El proyecto, con media sanción de Diputados, avanzó en la Comisión de Legislación General del Senado. Las modificaciones están relacionadas con los sujetos alcanzados por los beneficios de la ley y la extensión del plazo de la emergencia.
La Comisión de Legislación General del Senado dictaminó con modificaciones el proyecto de ley que declara la emergencia para los procesos de concursos preventivos y quiebras, el cual tenía media sanción de la Cámara de Diputados desde el 31 de julio pasado.
Los cambios se introdujeron en el artículo 1ro. de la iniciativa, de modo de ampliar la emergencia hasta el 30 de junio de 2021 -el texto original estipulaba el 31 de marzo-; aclarar que los beneficiarios podrán ser quienes se declararon en quiebra a partir del comienzo de la emergencia sanitaria; y exceptuar a quienes cometan ciertas operaciones financieras en el exterior.
Al comienzo de la reunión se leyó por secretaría una nota del titular del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, quien advirtió por algunos aspectos del proyecto, entre ellos que, si no se estableciera un período determinado, habría empresas que concursaron con anterioridad a la pandemia y se verían beneficiadas, como ser el caso Vicentin.
La presidenta de la comisión, la oficialista Ana Almirón, explicó que estos reparos habían provocado una “demora del tratamiento” del proyecto y por esa razón se analizaron los cambios, de modo de evitar que “haya empresas que podrían verse indebidamente beneficiadas”.
La santafesina María de los Ángeles Sacnun consideró que el proyecto debe “ser certero en cuanto a quienes quedan incluidos y quienes no en la ley”. “Esta es una norma tendiente a proteger a las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente”, dijo e indicó que por la pandemia “estamos contando por miles las empresas afectadas y conjuntamente los puestos de trabajo que se ven afectados”.
La oficialista señaló entonces que esta norma “es una manera de protegerlos y cuidarlos” y opinó que “es absolutamente racional”, dado la extensión de la situación sanitaria, “que extendamos hasta el 30 de junio de 2021” el plazo, el cual estaba previsto según la sanción de Diputados hasta el 31 de marzo de 2021.
En tanto, su par del Frente de Todos Oscar Parrilli sostuvo que “es imposible no reconocer la situación de emergencia que ha generado el Covid” y, en ese marco, se toma “una medida de excepción motivada por un hecho de excepción”.
“En todo lo que tiene que ver con el dólar especulativo, el dólar que se fuga y atenta contra los programas económicos, desde el Estado tenemos la obligación de, por lo menos a esos que realizan ese tipo de operaciones, no darle beneficios”, expresó, en referencia a las modificaciones propuestas.
Crítico del proyecto, el senador del Pro Ernesto Martínez analizó que “la ley está mal hecha, viene mal hecha de Diputados”, porque “el problema no es la presentación del concurso, si fue anterior o posterior al 20 de marzo, el tema es el tamaño de las empresas y sociedades que se concursan”.
“El cuidado que se busca está mal planteado”, agregó y advirtió que con la extensión del período de emergencia se producirá “una ruptura de la cadena de pagos” y “un reguero de cesaciones de pagos y presentaciones de concursos de aquellas unidades que son menores”. “Cuando las cosas vienen mal son difíciles corregirlas”, lamentó.
A su turno, el oficialista Mariano Recalde sugirió “excluir del beneficio a aquellas actividades que no hayan sido alcanzadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, al haber sido declaradas esenciales, ya que en el período de pandemia “hay sectores que han tenido enorme rentabilidad, por ejemplo el sector agroexportador”.
No de acuerdo con esta propuesta salió un senador del propio Frente de Todos. El chubutense Mario Pais dijo que entendía el planteo realizado por Martínez y la sugerencia de su par Recalde, pero remarcó que todas las actividades “se han visto impactadas”, porque la pandemia “alteró consecuencias y parámetros del mercado” con “ruptura de la cadena de pagos y caída de precios internacionales”, como sucedió en el sector petrolero. “No podemos hacer esta discriminación en la norma”, afirmó.
