la Ciudad, a favor de una “simplificación productiva” de trámites y una serie de beneficios impositivos, en caso de hacerse con un triunfo en las elecciones.

“Una de nuestras principales prioridades como Estado es impulsarlos, acompañarlos y generar condiciones para que puedan desplegar todo su potencial”, señaló J. Macri respecto al sector PyMe de la Ciudad de Buenos Aires.

Del mismo modo, planteó que “logramos dar pasos importantes, como la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos a sectores productivos o la eliminación de tasas para diferentes trámites”, y remarcó que “si soy el próximo jefe de Gobierno, vamos a establecer nuevos procesos y herramientas para reducir el tiempo que los comercios pierden en las inspecciones y haciendo muchos trámites”.

En tal sentido, sostuvo que “queremos facilitarles a los comercios su interacción con el Estado mediante la incorporación de tecnología en los procesos de fiscalización”. “Así tendrán un anticipo de cuándo recibirán una inspección, tendrán un registro de las observaciones realizadas, medios electrónicos y ágiles para subsanar las observaciones”, destacó.

Finalmente, Jorge Macri expresó: “Vamos a implementar una reducción progresiva de la presión impositiva sobre el sector productivo. Para ello vamos a reducir los Ingresos Brutos (IIBB) sobre las actividades productivas y la revisión del Impuesto de Sellos sobre los préstamos bancarios”.

Tras la presentación del Programa Emplea PyME por parte del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue enviado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años.

“El presente proyecto busca consolidar y dar sostenibilidad a la tendencia positiva en la generación de empleo y así dar previsibilidad a los y las trabajadoras y a los distintos sectores de la economía”, se argumentó.

El programa contempla dos beneficios. El primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.

Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez.

Se contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

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Palabra autorizada para hablar de economía en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado oficialista Carlos Heller volvió a respaldar la figura del ministro de Economía y precandidato presidencial de UP, Sergio Massa, y le hizo un particular pedido a las PyMes.

En diálogo por Radio Nacional, Heller convocó a las Pequeñas y Medianas Empresas a apoyar la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi porque es la única que asegura la “protección y ampliación del mercado interno”.

“Las Pymes deben seguir apoyando este rumbo, lo del otro lado es tremendo para ese sector. La inmensa mayoría vive del mercado interno, se nutre de él, depende de la gente y de los ingresos de la gente. Y Sergio Massa es el único que ha dicho que va a apostar al mercado interno”, expresó el legislador que, días atrás, respaldó el acuerdo que hizo el tigrense con Qatar.

En ese marco, Heller comparó: “En las etapas que las políticas públicas han estado a favor de un mercado interno a las pymes le ha ido bien. Hay que recordar que en la época de Macri han cerrado 25 mil pymes. Cuando hablan de ultraactividad significa que cuando un convenio no está, queda el convenio que está en contra del trabajador”.

“Ellos hablan de la eliminación de Ministerios y de que este es un país detestable. La verdad tenemos el mejor país del mundo”, cerró.

Un centenar de mujeres dirigentes de las principales entidades gremiales empresarias de todo el país celebraron este miércoles el Día Internacional de las PyMes, en una jornada organizada en el Senado de la Nación por la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes de la Cámara Alta, Nora del Valle Giménez.

La jornada contó con la participación del subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Canosa, y disertaron mujeres empresarias de las principales entidades que agrupan a las pymes en el país: Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Comercio, CAME, CGERA, Confederación Federal PyMes Argentina, Fundación Observatorio PyMes y ENAC.

En la apertura, la senadora salteña destacó que “nuestra estructura productiva está atravesada por 3 grandes desigualdades: las territoriales, los ingresos y las de género. La participación de las mujeres en el tejido productivo es muy diferente a la de los varones, ya que tiene que ver con tradiciones culturales y roles asignados en la división del trabajo”.

En ese sentido repasó que “más del 30% de las empresas integradas por personas jóvenes son lideradas por mujeres. En Educación más del 70% de las PyMes del sector están lideradas por mujeres. Sin embargo, en los sectores de alta tecnología, los sectores exportadores, y las proveedoras de grandes empresas son las que registran los menores porcentajes de los liderazgos femeninos”.

A partir de ello planteó que desde la Comisión Pyme del Senado “estamos dispuestas a dar el debate necesario para impulsar las políticas públicas y los marcos normativos que consoliden el liderazgo de las mujeres empresarias pyme en toda la Nación. Porque queremos a las pymes como motor de un modelo de desarrollo productivo inclusivo y sustentable, que nos permita avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria y federal”.

Por su parte, el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Canosa, enumeró que “más del 90% de las empresas en Argentina son MiPymes, generan el 60% del empleo en el país, y el año pasado exportaron por 13.000 millones de dólares. Son un actor central de la economía argentina”.

Marta Gaitán, del Comité de Género de COOPERAR, fue la encargada de abrir el panel de emprendedoras, comentando que “las cooperativas y las Pymes tienen una identidad compartida, por el hacer y transitar en el escenario económico nacional y de las economías regionales. Además, compartimos los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible”. Luego, al hablar de cuestiones de género, planteó que “las mujeres estamos en la base de la productividad, pero faltamos en los cargos de conducción”. 

A continuación, la presidenta de la Comisión de Género de la UIA, Irini Wentinck, planteó como primer desafío crear nuevas empresas, y contó que “una investigación del Observatorio Pyme reveló que antes de la pandemia en Argentina se creaba una empresa cada 2.400 habitantes, cuando en Brasil una cada 326 y en Chile una cada 145”. Y enfatizó que “crear empresas es el único camino que tenemos para salir adelante. Necesitamos crear no sólo pymes, sino además pequeñas y medianas industrias, que son las más pujantes”.

La representante de la Confederación Federal Pyme Argentina, Maricel Benítez, expresó su preocupación por las asimetrías que enfrentan las PYMES en el país. En ese sentido repasó que “el 45% de las empresas está liderado por mujeres; pero el 29% de ese porcentaje está integrado por mujeres que ni siquiera están bancarizadas”. Advirtió que las asimetrías afectan principalmente a las provincias del Norte; y no sólo es de desarrollo productivo sino también de desarrollo humano.

Ornella Calvette, de la Confederación General Empresaria Mujeres, reflexionó que “la presencia de líderes empresariales mujeres promueve a otros actores del sistema a animarse a romper las barreras culturales y estereotipos de género”.  Por ello planteó que hay que “avanzar en una política transversal de equidad de género en todas nuestras acciones”.

Finalmente, Brenda Ríos, de la Comisión de Género de ENAC, comentó que la última encuesta de ENAC refleja que las empresas lideradas por hombres tienen en su plantel un 20% de mujeres, mientras que las empresas lideradas por mujeres tienen un 53% de mujeres en el plantel, e invitó a otras entidades a revisar lo que ocurre en sus sectores.

Durante el acto, también se realizó un minuto de silencio en homenaje al ex presidente de CAME, Fabián Tarrío quien fue un reconocido empresario impulsor de centros comerciales a cielo abierto en todo el país.

Sobre el final, Del Valle Giménez entregó una mención de honor del Senado de la Nación a Julita Maristany por su lucha en pos de la incorporación de las mujeres en las pymes y gremios, siendo la primera directora mujer en la Cámara Argentina de Comercio. Tras recibir la distinción, la dirigente expresó que “las mujeres no tenemos un techo de cristal, tenemos un techo de cemento, pero lo hacemos nosotros”, e invitó a las mujeres a romper ese techo.

La Cámara de Senadores llevará a cabo la celebración del día de las PyMes destacando la perspectiva de género en un evento organizado por la presidenta de la Comisión de Pymes y Economías Regionales, la salteña Nora del Valle Giménez.

La jornada se realizará ese miércoles a las 14 en el Salón Arturo Illia y contará con la participación del subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Canosa, y disertarán mujeres empresarias de las principales entidades que agrupan a las pymes en el país (Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Comercio, CAME, CGERA, Confederación Federal PyME Argentina, Fundación Observatorio PyME y ENAC).

En el encuentro, que celebra el Día Internacional de las Pymes, se desarrollarán los desafíos que enfrentan las mujeres cotidianamente para ser emprendedoras y para dirigir instituciones gremiales y empresariales con representación nacional.

En nombre del Senado, la senadora oficialista Del Valle Giménez entregará un diploma a la trayectoria de Julita Maristany, fundadora de Convergencia Empresarial de Mujeres y primera directora de la CAC.

La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación destacó la relevancia para el desarrollo de la economía argentina de las pequeñas y medianas empresas ya que representan el 99,4% del total de empresas del país y emplean al 64% de los asalariados registrados. Además, según datos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, en el primer trimestre de 2023 las MiPyMEs crearon 140.000 puestos de trabajo con respecto al mismo período de 2022.

“Uno de nuestros compromisos con las pymes al asumir el Ministerio de Economía fue mantener el nivel de actividad. El orden macroeconómico es con producción y empleo. Diez meses después estamos tranquilos porque cumplimos y vamos a seguir cumpliendo esa premisa gracias a los programas de alivio fiscal y de financiamiento a la inversión productiva” afirmó el ministro de Economía, Sergio Massa.

Durante esta gestión, el crédito PyME creció un 90%. En ese sentido, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, resaltó: “El rumbo político que trazó Sergio Massa cuando se hizo cargo de la gestión fue claro: apoyar la producción para que no caiga el nivel de actividad. Por eso lanzamos Crédito Argentino, CreAr, el programa de financiamiento MiPyME más grande de la historia reciente, donde pusimos primero 500.000 millones de pesos para financiar a la producción con tasas acordes, eso se colocó, lo llevamos a 800 mil millones, se volvió a colocar y ahora lo llevamos a un billón de pesos, con 40 puntos de subsidio de tasa al que muchas provincias le agregan otros 5 puntos más. Hay una alianza entre producción y trabajo que es virtuosa”.

Según el último Índice de Producción Industrial Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad de las pequeñas y medianas empresas mostró un crecimiento interanual de 0,3% en mayo respecto al mismo período del año anterior. Esto se da en el marco de un crecimiento generalizado de la actividad económica. Según los datos del INDEC, en el primer trimestre de 2023 el PBI creció 1,3% en términos interanuales mientras que el consumo privado registró una suba del 6% con respecto a los primeros tres meses de 2022. En términos de inversión, la tasa en dicho período fue del 18,9%, la más alta desde el tercer trimestre de 2008, y de 36,3% por sobre los niveles de la pre-pandemia (último trimestre de 2019).

En ese contexto, la industria se destaca como el sector que más aportó al crecimiento del PBI, con una suba interanual del 2,8% y de 12,4% por sobre los niveles de la pre-pandemia (primer trimestre de 2019). Fue el valor más alto de producción industrial para un primer trimestre desde 2015. Esto se ve acompañada por un crecimiento del empleo privado formal industrial, que acumula 34 meses de expansión, en un contexto de suba generalizada del empleo formal registrado que presentó el nivel más alto desde al menos los últimos 14 años, creciendo a tasas que no se registraban desde 2011.

Además de un crecimiento en el nivel de actividad, las MiPyMEs registraron también un aumento en su capacidad exportadora. Según datos de la subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, las MiPyMEs representan el 90% de las empresas exportadoras y el año pasado, 8.540 MiPyMEs exportaron por 12.900 millones de dólares, un 8,3% más que en 2021. De esta manera, en 2022 se registró el año de mayores exportaciones MiPyME desde 2013, y 1.144 MiPyMEs por primera vez realizaron ventas a mercados internacionales.

Por otra parte, hay cerca de 1.700.000 MiPyMEs registradas en el Registro PyME, que cuentan con el certificado oficial que les permite acceder a beneficios impositivos, aduaneros y de seguridad social, entre otros programas de estímulo, como los impulsados desde la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación.

Con la presencia del presidente de la Nación Alberto Fernández, del jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, la titular del BNA, Silvina Batakis, inauguró la Segunda edición de “Expo BNA Conecta”, la mega muestra del sector industrial, comercial y de servicios más importantes de la región, donde anunció la línea de Crédito Argentino (CreAr) por 50.000 millones de pesos, al 49 por ciento, exclusiva para los empresarios PyMEs que asistan a la muestra.

Durante el acto de apertura, Batakis quien estuvo acompañada por el vicepresidente de la entidad, Carlos Caserio, destacó que “nosotros sabemos que cuando la PyME invierte, cuando la gran industria invierte, invierte para crear y fortalecer un círculo virtuoso en la Argentina que es el círculo del trabajo, de la creación de puestos de trabajo en todo el país. Y además de eso, son recursos que se invierten y que no se fugan” y agregó que “Argentina es una tierra de oportunidades, una tierra que tiene mucho para crecer. Solamente hay que encontrar las herramientas para poder articularlas y que se sigan completando. Hoy la industria nacional es una industria pujante, una industria innovadora”.

En la misma línea, de Mendiguren destacó que “tenemos una decisión política de asistir a la producción. Este es un gobierno que se aleja del modelo de la especulación financiera y abraza el modelo productivo”. Asimismo, afirmó al resaltar la importancia del programa CreAr que “con este lanzamiento concentramos las medidas para el financiamiento de manera clara y con atención a todo el universo productivo. No son líneas sueltas, sino que apuntan a un modelo estratégico”.

En la oportunidad, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación anunció la ampliación de la línea CreAr Inversión PyME con el Banco Nación en
$ 50 mil millones, que se suman a los 20 mil millones de financiamiento que ya fueron otorgados. La línea, que forma parte del programa Crédito Argentino (CreAR), cuenta con una inversión del Estado Nacional en la bonificación de 27 puntos porcentuales de tasa, para que las empresas accedan a financiamiento con tasas competitivas, con un plazo de 5 años.

Además, se anunció la aprobación de financiamiento para las empresas Papelera Berazategui, Agroindustrias Baires S.A., HL Catamarca, Bioetanol Río IV y South American Implants, que están realizando inversiones estratégicas para el cambio de la estructura productiva, en el marco de la línea CreAr Inversión Proyectos Estratégicos.

En el marco del lanzamiento, los funcionarios entregaron los certificados del Programa CreAr a las empresas PyMEs con proyectos de carácter estratégico, dedicadas a la actividad industrial, agroindustrial y de servicios industriales.

Finalizado el acto de apertura, realizaron una recorrida por los stands de la muestra donde interactuaron con los expositores a quienes alentaron a focalizarse en las rondas de negocios para poder concretar operaciones y generar vínculos para potenciales oportunidades comerciales.

El encuentro contó con la participación del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el ministro de Cultura, Tristán Bauer y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

Además, asistieron el presidente de YPF, Pablo González, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, los intendentes de Florencio Varela, Andrés Watson; de Ituzaingó, Alberto Descalzo; y de Navarro, Facundo Diz.

También estuvieron presentes los integrantes del Directorio del BNA, Carlos Caserio, Raúl Garré, Francisco Mercado, José Ballesteros, Martín Pollera, Martín Di Bella, Julia Strada, Cecilia Fernández Bugna, Martín Ferré, la gerenta general, María Barros y el subgerente general principal de Negocios, Gastón Álvarez.

Durante la tarde se realizó el relanzamiento de la plataforma BNA Conecta, con renovadas funcionalidades, el Marketplace B2B que busca facilitar los negocios entre los pequeños y grandes empresarios y empresarias.

La propuesta apunta a promover los negocios directamente entre las empresas, de forma tal de generar una sinergia que mejore la eficiencia, la competitividad y la rentabilidad de las compañías.

Cabe destacar que, en esta segunda edición, se realizará el “Consejo Productivo para Grandes Empresas”, con el objetivo de escuchar y articular las demandas de las compañías, trabajar en la búsqueda de soluciones y fortalecer la relación comercial.

Durante el segundo día de la megamuestra, se lanzará la aplicación “+ Pagos Nación”, una nueva solución digital para comerciantes, profesionales y emprendedores, simple, ágil y sin costo de mantenimiento.

Además, se desarrollarán jornadas enfocadas en las pequeñas y medianas empresas, ciclos de charlas de temáticas transversales y sectoriales, y rondas de negocios y contará con más de 100 expositores.

La muestra se extenderá hasta el 19 de mayo en el predio feria de Tecnópolis, en Villa Martelli.

En el marco de la profundización de la política de inclusión financiera, el Banco de la Nación Argentina (BNA) otorgó, desde el 2022 hasta el primer trimestre de este año, más de $ 6.000 millones de pesos en créditos a unas 3.000 Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de todo el país lideradas o gerenciadas por mujeres, travestis, transexuales, transgénero y no binarias de todo el país. 

En ese mismo período, el BNA financió una parte relevante de la actividad productiva de unos 18 mil microempresarios y microempresarias de la Argentina, ya que entregó asistencia por $ 13 mil millones para inversiones y capital de trabajo y, de ese modo, modernizar la infraestructura fabril y aumentar la oferta de bienes y servicios para toda la población. 

La presidenta del BNA, Silvina Batakis, remarcó la importancia de las líneas crediticias para empresas lideradas por mujeres y para pequeños emprendedores al señalar que “una sociedad se debe plantear un modelo económico que tenga como objetivo el desarrollo y la igualdad de oportunidades justas para todos los sectores productivos, sobre todo, los más vulnerables”. 

“Desde el banco, apostamos por la movilidad social ascendente, que nos permite crecer e igualar oportunidades, y abrir un sendero de desarrollo y más progreso para el país”, acotó. 

Las propuestas financieras del BNA están incluidas en las ´líneas PYME – Carlos Pellegrini,  PYME Inversión Productiva y un apartado reglamentario específico para la Sustitución de Importaciones y a las Exportaciones,  con bonificación del FONDEP. 

Esas opciones contemplan dos puntos porcentuales de bonificación de tasas para préstamos de hasta $ 2 millones destinadas a PyMEs lideradas por mujeres, travestis, transexuales, transgénero y no binarias. O, también, para los casos en los cuales la microempresa cuente con al menos el 50% de su nómina de empleados/as formalmente registrados/as del sexo femenino.  

Además, el BNA ofrece líneas de crédito y productos asociados para Personas Físicas que realizan actividades comerciales, productivas o de servicios, como Monotributistas. Esta propuesta apunta a financiar inversiones y capital de trabajo, con tasas competitivas, plazos de hasta 60 meses. Por esta vía, se destinó, entre el 2021 y los primeros meses del 2023, casi 13 mil millones de pesos a unos 18 mil microempresarios y microempresarias de toda la Argentina. 

Otra propuesta de inclusión financiera apunta a un sector históricamente postergado, como es el caso del personal de casas particulares. Para ese segmento, el BNA dispuso el otorgamiento de préstamos de hasta $ 200.000 para usuarias/os con más de 16 horas semanales trabajadas, en tanto se ofrece un máximo de $100.000, para aquellas/os que se desempeñan en sus funciones entre 12 y 16 horas por semana. 

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La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada radical Gabriela Lena (Entre Ríos), se reunió este miércoles para avanzar en el debate sobre juicios laborales y registración de empleados y su impacto en el comercio y las PyMEs. Los legisladores del Frente de Todos estuvieron todos ausentes.

Los invitados a la reunión fueron Marcos Kon y Federico Rueda, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca; Laura Velardez, abogada laboral, Walter Calderón, presidente de Nieve Sol S.A. y Rio Sky S.A.; y Salvador Rosetti, de Estudio Rosetti e Hierros Quilmes.

Ninguno de los 15 legisladores del Frente de Todos que integran esta comisión estuvo presente en la reunión, lo cual fue criticado por los diputados opositores. En ese sentido la diputada Mónica Frade alertó que la ausencia de diputados del Frente de Todos dejaba expuesto “lo difícil que va a ser para Juntos por el Cambio discutir legislación laboral, porque no hay nadie del FdT que esté dispuesto a discutir. Dependerá de la fuerza que tengamos en el Congreso a partir de diciembre para que podamos discutir estos temas”.

El primero en intervenir -a través de videollamada- fue Marcos Kon, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, quien compartió una pantalla y explicó: “Detectamos que la problemática viene de la relación empleador y fisco, y empleador y trabajador”.

En esa línea, amplió: “Del punto de vista del fisco y el empleador, la problemática es la alta carga social de los microempresarios porque la mayor parte del empleo de la Argentina se genera de las micro y medianas empresas”. Así también manifestó que “existe una falta de incentivos para que las empresas contraten personas”.

Resaltó la existencia en su provincia de un artículo que les brinda beneficios fiscales, y sugirió que ese ejemplo se traslade a los demás fiscos. Advirtió que “hay un alto costo al despido sin causa”, y del mismo modo sostuvo que “ante el despido el trabajador inicia el trámite judicial, pero si el empleador no tiene la prueba por el despido, seguramente se transforme en juicio laboral y estos, siempre los ganan los trabajadores, y nunca el empleador”.

De igual manera, el catamarqueño siguió: “Vemos el exceso de incentivo de ser trabajador de la administración pública y son muy contados los casos donde ha habido personas despedidas del sector público”.

En esa línea, desarrolló: “Desde el sector público hay una cantidad menor de trabajo por día y cantidad menor de días de trabajo. Hay mayor sueldo en el sector público que en el sector privado y también, hay mayor cantidad de días de vacaciones (en el público 30 días, y en el privado 14).”

En el final de su intervención, volvió sobre los despidos: “Se analiza la idea de contratar un seguro, pero las pruebas mal aplicadas se transforman en juicios laborales y eso lleva a la quiebra de empresas”. “Las nuevas generaciones tienen poca tolerancia, renuncian y tienen alta conflictividad respecto a juicios laborales”, cerró.

Luego, Federico Rueda, presidente del Consejo de Ciencias Económicas catamarqueño, afirmó: “Queremos mostrar una mirada técnica y le pedimos a ustedes (diputados) que deben hacer el seguimiento de las leyes”.

Siguiendo con esa idea, amplió: “Desde el consejo estamos dispuestos a participar porque sabemos que un juicio laboral lleva a la quiebra a un emprendedor”. Asimismo, explicó: “En la actualidad, un emprendedor le sugiere a otro, no te conviene tomar gente porque te hacen juicio”.

“No es lo mismo el lobby de una gran empresa que de un emprendedor”, anunció, y finalizó: “El Consejo de Ciencias Económicas siempre tendrá un espacio para debatir estas cosas”.

A su turno, la abogada Velárdez explicó: “El tema del juicio laboral es distinguir a las grandes empresas con las mini pymes; no solo en la temática laboral, sino la fiscal”, relató. Además cuestionó el papel de las ART, al señalar que “cuando un empleado fallece, por cuestiones no laborales, la empresa debe pagarle el 50 de los costos”.

En tal sentido, Velardez explicó: “Lo ideal sería que se tome en un fondo todo lo que le corresponde a una empresa con las contribuciones de ART, seguridad social y obra social que actualmente no se pueden pagar”. “Tenemos el IVA, tenemos ingresos brutos y tasas municipales que, al momento de encarar una reforma, debe ser global”, añadió.

Además, lanzó críticas contra leyes actuales: “La ley permite cantidad de multas a una empresa, y esas multas se acumulan mes a mes. El trabajo de esta comisión debe ser coordinar toda la actividad comercial de una empresa y fijar en qué se la puede beneficiar”.

En cuarta instancia, el empresario Walter Calderón fue más duro que los anteriores y aseveró: “Tenemos casas de deporte en zona sur (del Gran Buenos Aires) y afrontamos muchos juicios laborales. Se agravó con certificados psiquiátricos que se consiguen por 5.000 pesos”.

En esa idea, relató una situación vivida en su empresa con una mujer que era encargada y ahora está embarazada y ausente. “Vamos pagándole el séptimo certificado de psiquiatría. Le hicimos una denuncia penal a un psiquiatra”, y agregó: “Esta empleada ya nos sacó siete meses de trabajo sabiendo que los certificados se venden”.

Por otro lado, Calderón expresó: “El empresario si tiene un buen empleado va a estar cómodo, pero estamos en una situación totalmente desfavorable”. “Después hay juicios y la ART no nos cubre el 100 por ciento”, señaló.

Así también, se refirió a la carga tributaria: “Nosotros tenemos problemas graves con las retenciones cuando vendemos a las provincias y eso, genera un gran perjuicio tremendo para las pymes”. “Hay una industria que es como un gas silencioso que no está matando”, cerró.

El quinto y último invitado fue Salvador Rosetti, de Estudio Rosetti e Hierros Quilmes, quien de manera presencial explicó: “Traje conmigo a los clientes, proveedores y amigos y les pregunte en qué nos benefició, pero nadie respondió y cuando pregunte en que te perjudicó, todos respondieron”.

En tal tema, Rosetti exigió: “Debería existir una diferencia con las grandes corporaciones, respecto a las mini pymes porque la pyme es el motor del país y esta ley justamente viene ayudar porque la pyme tiene muchas trabas”.

En el cierre de su exposición, criticó a los beneficiarios de planes sociales ante la falta de mano de obra: “No hay gente para trabajar y aparece la excusa de que tengo un plan y piden no darse de alta para no perder el plan”.

Las consultas de los diputados presentes

El diputado nacional Marcos Carasso (UCR – Córdoba) le consultó a Calderón la cantidad de empleados que tenía antes y ahora, y este le respondió “pasamos de 113 a 57 empleados”. “Se podría buscar una manera de tomar gente dándole a los empresarios, tres meses de no pagar las cargas sociales”, agregó el empresario.

En esa línea, Calderón consideró: “Los despidos no deben ser tan elevados a la hora de pagar indemnizaciones porque hay empelados que buscan permanentemente que los echen y deberíamos buscar una solución” “Si una persona no quiere trabajar le debo pagar el 30 por ciento de la indemnización y le doy trabajo a dos personas”, indicó.

Del mismo modo, la diputada Mónica Frade (CC – ARI- Buenos Aires) expresó: “Si no encontramos una rebaja en el costo laboral, el juicio laboral seguirá siendo un bumerán que se lleva puesta las empresas”. Así también, consideró que “será difícil discutir este tema a partir de diciembre si no tenemos la mayoría. No se ha conseguido eliminar el trabajo en negro porque los responsables de los ministerios y sindicatos no lo controlan”, cerró.

El diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza) criticó la ausencia del FDT y amplió: “Presente un proyecto para bajar las cargas, y bajar costos de un 50 por ciento en pymes de hasta 25 empleados”. En esa línea, agregó: “Tratar temas previsionales y no el empleo registrado, es gravísimo”.

