La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile, avanzó con el dictamen favorable al proyecto de ley que crea un régimen de promoción para la producción orgánica por 10 años, el cual ya tenía el aval de Economías y Desarrollo Regional y de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa prevé una serie de beneficios fiscales y fue impulsada por el formoseño Ramiro Fernández Patri. “Hablé con él y está con cuestiones personales en Formosa”, aclaró Buryaile respecto de su ausencia.

En primera instancia, Germán Martínez, presidente del bloque del FdT, sostuvo que fue impulsado en 2012 por el exlegislador Luis Basterra, y afirmó que las medidas del proyecto “son virtuosas en la alimentación saludable y tiene un potencial exportador fuerte”.

Además, expresó que “agrega valor en origen y da posibilidades concretas de trabajo en los argentinos”. Del mismo modo, añadió: “Tiene un entramado organizacional y se introdujeron modificaciones al proyecto original”.

“Hicimos una mejora en el artículo 13 y le pusimos un equivalente al valor de los módulos”, indicó Martínez, quien agregó que “un módulo está en alrededor de 8.000 pesos y son 12.500 módulos”. “Es una buena iniciativa que reúne consenso políticos y productivos”, finalizó.

En una breve intervención, el diputado nacional Carlos Vara (UCR – Corrientes) complementó que “Argentina tiene una gran potencialidad” en la materia, y explicó que “nuestro país produce sobre el ambiente”.

“Como dije en la reunión informativa hay muchas oportunidades y es importante la intervención de las provincias; también es fundamental un marco nacional y la intervención de los organismos tecnológicos del país para cada vez ir incrementando la competitividad”, refirió Vara. “Es una ley que tiene un plazo de diez años y es suficiente para determinar resultados”, enfatizó.

Por otro lado, la diputada Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) cuestionó que “los sectores están ahogados de cargas impositivas y me preocupa el artículo 17 porque es mucho gasto lo que se invierte”. Además, manifestó: “No sé si es necesario que un 5% vaya a la administración”.

Del mismo modo, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos – CABA) afirmó que “estamos en situación límite y el país no tiene reservas”. En tal sentido, añadió: “En vez de aplicar ese brutal impuesto cambiario, ¿por qué no se le da esa liquidación que se le da al turismo?”.

Así también, el diputado opositor Pablo Cervi (Evolución Radical – Neuquén) aseveró: “Entiendo los cuestionamientos a un sector, pero también entiendo que debemos buscar una solución”, y agregó que “Argentina tiene un gran potencial en lo orgánico”.

Al responderle a Figueroa Casas y López Murphy, Germán Martínez ironizó: “Muchas cosas que dijeron recién terminan perjudicando el salario de los trabajadores”. Finalmente, el presidente de la comisión, Ricardo Buryaile, anunció el avance del proyecto y respondió: “Hay cosas que no vamos a resolver en esta comisión”.

Por último, el ingeniero Pedro Landa agradeció el tratamiento de la ley y advirtió: “Estados Unidos destina fondos al desarrollo orgánico. Nosotros venimos persiguiendo la ley desde hace diez años”. “La observación de la naturaleza de un peón de campo es tan grandiosa como la de un ingeniero agrónomo y la producción orgánica es superavitaria y no importa nada”, concluyó.

La Comisión de Economías y Desarrollo Regional de Diputados, presidida por el formoseño Ramiro Fernández Patri (FdT), debatirá este miércoles sobre producción orgánica. La reunión informativa se realizará desde las 9.30 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

Al encuentro asistirá como invitada la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, la cual expondrá sobre herramientas de promoción para estas economías regionales y pondrá a consideración de los legisladores e invitados los ejes estratégicos que vienen trabajando.

En diciembre pasado, un grupo de diputados oficialistas, encabezados por Fernández Patri, presentaron un proyecto de ley que busca crear un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.

La iniciativa tiene como objetivo diversificar la matriz y generar condiciones más favorables para la exportación y competitividad en los mercados internacionales.

La Comisión de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, a cargo del oficialista Ramiro Fernández Patri, tuvo este martes una reunión informativa junto a varios productores agropecuarios e industriales de todo el país y funcionarios del Ministerio de Economía para brindar datos sobre la actividad.

El primer expositor fue el secretario de Planificación de Desarrollo y Competitividad Federal del Ministerio de Economía, Jorge Neme, quien manifestó que la producción de limón, yerba, vino y lana “representan al 15% del desarrollo económico del país”, y agregó que “conectan el trabajo de miles de argentinos con el mundo”.

Además, sostuvo que “las economías regionales necesitan inversiones: asistencia técnica; caminos; conectividad; y sistemas de riego porque eso mejora a las condiciones de productividad”. En tal sentido, anunció que, junto al exministro Felipe Solá están preparando un plan para agregar canales de riego en 17 provincias.

Por otro lado, explicó que “es un tema central para la Argentina fortalecer las economías regionales, un sector que contribuye a la ocupación del territorio en temas productivos, a la agregación de valor, a la generación de empleo, a la mejora de la calidad de las políticas públicas y a la proyección de la Argentina al exterior”, e informó: “Este año las exportaciones de las economías regionales va a alcanzar el orden de los 13 mil millones de dólares que es el 15% del conjunto de las exportaciones argentinas pero la diferencia es que, a través, de esas economías regionales, hay miles de argentinos que se conectan con el mundo”. 

“En Río Negro hay dos proyectos para crear un sector productor con 56.000 hectáreas y otro con 36.000. Eso va a cambiar la economía social de la Patagonia. Los estudios probaron que en ese suelo se puede producir y eso, cambiará la geografía de las tierras. Está estipulado generar 18 toneladas de maíz y 8 de trigo por año”, señaló Neme y cerró: “Nos proponemos a ser muy agresivos en términos de invertir y acordar con los gobiernos provinciales, planes y proyectos que contribuyan a un rápido proceso de inversión en la base de las economías regionales”.

La subsecretaria de Planificación y Proyectos Prioritarios, Luciana Storti, presentó el Indicador Sintético de las Economías Regionales que se informa cada tres meses con datos precisos. “Las variaciones interanuales de crecimiento fueron: Cuyo 8,1 interanual; NOA y Centro 7,6; la Patagonia 7,5; y el NEA un 7,5”, expuso.