Luego, Parrilli coincidió en “sacar el despacho” y agregó: “Tenemos tiempo hasta el recinto de poder incluir otra modificación”.
Las modificaciones
Según el nuevo texto del artículo 1ro., se declara “hasta el 30 de junio de 2021” la emergencia “de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, cuya formulación se hubiese solicitado o peticionado a partir de que el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia sanitaria por medio del decreto 297/20, así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inicien” desde la vigencia de la ley hasta el fin de la emergencia.
Quedarán exceptuados “los sujetos que entre el período de sospecha que fija el artículo 16 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras y hasta dos años siguientes de la entrada en vigencia de la ley realicen” una serie de operaciones, como “giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento, o por cualquier otro motivo, mediante las cuales los beneficiarios sean sus propios accionistas, socios, integrantes o entidades (empresas, fideicomiso o similar) vinculadas directa o indirectamente y dichos fondos no hayan sido repatriados”.
También quienes realicen “erogaciones a países categorizados como no operantes o de nula o baja tributación” de acuerdo a lo descripto en la Ley de Impuesto a las Ganancias; “adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, o adquisición de títulos en pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero”; y “constitución de cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período”.
El resto del articulado, por el momento, quedó igual a como salió aprobado de la Cámara baja. De esta manera, durante el plazo que dure la emergencia, se suspenderá el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley 24.522, en lo dispuesto al denominado “período de exclusividad” previsto en el artículo 43 de esa norma.
Se establece, además, que “en cada proceso, el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho período contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma”.
En el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo previsto en el artículo 43 de la Ley de Concursos y Quiebras será de 180 días, pudiendo el juez a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.
También, se suspenden “los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia”.
Y se contempla la suspensión de “la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean”, al tiempo que se prohíben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.
Otros proyectos
Durante la reunión se pasó a la firma además un proyecto del senador Mario Pais -vuelto a presentar por haber perdido estado parlamentario una media sanción-, respecto a modificaciones en el Código Civil y Comercial sobre acción de reducción en donaciones a herederos forzosos.
También se avaló una iniciativa del senador del Frente de Todos Sergio “Oso” Leavy, que introduce un párrafo al artículo 15 de la Ley de Bomberos Voluntarios (25.054), para establecer que “durante la declaración de catástrofes, epidemias y/o pandemias las empresas prestadoras de servicios esenciales no podrán disponer la suspensión o el corte de servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, internet o televisión por cable”.
En tiempo récord, oficialismo y oposición consensuaron un proyecto único en la Comisión de Justicia y lo aprobaron sobre tablas en la sesión. La emergencia durará hasta marzo de 2021.
La Cámara de Diputados aprobó este viernes, tras un acuerdo contrarreloj, la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras en el marco de la pandemia del Covid-19. La iniciativa, consensuada entre proyectos de distintos bloques, recibió 250 votos afirmativos y dos abstenciones, del Frente de Izquierda.
El texto fue unificado en una reunión de la Comisión de Justicia previa a la sesión virtual, y declara hasta el 31 de marzo de 2021 “la emergencia de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inicien” desde la vigencia de la ley hasta el fin de la emergencia.
El presidente de la comisión, Rodolfo Tailhade, destacó el acuerdo alcanzado en ese ámbito para tratar sobre tablas, y en tiempo récord, un proyecto unificado. “Me resulta difícil hablar de consensos habida cuenta de mis antecedentes”, bromeó el diputado oficialista.
Señaló que si bien “todos tenían observaciones”, las dejaron a un lado para acordar un texto único, entre iniciativas de Carlos Selva (Frente de Todos), Ximena García (UCR) y Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), entre otros.
Tailhade explicó que se busca “aportar desde el Parlamento una herramienta para que las empresas puedan tener continuidad”, lo que significa “un consuelo en medio de una crisis tan profunda”.