Con más fervor, el diputado nacional José Carlos Núñez (Pro – Santa Fe) afirmó que “la informalidad en la Argentina es del 40 por ciento”, y la consideró “terrorífica”.

“El denominador común es que todas las empresas necesitan empleados y del otro lado, en la 9 de julio los beneficiarios de planes diciendo que no hay trabajo”, aseveró. “Si no generamos las condiciones, nadie va a venir a invertir en la Argentina”, finalizó.

Por otro lado, el diputado nacional Juan Carlos Polini (UCR – Chaco) lamentó la ausencia del FdT y agregó al tema: “No podés tomar un empleado porque terminas comprando un problema a largo plazo”. “Cada vez que un empresario toma una pasantía, terminas tomando a tres meses y compras una hermosa hipoteca”, indicó.

Del mismo modo, relató que “hay un problema con los planes sociales”, y explicó: “En el norte hay muchos planes sociales, y hay gomeros y camioneros que laburan en negro. El país no da para más. Hay dos generaciones aisladas económicamente”.

La última legisladora en intervenir, fue Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA), quien afirmó: “Estamos buscando que lo que planteamos sea debatible porque tiene varias aristas y complejidades, ya que es un problema real”. Además, criticó al oficialismo: “Del FdT nos dicen que el problema no existe”

“acá están las experiencias, pero es el objetivo que nos planteamos cuando empezamos el debate”. “Nos han cercenado la posibilidad de debatir desde hace dos años y las bancas vacías lo dicen todo”, cerró.

En el final de la reunión, la presidenta de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena, aclaró: “Siguen siendo problemas prioritarios para nosotros”. “Desde esta comisión se van a seguir visibilizando los problemas de los comerciantes, medianas y pequeñas empresas y micro emprendedores”, concluyó.

Desde que se inició el periodo de sesiones extraordinarias, la principal bancada opositora convocó este martes por primera vez una comisión que presiden: la de Comercio a cargo de la radical Gabriela Lena (Entre Ríos) en la que abordaron la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las PyMes.

Esta actitud se destaca porque la posición del principal interbloque opositor es la de no dar quórum en las comisiones o sesiones mientras el oficialismo mantenga el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, en las reuniones que ha habido desde el pasado 23 de enero, los legisladores de JxC dieron el presente una vez reunido el quórum.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados. Sin un proyecto puntual a debatir, a la reunión informativa asistieron un total de 13 representantes del comercio y pequeñas y medianas empresas.

Al inicio de la reunión, Lena remarcó que “han sido años difíciles para nuestro país en general y para el comercio en particular porque encontramos trabas, problemas, burocracia para realizar esta actividad que es tan beneficiosa para el país que es el comercio en una actividad fácil de llevar adelante”.

“La gente espera de este Congreso que se traten temas que interesen a la sociedad”, disparó la radical y siguió: “Sabemos que hay mucha dificultad con la espiral inflacionaria con la falta de insumos para la industria. Con un salario que no alcanza. Con una política errática de cambios”.

En ese sentido, planteó: “Nosotros queremos poner una agenda de trabajo que tenga que ver con estos problemas, que son los problemas cotidianos de la gente, de la sociedad en general”. “Más allá de las diferencias partidarias o políticas que podamos llegar a tener, desde esta comisión estamos dispuestos a escuchar a todos en los diferentes temas que sean necesarios de dar los debates y de visibilizar cada uno de los problemas de los argentinos”.

Pidió la palabra la vicepresidenta de la comisión, la oficialista Silvana Ginocchio (Catamarca) resaltó que la comisión “tiene una importante temática que está relacionada con el comercio interior, el abastecimiento y todo lo que hace al comercio exterior”. Respecto al tema a debatir en la reunión, remarcó que “toca al trabajo y tiene sus propias problemáticas con sus propios actores donde están los trabajadores y quienes dan el empleo”.

“Reconozco que hay un problema desde hace un tiempo atrás que a atravesado nuestro país donde hubo pérdida de puestos de trabajo, donde hubo una pandemia, donde hemos tenido un endeudamiento con un impacto muy fuerte en nuestra economía. Hay variables económicas que están dando buenas pautas y lo que nosotros hoy estamos tratando es sobre problemáticas específicas dentro del mundo del trabajo que se relacionan con lo que es la informalidad, fraudes o higiene y seguridad en el trabajo dando lugar a reclamos”, explayó la fueguina.

En esa línea, subrayó que es “fundamental y necesario” que el Congreso “trabaje y funcione para poder atender todos los problemas que los argentinos esperan”.

A continuación, fue el turno del primer expositor Esteban Mancuso -Coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio- quien agradeció la invitación con el fin de “obtener la mejor ley posible para un problema endémico como es el empleo no registrado o mal registrado”.

“Concordamos con los fundamentos del proyecto, especialmente con las cuestiones vinculadas a la valoración de la situación que sufren las PyMEs cuando la imprevisibilidad del marco legal vigente hace imposible calcular o muchas veces subsistir una PyMe al momento de tener la extinción de un vínculo laboral o un juicio laboral que hoy implica el cierre de la persiana de una PyMe”, respaldó Mancuso.

A su vez, el funcionario sostuvo que es “conveniente el cambio del destino de las multas que sean destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social evitando un problema futuro cuando el trabajador quiere recibir el registro jubilatorio en materia de financiamiento”, y sumó: “Estando en el 2023 es un gran avance hacerse de soluciones tecnológicas para lo que es un engrosamiento de las liquidaciones laborales como la entrega del certificado del artículo 80”.

Por último, planteó dos elementos para contribuir a la mejora de la ley: “Uno de ellos está vinculado con evitar mayor litigiosidad ya que retrotrae aquellos vicios que intenta solucionar cuando hablamos del destino de las multas y de la protección que recibe el trabajador. Son cuestiones que no quedan del todo precisas y entendemos que darían lugar a nuevos litigios judiciales que es uno de los objetivos que el proyecto intenta solucionar”.

En segundo lugar, Mancuso sugirió lo que fue la “complementaria Ley de riesgo del trabajo porque hay cuestiones vinculadas con la mochila y la antigüedad de registrar situaciones laborales que tienen una antigüedad suficiente como para ser un inconveniente a la hora de registrar esa relación laboral”. En esa línea, propuso acercar un programa donde las tres partes vinculadas “obtendrían una solución, es decir blanquear un trabajador sin que el Estado deje de percibir aquellos ingresos que fueron omitidos, que el trabajador se sienta amparado y otorgarles a todos los empleadores la posibilidad de acercar estas contribuciones que fueron omitidas en un periodo de tiempo considerable”.

En una breve interrupción, Lena aclaró que “no” se está tratando “ningún proyecto de ley” y dedujo que el invitado se refirió en su alocución a un proyecto que tiene que ver con las multas en la registración laboral.

En ese punto, Mancuso resumió: “Para incentivar la litigiosidad proponemos una instancia previa administrativa similar a la complementaria Ley de Riesgo de Trabajo donde lo que se buscaría es que en una instancia fuera de la justicia se intente incentivar acuerdos conciliatorios en esta instancia y una vez luego denunciarla a una instancia superior en la justicia”.

Luego fue el turno de Juan Ángel Ciolli -representante de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN)- remarcó que el tema de los juicios laborales es “importante y significante” que “hay que abordar seriamente”, pero manifestó que “es un tema que hay que abordar en conjunto con los trabajadores” porque “afecta a las PyMEs y a la organización de los trabajadores” y denunció que eso “se armó como un negocio entre abogados y jueces laboralistas”.

“Más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 a 9 trabajadores, a partir de ahí un solo juicio puede representar una media de entre 5 trabajadores, el 20% de una empresa. Un juicio puede provocar el cierre de una empresa por eso es que creo que este tema hay que abordarlo en todas sus dimensiones, pero junto con los trabajadores”, consideró Ciolli.

Además, sugirió que debe haber un libro digital del sueldo para que los trabajadores puedan ver su salario y, en caso de reclamo, lo puedan realizar en los tiempos correspondientes. “Esto puede ser un elemento fundamental para evitar los juicios. Debe haber una instancia intermedia y que debe ser un observatorio tripartito donde participen las cámaras, sindicatos y el Estado para tener una orientación clara para saber de qué tata el juicio”, planteó.

También criticó que “hay una segmentación en política pública en materia fiscal, financiera y laboral porque no es lo mismo una micro, pequeña o mediana empresa que una empresa de capital concentrado”, y pidió a los diputados “entender que la peor inequidad es legislar igual para desiguales porque tiene que haber una diferenciación entre los micro y medianos empresarios que damos más del 70% de la mano de obra”.

El asesor del Departamento de Legales de C.A.M.E, Juan Pablo Diab, también compartió que es “grave” el problema de la litigiosidad laboral porque el 95% de los juicios laborales están referenciados a tres normas que son la Ley Nacional de Empleo, la Ley 25.323 y la Ley 23.345 y remarcó que “no hay reclamo laboral que no conlleve a estas normas”.

“Están basados en normas que buscaban reparar ante el instituto del blanqueo de personal que en la historia ha demostrado que no ha tenido el efecto que buscaba y muchas veces fue usado como herramienta para confundir al trabajador en sus derechos y hacerlo tentar por sumas cuantiosas que caen en multas que no siempre se termina percibiendo y que como consecuencia termina perdiendo su fuente de empleo y a la empresa le genera una incordia y los gastos judiciales”, explicó Diab.

Al igual que sus predecesores, remarcó la necesidad de que haya una “instancia intermedia” en el tiempo de reclamo y en el plazo que da la ley cuando no es registrado el trabajador conforme a su denuncia. “Hay que hacer algo con la litigiosidad sin quitarle derechos al trabajador”, cerró.

Leo Ezequiel Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), informó que en 2022 las empresas “tuvieron buenas ventas” tanto del comercio como de los servicios que “es un dato que contextualiza a la hora de hablar de los litigios laborales” porque “mientras haya venta la discusión se torna más amigable”.

“Esta discusión se debe dar en la Comisión de Legislación del Trabajo con discusiones multidimensionales porque la unilateralidad lleva a buen puerto”, sostuvo Bilansky. Respecto a un relevamiento realizado por la institución que preside sobre la litigiosidad y la conflictividad laboral destacó que “el 76% no tiene ningún tipo de reclamo laboral, mientras que un 12% tiene conflictividad con un solo trabajador y el 10% tiene episodios laborales significativos”.

En ese marco, precisó que un 42% de las empresas presentan conflictos o litigios por ausentismo injustificado, reclamos salariales distorsivos. “En Argentina hay 529 mil empresas registradas de las que el 96% de las empresas tienen hasta 50 empleados y 31,4% del empleo, solo el 4% de las empresas tiene más de 50 empleados y 68,6% del empleo”, informó.

“Hay que dar un debate sobre la simplificación laboral con todos los actores”, propuso Bilansky y comentó que en 2023 se crearon 10 mil empresas en el país y apuntó contra la gestión anterior donde “perdimos 31 mil PyMEs. Hay que crear al menos 50 mil PyMes”.

Por último, sobre los principales puntos que causan la litigiosidad enumeró: “La coyuntura económica, la inflación. Tenemos que estar hablando de los monopolios y oligopolios que le pisan la cabeza a las PyMes, ese es el tema que tenemos que debatir”.

En su alocución, William Borgo, presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) resaltó que los juicios laborales son “problemas muy grandes al sector”. Al igual que sus pares, compartió que deben estar todas las partes para encontrar una “solución de fondo”.

También expusieron Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes; Diego Guerri, presidente de Metalúrgica JMD S.A.; Mariano Cáceres, vicepresidente y CEO de Calarca S.A. Industria Química; Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME); el diputado nacional Eduardo Fernández, vicepresidente 1º de APYME; David Selser, Confederación General de la Producción; y Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó de la entrega de créditos blandos a 48 emprendedores del distrito con una inversión inicial de 2.3 millones de pesos.  

“Con este tipo de iniciativas, tratamos de estar presentes para que muchas familias de La Matanza puedan invertir en sus proyectos y logren tener mejores expectativas de vida para hacer realidad sus sueños”, sostuvo Fernando Espinoza.  

El intendente añadió: “Estamos haciendo realidad la posibilidad de crecimiento; no le estamos regalando nada a nadie, sino que las y los estamos ayudando a gestionar a cada uno su emprendimiento y esto es algo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia y con nuestra formación, a partir de que estamos para cuidar el esfuerzo de todas y todos”.  

Los créditos que recibieron casi medio centenar de emprendedores fueron gestionados a través de la Secretaría de Economía Social y Solidaria de La Matanza. Son créditos blandos que se devolverán durante doce meses a una tasa del 12% y que benefician a un total de 250 familias del distrito.  

“No tengo dudas de que el día de mañana, las y los emprendedores aquí presentes, se convertirán en comerciantes, con sus propios locales o en algún shopping de este distrito”, añadió Fernando Espinoza durante el encuentro que se llevó a cabo en el predio “Vicegobernador Alberto Balestrini”. 

“La Matanza es la Capital Nacional del Trabajo y la Producción, por ley nacional y ahora, soñamos con ser la Capital Nacional de los Emprendimientos”, concluyó Espinoza.  

La Secretaría de Economía Social y Solidaria del municipio, fue creada hace cinco meses y está a cargo de Alberto Gandulfo, quien cuenta con una larga trayectoria en temas referidos a la economía social en Argentina. 

Los jefes de bloques de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR) Juan Manuel López (Coalición Cívica ARI) y Rodrigo de Loredo (Evolución Radical), y las diputadas nacionales María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña presentaron este miércoles un proyecto de ley que modifica las sanciones judiciales por trabajo no registrado o mal registrado. “El sistema vigente fracasó”, señalaron.

“Tenemos que acompañar a las Pymes, que son las grandes creadoras de empleo y las más afectadas por la litigiosidad”, destacaron los diputados. Además, agregaron que, el proyecto, “tiene por objetivos incentivar a los empleadores a registrar de manera espontánea y correcta a los trabajadores, y si esto no sucediera, generar un sistema de sanciones más razonable y previsible”.

“Este sistema de sanciones fracasó. No hay más empleo registrado, no hay menos litigiosidad, no contribuyó con el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), no hay certeza en las relaciones laborales ni la previsibilidad necesaria para la creación de empleo decente”, se afirmó en los fundamentos de la iniciativa.

Del mismo modo, afirmaron: “Este proyecto elimina las discrecionalidades abiertas a los jueces y le brinda a la Justicia pautas objetivas. Se modifica la manera de calcular las sanciones. Hasta hoy dependía de la interpretación de un juez, ya que el concepto de base del cálculo era difuso (´el salario reclamado por el trabajador´). Ahora pasa a tener uno transparente, como es el Salario Mínimo Vital y Móvil”.

Así También, participaron de la presentación del proyecto: el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador jujeño Gerardo Morales (UCR), el titular de la CC ARI Maximiliano Ferraro, el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, el economista Eduardo Levy Yeyati y la diputada nacional Silvia Lospennato.

El texto presentado por JxC reforma las partes de las sanciones en tres leyes que se hicieron desde 1992 y mantiene las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

“El empleo formal registrado no crece desde 2011 y los trabajadores en relaciones parcialmente registradas, o directamente no registradas, continúan fluctuando desde hace décadas en alrededor de un 30 al 40 por ciento”, explicaron los diputados de la oposición.

Asimismo, añadieron: “Para muchas micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME), la normativa vigente, por su falta de precisiones, abre una gran incertidumbre. Es una confusión saber cuándo una relación laboral está correctamente registrada. Estas sanciones tienen un costo adicional muy alto y muchas de estas empresas debieron cerrar por condenas judiciales impagables”.

En el cierre, concluyeron: “Con este proyecto se busca un nuevo equilibrio que permitirá fortalecer las relaciones laborales e incentivar la creación de trabajo decente sin desproteger a los trabajadores en total cumplimiento de nuestro ordenamiento nacional”.

La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, se reunió con el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alex Roig, con el objetivo de establecer diferentes líneas de trabajo conjunto. 

En la oportunidad, Batakis expresó que “las cooperativas y las mutuales son parte fundamental de la estructura productiva de la Argentina, con alto impacto en el desarrollo local y regional, y subrayó que desde el Banco Nación “trabajamos en forma articulada con todos los ministerios del Gobierno Nacional, para garantizar el apoyo crediticio a todos los sectores productivos generadores de inversión, producción y empleo”. 

El INAES tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento empresarial de las cooperativas como medio para lograr su autogestión y mejorar el nivel de vida de los cooperativistas, así como organizar asociaciones viables capaces de propiciar la participación de sus adherentes en la actividad económica nacional. 

Del encuentro participó además el asesor de la presidencia del organismo, Ariel Geandet. 

El Municipio de San Isidro abrió la inscripción para que emprendedores que instalen locales comerciales puedan acceder a beneficios impositivos. Con este trámite quedan exentos del pago de la tasa de habilitación y de la inspección de comercio e industria durante el primer año. 

Para solicitar este beneficio los emprendedores deben ingresar en: https://arsi.gob.ar/solicitud-beneficio-para-emprendedores/ 

Allí, deberán completar los datos del contribuyente, adjuntar el alta de AFIP e indicar la cantidad de empleados. 

La medida busca acompañar a aquellas personas innovadoras que quieren dar un paso más a su idea de negocio inicial de productos o servicios. De esta manera, quedan exentos del pago de la Tasa de Habilitación del local comercial donde el emprendimiento se desarrolle. Además, tienen una exención de hasta el 100% de la Tasa de Inspección de Comercio e Industria durante el primer año de explotación; y de hasta el 50% en el segundo año. 

Con la implementación de esta iniciativa, el municipio apuesta a fomentar el crecimiento de los emprendedores y a la creación de fuentes de empleo. 

La ordenanza había sido aprobada hace tres semanas en el Concejo Deliberante local. 

Al visitar la empresa RA Intertrading SA, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, anunció la realización de la primera Expo PyME, que se desarrollará en Florencio Varela los días 26 y 27 de octubre, con el fin de fortalecer la cadena de valor empresaria, promover la generación de nuevos negocios, conectar empresas de todo el país, capacitar e inspirar al sector productivo nacional. 

Además, en el marco de esta primera mega muestra de las PyMEs, el BNA lanzará un “combo” de promociones especiales que estarán al alcance de un click en https://expobnaconecta.com.ar/promociones/ 

Entre esos beneficios se encuentran el descuento de cheques y facturas con condiciones especiales, financiamiento de inversiones, prefinanciación de exportaciones y más ventajas para los participantes en las rondas de negocios. 

El anuncio se formalizó durante la recorrida por la fábrica textil de Villa Lugano que, con apoyo del Banco Nación, adquirió nueva maquinaria que le permitirá producir y exportar más. 

En la oportunidad, Batakis aseguró que “buscamos que todas las pymes puedan acceder a financiamiento para que sigan invirtiendo, creciendo, generando trabajo y más exportaciones. Como Intertrading que pudo adquirir nueva tecnología, más moderna y eficiente, y sigue creciendo en producción y ganando nuevos clientes”. 

En la visita a la empresa, la titular del BNA estuvo acompañada por los directores de la entidad, Martín Pollera y Julia Strada y la gerenta general, María Barros. 

En la Expo pyme, que se llevará a cabo en el parque industrial de Florencio Varela, se van a desarrollar rondas de negocios que tendrán como protagonistas a más de 1500 empresas por día, y todas ellas podrán exponer sus productos y servicios en los más de 50 stands. Además, habrá conferencias y capacitaciones. 

Se prevé la participación de alrededor de 50 expositores, de múltiples rubros, sobre todo, del segmento industrial, construcción y minería, aunque también confirmaron su presencia empresas de servicios y comercio. Además de empresas de origen nacional, estarán presentes compañías internacionales interesadas en importar productos argentinos. 

La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este miércoles el proyecto de ley que incorpora modificaciones a la Ley N°23.877 -o Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica-, orientadas a potenciar los créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.

Este proyecto considerado a priori como uno de los pilares de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, recibió el aval de los diputados por 223 votos a favor y 3 negativos que corresponde a los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

Según establece la iniciativa, se vuelve a un crédito fiscal del 50 por ciento; a que la Autoridad de Aplicación sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que a su vez hará un seguimiento y un informe anual. Asimismo, se vuelven un abanico los impuestos nacionales que pueden ser utilizados para este crédito fiscal (ya que en el 2017 eran solamente los impuestos a las ganancias), y se incorpora la segmentación por empresas; porque no es lo mismo las pymes que las grandes empresas, y esto permitirá aumentar los posibles beneficiarios, y potenciar los perfiles de utilización del crédito.

La palabra de los diputados

Como miembro informante abrió el tratamiento del tema el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller, quien destacó el consenso que se logró con la Comisión de Ciencia y Tecnología para “un tema tan trascendente para que el país pueda seguir desarrollando una cuestión que es fundamental que es la cuestión tecnológica para poder acortar la brecha que nos separa de los países centrales y desarrollados”.

Respecto al proyecto, señaló que “se propone efectuar una serie de sustituciones a la Ley 23.877 y a su modificatoria la Ley de 27.430 sancionada en el 2017. Se considera, por ejemplo, que el límite del 10% de los gastos elegibles realizados en investigaciones y desarrollo contemplado para el pago de impuestos nacionales de la ley modificatoria resulta claramente bajo e inferior a lo previsto por el resto de los países de la región de América Latina”.

Sobre las modificaciones que se proponen, Heller explicó que “implicarán un mejoramiento del marco legal que tendrá incidencia especial para las PyMes”. “La Ley 27.430 limitó de manera notable el desarrollo del instrumento del tema de crédito fiscal para la promoción de la investigación y desarrollo. Impuso condiciones para su acceso que acotaron el universo de actores que podían acreditar esas acciones y desmantelaron los esquemas de supervisión y orientación que requieren estas políticas públicas”.

“El instrumento de crédito fiscal prácticamente no se pudo implementar en todos estos años de 2018,2019,2020 y 2021 lo que marca la necesidad de avanzar en estos cambios”, manifestó Heller.

Y continuó con las modificaciones que se proponen: “La disminución del porcentaje y certificado de crédito fiscal que pasó del 50% al 10 de la 23.877 a la Ley 27.430 con un tope de 5 millones de pesos que, hablando en términos de desarrollo, uno piensa que es un tope bajo cuando se habla de proyectos de investigación”.

“El objetivo del proyecto puesto a consideración es que reactivemos este instrumento de crédito fiscal para los proyectos tecnológicos de inversión, promoción, desarrollo e innovación modificación destinatarios, la ecuación entre cantidad de beneficiaros y el apoyo, fortaleciendo el alcance de la ley para los distintos proyectos de innovación”, explayó el oficialista,

A su vez, sostuvo: “Estamos propiciando un proyecto que premie a las PyMes por sobre las empresas más grandes, que recuperar el análisis de los proyectos y reconozca como crédito fiscal para ser aplicado al pago del impuesto a la ganancia e impuesto al valor agregado el 50% de lo que se invierta en los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica”.

“El proyecto también nos propone recuperar para el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación la calidad de autoridad de aplicación, dotar a la Agencia Nacional de Promoción de Investigación el desarrollo tecnológico y la innovación de responsabilidades y herramientas específicas para otorgar los beneficios fiscales a presentar ante la AFIP”.

Por último, Heller explicitó los cambios introducidos: “En el artículo 1 las MyPyMes podrán obtener un certificado de crédito fiscal del 80% de los gastos elegibles realizados. Una segunda presentación les permitirá obtener un certificado de hasta el 65% y a partir de la tercera el beneficio será del 50%. Para las grandes empresas pretende una disminución, un 65% en la primera presentación y 50% en las siguientes. Los certificados de crédito fiscal podrán ser utilizados por sus beneficiarios para la cancelación de impuestos a las ganancias, impuesto al valor agregado, por el término de hasta 2 años”.

A su turno el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el radical Facundo Manes, remarcó que la ley “es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema nacional de ciencia, tecnología e investigación”. Además, recordó que la ley fue sancionada hace 32 años por lo que “las modificaciones tratadas son necesarias que constituyen solo una parte de las mejoras que requiere nuestro sistema institucional de investigación e innovación”.

Sobre las principales modificaciones, Manes explicó: “Se aumenta el monto del crédito fiscal al 50% de la inversión del I+D y pudiendo alcanzar el 80% para microPyMes en su primera solicitud. Comparado del 10% vigente, estos nuevos valores están más en línea con los que se aplican en otros países incluso de la región”.

“Los beneficios no están destinados a empresas o sectores, sino a proyectos de investigación y desarrollo e innovación”, aclaró y precisó que “se contemplan una serie de exclusiones como las actividades de autodesarrollo definidas como la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento”.

Y siguió: “Las modificaciones incluyen en los gastos elegibles los referidos a series cortas de producción que es un paso clave, muy importante en el proceso de desarrollo antes de alcanzar la producción a escala”.

“Para hacer un seguimiento y una mejora continua de este tipo de incentivos se incluye la obligatoriedad de presentar al Congreso de la Nación un informe anual sobre los beneficios otorgados para evaluar la eficacia de los instrumentos”, resaltó Manes y cerró: “Las modificaciones a esta ley son lo que deberían ser una política de Estado. La falta de una estrategia nacional competitiva en materia científico-tecnológica es una de las causas de los problemas sociales y económicas porque vivimos en una cuarta revolución tecnológica”.

El titular del bloque oficialista, Germán Martínez, analizó que “el horizonte para debatir este tipo de temas debe ser positivo y poner lo que cada uno tiene para que cada una de las leyes que planteamos en el recinto solucionen y transformen realidades”.

“No me cierra mucho la idea de política de Estado porque se habal de esta Ley de 1990 como un punto de partida de una Argentina muy distinta a la actual y desde ese tiempo hasta acá hubo vaivenes donde hubo por momentos una ciencia y tecnología fortalecida con presupuestos que la incentivaban, y momentos donde eso no pasaba. hay que ver toda la historia”, indicó.

Y finalizó el santafesino: “En estos temas de ciencia y tecnología, nos permite que haya un claro camino de mejora que se vio en la presentación del ministro Daniel Filmus cuando explicó el presupuesto”.