Asimismo, agregó que el desarrollo de las cinco regiones responde al segundo trimestre del 2022. Así también consideró que “venían en bajas durante 2020 y 2021 por la pandemia y por el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio”.

“Todas las regiones están superando los niveles previos de actividad y desarrollo con relación al 2019”, argumentó Storti y agregó: “El empleo registrado, la distribución de gas y energía, más la venta de combustibles registraron un crecimiento de 4 puntos, con Cuyo y el NOA superando a la región Centro”.

Así también, la subsecretaria amplió que “la región Centro recuperó actividad prepandemia, pero no logró superar los valores del 2019”. Asimismo, explicó que “fue la que más cayó durante el avance del coronavirus y es la que más se recupera en indicadores, pero sin superar a las demás regiones”.

“El NEA es la segunda de mayor crecimiento respecto a 2019, ya que tuvo un retroceso menor a otras regiones durante 2020 y 2021 y superó en 10,3 por ciento, respecto al 2019. Además, tiene tasas de crecimiento relativamente alta debido a su desarrollo exportador”, indicó y sumó: “El NOA es la región que más creció respecto a 2019 porque retrocedió menos en 2020 y comenzó su recuperación ese mismo año”, y la Patagonia “es intermedia respecto a las subas”.

En representación de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO) estuvo su asesora económica, Silvina Campos Carles, quien a través de una presentación virtual señaló el análisis de 19 economías regionales con el método “semáforo”.

En el inicio de su presentación, explicó que “varios productos han mostrado caídas”, y alertó: “Este año han dado en rojo productos como la miel, el maní, y las hortalizas; y solo en verde la industria forestal y avícola”. “Hay actividades que han cambiado de tendencias en los últimos años, antes estaban en verde y ahora, en rojo. Ha sido de los peores años en términos de semáforo”, expresó.

En el cierre de su exposición, remarcó que “la mayoría de las distribuciones han tenido falencias post pandemia”, pero destacó que se han generado 1.314.475 puestos de trabajo nuevos directos e indirectos.

Una de las exposiciones más polémicas fue la de Benjamín Enzini (presidente de Agrogenética Riojana), acerca de “los beneficios del Cannabis como industria regional”, quien consideró: “El mundo está mucho más preparado para utilizar esta planta milenaria. El cannabis fue usado durante 5.000 años y fuimos la primera generación con en prohibirlo”.

Tras una reseña histórica sobre el uso del Cannabis a lo largo de la medicina, Enzini sostuvo que “tanto el Cannabis, como el Cáñamo son materias primas que deben ser explotadas para generar desarrollo regional en La Rioja”, y pidió que “el Estado acompañe su moción”.

“Hay que deconstruir la palabra Cannabis y pensarlo como desarrollo y trabajo. Repensar al cannabis desde otro lugar y como incorporar a un producto con oportunidad de desarrollo. La Ley 27.669 ordena el desarrollo de la industria cannábica”, manifestó.

Además, sostuvo que “para el avance se necesita deconstrucción de legisladores y funcionarios”, y añadió que “hace falta una normativa complementaria con el apoyo de SENASA y ANMAT. Este producto puede generar 500.000 empleos por año en primera instancia”.

El funcionario Neme le respondió: “Estamos construyendo una mesa de trabajo con la idea de trabajar seriamente con el Cannabis por su cadena de valor y desarrollo, y su alto de nivel de consumo en Estados Unidos y Europa”.

El diputado nacional Jorge Vara (UCR – Corrientes) también habló sobre el tema y explicó que “la ley salió y los legisladores están muy involucrados en los estados provinciales con proyectos importantes”, y agregó que “está asegurada la cuestión porque la norma tiene respaldo para avanzar”.  

El presidente del Instituto Yerba Mate, Juan José Szychowski, destacó que “financian inversiones, con tasas bajas de interés a 13.066 productores, 15.000 cosecheros y 197 secaderos”. Además, dijo: “Nos distinguimos de la producción de Paraguay y Brasil”.

Szychowski señaló que la diferencia de producto entres países competidores “les da calidad reconocida y diferencia ante el mundo”, y expresó que “llevan adelante políticas de cuidado ambiental en Misiones y Corrientes”.

En tal sentido explicó que producen “282 millones de toneladas para el mercado interno argentino y 35 millones de toneladas para exportar”. A su vez, relativizó “la importancia de no tener que importar por tener cubierto con ‘stock’ para los próximos doce meses”.

“Sabemos que no va a pasar, pero la industria de la Yerba Mate podría darse el lujo de no producir por ocho meses, porque tenemos cubierta la producción para el siguiente año”, señaló. En esa línea, destacó la importancia de las provincias de Misiones y Corrientes “para cubrir el mercado interno y externo”.

Eduardo Francanzani, presidente de la Cámara Argentina del Maní, quien promueve el desarrollo de la industria desde 1975 relató que las exportaciones del 2021 “han alcanzado los 422.000 millones de toneladas”, y remarcó la exigencia que tiene con la Unión Europea: “Desde el viejo continente nos importan el 75 por ciento de lo producido”.

Sin embargo, Francanzani advirtió sobre la necesidad de reducir los aportes tributarios porque explicó que “Brasil, que antes era un comprador exigente, se transformó en un competidor directo por sus políticas tributarias más flexibles”.

En representación a la Cámara de Exportadores de Maíz Pisingallo, estuvo Sergio Casas quien afirmó que “su industria es una de las primeras exportadoras nivel mundial que abastece más de 120 países”. Además, explicó: “Nuestros principales exportadores son cines, parques de diversiones y distribuidores mayoristas. Argentina consume 210.000 millones de toneladas y Estados Unidos 145.000 millones”.

Sin embargo, coincidió con Francanzani respecto a las cargas tributarias y menciono el mismo ejemplo: “Brasil era comprador y ahora es competidor. Argentina es líder mundial, formadora de precios y contribuimos a generar divisas en el país. Además, desplazamos a Estados Unidos como máximo exportador, pero la cuestión tributaria es algo que mancomunadamente debemos trabajar entre públicos y privados para no bajarnos del primer lugar”.

Claudia Peirano de la Asociación Forestal Argentina describió que “en el país hay 280 millones de hectáreas de bosques nativos, de las cuales 55 millones están destinadas a la actividad económica de la madera”, y agregó que “el 95 por ciento de la base de la madera se provee de plantaciones forestales”.

