El legislador de la UCR-Ev volvió a insistir con un proyecto de su autoría para que se condonen las deudas por los servicios públicos que tengan las PyMEs a raíz del aislamiento obligatorio, debido a que está en “juego la mayor parte de las fuentes de trabajo del país”.
Luego de haber impulsado un proyecto a través del cual le solicita al Gobierno nacional que condone las deudas por los servicios públicos desde el inicio de la cuarentena y exima del pago hasta su finalización a todas las PyMEs de la Ciudad, el legislador de la UCR-Evolución Juan Francisco Nosiglia volvió a insistir en la necesidad de que se avance con esa iniciativa.
Es que a través de un proyecto de resolución, desde Evolución proponen efectuar una política de emergencia para aquellas PyMEs que no se encuentren dentro de las actividades declaradas esenciales tales como construcción, servicio y comercio, contemplando las micro, pequeñas y medianas empresas.
En ese sentido, el radical explicó que “desde abril, la actividad industrial a nivel nacional cayó más de 25%” y remarcó que “apenas el 41,5% de las PyMEs del AMBA logró pagar en tiempo y forma los salarios de marzo. El 76% reportó una merma en las ventas de entre el 75% y el 100% lo que dejó en evidencia la crítica situación en la que se encuentran”.
Además precisó que “el Gobierno está desarrollando un programa para subsidia parte de los salarios de las empresas beneficiarias, pero ante la situación crítica de la economía hay que realizar todos los esfuerzos necesarios para no dejar caer a ninguna PyME más” e insistió en que “allí nos jugamos la mayor parte de las fuentes de trabajo del país”.
“Las PyMEs de la Ciudad cuyas actividades no han sido declaradas esenciales se encuentran más expuestas que las de otras provincias o regiones con mayor capacidad de flexibilización del aislamiento”, expresó y concluyó señalando que “si bien se ha establecido la prohibición de cortes de suministro ante la falta de pago, no existe ayuda directa a las PYMES en cuanto al pago efectivo de las facturas de los servicios públicos. La suspensión de cortes en los servicios, bienvenida, es una deuda que se posterga y acumula en el tiempo”.
Los legisladores de la UCR-Evolución impulsaron en la Legislatura porteña una iniciativa mediante la cual se le solicita al Gobierno que se condonen las deudas que estas pequeñas y medianas empresas contrajeron durante el aislamiento social obligatorio.
Debido a una nueva extensión del aislamiento social hasta el 28 de junio, los diputados de la UCR-Evolución presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual le solicitan al Gobierno nacional que gestione -a través de los organismos pertinentes- la condonación de las deudas por los servicios públicos que hayan sido adquiridas durante este periodo y exima del pago total y/o parcial hasta la finalización del mismo a todas las PyMEs del distrito capitalino cuyas actividades no se encuentren enmarcadas dentro de las declaradas como esenciales.
En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “como producto de la pandemia del Covid 19, la economía mundial caerá en 2020 un 5% aproximadamente; para Argentina, las estimaciones arrojan un intervalo de contracción de la actividad económica de entre 7% y 10% respecto a 2019” y remarcaron que “tomando el mes de abril como primer mes completo de aislamiento obligatorio, la actividad industrial a nivel país cayó más de 25% interanual según el consenso de consultoras privadas. Las únicas dos industrias que experimentaron un aumento leve a moderado en la actividad fueron las del rubro ‘alimentos y bebidas’ e ‘insumos químicos y plásticos’, debido a su carácter sumamente esencial”.
Asimismo indicaron que “la demanda de energía eléctrica funciona como una buena estimación del ritmo comercial e industrial. En abril, en términos interanuales, la demanda de energía eléctrica del Gran Buenos Aires fue 5.5% menor en el segmento intermedio y se redujo 28.7% en los grandes consumos (más relacionado con la actividad industrial)”.
“El Gobierno porteño cuenta con herramientas limitadas para brindar ayuda a estas empresas. Puede hacer una moderada política tributaria o de créditos a través del Banco Ciudad como hoy está sucediendo; pero a diferencia de las Provincias (excluido el GBA) no tiene competencia regulatoria sobre las facturas de los consumos de los servicios públicos de agua, gas natural y energía eléctrica, que se constituyen como uno de los principales gastos de las PYMES debido a que los entes reguladores han resuelto imputar un consumo estimado ante la imposibilidad de lectura de medidores a consecuencia del aislamiento”, concluyeron.
La medida lleva la firma de Juan Francisco Nosiglia, Ariel Álvarez Palma, Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Martín Ocampo, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Evolución).
El legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña junto a otros diputados de ese espacio impulsaron un proyecto que prevé incrementar los impuestos a ese sector, a fin de sostener el empleo privado y en las cooperativas de trabajo de la Ciudad.
En el marco de la pandemia del coronavirus, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley, con la intención de brindar y financiar la asistencia a trabajadores de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y a los de las cooperativas de trabajo mediante un aumento de las tasas de Ingresos Brutos al sector financiero.
La iniciativa -que lleva la firma de Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Juan Manuel Valdés, Claudio Morresi y Laura Velasco- prevé un incremento del 50% de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos aplicable a bancos u otras instituciones financieras de carácter privado, con el objetivo de transferir esos recursos a la sostenibilidad de empleo en esos otros dos sectores. Se calcula recaudar al menos 50 mil millones de pesos.