Por el bloque Avanza Libertad se expresó el diputado José Luis Espert quien destacó la ley porque “es importante para el fomento de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica tenga un aggiornamento”.

“El límite establecido por la actual ley es muy bajo del 10%. La región está varias veces arriba de ese límite y es adecuado ir en ese sentido”, precisó Espert, pero consideró que “debería establecerse un límite plano para todas las deducciones o para la emisión de certificado de crédito fiscal. Un plazo de dos años me parece razonable, pero falta mucho hacer para ayudar reamente a las PyMes”.

Cerró el debate la diputada de izquierda Romina Del Plá quien expresó irónica: “Algún distraído capaz piensa que se está votando algún verdadero incentivo al desarrollo científico y tecnológico”, y aclaró: “Lo que se está votando es un subsidio a la gran capital, una extensión impositiva y nuevo aumento a gastos tributarios”.

“Se exime entre un 60 y 80% de crédito fiscal a las empresas que acrediten que están haciendo alguna innovación, como ya sabemos que en este país ciertas cosas no se verifican demasiado, y el fraude fiscal es lo más votado en el país, en realidad se está votando un subsidio al gran capital”, criticó y remató: “Estamos a favor de los avances y la innovación tecnológica, pero no de la apropiación privada que se hace”.

El proyecto de ley, aprobado por unanimidad, persigue el desarrollo económico y productivo de las micro pymes en la provincia de Buenos Aires que “se radiquen o creen” en el próximo año a partir de la vigencia de la ley, eximiendo por un año el pago de impuestos provinciales, que luego, proporcionalmente, se va incorporando el pago del recesivo tributo.

Específicamente, se plantea que los beneficiarios estarán exentos del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo a la siguiente escala: Primer año 100%; Segundo año 80%; Tercer año 60%; Cuarto año 40%; Quinto año 20%.

Entre las obligaciones formales que se consignan se establece que el beneficio será otorgado a solicitud del interesado y no lo exime de la obligación respecto de la presentación de las declaraciones juradas ni del cumplimiento de sus deberes formales.

En tanto que como requisitos para acceder al beneficio se detalla que el titular del beneficio deberá contar con el certificado expedido por el Registro de MiPyMEs, o el que en su futuro lo reemplace; y no registrar deudas ni sanciones respecto de obligaciones tributarias exigibles por la administración provincial y/o nacional.

Según la autora del proyecto de ley, la senadora de Juntos Flavia Delmonte, tiene como objeto potenciar el desarrollo productivo y económico de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia.

Se estima que la Argentina y consecuentemente la provincia de Buenos Aires debe volver a retomar la senda del desarrollo económico, productivo y social sostenible y para ello resulta “esencial generar las condiciones para que las micro, pequeñas, medianas empresas puedan concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción”.

“Es por ello que tenemos la obligación de poner a disposición de las mismas todos los instrumentos del Estado, para que vuelvan a ponerse de pie, a crear empleo de calidad, en otras palabras, para devolverles el dinamismo y la fuerza creativa que tanto las caracteriza”, sostuvo la senadora del Partido de La Costa.

Para la legisladora radical “en tiempos de crisis debemos idear y realizar nuestro mayor aporte desde el lugar que nos toca desempeñar, entendiendo que esta legislatura se debe constituir en una caja de resonancia que recepte las distintas demandas y necesidades del pueblo bonaerense, por lo cual creemos es importante en este momento de la Provincia, generar una cuota de alivio al sector privado”.

En los fundamentos del proyecto de ley que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados para su eventual sanción se detalla que “resulta innegable el importante rol de las PyMEs y su enorme aporte en el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo”.

Y se concluye que “sin lugar a dudas, la capacidad generadora de empleo, su adaptabilidad para el cambio, y sobre todo, la distinción innovadora de las PyMEs es determinante en esta valoración, razón por lo cual esta iniciativa que pretende contribuir al sostenimiento en pie de las pymes de nuestra provincia debe ser una política que perdure en el tiempo siendo una prioridad de cada gobierno apoyar a este motor productivo”.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Municipales y de Pequeñas y Medianas Empresas recibió este miércoles a integrantes de la Fundación Observatorio PyME, con el fin de analizar el Programa Nacional de Vinculación de Escuelas PyME 2022-2023.

La diputada Ingrid Jetter (Pro), titular de Asuntos Municipales, explicó que la Fundación Observatorio Pyme “busca promover el rol y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad”.

El director ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME, Vicente Donato, explicó el programa y dijo que busca, en principio, “el trazado de la demografía empresarial de cada municipio”. “Tenemos que saber cuántas empresas nacen y mueren y ver cómo es la distribución territorial y sectorial”, dijo.

“Estuvimos observando que, en los últimos 10 o 15 años, la demanda y la dificultad para reclutar técnicos fue muy alta para las empresas”, añadió.

Durante la reunión, se explicó que parte de la ley técnico profesional promueve la realización de prácticas profesionalizantes. Se mencionó que las escuelas técnicas deben destinar 200 horas de sus planes de estudios a prácticas que acercan a los chicos con su futuro laboral.

“¿Ustedes imaginen cómo cambiaría el país si cada año 30 mil chicos hacen la práctica profesionalizante y se forman? El esfuerzo es para todo el país, es imposible hacer este esfuerzo sin los municipios”, dijo Donato.

“El problema que tenemos en algunas provincias es que no contamos con empresas, están las escuelas, pero no las empresas. Argentina tiene entre 14 y 20 empresas cada mil habitantes, es un número muy bajo”, agregó.

Como parte del análisis de los legisladores, el diputado Guillermo Casas (Frente de Todos) destacó “el empleo formal y el porcentaje que ingresan las pymes del 45% del PBI” lo que marca que “el gran tejido a desarrollar es la pequeña y mediana empresa”.

“Esta propuesta que nos acercan sería bienvenida no solo para los municipios, sino para las provincias, que carecemos de estas herramientas fundamentales”, alegó Casas.

En tanto, la diputada Laura Carolina Castets (Coalición Cívica) consideró que “no es fácil para una pyme tener el personal suficiente y dedicarle a cada chico el tiempo necesario para que tenga una formación que valga la pena”.

Durante la Primera Mesa de Trabajo de “Mujeres Emprendedoras y Pymes”, realizada en el Senado de la Nación, la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes, Nora Giménez invitó este miércoles “a todas las representantes de organizaciones y cámaras que nuclean al sector a trabajar el capítulo de género y equidad que debe formar parte de una nueva Ley de Pequeñas y Medianas Empresas”.

“Nosotras estamos buscando una normativa que nos permita generar políticas activas para transformar, cambiar y dar respuestas a las problemáticas de las mujeres emprendedoras con un enfoque federal”, señaló la senadora salteña, al cierre de un encuentro que congregó a más de cuarenta mujeres dirigentes de cámaras, organizaciones y gremios del sector PyMEs.

“Si tuviéramos que resumir cuáles son los dos grandes obstáculos para las pymes, entiendo que son la concentración económica y la desigualdad: territorial, de ingresos y de género”, sostuvo Nora Giménez.

Luego la presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo señaló que “del total de personas con empleo registrado en empresas, que son más de 6.5 millones de argentinos y argentinas, solamente el 33% son mujeres” y agregó que se trata de una desigualdad persistente ya que “en los últimos 15 años, desde el 2007 al 2022, solamente la participación de mujeres creció en un 3%, pasamos del 30 % al 33%”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Economía de la Nación, Natalia Del Cogliano habló sobre la importancia de fortalecer las políticas de desarrollo emprendedor, porque “quienes emprenden van a tener a mediano plazo una empresa pyme”.

“Sabemos que un 33% de las mujeres alcanzan puestos de liderazgo, sin embargo, el porcentaje alcanza el 39% cuando hablamos de emprendimientos generados por mujeres, esto es un dato alentador pero tenemos que lograr que más mujeres emprendan”, señaló Cogliano.

A continuación, María Noel Galián, presidenta del Comité de Género de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), mencionó que “de acuerdo a un relevamiento que realizan trimestralmente hoy el 60% de las pymes tienen menos de un 25% de mujeres en su planta de personal; y apenas el 20% de las empresas tienen paridad de género”. Por eso planteó como una necesidad que las mujeres avancen hacia la equidad en los espacios sociolaborales; y para ello rescató el proyecto de ENAC que propicia la creación de 100.000 nuevas pymes y un millón de nuevos puestos de trabajo.

Por su parte, Maricel Benítez de Ognio, vicepresidenta de Mujeres Empresarias de la Confederación Federal Pyme Argentina, destacó la importancia de discutir el rol de la mujer en la actividad gremial y romper con la asimetría de oportunidades existentes en las provincias.

A su turno, Julita Maristany, presidenta Departamento Pyme de la Cámara Argentina de Comercio planteó la necesidad de una ley que permita a los emprendedores no pagar impuestos durante sus dos primeros años; para comenzar a tributar a partir del tercer año.

Liliana Castro, coordinadora regional CABA de Mujeres Empresarias Came (MECAME) invitó a practicar la sororidad entre pares y promover espacios de participación que contribuyan a la búsqueda de soluciones en donde se contemple la capacitación y andar el camino de la innovación.

Ayelén Bargados, jefa de la Fundación Observatorio PyME, sostuvo que “Argentina tiene una situación estructural de décadas caracterizada por un bajo stock de empresas formales y baja natalidad de emprendimientos, más baja que en el resto de la región latinoamericana” y agregó “hay 3 factores determinantes: la carga fiscal, el know- how el saber hacer, el saber técnico y también el financiamiento. Para cambiar esa dirección se necesita el desarrollo de políticas en estos tres aspectos con perspectiva de género”.

También expusieron Sandra Rey, presidenta de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Ituzaingó), quien rescató la importancia del encuentro y de trabajar en políticas a largo plazo que incluyan a las mujeres e Isabel Martínez, presidenta de la Comisión de Genero y Diversidad de la UIA y representante de la Red de Mujeres de la Industria Argentina “Red MIA”,  quien reconoció que hay mucho para crecer ya que solo el 17% de las industrias son dirigidas por mujeres, por esto desde el 2020 la UIA desarrolla un plan de cuatro puntos enfocado en la formación de nuevas profesionales, el fomento de la inclusión de la perspectiva de género en las empresas, el desarrollo de una red federal de mujeres industriales para promover la sororidad, y la creación de un “Libro Blanco” de las condiciones que necesita la industria para crecer en igualdad.

Sobre el final participaron del encuentro Delia Milagro Rojas y Claudia Carabajal, quienes son productoras de tabaco de Salta. Rojas indicó que hace 6 años, a propuesta del INTA, retomaron la producción de 5 variedades de Tabaco criollo, que había desaparecido en 2013; y luego se iniciaron en la producción de cigarros puros, que comercializan bajo la marca Puros Moldeños. “Somos todas mujeres, algunas abuelas, que nos propusimos hacerlo y lo logramos, tuvimos dificultades por nuestra condición de mujeres, pero no decaímos y hasta hoy continuamos”, destacó Rojas.

Previo a la reunión de la UIA con el secretario de Comercio Interior, Matías Tambolini, la senadora nacional Mariana Juri se reunió con Daniel Funes de Rioja en el marco de su visita al Senado de la Nación por el Día de la Industria. El dirigente empresario se comprometió a sumar los reclamos de las PyMEs mendocinas al pedido que la entidad presentó ante las autoridades nacionales. 

Con el objetivo de mitigar los problemas de la producción mendocina, la senadora nacional Mariana Juri le entregó el listado de productos que sufren inconvenientes para ingresar al país. 

“A partir de la reunión que mantuvimos junto a las cámaras empresarias de Mendoza con el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, consolidamos 98 productos que, de acuerdo a las PyMEs mendocinas, tenían los mayores problemas al momento de importarse. Se elaboró una nota y un informe con los nomencladores de importación de los artículos y se los elevamos a autoridades nacionales y hoy también a la UIA”, agregó Juri. 

En concreto, en el listado pueden encontrarse válvulas antisísmicas, cilindros neumáticos, bridas, bujes, corchos, chapas para producción de bozales, ácido tartárico, bozales de aluminio, botellas, papel para etiquetas, ácido cítrico, barricas, acero al carbono, aceros inoxidables, entre otras. 

“Cada uno de estos artículos fueron enviados con sus respectivas nomenclaturas para facilitar y agilizar la gestión administrativa de ingreso. Funes de Rioja nos agradeció el trabajo y se lo entregó al secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, con quien se reunió hace algunas horas”, amplió la senadora. 

Hay que recordar que a fines de julio, el ministro Vaquié y la senadora Juri lideraron un encuentro para relevar los problemas de las pymes en relación a las importaciones y en el que participaron la Federación Económica de Mendoza, la Unión Industrial de Mendoza, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, el Consejo Empresario Mendocino, Bodegas de Argentina, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos, la Asociación de Tomate 2000, la Cámaras de Comercio de San Rafael, Tunuyán, Malargüe, General Alvear y San Martín, entre otras entidades. 

Por su parte, Daniel Funes de Rioja agradeció el compromiso de funcionarios y legisladores de Mendoza con las pymes y afirmó que “necesitamos un ambiente donde haya políticas de estado como las que tienen los grandes países desarrollados industrializados a los que queremos parecernos”, prosiguió e instó a “trabajar juntos: queremos diálogo, no se puede construir un país productivo y un país desarrollado si no es a través de ese diálogo y esos consensos”. 

“Es fundamental que el Gobierno nacional garantice la provisión de insumos para que no se paralice la producción“, concluyó la senadora mendocina. 

Los presidentes del bloque FdT de Diputados y del Senado, Germán Martínez y José Mayans, respectivamente, se reunieron en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación con casi 200 empresarios PyMes con quienes analizaron el proyecto oficialista que crea un Fondo para pagarle al FMI.

La mesa de legisladores contó con una amplia participación de representantes de las dos cámaras. Los empresarios fueron representados por 28 cámaras del sector, como APYME, PyMEs Sur, Mesa de Unidad Pyme, Frente Productivo Nacional y Mujeres Argentinas por el Desarrollo, entre otras.

En ese contexto, los referentes de las PyMEs manifestaron su apoyo al proyecto de ley de Creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que cuenta con media sanción del Senado y tiene despacho de Comisión para ser debatido en el recinto de la Cámara baja.

Para recordar, el proyecto presentado en el Senado por el neuquino Oscar Parrilli contempla los siguientes puntos principales:

• El proyecto crea el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, que tendrá por objetivo la cancelación total de la deuda -actual y/o futura- con ese organismo internacional.
• La vigencia de este Fondo será hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin.
• Será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía de la Nación y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
• Estarán obligados al pago las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que posean tenencias de moneda nacional y/o extranjera; inmuebles; muebles; y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, sin declarar.
• Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP.
• Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.
• Para el caso en que el sujeto declare y pague en forma espontánea y voluntaria, sin la intervención de la AFIP, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley se le aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones dispuestos en los artículos 11°, 12° y 13° del blanqueo previsto en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal (N°27.613).
• En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
• Los beneficios previstos no eximen de las investigaciones por delitos preexistentes del lavado de activos, contrabando, terrorismo, narcotráfico, trata de persona u otros que puedan corresponder.
• La iniciativa contiene un capítulo referido a las “facultades” de la AFIP y la Unidad de Información Financiera, entre ellas la colaboración internacional a la que pueden recurrir para la detección de bienes sin declarar.
• El proyecto incluye un artículo que reza: “El Ministerio de Economía, antes de tomar nuevo endeudamiento en moneda extranjera, deberá solicitar opinión sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y su viabilidad de repago” a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
• El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, la UIF, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “deberá una vez por año, comenzando dentro del año de entrada en vigencia de la ley, emitir un informe al Congreso de la Nación” que contenga, entre otros puntos, “todos los hallazgos y determinaciones hechas en la realización de la investigación requerida en la presente ley, detallando montos y actividades involucradas, y cualquier otro dato que se estime necesario”.
• Se incorpora la figura del colaborador: cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos.
• El objetivo del colaborador será el de cooperar con la AFIP para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados y/o maniobras de evasión fiscal.
• El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá crear un programa que defina los protocolos que garanticen el secreto, la seguridad, anonimato de los colaboradores y los correspondientes mecanismos de pago de la recompensa.
• El monto a partir del cual se considera como acreditada la información del colaborador no debe ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.
• El colaborador deberá estar a disposición para declarar ante toda instancia, ya sea administrativa o judicial.
• La recompensa será del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
• Se impondrá prisión de 1 a 6 años al colaborador que aportare información falsa; y de 6 meses a 2 años al colaborador que, de cualquier forma, difundiere, divulgare o diere a conocer información relativa al proceso de colaboración.

El jefe de Gabinete y titular del área de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, acompañado por el secretario de Educación municipal, Damián Sala, desayunó con un grupo de jóvenes que asisten a las capacitaciones que ofrece el Club de Emprendedores del municipio con el objetivo de impulsar el surgimiento de negocios locales. 

A lo largo de la jornada, se realizó una ponencia a cargo de alumnos de la Escuela Técnica Nº7 quienes expusieron un diagnóstico de situación (junto a su posible solución) en el marco de la formación en administración que se dicta en el lugar. 

La temática escogida giró en torno a cuestiones puntuales que necesita resolver esa dependencia municipal (armado de ferias, recolección de datos para organizar citas, entre otras) las cuales, además, los incentivaron a crear alternativas de optimización a partir de una situación real. 

El Club de Emprendedores (Melo 2877, Lanús Oeste) es un espacio destinado a la capacitación y la provisión de herramientas para potenciar a los vecinos y vecinas que quieran iniciar su propio proyecto comercial. Para ello, se brindan diversos talleres de formación profesional, entre otras actividades tales como, los denominados Pitch Night. 

El Banco de la Nación Argentina (BNA) presentó la tarjeta “Industria Nación”, como parte de la celebración del “Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas”, ante representantes de las cámaras que agrupan a las firmas de ese sector del ámbito industrial, agropecuario y cultural de todo el país. 

El evento se realizó en la Casa Central de la entidad y fue encabezado por el presidente, Eduardo Hecker, oportunidad en la que también se hizo la evaluación de los Consejos Consultivos PyMEs desarrollados en los últimos dos años de gestión. 

En la presentación del nuevo producto, se destacó que las compras para financiar el capital de trabajo se pueden realizar en hasta 12 cuotas, con la posibilidad de diferir el pago del capital hasta en un año de plazo, a elección de la empresa usuaria. 

Además, la tarjeta “PyME Industria” ofrece una tasa fija de diferimiento, permite la cancelación anticipada de compras, presenta un exclusivo programa de beneficios y admite abonar el pago total o mínimo del resumen, entre otras características. 

En el encuentro, Hecker destacó que “nuestra prioridad es reorientar el financiamiento a las PyMEs, nuestra política no es coyuntural ni es una moda, es una política de apoyo a ese sector porque estamos convencidos que este es el rumbo”. Y agregó que “se vislumbra una recuperación de la actividad económica impulsada por las pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores más dinámicos para la generación de trabajo y actividad en general”. 

Mientras tanto, el director del BNA, Claudio Lozano, afirmó que “la idea de reunirnos es pasar revista de lo hecho, escucharnos y ratificar que, más allá del cambio de contexto, la prioridad sobre las PyMEs en esta Institución se mantiene. Vamos a seguir acompañando. Obviamente, tenemos que ser lo suficientemente creativos para ver cómo lo hacemos, pero ese es nuestro compromiso”. 

Y agregó: “desde el gobierno nacional y desde nuestra asunción como directorio, una de las claves para poner en marcha el intento de transformación del banco que recibimos al que estamos tratando de construir fue iniciar un proceso que colocara a la pequeña y mediana empresa como sujeto prioritario de acceso a los créditos dentro de nuestro banco”. 

Del acto también participaron el director de la entidad, Guillermo Wierzba; la gerenta general, María Barros, y el subgerente General Principal de Negocios, Gastón Álvarez. 

En la jornada, también se realizaron tres encuentros de manera simultánea de los Consejos Consultivos de las PyMEs industriales, agropecuarias y culturales. 

Más de ciento cincuenta representantes de entidades PyMEs del país participaron en el Senado de la Nación el Día Internacional de las PyMEs, en un encuentro en el que se priorizó el diálogo entre emprendedores, funcionarios nacionales y legisladores y se hizo un balance del crecimiento del sector en donde se han generado 112 mil nuevos puestos de trabajo en el último año.

En el encuentro, organizado por la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado, Nora del Valle Giménez, disertaron referentes de la Unión Industrial Argentina, CAC (Cámara Argentina de Comercio), Endeavor, CAME (Confederación Argentina de Mediana Empresa), IPA (Industriales Pymes Argentinos) y de la Confederación Federal PyME.

En la apertura, la senadora Giménez destacó la importancia de encontrarse en el diálogo, ya que “en un contexto adverso, atravesados por la pandemia y con una herencia económica negativa, fueron las PyMEs las que sostuvieron el entramado productivo, y permitieron la regeneración del empleo formal y la reactivación económica”.

“Para que las economías regionales del país potencien su crecimiento, necesitamos impulsar y empoderar a las Pymes en una alianza estratégica de la que formemos parte, todos y todas: necesitamos que estén los empresarios y empresarias, los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, y el Estado Nacional, las provincias y los municipios”, enfatizó Nora Giménez.

Luego el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Contigiani sostuvo que “lo que define a un Gobierno comprometido con el desarrollo nacional es su relación con las PyMEs. Desde 1976 hubo gobiernos que trabajaron con las PyMEs y la producción; y otros que trabajaron para el modelo de acumulación financiera. Y sin dudas este es un Gobierno que tiene una alianza con las PyMEs”.

Al cierre de la presentación, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, del ministerio de Desarrollo Productivo, Guillermo Merediz. indicó que “la forma de poner en marcha a la Argentina de pie, es poniendo en marcha una agenda productiva donde las pymes sean su corazón central” y agregó ¬“el desafío es seguir acompañando y  trabajando en esa agenda de crecimiento de inversión, de financiamiento de exportaciones”.

En este sentido, Merediz destacó que las pequeñas y medianas empresas generaron 112 mil empleos en el último año, recuperándose de la pandemia, con crecimiento de la capacidad instalada, de la capacidad de empleo y con record de exportaciones (10.800 millones de dólares que aportaron en 2021, un record de crecimiento de los últimos 6 años). _“Hoy hay una discusión sobre las políticas sociales, son las pequeñas y medianas empresas las que pueden generar y demandar esa capacidad de empleo que se necesita”, resaltó.

Panel Diálogo con las PyMEs

La secretaria de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes, Clara Vega, realizó la apertura del panel de Diálogo con las Pymes señalando: “Propongo que trabajemos para no desalentar la inversión y potenciar a todos los emprendedores de nuestro país. Solo en el trabajo conjunto y en el incentivo económico con inversiones a largo plazo, podremos posicionar a nuestros emprendedores apuntalado el desarrollo productivo con una visión de futuro sustentable”.

Luego la directora del BICE María de los Angeles Sacnún señaló que “tenemos que abogar por tener una política de Estado en defensa de las pymes y la industria nacional”, y contrastó las políticas actuales con las del Gobierno anterior. Contó además que desde el BICE aspiran a colocar este año créditos por 44 mil millones de pesos; y que de ese total el 60% se destinará a pymes del interior del país. En ese sentido sostuvo que “hay que federalizar el crédito, para generar arraigo y oportunidades en todo el país”.

Entre los empresarios, el presidente de CAME, Alfredo González, manifestó: “Fuimos una de las primeras instituciones que promovimos la compatibilidad de planes sociales con trabajo registrado, y junto con el equipo de la senadora Nora Giménez logramos la presentación del proyecto de ley que luego fue tomado por la Presidencia para emitir el DNU”. Y agregó “necesitamos más difusión de esta herramienta para los empresarios y creemos que es fundamental que este proyecto se convierta en ley”.

“Generamos riqueza genuina, necesitamos financiación y políticas de trato impositivo diferenciadas. Las pymes no fugamos divisas, reinvertimos el 100% de nuestras utilidades en cada pueblo de nuestro país”, detalló el titular de CAME.

A continuación, el presidente de la Confederación Federal PyME, Mauro González, subrayó que representa a una entidad joven pero que tiene claro que defienden “un proyecto de país que privilegia las políticas productivas”, y no las políticas “donde se perdieron 25.000 empresas sin pandemia”. En ese sentido pidió impulsar herramientas “que trasciendan los Gobiernos y apuesten a generar empleo genuino”, y opinó que ello se logra a través de una articulación público privada. “Estamos seguros que la salida es con más pymes y más trabajo”, puntualizó Mauro González.

A su turno, el presidente de la CAC, Natalio Grinman, comentó que “ser PyME en Argentina no deja de ser una actividad de riesgo”, y realizó una comparativa con otros países, “en Chile tiene 55 empresas cada mil habitantes, México y Colombia alrededor de 50, Brasil 26 y Argentina sólo 13 empresas cada mil habitantes. Alguna vez tenemos que preguntarnos por qué tenemos tan pocas empresas”, reflexionó y pidió bajar la presión impositiva y generar políticas que generen mayor previsibilidad al sector.

Por su parte, Esteban Wolf, de la Fundación Endeavor, indicó que “las PyMEs planificamos nuestra economía para los próximos seis años sin mirar quién es el ministro de Economía de turno, ni el presidente. Abrimos las persianas todos los días apostando todo para crear y creer en este país y seguir creciendo. Somos el 95% de la economía de la Argentina y generamos más del 65% de los puestos de trabajo”.

Asimismo Wolf enumeró todas las problemáticas que enfrentan los emprendedores en la actualidad y pidió poder trabajar a largo plazo. “Dejemos de confrontar, refundemos y hagamos de Argentina una fábrica de trabajo”, enfatizó.

Diego Leal, presidente de PYMI y Desarrollo Regional, de la UIA reconoció el crecimiento del sector pyme en los últimos dos años, y expresó que esto “se hizo con decisión política del Estado”. El dirigente planteó que el sector tiene por delante una agenda que incluye trabajar para corregir las asimetrías con la megalópolis alrededor de Buenos Aires; la recuperación de la red ferroviaria y mejoras en la red vial, desarrollar una agenda impositiva que favorezca la industrialización y el agregado de valor en el interior, la promoción de las exportaciones del sector y un proyecto pata la transformación digital de las pymes. Sostuvo además que, aunque la coyuntura sea compleja, las perspectivas son positivas si se sostienen las políticas vigentes.

