Durante la primera sesión ordinaria del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemoró el 95° aniversario del natalicio del ex presidente de la Nación Argentina Raúl Ricardo Alfonsín, a celebrarse el 12 de marzo del corriente año. La iniciativa había sido impulsada por el legislador de la UCR-Evolución (UCR-Ev) Martín Ocampo.

En los fundamentos del proyecto, los diputados recordaron que “el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, fue un abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino, militante de la Unión Cívica Radical” y precisaron que “estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires recibiéndose de abogado en 1950”.

Sobre esa misma línea, precisaron que “en 1954, a la edad de 27 años, fue elegido concejal en Chascomús; En 1958 fue elegido diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical. Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR” e indicaron que “el 18 de diciembre de 1975, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)”.

Además manifestaron que Alfonsín “siempre será recordado como el padre de la democracia en Argentina. Su desempeño como presidente en la década del ochenta, su perseverancia y su constancia para trasmitir al pueblo los valores democráticos y su importancia abalan esta percepción del pueblo argentino sobre su persona. Se convirtió en el símbolo de la democracia al ser elegido por voluntad popular tras siete años de gobierno militar”.

“Su rol como ‘padre de la democracia argentina’ se inmortalizó durante su presidencia entre 1983 y 1989, en la que derogó la autoamnistía, decretada por los militares durante el gobierno de facto, y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)” y concluyeron señalando que “su primera acción como presidente fue la sanción de dos decretos: el 157/83 y el 158/83; el primero ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros, el segundo ordenaba procesar a las juntas militares que dirigieron el país durante el golpe militar iniciado el 24 de marzo de 1976”.