Al respecto del texto, Barroetaveña expresó que “la pandemia puso sobre la mesa las enormes desigualdades de nuestra ciudad. Por eso, proponemos que quienes más han ganado y siguen ganando financien el sostenimiento del empleo en pequeñas Empresas y cooperativas” y concluyó que “en contexto de emergencia, quienes pueden, deben hacer un esfuerzo para que ningún porteño o porteña se quede sin trabajo”.
El Covid 19 en barrios populares
Por otro lado, Claudia Neira (FdT) solicitó al Gobierno Porteño que presente un “Plan de Ordenamiento del Espacio Público en barrios populares,” con un diagnóstico técnico que incluya un mapeo territorial de cada barrio de la Ciudad, y una planificación sobre las intervenciones del Estado para reordenar el uso de sus espacios públicos.
La iniciativa busca que el Ejecutivo establezca una intervención específica en los espacios comunes de los barrios vulnerables, con el objetivo de prevenir más contagios por Covid 19. De acuerdo a la misma, el Ejecutivo porteño deberá contar con un diagnóstico técnico sobre la situación territorial de cada barrio popular de la Ciudad, que incluya un mapeo colaborativo entre profesionales, vecinos y organizaciones barriales y un indicador de vulnerabilidad urbano-sanitaria por manzana. Detallando además una planificación para la integración urbana de cada barrio con su entorno inmediato y la incorporación de superficies de expansión recreativa, que permitan disminuir los posibles efectos del hacinamiento y la ausencia de espacios públicos existentes.
En relación al proyecto, Neira consideró que “es necesario intervenir el espacio público de los barrios populares con mucha inteligencia porque la cuarentena comunitaria no puede significar no intervenir para prevenir el coronavirus y esa intervención debe ser planificada” y sentenció que “estamos en diálogo permanente con el Ejecutivo porteño y queremos colaborar, tal como lo viene haciendo el Gobierno nacional, para que la Ciudad pueda atravesar el pico de contagios sin tener que lamentar más sufrimiento”.
La senadora nacional mantuvo una reunión virtual con las entidades de AME, CARPA, MAPO Y APYMEL, y presentó un proyecto de Mercados Electrónicos de Transacciones Agropecuarias.
La senadora nacional Clara Vega mantuvo una reunión virtual con las entidades de CAME, CARPA, MAPO Y APYMEL, en la que tuvo oportunidad de dar a conocer el proyecto de ley Mercados Electrónicos de transacciones Agropecuarias (META) que presentará en el Senado.
Al respecto, Vega detalló que el proyecto consiste en “mejorar y transparentar el funcionamiento de los mercados de materia prima y productos procesados de las distintas cadenas de valor agropecuario”.
A su vez, la senadora riojana aseguró que la finalidad del sistema META es ayudar a disminuir los costos, “dando mayor transparencia y efectividad en el control de las transacciones realizadas en el sector agropecuario”.
Durante el encuentro, los representantes de las entidades comentaron la difícil situación por la que atraviesan las economías regionales y el sector PyME en el marco de la pandemia. Pablo Vernengo, director ejecutivo de CAME, afirmó que “las economías regionales han sido olvidadas. De los préstamos que Nación puso a disposición de las empresas, solo entre el 20% y el 25% tuvo la posibilidad de obtenerlos”.
Por su parte, Mario González, de CARPA refirió que “en La Rioja una gran parte de los comerciantes sufrieron la misma situación, viéndose imposibilitados de generar ingresos y acceder a esta asistencia”.
El exdiputado nacional Alex Ziegler, quien integró junto a Vega la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados, destacó la necesidad de “poner en valor el federalismo, pero desde la mirada de los federales, es decir desde las regiones productivas”.
Para finalizar, Vega remarcó: “Debemos ponernos a trabajar ya en un Plan de Unidad y Reconstrucción nacional para acompañar a todos los argentinos en la crisis económica profundizada por el Covid 19. En esta estrategia de reactivación, los productores, las economías regionales y las PyMEs tienen un rol fundamental”.
Al destacar las medidas tomadas por la pandemia, durante una reunión de comisión virtual, el ministro de Desarrollo Productivo dijo que se trata de “uno de los paquetes más contundentes y grandes de la historia contemporánea del país”.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, remarcó este martes que “nueve de cada diez hogares están recibiendo algún tipo de ingreso del Estado” y destacó que las medidas lanzadas por el Gobierno para contener a los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19 constituyen “uno de los paquetes más contundentes y grandes de la historia contemporánea del país”.
“A pocos meses de iniciado nuestro gobierno nos tocó afrontar esta crisis inédita y estamos poniendo todos los esfuerzos en sostener el empleo y la producción, garantizar el abastecimiento de alimentos y cuidar los ingresos de los hogares. Nueve de cada diez hogares están recibiendo algún tipo de ingreso del Estado, ya sea por el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), los salarios del Estado, jubilaciones, AUH o por créditos a tasa cero”, enumeró.
Así se expresó el funcionario al participar de una reunión virtual de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MiPymes del Senado, que preside Nora del Valle Giménez (Frente de Todos-Salta). La videoconferencia duró cerca de cinco horas.