Por su parte, Daniel Rosato, titular de Industriales PyMES Argentinos (IPA) reconoció la recuperación productiva y destacó la política crediticia para el sector. “Tenemos que potenciar el desarrollo industrial que venimos sosteniendo desde hace 2 años”, dijo.

En el cierre, el director del Banco Nación Claudio Lozano dijo que “las PyMES son una prioridad política del país”, y, por eso, “desde el Banco Nación, descentralizamos el crédito para que lleguen todos los emprendedores”.

Lozano detalló: “25 millones de argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes, de ellos 17 millones son pobres, 4 millones pasan hambre y hay 114 mil argentinos que son multimillonarios en dólares y que tienen sus fortunas en el exterior en un 78% y que esas fortunas equivalen 5 veces a la Argentina, esa es la desigualdad aberrante”.

Además, Lozano apuntó contra los formadores de precios que afectan a las pequeñas y medianas empresas y defendió la necesidad de regular la política monetaria para evitar las especulaciones del mercado. “El tema del encadenamiento entre las grandes empresas y pymes es clave”, enfatizó.

Este lunes a las 16 se desarrollará en el Senado un acto para conmemorar el Día Internacional de las PyMEs.

El acto tendrá lugar en el Salón Azul y contará con la presencia del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, del BICE, del Banco Nación, dirigentes sindicales y de las principales entidades representativas de las pequeñas y medianas empresas del país.

El encuentro, organizado por la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación, Nora Giménez, contará con un panel de diálogo en el que disertarán referentes de la UIA, CGERA, CAC,  Endeavor, CAME y de la Confederación Federal PyME Argentina.

“Queremos escuchar a las entidades para generar políticas públicas que reactiven el desarrollo, porque las pymes son las protagonistas de nuestra economía, movilizadoras de la mayor parte del empleo privado”, destacó la senadora Giménez.

El Concejo Deliberante de Lanús aprobó por unanimidad la medida impulsada por el intendente, Néstor Grindetti, que estipula una quita del 100% de la tasa de Seguridad e Higiene para un total de 1.500 comerciantes de barrio. 

En sus redes sociales, Néstor Grindetti expresó: “Estamos seguros de que este es el camino para ayudar al comerciante y al vecino en la lucha contra la inflación. Tenemos que dejar de ahogarlos con controles de precios y amenazas”, y reafirmó: “Agradezco a los concejales que acompañaron, por unanimidad, la medida. Se trata de hacer y no solo de decir”. 

Esta decisión, se efectuó en el marco de las políticas implementadas por el municipio para reactivar el sector comercial local y aminorar los efectos inflacionarios. La misma, entrará en vigencia durante el período 5º de 2022 y su vencimiento opera del 21 de junio hasta fin de año. 

Entre los rubros beneficiados, se encuentran panaderías, despensas y almacenes. Cabe destacar que el Municipio, por decreto, pudo reducir las tasas hasta en un 30% y se envió este proyecto de ordenanza al Concejo local para reducir la baja al 100%. 

Con el propósito de conocer el estado de los programas y proyectos que se ejecutan con el apoyo financiero y técnico del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Argentina, una misión de la multilateral visitó las obras que se llevan a cabo en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe. 

El presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, expresó: “Mediante el avance firme y constante de estas obras, el BCIE le reafirma a Argentina el compromiso que mantiene por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Nos es grato saber que, mediante la articulación y el trabajo conjunto entre el Banco y las autoridades, generaremos un impacto positivo en la nación”.  

Por su parte, el director por Argentina y Colombia ante el BCIE, Dr. Maximiliano Alonso, agregó: “Los proyectos visitados abarcan desde obras de infraestructura y equipamiento de unidades sanitarias fronterizas y centros de aislamiento, hasta la promoción y apoyo del desarrollo tecnológico y de la ciencia. La diversidad de proyectos en el país es tan amplia como su potencial, por lo que seguimos apostando por el desarrollo nacional”. 

Los delegados del BCIE visitaron el Centro de Asistencia Sanitaria (CAS) instalado en la Unidad Penitenciaria N°23 de Florencio Varela, en la Provincia de Buenos Aires, y la Unidad Sanitaria instalada en el paso fronterizo Cristo Redentor, entre Argentina y Chile, en la provincia de Mendoza. Ambas instalaciones forman parte del Programa de Fortalecimiento de Infraestructura en Salud para Unidades Penitenciarias y Unidades Sanitarias de Frontera, por el que el BCIE otorgó un préstamo de US$50 millones al Estado Nacional. 

Por otra parte, en el marco del Programa de Apoyo a la Estrategia de Ampliación de Cobertura y Acceso a la Salud, la comitiva visitó las instalaciones de dos centros de almacenamiento de vacunas, uno ubicado en la Ciudad de Santa Fe (Santa Fe) y otro en Paraná (Entre Ríos). Éste contempla la construcción y equipamiento de seis depósitos provinciales de vacunas, el mejoramiento y equipamiento de diez depósitos regionales en la Provincia de Buenos Aires y la construcción de 12 vacunatorios sostenibles en áreas rurales. Para la construcción de éstos la institución otorgó un crédito de US$32 millones al Estado Nacional. 

La delegación también supervisó avances en la ejecución del Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección contra las Violencias por Motivos de Género, financiado por el BCIE con US$50 millones, y visitó el predio sobre el que se instalará el primer Centro Territorial a construir en la ciudad de Morón, dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Dentro de la agenda de trabajo, se incluyó además una visita por el Centro Tecnológico Metalúrgico (CETEM) de Florencio Varela, en la Provincia de Buenos Aires, ya que el mismo formará parte del Programa Piloto para la Transformación Digital de las Pymes argentinas. Dicho programa cuenta con un financiamiento de US$50 millones para inversiones en infraestructura tecnológica y capacitaciones apostando por un modelo productivo 4.0. 

Finalmente, el equipo visitó las oficinas de la Agencia I+D+i dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Argentina donde mantuvo una reunión de trabajo para revisar en conjunto los avances en la ejecución del Programa y se definieron los pasos a seguir para continuar apoyando la investigación científica en campos diversos y en la tecnología aplicada. 

La comitiva aprovechó la visita para sostener reuniones de trabajo con los organismos ejecutores de cinco de las ocho iniciativas apoyadas por el BCIE en el país por un monto total de US$379 millones. 

En el marco de las políticas implementadas por el municipio para reactivar el sector comercial local y aminorar los efectos inflacionarios, un total de 1.500 pequeños y medianos comercios habilitados de Lanús recibirán una quita del 30 por ciento en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 

En su visita al Almacén Tutti Frutti de Lanús Este, el intendente Néstor Grindetti, anunció la medida y expresó que “los pequeños comerciantes son el último eslabón de la cadena. Está mal generar dispositivos para cerrarlos cómo única medida para luchar contra la inflación cuando el problema es macroeconómico. Esto no se resuelve con controles de precios y amenazas, desde el municipio encontramos esta manera de aportar a un tema que preocupa a la gente pero que depende de lo que haga el gobierno nacional”. 

La iniciativa, que tiene un costo fiscal de $18.000.000, alcanzará a comercios ligados a los rubros: panaderías, despensas, almacenes y pequeños mercados, entrando en vigencia durante el período 5º del año 2022 cuyo vencimiento opera del 21 de junio de 2022 hasta fin de año. 

Cabe destacar que el municipio, por decreto, puede reducir las tasas hasta en un 30% pero se enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante local para alcanzar una baja del 100% en dicha tasa. 

En cuanto a su modalidad de aplicación, los vecinos no deberán realizar ningún trámite personal ya que el descuento se hará automáticamente al momento de presentar la declaración jurada durante junio y para los contribuyentes del RUC en las boletas que faltan por vencer. 

En la visita al comercio de Lanús Este, Néstor Grindetti estuvo junto al secretario de Economía y Finanzas, Damián Schiavone. 

El titular del interbloque de JxC en el Senado, el radical Alfredo Cornejo, y su par mendocino Lisandro Nieri, presentaron un proyecto de ley que apunta a para bajar el costo laboral y estimular de esa forma la creación de empleo genuino.

“La alta presión fiscal y la necesidad de descomprimirla para dejar de asfixiar al sector privado, motivaron la creación de este proyecto”, expresaron. Tal como se mencionó, la iniciativa busca mejorar la competitividad de las PyMEs y propiciar, de esa forma, las condiciones necesarias para la creación de empleo formal.

Nieri fue tajante al advertir que la situación económica y social actual “vuelve a colocar a la Argentina como uno de los países con mayor carga tributaria sobre los salarios en la región”. Según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en nuestro país la diferencia entre el costo laboral total para el empleador y el salario neto del empleado alcanza el 34,6%, mientras que el promedio de América Latina es del 24,6%.

Además, realizó una comparación de la informalidad en el empleo en la Argentina con otros países de la región y dijo que “en los últimos 10 años se ha mantenido en nuestro país, mientras que en Ecuador bajó 14 puntos, en Brasil y Chile 6, Perú 7”.

Ante este panorama, la propuesta de los legisladores apunta a solucionar la falta de actualización en la detracción sobre la base imponible de las contribuciones patronales, que por efecto inflacionario implica un aumento mensual continuo de las cargas patronales a pagar.

 “Vemos al Gobierno nacional muy desorientado. No ha tenido en estos dos años un plan económico. El atisbo de plan que tiene es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nuestros diputados han puesto el foco en este tema también y ya han notado que hay metas que se pusieron y no se están cumpliendo”, expresó Cornejo.

Asimismo, remarcó que “las peleas entre Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) son permanentes. La orientación que le dan a la política económica es bastante errática. Recuerden que incluso legisladores mendocinos intentaron la expropiación de Vicentín. Han ido de lado a lado en cosas bastantes anti empresas y han hecho cosas como aumentar impuestos”.

Además, recordó que “ninguno de los seis impuestos nuevos que creó el Gobierno Nacional son coparticipables a las provincias”.

El proyecto

El objetivo principal del proyecto apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, especialmente en el sector PyME, a través de la baja de la carga fiscal.

“El costo laboral en Argentina es significativamente superior al del promedio LATAM (34.6% vs 24.6%) y lo mismo sucede con la informalidad del empleo. Retomar la política de baja de costo fiscal iniciada en 2017, y que este gobierno eliminó, es condición necesaria para lograr una disminución de los más de tres millones de argentinos que trabajan en condiciones informales”, explicó Nieri.

Adicionalmente, representantes del sector empresarial plantean dentro de sus demandas, los altos costos laborales que enfrentan.

“Para explicar el proyecto debemos remitirnos a los antecedentes. La ley 27.430 fijaba una detracción de $12.000 actualizables por IPC de la base imponible para el cálculo de las contribuciones patronales. Luego, en diciembre de 2019, la ley 27.541 eliminó dicha detracción y la congeló en $7.003,68”, fundamentaron.

Atendiendo a la situación fiscal del país, “este proyecto plantea fijar la detracción en $ 40.000 para los primeros 25 empleados por empleador. Desde el empleado 26, la detracción se mantiene en $7.003,68. Es importante destacar que, a partir de 2023, en todos los casos las detracciones se actualizarán por IPC”.

De esta forma, para empleadores de hasta 25 trabajadores, la propuesta actúa como una reducción de las contribuciones patronales superior al 45%.

“La informalidad se encuentra directamente relacionada con la pobreza, debido a los bajos salarios de los empleos informales, y afecta más a poblaciones de mayor vulnerabilidad, cómo jóvenes y trabajadores con menores niveles educativos”, señaló Nieri.

A lo que Cornejo agregó: “El proyecto tiene una solvencia fiscal muy fuerte, no solo porque está súper estudiado el tema, sino porque además va en la misma dirección que la que planteó el ex ministro Dante Sica en el 2017”.

El radical además sostuvo que “el Gobierno Nacional lamentablemente va en otra dirección, está fracasando en el control de la inflación y en la reducción del déficit”. Y mencionó que el Ejecutivo Nacional ha aumentado 19 impuestos y creado 6 nuevos y no ha podido bajar la inflación, ni aumentar el empleo registrado, y mucho menos hacer crecer la economía por encima de lo que ya estaba en el 2019”.

Acompañan este pedido los diputados Julio Cobos, Pamela Verasay, Jimena Latorre, Omar De Marchi, Martín Tetaz, Ricardo Buryaile, Alejandro Cacace, Gerardo Milman, Lidia Azcarate, Paula Omodeo, Laura Rodríguez Machado, Hugo Romero, Danya Tavela y Pablo Torello.

El senador nacional Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley que apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, especialmente en el sector PyME. El objetivo es lograr un equilibrio en sus cuentas y que los ayude a ser más competitivos y rentables, sostuvo el autor en la presentación de la norma, junto a los legisladores radicales mendocinos.

La propuesta lleva también las firmas de Jimena Latorre, Mariana Juri, Pamela Verasay, Julio Cobos y Lisandro Nieri, y soluciona la falta de actualización en la detracción, sobre la base imponible de las contribuciones patronales.

“La alta presión fiscal, la necesidad de descomprimirla y de trabajar en la eficiencia del gasto para dejar de asfixiar al sector privado con presión impositiva, como hace la Nación en la actualidad, nos motivó a presentar esta propuesta”, puntualizó el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.

Se toma una detracción mensual de $40.000 para los empleadores del sector privado, quienes podrán deducir hasta un máximo de 25 trabajadores por empleador.

Destacan los impulsores de la norma que el mecanismo de detracción tiene un impacto pleno en empleadores que tienen menos de 25 trabajadores. A partir de entonces comienza a reducir muy gradualmente su impacto, a medida que aumenta el trabajo de los empleadores. De este modo, se minimizan los efectos adversos sobre los incentivos de las empresas, cuando se pasa a una nómina mayor de trabajadores (que podría afectar las decisiones de tomar un trabajador más en el margen).

Señaló Cornejo que “en nuestro país la diferencia entre el costo laboral para el empleador y el salario neto del empleado alcanza el 34,6%, mientras que el promedio de América Latina es del 24,6%”.

Este esquema fiscal impacta sobre la capacidad que tiene el sector PyME de generar empleo registrado, precisó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado.

La norma plantea a su vez su posterior actualización automática de la detracción, por Indice de Precios al Consumidor a partir de enero de 2023.

En la agricultura, las agroindustriales, las que prestan servicios turísticos y gastronómicos, entre otras, pese a tener salarios medios bajos, el costo de la mano de obra es significativo en su estructura de costos.

Por lo tanto, el proyecto adquiere relevancia en estas empresas (en el presente ejercicio y en los futuros mediante la actualización) y es de esperar que incentive a la contratación de nuevos trabajadores, y en especial de los menos calificados, en el sector PyME.

La norma impulsada por los legisladores mendocinos, para empleadores de menos de 5 trabajadores, la propuesta actúa como una reducción de las contribuciones patronales cercana al 50%.

Entre 6 y 25 trabajadores, la caída promedia el 40%; entre 26 y 40 trabajadores, la reducción es del 28%. Entre 41 y 50, llega al 19%. Y entre 50 y 100 trabajadores, la baja promedia un 12%.

El proyecto destaa que existe un universo de  poco más de 6,2 millones de trabajadores asalariados privados registrados. Si se toma un mínimo no imponible de $40.000 y se aplica hasta un máximo de 25 trabajadores por empleador, se obtiene como resultado un costo fiscal estimado de 0,3% del PBI.

El senador Alfredo Cornejo agregó: “Si nos asociamos políticos con empresarios, podemos dar mayor certidumbre. Estas medidas serían más fuertes si las blanqueara el Ejecutivo dentro de un plan económico”. “Lamentablemente van en otra dirección y están fracasando en el control de la inflación y reducción del déficit”, advirtió Cornejo, para recordar que “el Gobierno Nacional aumentó 19 impuestos, creó 6 nuevos y no ha podido bajar la inflación, tampoco aumentar el empleo registrado y mucho menos hacer crecer la economía por encima de lo que ya estaba en el 2019”.

Y concluyó: “Iniciativas como las que estamos presentando son pro sector privado, inversión, tomar empleo, y hacer crecer la economía de forma más sostenida”.

Presentamos un proyecto de ley que apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, especialmente en el sector PYME. El objetivo es lograr un equilibrio en sus cuentas y que los ayude a ser más competitivos y rentables. pic.twitter.com/PliBo2QhhU

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 11, 2022

El Banco de la Nación Argentina (BNA) distinguió a un grupo de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de Neuquén y Río Negro, por su aporte a la producción, la innovación, la generación de empleo y su contribución a la reactivación de la economía del país. 

A través de los “Premios Banco Nación”, se intenta reconocer el trabajo de las PyMEs, su participación en la gradual recuperación económica y su esfuerzo para adaptarse a las dificultades que se generaron a partir de la pandemia que afectó al país, la región y al mundo. Además, se valoró el compromiso que asumieron y su relación con el banco en relación con la oferta de asistencia financiera. 

“Estos premios representan un reconocimiento por el compromiso y el esfuerzo conjunto con el Banco para aumentar la producción, reactivar la economía, generar puestos de trabajo, invertir en tecnología, modernizar la infraestructura de las plantas industriales, y, sobre todo, por apostar y creer que existe un futuro mejor para todos los argentinos y argentinas”, subrayó el presidente del BNA, Eduardo Hecker. 

En ese sentido, desde el comienzo de la pandemia (en marzo/2020), el Banco Nación ofreció créditos por más de $ 1.2 billones, y el 70% de ese monto, se destinó a asistir a PyMEs de todo el país. Es importante señalar además que, desde mediados de 2021, se registró un cambio en la composición de los créditos otorgados, y se verificó que más de 50% de las empresas comenzó a solicitar fondos para inversión destinada a ampliar la producción industrial. 

Premios BNA 

Las distinciones se entregaron durante un acto que se realizó en el Salón Butaco, en la ciudad de Neuquén que fue encabezado por el presidente del BNA, Eduardo Hecker, y los directores Cecilia Fernández Bugna y Martín Ferré. También participaron la gerenta general, María Barros; el subgerente general principal de negocios, Gastón Álvarez; funcionarios del BNA y empresarios locales. 

En esta 1° edición del “Premio Banco Nación” Región Neuquén y Río Negro se reconocieron las siguientes categorías: Industria Joven, Industria Liderada por Mujeres, Industria con Desarrollo de Políticas de Inclusión Social, Industria Sustentable, Industria con Vocación Exportadora e Industria con Compromiso Social y Aporte a la Salud Argentina. 

Empresas ganadoras:

• Envaco SRL (Neuquén): Industria Joven. 
• Bodega Chacra SRL, General Roca (Río Negro): Industria Sustentable. 
• Kleppe SA Cipolletti(Río Negro): Industria con Vocación Exportadora. 
• Fundación Médica de Río Negro y Neuquén: Compromiso Social y Aporte a la Salud Argentina.
• Transporte San Salvador SRL, Catriel(Río Negro): Industria Liderada por Mujeres.

El Banco Nación presentó ante empresarios y representantes de las cámaras sectoriales, BNA Conecta, el nuevo Marketplace para empresas, cuyo objetivo es vincular en un único espacio virtual al propio banco, los productores de bienes y servicios y los clientes de la entidad. 

Este portal electrónico facilitará a las empresas compradoras conocer nuevos proveedores a nivel nacional al tiempo que las compañías vendedoras podrán difundir su oferta de bienes y servicios en todo el país, y así potenciar las transacciones de compra y venta y generar oportunidades comerciales para los clientes empresas del Banco. 

El encuentro se realizó en el marco del Consejo Consultivo PyME y fue encabezado por Claudio Lozano, director de la entidad y coordinador del Consejo, quien además presentó una propuesta con soluciones a las demandas específicas de sectores del agro y la industria y se analizaron las distintas opciones de financiamiento para esos segmentos productivos. 

“BNA Conecta parte desde el concepto que tenemos sobre el Banco Nación como una entidad en la que conviven el Estado Nacional, las provincias, los municipios y miles de empresas grandes y pequeñas en la misma Institución”, explicó Lozano, y agregó que la propuesta “es atractiva porque expone la idea de un ecosistema donde las relaciones financieras y comerciales entre los distintos actores pueden profundizarse, aprovechando el hecho que están en la misma institución”. 

Lozano destacó, además, que “esto va a permitir que la información sea más transparente, se reduzca el riesgo de las operaciones y las relaciones fluyan mucho mejor. BNA Conecta es un avance muy importante”. 

El portal abarcará a todos los sectores y tamaños de empresa, con una conexión 24/7 entre vendedores y compradores, otorgando la posibilidad de crear una tienda online para cada vendedor y proveerá de soporte técnico y comercial. Hasta el 30 de abril, además, se bonificarán las compras realizadas con las tarjetas PymeNación y AgroNación a Tasa 0% durante los primeros 60 días, y se bonificará la membresía a vendedores por un 100% durante los dos primeros meses. 

La reunión se realizó en forma presencial y virtual, en la Casa Central de la entidad y contó con la participación de los funcionarios del BNA, Martín Vega y Mariano Sabatino y representantes de CONINAGRO , Federación Agraria, Pymes para el Desarrollo Nacional (PYMESSUR) , Garantizar SGR, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), el Consejo Productivo Nacional, Mesa Unidad PyME, la Confederación General de la Industria, la Unión Industrial Argentina, FECOBA; Asociación PyME, CADA (Cámara Argentina de Distribuidores de Alimentos) APYME, AIERA y RIEL PYME. 

También estuvieron representantes la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, la Confederación General Económica, FECOFE, ProTejer, CGERA y CEEN. 

En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, donde se analiza el proyecto de acuerdo con el FMI, participaron industriales Pymes Argentinos, la Fundación Pro Tejer, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y Empresarios Nacionales por el Desarrollo, que manifestaron su apoyo al entendimiento y solicitaron a los legisladores que aprueben el proyecto de ley.

En representación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa expuso Alfredo González (CAME) quien manifestó: “No es ninguna novedad que las Pymes representamos a la mayor fuerza generadora de riqueza de nuestro país. No es novedad que todo nos cuesta más, nos cuesta retener el capital humano, acceder al crédito, la presión impositiva, las comisiones de medios de pagos, nos costo y nos sigue costando la pandemia”

“Este país sin Pyme no puede, nuestro país ha atravesado en muchas ocasiones momentos de fragilidad financiera, económica y el Fondo Monetario Internacional ha sido muchas veces parte del problema y muchas veces parte de la solución. Nos encontramos ante una nueva instancia de decisión”, remarcó González e invitó a los legisladores a “priorizar” en el marco del acuerdo el “desarrollo interno de la Argentina impulsada por las Pymes”.

“Hemos aprendido del pasado reciente, la sensación de pago no es una opción los compromisos asumidos más allá del modo de contraerlo deben ser honrados, en ese sentido CAME manifiesta la necesidad de acompañar la aprobación del acuerdo con el Fondo, etapa inexorable en las finanzas argentinas. Es prioritario para el país que el que Gobierna ofrece un plan económico sostenible y adecuado para las medianas y pequeñas empresas. El acuerdo debe considerarse una oportunidad para despejar el horizonte de la política macro económica y reorientar los esfuerzos del mercado interno”, y cerró: “Es fundamental avanzar en el acuerdo”.

A su turno, Leo Bilanski de ENAC (Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino) criticó que “si en el pasado hubiésemos sido convocados a participar de la decisión de embargar nuestro país con el FMI nos hubiéramos opuesto de forma contundente”, y apuntó contra quienes lo precedieron en la palabra como el Grupo de los 6 por el “vergonzoso cheque en blanco que dieron y que deberían ser investigados ante la fuga de divisas”.

“Esta verdadera tortura social tiene nombre y apellido: fue Mauricio Macri y todo lo que eso conlleva”, lanzó Bilanski y ponderó la tarea llevada a cabo por el presidente y la vicepresidenta porque “no fue fácil” y fue “el Estado el que nos salvó porque si no hubiésemos perdido otras 100 mil Pymes más”.

Respecto del proyecto de ley en cuestión, manifestó su “apoyo institucional, pero no incondicional”. “Es el camino que deberá recorrer el país para honrar su compromiso y debemos prestar atención hacia el futuro. Esta más claro que nunca que si la reestructuración con la deuda no es acompañada por un plan para desmonopolizar la economía, serán las Pymes y los trabajadores quienes llevar el acuerdo sobre las espaldas”, señaló el representante de ENAC.

En tanto, criticó que en el memorando solo son “mencionados de como un sujeto pasivo de la economía nacional y no como un vertebrador del mercado interno”.

Por su parte, Julián Moreno de APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) expresó: “APYME históricamente tuvo un posicionamiento en contra de los acuerdos con el Fondo”, tras lo cual leyó el comunicado que la entidad lanzó en 2018 ante el préstamo contraído por el expresidente cuya consecuencia fue un “endeudamiento vertiginoso, Argentina fue destruyendo poco a poco el entramado productivo, la balanza comercial, no había recursos genuinos, hasta que el sistema financiero dijo basta”.

“El origen de todo este problema que hoy nos pone a discusión y nos genera cierto problema de soberanía es el endeudamiento que se inició al día siguiente del 10 de diciembre del 2015”, subrayó y aclaró que “la entidad siempre estuvo en contra de los acuerdos con el FMI y de los endeudamientos en dólares”. “El acuerdo que logró el Gobierno tiene parámetros posibles de cumplir”, destacó Moreno porque “no prevé ajustes ni devaluaciones ni ajustes de tarifas”. Ante ello, les pidió a los legisladores que “aprueben el proyecto de ley”.

Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, aclaró que nunca fueron consultados cuando se tomó el préstamo, pero ahora “tenemos que ver cómo se devuelve”. Sin embargo, dejó en claro que “no vamos a apoyar un acuerdo que no contemple la posibilidad de generar empleo, la creación de Pymes, el tema financiero”.

“Un no acuerdo con el Fondo hace que nuestros proveedores se pongan nerviosos y aumenten las facturas en dólares y la Pyme debe absorber ese costo y luego v a en quiebra”, explicó y consideró: “Este acuerdo es necesario, si hay que acordar, hay que acordar, ¿a quién no le gustaría inmolarse y decir que no? Tal vez no nos convenga, pero lamentablemente hay que acordar porque sabemos lo que implica para la producción. Tenemos que resolver esto y tener una política de Estado”.

