El Gobierno presentaría la próxima semana un proyecto para reducir la edad para imputar a los menores de edad. Hay en la actualidad casi una decena de iniciativas con estado parlamentario para un tema que cuesta llevar al recinto.
Entre las reacciones que la crisis de seguridad en Rosario generó, en el plano legislativo están los cinco proyectos que los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaron que el Gobierno de Javier Milei mandará en las próximas semanas al Congreso para modificar leyes de seguridad, incluida la de Seguridad Interior.
Ahora la detención del presunto asesino del playero Bruno Bussanich será disparadora de otra iniciativa que causará seguramente gran repercusión, pues se trata de la modificación de la edad de imputabilidad. Sucede que el asesino de Bussanich tiene 15 años, y ello motivó el siguiente anuncio de la ministra de Seguridad: “Ya está entrando al Congreso de la Nación la ley de imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.
Tan previsible anuncio fue hecho por Patricia Bullrich a través de su cuenta de X. Ese mensaje fue reposteado por el propio presidente Javier Milei, quien le agregó la siguiente sentencia: “EL QUE LA HACE, LA PAGA…”. Así en mayúsculas.
EL QUE LA HACE, LA PAGA… https://t.co/JFo7OK2sDF
— Javier Milei (@JMilei) March 29, 2024
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue más lejos en su reacción, al postear junto al anuncio de “la detención del asesino que fusiló al playero en Rosario” la siguiente definición, que considerando el cargo de quien lo dice, ya representa un anticipo: “Delito de adulto, pena de adulto”.
La información que trascendió en la tarde del Viernes Santo es la de que el presidente Milei dio instrucciones a su ministro de Justicia para apurar la presentación de un proyecto de ley proponiendo la baja de edad de imputabilidad a 14 años. El mismo, según fuentes oficiales consultadas, sería anunciado inmediatamente después del fin de semana largo. No está confirmado si el anuncio llegará con el proyecto de ley correspondiente, o el mismo se conocerá más tarde.
A mediados de enero, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había anticipado que el Gobierno presentaría un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En esa oportunidad explicó por Radio Rivadavia: “Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto. ¿Por qué? Porque al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó.
El ministro Cúneo Libarona junto a Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que tendrá mucho que decir en este tema.
Antecedentes cercanos
La presentación de proyectos vinculados a la baja de edad de imputabilidad es constante en ambas cámaras. Un actual miembro del gabinete nacional, el ministro de Defensa Luis Petri, presentó en noviembre de 2021 un proyecto de ley que establecía la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de catorce y menores de 18 años al momento de la comisión del hecho tipificado como delito.
“La finalidad principal del sistema de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral e interdisciplinario”, indicaba el texto de la iniciativa, que establecía la necesidad de “consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal. De lo contrario, supone consagrar la impunidad por el crimen anticipadamente por vía legal, clausurando cualquier posibilidad de justicia para la víctima de manera individual, pese a que su autor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad del delito cometido”.
“Argentina es uno de los países con más alta edad de imputabilidad del mundo. La gran mayoría de países de Latinoamérica y Europa incluyen a los menores en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a partir de los 14 años (Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania, Italia), 13 años (Uruguay, Francia, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre muchos otros países”, explicaba el entonces diputado nacional radical al proponer dar el debate de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil, que disponga penas y establecimientos para su cumplimiento diferenciado, que prevea medidas alternativas a las de prisión conforme a la gravedad del delito, garantice el derecho de defensa y el debido proceso, que erradique todo resabio tutelar y tenga la capacidad de evitar y prevenir la escalada criminal de menores en conflicto con la ley penal, aumentando las posibilidades de resocialización y otorgando una tutela judicial efectiva a las víctimas.
Para el Gobierno de Cambiemos, la baja de la edad de imputabilidad fue un objetivo inconcluso. En enero de 2017, los entonces ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron un encuentro al cabo del cual ofrecieron una conferencia de prensa junto a los titulares de las comisiones de Legislación Penal de Diputados, la radical Gabriela Burgos, y del Senado, el peronista Pedro Guastavino. Garavano informó entonces que, según se había acordado en la reunión, “la discusión sobre la edad de imputabilidad” de 16 a 14 años iba a ser “el último punto” del debate, que se había disparado luego del asesinato del joven Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores.
Germán Garavano y Patricia Bullrich al anunciar en 2017 la propuesta de Cambiemos para bajar la edad de imputabilidad.
En la previa, el funcionario consideró que “la ley actual es un espanto” porque “es una ley de (Jorge) Videla, del año 80, de la dictadura, tiene más de 36 años y es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado”.
El proyecto no llegó a avanzar, y el Gobierno de Mauricio Macri intentó retomarlo en su último año, 2019, modificando la intención original de llevar la edad de imputabilidad de 16 a 14, a 15, aplicándola para los delitos más graves.
En esa iniciativa se hablaba de un sistema de escalas, y los menores de 15 años serían imputables solo por homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robo con armas de fuego.
Para los casos de mayores de 16 años y menores de 18, serían imputables cuando se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor a tres años y podrían ir presos en caso de haber cometido un hecho comprendido en el Código Penal que tenga una pena máxima igual o mayor a diez años.
Asimismo el proyecto preveía incorporar mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.
Ese proyecto preveía que en caso de que la investigación preliminar estableciera que un menor de 15 años cometió un delito reprimido con pena máxima de 10 años, un equipo interdisciplinario elaboraría un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.
El proyecto llegó a debatirse en comisiones, realizándose reuniones informativas, pero nunca llegó al recinto.
Proyectos vigentes
En la actualidad hay en el Congreso 8 proyectos de ley con estado parlamentario para modificar la edad de imputabilidad, siendo el más reciente uno presentado por Ramiro Gutiérrez (UP), junto a otros diputados del massismo, el 5 de marzo pasado, que propone un Régimen de Responsabilidad Penal de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años. El mismo diputado ya había presentado una iniciativa en el mismo sentido en septiembre de 2022.
Otra diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, presentó el 23 de agosto de 2023 un proyecto para derogar la Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad) y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Su propuesta no establece una edad límite, sino que establece que “será punible toda persona menor de 16 años que fuere acusada de cometer o participar en la comisión, aun en grado de tentativa, de alguno de los delitos tipificados en los artículos 79, 80, 81, 91, 119 párr. 2 y párr. 3, 166 inc. 2 y 170 del Código Penal de la Nación, o un delito cuya pena máxima fuere superior a los 15 años”.
Por su parte, el diputado del Pro Diego Santilli hizo su aporte el 16 de junio del año pasado, proponiendo un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil basado en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes, que contempla bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años. Ya había presentado uno similar en noviembre de 2022.
En lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, su proyecto prevé que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Asimismo, las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación.
Carolina Piparo presentó el 30 de marzo de 2023 una modificación del artículo 50 del Código Penal, para incorporar la reincidencia a los delitos cometidos por menores de la edad de imputabilidad. “La sociedad no puede seguir siendo rehén de menores que salen a cometer delitos y cuya violencia es cada vez mayor porque no encuentran obstáculos impuestos ni desde su hogar, si es que lo tienen, ni desde el Estado”, señalaba la diputada de Buenos Aires Libre en los fundamentos de su iniciativa.
También en marzo de 2023, el diputado Ricardo López Murphy presentó una iniciativa que creara un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad a 14 años.
Y llegamos a noviembre de 2022, cuando el diputado Cristian Ritondo presentó su propia propuesta de Régimen de Responsabilidad Penal de la Minoridad, bajando a 14 la edad de imputabilidad.
Cristian Ritondo y Carolina Piparo hablando de la baja de edad de imputabilidad, precisamente.
Un diputado massista presentó una iniciativa para modificar el Código Penal. Actualmente el delito de estafa a personas vulnerables tiene penas de un mes a seis años.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (UP – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y crear el delito de “estafa agravada a personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad”.
En Argentina, las estafas a personas mayores son conocidas como “el cuento del tio”, el cual está regulado en el artículo 172 del Código Penal y presenta una pena que inicia con un mes de prisión y llega a los seis años como tope máximo.
En tal sentido, el diputado massista expresó: “En todo el territorio operan bandas especializadas en abordar adultos mayores con el cuento del tío, los seleccionan cuidadosamente, los estafan y realmente no pasa nada. Hay que revertir esa situación con un claro mensaje desde la ley. Los que estafan a nuestros adultos mayores podrán recibir penas de hasta ocho años de prisión efectiva”.