Kulfas anticipó a los senadores que, dado que “en abril fue necesario limitar en extremo la actividad económica, hay sectores en los que la producción va a dar cero” ya que en muchos casos “va a haber una caída de producción interanual del 100%”. “Esto de cerrar sectores enteros nunca le había pasado a la Argentina en su historia”, subrayó, al poner como ejemplo las centrales automotrices que dejaron de producir en el país y en el mundo.
El ministro sostuvo que en esta etapa, “la idea es que las restricciones sanitarias convivan con el restablecimiento de la actividad económica”, y agregó que “la salida de la crisis va a demandar un esfuerzo muy significativo”.
“La crisis alteró completamente nuestros planes y los de todo el mundo”, arrancó Kulfas, y recordó que antes de la pandemia, en el primer bimestre del año, se habían registrado algunos indicadores positivos, como una mejora del poder adquisitivo de los salarios “del 5,5%”; mayor asistencia a los hogares de bajos ingresos a través de la Tarjeta Alimentar; un aumento en las ventas de supermercados y shoppings; y un crecimiento de la industria durante diciembre, enero y febrero.
Sin embargo, reconoció que “estos resultados quedaron superados por el impacto de la crisis del Covid-19, una crisis que obligó a parar una parte muy significativa de la actividad productiva”.
El ministro aseguró que “la prioridad puesta en la salud, en evitar que se propague la pandemia”, y añadió que “es falsa la dicotomía entre salud y economía” ya que “si el virus se propaga, eso afectará a la economía”.
“Estamos en una etapa donde la idea es que las restricciones sanitarias convivan con el restablecimiento de la actividad económica”, resumió.
Al repasar las medidas tomadas, recordó que el mismo día que inició la cuarentena, el 20 de marzo, el Banco Central empezó con incentivos a créditos para las MiPymes. En los días siguientes se creó el IFE, se suspendieron los cortes de servicios por falta de pago y también los despidos sin causa o por fuerza mayor.
Asimismo, se creó un fondo específico de 30.000 millones de pesos dentro del FOGAR (Fondo de Garantías Argentino) para garantizar los préstamos bancarios a pymes para el pago de sueldos; y se lanzó el programa ATP (Apoyo al Trabajo y la Producción) para monotributistas y autónomos, que luego fue ampliado.
“La cuarentena se proyectaba en torno a los 15, 20 días, pero rápidamente el balance de las autoridades sanitarias hizo que el presidente ampliara la cuarentena y eso nos llevó a repensar el ATP en la semana del 13 de abril, porque tal como había sido pensado quedaba un poco corto”, tras lo cual se firmó el DNU 376/20 ampliando el beneficio “al sector productivo, servicios y comercios”, indicó Kulfas.
El funcionario detalló que el piso del aporte estatal para el pago de salarios es de un salario mínimo, y el techo es de hasta dos salarios mínimos. Hasta la fecha, el programa pagó, a través de la ANSES, “parte del salario de 2,2 millones de trabajadores de 850.000 empresas” de las cuales “el 99% son micro, pequeñas y medianas”.
“Con este programa hemos priorizado la protección del trabajo, que la mayor parte de los trabajadores afectados por la pandemia puedan recibir este medio salario”, señaló Kulfas, aunque aclaró que en algunos casos lo que aporta el Estado termina siendo más de la mitad del salario.
El ministro de Desarrollo Productivo también destacó “la línea de créditos a tasa cero para trabajadores autónomos y monotributistas, que les permite solicitar hasta el triple de la facturación, con un tope de 150.000 pesos, y se comienzan a pagar en noviembre en 12 cuotas sin interés”. Informó que “hay 415.000 créditos otorgados, de los cuales la mitad ya han sido desembolsados”.
Kulfas también se refirió, en su exposición ante senadores, a la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento, que el Gobierno busca modificar a través de un proyecto de ley que fue enviado a la Cámara de Diputados en febrero, antes de la pandemia.
El ministro destacó que “coincide con la filosofía” de la norma aprobada durante la gestión de Cambiemos, ya que “esta ley será la continuadora de la Ley de Promoción de la Industria del Software”, sancionada en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
“Cuando esta ley fue sancionada, tenía un sector informático de 29.000 personas que exportaba por 200 millones de dólares. A fines del año pasado había 110.000 personas con exportaciones por 2.000 millones de dólares”, comparó Kulfas, y resaltó que además “este sector genera empleo de altísima calidad, empleo joven y en todo el país”.
“Es una ley muy valiosa, pero nos encontramos con algunos problemas de implementación, por eso decidimos suspender su aplicación y enviamos un nuevo proyecto de ley en febrero”, informó, y destacó que hubo una “buena receptividad” por parte de los sectores afectados.
Ante las inquietudes de los legisladores, el secretario de Industria, Ariel Schale, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, abordaron la situación de la actividad tabacalera y se comprometieron a trabajar en el tema contrabando en la actividad, desde Defensa de la Competencia.
En relación a la problemática del sector frutícola, uno de los temas más solicitados por los legisladores fue la prórroga de la ley. “Quiero adelantar que se están pensando en soluciones para este ámbito que próximamente se darán a conocer. Más allá de la emergencia puntual creemos que es necesario pensar una salida más estructural con herramientas que permitan la productividad del pequeño productos de todo el sector frutihortícola. Creo que vamos a coincidir todos en pensar una instancia de conversación para potenciar este sector que es fundamental y ojalá encontremos esa solución, con los gobiernos provinciales”, propuso el ministro.