Daniel Rosato de industriales Pymes Argentinos avaló el acuerdo porque “es fundamental para avanzar en un proceso de industrialización, en el cual viene la argentina con mucho esfuerzo y sacrificio saliendo con el sector industrial. Tal vez este acuerdo no sea el mejor, pero es un acuerdo en fin que nos va a servir para poder abrir un poco más los mercados, para que muchas industrias, Pymes puedan tener financiamiento que hoy no tienen”.

“Después de la firma de este acuerdo necesitamos trabajar todos juntos, podemos tener un pensamiento distinto, pero tenemos un mismo objetivo que es la defensa de la industria nacional y es muy importante avanzar juntos porque hay muchas cosas que el acuerdo no nos dice y que vamos a tener que enfrentar”, advirtió Rosato.

Cerró la jornada Diego Cifarelli, del Consejo Agroindustrial Argentina, quien respaldó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque “quitará incertidumbre en el futuro del país porque se necesitan certezas a los empresarios”.

“Se necesita exportar y para eso entrar a mercados internacionales y se competitivos, tenemos la fuerza para hacerlo. Es fundamental el acuerdo para seguir generando riquezas, una patria más grande, empleos, Pymes”, concluyó.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) destinará $ 3.000 millones en asistencia financiera para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del sector energético de la provincia de Neuquén, lo cual permitirá ampliar la capacidad de producción de hidrocarburos en Vaca Muerta, profundizar la actividad económica en la cuenca Neuquina y generar nuevos puestos de trabajo en la región. 

Para ello, se suscribió un acuerdo entre el BNA y la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia del Neuquén (FECENE), convenio que contó con la colaboración de la Secretaría de Energía de la Nación y que permitirá ampliar la producción de hidrocarburos, el desarrollo del shale gas y contribuir a la concreción del nuevo gasoducto troncal entre Vaca Muerta-Buenos Aires y el sur de Santa Fe. 

“Para nosotros es fundamental la presencia de la banca pública en todo el país. También es nuestro compromiso con proyectos nacionales de desarrollo ya que necesitamos que este sector tan estratégico pueda convertir sus posibilidades en realidades”, dijo Eduardo Hecker, presidente del BNA. 

“Y ahí –enfatizó- el rol del financiamiento y del banco público es clave. Hay que transformar ese recurso, esas potencialidades de las empresas en una realidad concreta. Este acuerdo profundiza la decisión de acompañar y sostener el proceso de reactivación económica del país, el fortalecimiento de la producción en todos los sectores y la generación de más puestos de trabajo”, agregó. 

En tanto, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, sostuvo que “el financiamiento que el Banco Nación les va a dar a las pymes, que son las grandes generadoras de empleo en el país y que van a desarrollar Vaca Muerta, es fundamental para ponernos objetivos más grandes y poder alcanzarlos rápidamente. Por eso, el presidente y la vicepresidenta lanzaron primero el Plan Gas.Ar y ahora el DNU para la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, para seguir incrementando la producción de petróleo”. 

“Estamos muy contentos con el trabajo conjunto entre el BNA y la FECENE, que resulta en una sinergia en un área fundamental como es la producción de hidrocarburos. Creo que es un gran círculo virtuoso, donde tenemos dos actores fundamentales, el sector de la banca pública y el de la pequeña y mediana empresa, con una visión federal de una Argentina mejor que es la que todos y todas necesitamos”, acotó 

El Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzaron dos líneas de crédito de hasta $ 100 mil con un plazo máximo de 5 años, para que las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país puedan renovar los controladores fiscales. El financiamiento facilita el recambio obligatorio de los equipos para que pequeños comercios incorporen los controladores de “última generación”. 

El lanzamiento de la asistencia financiera se realizó hoy, en la sede de AFIP, con la presencia del presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. También participaron Patricia Vaca Narvaja, subdirectora general de Servicios al Contribuyente, y María Barros, Gerenta General del BNA. 

“Desde el Banco Nación ponemos en marcha instrumentos de ayuda financiera que a contribuyan a la normalización de la actividad económica, la creación de empleo, así como regularizar el sistema productivo en la Argentina”, planteó Hecker. 

Por su parte, Marcó del Pont sostuvo que “la emisión de ticket y factura es importante en el proceso de recuperación económica. El Estado acompaña a los pequeños comercios en la renovación de sus equipos”. 

Marcó del Pont y Hecker recordaron que, de acuerdo a la normativa vigente, las empresas que al momento de solicitar un préstamo bancario tuvieran deudas previsionales, están habilitadas para tomar créditos. Esto podría ocurrir sólo si el tomador del crédito requiriera –en primer lugar- la afectación total o parcial de la financiación a la cancelación total de dichas deudas, para luego disponer del excedente. 

Según los datos del BNA y la normativa vigente, se registraron 771 cancelaciones de operaciones de deudas previsionales por un total de $ 8.772.000, con lo cual –todas esas empresas- quedaron en condiciones de solicitar la nueva oferta de asistencia financiera. 

El monto máximo de los créditos es de $100.000 por equipo, con una tasa de interés del 30% nominal anual fija y un plazo de hasta 60 meses, para los clientes que posean una cuenta comercio en el Banco Nación. 

Los préstamos, vigentes hasta el 30 de junio, están destinados a MIPyMEs inscriptas bajo cualquier forma societaria o unipersonal y a personas humanas del segmento “micro”, sociedades de hecho segmento “micro” y monotributistas. 

La propuesta apunta a acompañar el proceso de renovación de controladores fiscales y se ajusta a la decisión de AFIP de prorrogar los plazos para adquirir y utilizar de forma obligatoria los equipos dotados de “nueva tecnología”. 

Los contribuyentes que posean tres o cuatro equipos tendrán tiempo hasta el próximo 31 de enero para realizar el recambio. En tanto, quienes posean uno o dos, cuentan hasta el 30 de abril para renovar los controladores fiscales. 

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y Banco Provincia lanzaron las líneas de créditos Provincia Cultura y Provincia Turismo, que brindan financiamiento destinado gastos de evolución y capital de trabajo a MiPyMEs bonaerenses. 

Son préstamos de hasta $7 millones para las empresas que desarrollan actividades culturales y de hasta $10 millones para las empresas vinculadas al sector turístico. Ambas líneas ya están operativas. 

Los créditos tienen un plazo máximo de hasta 24 meses, con hasta 12 de gracia para el pago de capital y sus desembolsos se realizan en un pago único. Tienen tasa cero durante los primeros 12 meses y, desde el mes 13 hasta el final del préstamo, la tasa es de 18% anual, fija. 

Tanto Provincia Cultura como Provincia Turismo cuentan con bonificación de tasa a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FoNDeP) y con garantías del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y el Fondo de Garantías de Buenos Aires (FoGaBA). 

Los créditos Provincia Turismo cuentan con un fondeo de 1.500 millones de pesos. Están destinados a micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires. El monto máximo del préstamo es el equivalente de hasta 2 meses y medio de ventas del solicitante, con un tope de $10 millones. Los monotributistas de categorías A, B y C pueden acceder a $50.000 y los de las demás categorías, hasta $200.000. Entre las actividades incluidas están hoteles, campings, agencias de viaje, restaurantes, rotiserías, transportes automotores turísticos, servicios de cátering, balnearios, turismo aventura, organización de eventos deportivos, calesitas, parques temáticos y jardines botánicos y zoológicos. 

En tanto, los créditos Provincia Cultura tienen un fondeo de 800 millones de pesos. Están destinados a MiPyMEs bonaerenses, excepto monotributistas. El monto máximo del préstamo es el equivalente de hasta 2 meses y medio de facturación del solicitante, con un tope de $7 millones. El listado de actividades que pueden ser beneficiarias incluye impresión de diarios, periódicos, libros, folletos y revistas; venta de libros, CDs y DVDs, fabricación de instrumentos musicales; fotografía, diseño, enseñanza artística, servicio de ventas de entradas, bibliotecas, archivos, producción de eventos musicales, artísticos o teatrales y distribución o exhibición de películas, entre otras. 

Los y las representantes de MiPyMEs bonaerenses que quieran solicitar créditos de las nuevas líneas deben ingresar en los respectivos links habilitados por el Banco Provincia para Provincia Cultura y para Provincia Turismo. El otorgamiento de los créditos está sujeto a evaluación crediticia. Para consultas sobre cómo solicitarlo o detalles sobre requisitos, escribir a asistencia.produccion@mp.gba.gov.ar. 

Los nuevos créditos para Cultura y Turismo de la provincia de Buenos Aires estarán vigentes hasta el 31 de marzo de 2022 o bien hasta agotar el cupo de línea. 

El Banco de la Nación Argentina (BNA) suscribió un acuerdo de asistencia financiera con Salta por medio del cual destinará $900 millones para ampliar y mejorar la capacidad de producción de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas industriales, del agro y el comercio de la provincia.  

Este convenio con Salta, se suma a los que el Banco Nación firmó recientemente con San Juan, San Luis, Santa Fe, Mendoza, Catamarca y La Rioja, y se enmarca en una política impulsada por el presidente del BNA, Eduardo Hecker, de acompañar al Gobierno Nacional en el proceso de reactivación económica del país, el fortalecimiento de la producción en todos los sectores y la generación de más puestos de trabajo.  

Durante el encuentro, Hecker, reivindicó el rol del mayor banco público del país como una herramienta fundamental para ampliar la producción y los puestos de trabajo genuinos en la provincia, y recordó además que el financiamiento es posible porque el BNA “reconstruyó su capacidad crediticia para la ejecución de proyectos de inversión y crecimiento en toda la Argentina”.  

Luego de recordar que –desde el comienzo de la pandemia- el BNA brindó asistencia financiera por más de $ 650 mil millones a PyMEs, emprendimientos productivos, de servicios y comerciales de todo el país,  

Hecker valoró el trabajo del banco para “la recuperación de la economía argentina. Estamos convencidos de avanzar en una política crediticia que permita aumentar la producción, generar más empleo y profundizar la inclusión” de todos los sectores. 

En tanto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, agradeció al BNA y destacó la importancia del acuerdo por ser una herramienta financiera para fortalecer la producción y la generación de empleo privado.  

“Este acuerdo es muy importante después de la pandemia ya que hay sectores que han sido muy golpeados. Esta posibilidad que da el Banco Nación, con tasas subsidiadas, da la oportunidad a al sector de la producción, del comercio y del turismo para que tengan la posibilidad reactivar sus proyectos y, por sobre todas las cosas, reactivar la economía, que es lo que estamos buscando desde el gobierno provincial”, puntualizó. 

La presentación del acuerdo se realizó en la sede central del Banco Nación y contó con la presencia del ministro de Infraestructura de Salta, Sergio Camacho. También participaron Cecilia Fernández Bugna y Guillermo Wierzba, integrantes del Directorio del BNA, y la Gerenta General de la entidad, María Barros.  

Los ejes principales del programa apuntan a financiar inversiones y capital de trabajo para incrementar la productividad de la PyMEs en el distrito salteño.  

Para los créditos a MiPyMEs, con destino a inversiones, con criterio amplio, la tasa de interés es del 29%, con una bonificación de 6 puntos porcentuales, durante 24 meses, cuyo monto a financiar dependerá de la demanda de cada proyecto. En tanto, para capital de trabajo, la tasa oscila entre el 34,5% y el 33%, dependiendo de las condiciones especiales de las empresas, con bonificación de 4 puntos, por 18 meses y el monto máximo será de hasta $ 5 millones por usuario.  

Los plazos previstos para la inversión contemplan un mínimo 48 meses y un máximo de 5 años, en tanto para el capital de trabajo se estableció un período 36 meses para operaciones garantizadas por SGR y de hasta 18 meses para el resto. La proporción de apoyo para ambas líneas será del 100%.  

El acuerdo contempla además el financiamiento a través de la Línea Carlos Pellegrini destinada a MiPyMES de todos los sectores económicos, con criterio amplio en pesos o en dólares y con un sistema de amortización alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral, de acuerdo al flujo de fondos del solicitante. 

En un extenso debate de un plenario de las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta que se reunió este jueves de forma remota, se avaló el proyecto de ley de la senadora Nora Giménez (FdT -Salta) que establece la creación de los observatorios regionales Pymes y quedó sujeto a modificaciones.

La autora de la iniciativa explicó que “la idea de la creación del observatorio como una herramienta que permita garantizar el acceso a todas las provincias del país a las políticas públicas impulsadas por el Poder Ejecutivo para favorecer al sector Pymes y en beneficio de las economías regionales, el cooperativismo, el asociativismo y los pequeños y medianos productores”.

“Tiene el objetivo de proveer herramientas, capacitación, y conocimiento que permitan responder a las necesidades de los actores que conforman las economías regionales, la producción local de las Pymes en las distintas provincias del país, las diferentes áreas de cooperativismo y asociativismo, desde una visión federal”, indicó.

En suma, Giménez detalló que “estarían distribuidos en todo el país”, y destacó que “cuando se discutió en las comisiones hubo muy buenos aportes y se definió que sea un organismo descentralizado de carácter técnico y con autonomía funcional y de gestión”. También aclaró que “desarrollará un sistema unificado de información y análisis, cuyo objetivo consistirá en la investigación, seguimiento, análisis y estudio de acciones, proceso relacionadas con las diversas problemáticas Pyme”.

Entre los alcances leyó que “se regirán en las diferentes áreas de las economías regionales, cooperativismo y asociativismo, producción y desarrollo del Estado Nacional y de las jurisdicciones provinciales”.

“Hay convenios firmados con el Banco Nación para llevar a cabo este proyecto, pero lo que no hay es la accesibilidad, es decir alguien que no esta entro del circuito del banco le resulta difícil acceder como Pyme o como emprendedor a la burocracia del Banco Nación ante las exigencias que plantean esos convenios cuando la bajad es a través de la provincia”, explicó la legisladora salteña y consideró a estos observatorios como “centros de información, de atención y de orientación para un emprendedor porque hace falta un conocimiento de la realidad local”.

Respecto de las funciones enumeró: “Promoción y difusión de las políticas Pymes; generar un Centro de consulta y asesoramiento, facilitando el alcance de las políticas nacionales; recepcionar, ordenar y compartir la información de la Región y las provincias; generar información accionable para empresas, organismos y diversos promotores; dirigir y buscar soluciones a los reclamos; entre otros”.

“Centralmente la creación de esos observatorios está pensada como la construcción de herramientas que garanticen la productividad y el apoyo a Pymes, cooperativas en el interior del país, y que sean herramientas con más equidad que sirvan en todas las provincias”, ratificó.

Por su parte, pidió la palabra la senadora Clara Vega (Interbloque Federal – La Rioja) quien criticó: “Casi a fin de año analizando el proyecto que no es oportuno porque los propietarios de Pymes después de 2 años estaban esperando otra cosa, créditos para poder volver a la economía formal. Desde el tiempo de pandemia escuchamos cifras estremecedoras informando la cantidad de Pymes que cerraron”, y definió: “Las Pymes son industrias familiares, pequeños emprendimientos que durante la pandemia no pudieron seguir y el Estado poco y nada pudo aportar”.

“Respecto al observatorio, el propio Estado, provincias y municipios tienen organismos destinados al trabajo y acompañamiento, por eso no es oportuno hablar de más burocracia y presupuesto y no contempla la cantidad de recursos que deberían destinarse para el funcionamiento y el alcance para el desarrollo del proyecto. Creo que debemos seguir trabajándolo. Tenemos que sumar alivio y los dueños de las Pymes deben sentirse acompañados porque mayor burocracia es mayor tributación. Este país se va a levantar y a superar con mayor cantidad de emprendedores”, enfatizó Vega y adelantó el voto negativo.

En tanto, el legislador misionero Maurice Closs (FdT) ponderó el proyecto porque “tiene buena intención y va en buen rumbo”, y destacó que “se está planteando que con toda la burocracia que hay los beneficios terminan siendo no muchos los que acceden porque la gente no los conoce, para acceder hay que tener una calificación que a veces resulta de los bancos o de la AFIP y mucha gente no sabe cómo se maneja eso, también hay contradicciones para determinar una Pyme y la categoría”.

En el mismo sentido, María de los Ángeles Sacnun (FdT – Santa Fe) resaltó que “el objeto del planteo es tendiente a la accesibilidad de la información que deben tener las Pymes en todo el país. Muchas veces el lugar donde se ubicó la Pyme hace que se restringa esa información por lo tanto creo que puede ser una herramienta muy importante”, y agregó: “No es necesario generar nuevas estructuras burocráticas ni que generen un mayor impacto presupuestario, pero el proyecto habla de un sistema unificado de información”.

Juliana Di Tullio (FdT -Buenos Aires) acompañó los argumentos de sus pares y destacó que “es una herramienta que va a fortalecer las economías regionales. Es súper interesante no sólo en términos de información sino como gestión”, y señaló que “hay cosas que se pueden mejorar, pero no veo algo que lo impida”. “Es importante acompañar y no desmerecerlo con definiciones como ‘exceso de burocracia’ porque no es el objetivo”, cuestionó.

A su vez, contradijo los dichos de la legisladora Vega porque “se olvida que durante la pandemia se crearon herramientas para ayudar a las Pymes, le faltó hacer un análisis de qué pasó económicamente durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri donde se destruyeron miles de Pymes, algo que responde a un modelo económico para concentrar el capital en pocas empresas”.

“Siempre es una buena oportunidad debatir temas que tengan que ver con las pequeñas y medianas empresas. Siempre es oportuno y más aún en la situación del país”, manifestó el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco), aunque destacó que “hay que seguir trabajando el proyecto y proponer modificaciones” porque “es insuficiente” y sugirió agregar cuestiones de “reforma impositiva” y sobre “cómo abordamos el acceso al financiamiento”.

Y agregó: “Este proyecto tiene su proposición de estructura porque considero que hay organismos provinciales y municipales que hacen esta tarea, y se necesita mayor coordinación y difusión de la información con la que se cuenta”, y consultó sobre: “La conformación del observatorio y la selección de los integrantes”. Respecto al artículo 3 cuestionó que “no se le da participación ni a las provincias ni a los municipios” y, por último, consultó si “hay un costo estimado del impacto presupuestario”. “Es un proyecto que tiene que tener otras cuestiones y que no se vea solo como la creación de una estructura”, cerró.

Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) señaló: “No dudo que se busquen soluciones a las Pymes”, pero advirtió que “hay cosas que no vamos a solucionar con el proyecto. Las provincias tienen áreas que se dedican a ese tema, hay organismos públicos o privados también se dedican al tema. Comprendo que lo que se busca es desburocratizar porque es un problema que tienen las Pymes, pero no se hace creando otros organismos porque se estaría metiendo en lo que ya hacen otras entidades”, y sugirió que el observatorio se encargue de “coordinar la información”.

Norma Durango (FdT -La Pampa) expresó de forma breve su apoyo porque “las Pymes son herramientas importantes para el crecimiento de las provincias”, por lo tanto “son importantes para el desarrollo económico”, y remarcó que “las Pymes creadas por mujeres en el último tiempo hay que apoyarlas”.

“Va a permitir focalizar la problemática que existe y hay que darle un sesgo de realismo. Sabemos que hay un gran impacto del proceso pandémico acompañado de un proceso tarifario que destruyó a las Pymes por los altos intereses”, señaló el senador chaqueño Antonio Rodas (FdT).

Por consiguiente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Caserio (Córdoba – FdT) cuestionó que “se usan los proyectos de ley para hacer manifestaciones políticas y no voy a venir a debatir eso. Nuestro Gobierno debe ser uno de los que más ha hecho en el tema Pymes”, y aclaró que “es un observatorio regional de Pymes que busca por medio de la investigación, el trabajo en conjunto en encontrar un camino para que provoquen un análisis, un proceso de las distintas problemáticas sin hacerlo de forma burocrática”.

“Nadie puede sacar el costo por esta ley, pero los proyectos se hacen para que sean lo menos gravosos para el Estado”, respondió Caserio ante la pregunta de Zimmermann y finalizó: “No estamos armando un organismo burocrático que traiga costos y no resuelva cosas”.

Al terminar el plenario, la comisión de Economías Regionales presidida por la senadora Nora Giménez pasó a consideración diversos proyectos de declaración y de comunicación.

Sergio Massa participó, junto con José De Mendiguren (titular del BICE), del 2° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, organizado por IPA (Industriales Pymes Argentinos). Lo hicieron de manera remota, desde el despacho del presidente de la Cámara baja en el Congreso.  

En su discurso, Massa remarcó que el Gobierno “tiene la convicción de que la Argentina sale cuando su tejido productivo está en marcha, y eso sucede cuando las Pymes están en marcha”. 

“Para que haya empleados tiene que haber empleadores y nuestros principales son los Pymes. Por eso, claramente la decisión de este gobierno es la de acompañar y ayudar en cada una de las herramientas que nos pueda permitir hacer crecer a ese fabuloso tejido Pyme de la Argentina”, agregó. 

El titular de Diputados repasó la situación del sector PyME en los últimos años y enumeró algunas de las herramientas de salvataje que impulsó el Gobierno. “Veniamos de una crisis que comenzó en 2016, se profundizó entre 2017 y 2019, se agudizó aún más con la pandemia y hoy está terminando”, expresó. 

Y continuó: “El achicamiento de nuestro producto, la caída de la producción, la disminución de nuestra capacidad instalada se veía reflejado básicamente porque, por un lado, nuestro mercado interno era cada vez más raquítico y por el otro, las tasas de interés más la presión tributaria funcionaban como un corset para el crecimiento y el desarrollo económico”. 

“Entonces, lo que hicimos fue por un lado generar instrumentos de rescate: la primera gran moratoria y hace unos días sancionamos una ley que establece la segunda moratoria, porque pretendemos un puente que les permita salir en el 2022 a producir y competir, con una situación fiscal que les permita acceder al mercado de créditos, de una manera ordenada y con el Estado ayudándolos”, indicó Massa. 

“Para sostener el mercado interno, el IFE y para sostener el pago de salarios, el ATP; la disminución del Impuesto a las Ganancias a las PYMEs, que quedó en el 25% producto de una decisión de este gobierno. Todos instrumentos que, junto con la decisión de dar la tasa de interés más baja en el acceso al crédito desde el BICE, el Banco Nación y el Banco provincia, tienen el objetivo de animarlos a producir y ayudarlos a recuperarse”, añadió. 

Además, el presidente de la Cámara baja sostuvo: “En paralelo, la tarea de recuperar el empleo. Estamos en plena discusión de un programa que nos permita que las Pymes se transformen en nuestros sectores de aquellos que, así como en el 2001 se habían caído del plan Jefes y Jefas y después volvieron al mercado de trabajo, hoy fueron cayendo en los programas sociales y los tenemos que recuperar al empleo digno y registrado”.  

Massa aseguró que “las PyMEs representan el 70% del empleo en la Argentina”, y que “sin duda, si creemos que de la pobreza se sale con trabajo, necesitamos de todos ustedes”. 

También, señaló: “Los queremos de socios en el crecimiento de la Argentina. Estamos convencidos de que nuestro país produce más a partir de principios básicos que en el tiempo nos permitan consolidar nuestra economía: superávit fiscal y comercial, tipo de cambio competitivo, regulación de reservas y un modelo de desarrollo con inclusión que nos permita que el tejido económico de la Argentina se recupere”. 

Por último, Massa invitó a los industriales y PyMEs a “trabajar a partir del 15 de noviembre con una convicción: necesitamos una mesa de acuerdos. Estado, gobierno y oposición, empresarios y trabajadores, tenemos que poner objetivos de corto, mediano y largo plazo que le den certezas a la inversión, pero, sobre todo certidumbre y tranquilidad a los argentinos”. 

Para la legisladora provincial massista Micaela Morán, los jóvenes “representan no solo el futuro sino también el presente y tienen bien en claro lo que pretenden, por eso es importante ampliar los programas de primer empleo y que la mayor cantidad de jóvenes tengan la oportunidad de conseguir su primera experiencia laboral, de capacitarse, formarse, de poder trabajar de lo que estudiaron”.

“Todas las semanas me reúno con grupos de chicos y chicas de entre 18 a 25 años, la semana pasada lo hice en Zárate, San Pedro, Moreno, San Martín, y esta semana con jóvenes de Quilmes y Ezeiza, para escucharlos y contarles sobre algunos de los programas como “Te sumo”, que está en marcha en nuestro país”, explicó Moran en declaraciones radiales.

“Te sumo” es un programa que les da a las Pymes y empresas, la oportunidad de tomar chicos entre 18 y 25 años y que el Estado, una vez que los jóvenes estén trabajando y capacitándose, obtengan beneficios impositivos.

“Las PyMEs que generan empleo joven tendrán alivio fiscal juntos con otras medidas complementarias, porque desde el FdT buscamos volver a ser socios del sector privado, y trabajar codo a codo con ellos para poner en marcha la provincia de Buenos Aires”, detalló.

En otro tramo, la actual legisladora provincial y candidata a diputada nacional por el FdT, enfatizó sobre los dos modelos de país que se ponen en juego de cara a las elecciones generales de noviembre.

“Hay un modelo claro que busca cambiar la matriz productiva, un modelo que salga adelante y que pueda reconstruir todo el tejido social y económico que no solamente estuvo dañado por una pandemia que nos castigó a todos sino también por otra pandemia que fue la de María Eugenia Vidal, que nos ha dejado una provincia de Buenos Aires devastada, por eso es importante a la hora de elegir qué modelo pretendemos de aquí en adelante en una provincia, en un país post pandemia”.

Y agregó: “El modelo de Macri y Vidal estuvo a la vista y todos los recordamos porque ocurrió hace solo dos años: premiaba la timba financiera, beneficios para los familiares del poder y marketing durante los cuatro años”.

Por último, la diputada massista oriunda de Zárate, se refirió a los dichos de María Eugenia Vidal donde mencionaba las intenciones de Juntos por el Cambio de ir por la presidencia de la Cámara de Diputados.