En el texto, se explicó que la selección de víctimas nace a partir de “listados de abonados telefónicos y de tareas de inteligencia criminal, el uso de tecnología para la reiteración de llamadas, el empleo de datos aportados por la propia víctima, el uso de “enganches psicológicos” para dominar la vulnerabilidad, el despliegue de coautores y participes en el territorio, la fungibilidad del dinero estafado y la escasa cuantía de la pena, dan como resultado una modalidad recurrente, lucrativa y extremadamente impune”.
“Argentina adhirió a la Convención de Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, no hay lugar para dudas: estafarlos y dejarlos en la calle debe ser un delito severo”, sostuvo el diputado Gutiérrez.
También, se tomaron en cuenta no sólo los daños materiales a la víctima sino los psicológicos, como el remordimiento, la culpa, la auto asignación de indefensión por longevidad, la depresión o el abatimiento seguido de muerte que se verifican en los adultos mayores con posterioridad a la estafa.
La iniciativa fue acompañada por los diputados nacionales Mónica Litza, Micaela Moran, Daniel Arroyo, Marcela Passo, Diego Giuliano y Sabrina Selva, todos del bloque de Unión por la Patria del espacio Frente Renovador que responde a Sergio Massa.
El legislador oficialista aseguró que el sistema de seguridad impulsado por el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en Tigre “puede ser federalizado”, y aseguró que en el país hay 55 mil prófugos y evadidos y el 10% son de alto perfil.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FdT) destacó que el sistema de seguridad impulsado por el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el partido bonaerense de Tigre “puede ser federalizado” y remarcó que pretenden “trabajar fuertemente en contra de la puerta giratoria”.
En diálogo por la AM 990, conocedor en la materia en su carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja explicó que “el sistema aplicado en Tigre en cuestión de seguridad puede ser federalizado que es la seguridad inteligente con la aplicación de los centros de monitoreo, los domos de vigilancia, personal formado en seguridad, un tiempo de respuesta de menos de 3 minutos para que vos sientas que alguien no te está mirando para robarte, sino para cuidarte”.
“Es un sistema que está aprobado y se usa en ciudades muy calientes porque opera el sicariato en forma constante como Medellín. Es un sistema que requiere una capacitación de operadores que te van a observar, van a ver quién no es habitué, quién se queda mucho tiempo mirando tu casa, detectar antecedentes penales”, sostuvo el legislador oficialista y sumó: “Poder accionar un botón antipánico que va a estar en el auto, en el comercio, y poder tener el más bajo tiempo de respuesta para que venga un móvil que van a tener un sistema que pones un dedo y en 60 segundos te saltan los antecedentes penales”.
Al respecto, afirmó que en el país hay 55 mil prófugos y evadidos y el 10% son de alto perfil y “son personas que han matado, violado”.
El dirigente del Frente Renovador destacó que se debe “trabajar con estos sistemas, pero sin descuidar al policía, las cuadrículas, cadenas de WhatsApp. Todo lo que permita acercarse a este sistema de seguridad está en la cabeza, decisión y acción de Massa. Que cada 30 o 40 minutos vas a escuchar un golpe de sirena con su luz, porque los móviles deben tener sus buenas herramientas para hacer un buen patrullaje”.
“Es necesario una fuerte recapacitación de la Policía, porque muchos entran por una cuestión salarial y no por vocación. También es necesario un control y supervisión y un respaldo para el accionar policial, porque vos sentís un ruido raro y vos los llamas, por eso deben saber cómo proceder correctamente. El Estado te debe enviar una policía capacitada y bien remunerada”, indicó Gutiérrez.
Al referirse a la figura de los uniformados, el diputado nacional aseguró que los dirigentes alineados con Massa tienen la concepción de que son “profesionales de servicio de la seguridad pública”.
Además, apuntó contra la Justicia y remarcó que van a “trabajar fuertemente en contra de la puerta giratoria. Los jueces tienen un rol en el Estado y lo tienen que cumplir”, tras lo cual ironizó: “Es más fácil encontrar la farmacia de turno que saber el fiscal”.
“Es necesario que la fiscalía de turno deba estar abiertas las 24 horas para que conozcas a quien te debe cuidar”, añadió.
El presidente de la Comisión de Seguridad Interior se mostró a favor del sistema de cámaras y dijo que debe haber “muchos recursos del Estado puestos en ver la tormenta antes de que se forme”.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FdT) se refirió al tema de la seguridad y destacó la gestión de Sergio Massa cuando fue intendente: “La seguridad inteligente de Massa fue la que volteó la fiebre del delito en Tigre”.
Conocedor en la materia, el presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja consideró que “tenemos que tener seguridad anticipatoria. Muchos recursos del Estado puestos en ver la tormenta antes de que se forme. Tenemos que poder ver al lanchador, al que anda caminando, al que te va a robar. Entonces el policía tiene que estar preparado para ver antes lo que va a pasar. Y si ese esquema vos lo tenés linkeado con un sistema de domos y de cámaras presentes -una buena cámara que puede tomar 300 metros-, reemplaza a cuatro policías de terreno”.
En declaraciones a A24, el oficialista señaló que “ya lo dijo todo Massa: el tipo que toma la decisión de subirse a una moto para ir a robar, se baja en la cárcel y no tiene privilegios. Tenemos que tener una gran conversación, la sociedad, con los fiscales y con los jueces, y hay que terminar con la puerta giratoria”.
Además, el massista se refirió a un proyecto de ley suyo presentado en el Congreso, por el cual propone crear “doce portaciones agravadas de arma de fuego. Llevas un arma tumbera, no salís. Llevas un arma con la numeración cambiada, no salís. Llevas un arma que se utilizó para un delito, no salís. Llevas un arma con cartel que es la que le robaron un policía, no vas a salir. Llevas bala, mata policía, no vas a salir. Creamos el delito de balacera”. “¿Dónde está en el Código Penal el delito de balacera? Entonces, ¿es lo mismo tirar un tiro que tirar 100 tiros? No”, resumió.
“En este tema no tenemos que tener fisuras y todos deben levantar la mano en el Congreso si queremos mandar el delito a la casa o meterlo a la cárcel al delincuente. Hay que tomar esas decisiones de Estado y por los próximos 10 años todos saber que vamos para el mismo lado”, concluyó.
El proyecto fue impulsado por el diputado massista Ramiro Gutiérrez quien manifestó que “si la idea Milei avanza, el mercado va a secuestrar un hijo por un riñón”.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó este miércoles un proyecto de ley que prohíbe la comercialización y tráfico de órganos humanos, con el objetivo de garantizar y reforzar los derechos de las personas, modificando la actual ley 27.447.
El domingo pasado, en las elecciones PASO 2023, La Libertad Avanza, con Javier Milei a la cabeza, alcanzó el primer lugar con 30 puntos sobre los 28 de Juntos por el Cambio y los 27 de Unión por la Patria, generando así, la elección de “tres tercios” que pronosticó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en una entrevista televisiva previa al cierre de listas.
Ante el inobjetable triunfo del candidato libertario, el oficialismo impulsa esta iniciativa para “enfrentarse” a las ideas que el economista y diputado de LLA pregonó desde su aparición mediática: En junio del 2022, Milei quedó en el foco de la polémica tras pronunciarse a favor de la venta de órganos (antes lo había hecho con la tenencia de armas de fuego) y considerarlo como “un mercado más”.
“La idea de (Javier) Milei propone la compra y venta libre de órganos, pero lo que no dice es que si se libera ese mercado te van a secuestrar un hijo por un riñón”, advirtió el diputado massista. “Es urgente que reforcemos penalmente toda la cadena de extracción, comercialización, almacenaje, distribución e implante ilegal de órganos y tejidos humanos”, siguió.
En la iniciativa, las penas previstas por comercialización ilegal y tráfico de órganos serán de 3 a 10 años, y en caso de tratarse de profesionales médicos o personal de la salud, irán de 3 a 12 años. Asimismo, propone que “será reprimido con prisión o reclusión de cuatro (4) años a perpetua el que extrajere órganos o tejidos de humanos vivos”.
En tal sentido, señaló que “con esta iniciativa sumamos penalidades para el receptor del órgano de mala fe a sabiendas del origen ilícito ya que con la ley actual solo los médicos y auxiliares de salud podían cometer esta clase de delitos”.
De este modo, “ya no habrá más vacíos legales porque ahora cualquier rol en esa cadena que pueda ser cometido por cualquier persona podrá ser penado con hasta 12 años de prisión”, aseguró Gutiérrez.