Otro de los temas más consultados por los senadores fue en relación a la actividad turística. Ante la consulta de la rionegrina Silvina García Larraburu, Kulfas aclaró que parte del foco del ATP está en el ámbito de turismo y cultura, y por eso existe la posibilidad de prorrogar este apoyo hasta octubre. “Estamos trabajando en planes de emergencia para el sector con el Ministerio de turismo y Deportes”, enfatizó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo.
Por su parte, el senador Maurice Closs, de Misiones, pidió por los que quedaron afuera de los ATP, y en relación a los créditos para autónomos y monotributistas, el ministro le solicitó a los legisladores que ayuden a difundir esta herramienta. En el mismo sentido se expresó el senador Claudio Doñate, de Río Negro, y el ministro le indicó que las clínicas privadas están incorporadas al sistema de ATP y señalaron que junto al Ministerio de Trabajo están trabajando en una solución para los trabajadores temporarios que quedaron excluidos del sistema.
Sobre las consultas de la santafesina María de los Ángeles Sacnun, el secretario de Industria adelantó que van a lanzar un programa que potenciará los Parques Industriales con aportes no reintegrables, y un sistema de bonificación de tasas de interés para el fortalecimiento de obras extramuros, incorporarán la figura de parques verdes, promocionarán políticas de género cuando se definan autoridades mujeres en el sector directivo e incorporán la figura de polos tecnológicos que encuentren un espacio, en función de la futura nueva Ley de Economía del Conocimiento.
Respecto a YPF, el ministro resaltó: “Hace una semana mantuvimos reuniones con Sergio Affronti, flamante CEO de YPF para potenciar la utilización de proveedores locales siempre con los mejores estándares de calidad, es una apuesta central”, sostuvo Kulfas y agregó que “el proyecto de desarrollo hidrocarburífero es un plan estratégico para el futuro próximo de nuestro país que está en agenda”.
Por otra parte, los senadores Jorge Taiana y Guadalupe Tagliaferri, consultaron sobre el aumento de los alimentos. En respuesta, tanto el ministro como la Secretaria de Comercio Interior detallaron el trabajo que están realizando en relación al control de precios y reconocieron el aumento de costos desde el producto primario hasta la góndola. “Este es un desafío muy grande porque todavía hay mucho para trabajar en la reducción de precios y costos”, dijo el ministro.
Planes de Ahorro, tarifas diferenciales para provincias generadoras de energía, desarrollo de zonas francas, reintegro de exportaciones, reformas impositivas con especial énfasis en los impuestos distorsivos, el fomento al agregado de valor del litio y de las economías regionales, fueron otros de los ejes abordados.
Se trata de la Comisión De Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que sería presidida por la oficialista Nora del Valle Giménez.
Tras realizar la primera sesión virtual de su historia, el Senado llevará adelante este viernes su última actividad de la semana con la conformación de una comisión, en una nueva reunión a distancia.
Se trata de la Comisión De Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se constituirá a las 11 y nombraría como presidenta a la oficialista Nora del Valle Giménez.
Además de Giménez, integrarán la comisión, por el Frente de Todos, José Mayans, María de los Ángeles Sacnun, Silvina García Larraburu, Dalmacio Mera, Roberto Mirabella, Edgardo Kueider, Carlos Caserio, Cristina López Valverde y Norma Durango.
De parte de Juntos por el Cambio fueron nombrados Pamela Verasay, Silvia Giacoppo, Pablo Blanco, Guadalupe Tagliuaferri, Alfredo De Angeli, esteban Bullrich y Clara Vega.
Quince senadores del Interbloque de Juntos por el Cambio apoyan esta medida que apunta a “generar alivio y desahogo financiero”.
El senador nacional de Cambiemos Pablo Blanco presentó un proyecto de ley para sustituir el artículo 22 de la Ley N° 11.683, texto ordenado por el decreto 821/98, y dejar exceptuados de actuar como agentes de retención y/o percepción a las empresas PyMEs a los responsables inscriptos.
El proyecto cuenta con el respaldo de los senadores: Eduardo Costa; Silvia del Rosario Giacoppo, Pedro Braillard Poccard, Alfredo de Angeli, Juan Carlos Marino, Víctor Zimmermann, Humberto Schiavone, Laura Rodríguez Machado, Roberto Basualdo, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, Silvia Elías de Pérez, Luis Naidenoff, María Belén Tapia y Oscar Castillo.
“Aunque esta medida parezca pequeña la juzgamos muy necesaria en los tiempos actuales, no solo porque elimina costos, sino también porque alivia la carga de los recursos humanos de las PyMEs y no la desvía de la producción; evita posibles errores en la recaudación y posibilita la utilización de sus recursos en tareas más esenciales”, manifestó el legislador al respecto.
En este sentido, Blanco advirtió que “tanto los trabajadores autónomos como las empresas PyMEs vienen reclamando con razón que no les corresponde la tarea de recaudar impuestos y que su fin es fabricar insumos, productos o brindar servicios de variada índole. Estas entidades y personas no se constituyeron para recaudar impuestos para el Estado sino para producir y generar bienes y servicios”.
“Esta medida generará alivio y desahogo financiero porque al quedar eximidos de cumplir este rol de recaudadores del fisco, podrán disminuir sus costos de administración y dedicarse plenamente a la producción”, finalizó eelsenador.
