Polarizada como está la política argentina en los últimos años, el espacio legislativo que engloba a aquellos diputados que no son del oficialismo, pero tampoco de la principal oposición, es, si se quiere, reducido con relación a lo que supo ser en otros tiempos. En efecto, apenas se reduce a 23 miembros, donde un oficialismo en minoría -la primera, pero minoría al fin- va a buscar los votos que le faltan para alcanzar el número suficiente para imponer las leyes que ambiciona.

No le ha ido mal al Frente de Todos en esa empresa, aunque debe reconocerse que desde Juntos por el Cambio suelen recordarle que les han dado sus votos no pocas veces, comenzando por las emergencias aprobadas en el inicio de la gestión de Alberto Fernández.

Pero hay determinadas leyes que quedaron congeladas en la Cámara baja, como reclamó no hace mucho tiempo el senador Oscar Parrilli durante una sesión de la Cámara alta. Todos sabían que hablaba fundamentalmente de las leyes judiciales, que son las que más ambiciona el kirchnerismo en general y su líder en particular: la reforma judicial y la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En ese orden de aprobación, pero con especial interés en esa última iniciativa, que es la que supondría la eyección de Eduardo Casal de la Procuración General de la Nación.

De esos 23 diputados depende el oficialismo para sacar las leyes. No todos, claro, sino de apenas 12. Es que el bloque que conduce Máximo Kirchner tiene 119 miembros, de los cuales 117 votan. Sergio Massa no puede, salvo que deba desempatar alguna vez; y José Ignacio de Mendiguren está de licencia desde el inicio de la gestión, pues preside el BICE, y se decidió que no renunciara pues en ese caso debería asumir Marcelo “Oso” Díaz, del GEN de Margarita Stolbizer. Esto es, como hemos dicho tantísimas veces, el oficialismo prefirió siempre tener un voto menos a sentar un opositor más en la Cámara. Así será hasta fin de año, fecha formal del final del mandato del extitular de la UIA.

A priori, la votación de la reforma del Ministerio Público estaba cajoneada, por similares razones que con la reforma judicial. Por eso nunca se movieron demasiado las autoridades oficialistas que deben salir a contar los votos. Pero todo cambió a partir de la asunción reciente de Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia. El rionegrino llegó con renovados bríos y la confianza plena de que lograría despejar el camino de esas leyes a partir de la negociación que pudiera emprender con sus excolegas.

A la hora de hurgar por los 12 votos que siempre ha necesitado el Frente de Todos, el primer lugar donde buscar ha sido el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que hoy tiene seis miembros, pero supo contar con dos más. Primero se le fueron los exCambiemos Antonio Carambia y Beatriz Avila, que ya venían mostrando sus disidencias a la hora de votar. Esta última se alineó decididamente con la oposición, no así con el santacruceño, que ahora forma un bloque de dos llamado Acción Federal con otro exCambiemos, el riojano Felipe Alvarez, Llevado este último a las listas de Juntos por el Cambio de 2019 por Rogelio Frigerio, este riojano comenzó a mostrar sus disidencias el 9 de julio de 2019 cuando fue el único opositor en concurrir a la presentación de la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández. Poco después daría un portazo en el interbloque que conduce Mario Negri, y se descuenta entonces que en materia judicial estaría alineado con los deseos del oficialismo. El Frente de Todos da por seguro, más allá de que no hayan confirmado nada públicamente, que tiene los votos de Carambia y Felipe Alvarez. Les faltan 10 más.

Como dijimos, hay 6 que suelen votar junto con el oficialismo y son los de Unidad Federal para el Desarrollo. Se los conoce como “los Ramones”, por estar conducidos por el mendocino José Luis Ramón, quien ya se ha pronunciado públicamente a favor de la reforma del Ministerio Público, sobre todo desde que escuchó concesiones de parte de Martín Soria, con el que se reunió el viernes pasado.

Pero no todos estarían de acuerdo con el jefe del interbloque. Se descuenta que los misioneros del Frente de la Concordia sí, y son tres (Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach), igual que Pablo Miguel Ansaloni, compañero del bloque de Ramón y también exCambiemos.