“Los médicos y personal de salud involucrados en estos delitos, además de perder la libertad, serán inhabilitados de por vida para ejercer o auxiliar en el arte de curar”, aseveró Gutiérrez y añadió que “establecimos como agravante el concurso premeditado de tres o más personas y el tráfico internacional de órganos humanos”.
El diputado oficialista expresó que “también incorporamos como delito agravado la subasta física y en red de órganos, así como también el turismo de comercialización e implante de órganos, ya que de ahora en más no solo será delito extraer los órganos sino también implantarlos ilegalmente”.
Para cerrar, manifestó que “esta reforma afianza y garantiza el sistema legal argentinos de recepción y defensa de los derechos humanos fundamentales”.
Proyecto-compra-de-organosEl legislador massista consideró que “estamos en la etapa del orden y la estabilización”.
El diputado nacional y precandidato por la provincia de Buenos Aires, Ramiro Gutiérrez, opinó este lunes sobre Sergio Massa y expresó que “tomó la papa caliente y lo está resolviendo, con pragmatismo y decisión”.
Además, destacó la capacidad de gestión del ministro de Economía y ponderó “su firmeza” como una condición que la ciudadanía mira con atención. “Nosotros tenemos un candidato con firmeza, la ciudadanía lo observa a Massa con atención, es el más preparado, es muy versátil, es una persona que si hay una oportunidad adelante la va a encontrar y la va a transitar”, señaló.
“Massa escuchó a los sectores, comprendió las demandas y resolvió. Ejemplo de ellos es el monotributo productivo. Él tiene en su cabeza, ordenar, estabilizar y crecer. Estamos en la etapa del orden y la estabilización. Se paró ante el FMI y le dijo ‘es con el gasoducto, sino no’. Esa acción nos permitió tener 600 kilómetros de gasoducto ya, con 6000 trabajos garantizados directos o indirectos”, agregó.
Por último, Ramiro Gutiérrez manifestó: “Nosotros notamos que en estas últimas 48 horas hay más clima de campaña. La elección es ahora, se define el domingo y estamos notando que esta convocatoria que ha hecho Sergio Massa y Unión por la Patria nos está devolviendo un poco más de calor”.
Tras la amenaza narco en Rosario hacia Lionel Messi y ante los reiterados pedidos por parte de la oposición, finalmente se oficializó la citación del ministro de Seguridad el próximo jueves 9 a las 13.
La amenaza narco a Lionel Messi en Rosario, tras el ataque a un local de la familia de su esposa, fue la gota que rebalsó el vaso en materia de inseguridad, lo que derivó a que finalmente este jueves se oficializara la citación del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a la comisión homónima que preside el oficialista Ramiro Gutiérrez.
Según reza la convocatoria “por expresa indicación del presidente de la Comisión de Seguridad Interior diputado Ramiro Gutiérrez, se cita a la reunión a celebrarse el día jueves 9 de marzo a las 13 en la Sala 1 del 2° piso del edificio Anexo A”, y agrega: “Se solicita que remitan a través de sus correos las preguntas dirigidas al señor ministro. Las mismas se recepcionarán hasta el día 7 de marzo a las 11”.
Cabe destacar que, en el inicio de la sesión del martes, el diputado santafecino y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín (UCR), presentó un pedido de apartamiento para interpelar al ministro por la situación de inseguridad en su provincia, pero dijo que estaba dispuesto a levantarlo si tenían garantías y fecha confirmada de que fuera a ir.
Así, Gutiérrez le respondió que ya le habían mandado un pedido para que fuera, y que desde el ministerio no contestaban. Al final de la sesión, desde el oficialismo confirmaron la presencia del titular de la cartera de Seguridad, por lo que el radical procedió a retirar el pedido.
La última visita que hizo Fernández al Congreso fue el 2 de agosto de 2022 cuando expuso ante el Senado por casi cinco horas un informe sobre su gestión.
Quedó así lista la norma para ser debatida en el recinto de la Cámara baja. Diputados de la oposición ya adelantaron que pedirán que eso suceda la próxima semana.
Casi un mes después de haberse conseguido el dictamen en la Comisión de Transporte, la Comisión de Seguridad Interior que preside el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez celebró este jueves una reunión en la que participaron, además de legisladores, funcionarios y familiares de víctimas de siniestros viales, en la que se avanzó con la firma de los dictámenes correspondientes que permitirán que pueda ser tratado en el recinto cuando las autoridades parlamentarias así lo dispongan.
Recordemos que en Transporte se suscribió el 12 de octubre pasado un dictamen sobre la modificación de la Ley 24.449, que propone que la cantidad permitida de 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre en conductores pase a ser “cero” en todo el territorio nacional. Pero no hubo allí un solo dictamen, sino dos. El de minoría, propuesto por la diputada nacional Jimena Latorre (UCR), representante de Mendoza -región vitivinícola-, sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.
El primero en exponer en el seno de la comisión fue el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano, quien habló de “un problema que nos lastima año a año, muertes en las rutas y calles por conductores que manejan después de tomar alcohol”.
Fervoroso militante del “alcohol cero”, el funcionario destacó los resultados obtenidos en los países limítrofes que ya aplican esa norma que permite “disociar el alcohol de la conducción” y que han permitido un descenso de la siniestrabilidad grave asociada al consumo de alcohol.
Reivindicó la política y el rol legislativo “en momentos en que a algunos se les ocurre cuestionarlos, con esta reunión ustedes están demostrando cercanía con las víctimas. Es espectacular realmente que podamos entre todos por un momento dejar de lado lo que nos divide y encontrar lo que nos une. Y este tema lo hace”.
A continuación, el diputado correntino Manuel Aguirre (UCR) dio cifras puntuales: el 15,2% de los mayores de 18 años que manejó un vehículo al menos una vez en los últimos 30 días lo hizo habiendo bebido alcohol; el 25,1% de los conductores siniestrados declararon haber consumido alcohol previo al accidente. Y por último, las personas siniestradas que tomaron, generaron lesiones de mayor gravedad que los que no lo hicieron, detalló el diputado radical.
Aguirre es autor de un proyecto similar al suscripto en el dictamen y allí marcó -contó- aquellas provincias que tienen tolerancia cero con el alcohol: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán; como así también ciudades, entre ellas Mar del Plata, Moreno, Bragado, Posadas, Tigre, Ezeiza, Neuquén, Rosario, Santa Fe. En todos esos lugares, “la disminución de la siniestralidad es notable”, remarcó el diputado correntino.
El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, participó de la reunión en reemplazo de Florencio Randazzo, cuyo trabajo valoró, como así también el de otra miembro de su bancada, la cordobesa Natalia de la Sota, impulsora de otra iniciativa. “Creemos que esta modificación que permite prohibir la conducción de cualquier vehículo es una deuda de este Congreso con la sociedad, con las familias que han sufrido y sufren una pérdida irreparable. Una deuda con el presente, con quienes hoy conducen, trabajan en toda la Argentina; y es también una deuda con las generaciones futuras para que se consolide una cultura de la prudencia y el apego a la vida”.
La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo valoró que ese fuera un “proyecto interpartidario”, con el cual “todos nos sentimos un poco representados”. Destacó el papel desempeñado por las asociaciones de víctimas de accidentes viales y consideró que “haber llegado hasta acá es un enorme logro de ellos, porque no se silenciaron y llegaron hasta aquí”.
Luego apuntó que “es necesaria esta ley y es insuficiente. Hay que generar cambios en los comportamientos. Los controles en Europa son el triple, el cuádruple, que acá, es un cuidado colectivo”, y señaló que no debe ser necesariamente “penalizando” como se va a lograr conciencia en la materia, sino avanzando en la concientización de la sociedad, pero aclaró que “necesitamos controles”.
A su turno, el jujeño Carlos Ferreyra detalló una modificación que él sugería realizar en una ley que “trata de proteger la vida, pero va a ser fundamental el organismo de control que se ocupe de esto. Sin controles, va a ser una muy bonita ley que no va a tener efecto”.
El legislador oficialista contó que en Jujuy tienen “alcoholemia cero”; admitió que en principio su espíritu era “recaudatorio”, pero que con el transcurso del tiempo “han bajado los accidentes. Nos interesa la vida, va a ser imprescindible que el organismo de control se ocupe de esto. Eso va a proteger la vida”.