Desde el recinto, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, señaló que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha creado una serie de desafíos” y en ese marco “las empresas están en riesgo, y con ellas cientos de miles de empleos formales”. Por eso, consideró que la reforma en los concursos preventivos y quiebras es “una señal política muy concreta”.
El oficialista Carlos Selva, autor de uno de los proyectos, sostuvo que “la pandemia ha agravado la situación complejísima de la que venían las pymes el año pasado”. Asimismo, destacó que se haya llegado a una redacción consensuada donde se subsanaron aspectos que “podrían haber generado mayor litigiosidad o conflicto”.
“Vi con mucha satisfacción con qué profundidad y desprendimiento partidario todos los integrantes (de la Comisión de Justicia) analizaban este conflicto”, celebró y subrayó que este tema es “concordante con la moratoria” y “tiene que ver con poner a la Argentina en marcha”.
El bonaerense completó: “Tenemos que sacar del agobio de lo que significaría para las empresas un esfuerzo para atender procesos judiciales, y que ese esfuerzo sea volcado a poner en marcha la producción y generación de empleo”.
Desde la UCR, Lorena Matzen coincidió en que “en este Congreso tenemos la responsabilidad de defender al laburante” y destacó que el proyecto “otorga seguridad jurídica y agilidad en el proceso judicial”, así como “facilidades para que este sector pueda afrontar este proceso”.
Matzen explicó que se intenta “que el concurso sea una herramienta jurídica de supervivencia y continuidad, y no el camino hacia el cierre definitivo” de las empresas.
Otra radical, Ximena García, puntualizó que se trata de “un marco mínimo y excepcional” por la emergencia sanitaria, y agregó que a futuro se discutirá una “reforma más profunda” de la Ley de Concursos y Quiebras.
“Estamos convencidos de que tenemos que contribuir a las soluciones que necesitan los argentinos y evitar que miles de pymes y empresas tengan como único destino el concurso y la quiebra”, reforzó la santafesina.
Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal) alertó que “100.000 empresas van a estar complicadas cuando se reabran los tribunales”.
“Hay un sector al que no podemos darnos el lujo de permitir que esto lo afecte: es el sector empresarial. El tipo que tiene el espíritu emprendedor, el espíritu innovador. No nos podamos dar el lujo de no acompañar ese espíritu”.
La legisladora destacó que la futura ley será “un alivio” y que permitirá “cerrarle la tranquera a la posibilidad de que las empresas se vayan al diablo”.
Durante el plazo que dure la emergencia, se suspenderá el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, en lo dispuesto al denominado “período de exclusividad” previsto en el artículo 43 de esa norma.
Se establece que “en cada proceso, el juez del concurso deberá fijar fundadamente un nuevo cronograma para dicho período contemplando la suspensión dispuesta y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma”.
En el caso de los juicios que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo previsto en el artículo 43 de la Ley Nº 24.522 de Concursos y Quiebras será de 180 días, pudiendo el juez a pedido del deudor, en las condiciones establecidas por dicha norma, extenderlo por única vez en 60 días adicionales.
Además, se suspenden “los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia”.
También se suspenden “la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean”, y por otra parte se prohíben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.
José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, destacó esa última excepción, al sostener que “si se suspende la ejecución de una deuda alimentaria, lo que se está suspendiendo es un trabajador, una familia, alguien que tiene un crédito alimentario que no puede dejar de comer”.
Desde la misma bancada, Lui Di Giácomo indicó que “existe una ruptura generalizada de la cadena de pagos” y por ese y otros factores “la masificación de la quiebras va a ser el verdadero problema a atender” cuando acabe la pandemia.
La Cámara baja buscará dar media sanción al proyecto que permite regularizar deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2020. En tanto, el segundo tema se tratará sobre tablas con un texto consensuado entre el oficialismo y la oposición.
La Cámara de Diputados realiza desde las 15.45 una sesión virtual en la que buscará dar media sanción a la moratoria impositiva, aduanera y previsional, impulsada por el Gobierno nacional. Además, se tratará sobre tablas un proyecto para declarar la emergencia en los procesos de concursos preventivos y quiebras.