Además, mencionó que, en menor medida, “Argentina produce nano-celulosa para reemplazar a los plásticos en la fabricación de automóviles”. A su vez, explicó: “La madera ha crecido para el aprovechamiento en la construcción de casas, ha tenido un aumento extraordinariamente el uso de pellets y chips y en la creación de recipientes de bebidas gaseosas y textiles en base a celulosa de madera”.

Por la industria arrocera estuvo Federico Gadea, quien afirmó “hay una caída de 15 por ciento y un estancamiento de 15 años”. En esa línea, explicó que “Argentina tiene capacidad para generar 2.000 millones de tonelada, pero solo se llega a 1.700 millones”.

“Necesitamos el apoyo del Estado y las herramientas que puedan generarse como la Ley de Economías Regionales que es beneficiosa. Pero nos ha aparecido un competidor que nos ha superado como es Paraguay por nuestro atraso cambiario que afecta a todas las economías. El arroz tenía 1.200 dólares de costo por hectárea de producción y hoy está en los 2.000”, sentenció.

Por la Sociedad Argentina de Apicultores, se expresó su propio presidente, Lucas Martínez, quien criticó que el sector no tiene ninguna ley que los respalde porque “las trabajan desaparecen, pierden estado parlamentario”, pero destacó que actualmente hay dos proyectos sobre apicultura de las cuales “no fuimos invitados para charlar sobre los proyectos que son temas importantes”.

En su presentación, Martínez destacó que en Argentina hay casi 4 millones de colmenas por lo que “está muy bien posicionado, es uno de los principales productores mundiales”, y remarcó: “Básicamente dependemos de la exportación, pero no es algo bueno porque cuando tenemos problemas cambiarios estamos al horno”.

“La apicultura se concentra en la región centro del país, pero hoy está en gran riesgo porque tiene dos grandes amenazas que son la agroindustria por la forma en que no se conserva la biodiversidad y como se mata al suelo lo que es 100% política eso. Nuestro insumo principal es el ambiente, si no tenemos ambiente no tenemos nada porque la abeja vive ahí y sino no tenemos nada”, advirtió y reclamó: “Se tienen que generar políticas para los pequeños apicultores, porque todas las economías regionales coincidimos en los mismos problemas”.

Mariano Tappata de la Asociación Productores Argentinos Integrados (PAI) contó que el 90% de lo que producen-manzanas y peras- se exporta, en términos de empleo hay 3 mil empleados. “Tenemos 40 años y hemos generado relaciones estables con clientes de Estados Unidos, Canadá, algo que no es fácil de sostener”, destacó y advirtió: “Nosotros pagamos costos en dólares que son cada vez más caros, y si antes estábamos en situación de flotación, ahora está claro que estamos en una coyuntura desesperante”.

En representación de SENASA-Centro Regional Patagonia Norte disertó Ricardo Sánchez quien señaló: “Hay un tema que hay que mencionar cuando hablamos de la fruticultura nacional, y es el bajo consumo per cápita que tenemos como país y la falta de programas que alienten el consumo en la infancia, que es donde se adquiere el hábito”.

A su vez, describió que “la fruticultura produce más de 13 mil toneladas de alimentos, esta actividad la producen más de 10 mil productores, más de 180 mil puestos de trabajos directos. Tiene un fuerte perfil exportados a una gran diversidad de países”. Asimismo, entre las dificultades resaltó: “El pequeño productor por un bajo nivel de asociación quien tiene más dificultades de poder acceder a nuevas tecnologías lo que hace que muchos productores abandonen la actividad. Hemos perdido 12 mil hectáreas de producción un 24%, en los últimos 10 años en un 35%; la gran diferencia que recibe el productor con el consumir”.

En su intervención, Daniel Codutti productor de miel en Chaco expresó: “Hoy estamos con ocho productos en doce provincias, no es fácil entrar en el mercado porque hay mucha competencia desleal y miel que es adulterada, necesitamos acciones concretas y financiamiento para competir en igualdad de condiciones”.

La Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, presidida por Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos-Formosa), realizó este martes una jornada sobre el estado de situación de las economías regionales y sus potencialidades.

Según Fernández Patri, el objetivo de la jornada fue “poner en agenda las economías regionales, que son un sector estratégico: el año pasado generaron 7 mil millones de dólares de exportaciones, generan más de un millón de puestos de trabajo directos y sabemos de las dificultades que tienen por las distancias y las cuestiones climáticas”.

Como primer orador, el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Luis Contigiani, consideró que “a veces el lugar de las economías regionales no es reconocido en la dimensión territorial, el agregado de valor, el desarrollo regional, las inversiones y las exportaciones que generan”.

“Estas economías tienen el mayor aporte en términos de producción capital/trabajo y recursos/tierra, son las que más aportan a los factores de producción”, destacó Contigiani, al tiempo que destacó que Argentina es número uno de exportación de aceite de soja, jugo de limón, yerba mate, aceite de maní, entre otros productos.

Del mismo modo, Contigiani advirtió que “las economías regionales merecen una ley de encuadre general, merecen un tratamiento integral, porque ya no sólo es extra-pampeana, es la Argentina”.

Durante la jornada, el consorcio de trabajo INTA – INTI – UNNE – Universidad de Salta y Universidad de Santiago del Estero, presentó los alcances y resultados básicos del proyecto sobre Bioeconomía del Norte Argentino y se contextualizaron las potencialidades, oportunidades y condicionantes del desarrollo de la bioeconomía en el Norte Grande.

El ingeniero agrónomo Roberto Bocchetto consideró que “el sistema bio-económico global se plantea sustituir recursos fósiles por renovables”. “Si miramos al Norte nos vamos a sorprender de las capacidades científico-tecnológicas y político-institucionales. El futuro de la bioeconomía del Norte no podrá analizarse independientemente del proyecto de país y del rol que se le asigne al Estado y a las políticas públicas”, explicó Boccheto.

En el bloque temático, Claudia González también disertó sobre las bases de la transformación productiva en alimentos, Liliana Molina Tirado sobre bioproductos y Jorge Hilbert sobre bioenergía.

Como parte de las consideraciones políticas, la senadora Nora del Valle Giménez (Frente de Todos-Formosa), titular de la Comisión de Economías Regionales del Senado, apuntó que las economías regionales “tienen producciones cíclicas, eso obliga a una adaptación de los regímenes laborales y el aprovechamiento de los recursos naturales”.