“Me encantaría poder escuchar a la ex gobernadora Vidal hablar y explicar propuestas concretas que llevará al Congreso, porque está más ocupada por un cargo como lo es la presidencia de la Cámara de Diputados que en proponer leyes que le cambien la vida a la gente, que espero que sea todo lo contrario a lo que hizo en la provincia de Buenos Aires, realmente su gestión dejó mucho que desear”, finalizó.

Con la intención de reactivar la economía en la Ciudad de Buenos Aires, el legislador de Consenso Federal (CF), Eugenio Casielles, impulsó en la Legislatura porteña dos proyecto de ley que buscan fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las iniciativas presentadas busca crear el programa “Garantías MiPyME BA”, el cual tiene con fin colaborar y facilitar el acceso a las garantías para los locatarios en alquileres comerciales. Para acceder a la misma, los beneficiarios deberán inscribir la actividad que desarrollarán ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP); mostrar el contrato de locación; ser sujeto tributario adherido al régimen simplificado del Impuesto a los Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o tener acreditada la condición de micro, pequeña y mediana empresa de acuerdo al artículo 2° de la ley Nacional N° 24.467; entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, el legislador aseguró que la misma “apunta a contribuir en modo no dinerario, pero sí de apoyo, facilitando la obtención de garantías a los comerciantes, para solucionar dificultades a la hora de alquiler locales comerciales, dando una señal real para nuevos y esenciales apoyos de la Ciudad” y consideró que “con el programa ‘Garantías MiPyME BA’, los interesados podrán contactar diferentes compañías aseguradoras que otorgarán garantías”.

“Esta política debe ser parte de un enfoque integral para colaborar con el sector comercial de la Ciudad e impedir que repitamos los errores del pasado, incentivando activamente a la creación de actividades comerciales”, aseveró.

En lo que respecta al otro proyecto, Casielles promovió la creación de una oficina para gestión de la difusión y asesoramiento de los beneficios vigentes, a las empresas PYMES en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Dicha oficina deberá generar informes trimestrales de publicación en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para:  informar las PyMEs que fueron atendidas, las que recibieron los beneficios otorgados, evaluar e informar los resultados obtenidos en cada Comuna, o cualquier otra información que sea de interés.

En los considerandos del texto recientemente presentado, el legislador aseguró que lo que se propone “es potenciar actividades del área ejecutiva de la Ciudad, que se basen en proponer los beneficios y herramientas que se han generado por diversas leyes y que debieran contemplarse como un todo, para llegar a más PyMES y controlar que no existan beneficios incompatibles entre sí, potenciando las actividades comunales que son los centros de llegada a la Comunidad y además potenciando también los diversos distritos que se siguen creando en nuestra Ciudad”.

“Este proyecto apunta a contribuir en modo educativo para fortalecer una nueva forma de gestionar apoyos a PyMES coordinado los beneficios actuales y futuros que existieren. Una política como esta debe formar parte de un enfoque integral para colaborar con el sector comercial de la Ciudad e impedir que se repitan los errores del pasado”, sentenció.

En colaboración Facebook el municipio de La Matanza lanzó un programa para capacitar a microemprendedores -en forma gratuita- en el uso de las redes sociales para potenciar sus proyectos y potenciar sus ventas a través de Facebook, Instagram y Messenger.   

La propuesta está orientada a contribuir con la reactivación económica de micro PyMEs y emprendimientos a partir de la adquisición de herramientas digitales que les permitan adecuar sus negocios a los desafíos de los nuevos tiempos.  

En el lanzamiento del programa “Impulsa Facebook” estuvo el intendente Fernando Espinoza, la secretaria de Producción, Débora Giorgi; y la líder de Políticas Públicas de Facebook para Sudamérica, María Julia Díaz Ardaya. El evento fue transmitido por Facebook Live. 

Según el municipio, el programa está enfocado en promover herramientas y recomendaciones para que los emprendimientos y empresas locales puedan lograr una transformación digital integral, que les permita alcanzar mejor a sus clientes potenciales y también aumentar sus canales de venta. Además, tiene un enfoque a largo plazo, centrado en la idea de la sustentabilidad y la resiliencia empresarial, una característica fundamental para poder reinventarse frente a los nuevos desafíos que se están imponiendo en el mundo.  

Al respecto, el alcalde de La Matanza resaltó que “queremos ser la Ciudad de la Innovación. Trabajamos para transformar tecnología en desarrollo y en consecuencia mejor calidad de vida para nuestra gente. Impulsa con Facebook, es un paso más de La Matanza en este gran sueño de construir una Argentina moderna, con más igualdad y oportunidades para las nuevas generaciones. Asimismo, agradecemos a María Julia Díaz Ardaya, Javier Aziz y a todo el equipo de Facebook por trabajar en conjunto con el municipio para fortalecer a las Pymes y Micro Emprendedores de nuestro municipio”. 

En tanto, la ejecutiva de Facebook María Julia Díaz Ardaya dijo que: “Las competencias digitales son muy necesarias hoy, pero también son indispensables para el futuro. Nos enorgullece trabajar para poner a la tecnología al servicio de pequeñas empresas y emprendedores de La Matanza, brindando herramientas que contribuyan a su recuperación y participación en la economía digital”.  
 
El programa de capacitaciones cuenta con cuatro encuentros virtuales de 60 minutos cada uno, dictados por especialistas de la empresa que nuclea a Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Cada módulo está orientado a que los emprendedores locales puedan crear una estrategia digital que los ayude a mejorar sus ingresos y su calidad de vida de forma sostenible. Los encuentros comenzaron el 5 de agosto y continuarán el 12, 17 y 26 del mismo mes. 

Los cuatro encuentros tratarán sobre una serie de temáticas y herramientas de gran utilidad para las empresas y emprendedores de La Matanza, como establecer la presencia de una empresa o local en Facebook e Instagram, encontrar nuevos clientes, obtener resultados con Facebook Messenger, crear una estrategia de publicidad efectiva, y mostrar los productos de forma virtual en las tiendas de Facebook e Instagram. 

Adicionalmente, se abordarán conceptos de resiliencia empresarial en donde se trabajarán una serie de temas enfocados en la continuidad del negocio. En este sentido, tanto Facebook como el municipio, hacen énfasis en la necesidad de lograr una recuperación económica de estas micro, pequeñas y medianas empresas a largo plazo y, sobre todo, en la importancia de cuidar y poner en valor el esfuerzo que hacen día a día los pequeños y medianos productores de La Matanza. 

Con el objetivo de apoyar a las micro y pequeñas unidades productivas que llevan adelante actividades perjudicadas por el Covid 19, la municipalidad de Escobar convocó a inscribirse al Programa de Sostenimiento Económico para Actividades Afectadas por la Pandemia del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Es una línea de aportes no reembolsables de hasta $150.000 por beneficiario para micro y pequeñas empresas, cooperativas y monotributistas radicados en la provincia y está dirigido a aquellas actividades cuyos ingresos en 2020 hayan disminuido o aumentado hasta un máximo del 10% (en comparación con 2019). 

Para acceder al programa, es requisito haber iniciado las actividades antes del 31 de marzo de 2020 y a la fecha de corte del 24 de junio de 2021 deben estar al día con la DDJJ de IIBB mensuales de 2019 y 2020. Su actividad principal debe estar incluida en el listado de actividades del programa, las cuales pueden verificarse en el siguiente enlace: gba.gob.ar/produccion/programa_sostenimiento_economico. Entre las principales actividades se encuentran las guarderías infantiles, salones de fiestas, gastronómicos, boliches bailables, ópticas y fotografías, transporte escolar, venta de indumentaria y librerías. 

El municipio aclara que las actividades deben estar inscriptas en Buenos Aires ActiBA y los titulares no haber recibido otros beneficios dinerarios de similares características por el mismo objeto, otorgado por la gestión de jurisdicción nacional y/o provincial. 

Quienes cumplan con los requisitos del programa, recibirán un monto fijo entre $110.000 y $150.000, según el tamaño de la unidad productiva. Para inscribirse se debe completar el formulario en portal.gba.gob.ar/web/portal/11214/tramite. Ante cualquier duda, se puede enviar un correo electrónico a turismo@escobar.gob.ar o a secretariaproduccion@escobar.gob.ar. También dirigirse personalmente a la Subsecretaría de Turismo del Municipio, en Mateo Galves 1050, Belén de Escobar. 

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego) presentó un proyecto para que las empresas PyMEs y los responsables inscriptos cuya facturación sea igual o inferior a la establecida para dichas empresas puedan contratar como nuevos trabajadores a beneficiarios de planes y programas de Asistencia Social otorgados por el Estado Nacional.

El proyecto fue acompañado por los senadores Silvia del Rosario Giacoppo, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard, María Belén Tapia, Víctor Zimmermann, Alfredo De Ángeli, Julio Martínez y Stella Maris Olalla.

“Este proyecto pretende crear un incentivo doble: por un lado, otorgar beneficios fiscales a quienes tomen nuevos trabajadores empadronados en distintos planes, asignaciones y programas de asistencia social y, por el otro, favorecer el ingreso a un trabajo en blanco para quienes, hasta el momento, gozan de tal beneficio”, explicó el senador fueguino.

Aclaró que “el proyecto establece un mecanismo de ayuda concreto y gradual a la baja para quienes tomen a estos empleados. El empleador recibirá del Estado Nacional durante el primer año de contrato el equivalente al 100% de lo que percibía el beneficiario. Ese porcentaje se reducirá al 65% durante el segundo año de contratación y será de un 35% para el tercer año”.

El nuevo trabajador gozará de todos los beneficios que “seguramente ni siquiera imaginó”, agregó el legislador, precisando que “tendrá un trabajo digno, una obra social para él y su familia, la cobertura de una ART, vacaciones pagas, aguinaldo y la perspectiva de una jubilación futura; además podrá acceder a créditos o financiación bancaria o a la obtención de una tarjeta de crédito a través de su recibo de haberes”.

Para el autor, “esta es una ley por la que todos ganan: las personas que consigan un empleo; gana la empresa que conseguirá beneficios tributarios transitorios y gana el país que podrá disminuir sus niveles de pobreza, potenciar su producción y ponerle fin a un sistema asistencial que se ha transformado en una insana costumbre que, en vez de consagrar derechos y autonomías, sólo sirve para conculcarlos y relativizarlas”.

“Este proyecto busca incentivar al capital privado para reinsertar a personas asistidas por el Estado, de manera tal que se pueda reducir el costo fiscal y contribuir al crecimiento sostenido que nuestro país necesita”, finalizó el senador Blanco.

En sendos encuentros virtuales, las agrupaciones más importantes del país que convocan a los diferentes sectores de la economía de las pequeñas y medianas empresas, CAME y CEGERA, recordaron el Día Mundial de las PyMEs, enfocados en los planes pos pandemia.

En ambos actos participó la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación para manifestar la apertura del diálogo permanente por parte del Legislativo para cada uno de los sectores que concentran a estas empresas.

En el encuentro de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la Confederación General Económica (CGE) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), participaron más de 350 empresarios y fueron invitados el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; los secretarios de Industria, Ariel Schale y de Pyme, Guillermo Merediz y por la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes del Senado de la Nación, Nora Giménez.

Tanto el presidente de CGERA, Marcelo Fernández como el presidente de APYME, Julián Moreno y el titular de LA CGE, Roberto Marquínez destacaron la importancia de haber consolidado la unidad de manera institucional y la fortaleza de generar un espacio en común con diálogo con el gobierno y con las puertas abiertas para todas las pymes.

Por su parte el ministro de Producción, Matías Kulfas resaltó la importancia central de las pymes, sobre todo en este momento ya que crean 7 de cada 10 empleos privados y agregó “necesitamos un proyecto productivo que transcienda los gobiernos con la participación de las pymes y que incluya a trabajadores y trabajadoras. La argentina de la producción y el trabajo tiene a la pyme como un actor central”.

De parte del Poder Legislativo, la senadora Nora Giménez también dirigió su mensaje a más de 350 empresarios rescatando que CGERA es una institución que hace décadas viene defendiendo consecuentemente la industria nacional y un modelo de desarrollo federal.

“En este punto de inflexión de la pandemia, tenemos que considerar que, si bien veníamos de un país con un Estado destruido que no estaba en condiciones de enfrentar esta situación, de la mano del presidente Alberto Fernández se pudo enfocar en resolver lo urgente, dándole prioridad a la defensa de la vida y la salud y a su vez, se reafirmó el rumbo de lo importante, de defensa de la estructura económica, el trabajo y la producción”, destacó la legisladora salteña.

CAME: PyMES en pandemia

Durante la tarde, fue el turno de CAME que destacó la tarea de trabajo sostenido en las pymes ante esta pandemia. “Como país no hemos sido capaces de construir políticas de Estado para las pymes, tenemos que darle sustentabilidad a un sector tan vulnerable”, sostuvo el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, e hizo un llamado al diálogo entre todos los sectores “sin mezquindades”, para resolver los temas enfrenta el país.

Participaron de la apertura, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, la Directora Nacional Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro y la presidenta de la comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMES del Senado de la Nación, Nora Giménez.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, indicó que las pymes son “los actores sociales más legitimados que tiene la Argentina” y adelantó que desde el ministerio trabajan en un proyecto de ley que marcará el desarrollo estratégico del sector, con perspectiva a 10 años.

A su turno, la senadora Nora Giménez, sostuvo que este gobierno ha multiplicado por 30 la inversión y la asistencia al sector con más de 20 líneas de créditos a tasas subsidiadas”.

“Hoy tenemos enfrente el desafío de enfrentar la discusión para realizar una modificación estructural que haga posible la visibilidad de las pymes, la registración, el trabajo decente. Y esto sólo se puede hacer con un sentido de unidad, y con un profundo compromiso federal”, indicó la legisladora y agregó “la perseverancia y la decisión de recuperar a las pymes, en el marco de un país federal, está en manos de esta decisión conjunta, con un Estado que se ocupa de las pymes y un sector privado que esté dispuesto a participar activamente de esta política de promoción, fomento, visibilización y recuperación del trabajo”.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para la creación de un registro nacional de micros, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. El plan se llama “Abrir de Nuevo” y busca poder “reunir información para generar un cuadro de situación real que permita desarrollar una política de contención laboral y revinculación económica”. 

“En 2020 cerraron 22.860 empresas y 235.381 personas perdieron su trabajo según AFIP . Por eso proponemos un proyecto de ley para la creación de un registro nacional y plan de revinculación laboral para MiPyME’s y otras sociedades comerciales. Este proyecto apunta a proteger PYMES y revincular trabajadores con la creación de un registro que no existe hasta el momento y así poder saber efectivamente cuál es la profundidad real de la crisis en los diversos sectores productivos”, explicó la diputada Josefina Mendoza, impulsora del proyecto.

Además, la iniciativa busca la implementación de un plan de “revinculación laboral” para aquellas empresas registradas y que puedan gozar de exenciones impositivas, exenciones de pago de tasas, incentivos al retorno de la empleabilidad, línea de créditos blandos y tarifa especial de servicios públicos, con el propósito de que revinculen a sus empleados para recuperar el empleo.

El diputado nacional Felipe Alvarez (Acción Federal-La Rioja) mantuvo un encuentro con el Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, en el que se definió la llegada a La Rioja de herramientas y artefactos para emprendedores, pymes, cooperativas y empresas recuperadas. También llegarán alimentos para reforzar en los sectores más vulnerables y programas de formación para jóvenes. 

Luego de la reunión, el legislador riojano consideró: “Vivimos tiempos muy difíciles. Tenemos que estar cerca de la gente, llevar soluciones. No podemos ser parte del problema. Debemos llevar respuestas, seguir trabajando para La Rioja”.

Sobre el escenario en un año electoral, Alvarez opinó que su función como diputado “no termina en el Congreso de La Nación” y si bien destacó la importancia de llevar al Parlamento “los temas de La Rioja para transformarlos en leyes” también expresó: “Seguimos trabajando sin parar con nuestra agenda de trabajo en el territorio. Desde que comenzó la pandemia no hemos parado un segundo de trabajar”.

Sobre los recursos que acordó con el ministro Arroyo para La Rioja, Alvarez amplió: “Además de alimentos para cubrir las urgencias más inmediatas; vamos a disponer de herramientas para asistir a pequeños emprendedores, como ya hemos hecho con decenas en los últimos años. También habrá oportunidades para sumar jóvenes que hoy están muy preocupados por la incertidumbre sobre el futuro, quienes son los más conscientes de las dificultades para conseguir empleo. Para ellos es el futuro que estamos construyendo. Que no pierdan la confianza“.

“No se trata de elegir entre salud o economía, el problema es que si no se lleva previsibilidad a las PyMEs, la cuarentena no se cumple, porque necesitan trabajar para llegar a fin de mes”, señaló el diputado nacional Marcelo Orrego en un proyecto que lleva las firmas del presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, y la titular de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena (UCR), junto a más de una docena de diputados del interbloque JxC. En el mismo impulsan un protocolo de medidas económicas, fiscales y financieras automáticas cuando se decrete la fase 1 de “Aislamiento Social, preventivo y obligatorio”.

Presidente del bloque Producción y Trabajo en la Cámara baja, Orrego señaló que “como dijo el titular de la CAC, Mario Grinman, todo apunta a que no se va a cumplir el acatamiento a las restricciones, no porque se les pasó el susto que genera la pandemia, sino porque el enojo está superando al riesgo”.

Para el legislador sanjuanino, “no se trata de elegir entre salud o economía; el problema es que si no se lleva previsibilidad a las PyMEs, la cuarentena no se cumple, porque necesitan trabajar para llegar a fin de mes”. En ese sentido recordó la peluquería de Rosario que atendió a una clienta sentada en la vereda mientras él le cortaba el pelo tras la reja desde el interior del local.

“Si tenemos en cuenta que deben afrontar el costo del alquiler del local, salarios -y el mes que viene también aguinaldo- de trabajadores (que quizá desde hace más de un año no pueden ir a trabajar por pertenecer a grupos de riesgo), sumado a los impuestos, pago a proveedores, etcétera, terminan atendiendo de forma clandestina con la cortina baja para poder llegar a fin de mes. No tienen otra forma”, describió Orrego. 

El proyecto atiende los reclamos de las entidades más representativas. Según la Federación Empresaria Hotelera de Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), el sector registra la crisis más grande de los últimos 40 años con 12 mil restaurantes y hoteles que cerraron por la pandemia; mientras que, por el efecto de la primera cuarentena, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calculó el cierre de más de 90 mil comercios, 41.200 pymes y la pérdida de más de 180 mil puestos de trabajo. 

El objetivo del proyecto es determinar medidas económicas, fiscales y financieras de sostenimiento del empleo, para los emprendedores y las PyMES por el término en que el Poder Ejecutivo nacional disponga la restricción de actividades como medidas de prevención epidemiológica y sanitaria. “Buscamos generar reglas claras para los sectores económicos más castigados por las consecuencias del aislamiento. Esas reglas implican un esfuerzo compartido”, expuso Orrego. 

Por último, el proyecto acota el poder de decisión discrecional que tiene actualmente el Poder Ejecutivo de decidir, de acuerdo al humor social y a otras circunstancias coyunturales, con qué herramientas sale a compensar las pérdidas de las PyMEs, seleccionando a los beneficiarios e imponiendo requisitos que luego son imposibles de cumplir.

El proyecto lleva las firmas de los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Gabriela Lena, Federico Frigerio, David Shelereth, Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, Gabriel Frizza, Gustavo Hein, Eduardo Cáceres, Dina Rezinovzky, Juan Aicega, Camila Crescimbeni, Soher El Sukaria, Lidia Ascarete y Alicia Terada.

Medidas automáticas para Fase 1

Determina el descuento obligatorio de los días de alquiler durante fase 1, previendo beneficios especiales ante la posible vulnerabilidad del propietario

Suspende la iniciación y continuidad de los juicios de ejecución fiscal y medidas preventivas para el cobro de los impuestos y obligaciones de la seguridad social por todo el periodo 2021.

Instrumenta una ampliación de la moratoria hasta el 31 de julio de 2021.

Suspende automáticamente el cómputo de cargos impositivos, financieros y patronales cuando el Poder Ejecutivo Nacional establezca la paralización de actividades por “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en Fase 1.

Cadenas de Pago: Habilita crédito en descubierto sin ningún tipo de punitorio ni comisión, para cheques emitidos hasta 90 días posteriores de la finalización de cada periodo de aislamiento obligatorio.

Permite deducir del Impuesto a las Ganancias, la inversión neta de los salarios de los empleados que no prestan servicios por ser considerados sectores de riesgo.

Otorga crédito a tasa cero para el cumplimiento del pago de aguinaldos.

Exime del pago proporcional del monotributo durante los plazos previstos que impidan el desenvolvimiento de sus actividades.

Disposiciones permanentes para el sostenimiento del empleo

Define aportes patronales por zona con una nueva fórmula de medición por desarrollo económico, distancia a puertos, densidad de población, indicadores de NBI, índice de salarios y niveles de desocupación, entre otros.

Incentivo al consumo y comercios de barrio

“Ahora 12” sin costo financiero por el término de un año para comercios registrados como PyMES .

Prorroga por un año el recambio obligatorio de los controladores fiscales dispuestos por la AFIP.

Cobro con tarjetas: Instrumenta la acreditación con un máximo de 72 horas hábiles; terminales electrónicas sin costo; la eliminación del régimen de retención del Impuesto a las Ganancias y la exclusión de comisiones para las operaciones con tarjetas de débito para las micro y pequeñas empresas de comercio y monotributistas, para poder motivar su incorporación.

El senador nacional Pablo Blanco presentó un proyecto de ley solicitando al Gobierno que suspenda por un año la retención determinada en la Ley 25.413 -sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias- y también el pago de anticipos del impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales para las PyMEs y los responsables inscriptos por el período fiscal 2021.

“Muchas pequeñas empresas se encuentran al borde de la quiebra. Debemos llevar alivio al bolsillo de las PyMEs y los trabajadores independientes”, enfatizó el legislador.

Y señaló: “Hoy cada peso que se ahorra puede marcar la diferencia entre subsistir o cerrar. Es por ello que resulta muy importante suspender por el término de un año el cobro del impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias establecido por la Ley 25.413, porque esta retención también contribuye a erosionar la frágil situación financiera de los pequeños contribuyentes y de las PyMEs”.

El fueguino remarcó que “una empresa que no trabaja o no vende no puede subsistir; esto traerá mayor desempleo, aumento de la pobreza, más carga para el Estado. Cada empresa que cierra definitivamente deja de contribuir al sistema para siempre”.

“Son tiempos difíciles, son tiempos en los que es necesario tomar decisiones, hay que reducir la carga fiscal que soportan los que pudieron resistir la primera ola de esta pandemia y que aún continúan aportando empleo, productos, servicios e impuestos al país”, consideró el radical.

Por último, Blanco sostuvo que “continuar disponiendo que se anticipen impuestos, sobre supuestas ganancias que se tendrán, en un año de incertidumbre total, con nuevas restricciones a las actividades económicas y con una pobreza cercana al 50%, realmente es no comprender lo que está sucediendo”.

El proyecto fue acompañado por los senadores Laura Rodríguez Machado, Alfredo de Angeli, Claudio Poggi, María Belén Tapia, Mario Fiad y Víctor Zimmermann.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió este miércoles dictamen favorable al proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para modificar el Impuesto a las Ganancias a empresas, por lo que la iniciativa que ya cuenta con la aprobación en Diputados podría ser tratada desde la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

Sin cambios a la media sanción de Diputados que contó con el aval del Frente de Todos y algunos aliados, el Senado avanzó con el trámite en comisión y se descarta que en las próximas semanas este proyecto se convertirá en ley.

Al igual que ocurrió en la Cámara baja, el dictamen fue acompañado por los senadores del bloque del Frente de Todos, en tanto que la bancada de Juntos por el Cambio anunció que se opondrá en el recinto de sesiones.

Debate en comisión

Al inicio del encuentro de la Comisión de Presupuesto por videoconferencia, el secretario de Política Tributaria de la Nación, Roberto Arias, consideró que “es un impuesto justo” que pretende “recuperar la recaudación del Impuesto”.

Arias destacó que “la renta del capital tiene que estar gravada con alícuota relevantes y que tienen que ser progresivas. No estamos de acuerdo con la idea de la reducción de alícuotas como aumento de inversión, como se hizo en 2017”.

Al respecto, apuntó que “cuando se aprobó la reducción de las alícuotas bajó la inversión porque la inversión está vinculada a factores como la macroeconomía más que con la tasa de ganancias”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el peronista cordobés Carlos Caserio, defendió la iniciativa argumentando que “el 90% de las empresas argentinas pagarán menos o el mismo impuesto en 2022”.

“Las únicas empresas que pagarán más que antes serán las que tengan más de $50 millones de utilidades. Es un sector minoritario. No es real que acá haya un ajuste atroz para las empresas”, sentenció.

Sorpresivamente, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, consideró que “nos quedamos a mitad de camino con este proyecto”.

“Deberíamos volver al diez por ciento original y no mantener el siete por ciento del impuesto adicional. A veces hacemos un discurso en beneficio de las PyMEs y, en realidad, estamos beneficiando a las grandes empresas”, fustigó.

En contra del proyecto, el radical porteño Martín Lousteau declaró que “está claro que esto es un aumento de la presión tributaria y que ese aumento, para poder pasar el filtro político, se ha recargado sobre dos tercios de los generadores de trabajo de la Argentina”.

“Eso va a tener impacto en la tasa de inversión -si todo el resto de los factores se mantienen constantes- tanto como en el nivel de precios y en el de generación de empleo”, vaticinó.

El proyecto

La iniciativa oficialista busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.

En dicho proyecto se establece un primer escalón impositivo del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.

El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $50 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones.

Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota especial de 7%, a través del impuesto vigente.

El proyecto establece que el pago sea progresivo, es decir, que una empresa que haya tenido 60 millones de pesos de ganancias netas anuales pagará: el 25% por los primeros 5 millones; 30% para los siguientes 45 millones; y 35% para los 10 restantes.

La diputada nacional Gabriela Lena reclamó más asistencia del Estado a PyMEs y comerciantes: “No pueden enfrentar esta pandemia de confinamiento sin la ayuda y el acompañamiento del Estado nacional y provincial”, manifestó. 