Quieren que las prestadoras de energía eléctrica que operan en la provincia les facturen a las empresas el costo de la electricidad efectivamente consumida.
El presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para que las prestadoras de energía eléctrica que operan en la Provincia les facturen a las empresas el costo de la electricidad efectivamente consumida y no el de la potencia contratada.
Según explicó Abad, “esto funciona de manera análoga al paquete de la telefonía celular: se contrata un plan, y consumas o no la totalidad de los segundos que incluye ese plan, en la factura pagás la totalidad del valor contratado; acá ocurre lo mismo, las empresas tienen contratada una potencia, pero con la producción frenada por la pandemia el consumo es sensiblemente menor, por eso creo que es necesario ayudarlas y propiciar un ahorro económico muy importante”.
El proyecto con la firma de Abad le pide al Poder Ejecutivo que “arbitre las medidas necesarias y gestione ante las empresas prestadoras de provisión de energía eléctrica que operan en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, 199 cooperativas y la Usina de Tandil) que, por el plazo de 180 días, sólo perciban el valor de energía eléctrica efectivamente consumido, cuando este sea menor a la potencia contratada”.
“Hoy es imperioso que el Estado salga en auxilio de esos sectores de la economía formal. Una de las opciones es intentar bajar los costos fijos que operan sobre esas actividades, y más todavía cuando se encuentran en un virtual estado de paralización industrial, productiva y/o comercial”, sostuvo Abad.
Y resaltó: “el costo de la energía eléctrica es significativo, y lograr una proporcionalidad entre su uso efectivo y su facturación final aparece como una buena medida para bajar, aunque sea parcialmente, la presión de las obligaciones económicas a afrontar mientras dure la situación de parate económico”.
“De acuerdo con el relevamiento que hicimos, la mayoría de los establecimientos consume efectivamente menos energía eléctrica que la que tiene contratada y ese menor consumo debe implicar una reducción proporcional en el coso final del servicio. De esta manera logramos un aporte concreto, necesario y de alivio real a quienes producen y generan empleo”, concluyó Abad.
La senadora nacional consideró que “para poder contener a estos sectores y recuperar el aparato productivo nacional es preciso se profundice reglamentariamente los beneficios a dichos sujetos”.
En el marco de esta crisis económica y frente pedidos concretos de sectores productivos de todo el país, la senadora nacional por el FdT María de los Ángeles Sacnun le pidió al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que “se faciliten reglamentariamente nuevas medidas, entre las cuales se incluya una reducción hasta el 31/12/2020 de al menos el 30% de las boletas de luz en todos los pequeños y medianos comercios, MyPyMEs, Cooperativas, Mutuales y Entidades de Bien Público perjudicados en la actualidad”.
Sacnun explicó que se trata de una ampliación en la reglamentación del decreto 311/20, cuya resolución 173/20 actualmente vigente dispone en su artículo 5 que: “Las instituciones públicas podrán solicitar la inclusión como beneficiarios de la medida y las instituciones privadas podrán solicitar dicha adhesión cuando puedan acreditar una merma de cincuenta por ciento (50%) o más en su capacidad de pago”.
“Lo expuesto evidencia que para poder contener a estos sectores y recuperar el aparato productivo nacional es preciso se profundice reglamentariamente los beneficios a dichos sujetos, evitando desde el Estado que se rompa la cadena de pago y que la pandemia repercuta negativamente en los pequeños y medianos comerciantes de la Argentina”, finalizó la senadora.
Sacnun viene presentando una serie de iniciativas desde que estalló la pandemia que profundizó la crisis económica que castiga por igual a todos los argentinos, y en particular al sector productivo. Varias de estas iniciativas -algunas de ellas proyectos de ley- fueron respuestas a las demandas de una sociedad afectada por este contexto excepcional que genera el coronavirus, tomadas por el presidente Alberto Fernández y puestas en práctica: congelamiento de alquileres, suspensión de desalojos, cortes de servicios de agua, luz y gas; prorrogar la suspensión de la inhabilitación de las cuentas bancarias y la prohibición del cobro de multas y comisiones por el rechazo de cheques.
La medida beneficia a las PyMEs y se implementa a través de un decreto de necesidad y urgencia emitido este domingo por la noche.
El Poder Ejecutivo emitió este domingo un nuevo DNU a través del cual implementa una serie de ampliaciones y modificaciones al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para poder atender, entre otros, la situación de las PyMEs en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19.
A menos de 20 días del decreto que dio lugar a la creación de dicho programa, el Gobierno dio a conocer un nuevo DNU que ofrecerá, entras otras cosas, créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos con garantía del Estado Nacional, el cual se hará cargo de los intereses.
Además, simplificará el sistema y se establecerán mecanismos más directos de ayuda para el pago de salarios por parte de las empresas y para la acreditación de beneficios a particulares.
Según el documento al cual pudo acceder parlamentario.com, se mantendrá la reducción de aportes patronales; el seguro de desempleo será de 6 mil a 10 mil pesos; y todo pasará a ser salario complementario hasta el 50% del salario neto no pudiendo ser inferior a un salario vital y móvil, en tanto que no podrá superar dos salarios de estas características. Un dato no menor es que quienes se inscribieron hasta el viernes en los REPRO se van a reconvertir a este sistema.