Asimismo, Giménez pidió que, en una nueva convocatoria, “sumemos a los representantes de los trabajadores, dado que la falta de mano de obra ha sido un problema”. La senadora también remarcó las distancias y el costo para el transporte de la producción regional.

La diputada Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos) se preguntó “por qué no otorgar a los que exportan productos de las economías regionales la misma cotización del dólar que se está aplicando para la soja, porque termina siendo una situación de injusticia”.

En tanto, el diputado Héctor Bárbaro (Frente de Todos-Misiones) dijo que “venimos hablando de la agricultura familiar y las economías regionales, pero cada vez tenemos menos productores en las chacras” y denunció que “cada vez es peor la concentración de las tierras”.

De la jornada también participaron representantes de los productores de diferentes sectores, como CAME; Cámara de Tabaco de Salta; Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera; Centro de Azucareros Argentinos y la Federación Olivícola Argentina.

Para finalizar la reunión informativa, se presentaron experiencias innovadoras de desarrollo y agregado de valor de diferentes regiones del país, como un trabajo de integración regional llevado a cabo por el establecimiento arrocero San Carlos sobre arroz y pacú, entre otros.

La Comisión de Economías y Desarrollo Regional prevé realizar una segunda reunión informativa el próximo martes 4 de octubre, para finalizar el diagnóstico de situación y luego convocar a una reunión de trabajo conjunto para delinear un proyecto de ley que sintetice las demandas surgidas de este diagnóstico.

Dos son las bancas que se ponen en juego en la provincia de Formosa y cinco las listas que competirán por las mismas.

En el caso del Frente de Todos, los precandidatos son el actual diputado nacional Ramiro Fernández Patri, quien buscará así su reelección, secundado por la concejala de la capital provincial Elena García.

Juntos por Formosa Libre es la lista que representa a Juntos por el Cambio a nivel nacional. Si bien se le vence el mandato al radical Mario Arce, no irá él por la reelección. Encabezará la lista el ex juez federal Fernando Carbajal, quien adquirió notoriedad por haber habilitado cientos de hábeas corpus durante esta pandemia para permitir el ingreso de ciudadanos formoseños a la provincia. Además, declaró inconstitucional el Programa de Ingreso Ordenado dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán.

Detrás de Carbajal va una mujer, la abogada Emilia Maciel.

Presenta candidatos también el Frente Estamos con Vos, que lleva en su lista de precandidatos a la concejala capitalina Gabriela Neme y al empresario Luis Bigatti, en tanto que Principios y Convicción postula a Víctor González y Marta Almada.

Por último, Unidad Popular confirmó que presentó una lista propia dentro del Partido Justicialista para competir en las PASO.

Era de manual que los diputados formoseños no se quedarían callados ante la embestida opositora por la situación en esa provincia. El primero en abordar la cuestión fue Ramiro Fernández Patri, quien salió en defensa de Gildo Insfrán, señalando que lo critican porque “dicen que tiene un sistema electoral que le permite la reelección, y entonces el voto no tiene el mismo valor que en otros lugares”.

En ese sentido señaló a los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, que a su juicio presentan  una situación “similar” a la de Insfrán. Citó el caso de Mario Negri, quien lleva cinco mandatos y 22 años como diputado; y a Luis Naidenoff, con 16 años como senador y tres mandatos. “Vayan al municipio de los Posse, en San Isidro -agregó-. 22 añs el hijo y 38 junto al padre”. Y se preguntó entonces si esos representantes del pueblo “carecen de legitimidad”.

Defendió entonces a Insfrán que “se presenta año a año a elecciones” y le atribuyó haber logrado “el menor índice de fallecidos”. Y luego la emprendió contra su par Mónica Frade, a la que le pidió “que tenga respeto por el pueblo formoseño”. Le atribuyó no poder “caminar por Quilmes” y en cambio ir a su provincia “a darnos clase, a nosotros que tenemos los mejores índices de vacunación”.

Fernández Patri afirmó que la oposición buscaba “dirimir la interna de Juntos por el Cambio. Primero vinieron los del Pro y los radicales no quisieron quedarse atrás”, y luego le pegó al diputado Ricardo Buryaile por haber viajado con Covid positivo.

Defendió por último que los diputados fueran retenidos, por cuanto “no tenemos coronita, no se violó la Constitución”. Por el contrario, señaló que les piden PCR al viajar a Formosa y al ingresar a la provincia les hacen otro. Y se los detuvo hasta conocer el resultado de esos hisopados.

“Mientras ustedes están en campaña electoral, nosotros estamos en la campaña de la vida, tenemos los mejores índices de vacunación”, concluyó.

Otro oficialista que salió en defensa de Insfrán fue el exgobernador riojano Sergio Casas, quien apuntó que el mandatario formoseño “tiene la máxima responsabilidad de custodiar y de velar por la salud de sus comprovincianos”. “Formosa ha venido con una situación controlada, a pesar de que está situada en un contexto difícil”, destacó.

Sobre ello, recordó que hay “tres localidades que son colindantes con Formosa de nuestra hermana República del Paraguay, que hoy está cortada la circulación, porque están afectadas por la cepa Manaos”.

Entonces, el diputado del Frente de Todos rechazó que “se quiera montar un show mediático, tratando de culpar lo que no pueden demostrar con los hechos”. Y criticó las quejas contra “un gobernador que ha sido electo por la voluntad del pueblo formoseño”.

“Nadie puede convertirse en juez”, aseveró Casas y recordó, en alusión al homenaje al 24 de marzo que se había realizado anteriormente, que “este recinto está para custodiar las instituciones de la República”, pero comparar a Insfrán con Videla “no es defender la democracia”. Además, señaló que la máscara puesta en la banca de Frade “es una irresponsabilidad” y “con eso no cuestionamos la democracia, al contrario, la dañamos más”.

El diputado nacional de Formosa por el FDT Ramiro Fernández Patri respaldó las medidas sanitarias tomadas en la provincia y respondió a una carta abierta del macrismo provincial dirigida al gobernador Gildo Insfran, y firmada por el senador nacional Luis Naidenoff.  