Pero no se lo cuenta al rionegrino Luis Di Giácomo, fundamentalmente por el antagonismo con Martín Soria, un aspirante a la gobernación de Río Negro que hoy ostenta Arabela Carreras, de Juntos Somos Río Negro, y que lidera el senador Alberto Weretilneck. Hay sin embargo un detalle no menor: Weretilneck no solo votó a favor de la reforma en el Senado, sino también promovió un proyecto que iba en un sentido similar. El problema radica, como dijimos, en el encono del oficialismo provincial con el exintendente de General Roca y fallido aspirante a gobernador de esa provincia en 2019. Por ahora, a Di Giácomo no se lo cuenta entonces como voto propio en este caso para el oficialismo.

Le estarían faltando entonces al oficialismo 5 votos que debiera buscar en el interbloque Federal, donde hay 11 voluntades. Los 3 de Consenso Federal ya dijeron que no van a votar ese proyecto, ni tampoco darán quórum, y este lunes se sumó otra novedad: Eduardo “Bali” Bucca, que suele votar con el Gobierno, esta vez dijo que no lo hará.

Como tampoco lo harán los cuatro de Córdoba Federal (Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo), que ya confirmaron que en este proyecto se opondrán, las expectativas están cifradas en los tres restantes: el salteño Andrés Zottos y los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista) y el socialista Enrique Estévez.  

El oficialismo contaba como voto a favor a Zottos -que dentro del interbloque Federal integra el bloque Justicialista junto a “Bali” Bucca-, pero éste retuiteó en su cuenta en su cuenta de Twitter el mensaje de Bucca, con quien siempre vota en conjunto. En cuanto a los santafesinos, fuentes cercanas a Enrique Estévez señalaron a parlamentario.com que este legislador no votará la reforma del Ministerio Público. Y respecto a Contigiani, solo hay que recordar sus antecedentes, que ya dejó escritos el 23 de noviembre de 2020 en su cuenta de Twitter. Allí señaló que “el control al poder, el sistema acusatorio necesita de una Procuración General con un amplio, federal y transversal respaldo político. De ahí la importancia de elegir al mismo con el consenso político de los 2/3 de los votos presentes del Senado Nacional. La Constitución Nacional necesita de una fuerte Procuración General de la Nación. No es bueno para la Justicia los itineratos en la procuración y la flexibilidad en la remoción de los fiscales, afectando su estabilidad y autonomía. 2) Modificar la ley Orgánica del Ministerio Público -que reglamenta nada menos y nada más que el artículo 120 de la Constitución Nacional- requiere de un amplio consenso político. No es bueno para nuestra democracia dividirnos en este tipo de leyes”. A menos que haya cambiado de opinión en tan breve tiempo, el Frente de Todos no debería ilusionarse con Contigiani.

Le estarían faltando al Frente de Todos unos cinco votos que ya no tiene dónde buscar. Porque la tucumana Beatriz Avila no está dispuesta a votar este proyecto, según pudo saber parlamentario.com. Ni tampoco la neuquina Alma “Chani” Sapag, quien este lunes aclaró que “no acompaño esta reforma porque debilita la estabilidad en el cargo de la máxima autoridad del Ministerio Público”. Agregó la legisladora del MPN a La Mañana de Neuquén que “esto resulta contradictorio con la intención de fortalecer el rol de la cabeza del Ministerio Publico, porque es un mandato limitado y con menos resguardo para su estabilidad que puede condicionar su independencia”.

Ya sin posibilidades de llegar a los 129 votos que necesitaría el oficialismo, solo restan contar los diputados de izquierda Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, quienes no votarán el proyecto oficial. Giordano tampoco dará quórum siquiera, y en cuanto a Del Caño, que suele votar en contra de todo, pero también dar quórum, en este caso lo está evaluando, según confiaron fuentes del Frente de Izquierda. Lo de dar quórum, no su voto, que será en contra.

De tal manera, el oficialismo estaría accediendo solo a alrededor de 124 votos, con lo que hoy por hoy no tiene el número suficiente para aprobar la ley.