Fue luego el turno de Mónica Frade (Coalición Cívica), quien se manifestó “absolutamente de acuerdo con la propuesta de alcohol cero”, pero aclaró que es “absolutamente insuficiente, porque no vamos a abordar solo con esto la resolución de un tema gravísimo que tiene muchos componentes. Me he cansado de pedir que hagan control a la salida de los boliches y no lo he logrado. Tomemos en serio el problema del alcohol y no hagamos los controles en cualquier lado”.
Frade aclaró que es autora de un proyecto que limita la publicidad del alcohol, y enfatizó que “la mirada tiene que ser integral, y “en ese plano voy a incorporar un elemento que no tiene que ver con esto que dije, sino con otra cosa: cómo se manejan los alcoholímetros y qué control tenemos. Que los alcoholímetros sean seguros: cada seis meses deben ser sometidos a control”, sostuvo, estimando que “ninguno es controlado”. “Se descalibran, deberían ser sometidos a ese control cada mes, en un país donde las balas de la policía están vencidas, donde los controles básicos están fallando”.
Frade llamó a “reducir falsos positivos o falsos negativos. Exigir a la autoridad de control el certificado de la aptitud del aparato que están usando, o que se hagan tres pruebas consecutivas, para dar garantía a todos los que conducen”.
El diputado oficialista Rogelio Iparraguirre aclaro que “todos somos conscientes de que no estamos resolviendo ni dándole garantías a nuestros ciudadanos de que no van a producirse más siniestros, ni accidentes, son cosas evitables”. Pero resaltó también “la persistencia de las asociaciones de madres y padres, creo que son los que en definitiva hicieron posible que hoy estemos acá”.
“Yo estoy convencido de que no estaríamos dictaminando este proyecto si no estuviera precedido por años de lucha y de organización de los familiares”, cerró el legislador.
El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, arrancó hablando de su experiencia de 4 años como ministro de Seguridad, la cual “nos ha hecho notar que la mayoría de los accidentes están vinculados al consumo de alcohol. Habló también de las picadas y recordó que cuando junto a los diputados María Luján Rey y Waldo Wolff hicieron campaña en 2019 comprometiéndose a defender esa causa.
Salió al cruce de paso de su par Mónica Frade respecto de la seguridad de los alcoholímetros, aclarando que los mismos “están calibrados permanentemente”. Y valoró el dictamen que estaban suscribiendo como “un gran paso adelante que responde a lo que han dicho las organizaciones y a modificar la realidad que vive la Argentina con el consumo irresponsable de los conductores”.
Recibió una devolución del presidente de la comisión, Ramiro Gutiérrez, quien destacó que cuando Ritondo fue ministro, un funcionario policial que había sido descubierto conduciendo un vehículo en esas circunstancias “no duró 5 minutos después de haberlo hecho”.
El oficialista Leandro Santoro expresó su “respeto y cariño a los familiares de víctimas de siniestros viales, porque lograron transformar ese dolor en lucha”. Advirtió que en este tema hay tres instancias que deben articularse: el marco normativo, los controles y la cultura de nuestra sociedad. “Porque todos sabemos que por más que haya leyes y controles, va a ser muy difícil que estas cosas dejen de ocurrir”, aclaró.
“Somos férreos defensores de la libertad, porque quisimos expandir la libertad a otras áreas; pero la libertad se tiene que constituir además a partir de otra premisa, que es la responsabilidad social. No estoy en contra de que alguien tome alcohol, sino de que maneje habiendo tomado alcohol. Si no puede autolimitarse, está siendo irresponsable con su propia vida y contra los terceros”.
A su turno, el chaqueño Juan Manuel Pedrini contó que en Chaco sancionaron en agosto pasado una ley de alcohol cero. “Somos la provincia 11 que tiene esa norma. Es importante que Nación la sancione, pero es importante que las provincias, y más los municipios, se adhieran”.
Y a las organizaciones de familiares de víctimas, cuya labor de “toma de conciencia y sensibilización” consideró “increíble”, les dijo que habían logrado sensibilizar a los políticos. “Ahora hay que sensibilizar a la población; deben hablar en los clubes, en las ONG y en eso tal vez los escuchen más a ustedes que a nosotros”, advirtió.
Luego fue el turno de la diputada Agustina Propato, que felicitó a las organizaciones presentes en la sala “por el valor y la lucha de haber llegado hasta acá”. Luego destacó y puso en valor el aporte hecho por el diputado Ritondo, en referencia a la aclaración que había hecho sobre los alcoholímetros. “Me parece muy sensato en estas circunstancias que seamos muy serios a la hora de discutir políticas públicas. Como legisladores debemos confiar en la administración pública. Y por supuesto, propender a generar las garantías”, señaló.
“Digo esto por la diputada Mónica Frade, que una especie de duda que se siembra sobre esta ley. Porque también sucedió una cosa similar en relación a la renovación del plan de entrega voluntaria de armas. Necesitamos ser muy sensatos en estas discusiones”, remarcó la diputada.
Le contestó Frade aclarando que no había atacado al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien está casado precisamente con la diputada Propato. “Cuando hice esa alusión no me referí al esposo de la diputada, sino que hay un margen que los fabricantes aluden que tienen los aparatos: no es un tema que lo digo yo, lo inventé, y esto es en beneficio de los familiares de todos los que estamos acá, porque dije que todos somos potenciales víctimas. Y lo que he propuesto es para garantizar el sistema”, cerró.
El diputado Eduardo Toniolli advirtió que “el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales; afecta nuestros sentidos y capacidades, con una graduación de entre 0,1 y 0,5% es tres veces más alto el riesgo de sufrir un siniestro vial. Son números que surgen de las estadísticas, estudios científicos, o experiencias que atravesamos las últimas décadas”.
A su juicio, el dictado de una norma que disocie la ingesta de alcohol de la conducción del vehículo “debería bajar la siniestralidad vial y la cantidad de muertes”.
Luego apuntó que “en todos los municipios donde se ha aplicado este tipo de normas ha bajado la siniestralidad vial. Ese solo argumento, para nosotros nos exime de cualquier duda a la hora de legislar en la materia y nos llama a abrazar y defender esta norma, que es una forma de defender la vida”.
Sobre el final, intervino la diputada María Luján Rey, que aclaró que no es parte de esa comisión, pero había participado de la reunión para “expresar la profunda alegría que me da que esta comisión haya tratado este proyecto con la celeridad que se trató”. Agradeció a los familiares y les dijo por experiencia propia que sabía que “no es este el final de su camino, sino una ley por la que vienen luchando hace mucho tiempo y espero que logremos que antes de fin de año se debata en el recinto”.
“Hay mucho más para hacer, con esto no solucionamos, pero sí damos un mensaje claro”, señaló, advirtiendo que “ha bajado el número de víctimas, pero no ha bajado el consumo de alcohol”, les dijo al sector vitivinícola, y agregó: “Quédense tranquilos, esta ley es a favor de la vida”.
El diputado Carlos Selva sostuvo que “en el fondo de la cuestión estamos avanzando en un cambio cultural que proteja vidas, y en ese sentido no hay discusión”. Aclaró luego que los diputados cambiarían la norma, pero después “empieza la instrumentación; ahí es donde nosotros tenemos que lograr que los controles resulten más exigentes”. Y si bien valoró la ley que establece la obligatoriedad de circular con luces diurnas en las autopistas y rutas, advirtió que “hoy vemos que hay muchísimos controles sobre las luces diurnas y no sobre alcoholemia”.
Tras aclarar que no era una crítica al titular de la Agencia de Seguridad Vial, reclamó “crear también un compromiso donde se tome dimensión y se le dé volumen y musculatura” a una campaña sobre el alcohol al volante. E insistió: “En algunas autopistas te sancionan por eso, pero jamás te paran por control de alcoholemia, paran porque es más fácil”.
Por último, el diputado Fabián Borda contó que había sido secretario de Gobierno de Santo Tomé, provincia de Corrientes, y como tal tenía la experiencia de lo mucho que les costaba hacer los controles, hasta que llegó la brigada de Seguridad Vial. “Eso ayudó muchísimo a la ciudadanía, por eso las herramientas que tenemos que darle a Seguridad Vial son más presupuesto, más personal, horas extras. Deben estar en lugares claves, y la constancia hace que sea respetado. El Estado tiene que poner una pata importantísima en la parte publicitaria”.
Volvió a intervenir “Topo” Rodríguez para señalar que a propósito de la prórroga del período de sesiones ordinarias, suponía que la Cámara de Diputados le daría aprobación al tema antes de fin de año. “Pero tengo la impresión de que debemos ponerle una meta mucho más urgente (a la sesión) para darle tiempo al Senado”.