La legisladora de Juntos por el Cambio sostuvo que es “inaudito” que el propio Estado que pone restricciones para trabajar debido a la pandemia pretenda continuar cobrando impuestos. 

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, señaló que “son las PyMEs las que movilizan nuestra economía, las que dan trabajo, las que sostienen a las familias. A todos ellos, el Estado debe apoyar y acompañar. Hasta ahora, los aportes han sido insuficientes. Sólo los intendentes, que están en contacto directo con sus comunidades, han dado algunas respuestas de acuerdo con sus posibilidades”. 

Por otra parte, Lena le reclamó a la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, que “dé respuestas rápidas y efectivas a quienes ya no podrán sostener sus comercios con las puertas cerradas y continuar pagando los sueldos, alquileres, servicios e impuestos. No puede el Gobierno manejarse como si no fueran graves los problemas que van a afectar a miles de puestos de trabajo y que asfixiarán nuestras economías”. 

Fortalecimiento de la demanda para estimular el crecimiento y garantizar que funcionen las micro, pequeñas y medianas empresas, y respaldo político para este sector. Estos fueron los dos principales ejes que les planteó la diputada Fernanda Vallejos a empresarios pymes de todo el país, durante un encuentro virtual vía Zoom organizado por el Consejo Productivo Nacional y la Mesa Nacional de Unidad PyME (MNUP).

“Debe haber una armonía en la construcción de la política económica orientada al fortalecimiento de la demanda, entendiendo que la economía argentina necesita crecer y generar mayores y más puestos de trabajo”, comenzó Vallejos. “Porque necesitamos reactivar la actividad y que las PyMEs vuelvan a producir para un mercado interno con capacidad de comprar lo que producen”, sostuvo la economista en la charla coordinada por el empresario textil Damián Regalini.

La legisladora abogó por una política que permita mejorar el nivel de consumo para “estimular el crecimiento y garantizar que las empresas funcionen, que ocupen su capacidad instalada ociosa y se ocupen también los trabajadores desocupados”.

En este sentido, en el marco de la recuperación que transita el sector, el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria representó el 57,2% en enero pasado, 1,1 puntos porcentual por encima del 56,1% de igual mes de 2020, y acumuló así la tercera suba consecutiva en la comparación interanual (Indec). Además, según el organismo estadístico, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró en enero una suba de 4,4% respecto a igual mes de 2020.

A su vez, tras conocerse los datos de pobreza, la economista reforzó que resulta “indispensable fortalecer el proceso de redistribución de ingresos en favor de los sectores más necesitados y vulnerables”. Agregó que esto se debe priorizar no solo por alcanzar justicia social y estabilidad social y política. “También por una cuestión de razonabilidad económica, porque son esos sectores los que tienen mayor propensión al consumo, y por lo tanto los que nos permiten multiplicar los esfuerzos de emprendimientos, lo que implica una política muy firme en favor de las pymes”.

“Porque justamente lo que necesitan las pymes son consumidores -prosiguió-, una demanda que nos permita reactivar la producción y que eso se consiga fortaleciendo el mercado interno, las economías regionales y la generación de trabajo genuino, de calidad, bien remunerado”, amplió Vallejos. “Eso cierra la famosa rueda virtuosa del funcionamiento de la economía. La demanda es un motor que necesita como combustible los ingresos de los trabajadores”, aseveró.

Con respecto al sector, vale remarcar también que la producción de la industria pyme creció por tercer mes consecutivo en febrero al ubicarse 0,4% arriba del mismo mes de 2020, según el último informe de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME). Aunque esta entidad aclaró que “la recuperación manufacturera en ese segmento de empresas sigue siendo muy lenta y traccionada por un tercio de las industrias”. En concreto, de los 11 grandes sectores relevados, 5 tuvieron aumentos anuales y 6 finalizaron con bajas.

El respaldo político

Durante el Zoom, los empresarios también expusieron sus principales preocupaciones en el marco del actual escenario económico y la segunda ola de la pandemia del Covid-19.

Desde el empresariado pyme manifestaron sus dudas por el proyecto del oficialismo para subir el impuesto a las Ganancias para las empresas. Sin embargo, esta iniciativa del Ministerio de Economía no ingresó todavía a las comisiones de la Cámara de Diputados. En este sentido se pronunciaron los empresarios Leonardo Romano (alimentos), Román Tófalo (Centro Comercial de Concepción del Uruguay) y Augusto Santucho (titular de Fametal Aceros).

“No vamos a los paraísos fiscales, no existe en nuestro idioma  fugar capitales, tomar créditos en pesos, comprar dólares y fugarlos”, dijo Tófalo. Luego, Vallejos diferenció la situación de los empresarios pymes de la de “grandes extractivistas, acopiadores y comercializadores vinculados al sector externo, que han gozado desde el año pasado y todavía en este año de un proceso de suba de los precios internacionales de las materias primas y de los alimentos”.

Vallejos escuchó sus intervenciones y les propuso conformar ámbitos de debate con otras y otros legisladores oficialistas y de sectores de la oposición para encauzar los pedidos.

“Necesitamos que la voz de las PyMEs resuene con fuerza para equilibrar la balanza, pensando en construir un escenario lo más equilibrado posible donde el mayor peso de la recaudación impositiva recaiga sobre aquellas personas jurídicas que tienen una mayor capacidad contributiva”, distinguió la legisladora.

Por último, con relación a otra de las preocupaciones del empresariado pyme, la economista hizo referencia a que los próximos cuadros tarifarios de la luz y el gas deben proteger al sector productivo y a las familias. “Para las empresas, la energía representa un vector importantísimo de competitividad, que además no genera otro tipo de conflictos al interior del funcionamiento de la economía, porque es bueno para las familias y los sectores productivos”, concluyó.

Luego de que la Legislatura de la Ciudad aprobara la eximición del pago del ABL e Impuesto Inmobiliario a los hoteles, el diputado del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña le exigió al Gobierno porteño que ese beneficio se amplié a otros actores muy afectados por la pandemia como la gastronomía, indumentaria y salones de eventos.

En ese sentido explicó que si bien desde ese bloque acompañaron la sanción de la mencionada eximición, el opositor indicó que “no podemos dejar de mencionar que es una medida insuficiente frente a la crisis económica que generó la pandemia en múltiples sectores y que se vio potenciada por la decisión del gobierno de Larreta de aumentar brutalmente todos los impuestos” y precisó que “los indicadores económicos dan cuenta de una enorme caída en la actividad económica. El Tercer trimestre de 2020 registró un derrumbe del 11.8%”.

“En febrero de 2021, la cifra de locales vacíos en la ciudad alcanzó un 31,2% y la Gastronomía muestra una caída interanual de más del 30%. Según el Ente de Turismo de la Ciudad, en Buenos Aires hay 1.116 hoteles, con lo cual esta asistencia atiende a una fracción muy pequeña frente a las más de 200.000 MiPymes que funcionan en la Ciudad”, señaló.

Sobre esa misma línea, Barroetaveña manifestó que “esta medida, aunque necesaria, no segmenta la asistencia y pone en pie de igualdad a la gran cadena hotelera con el pequeño y mediano prestador que no posee los mismos recursos que las empresas multinacionales” y concluyó señalando que “una vez más, el Gobierno de la Ciudad se olvida de las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 90% de los empleos en CABA, dejando afuera de cualquier asistencia a otros sectores sumamente afectados por la pandemia como la gastronomía, la indumentaria y los salones de eventos”.

Cuatro comisiones del Senado ratificaron este martes a sus autoridades y acordaron la agenda de trabajo para el año legislativo, que incluye entre otros temas los proyectos para incorporar los delitos ambientales al Código Penal.

En la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa fueron ratificados Nora del Valle Giménez (Frente de Todos-Salta) como presidenta, Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) como vice y Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe) como secretario.

“Ha sido un año particularmente muy complicado, porque con la pandemia y las pymes que se cerraban de a miles, plantear cualquier línea alternativa o reforma de fondo era imposible, porque todo el año hubo que asistir las urgencias, las emergencias”, explicó Giménez al reasumir la conducción.

De todos modos, destacó que se abrió “un canal de diálogo muy importante con la Secretaría de Pymes de la Nación” para realizar aportes sobre las medidas que tomó el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia sanitaria.

La legisladora informó que para las primeras reuniones de la comisión se citará a las nuevas autoridades del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), donde asumió Alexandre Roig en reemplazo de Mario Cafiero, fallecido el año pasado. También se convocará al secretario de Pymes y Emprendedores, Guillermo Merediz.

Quiero agradecer a mis pares miembros de la 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶́𝗮𝘀 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗣𝘆𝗺𝗲𝘀 𝘆 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶́𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 del @SenadoArgentina, que me honraron nuevamente con la designación como presidenta. pic.twitter.com/tryq9WNYen

— Nora del Valle Giménez (@noragimenezok) March 16, 2021

Luego fue el turno de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde fue reelecta por un nuevo año Gladys González (Pro-Buenos Aires), quien seguirá secundada por el oficialista chaqueño Antonio Rodas.

Entre los proyectos a ser tratados por la comisión, González mencionó una iniciativa suya y otra del chubutense Alfredo Luenzo para incorporar los delitos ambientales al Código Penal, en el contexto de los incendios que azotan a la Comarca Andina.

“Es muy bueno que tanto el oficialismo como la oposición tengan la voluntad de avanzar en este sentido. Todos sabemos que los incendios son recurrentes por el cambio climático, por las sequías y las temperaturas extremas, pero también sabemos que en algunos casos hay intencionalidad, y no debiera existir ese vacío legal. El Congreso debe completar esto que es una necesidad”, afirmó la legisladora del Pro, y también llamó a “trabajar con las provincias en darle recursos para la prevención”.

En tanto, Luenzo confirmó que insistirán en “tener esta ley de delitos ambientales que nos debemos hace muchos años”, y complementariamente pidió tratar otro proyecto suyo para crear un fuero ambiental donde se tramiten ese tipo de causas.

Respecto de los incendios de los últimos días, señaló que “la solidaridad de toda la Argentina es enorme, y el dolor también. Cuando uno ve el panorama es desgarrador: la gente, para no perder su lugar, está viviendo en carpas. Doscientas cincuenta y nueve familias han perdido su hogar, sus sueños y su historia, porque lo simbólico no se puede reparar”.

Luenzo ponderó el apoyo del Gobierno nacional “en casi 800 millones de pesos” y la visita del presidente Alberto Fernández el fin de semana a pesar de que “algunas piedras la opacaron”.

“Va a pasar mucho tiempo para la reconstrucción. No hay energía eléctrica y el agua potable faltará por al menos dos meses”, describió Luenzo, e informó que en las últimas horas se produjeron nuevos focos en las zonas de Epuyén y El Correntoso.

La rionegrina Silvina García Larraburu también elogió el compromiso gubernamental para atender las consecuencias de los incendios, en los que -aseguró- se combinan “condiciones de sequías extremas” con “manos negras”.

Lea también: Senadores se cruzaron por el “vacunatorio VIP” y la citación a Vizzotti

La última comisión en ratificar autoridades fue la de Salud, donde el radical jujeño Mario Fiad seguirá como titular, secundado por el oficialista santiagueño José Neder, y el rionegrino Alberto Weretilneck como secretario.

Fiad resaltó el trabajo realizado en la comisión el año pasado en el marco de la pandemia. “El 70% de los proyectos ingresados en los primeros seis meses tuvieron paso por la Comisión de Salud. Más allá de las leyes que se pudieron sancionar, muchas otras pasaron a Diputados y esperamos que pronto sean ley”, dijo.

El legislador sostuvo que “la pandemia ha recuperado la centralidad de la salud” y agregó que ese tema “nunca tendría que haber dejado de ser algo prioritario en la agenda. Es importante que mantengamos ese compromiso desde nuestras bancas”.

Además, Fiad informó que en función de la ley sancionada el año pasado, llegaron a sus manos seis informes sobre los diferentes contratos que firmó la Nación con distintos laboratorios para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, pero debido a las cláusulas de confidencialidad deberán ser abordados de modo presencial.

Por las dudas sobre el proceso de vacunación, la radical Silvia Elías de Pérez pidió convocar a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero el oficialista Luenzo le salió al cruce y aseguró que “la información que proporciona el Ministerio de Salud es cierta”, y su par Nancy González acusó a la oposición de intentar hacer un “circo”.

Tras un cruce entre los senadores, que incluyó el tema del “vacunatorio VIP”, Fiad confirmó que se convocará a Vizzotti para “aportar claridad y transparencia”.

Más temprano se constituyó la Comisión de Economía Nacional e Inversión, donde fueron ratificados Elías de Pérez como presidenta y Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe) como vice.

El Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que prevé elevar las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, al tiempo que reduce la carga tributaria para las PyMEs y las mantiene al nivel actual para las empresas medianas.

El proyecto al que accedió parlamentario.com prevé una escala tributaria que considera tres segmentos relacionados con las ganancias de cada empresa. En un primer escalón se considera una alícuota del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta un millón de pesos; el segundo segmento eleva el gravamen al 30% para ganancias netas acumuladas de más de 1.300.000 pesos y hata 2.600.000. El último segmento es del 35% para ganancias netas acumuladas superiores a 2.600.000 pesos.

Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota del 7% a través del impuesto cedular vigente.

El proyecto recuerda que hasta el año 2017 las sociedades pagaban por Ganancias una alícuota del 35% sobre los beneficios, y los accionistas, en su carácter de personas humanas, estaban alcanzadas por un 10% adicional sobre los dividendos distribuidos, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 26.893 y hasta el año 2016.

Sin embargo, con el cambio de Gobierno se modificaron las prirodiades y las políticas de Estado, reseña la iniciativa. Allí se expresa que durante su primer año, se decidió derogar el tratamiento dispuesto por la Ley 26.893 a los dividendos distribuidos y posteriormente, mediante la reforma tributaria de 2017 se estableció una reducción gradual de la alícuota societaria combinada con un impuesto cedular sobre las utiliades distruibdas a personas humanas, sucesiones indivisas y beneficiarios o beneficiarias del exterior.

El proyecto recuerda que la modificación buscaba fomentar las inversiones externas y la reinversión de utilidades. Sin embargo, advierte que “diversos estudios han demostrado la inversión en nuestro país no es particularmente sensible a la tasa del impuesto a las Ganancias y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico”.

Así las cosas, consideran que la reducción provocó “pérdidas de recursos tributarios” y tuvo “nulos efectos” sobre la inversión. “Ni siquierar se vio reflejado en generación de empleo genuino”, observa el texto oficial.

Por eso es que esta administración buscó recomponer la sustentabilidad de corto plazo de las finanzas públicas mediante la ley de emergencia pública aprobada al inicio de esta gestión, que suspendió por un año la reducción en la alícuota de beneficios empresariales que debía regir a partir del período fiscal 2020. por eso se mantuvo la aícuota empresaria del 30% y la alícuota del 7% sobre dividendos distribuidos.

La norma impulsada por la actual gestión buscará introducir modificaciones permanentes a la t asa de sociedades en el impuesto a las Ganancias, “pero con un nuevo esquema innovador en la historia del sistema tributario argentino que establezca un tratamiento diferencial en beneficio de las sociedades de menor tamaño o que, por alguna circunstancia, obtengan bajas rentas en un determinado período fiscal”. Concluye el mensaje que con ello se hacen eco de “una demanda histórica de las PyMEs, concediendo así más progresividad al tributo y al sistema en general”.

El esquema propuesto permite reducir el impuesto que pagarán las pequeñas empresas y mantenerlo para las medianas. Solo se aumenta para las empresas más grandes.

“Con este nuevo esquema, el 75% de las empresas pagarán una alícuota del impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020”, expresa la medida. En los fundamentos se expresa que le están dando “una orientación de política pública muy diferente a la concebida en la reforma de 2017”, que preveía una reducción de alícuota del 25% para todas las empresas y se reserva esta tasa menor a aquellas sociedades que obtienen un nivel de renta (el primer tramo, hasta $1.300.000 anuales de ganancia neta imponible) y que difícilmente distribuyan dividendos. Como el proyecto incorpora la aplicación de alícuotas marginales o sobre el excedente, las empresas que arrojen beneficios acumulados gravados superiores a $1.300.000 anuales empiezan a pagar la tasa del 30% por los montos excedentes de esa cifra y pasarán a pagar la tasa del 35% por las rentas adicionales a $2.600.000.

“Adoptar este esquema permitiría incrementar la recaudación tributaria del impuesto sin afectar (de hecho, beneficiando) a las empresas de menor tamaño”, añade el texto oficial.

Santander lanza una línea de inversión para MiPyMEs con una tasa de 30% anual fija en pesos. Con ese fin se destinarán 10.000 millones de pesos, el plazo será hasta 48 meses y no tendrá gastos de otorgamiento ni comisiones. 

Los créditos podrán destinarse a la adquisición de bienes de capital y la construcción de instalaciones necesarias para la producción y/o comercialización de bienes y/o servicios. Algunos ejemplos son compra de maquinaria, computación, tornos, equipo médico, equipo industrial, entre otras inversiones, y líneas de prendarios para camiones, utilitarios, y maquinaria agrícola. 

Al mismo tiempo, habrá una línea para financiar capital de trabajo, como el pago de salarios o compra de mercadería, con una tasa de 35% anual fija en pesos, sin comisión, y hasta 18 meses de plazo. Los créditos se otorgarán de forma sencilla y ágil. 

Puede encontrarse más información sobre los requisitos, o cómo presentar los datos de la inversión o de la construcción a efectuar en Santander.com.ar/pymes.

Esta decisión de apoyo a las MiPyME se suma a la posibilidad de tener una cuenta 100% digital, que permite a los titulares de empresas abrir sus cuentas de forma remota y en solo tres pasos. 

Acerca de Santander en Argentina 

Santander Argentina es el primer banco privado del sistema financiero argentino en ahorro (depósitos más fondos comunes). La entidad cuenta con 430 sucursales tradicionales, 8 sucursales de integración social, 5 oficinas digitales, 3 Work Cafés, más de 3,7 millones de clientes (entre ellos 2,7 millones de clientes digitales, más de 320 mil Mipymes y 1.300 empresas corporativas), más de 8.300 empleados y tiene presencia en 22 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Santander Argentina desarrolla asimismo un amplio programa de banca responsable, que focalizado en la educación superior mantiene más de 86 convenios de colaboración con universidades públicas y privadas argentinas. 

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibió a la asociación civil Soñadores Unidos, que engloba diferentes comedores y merenderos comunitarios, y a empresarios de la industria alimenticia mediana, quienes impulsan un proyecto de ley denominado “Pancitas llenas”, un aporte social-empresario que tiene como objetivo combatir la carencia alimenticia en el país.

En el encuentro que se llevó a cabo en el Salón de Honor, participaron los empresarios Claudio Raffanielo, titular de La Suipachense; Víctor Fera, fundador del mayorista Maxiconsumo y dueño de Marolio y Molto; Julio González, socio gerente de la fábrica de pastas Oralí; y Héctor Darritchon, gerente general de Ivess. Marta Cabrera, presidenta de “Soñadores Unidos”, se hizo presente por parte de la asociación.

La propuesta de los empresarios tiene como objetivo establecer por ley un sistema de donaciones que permita abastecer a unos 20 mil comedores de la Argentina.

En tal sentido, la iniciativa contempla la creación de un fondo fiduciario para lograr mayor agilidad en la operatoria, transparencia, control y cobertura nacional; una comisión fiscalizadora, formada por miembros de trayectoria solidaria de diversas universidades, la cultura y la sociedad; la tarjeta directa, que da transparencia de la inversión que hace el Estado en materia de seguridad social eliminando intermediarios entre el/la titular de un comedor comunitario y los fondos públicos; y un programa de nutrición y alimentación adaptado a las necesidades nutricionales de la población.

Además, estuvieron en la reunión Luciano Di Tella, director de la PyME lácteos Yatasto; Rolando Ocar, socio gerente de Ocar Hermanos SRL; Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba; y Horacio Alonso, interventor de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas. También estuvo presente el diputado nacional del Frente de Todos Carlos Selva.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de las empresas alimenticias: Orali, Molto, Marolio, Ivess, Emeth, La Suipachense, Guaymallén, Nucha, Villa D’Agri, Doña Noly, El Sol De Bella Vista, Ocar Hermanos, Bacalar, La Tarantela, Festa Lácteos, Lácteos Yatasto, Maxiconsumo, Cabaña Santa Marta, Empanadas de 10, Petroquímica, Cordis, Induvian, proveedores industriales, Rosenteck, Indra Inox, Rinar, Grupo América, Neocolor, Gráfica Argentina, De Marinis Comunicación Visual, Equipos del Chef, P5 Transporte, VHJ Plus Service, Symtron, SH mecanizados, Suprabrokers Argentina S.A., Los Amores, JC Business, y Vargas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participó este martes junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio De Mendiguren; del anuncio de nuevos créditos para PyMEs con tasa bonificada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

“Por estos días, se escucha mucho la idea de que estamos frente a un Gobierno antiempresa. Sin embargo, vemos hoy a un banco BICE y a un ministro anunciando siete años de plazo con tasa subsidiada, dos años de gracia y 500 mil millones en créditos para las PyMEs para el año que viene.

Este Gobierno apuesta a que las PyMEs sean el fenómeno generador de empleo”, resaltó Massa durante el anuncio, desde la empresa Bandex, en la localidad de Avellaneda.

En esa línea, el titular de Diputados agregó que “en esa alianza entre la producción y el trabajo es donde está el camino de desarrollo de la Argentina, y en la PyME, que representa el 70 % del empleo y es el reflejo social de nuestro país”.

“Bajar una persiana cuesta un día, volver a levantarla cuesta años. El Estado está poniendo el cuerpo, la decisión política y los recursos para sostener a nuestro tejido PyME, porque sin duda que es sostener el empleo pero además la actividad de la Argentina”, continuó.

El dirigente del oficialismo aseguró: “Creemos en el trabajo, porque en definitiva gobernar es generar trabajo para terminar con la etapa de la emergencia que representaron los programas sociales. Pero sobre todas las cosas creemos que la alianza entre el Estado, los trabajadores y los empresarios nos va a permitir generar esa Argentina que produce sus propios dólares, para no pedirle prestado a nadie”.

“Estamos en una de las crisis más difíciles de la Argentina, pero vamos a salir porque este Gobierno cree en las PyMEs y en el trabajo. Esto que vemos acá hoy, un dueño de una empresa junto a sus trabajadores, es un reflejo de toda la Argentina. Tenemos la capacidad de recuperarnos aún de las peores situaciones, nos volveremos a poner de pie”, sostuvo finalmente Massa.

También participaron del acto el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y autoridades de la empresa de envases plásticos descartables Bandex, Diego Leal (director) y José Luis Passerini (presidente), entre otros.

El secretario de Pymes y Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, destacó las medidas para reactivar al sector desde el inicio de la pandemia, al exponer en una reunión virtual de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que preside la senadora Nora del Valle Giménez (Frente de Todos-Salta).

“Tenemos que trabajar muy fuerte en la federalización del financiamiento de las pymes, para que cada instrumento que ponemos en marcha sirva para atender las dificultades y desigualdades que tenemos en todo el país”, resaltó Merediz.

En ese sentido, anunció que se está llevando adelante la implementación de un crédito del BID por 500 millones de dólares destinado a la reactivación productiva, para capital de trabajo y refinanciación de pasivos a tasas subsidiadas de entre el 10% y 24% con garantías del FOGAR.

El financiamiento será por un total de 248.000 millones de pesos y la asistencia llegará a 86.700 pymes de todo el país, mientras que se destinarán otros 800 millones de pesos para emprendedores, informó el funcionario.

El secretario de PyME y Emprendedores de la Nación @GuilleMerediz expuso ante la Comisión de Economía Regionales del @SenadoArgentina que presido los resultados de las medidas implementadas para el sector en la pandemia y presentó el plan de reactivación. pic.twitter.com/fRLnAbdvNp

— Nora del Valle Giménez (@noragimenezok) September 28, 2020

Merediz inició su presentación detallando los alcances de las herramientas implementadas ante la pandemia: “El IFE, el ATP, los créditos con FOGAR, la moratoria y todos los instrumentos financieros configuran un conjunto sistémico de iniciativas que tuvieron como objetivo cuidar el capital organizacional de las empresas, cuidar a los trabajadores en esta coyuntura compleja”.

De todos modos, dijo que “estos instrumentos están en plena revisión porque la situación de pandemia va cambiando en forma permanente”.

En relación a la necesidad de encarar una agenda federal, Merediz mostró la distribución del crédito por provincia. “Cuando se ven los créditos garantizados por el FOGAR en 55.000 millones de pesos, se observa que la Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran el 70% de créditos otorgados y el 69% de las garantías. Tenemos que trabajar muy fuerte en la federalización del financiamiento y para que cada instrumento que ponemos en marcha sirva para las dificultades y desigualdades que tenemos en materia federal”, detalló el funcionario.

Por otra parte, resaltó el trabajo en mesas provinciales regionales: “Es fundamental poder pensar una agenda de competitividad regional y hemos sostenido reuniones con todas las regiones de nuestro país. Para nuestra gestión, la federalización del financiamiento, los programas de asistencia, el fortalecimiento de las cadenas de valor y de la competitividad de las pymes y la vinculación institucional en territorio de las pequeñas y medianas empresas con a las universidades, el INTI y a los centros tecnológicos, son la columna central de trabajo”.

Giménez, presidenta de la comisión, manifestó que “las demandas de las pymes son moneda corriente en las realidades de nuestras provincias”, y mostró interés en sumar a los legisladores “a este plan estratégico para concretar el mayor desafío que tenemos, que es el desarrollo local y la posibilidad de incluir y encontrar caminos de solución para este sector”.

Luego de que la semana pasada se postergara su visita para este lunes, a partir de las 14 se presentará la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMES del Senado de la Nación recibirá la visita del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo.

En efecto, Guillermo Merediz presentará resultados sobre las medidas implementadas para el sector en la pandemia y presentará el plan de reactivación por sectores.
La presidenta de la comisión, la senadora Nora Giménez, informó además que le acercaron al secretario algunas consultas de los legisladores que serán respondidas durante la reunión.