En el documento el senador manifestó que la provincia debería apelar a la responsabilidad individual, llevar adelante la apertura de actividades y el aislamiento voluntario de los casos de positivos de Covid 19. De esa manera Naidenoff criticó las medidas asumidas por el gobierno provincial para prevenir un rebrote y la llegada de una segunda ola de casos.  

En su respuesta Fernández Patri advierte que “la decisión de implementar por 14 días el aislamiento social, preventivo y obligatorio en las ciudades y departamentos con brotes de coronavirus responde a los criterios básicos que aconseja la epidemiología frente a una pandemia, puesto que la evolución de la misma nunca es lineal y progresiva, sino que varía y muta en virtud de múltiples factores”.  

“Seguir este tipo de recomendaciones científicas es lo que permite a la provincia tener el menor número de contagio en todo el país y lamentar solo 6 muertes por Covid 19. El ASPO respondió rápidamente a la evolución epidemiológica de cada lugar. Esto implica que, ante una situación de brote de contagios, lo más adecuado es restringir la circulación de personas y de actividades que puedan generar un aumento de los contagios mientras se realiza la investigación epidemiológica en terreno, con búsqueda activa de casos e identificación y aislamiento de contactos estrechos. Esta es la línea de acción que se ha optado en los lugares del mundo que pueden exhibir los mejores resultados en la lucha frente a la pandemia”, destacó el diputado del Frente de Todos. 

Además, Fernández Patri expresó que “cualquier persona puede realizar un análisis comparativo y cotejar los indicadores sanitarios del país y de cada provincia argentina. Siendo estos indicadores objetivos los que determinan el éxito o fracaso de cualquier estrategia sanitaria frente a una pandemia, frente a esto queda claro el acierto y la efectividad del trabajo que viene realizando el Gobierno con la población. No deja de ser llamativo que el Senador no haya siquiera mencionado estos datos. Su análisis omite los incuestionables resultados positivos de la estrategia sanitaria, sino que el propósito de su comparación con otras jurisdicciones lo único que hace es reafirmar que las medidas aplicadas en Formosa son más exitosas”. 

La respuesta del diputado también enfatiza que en este contexto y teniendo en cuenta las inversiones realizada por la provincia en Centros de Atención Sanitarias (CAS), no es necesario que las personas con COVID-19 asintomáticas o con síntomas leves realicen el aislamiento en sus domicilios.

En Formosa los PCR son gratuitos y se habilitaron laboratorios en todo el territorio provincial para que las personas se puedan realizar en su localidad sin desplazarse grandes distancias con la opción de consultar los resultados en la web. “Este trabajo profesional, multidisciplinar y coordinado permiten realizar detecciones tempranas para tomar las medidas sanitarias más adecuadas acorde a la evolución epidemiológica de cada lugar”, expresó Fernández Patri. Hasta el momento se han realizado más de 49.488 testeos en Formosa, desde el inicio de la pandemia, con una positividad del 1,75%, siendo ésta la más baja del país.   

“En razón a lo expuesto por el senador disiento de que las medidas sanitarias sean ‘una regresión democrática…’, las medidas sanitarias protegen la salud y la vida de la población, y sería una irresponsabilidad negar que esto ha evitado muchas pérdidas humanas”, afirmó el diputado por el Frente de Todos.  

Desde la provincia destacan que su situación privilegiada a nivel sanitario ha sido posible “porque a la par de la política sanitaria provincial ha existido un protagonismo y alto compromiso de la comunidad formoseña en el cuidado de la salud y la vida. Esa responsabilidad se ha visto reflejada también en el cumplimiento generalizado de las medidas y protocolos dispuestos para el territorio provincial”. 

La Cámara de Diputados sancionó por 127 votos a favor y 2 abstenciones la ley que implementa medidas para “el sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional”, que tendrá vigencia por unos 180 días, prorrogable por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo.

Pese a haberse debatido semanas atrás una iniciativa en comisiones de la Cámara baja, el texto aprobado surgió por consenso en el Senado y aprobado allí por unanimidad, con lo cual se trató sobre tablas este martes.

La norma prevé distintos beneficios fiscales y líneas de crédito para empresas y trabajadores del sector, mientras que también establece medidas de promoción e incentivo para los consumidores.

La ley alcanza a servicios de alojamiento, agencias de viajes, transporte vinculado a la actividad, profesionales y guías de turismo, centros turísticos, gastronomía, entre otros.

Además, invita a la Ciudad de Buenos Aires y las provincias a “tomar medidas de apoyo al sector turístico en lo que hace a sus competencias”.

El diputado Ramiro Fernández Patri dijo que el proyecto beneficiará a un millón de trabajadores que congrega la industria del turismo. “Sin duda que a partir de la declaración de la cuarentena el presidente Alberto Fernández ha recibido como uno de los primeros sectores a los representantes del turismo. A partir de ahí se puso a trabajar para generar una serie de medidas para ayudar al sector”, dijo, asegurando que ese proyecto no sería la primera medida que beneficiaría al sector.

“El Poder Ejecutivo Nacional no le ha soltado la mano”, aclaró el formoseño en referencia al turismo, asegurando que ese era “un trabajo de mucho consenso. Probablemente no sea la mejor ley o la más completa, pero es la mejor ley posible”, afirmó.

La norma tiene un plazo de 180 días, prorrogables por otros tantos, dijo, y tras detallar sus beneficios, el diputado formoseño garantizó que “estamos incentivando el consumo una vez más”.

A su vez, la catamarqueña Silvana Ginocchio sostuvo que “es un proyecto que proyecto que va a permitir enfrentar la dificultad tremenda que ha puesto la pandemia y que brinda las herramientas para mantener con vida el sector”.

“Creo que esta es una de las actividades más golpeadas por la cuarentena, y uno de los que en último término van a tener una recuperación económica”, señaló por su parte José Luis Ramón, alertando luego sobre un relajamiento en la cuarentena que puso un “desequilibrio en el cuidado de la vida y la salud de las personas, poniendo por encima la actividad económica, pero que genera unos riesgos tremendos en cuanto a la protección de la vida y la salud de las personas”.

“No obstante ello, creo que esta actividad económica requiere una presencia muy fuerte del Estado. Y en ese sentido es importante que tengamos en cuenta que debe haber un equilibrio en toda actividad económica, que son las empresas, pero también los trabajadores y los consumidores”, agregó el mendocino, que de todos modos, tras celebrar las bondades del proyecto, se quejó porque en el Senado solo escucharon a las cámaras del sector, pero no a los trabajadores, ni a los consumidores.