Tras la exposición de ayer del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el cuerpo presidido por Sergio Massa vuelve a reunirse este viernes, y debatirá sobre dos temas vinculados a la situación económica producto de la pandemia de Covid-19.
La iniciativa de moratoria apunta a ampliar el régimen actualmente vigente con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando a todos los contribuyentes -tanto personas humanas como jurídicas- y apuntando a regularizar una deuda total de 534.000 millones de pesos, según datos de la AFIP.
El proyecto establece que se podrán regularizar deudas contraídas hasta el 30 de junio, se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre y la primera cuota será el 16 de noviembre, con un plan que llega hasta 120 cuotas.
Juntos por el Cambio se opuso en la Comisión de Presupuesto y Hacienda al dictamen del oficialismo, en rechazo a la decisión de incorporar a empresas en proceso de quiebra y a la posibilidad de incluir el impuesto al juego y a los combustibles. El interbloque presidido por Mario Negri denunció una “amnistía” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Sin embargo, el oficialismo avanzó con el proyecto, con el acompañamiento de representantes del Interbloque Federal -que podría dividirse a la hora de la votación- y de Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que espera reunir los votos para aprobar la iniciativa en el recinto y girarla al Senado.
Por otra parte, se tratará sobre tablas un proyecto que declara la emergencia para los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021. En la previa de la sesión, el tema se debatió en la Comisión de Justicia, pero a raíz de una discusión reglamentaria sobre la competencia de esa comisión para dictaminar sobre esta materia, la iniciativa no tuvo dictamen.
Oficialismo y oposición consensuaron un texto unificado que, tras un cuarto intermedio en el que se negociaron las modificaciones, obtuvo el aval de los integrantes de la comisión. De esta manera, su tratamiento deberá habilitarse con los dos tercios de los votos.
Una discusión reglamentaria obstruyó la firma del despacho. No obstante, tras un cuarto intermedio, la Comisión de Justicia alcanzó consenso en la redacción de la iniciativa que se someterá a votación en el recinto este viernes.
Un discusión reglamentaria en la Comisión de Justicia de Diputados, presidida por Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), impidió el dictamen de un proyecto que declara la emergencia para los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021, en el marco de la crisis desatada por la pandemia.
Ante el planteo de Juntos por el Cambio de que correspondía tratar la iniciativa en Legislación General, y con el pedido de una serie de modificaciones para avalar la propuesta y aportar los votos para los dos tercios, el oficialismo aceptó los cambios. También habían sugerido incorporaciones los diputados Graciela Camaño (Consenso Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).
Tras un cuarto intermedio, en el que se abrió un proceso de diálogo entre el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los jefes de bloques, la comisión arribó a una redacción consensuada que se pondrá a consideración en el recinto.
Al comienzo de la reunión, la diputada Silvia Lospennato (Pro) sostuvo que el tema “tiene una competencia definida, que es la Comisión de Legislación General”, donde se trata lo referido a materia civil y comercial. Tras leer las competencias de cada comisión, la macrista enfatizó que “el reglamento no permite la exclusión de la Comisión de Legislación General”.
Y recordó que otros proyectos “presentados por compañeros de mi bloque”, como por ejemplo Ezequiel Fernández Langan, fueron girados por la Presidencia de la Cámara a Legislación General. Por lo tanto, pidió que se convoque a un plenario y “respetemos el reglamento”.
A continuación, Graciela Camaño (Consenso Federal) alertó: “Sabemos todos que tenemos un problema muy serio. El día lunes se termina de abrir, de alguna manera, la justicia comercial y todos sabemos que vamos a tener un problema, vamos a tener muchas presentaciones de quiebras, de cheques rechazados”.
UNIFICACION-CPyQ_31jul2020_14.05-1La diputada remarcó que este es un tema “que venimos charlando entre todas las fuerzas” y afirmó que “jamás” se “prestaría a vulnerar el reglamento”, pero “la realidad es que estamos en un problema serio”. “Creo que podemos salvar la cuestión reglamentaria y dar una señal muy clara de que queremos suspender los plazos”, agregó.