Asimismo, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) dispondrá, a través de la Jefatura de Gabinete, de 11 mil millones de pesos para solventar el Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos a tasa 0%.
El Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), por su parte, dispondrá a través de la Jefatura de Gabinete de 26 mil millones de pesos. Finalmente, el Ministerio de Trabajo tendrá la potestad de poder modificar e implementar el Seguro por Desempleo en los casos que corresponda.
Se trata de una iniciativa de la diputada Estela Regidor, para quien “el Estado debe ayudar a las Pymes a través de herramientas que les permitan enfrentar esta crisis”.
La diputada nacional Estela Regidor (UCR Corrientes) presentó un proyecto para que se le otorguen préstamos sin tasa de interés a las micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPymes, mientras dure la emergencia sanitaria por el Covid-19.
“Una de las consecuencias de la Pandemia es la inactividad económica que atraviesa el país, que afecta a todo el sistema, pero mayormente a los sectores productivos más vulnerables que son aquellos que no tienen un capital abundante para paliar la crisis y son los que necesitan una verdadera ayuda del Estado”, señaló Regidor
El proyecto es acompañado por los diputados. Lorena Matzen, Aida Ayala, José Cano, Gerardo Cipolini, Claudia Najul, Álvaro Lamadrid, Diego Mestre, Gabriela Lena, Josefina Mendoza, Jorge Rizzoti, Martín Berhongaray, José Riccardo, Lidia Ascarate y Sebastián Salvador.
“Detrás de cada emprendimiento existe una fuerza de trabajo que también se ve seriamente afectadas, miles de trabajadores penden de un hilo porque las empresas en las cuales prestan sus servicios están a punto de colapsar por el aislamiento social obligatorio ordenado. Ahí es donde el Estado debe respaldarlas a través de créditos a tasa 0% para evitar que las Pymes se vean obligadas a cerrar sus puertas”, sostuvo la diputada radical
Según datos del Observatorio Pyme y de consultoras privadas el 54% de las empresas no están funcionando, solo 1 de cada 10 lo hace en forma completa y el 36% tiene actividades limitadas. El proyecto establece que los préstamos otorgados serán destinados para la constitución de capital de trabajo; pagos de salarios; aportes y contribuciones patronales; cobertura de cheques diferidos; para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa; para la reconversión y aumento de la productividad; para la actualización y modernización tecnológica.
“Si no hay un respaldo efectivo se corre el riesgo de que se rompa la cadena de pago por la cantidad de cheques rechazados y la cantidad de sueldos que se deben abonar. El pago de salarios fue un problema para la mayoría de las Pymes ante la menor actividad y la caída de los ingresos”, expresó la legisladora.
“Debemos poner el máximo esfuerzo en vencer la pandemia y preservar la salud de todos los argentinos, pero eso no significa aumentar la pobreza y el desempleo. El Estado debe estar presente y ayudar y acompañar a las Pymes a través de herramientas que les permitan capear esta crisis sanitaria para mantener activa la economía y el aparato productivo”, finalizó Estela Regidor.
La iniciativa fue presentada por la senadora puntana Eugenia Catalfamo, quien aseguró que este sector es “el motor fundamental de las economías regionales”.
La senadora nacional Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley de “Incentivo Económico para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas por un plazo de 120 días, con el objetivo de “aliviar el impacto negativo y no deseado que genera el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el contexto de pandemia actual”.
“La propuesta surge a raíz de las inquietudes que plantearon los representantes de CAME Joven en una reunión por videoconferencia que tuvimos la semana pasada, en la que hablamos de las problemáticas que tiene ese sector que es el principal generador de empleos y motor fundamental de las economías regionales”, explicó la legisladora por San Luis.
La iniciativa establece que aquellas empresas que hayan reducido su facturación durante los últimos meses y no hayan despedido trabajadores, o presentado balances negativos durante los primeros meses del corriente año, quedarán eximidas de abonar el 95% de las contribuciones patronales durante cuatro meses y serán excluidas del pago de adelanto de ganancias durante el actual período fiscal.
A su vez, según el texto, las MiPyMEs no perderán el beneficio del pago diferido de IVA en el caso de mora en la cancelación y se suspenderá la caducidad en los planes de financiamiento otorgados por la AFIP en caso de falta de pago.
La medida también incluye a los monotributistas y trabajadores autónomos. Para los primeros, inscriptos en las categorías A hasta la E, quedarán eximidos del pago del componente impositivo de la cuota y podrán elegir voluntariamente la postergación del pago de aportes jubilatorios con la posibilidad de cancelar la deuda cuando se encuentren en condiciones de hacerlo. En cuanto a los autónomos, podrán optar por este último beneficio si sus ganancias mensuales no superan 70.000 pesos.
La legisladora nacional radical Lorena Matzen presentó un proyecto para que se aplique de forma “urgente y prioritaria” los beneficios que fueran establecidos por el Decreto 332/2020 de Asistencia al Trabajo y la Producción.
La diputada nacional radical Lorena Matzen pidió al Poder Ejecutivo Nacional, a través de un proyecto, que aplique de forma “urgente y prioritaria”, los beneficios que fueran establecidos por el Decreto 332/2020 de Asistencia al Trabajo y la Producción.