Por eso, anticipó que propondrían que el tema pueda ser tratado en la próxima sesión, tal vez la semana que viene.
En el mismo sentido se pronunció en nombre de Juntos por el Cambio el diputado Manuel Aguirre.
Ramiro Gutiérrez agradeció por su parte a todos los presidentes de bloques que apoyaron el rápido tratamiento que pudieron tener en esa comisión, y antes de darle la palabra a las madres de víctimas, contó una frase que repetía un juez que lo formó: “Las desgracias se lloran, los delitos se castigan”.
Viviam Perrone, representante de Madres del Dolor, agradeció a continuación la rapidez con la que los diputados trataron ese proyecto. “Gracias por haber dado quórum… Pido disculpas por si nos pusimos muy pesados” llamando a los diputados para que participaran de la reunión.
Agradeció también a Pablo Carignano, y advirtió que “necesitamos que la ley salga lo antes posible. Puede salir sobre tablas en el Senado, porque todos los días se pierden entre 15 y 20 vidas, ¿por qué seguir esperando?”. Y aclaró que “hay muchos otros proyectos que necesitamos modificar. Empecemos con el próximo proyecto”.
Antes de cerrar la reunión, otra madre, que lucía en su pecho el cartel con el nombre de su hijo Paolo Mellano, contó que “hace 19 años que mi hijo murió, y estar desde el 2005 promoviendo el alcohol cero y que recién ahora pueda salir en Diputados, la verdad, un aplauso muy grande a ustedes, a toda la gestión que está en Diputados, pero ahora a seguir… Solamente ustedes tienen las herramientas que nosotros necesitamos. Por favor, los necesitamos. Por la vida de todos”.
A propósito de lo ocurrido con Andrés Blaquier, el diputado del Frente de Todos advirtió que “Lucianito”, el principal acusado por el crimen, “responde a un mercado negro de autopartes”.
Tras el asesinato del empresario Andrés Blaquier en manos de un joven con un extenso prontuario delictivo, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FdT) explicó este martes su proyecto que propone terminar con la “puerta giratoria” para quienes cometan delitos con armas. “La idea es darle nuevas herramientas a la Policía y a los jueces para interceptar en la vía pública a quienes portan armas en la calle y eligen salir a matar”, señaló.
El legislador bonaerense se mostró indignado porque el detenido por el crimen -que recientemente cumplió 18 años- “tuvo varias detenciones de las que salió a las horas”, previas al hecho ocurrido el pasado fin de semana en Pilar. “Con esta iniciativa ningún detenido podría salir. Estamos viviendo situaciones complicadas con gente que decide salir a dañar, robar y a matar”, remarcó.
Además, en diálogo con Radio La Red, el massista precisó que “la persona que porta un arma cargada tiene 15 intentos de matar en la calle”. “Estas conductas son graves para el Estado. No es un buen mensaje conocer que hay gente que sale a matar y solo ha estado unas horas detenido, y luego salga como si nada”, insistió.
El presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja expresó: “Es mi forma de pensar, pero queremos cambiar esta situación y debemos impulsarlo. Una persona que hace lo que hizo ‘Lucianito’ tiene un solo nombre: asesino”.
Por otro lado, Gutiérrez se mostró a favor de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, un debate que nunca se concreta, al considerar que “Luciano González sabía lo que hacía exhibiendo su prontuario en posteos por redes sociales”. “Si vos tenés un arma nueve milímetros necesitas ejercer una fuerza de un kilo y medio, no se te escapa un disparo con ese calibre”, sumó.
En el final, el diputado relató que el detenido, al momento de ser aprehendido, “tenía en su poder varios vehículos y otras armas”. “Estos jóvenes responden a un ‘mercado negro’ de rodados y repuestos importados. El delincuente está a la pesca de lo que pueda conseguir porque lo tiene vendido”, subrayó.
El gravamen incluido en el proyecto de Presupuesto 2023 servirá para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Un artículo que se sumó sobre el final fue el que impuso el oficialismo para crear una tasa extra en los pasajes aéreos, tanto de cabotaje como internacionales, para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
“Créase la Tasa de Seguridad de la Aviación, correspondiente al servicio público de seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, reza el artículo 121 del Presupuesto.
Lo defendió en el recinto el diputado del oficialismo Ramiro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Transporte, quien destacó que esa tasa tiene un tope máximo de 0,25% del salario básico de un oficial principal de la Policía de Seguridad Aeroportuario, y los destinatarios de esa tasa serán los pasajeros de los vuelos internacionales, regionales y de cabotaje, que utilicen el sistema nacional de aeropuertos de la República Argentina.
El objetivo de esa tasa es, señaló el legislador bonaerense, “el mantenimiento, la conservación y la actualización del equipamiento, no solo para la optimización de las infraestructuras, sino también para los métodos operativos con los que trabaja la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y con una limitante: no pueden ser aplicados para la contratación de personal que realice tareas que le incumben o desarrolla la institución”.
Gutiérrez aclaró que es constitucional dicha tasa, por cuanto es legal, es proporcional y es equitativa. “Aproximadamente 250 pesos es lo que reportaría en un valor máximo que hoy puede ser un objeto de consumo, como un lácteo y un yogur”, destacó el legislador nacional.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo recibió 189 votos afirmativos. Se establece la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.
En la sesión especial de este jueves, la Cámara baja convirtió en ley por 189 votos a favor, 13 negativos y una abstención, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.
La norma, enviada por el Poder Ejecutivo, modifica además el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que serán: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.
También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.
Los votos en contra correspondieron a los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Laura Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto y Mariana Stilman. También votaron en contra Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Francisco Sánchez y Alfredo Schiavoni del Pro, y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). La única abstención fue de la chaqueña Marilú Quiroz (Pro).
Defendió el dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Ramiro Gutiérez (FdT-Buenos Aires), resaltó la aprobación unánime que el proyecto tuvo en el Senado. Un proyecto que “importa una voluntad, una política del Estado nacional, decidida en el año 2006 y que ha tenido una continuidad, Gobierno tras Gobierno, de sostener este programa que retira el remanente de las armas”.
Destacó el legislador que en 2017 se hizo la primera encuesta de victimología, que “reveló un número que pocas veces he visto en mi desarrollo profesional: para robos de autos, camiones y camionetas, en el 93,2% de los casos intermedió un arma de fuego. Es un número altísimo. Por eso, como esas armas si no se entregan para su destrucción, permean al mercado ilícito, nosotros tenemos que ayudar y fomentar estos programas”.
Ramírez puntualizó que “menos armas disponibles son menos violencia y menos víctimas”.
A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín, sumó algunos datos, correspondientes a su provincia, Santa Fe. Entre 2014 y 2021, 7 de cada 10 homicidios fueron con armas de fuego.
“Casi la mitad de las muertes no son en defensa propia, sino conflictos interpersonales resueltos de manera muy violenta. Por eso es que hacen falta programas como este”, estimó.
A continuación aclaró que desde Juntos por el Cambio sentían que habían diferencias de criterios en la materia, pero resaltó el consenso mínimo alcanzado para reducir la violencia. “Nadie duda de la herramienta para reducir la violencia”, señaló, pero aclaró que tenían algunas discrepancias sustanciales. Por ejemplo respecto de la dinámica misma del sistema. Por eso planteó que no debía ser renovado sistemáticamente, sino que el programa debía regir de manera permanente.
De hecho, advirtió que “hoy el programa está vencido”, por eso llamó a “ir a un régimen integral”, al tiempo que reclamó también un incentivo económico sustantivo, porque en la actualidad el pago por esas armas ha quedado “totalmente desfasado”.
“Hechas estas salvedades, es mejor tener un programa a no tener ninguno”, reconoció.
A continuación, la diputada chubutense Estela Hernández (Frente de Todos) reconoció coincidencias con el diputado Martín, por ejemplo en el carácter permanente que debía tener el programa. Pero le puso al tema un tono político al preguntarse “cómo se puede pacificar la vida social, los conflictos, cuando permanentemente vemos violencia, ironía, descalificación, aun en esta Cámara”.
“¿Cómo podemos pacificar una sociedad cuando hay diputados de la Nación, alguno sentado quizás aquí, que livianamente en sus redes sociales pide pena de muerte?”, se preguntó en referencia al diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro), al que no mencionó puntualmente. Se quejó porque no había escuchado a ningún diputado o diputada de la oposición repudiando esas palabras. “Porque las palabras tienen consecuencias, no se pueden emitir porque sí, tienen consecuencias, porque las escuchan muchísimas personas, y cuando somos representantes, tenemos una función política. Esa palabras pueden tener consecuencias”.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade se manifestó a favor del proyecto, pero hizo ciertas observaciones, objetando “lo que hoy se va a votar, en el contexto en que se va a votar”.