Puntos centrales de la ley

Beneficios fiscales y económicos

Se extiende el Programa de ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre para las actividades y rubros comprendidos que se encuentren paralizados o tengan una facturación inferior al 30%.

Se establecen como beneficios la reducción del 95% del pago de contribuciones patronales y el salario complementario abonado por el Estado Nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado del 50% del salario neto.

Se faculta al jefe de Gabinete a establecer condiciones especiales para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo y de los emprendimientos turísticos,  y a establecer una asistencia económica no reembolsable por un monto de hasta dos salarios mínimos.

Se prorroga por 180 días el vencimiento del pago de los impuestos existentes, o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las actividades alcanzadas por la ley, cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre.

Se suspende por 180 días la traba de cualquier medida cautelar a requerimiento de la AFIP o la ANSES.

El Poder Ejecutivo implementará una reducción en las alícuotas del impuesto sobre los créditos y los débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, más conocido como “impuesto al cheque”, hasta el 31 de diciembre.

Se instruye al Banco Central a disponer líneas de crédito para los sujetos comprendidos y para municipios y comunas donde la actividad principal sea el turismo.

Beneficios para los consumidores

Con el objetivo de incentivar la demanda, se establece un bono fiscal vacacional para las familias cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos, por única vez, para su uso dentro del país.

A su vez, se establece un régimen de preventa que consistirá en el reconocimiento, por parte del Estado Nacional, de un crédito a favor de las personas humanas, que será del 50% del monto de cada compra de servicios turísticos a ser brindados dentro del país.

Se crea un programa especial para el turismo de la tercera edad, por el cual el Estado aportará hasta el 21% de los paquetes turísticos, con el fin de sostener la actividad durante las temporadas bajas y para el bienestar de las personas mayores.

Se establece un programa de financiación de los paquetes turísticos de viajes de turismo estudiantil con destino nacional mediante una línea de crédito específica del Banco Nación.

Los establecimientos hoteleros de alojamiento temporario y empresas de transporte en cualquiera de sus modalidades que se hayan visto afectados o impedidos de prestar los servicios contratados de manera directa podrán ofrecer alternativamente a los usuarios las siguientes opciones: la reprogramación de los servicios contratados, respetando la calidad, estacionalidad y valores convenidos dentro de un período de 12 meses; la entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 12 meses posteriores al cese de la cuarentena, los cuales deberán ofrecer servicios equivalentes a los contratados u otros que pudiera aceptar el cliente; el reintegro del monto abonado por los servicios contratados mediante el pago de hasta seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento dentro de los 60 días de recibida la solicitud de reembolso.

Si el consumidor contrató servicios mediante intermediarios (agencias de viajes) podrá reprogramar sus viajes o recibir un voucher para ser utilizado dentro de los 12 meses desde la finalización de la cuarentena. Las agencias deberán proceder al reembolso a los consumidores si éstos solicitan la resolución del contrato, siempre que los proveedores de servicios hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente. Si solo alguno de los proveedores del servicio de viajes realiza la devolución, el consumidor tendrá derecho al reembolso parcial, siendo descontado del importe del voucher entregado. Los reembolsos deberán efectuarse en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de solicitud del reembolso o desde la fecha en que los proveedores de servicios hayan procedido a la devolución.

Las reprogramaciones y devoluciones de servicios de turismo estudiantil serán determinadas por el Ministerio de Turismo.

El Poder Ejecutivo deberá implementar una campaña promocional a través de los medios de comunicación audiovisual, gráficos y digitales a fin de motivar los viajes a destinos nacionales y comunicar los beneficios de esta ley.

A pesar de las críticas provenientes de Juntos por el Cambio y de representantes del sector que volvieron a reclamar una ley de emergencia, el proyecto del Frente de Todos que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del turismo recibió este martes dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.

La iniciativa avanzó en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Diego Mestre (UCR), donde el oficialismo reunió 17 firmas contra las 13 del dictamen de minoría, gracias al apoyo de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Claudia Márquez (Córdoba Federal).

Ahora, el proyecto seguirá su trámite en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque su autor, Ramiro Fernández Patri, aclaró que se analizan algunas modificaciones y que además esperan conocer la redacción final de la ley de moratoria, que también se trata en la Cámara baja y que alcanzaría al sector turístico.

Sin embargo, sigue sin haber acuerdo en la discusión principal, que tiene que ver con la declaración de la emergencia: a pesar de que Juntos por el Cambio insistió en avanzar en ese sentido para poder aplicar exenciones impositivas a la actividad, el oficialismo no dio el brazo a torcer y avisó que se sancionará “la ley posible”.

Al iniciar la reunión, Mestre explicó que el turismo es “el cuarto sector exportador de servicios” y “una gran fuente de ingreso de divisas”, además de generar “más de 1.000.000 de puestos de trabajo en el país”. “Desde el 20 de marzo, el sector no ha podido facturar prácticamente ni un peso”, advirtió.

El radical opinó que el proyecto del oficialismo contiene “ayudas que el sector puede llegar a necesitar más adelante”, y por el contrario “no tiene las herramientas que pide el sector y que están incluidas en el dictamen de minoría”, entre ellas beneficios financieros (créditos a tasa cero) y tributarios (exención del impuesto al cheque y otros tributos).

Asimismo, pidió que se mantenga el equilibro con respecto a los derechos de los consumidores, al indicar que el dictamen de mayoría “solamente tiene dos artículos” al respecto, mientras que el de minoría contiene “un detalle pormenorizado de cada situación”.

Al defender el dictamen del oficialismo, Fernández Patri destacó que el tema tiene “prioridad” en la agenda oficial y que por eso “4.000 personas van a recibir el APTur (Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos), que consiste en subsidios de 50.000 pesos, además de los trabajadores que fueron asistidos por el IFE (Ingreso Federal de Emergencia).

“Entendemos perfectamente los planteos y compartimos la preocupación. Vengo trabajando en el sector y tengo la camiseta puesta, pero también soy parte de un equipo de gobierno al que le tocó una situación coyuntural complicada donde el bosque es mucho más que el árbol”, justificó, y agregó: “El Gobierno ha tomado la decisión de priorizar la vida por encima de la economía”.