“Todos los mecanismos de asistencia previstos para acompañar la crisis económica como la reducción del 95% en el pago de las contribuciones patronales, la asignación compensatoria al salario a ser abonada por el estado a los empleados de empresas de menos del 100 trabajadores y la asistencia por la emergencia sanitaria a través del REPRO (Programa de Recuperación Productiva), se encuentran esperando la reglamentación que los vuelva operativos y aplicables”, afirmó la legisladora por Río Negro.
Matzen solicitó además, que la Reglamentación hecha por la AFIP, que se limitó a prorrogar el pago de contribuciones personales con vencimiento en marzo, ejecute una quita del 50% sobre esos montos.
Requiere también la “instrumentación conjunta del Programa de Asistencia, Decreto 332/2020, con los gobiernos provinciales, de forma tal de simplificar su aplicación y llegar de forma inminente con estas respuestas a sus beneficiarios”.
“Las caídas en la facturación son un hecho, las dificultades para hacer frente a los salarios son de acuciante gravedad y es de prever que esta situación no permita hacer frente a los salarios de abril. Pymes, comercios pequeños y autónomos están al límite de sus capacidades de supervivencia y toda la respuesta del gobierno nacional es, por el momento, una línea crediticia con tasas inaccesibles del 24%. Demorarse en la puesta en marcha de estos beneficios es un lujo que el Estado no puede darse, porque puede significar la bajada de persiana, sin vuelta atrás, para muchos de los actores del sector que hoy genera empleo en la Argentina”, remarcó Matzen.
La diputada, presidenta de la UCR rionegrina, envió estas propuestas a la gobernadora de la provincia, en especial la de ampliación del beneficio de las REPRO en Río Negro, cuya aplicación requeriría de la asignación de presupuesto por parte del estado provincial.
Acompañan a Matzen en esta iniciativa sus pares Ximena García, Federico Zamarbide, Gustavo Menna, Atilio Benedetti, Roxana Reyes, Fabio Quetlas, Estela Regidor, Gonzalo Del Cerro, Claudia Najul, Jorge Vara, Gerardo Cipolini, Luis Pastori, Jorge Rizzotti, Lidia Ascárate, Aida Ayala y Gabriela Lena.
“Muchas pequeñas empresas se encuentran al borde de la quiebra”, advirtió el senador fueguino Pablo Blanco.
El senador nacional por Tierra del FuegoPablo Blanco presentó un proyecto de ley proponiendo al Gobierno Nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y los organismos competentes, que suspenda el pago de anticipos del impuesto a las ganancias y a los bienes personales para las PyMEs y los responsables inscriptos por el período fiscal 2020.
“Ante esta situación de cuarentena y cierre forzado de negocios e industrias, muchas pequeñas empresas se encuentran al borde de la quiebra. Debemos llevar medidas para aliviar esta situación financiera, en un contexto donde la producción se detuvo y la cadena de pagos se encuentra totalmente colapsada”, consideró al respecto.
En este sentido, Blanco advirtió que “una empresa que tiene dificultades financieras difícilmente pueda subsistir en el tiempo, ya que se verá imposibilitada de adquirir insumos, pagar costos fijos, salarios, proveedores y cancelar total o parcialmente deudas adquiridas. No solo colapsará la organización, sino que también afectará a sus empleados y a otras empresas de las cuales adquiere insumos y servicios”.
“Esta medida aliviará la delicada situación financiera que están viviendo muchas empresas y personas independientes, que difícilmente puedan adelantar este pago. Por eso, en momentos donde la economía está detenida y que cada peso resulta fundamental para volver a poner en marcha la actividad económica y de servicios de nuestro país, solicitamos que estos fondos permanezcan en las empresas por el período fiscal 2020”, concluyó el legislador.
La iniciativa fue acompañada por los senadores: Víctor Zimmermann, Alfredo De Angeli y Silvia Beatriz Elías de Pérez.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio presentó un proyecto destinado a otorgar una serie de beneficios a las PyMEs mientras dure la emergencia pública.
El diputado nacional Jorge Enríquez presentó un proyecto de ley destinado a otorgar una serie de beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas mientras dure la emergencia pública decretada en materia sanitaria con motivo de la pandemia del Covid 19.
La iniciativa, que comprende además a emprendimientos de personas humanas, elimina el pago del impuesto al cheque y las cargas sociales mientras dure la emergencia.
Enríquez sostuvo que exceptuar a las micro PyMEs y emprendedores del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios y condonar la obligación de los aportes patronales a la Seguridad Social “busca compensar de alguna forma la falta de ingresos provocada por la enorme disminución de la actividad económica que tuvo lugar a partir de las medidas de aislamiento originadas en la emergencia sanitaria”. En este sentido, sostuvo que “es imprescindible que el Estado asuma un rol activo para paliar los efectos de la profunda crisis que atraviesa el sector”.
“La necesidad de preservar las fuentes de trabajo es un objetivo compartido por todos los argentinos. No es descalificando a los empresarios, comerciantes y emprendedores como ‘miserables’, ni advirtiéndoles que deben ganar menos como se alcanzará esa meta, porque no se trata de falta de buena voluntad. Nadie más que quien arriesga su capital en una actividad económica desea mantener el empleo de sus trabajadores. Por tal motivo, las políticas de asistencia al sector son en estos momentos urgentes”, concluyó Enríquez.