“Todo lo que han planteado es teórico, y ni siquiera han distinguido las armas que el Estado tiene y la entrega voluntaria de armas, se habla como si fuera todo lo mismo y no es todo lo mismo. Cuando uno empieza a recabar información se encuentra que hay muy poca”, se quejó, advirtiendo que “como está funcionando el programa, quizá sea más inofensivo que Don José tenga un arma guardada en un placard y no que la entregue al Estado y no sepamos qué sucede después”.
Así las cosas, y basándose en un informe enviado al ANMAC que no la convenció en absoluto, planteó sus dudas respecto del destino de las armas entregadas, reclamó que se haga presente la titular del organismo ante la Comisión de Seguridad Interior, e hizo una moción para que el proyecto volviera a comisión, adonde deberían concurrir las autoridades para responder las dudas planteadas.
La moción fue rechazada.
A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) coincidió con su colega Mónica Frade en cuanto a que la ANMAC no había brindado la suficiente información reclamada y por eso él y la legisladora de la CC habían expresado sus disidencias en la comisión. “Estamos votando a ciegas”, reconoció López Murphy, quien consideró también “inadecuado” el sistema de incentivo, y llamó la atención a sus colegas por “haber subestimado el pedido de la diputada Mónica Frade”.
Más allá de compartir el objetivo de la norma, coincidió con la diputada de la Coalición Cívica en la necesidad de que el proyecto volviera a comisión.
Cerró el debate la radical Ximena García que sostuvo que “tenemos que abordar la seguridad como una política de Estado que no dependa de una u otra administración”.
El diputado oficialista se refirió a la propuesta del legislador liberal sobre la libre portación de armas y cuestionó: “No hay ninguna propuesta seria de Milei para avanzar contra el delincuente armado”.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos – Buenos Aires) cuestionó la propuesta del diputado Javier Milei (La Libertad Avanza), sobre la libre portación de armas, y calificó al legislador libertario como un “extremista insensible” y un “anarquista camuflado”. En ese sentido, lo criticó porque “no hay ninguna propuesta seria de Milei para avanzar contra el delincuente armado”.
Gutiérrez consideró que “la solución no es ponerse loco y romper las instituciones con un martillo”, sino que “la solución es ser racional, proponer y trabajar por los demás”.
El legislador del Frente de Todos y referente del espacio del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sostuvo que en la coalición oficialista “no creen, como Milei, que cada argentino o argentina deba ser un sicario, ponerle un arma en la mano y enseñarle a matar personas”.
De esta manera, Gutiérrez hizo referencia a las afirmaciones de Milei, quien días atrás reiteró que está “a favor de la libre portación de armas” tras ser consultado sobre el tiroteo en una escuela de Texas, Estados Unidos, que dejó a una veintena de muertos.
El legislador oficialista consideró además que “no hay ninguna propuesta seria de Milei para avanzar contra el delincuente armado”, y recordó que desde el oficialismo se impulsó, en cambio, “una ley por la cual portar ilegalmente un arma de fuego será un delito muy grave y detenible inmediatamente”.
En esa línea, Gutiérrez precisó que esa iniciativa plantea 12 casos de “portación de armas agravada” que cuentan con penas de hasta 12 años de prisión “para que los jueces no tengan ninguna excusa frente al delincuente armado”.
Asimismo, el legislador del FdT expresó: “No creemos en la anarquía, ni en la disolución del Estado” y sostuvo que “trabajamos para que los municipios, la Provincia y la Nación sigan estando allí, con servicios cercanos y cada vez más eficientes”.
“La Constitución no es un cinturón que lo desabrochas cuando te molesta, estamos obligados a consolidar la paz interior”, aseveró Gutiérrez a través de un comunicado, al afirmar que Milei “en el fondo es un anarquista camuflado”.
Y concluyó: “Después, cuando llegan, no saben qué hacer porque su única propuesta es sin Estado. Es sólo un ‘pistolero de cebitas’; si ve un ladrón, es el primero en llamar al 911. Milei es un extremista insensible”.
Un diputado nacional del Frente de Todos presentó una iniciativa para eliminar “la puerta giratoria” en delitos con armas de fuego.
El diputado nacional del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentó este jueves un proyecto de ley denominado “Armas y delitos contra la seguridad pública” que crea nuevas protecciones legales y un abanico de agravantes para aquel delincuente que porte un arma de fuego para delinquir.
“Hay que mandar un mensaje legislativo que no deje dudas y que permita a las autoridades ir a buscar las armas a manos de los delincuentes”, aseveró el legislador.
La iniciativa parlamentaria presentada por el diputado oficialista incorpora por primera vez al Código Penal la definición de “portación de arma“, comprendida como “disponer, en lugar de acceso público, de un arma de fuego apta para disparar y en condiciones de uso inmediato”.
En la actualidad, portar ilegalmente un arma de fuego tiene una pena de 1 a 4 años de cárcel, lo que permite la condena en suspenso. La nueva ley no sólo eleva ese máximo a 8 años, sino que, establece 9 agravantes, incluyendo la detención e incorporando el cumplimiento penas a cumplir en todos los casos. “Pusimos el foco en el delincuente armado y modificamos la Ley Penal”, expresó Gutiérrez.
El nuevo abanico de herramientas legales está destinado a intervenir y frenar “la puerta giratoria” en las primeras fases del “camino del delito”, cuando el delincuente porta el arma y aún no ha robado, lastimado o matado a nadie.
La reforma crea, además de las figuras básicas, la de “portación ilícita agravada”, con penas de hasta 12 años de prisión y alcanza al delincuente que tenga antecedentes por uso de armas o delitos intencionales previos contra las personas, al que porte el arma en establecimientos educativos, de salud, centros de culto, espectáculos deportivos, culturales, cuando se empleen armas anteriormente utilizadas en otro delito, cuando sean “tumberas” o modificadas para lograr mejor alcance, precisión o poder de fuego, cuando tengan numeración borrada, adulterada o cuando se porten en vehículos motorizados, como lo hacen sicarios, piratas del asfalto, secuestradores, atracadores, etc.
“Todo aquel que toma la decisión de ponerse un arma en la cintura y salir a robar o a lastimar, tiene que saber que el Estado también tomó otra decisión, la de construir una ley potente que defienda a la ciudadanía”, expresó el diputado massista que impulsa la ley y ya cuenta con el acompañamiento de sus pares Cecilia Moreau, Mirtha Tundis, Jimena López, Alicia Aparicio, entre otros.
En concreto, la ley brindará herramientas a la justicia y a las fuerzas de seguridad para atrapar y condenar en aquellos delitos dónde se usen armas de fuego, incorporando al Código Penal definiciones claras que impidan interpretaciones arbitrarias o liberatorias.
En sus argumentos, la norma presentada al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resalta la necesidad de intervenir firmemente en la cadena de sustracción, fabricación, alquiler, tenencia, portación, tráfico, tránsito y uso de estas armas fuera de la ley, enmarcando las acciones como parte de un plan estatal dirigido a la pacificación y limitación de la violencia.
Por cada arma legal registrada, se estima que existe al menos otra que circula clandestinamente en el mercado ilegal, lo que potencia el riesgo de uso criminal, según consignaron a través de un comunicado.
En cifras de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, el robo con armas subió de 50.288 casos en 2016 a 54.289 en 2019, con merma en pandemia, y el abuso de armas se mantuvo en aumento constante hasta el presente, incrementándose un 12% más entre 2019 y 2020.
La única encuesta nacional que consultó a las víctimas es de 2017 y la protocolizó el INDEC. En esa oportunidad y para el caso de robo de autos, camionetas y camiones, el 93,2% de los casos registra uso de armas.
El proyecto de ley del exdiputado Facundo Moyano y apoyado por el fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni, será tratado este martes en la Comisión de la Cámara baja.
La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados se reunirá este martes para debatir el proyecto de ley “Alcohol Cero al Volante” en todo el país y para todo tipo de vehículos.
Se trata de un proyecto presentado por el exdiputado Facundo Moyano y el legislador bonaerense Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos), que comenzará a ser analizado este martes a las 16 en la Comisión de Transporte, que preside José Cano (UCR).
La reunión presencial será en la Sala 2 del 2° piso Anexo A de la Cámara baja.