El formoseño reconoció: “Sin dudas al ministro (Matías) Lammens le encantaría darle al sector todas las herramientas que pide y más, pero necesitamos que todos podamos llegar: que quienes compran y consumen también puedan llegar vivos y con recursos. Estamos atendiendo el conjunto de los 44 millones de argentinos”.

Fernández Patri admitió que el proyecto “probablemente pueda ser enriquecido” para lograr “la mejor ley posible”. “Probablemente todavía no llegamos al mejor consenso”, dijo, y añadió que el Frente de Todos está a la espera de la redacción final de la ley de moratoria para ver qué aspectos deja sin resolver.

El diputado explicó que el plan de auxilio, capacitación e infraestructura tendría vigencia hasta el 31 de diciembre, período prorrogable por 180 días, aunque se está “analizando la posibilidad de extenderlo aun más”, como así también se evalúa la posibilidad de continuar con la entrega de los ATP, que “están garantizados por decreto hasta octubre”.

En tanto, resaltó que el proyecto otorga a quienes adquieran un paquete turístico a ejecutar en 2021 dentro de la Argentina un bono por el 50% de ese valor para utilizarlo a futuro en otro servicio. “Eso sin dudas es un esfuerzo fiscal y hubo consenso mayoritario sobre esta herramienta”, ponderó el legislador.

También mencionó que se promueve la reprogramación de viajes en un lapso de 18 meses desde el fin de la cuarentena, con la opción de la devolución del dinero en tres cuotas.

Para reafirmar la voluntad del oficialismo, Carolina Gaillard, exministra de Turismo de Entre Ríos, ratificó: “Tenemos ordenes de nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner; del presidente de la Cámara, Sergio Massa; y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de sacar esta ley cuanto antes”.

Sin embargo, Juntos por el Cambio insistió en defender su proyecto alternativo de declaración de la emergencia, que es “lo que todo el sector necesita, los (prestadores) grandes y los chicos”, según afirmó Alfredo Cornejo (UCR), titular de la Comisión de Turismo.

“Argentina entró a esta cuarentena sin ahorro, sin financiamiento y sin moneda, y para el sector privado entrar sin ahorro es un gran punto. No era algo gratuito entrar a la cuarentena”, consideró el mendocino, y enfatizó que “esta actividad no puede recuperarse ni sostenerse si no es con incentivos fiscales” ya que “tardará muchísimo en reactivarse”.

Además, Cornejo se preguntó “por qué no se declara la emergencia después de haberse declarado en diciembre nueve emergencias” con la Ley de Solidaridad Social.

Otro radical, Gustavo Menna –quien encabeza el proyecto de Juntos por el Cambio- consideró que ambos proyectos son “complementarios” y que “no hay una cuestión ‘partidocrática’”. Reconoció que la propuesta del oficialismo contiene “herramientas interesantes que apuntan a incentivar el consumo, pero están orientadas a la post-pandemia”.

“Declarar la emergencia no es un capricho, le da un fundamento constitucional a lo más importante: las herramientas para mitigar esta situación”, sostuvo Menna, y aseguró que el dictamen de mayoría “deja insatisfecho a todo el mundo”. “Si llegamos hasta acá fue porque el Ministerio de Turismo no presentó ningún plan”, cuestionó.

Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, lamentó que no se haya convocado a la reunión a sindicatos y asociaciones de consumidores, y pidió “lograr el consenso necesario para que el pato de esta boda no recaiga en los trabajadores o en los consumidores”.

Mestre le respondió a Ramón que “dada la urgencia del tema” se decidió avanzar con los representantes del sector que pidieron ser escuchados en la comisión (Ver abajo), y aprovechó para señalar que “la voluntad política del oficialismo” para avanzar en un dictamen común “no existe”.

La súplica del sector

Representantes de distintas cámaras y asociaciones turísticas imploraron tanto al oficialismo como a la oposición que busquen consensos para sancionar una ley de emergencia. Con datos numéricos, los invitados a la reunión virtual graficaron la crisis que padece el turismo.

Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, pidió “un gesto de grandeza por parte de los legisladores” ante “los 1.300.000 puestos de trabajo que están en riesgo”, dado que la actividad no solo fue la primera en ser suspendida, sino que también será “la que más tarde va a volver a recuperar su ritmo normal”.

Al enumerar una serie de propuestas puntuales, Elías solicitó que la ley “tenga por lo menos un año de vigencia” con posibilidad de ser prorrogada; que se extienda en el tiempo el Programa ATP; y que se contemplen beneficios fiscales e impositivos, como así también las reprogramaciones y devoluciones de paquetes turísticos.

A su turno, Alejandra Barzani, de AVAECE (Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentina), se preguntó: “Después de cuatro meses con facturación cero, ¿dónde nos integramos las agencias de viaje pymes en este plan de auxilio que pretende reemplazar a una ley de emergencia turística?”.

Barzani también preguntó “cómo vender viajes a futuro cuando no existe un horizonte de cuando se abrirán las fronteras de las provincias y en qué condiciones”, y en ese contexto consideró que el proyecto del oficialismo es “incompleto, insuficiente y poco resolutivo”, por lo que reclamó “encontrar puntos de encuentro” con la oposición.

Graciela Fresno, presidenta de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), consideró que el sector “va a normalizarse no antes de 2022” y advirtió sobre la facturación casi nula y las dificultades para pagar sueldos, aguinaldos y servicios públicos.

Fresno informó que se prevé “una pérdida de alrededor de 120.000 puestos de trabajo registrados”. “El sector necesita de medidas específicas y adecuadas a sus necesidades”, sostuvo, y en ese sentido pidió no solo sancionar la ley de emergencia, sino también mantener el Programa ATP.

Por Carolina Ramos

“Emergencia” o “plan de auxilio”: esa fue la disyuntiva que se expuso este martes en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, donde se impuso la segunda opción. El proyecto del oficialismo para atender la crisis del sector por la pandemia del Covid-19 recibió dictamen de mayoría tras una extensa reunión virtual que contó con la participación de los actores involucrados.

Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y Unidad Federal para el Desarrollo coincidieron en el diagnóstico de la crisis que atraviesa la actividad, pero a la hora de la votación triunfó la propuesta del oficialismo, encabezada por el formoseño Ramiro Fernández Patri y acordada con el ministro Matías Lammens.