La legisladora nacional Gabriela Lena presentó un proyecto que busca que empresas puedan regularizar deudas para el cumplimiento de contribuciones.
La diputada nacional radical Gabriela Lena presentó un proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que implemente un plan de regularización de deudas sin intereses para el cumplimiento de las cargas sociales y contribuciones de empresas inscriptos en el Registro MiPyME.
“El plan es para empresas que mantengan a trabajadores en relación de dependencia, y contempla la exención del pago de cargas sociales y contribuciones de la seguridad social y la ampliación de las empresas beneficiarias del Programa de Recuperación Productiva (REPRO)”, explicó la legisladora entrerriana.
Además, permitiría participar a empresas inscriptas en el Registro MiPyME y que acrediten tener más de un 20% de su planta de personal alcanzado por el aislamiento del decreto Emergencia Sanitaria.
Lena remarcó que “con este proyecto proponemos atender a un sector que consideramos especialmente afectado, el de las Micros, pequeñas y medianas empresas que realizan sus actividades en el país”.
Lo hizo la senadora Silvia Elías de Pérez a través de una carta que le envió al titular del Banco Nación, a fin de evitar que los empresarios deban despedir gente y puedan pagar los salarios.
La senadora Silvia Elías de Pérez requirió al Gobierno Nacional que se otorguen créditos a tasa cero a las PyMEs. Lo hizo a través de una nota dirigida al presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.
En su petitorio, la parlamentaria nacional solicitó que se instrumente un programa de créditos, subsidiados a través del Banco Nación, que tengan como objetivo financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan capital de trabajo, para evitar el despido de su equipo de trabajo y pagar salarios.
“Hay muchas empresas que están fuertemente expuestas a un inminente quiebre debido a que no tienen ingresos por las medidas de aislamientos tomadas”, argumentó al respecto Elías de Pérez y aseguró que, en base al estudio realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación, los sectores comprometidos son la construcción, metalmecánico, tabacaleros, textiles y de calzado, entre otros.
“Así como se subsidió recientemente a otros sectores, pedimos que estos créditos se den a tasa cero, porque no podemos hacer que las PyMEs tomen una deuda a largo plazo y con intereses que luego no podrán pagar”, explicó la senadora de la oposición.
La senadora tucumana concluyó diciendo que “de la misma manera en la que trabajamos en conjunto para cuidar la salud de los argentinos, debemos aunar fuerzas para proteger sus fuentes de trabajo. Y la situación que estamos atravesando los argentinos, en el contexto de esta pandemia, pone en riesgo a las PyMEs. Por eso es necesario asistirlas para preservarlas y preservar el empleo”.
Los diputados porteños del FdT impulsaron un proyecto de ley para crear un Programa de Sostenibilidad Productiva y declarar por el plazo de seis meses la “Emergencia Productiva”.
El legislador del FdT Matías Barroetaveña -junto a otros diputados de ese espacio- impulsó un proyecto de ley, a través del cual buscarán declarar por el término de seis meses la “Emergencia productiva” en la Ciudad como consecuencia del Covid 19 y propuso crear un programa que garantice la sostenibilidad productiva de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs).
El texto -que también lleva la firma de Santiago Roberto, Juan Manuel Valdés y María Bielli (FdT)- prevé crear el “Programa de sostenibilidad productiva”, con el objeto de sostener la situación de empleo de trabajadores que se desempeñen en una MiPyMEs, a los efectos de paliar las consecuencias negativas del coronavirus en la actividad comercial y productiva.
Dicho programa consiste en el otorgamiento, por un plazo de hasta seis meses, de una ayuda económica mensual, individual y fija a los trabajadores incluidos en las empresas beneficiarias. Ese monto será equivalente al salario mínimo, vital y móvil.
Para poder acceder al beneficio, las MiPyMEs deberán acreditar que poseen domicilio fiscal en el distrito capitalino, estar inscriptas en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, no haber realizado despidos sin causa del personal en los últimos seis meses, entre otros requisitos.
Al respecto de la medida, Barroetaveña explicó que “la emergencia sanitaria está afectando la frágil situación económica que atraviesa nuestro país, con particular impacto en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas que explican el 75% del empleo privado nacional y que en CABA emplean alrededor de 600 mil trabajadores”.
“El Gobierno nacional ha implementado una variada cantidad de políticas para asistir a empresas y a trabajadores en estos momentos difíciles, no podemos desconocer las dificultades para pagar salarios en sectores que se han visto obligados a suspender sus actividade”, indicó y remarcó que “por eso, proponemos, que así como existe el REPRO a nivel nacional, la Ciudad implemente su propio programa de sostenimiento del empleo en el distrito”.
Un proyecto para postergar los vencimientos de impuestos ante la AFIP para las pequeñas y medianas empresas será presentado por el diputado Luis Petri.
El diputado nacional Luis Petri preparó un proyecto de ley para postergar por 60 días los vencimientos de impuestos de la Afip, la presentación de declaraciones juradas y las obligaciones del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
“Esta postergación será abonada luego de los 60 días en un plan de pago que establezca la AFIP”, explica el legislador.
Además, Petri destacó que “necesitamos cuidar a nuestras PyMES, por eso vamos a pedir que se incluya en el tratamiento este proyecto que va a aliviar la carga que tienen que enfrentar los sectores productivos del país y del que depende el trabajo de millones de argentinos”.