Se postergó para la semana que viene la convocatoria prevista para este lunes a las 14, de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMES del Senado de la Nación. Estaba prevista para este lunes la presencia del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Guillermo Merediz, en la que el funcionario iba a presentar los resultados de las medidas implementadas para el sector en la pandemia y presentará el plan de reactivación por sectores.

La presidenta de la comisión, la senadora Nora Giménez, informó además que le acercaron al secretario consultas de los legisladores que serán respondidas cuando se realice la reunión. El encuentro fue pospuesto para la próxima semana por cuestiones de agenda.

Este lunes la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y PyMES del Senado de la Nación recibirá la visita del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Guillermo Merediz. Será a partir de las 14, con la metodología remota, y durante el encuentro el funcionario presentará los resultados de las medidas implementadas para el sector en la pandemia y presentará el plan de reactivación por sectores.

La presidenta de la comisión, la senadora Nora Giménez, informó además que le acercaron al secretario algunas consultas de los legisladores que serán respondidas durante la reunión.

Mientras que la pandemia del coronavirus azota con dureza a las PyMEs y a diferentes eslabones del sector productivo, una empresa logró mantenerse en pie al desarrollar una plataforma de transmisión en vivo para la realización de eventos virtuales, logrando así que sus clientes tengan “una nueva manera de relacionarse efectivamente con sus consumidores”.

Se trata de Naiades, una empresa que se dedica a la organización de eventos, así también en áreas tales como marketing, comunicación y diseño, entre otros, que, ante la crisis que el Covid-19 trajo a la Argentina, pudo encontrar una oportunidad para seguir operando.

De esta manera, la entidad desarrolló una plataforma “live-streaming” para realizar eventos virtuales, el cual tiene muchas de las características de los eventos presenciales, pero agrega posibilidades propias de la tecnología.

“Así, se logró reorganizar la agenda de los clientes, quienes, por su parte, encontraron una nueva manera de relacionarse efectivamente con sus consumidores”, sostuvieron desde Naiades.

Para Jimena Pérez Reboa, fundadora y CEO de Naiades, la idea “no fue recrear charlas o entretenimientos en vivo, algo que ya ofrecían muchas otras plataformas del mercado, sino recrear la experiencia completa del participante en un evento y agregar un factor de ‘gamification’ para incentivar su interacción”.

Esta plataforma, según el comunicado, “saca partido de las posibilidades no disponibles en los eventos físicos”, puesto que “permite conectar desde cualquier lugar a un número mucho mayor de participantes, que pueden acceder a múltiples charlas en simultáneo y luego volver a verlas ‘On Demand’”.

“Además, la plataforma cuenta con espacios para marcas y sponsors, chats en vivo, desafíos, sorteos, y un ranking de usuarios: mientras más interacciones realiza el participante, mayor es su posibilidad de obtener premios”, agregó.

Es que, el cambio de mentalidad al que conllevó la pandemia, exigió “una transformación en las actividades del equipo interno de la agencia”. Por tanto, las personas dedicadas a eventos físicos se “volcaron a lo virtual y la adaptación se convirtió en la cualidad más valorada”.

Al respecto, Pérez Reboa consideró que no es una opción pensar que en la época post Covid-19 se volverá a los viejos hábitos y costumbres. “En mi opinión, el mundo que se viene es un mundo híbrido, donde todas las acciones serán pensadas con una lógica on y off-line”, concluyó.

Desde el Congreso de la Nación buscan avanzar en un programa de acompañamiento e inserción digital de comercios y Pymes, en pos de la reactivación de las ventas, en el marco de la crisis económica producto de la pandemia Covid-19.

Esta iniciativa apunta a los comercios y pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del país que no posean dominio inscripto en la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet, y apunta a la transición digital, principalmente a aquellos comercios que por una cuestión de costos o limitaciones técnicas, no pueden insertarse en el mundo digital.

Se trata de una iniciativa de la diputada radical de JxC Josefina Mendoza, que cuenta con el acompañamiento de sus pares Austin Brenda, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Ximena García, Claudia Najul, Dina Rezinovsky, Dolores Martínez, Fabio Quetglas, Hernán Berisso, Juan Aicega, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate, Carlos Fernández, José Núñez, Gabriela Lena, Gabriela Burgos, Soledad Carrizo y Camila Crescimbeni, entre otros.

El proyecto fomenta la digitalización ayudando a las empresas a registrar su dominio, generar su página y registrar su marca de forma gratuita. Además, crea un programa de voluntariado, tendiente a ser articulado con universidades y que a su vez este sirva en cierta medida de práctica profesionalizante, y contiene también beneficios fiscales para ayudar al proceso de transición digital, principalmente para los comercios que no cuentan con estas herramientas.

“Esta iniciativa fomenta la creación de trabajo formal, creando incentivos fiscales, para aquellos que actualmente comercializan online pero no están registrados bajo ninguna categoría, como muchos emprendedores que venden por Facebook o Instagram, ellos ya están en el comercio electrónico pero la idea es incluirlos al mercado formal”, apuntó Mendoza.

Además, la legisladora pidió al Gobierno nacional que otorgue el beneficio del 100% del pago del monotributo, durante el lapso de tres meses, para aquellas personas que realizan ventas online a través de las redes sociales y aún no están inscriptas en el régimen de monotributistas de la AFIP, para que formen parte de la economía formal del país. Vale resaltar, que el comercio electrónico con respecto al año pasado creció más del 60%, en abril llegó a ser del 84%.

“La idea principal de este proyecto es que no se queden atrás aquellos que, por falta de recursos o estructura, no pueden insertarse en este tipo de comercio. Acompañar e incluir en este tipo de cosas que llegaron para quedarse”, remarcó Mendoza.

El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Mario Cafiero, expuso este martes en el Senado, donde destacó el rol de la economía social en la recuperación de la economía post-pandemia del Covid-19.

Cafiero expuso por videoconferencia ante la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que preside Nora del Valle Giménez (Frente de Todos).

El funcionario señaló que “esta pandemia y esta circunstancia que estamos enfrentando ha despertado un enorme interés por la economía social y solidaria”, y agregó que se trata de “verdaderas empresas sociales, actores dinámicos en la economía real”.

“En esta recuperación económica a la que todos aspiramos, este puede ser el tercer motor de la economía: hay un motor que es el Estado, otro que es el sector del capital, y otro que es el sector de la economía social y solidaria”, puntualizó.

Cafiero subrayó que “la economía social y solidaria representa alrededor del 9% del Producto Bruto del país” y en ese sentido “hay más de 2.400 municipios donde por lo menos hay una cooperativa o una mutual”.

Por eso, señaló que “desde un primer momento de nuestra gestión sostuvimos la política de que el INAES tenía que estar en el territorio”.

“Hay cerca de 10.423 cooperativas en Argentina, 3.430 mutuales, 18 millones y medio de argentinos que somos socios de alguna cooperativa y cerca de 1.016.0000 argentinos que somos asociados a  alguna mutual”, detalló.

También informó que “las mutuales emplean cerca de 35.000 personas, el personal de las cooperativas es más de 75.000 y los trabajadores asociados a cooperativas de trabajo son más de 170.000”.

A continuación, el funcionario puntualizó que “el INAES es un órgano cogestionado” que puso en marcha “31 comisiones técnicas asesoras que abordan distintas áreas donde trabajamos de manera participativa para buscar cómo articular políticas públicas entre la economía social y el Estado Nacional”.

Asimismo, comentó que promueven “la creación de mesas de asociativismo  y economía social, a nivel distrital, en todo el país: hay más de 77 mesas en marcha y cerca de 130 núcleos promotores”.

Cafiero habló además de la digitalización de los trámites del INAES, los convenios firmados hasta el momento, la ejecución de casi el 99% del presupuesto del primer semestre y la creación de un “Banco de proyectos de la economía social”, con fuente de financiamiento diversificada.

A su vez, reveló que se otorgaron nuevas personerías a 213 cooperativas y 17 mutuales nuevas, además de la rehabilitación de 31 cooperativas.

Por último, adelantó que el próximo 5 de agosto lanzarán, junto con la Federación Argentina de Municipios (FAM), un plan de capacitación para funcionarios municipales en el que “se anotaron 800 personas de 276 municipios de todo el país”.

Durante la reunión, fue designado como vicepresidente de la comisión el senador Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego), y se pasaron a la firma los dictámenes de diez proyectos de declaración y uno de comunicación.

Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y Paula Oliveto presentaron un proyecto de ley para suspender las ejecuciones patrimoniales por deudas y pedidos de quiebra de MiPyMes, que tengan origen posterior al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La prohibición alcanza a “ejecuciones prendarias e hipotecarias de cualquier origen, embargo de las cuentas corrientes bancarias y cobro de deudas de cualquier origen”.

El proyecto establece también que “el Banco Central procederá a reglamentar la eliminación de toda restricción que de cualquier modo impida, obstaculice o encarezca el acceso al crédito de las personas humanas y/o jurídicas concursadas”.

A su vez, el BCRA “instrumentará una línea de redescuentos destinada a las entidades financieras que asistan a las empresas concursadas que se encuentren en la etapa prevista en el artículo 43 de la Ley 24.522, que tenga por efecto asegurar a los concursados el acceso a créditos y avales suficientes para formular una propuesta de acuerdo a sus acreedores que sea considerada razonable y viable por la entidad bancaria a cuyo cargo se encuentre la asistencia crediticia”.

“Las empresas concursadas y aquellas en quiebra con continuidad empresaria, podrán contratar libremente con el Estado Nacional siempre que reúnan las condiciones exigidas”, agrega la iniciativa.

En los fundamentos, Campagnoli y Oliveto plantean que “se requiere indefectiblemente la instrumentación de medidas transitorias que resulten eficaces para evitar la quiebra de empresas y la eventual pérdida de innumerables fuentes de trabajo” por la pandemia del Covid-19.

“Las MiPyMes se encuentran en una situación dramática que impacta sobre la actividad productiva general, originando una dura reducción en los ingresos, suspensión y/o despidos de personal, brusca caída de la capacidad de afrontar sus obligaciones en tiempo y forma y la suspensión o el corte total de la cadena de pagos en varios sectores”, agregan.

Por esa razón, las legisladoras piden “el establecimiento de un régimen transitorio de sostenibilidad productiva paras las MiPyMes, deudoras concursadas o susceptibles de entrar en concurso, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de cumplirse y mantenerse hacia el futuro los efectos correspondientes a los actos perfeccionados al amparo de su imperio”.

“También se estima oportuno instrumentar, a los fines de resguardar la existencia del sujeto deudor y mantener el nivel de empleo en las MiPyMes, un régimen de facilidades de pago que permita incluir las obligaciones adeudadas una vez homologado el acuerdo, en tanto no implique un riesgo para los créditos del fisco”, consideran.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) presentó un proyecto de ley para la creación de un régimen temporal de compensaciones y pagos a cuenta de tributos para MiPyMEs. “Tenemos que pensar en la pandemia y en la post pandemia”, afirmó el diputado nacional por Formosa, haciendo referencia a la grave crisis económica y financiera que está atravesando el sector privado a raíz del Covid-19.

La iniciativa tiene el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas para los contribuyentes, quienes podrán mediante esta normativa utilizar créditos fiscales y compensar con diferentes tributos, inclusive con los correspondientes a seguridad social.

El proyecto procura que todas las PyMES que hayan visto mermada su actividad comercial sustancialmente durante la cuarentena, tengan un tratamiento de emergencia para recuperar el capital de trabajo y sostener el empleo.

“Proponemos que se exima de anticipo de ganancias del año 2021, y que otros tributos que hagan frente puedan imputarlos como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. Es decir, que todos los créditos fiscales puedan imputarse a futuros impuestos que se devenguen” subrayó Buryaile.

Cabe recordar que el universo MiPyME incluye alrededor de 600.000, que representan el 99.6% del total de unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado.

A raíz de la crisis, muchas de esas empresas, han gastado sus ahorros. A su vez, se enfrentan a una situación del consumo en recesión. En este contexto, son 61.000 MiPyMEs las que están evaluando cerrar. Con este proyecto se intenta dar un paliativo tributario para el sector, que en este contexto resulta ser una herramienta fundamental.

El diputado nacional radical Ricardo Buryaile presentó un proyecto de ley para la creación de un régimen temporal de compensaciones y pagos a cuenta de tributos para MiPyMEs. “Tenemos que pensar en la pandemia y en la post pandemia”, afirmó el legislador por Formosa, haciendo referencia a la grave crisis económica y financiera que está atravesando el sector privado a raíz del Covid 19.  

La iniciativa tiene el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas para los contribuyentes, quienes podrán mediante esta normativa utilizar créditos fiscales y compensar con diferentes tributos, inclusive con los correspondientes a seguridad social.  

El proyecto procura que todas las PyMEs que hayan visto mermada su actividad comercial sustancialmente durante la cuarentena, tengan un tratamiento de emergencia para recuperar el capital de trabajo y sostener el empleo.  

“Proponemos que se exima de anticipo de ganancias del año 2021, y que otros tributos que hagan frente puedan imputarlos como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. Es decir, que todos los créditos fiscales puedan imputarse a futuros impuestos que se devenguen” subrayó Buryaile. 

Cabe recordar que el universo MiPyME incluye alrededor de 600.000 empresas, que representan el 99.6% del total de unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado. 

A raíz de la crisis, muchas de esas empresas, han gastado sus ahorros. A su vez, se enfrentan a una situación del consumo en recesión. En este contexto, son 61.000 MiPyMEs las que están evaluando cerrar. Con este proyecto se intenta dar un paliativo tributario para el sector, que en este contexto resulta ser una herramienta fundamental.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, precisó este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que la moratoria universal propuesta por el Poder Ejecutivo alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, un monto “equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”.

Al participar de la reunión informativa que dio inicio al debate, Marcó del Pont detalló los aspectos principales del proyecto oficial y recordó que es una ampliación de la moratoria aprobada en diciembre con la Ley de Solidaridad Social.

“El problema del estrangulamiento financiero se generaliza al conjunto del entramado productivo, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también al conjunto de personas físicas, monotributistas y autónomos que no tenían el Certificado MiPyME y no habían entrado en la moratoria” anterior, explicó.

La funcionaria destacó que la nueva moratoria es “generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”.

En ese sentido, resaltó que abarca una deuda total de 534.000 millones de pesos, incluyendo “la deuda que no se está pagando y la que sí esta regularizada con algún tipo de plan”. “Esta deuda es equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”, agregó.

Además, Marcó del Pont mencionó que la deuda exigible se concentra en un 30% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un 26% en provincia de Buenos Aires; un 7.3% en Santa Fe; un 6,8% en Córdoba; y un 4,2% en Mendoza, entre otros distritos. “La situación de endeudamiento con el fisco es relevante en casi todas las provincias”, dijo.

Por otra parte, la titular del ente recaudador señaló que “hay deudores con mayor espalda y otros deudores más débiles, por eso distinguimos entre las condiciones para pequeñas, micro, medianas y grandes empresas”.

En esa línea, indicó que “por primera vez en una moratoria se les exige a las grandes empresas que a cambio de los beneficios que van a recibir asuman compromisos concretos”, como por ejemplo “que por dos ejercicios fiscales no distribuyan utilidades, que no realicen pagos al exterior y que no realicen operaciones con títulos que estén destinadas a eludir la normativa cambiaria”.

Según precisó, entre diciembre y el 30 junio la deuda de las pymes aumentó un 61%, mientras que en el caso de las empresas grandes y las personas humanas que no pudieron ingresar a la moratoria actual, la deuda creció un 179%.

Marcó del Pont explicó los cambios con respecto a la moratoria vigente, entre ellos una baja de la tasa de interés, que será del 2% para los primeros meses y luego será variable. Detalló además que se incluyen todas las deudas vencidas al 30 de julio, se podrá adherir hasta fines de octubre y la primer cuota se pagará a mediados de noviembre.

“No estamos siendo demasiado innovadores respecto a los impuestos que se incluyeron en las moratorias de los últimos veinte años”, agregó la titular de la AFIP, y afirmó que “quedan afuera solamente las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART”.

“El esfuerzo que estamos haciendo es garantizar la sobrevida del mayor universo de empresas de la Argentina”, sostuvo Marcó del Pont, y agregó que “la moratoria es parte de cómo estamos pensando el futuro y estará acompañada de muchas más medidas para dar vuelta el ciclo económico”.

En tanto, consideró ante consultas de la oposición que “medir costos fiscales es muy difícil”. “Si no habilitáramos este respirador, no sé qué pasaría con la recaudación”, reconoció, y habló de “930.000 contribuyentes, de los cuales el 54% son pymes”.

Con la intención de ayudarlas a atravesar la crisis económica que vive el país a raíz de la pandemia del coronavirus, la Legislatura de la Ciudad aprobó -durante la sesión ordinaria de este jueves- un proyecto promovido por los legisladores de la UCR-Evolución, mediante el cual buscan que Gobierno nacional que gestione -a través de los organismos pertinentes- la condonación de las deudas por los servicios públicos que hayan sido adquiridas durante este periodo y exima del pago total y/o parcial hasta la finalización del mismo a todas las PyMEs del distrito capitalino cuyas actividades no se encuentren enmarcadas dentro de las declaradas como esenciales.

En los fundamentos de la medida, explicaron que “como producto de la pandemia del Covid 19, la economía mundial caerá en 2020 un 5% aproximadamente; para Argentina, las estimaciones arrojan un intervalo de contracción de la actividad económica de entre 7% y 10% respecto a 2019”.

Al mismo tiempo los diputados remarcaron que “tomando el mes de abril como primer mes completo de aislamiento obligatorio, la actividad industrial a nivel país cayó más de 25% interanual según el consenso de consultoras privadas. Las únicas dos industrias que experimentaron un aumento leve a moderado en la actividad fueron las del rubro ‘alimentos y bebidas’ e ‘insumos químicos y plásticos’, debido a su carácter sumamente esencial”.

 Asimismo indicaron que “la demanda de energía eléctrica funciona como una buena estimación del ritmo comercial e industrial. En abril, en términos interanuales, la demanda de energía eléctrica del Gran Buenos Aires fue 5.5% menor en el segmento intermedio y se redujo 28.7% en los grandes consumos (más relacionado con la actividad industrial)”.

“El Gobierno porteño cuenta con herramientas limitadas para brindar ayuda a estas empresas. Puede hacer una moderada política tributaria o de créditos a través del Banco Ciudad como hoy está sucediendo; pero a diferencia de las Provincias (excluido el GBA) no tiene competencia regulatoria sobre las facturas de los consumos de los servicios públicos de agua, gas natural y energía eléctrica, que se constituyen como uno de los principales gastos de las PYMES debido a que los entes reguladores han resuelto imputar un consumo estimado ante la imposibilidad de lectura de medidores a consecuencia del aislamiento”, concluyeron.

El proyecto recientemente aprobado lleva la firma de Juan Francisco Nosiglia, Ariel Álvarez Palma, Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Martín Ocampo, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Evolución).

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín, resaltó las medidas de alivio al sector pyme bonaerense anunciadas por el gobernador Axel Kicillof en coordinación con el Gobierno nacional y presentadas bajo la órbita del Programa de Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP).

“La decisión política de sostener las fuentes de trabajo, que tomaron tanto Axel a nivel provincial como Alberto en la Nación responde a una necesidad vital y humanitaria en este momento crítico y es también estratégica para la etapa que vendrá”, aseguró Otermín.

En relación a las propuestas del Gobierno de la provincia incluyen un programa de asistencia tributaria de emergencia instrumentado por ARBA; un programa específico de preservación de empleo que desarrolla el Ministerio de Trabajo; la creación de un fondo municipal para la reactivación de la cultura y el turismo; y un programa de asistencia financiera del Banco Provincia con distintas líneas de financiamiento.

“En esta ventana de tiempo que nos dio la cuarentena no solo pudimos fortalecer nuestro sistema sanitario, también logramos avanzar en la confección de un mapa de realidades sociales y productivas que conviven en nuestro país y puntualmente al interior de la Provincia”, añadió el titular de la Cámara bonaerense, donde se ratificaron los decretos emitidos por el Gobierno provincial en el contexto de la Emergencia y se trataron diversas propuestas de alivio económico para los sectores más comprometidos. 

“En la Nación y en la Provincia de Buenos Aires Alberto y Axel está llevando adelante un enorme esfuerzo de coordinación para dar respuesta a las problemáticas y demandas que derivan de la pandemia. Esta pesadilla pasará y tendremos un Estado más presente y consciente de los desafíos que tendremos que enfrentar para ponernos de pie”, concluyó Federico Otermín.

Durante el anuncio, Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens; y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Previamente, los funcionarios mantuvieron una reunión por videoconferencia con representantes de distintas cámaras de producción y comercio bonaerense, donde se detallaron las distintas líneas. Participaron el titular de ARBA, Cristian Girard; y el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En el marco de la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del Covid 19, y las consecuencias económicas que está generando, diputados de la oposición presentaron en el Congreso de la Nación una iniciativa que busca la implementación de un “Régimen de Promoción del Empleo Joven”. 

El objetivo de la iniciativa es fomentar la creación y preservación de puestos de trabajo registrado, en el marco de las políticas públicas nacionales destinadas a potenciar el desarrollo económico y social del país, y facilitar también el ingreso temprano de nuevas generaciones al sistema de relaciones laborales, como base de su formación y desarrollo. 

El proyecto abarca a los jóvenes de entre 18 a 29 años, que se encuentren desempleados o dentro del mercado informal de trabajo, y personas con discapacidad sin límite de edad; y los empleadores beneficiarios serían PyMEs o empresas cuya facturación se haya reducido un 30% durante la pandemia producida por el Covid. 

Además, la iniciativa apunta a implementar la exención de las contribuciones patronales por hasta 36 meses (Comprende SIPA, INSSJP, FNE y Asig. Familiares), promover un incentivo a la contratación de jóvenes igual al 50% del salario bruto por 12 meses y la abstención administrativa de la AFIP en cuanto la aplicación de multas por las nuevas relaciones laborales que se generen en el marco de este régimen. 

El proyecto de ley fue presentado por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Adriana Cáceres con las adhesiones del jefe del bloque Pro, Cristián Ritondo, y sus pares Silvia Lospenatto, Martín Medina, Soher El Zukaria, Natalia Villa, Camila Crescimbeni, María Lujan Rey, Mercedes Joury, Ezequiel Fernández Langan, Ignacio Torres, Gabriel Frizza, Sofia Brambilla, José Núñez, Alberto Asseff, Ingrid Jetter, Omar De Marchi, Hernán Berisso, Alfredo Schiavoni, Adriana Ruarte, Jorge Ricardo Enríquez, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky y Virginia Cornejo. 

“Por el triste contexto que le toca atravesar al país por el Covid 19, serán determinantes las medidas que el Estado adopte con el fin de mitigar los posibles efectos económicos”, apuntó Cáceres.  

La idea central del proyecto es “promover la creación y preservación de puestos de trabajo”, a través de beneficios tales como la exención de las contribuciones patronales, la creación de un incentivo económico compensatorio igual al 50% del SMVM para las empresas que incorporen jóvenes, como así también la posibilidad para las empresas de ser eximidas de las multas correspondientes por la formalización de trabajadores, entre otros beneficios. 

Cáceres señaló también que en épocas de crisis “son los y las jóvenes los primeros en ser expulsados de los ámbitos laborales y son los últimos en reincorporarse cuando el ciclo económico comienza a ser positivo otra vez, por su bajo nivel de formación”. 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) coincidieron en la necesidad de que se sancione la norma impulsada por el legislador entrerriano del Frente de Todos Marcelo Casaretto, en un contexto signado por la caída de la actividad, la baja en la facturación y el cierre de establecimientos.

“La ampliación de la moratoria para deudas acumuladas es clave en este contexto para llevar un poco de alivio a las PyMEs y fortalecer la producción. esperamos su pronto y ágil tratamiento en el Congreso”, esgrimió el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.

Por su parte, CGERA, presidida por Marcelo Fernández, reclamó que la medida “se extienda hasta que finalice la cuarentena”, en una diferencia respecto del proyecto de Casaretto, que comprende impuestos, aportes y contribuciones hasta el 31 de mayo.

Si bien son dos entidades independientes, CAME y CGERA resolvieron el año pasado relanzar en forma conjunta a la CGE (Confederación General Económica) y habitualmente coinciden en los reclamos de las pequeñas y medianas empresas.

Luego de haber impulsado un proyecto a través del cual le solicita al Gobierno nacional que condone las deudas por los servicios públicos desde el inicio de la cuarentena y exima del pago hasta su finalización a todas las PyMEs de la Ciudad,  el legislador de la UCR-Evolución Juan Francisco Nosiglia volvió a insistir en la necesidad de que se avance con esa iniciativa.

Es que a través de un proyecto de resolución, desde Evolución proponen efectuar una política de emergencia para aquellas PyMEs que no se encuentren dentro de las actividades declaradas esenciales tales como construcción, servicio y comercio, contemplando las micro, pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, el radical explicó que “desde abril, la actividad industrial a nivel nacional cayó más de 25%” y remarcó que “apenas el 41,5% de las PyMEs del AMBA logró pagar en tiempo y forma los salarios de marzo. El 76% reportó una merma en las ventas de entre el 75% y el 100% lo que dejó en evidencia la crítica situación en la que se encuentran”.

Además precisó que “el Gobierno está desarrollando un programa para subsidia parte de los salarios de las empresas beneficiarias, pero ante la situación crítica de la economía hay que realizar todos los esfuerzos necesarios para no dejar caer a ninguna PyME más” e insistió en que “allí nos jugamos la mayor parte de las fuentes de trabajo del país”.

“Las PyMEs de la Ciudad cuyas actividades no han sido declaradas esenciales se encuentran más expuestas que las de otras provincias o regiones con mayor capacidad de flexibilización del aislamiento”, expresó y concluyó señalando que “si bien se ha establecido la prohibición de cortes de suministro ante la falta de pago, no existe ayuda directa a las PYMES en cuanto al pago efectivo de las facturas de los servicios públicos. La suspensión de cortes en los servicios, bienvenida, es una deuda que se posterga y acumula en el tiempo”.