La clave estuvo en la definición de Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal), quienes se inclinaron por el dictamen del oficialismo e hicieron la diferencia: el bloque mayoritario reunió 17 firmas contra 14 de la oposición.

Cornejo manifestó que “ambos despachos reconocen la situación de emergencia del sector y dicen que se requiere un Estado presente, pero no pudieron ser conciliados” a pesar de sucesivas reuniones con el ministro Lammens e incluso con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

Ahora, el debate seguirá en otras dos comisiones, las de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -que preside el radical Diego Mestre- y de Presupuesto y Hacienda -a cargo del oficialista Carlos Heller-.

Dos proyectos en pugna

Fernández Patri destacó que algunas de las medidas económicas tomadas por el Gobierno alcanzan al sector, como el programa ATP, que benefició al “77% de los prestadores turísticos y el 73% de los establecimientos gastronómicos”. Además, garantizó que el sector seguirá recibiendo esta asistencia hasta tanto dure la cuarentena.

El proyecto, explicó el formoseño, crea “un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo”, que estaría vigente desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de ser prorrogado por 180 días.

El diputado señaló que el texto contempla a todos los prestadores incluidos en la Ley Nacional de Turismo y agregó que “la parte impositiva va a quedar plasmada dentro de la moratoria” que propuso el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley que fue enviado este martes al Congreso.

Asimismo, el proyecto contempla “fondos adicionales a los ATP para la infraestructura turística”, y crea un plan para que las personas que en este 2020 compren paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.

“Estamos garantizando las preventas, que hoy ya se empiecen a generar transacciones económicas y que se empiece a facturar”, destacó Fernández Patri, y además dijo que se plantea un “régimen de devoluciones en un plazo de 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas de aislamiento”.

Pero desde Juntos por el Cambio, Cornejo advirtió que en el proyecto del oficialismo “hay dos formas de ayudar al sector: una que propone apoyarlos para infraestructura sin un monto específico, y la promoción del consumo, que es un mecanismo absolutamente errado, porque el motor de la economía es la inversión, no el consumo”.

Además, el mendocino opinó que la moratoria propuesta por el Ejecutivo “no tiene nada que ver con lo que estamos hablando” y “no resuelve en lo más mínimo el problema del sector”.

El radical Gustavo Menna fue el encargado de detallar el dictamen de Juntos por el Cambio, que según resaltó, “recogió observaciones del sector”. El chubutense precisó en primer lugar que la actividad turística “emplea a más de 650.000 personas y constituye un complejo exportador importante, que aporta divisas por más de 5.400 millones de dólares”.

“Esta no es una ley de promoción: es una ley que tiene que apuntar a salvar a todos estos prestadores, porque sin empresas no vamos a poder salvar el empleo ni la actividad”, dijo, y explicó que el proyecto declara la emergencia por el término de un año contado desde el aislamiento social, prorrogable por seis meses más.

“No es lo mismo declarar la emergencia que no declararla: es la base constitucional para justificar las medidas excepcionales, sobre todo en el orden tributario”, consideró, y además indicó que la iniciativa no distingue en cuanto a la escala del prestador e incluye a todas las personas humanas y jurídicas contempladas en la Ley de Turismo. El proyecto opositor propone la emergencia retroactiva al mes de marzo.

Al repasar los aspectos principales, Menna mencionó la exención del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; la exención del impuesto al cheque; la promoción del turismo nacional a través de un crédito fiscal imputable al pago de Ganancias; y un programa de asistencia al pago de salarios similar al actual programa ATP.

También se establece la suspensión de juicios de ejecución fiscal y se promueven acuerdos entre las partes para la reprogramación de viajes ya contratados, porque “necesitamos que los prestadores sobrevivan”.

La visión del sector

La reunión virtual inició con la exposición de representantes del sector y el primero fue Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, quien planteó que reclaman esta ley “desde el 13 de marzo, cuando ya teníamos clara la situación que iba a atravesar nuestra actividad”.

Elías sostuvo que “el turismo es uno de los cuatros pilares sobre los cuales se tiene que asentar la recuperación de la Argentina” junto con la agricultura, la ganadería y la minería, y por esa razón llamó a “poner al turismo como política de Estado”.

El funcionario detalló que el turismo representa el cuarto complejo exportador de la Argentina, con entre 5.200 y 5.400 millones de dólares ingresados en 2019. Estimamos que de eso, van a ingresar solamente de 900 a 1.000 millones de dólares. Con esto podemos graficar la dimensión de las pérdidas”, explicó.

Al referirse al proyecto en cuestión, consideró que “el sector necesita una ley que tenga una vigencia nunca menor a un año”, y que además contemple a todos los sujetos comprendidos porque la actividad “está parada por completo”.

“No podemos avalar un proyecto que no contemple la totalidad de las empresas”, dijo, y en ese sentido pidió “no juzgar por su tamaño o cantidad de empleados”.

Gustavo Hani, de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) sostuvo que desde el año pasado el sector ya venía afectado por una caída en el empleo y en la facturación, a lo que se sumó luego el Impuesto PAIS y finalmente, la pandemia.

Según Hani, en enero de 2020 se registró “un desplome en la venta de pasajes internacionales en un 52%”, y “en abril por primera vez en la historia la venta de pasajes arrojó números negativos” en Argentina, una caída que “a nivel mundial fue del 94%”.

“No podremos cumplir con nuestras obligaciones impositivas por lo menos por un año. La mayoría de las empresas se han endeudado para pagar salarios y gastos operativos. Está en sus manos poder salvar a las más de 5.600 agencias -de las cuales el 95% son pymes- y a las casi 25.000 familias que viven de la actividad de forma directa y las miles de personas que se benefician del turismo en cada pueblo o ciudad de nuestro país”, expresó.

Desde la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Héctor Viñuales coincidió en que “tenemos que salir cuando antes con una ley que pueda solucionar este problema inédito que estamos pasando” y propuso que en una futura moratoria, los primeros pagos sean de aquí a un año.

También expusieron Gabriela Fresno, de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina); Marcela López Ghitta, de la Cámara de Esquí y Montaña en Argentina; Carlos Pelli, de AAETAV (Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura) y Marcelo García, de la Asociación de Centros de Idioma (SEA), entre otros.