Al respecto, Romero sostuvo hoy que “hay varios proyectos que espero que se unifiquen para que esta ley sea aprobada. Es importante que sea a nivel nacional”, destacó en declaraciones a Diputados TV.
La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero.
El proyecto, en cambio, prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos con motor circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero.
La medida ya se viene implementando en algunas provincias como Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, y también en países de la región, como Brasil, Paraguay y Uruguay.
En el conurbano bonaerense, en tanto, el Municipio de Moreno se convirtió recientemente en el primero en aplicar esta medida.
La última visita de Meoni al Parlamento
Diez días antes de fallecer el 23 de abril en un acccidente automovilístico en el kilómetro 112 de la Ruta Nacional 7, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de alcohol cero al volante en todo el país. Se busca que la iniciativa, impulsada por la ANSV, sea tratada durante este año y, en el caso de ser aprobaba, marque un antes y un después en materia de leyes viales en nuestro país.
En este sentido, el encuentro entre los funcionarios nacionales se llevó adelante en el Congreso de la Nación y, además de Meoni y Massa, contó con la presencia del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y autoridades de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y del Ministerio de Salud de la Nación.
Al respecto, Meoni afirmó que “debemos tener claro que a la hora de conducir estamos asumiendo una responsabilidad y que, cuando ocurren los siniestros, ocurren por factores que van mucho más allá de hechos fortuitos. El consumo de alcohol antes de conducir incrementa mucho las posibilidades de producir siniestros fatales, por eso como sociedad debemos darnos la oportunidad de debatir esta ley de alcohol cero al volante, que tiene el potencial de salvar muchas vidas, sobre todo entre los más jóvenes”.
Asimismo, el proyecto de ley de “Alcohol cero” prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículos con motor circular con cualquier concentración de alcohol en sangre superior a cero. La propuesta legislativa, cuyo objetivo es que se incorpore en la agenda de sesión legislativa de este año, se plantea como una política de Estado que tiene el propósito de reducir la siniestralidad vial ante uno de los factores más determinantes que la generan: el alcohol.
Sobre la importancia del proyecto de ley “Alcohol cero”, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, señaló: “En las provincias donde rige el alcohol cero la cantidad de alcoholemias positivas se redujeron sistemáticamente. En el límite de 0,5 hay una afectación clara para conducir y además invita a especular, a instalar la falsa creencia de que una copa no hace nada y esto no puede continuar siendo así. Este proyecto de ley busca implementar una política de Estado que salve vida y demuestra el compromiso del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la Nación, con la seguridad vial. Ahora queda en manos de los legisladores y la sociedad se merece el debate de este tema. El mensaje es claro: al volante, cero alcohol”.
Por su parte, Gabriela Torres, secretaria de Sedronar, resaltó que “desde Sedronar, y junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contamos cuestiones que venimos trabajando, que tienen que ver con las consecuencias físicas y sociales que trae el consumo de alcohol. Esta es la sustancia más consumida por argentinos y argentinas, y existe una tendencia a la baja de edad de inicio de consumo. Es por eso que venimos trabajando en políticas de interpelación de la práctica de consumo y en instalar las consecuencias del problema. Entendemos que una política integral tiene que ver con la regulación y con estrategias de cuidado”.
Facundo Moyano y Ramiro Gutiérrez presentarán un nuevo proyecto que además de bajar la tolerancia de alcohol en sangre establece penas para los conductores alcoholizados. Impulsan el tratamiento en tres comisiones.
El diputado nacional Facundo Moyano acordó junto a su par Ramiro Gutiérrez y la Agencia Nacional de Seguridad Vial impulsar una ley más amplia de alcohol cero al volante que, además de bajar la tolerancia, establezca penas para conductores alcoholizados que causen lesiones o muerte.
Moyano tiene presentado un proyecto para modificar la Ley de Tránsito 24.449 y bajar la graduación alcohólica permitida a cero.
Sin embargo, el legislador acordó con Gutiérrez y el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, impulsar una iniciativa conjunta que además modifique otras leyes.
En primer lugar, proponen modificar la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo 24.788 para incorporar como política de salud pública la lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol.
En cuanto al Código Penal, buscan incorporar el artículo 84 bis, que se refiere a los conductores alcoholizados que causen muertes, y el artículo 94 bis para quienes causen lesiones.
Además, se endurecerían las penas para los conductores que en ambos casos se den a la fuga.
Por último, tal como proponía originalmente Moyano, se modificaría la Ley de Tránsito en su artículo 48 para establecer el alcohol cero al volante.
Los oficialistas impulsan el tratamiento del tema en comisiones, aunque con las modificaciones propuestas ya no sería solo la de Transporte, sino también las de Salud y Legislación Penal.
La semana pasada, Moyano recibió el apoyo del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, de la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres, y de Carignano para avanzar con la nueva ley.
El “dipusindical” también se reunió este miércoles con el defensor de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, para sumar la adhesión del distrito a la iniciativa.
El año pasado, en apoyo a esta medida, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad había presentado su propio proyecto ante la Legislatura porteña.
El titular de la Cámara baja habló el fin de semana sobre suspender las elecciones primarias o votar todo junto el mismo día. Reacciones a favor y en contra.
Las declaraciones de Sergio Massa formuladas el domingo por la mañana por Radio Del Plata sobre su deseo de suspender las PASO o, eventualmente, votar todo junto en las elecciones generales despertaron reacciones este lunes. A favor y en contra. Salieron a respaldarlo sobre todo desde su fuerza, el Frente Renovador, pero también desde Juntos por el Cambio se pusieron en guardia.
El más activo fue el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, que salió a respaldar los dichos del líder de su espacio con el argumento de la llegada de la segunda ola. “Tenemos la responsabilidad de priorizar la salud de los argentinos y argentinas. No podemos empujar a la gente a encerrarse para resolver los problemas internos de la política”, manifestó el diputado nacional del Frente de Todos.
Agregó el legislador que “el mundo está peleando contra el virus y nosotros tenemos el deber de plantearnos alternativas responsables”, preguntándose entonces: “¿Por qué no suspender las PASO por este año? ¿Por qué no unificarlas en un solo día con boleta única y que la gente defina donde hay competencias?”
“En un momento donde la salud debe ser la prioridad, juntar entre 5 y 12 mil personas en un centro de votación durante 12 horas es irresponsable y peligroso. La política debe resolver los problemas de la gente, no la gente la de los políticos”, concluyó Ramírez.
Desde ese mismo sector, el diputado nacional Carlos Selva tuiteó este lunes: “Cuidar y proteger la salud de los y las argentinas es nuestra prioridad, es por eso que considero que se debe repensar la organización de las PASO, frente a esta pandemia que vive la Argentina y el mundo”.
“Debemos buscar opciones, como votar el mismo día Paso y general. Intercalando cada fuerza de acuerdo a la elección de la gente y sumando los votos de una sola vez, sabiendo que no hay lema porque es voto a legisladores y las listas se intercalan respetando proporcionalidad”, apuntó Selva. A su huicio, “hoy las PASO no son la prioridad de los y las argentinas. Son prioridad de un sector que pretende arreglar sus internas obligando a la gente a votar en un contexto donde lo realmente importante es conjugar el esfuerzo del Estado y la ciudadanía para seguir cuidándonos”.
También desde la provincia de Buenos Aires se elevaron voces en ese sentido. El diputado provincial Jorge D’Onofrio, también del Frente Renovador, consideró que “la salud está primero y es por eso que en un contexto como el que enfrentamos, no podemos empujar y encerrar a miles de ciudadanos y ciudadanas a resolver los problemas internos de la política. La política debe resolver los problemas de la gente y no al revés”.
Otro diputado provincial, Fabio Gustavo Britos recordó que en el mes de enero, junto a su compañero de bloque Mario Giacobbe,presentaron un proyecto para suspender las PASO teniendo en cuenta la situación por la pandemia. “Estábamos convencidos que era el momento de empezar a discutir y lograr un acuerdo -agregó-. Lamentablemente nada se hizo. No hubo otros proyectos. Alguna que otra declaración y nada más”.
“Hoy, a poco de iniciar el cronograma electoral, comienzan las voces a favor o en contra. Nosotros sostenemos nuestra postura. Es un sinsentido realizar las PASO en este contexto… No sé si el proyecto de Sergio Massa es el mejor o el peor, pero al menos es una idea. Ojalá haya otras”. En rigor, lo de Massa no fue un proyecto sino una idea que planteó en el marco de una entrevista con Horacio Verbitsky. Para Britos, “lo que no podemos es seguir mirándonos el ombligo pensando en mezquindades politicas cuando la inmensa mayoría de la ciudadanía tiene como preocupaciones cuestiones sanitarias, económicas, de trabajo, de trámites ante organismos que no atienden, etc”.