Por su parte, el legislador Juan Manuel López (Coalición Cívica) pidió convocar a un plenario para la semana que viene ya que, aunque se trate esta tarde en sesión, el proyecto “no va a ser ley, el Senado no va a sesionar mañana ni el domingo”. “Es un tema muy técnico, requiere estudio”, señaló y ratificó su postura de evitar que se le brinde “ningún beneficio a ninguna empresa que esté con procesos penales”, como OIL Combustibles de Cristóbal López.
Intervino entonces nuevamente Lospennato para solicitar que, “atendiendo la situación de emergencia”, se pueda “llegar a un acuerdo virtuoso” sin “violentar nuestra regla básica de convivencia”.
Tailhade justificó el giro a la Comisión de Justicia al decir que “es cierto y comparto que el ámbito natural de modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras es la Comisión de Legislación General”, pero argumentó que “todos los otros proyectos plantean reformas de fondo a la ley”, mientras que esta iniciativa en particular “aspira a ser una respuesta a una coyuntura muy compleja”.
“Pero es una respuesta sistemática desde el punto de vista del sistema de administración de justicia, más allá de que es la política la que está dando este paso”, añadió.
El autor del proyecto en cuestión, Carlos Selva (Frente de Todos) resaltó que la intención era aprobar este tema junto al proyecto de moratoria y manifestó que “claramente el mensaje tiene que estar dado a la sociedad”.
Desde JxC, el diputado Pablo Tonelli (Pro) fue el encargado de proponer los cambios y, sobre todo, habló de una “modificación sustancial” que tiene que ver con “la necesidad de que queden claramente excluidos los procesos en los cuales la quiebra ya está decretada y esa quiebra ha quedado firme”.
En el mismo sentido, Luciano Laspina (Pro) enfatizó que “el espíritu de la ley siempre fue salvar a los vivos” y “lo que nunca estuvo en discusión fue salvar o discutir mejoras en los procedimientos de las empresas fallidas o quebradas, ni tampoco de los acreedores”.
Tras retomar la reunión, Tailhade leyó el proyecto y aclaró: “En función del acuerdo político vamos con un texto unificado (a la sesión) para con los dos tercios incorporar su tratamiento al orden del día”.
La Cámara baja sesionará desde las 15. La ampliación presupuestaria, que ya cuenta con dictamen, quedó para la semana que viene.
Por primera vez en mucho tiempo, la Cámara de Diputados sesionará un viernes. Será para aprobar dos proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19: la moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo, y una reforma al proceso de concursos y quiebras.
La sesión virtual fue convocada para las 15 y quedó afuera del temario el proyecto de ampliación presupuestaria, que a pesar de haber conseguido dictamen favorable se tratará la semana próxima en una nueva sesión.
El proyecto de moratoria apunta a ampliar el régimen actualmente vigente con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando a todos los contribuyentes -tanto personas humanas como jurídicas- y apuntando a regularizar una deuda total de 534.000 millones de pesos, según datos de la AFIP.
La iniciativa establece que se podrán regularizar deudas contraídas hasta el 30 de junio, se podrá adherir al régimen hasta el mes de octubre y los primeros pagos serán a mediados de noviembre, con un plan que llega hasta 120 cuotas.
Juntos por el Cambio se opuso en la Comisión de Presupuesto el dictamen del oficialismo, en rechazo a la decisión de incorporar a empresas en proceso de quiebra y a la posibilidad de incluir el impuesto al juego y a los combustibles. El interbloque presidido por Mario Negri denunció una “amnistía” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza.
Sin embargo, el oficialismo avanzó con el proyecto, con el acompañamiento de representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que espera reunir los votos para aprobar la iniciativa en el recinto y girarla al Senado.
Por otra parte, se tratará en la sesión la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de diciembre de 2020. El tema se discutirá previamente, a las 11, en la Comisión de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), donde la aspiración es lograr una redacción unificada entre múltiples proyectos.
