En medio de las críticas del Frente Renovador a la política laboral del Gobierno de Javier Milei, la diputada nacional Marina Salzmann presentó un proyecto de ley para regular la gestión algorítmica del trabajo en plataformas digitales. La iniciativa busca transparentar el funcionamiento de aplicaciones como Rappi y servicios de transporte que organizan y controlan la actividad de miles de trabajadores mediante sistemas automatizados. En el mismo sentido, la reciente discusión pública en torno a los “precios dinámicos” de plataformas como Mercado Libre volvió a exponer lo que la legisladora definió como “arbitrariedad del algoritmo”.

El proyecto apunta a que el Estado recupere capacidades de fiscalización frente a empresas tecnológicas cuyo modelo de organización laboral depende de decisiones automáticas que, según el Frente Renovador, pueden derivar en abusos tanto hacia quienes trabajan como hacia los consumidores. Desde el espacio que lidera Sergio Massa sostienen que la expansión de la economía digital no puede traducirse en “precarización 4.0” ni en nuevos escenarios de asimetría informativa.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es poner fin a lo que ya se conoce públicamente como “portación de cara digital”: el sesgo y la discriminación que puede aplicar un algoritmo al asignar tareas o evaluar el desempeño. Salzmann advirtió sobre el impacto de estas herramientas en la vida cotidiana de los repartidores y conductores: “No podemos permitir que el futuro del trabajo sea una caja negra corporativa donde una máquina decide si un trabajador come o no come ese día, basándose en parámetros secretos y, muchas veces, discriminatorios. Mientras el oficialismo busca desproteger al trabajador, nosotros proponemos reglas claras para que la innovación tecnológica vaya de la mano con la dignidad laboral”.

La iniciativa introduce por primera vez en la legislación argentina un conjunto de derechos digitales específicos para los trabajadores de plataformas. Entre ellos, el derecho a la información sobre el funcionamiento del algoritmo, la prohibición de la discriminación algorítmica, un derecho efectivo a la desconexión, la revisión humana ante bloqueos automáticos y la creación de un Registro y un Consejo Nacional enfocados en este tipo de actividad.

Para el Frente Renovador, se trata de avanzar hacia un esquema donde la gestión algorítmica deje de ser una potestad exclusiva de las empresas. El proyecto propone una gobernanza compartida en la que intervengan el Estado, los trabajadores y las compañías, con el objetivo de equilibrar un mercado en expansión que hoy funciona con reglas propias y, en muchos casos, opacas.

En síntesis, la propuesta de Salzmann busca abrir una nueva etapa de regulación del trabajo en plataformas, con el argumento de que la economía digital requiere transparencia y protección, y que la tecnología debe convivir con estándares mínimos de derechos para quienes sostienen la actividad día a día.

Los diputados nacionales por la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de ley que tiene por objetivo regular las plataformas y aplicaciones de intermediación en el marco de las nuevas economías colaborativas, entendiendo por ellas las nuevas realidades que se dan por la irrupción de la tecnología como las aplicaciones Pedidos Ya, Rappi, Glovo, Uber, Booking, Airbnb, entre otras.

“El objetivo es proveer manto de claridad en las relaciones que se dan entre las distintas partes -es decir: empresas, intermediarios autónomos y consumidores-, dado que en los últimos años el modelo de plataformas digitales se ha vuelto cada vez más habitual” afirmaron los diputados.

El proyecto establece una nueva legislación para una nueva realidad que, si bien hace algún tiempo viene en crecimiento, por efecto de la pandemia, y su consecuente aislamiento, generó un incremento considerable en la demanda y utilización de estas plataformas.

La propuesta de los diputados radicales gira en torno a brindar nuevos derechos y protección a los intermediarios autónomos, tales como establecer una comisión, la capacitación permanente en distintas temáticas que deben poseer para poder brindar el servicio de manera integral, los elementos necesarios para llevar a cabo la tarea, y la cobertura de ART, que será proveído por la plataforma a la cual presten el servicio.

Entre los fundamentos en los cuales se presenta la propuesta de ley, los diputados destacaron que “es importante dar una solución que requiera necesariamente poner en claro y dar un régimen jurídico a estas relaciones que vienen creciendo en forma vertiginosa”.

También, destacaron que “una relación contractual de tipo constitutiva implica que, en los supuestos descritos en la norma reguladora y con los elementos en ella previstos, la naturaleza de esa relación vendrá dada por ley, por lo tanto creemos que ello implicará una mayor seguridad jurídica”.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo de los diputados radicales Luis Petri (Mendoza), Gustavo Menna (Chubut), Dolores Martínez (CABA) y Diego Mestre (Córdoba).