Y concluyó Britos señalando: “Que cada espacio político defina a sus candidatos sin obligar a la gente a que vaya a votar exponiéndola a contagios en el peor mes del invierno y además invirtiendo fortunas para tal fin. Adelantamos que también apoyamos la implementación de la Boleta Única de Papel, pero para las Generales. Las PASO, en nuestro criterio, deben ser suspendidas sin demoras”.
Por su parte, Juan José Tufaro, referente el massismo en CABA, expresó: “La salud está primero, y es por eso que debemos replantear la organización de las PASO. Es un despropósito reunir a miles de personas en los centros de votación por más de 12 horas frente a la pandemia que vivimos. Buscar opciones ante esta situación es nuestra responsabilidad”.
El jefe del Pro en Diputados Cristian Ritondo tuiteó este lunes que “participar de elecciones nunca debe ser un sometimiento, sí debemos someternos a respetar las reglas escritas. La idea de suspender las PASO sólo reafirma que no hay seguridad ni firmeza en el plan sanitario, ni de vacunación”.
Por su parte, el diputado Fernando Iglesias optó como de costumbre por usar la ironía, al señalar que “lo de unificar las elecciones en un solo día habría que discutirlo. PASO, legislativas y presidenciales en agosto 2021. No estaría mal”.
A su vez, el diputado nacional radical Luis Petri señaló que “el Gobierno con la excusa de la pandemia quiere la alternativa de Formosa y Santa Cruz. PASO y elecciones generales el mismo día es Ley de Lemas, así nacen los gobiernos hegemónicos”.
Mencionó los nombres de Martín Soria y Ramiro Gutiérrez. Confirmó su interés por crear una bicameral de control judicial y mandará un proyecto de emergencia energética.
El presidente Alberto Fernández reconoció este lunes que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, tiene los días contados como funcionaria y ya le está buscando reemplazante. El mismo mencionó los nombres de dos diputados nacionales para ocupar el lugar de quien fuera su socia y funcionaria más cercana, pero no dio mayores señales sobre el tema.
Fernández citó al rionegrino Martín Soria y al bonaerense Ramiro Gutiérrez, y señaló sobre ellos que “los conozco, son prestigiosos, pero hay que ver”, porque “a todos los salpican antes de empezar a hablar”.
Durante una entrevista que concedió a C5N, el presidente relativizó las versiones circulantes respecto de las características de quienes podrían reemplazar a Losardo. Y se hizo eco de las que atribuyen a Soria la condición de “kirchnerista”. En ese sentido señaló que “hasta donde yo recuerdo, Soria estaba enfrentado a los Kirchner, fue contra (el actual senador nacional Martín) Doñate en Río Negro. No se cómo funciona, pero lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos”.
“A Martín (Soria) lo conozco hace muchos años, como él ha entrado en la Comisión de Justicia hablamos mucho en este tiempo. Gutiérrez es de la cátedra de Zaffaroni, lo conozco mucho. Tengo que tomar una decisión”, detalló.
En el marco de la entrevista, el primer mandatario volvió a cargar duramente contra la Justicia, atribuyéndole haber perdido el “prestigio”. Afirmó que “tenemos un problema muy serio con la justicia y hay que resolverlo. Quiero que esto funcione de otra manera porque así estamos mal. Yo conozco la justicia desde muy chico, y yo he visto degradar la justicia”.
Por otra parte recordó haberle pedido al Congreso que intervenga respecto de la trabada reforma judicial, aprobada en el Senado y frenada en la Cámara baja. “En Diputados está durmiendo”, afirmó, reiterando su pedido de crear una comisión bicameral de control. Y señaló en ese sentido que “el control cruzado (entre el Congreso y la Justicia) es lo que dice la Constitución, eso no se a quién le puede molestar pero lo dice la Constitución”.
“Creo en el Estado de derecho y en que las instituciones están hechas para ser respetadas. Yo no soy el que echa o pone jueces. El Congreso sí puede investigar el funcionamiento de los jueces”, agregó, admitiendo que habló del tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Yo creo que él la quiere impulsar, después es una decisión de la Cámara de Diputados”, apuntó.
En otro orden, Alberto Fernández señaló durante la entrevista por el programa Minuto 1 que enviará al Congreso un proyecto de ley que declare la emergencia energética para poder ajustar las tarifas de acuerdo con el crecimiento de los salarios.
Ya lo había anunciado en su presentación ante la Asamblea Legislativa y al respecto apuntó que el proyecto declarará la emergencia tarifaria para poder establecer tarifas. “Por ejemplo, no más allá de un porcentaje de los aumentos salariales”, comentó, agregando que “las tarifas deben poder ser pagadas en esta Argentina de hoy, en este contexto y no pueden ser un dilema para el consumidor: comprar remedios o pagar la luz, esto no puede volver a pasar”.
La Cámara baja avaló a los oficialistas Ramiro Gutiérrez, como titular, y Paula Penacca, como suplente.
En el inicio de la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados designó a dos legisladores para formar parte del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
El presidente del cuerpo, Sergio Massa, manifestó que la solicitud fue enviada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, a fin de cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 26.364 -de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas-.
Los designados fueron, a propuesta de la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, el bonaerense Ramiro Gutiérrez -como titular- y la porteña Paula Penacca -como suplente-, ambos del Frente de Todos.
Al momento de los homenajes, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas (23 de septiembre), Gutiérrez agradeció la aprobación de su designación y destacó que Argentina fue “el primer Estado que se dio cuenta de la necesidad de trazar una política legislativa” en esta materia con “la Ley Palacios de 1913 que fue un faro que iluminó la conciencia a nivel mundial”.
Luego, el diputado ponderó la Ley 26.364 y expresó que “Argentina es un suelo de libertad, donde nos hemos preocupado por garantizar la vida, la integridad física, la identidad, la solidaridad” y que con esos “valores del pueblo y del Estado argentino” es “muy difícil que podamos asimilar hoy que haya personas que lucren con otras”.
Además, Gutiérrez enfatizó sobre la presentación de un proyecto de ley -junto a Penacca- de “una forma que esta faltando” para penalizar “la compra-venta de niños, niñas y adolescentes”, un “mercado de 32 millones de dólares de organizaciones mafiosas”.
Por su parte, Romina Del Plá (FIT-PO) homenajeó a “las madres y familiares de todas las víctimas, y a quienes se organizan y luchan contra este flagelo” que “en la actualidad afecta a 40 millones de personas anualmente”.
La legisladora apuntó que el desarrollo de una “enorme red internacional” se debe al “fracaso completo de las políticas y las herramientas jurídicas que los Estados vienen desarrollando contra este tráfico”.
Y advirtió: “En el marco de esta crisis internacional, agudizada por la pandemia, donde se calcula que 1.500 millones de personas van a quedar sin empleo, efectivamente este es un caldo de cultivo muy profundo para la trata de personas”.
Con lo cual, Del Plá agregó que “urge redoblar los esfuerzos para combatirla” y reclamó la falta de una ley de resarcimiento a las víctimas.
El titular de la Cámara presentó un proyecto para que se tipifique como “delito contra la propiedad”, tras los ataques de los últimos días.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto de ley para que los actos de vandalismo rural, como los ocurridos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, sean considerados “delitos contra la propiedad” y quienes provoquen destrucciones cumplan una pena de hasta cinco años de prisión.
Si bien no es costumbre de un titular de la Cámara presentar proyectos, Massa impulsó la iniciativa acompañado por un diputado de su confianza, Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos).
“Destruir una silobolsa es destruir el trabajo argentino y por eso presentamos un proyecto de ley que castigue el vandalismo rural”, informó Massa.
Por su parte, Gutiérrez explicó que “en el Código Penal actual existen algunas regulaciones previstas como estrago, pero son de aplicación imposible como defensa de la propiedad, ya que se enmarcan dentro de los llamados ‘delitos contra la seguridad pública’, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada”.
La iniciativa busca tipificar como “vandalismo rural” a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de dos a cinco años de prisión, y también propone una condena de 12 años para quien “libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que generen un peligro para la vida”.
En este último caso, si el hecho provoca la muerte de una o más personas, el máximo de la pena será de veinticinco 25 años de prisión, y si esos efectos se producen por imprudencia o negligencia, ese máximo será de quince 15 años.
