Valdés encabezó la presentación de un libro que habla del “lawfare” contra CFK

“Estamos militando la no proscripción”, aseguró el diputado nacional sobre la vicepresidenta. El panel contó con la presencia de Rodríguez Zapatero, Raúl Zaffaroni y Pérez Esquivel.

Durante el lanzamiento del libro “Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina”, el diputado nacional Eduardo Valdés aseguró: “Estamos militando la no proscripción de Cristina Fernández de Kirchner“.

Fue durante la presentación de la obra, en el marco de la 47° edición de la Feria del Libro, y en un panel que estuvo integrado por el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni; la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez Ominami; la exministra de Cultura y Secretaria del Instituto Patria, Teresa Parodi; y el mencionado Valdés, quien fue compilador del libro.

Ante un auditorio colmado, el legislador agradeció la presencia de los oradores y aseguró que “desde el partido judicial y los medios de comunicación se quiso demonizar la imagen de Cristina Fernández, a quien le iniciaron 634 denuncias que fueron multiplicadas por el trile de tapas de diarios y horas de radio y TV”.

Por su parte, Zapatero afirmó que “los derechos humanos son siempre la ley del más débil” porque los poderosos siempre se “quedan con todos los derechos”.

Asimismo, el español alertó sobre la falta de garantías procesales sobre la vicepresidenta de la Nación: “El derecho está quebrado cuando en la función jurisdiccional, la imparcialidad está quebrada. Fiscales y jueces amigos de rivales políticos que dictan sentencias a esos adversarios, que comparten momentos de ocio y diversión, eso es contrario a la apariencia de imparcialidad”.

En ese sentido, el exmandatario instó a que el debate sobre la justicia y su “imparcialidad” sea una tarea de todos los pueblos latinoamericanos y propuso que “haya un proyecto no solo nacional y popular sino internacional y popular para unir a América Latina” contra el lawfare.

A su turno, Zaffaroni insistió en que la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en la causa Vialidad es un “adefesio jurídico que no prueba nada” y habla de “un supuesto daño al Estado, que no existe”.

El exjuez ratificó su apoyo “contra la proscripción” de la vicepresidenta y advirtió que “Cristina Fernández somos todos los ciudadanos y lo que le pasa a ella nos puede pasar a cualquiera”. “Estamos todos en libertad condicional” por la situación de “ajuridicidad donde ya no hay derecho”, enfatizó.

También Zaffaroni realizó una crítica sobre el desempeño del máximo tribunal: “El papelón que está haciendo la Corte Suprema con las internas que son de dominio público no tiene antecedente en nuestra historia. Me pregunto quién va a mirar a la Corte Suprema con un mínimo de respeto en el futuro; es un daño que le producen a la imagen de la institución”. En el cierre sostuvo que para combatir el “deterioro de la justicia se necesita un proyecto de reestructuración profundo del Poder Judicial que sea claro para el pueblo”.

Adolfo Pérez Esquivel cuestionó que frente a los embates judiciales que enfrenta CFK “no les bastó con la persecución judicial y mediática, sino que quisieron eliminarla” en alusión al intento de asesinato que sufrió el pasado 1ro. de septiembre.

“Vinimos a defender el derecho de Cristina Fernández de Kirchner a que no se le persiga más. Basta ya”, arengó el Premio Nobel de la Paz y, en relación a una posible candidatura de la vicepresidenta, agregó que “donde se encuentre Cristina será al servicio del pueblo”.

En su exposición, Gómez Alcorta sostuvo que “la persecución hacia la vicepresidenta forma parte de un disciplinamiento histórico y explícito hacia las mujeres” y, recordando el intento de asesinato, aseguró que “quienes la persiguen no quieren eliminarla por lo que hizo sino por lo que puede hacer”. En este sentido agregó: “La frase que dice ‘la bala que no salió y el fallo que sí saldrá’, es un modo explícito de esos poderes concentrados que necesitan borrarla del mapa de cualquier forma, con una bala, con una sentencia o con lo que sea”. “Es ella quien hoy convoca al pueblo y tiene el coraje para pelearles de frente” a los poderosos, aseveró la exministra de Mujeres.

En tanto, Parodi señaló que “la persecución por parte del partido judicial que sufre la vicepresidenta se debe a que debe molestarles mucho esta mujer a los poderosos como para intentar borrarla y matarla”; y opinó que el asedio continúa porque “quieren dinamitar su posible candidatura y por eso la proscriben, porque ella es la garantía de un futuro mejor”.

“Avergüenza e indigna el uso del lawfare que demuestra este libro”, apuntó Parodi y advirtió que “el pasado vuelve en el presente pero los pueblos no olvidamos”.

El cofundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez Ominami, hizo referencia a la “guerra jurídica” de la que es objeto la vicepresidenta y que también tuvo capítulos en muchos otros países de América Latina y cuyo fin último es la prisión o la proscripción. El dirigente chileno indicó: “Estamos en el peor de los mundos porque la víctima no somos nosotros, la víctima es el pueblo. Es muy difícil explicar a los más pobres de Latinoamérica esto, porque ellos lo padecen todos los días”. “Cristina no es la víctima, la víctima es el pueblo y su consecuencia es la prohibición de poder elegir”, dijo.

En el cierre, ante 400 personas que asistieron al evento, se cantó la popular canción “Como la cigarra”, de María Elena Walsh, haciendo énfasis en la frase: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando”. Y, posteriormente, se escuchó la marcha peronista.

“Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina” se trata de una obra colectiva, en la que pueden leerse los textos y discursos de Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, Baltasar Garzón, Adoración Guzmán y Ernesto Samper, entre otros.

La publicación es una obra conjunta del Grupo de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), la CELAG, el Instituto Joaquín Herrera Flores y la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (ELAG).

Cristina compartió un artículo de Zaffaroni para apuntar contra la Corte por el Consejo de la Magistratura

La vicepresidenta de la Nación publicó en su cuenta de Twitter un artículo periodístico del exjuez de la Corte sobre que en la Argentina “no hay derecho” y se vive en un estado “ajurídico”.

Tal como lo anticipó en el acto que encabezó este martes en Avellaneda, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, compartió en sus redes sociales un artículo de opinión del exjuez Raúl Zaffaroni titulado “El pueblo ante la ausencia de derecho” para apuntar contra el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación que le devolvió los fondos a la Ciudad y por el Consejo de la Magistratura.

“Este es el artículo de Raúl Zaffaroni publicado en La Tecla que recomendé ayer en Avellaneda: ‘El pueblo ante la ausencia de derecho”, escribió temprano este miércoles la titular del Senado y lo calificó de “imperdible”.

Además, compartió tres fragmentos del texto que son “un análisis excepcional que merece ser leído y releído”. El primero de esos fragmentos, dice: “¿Pesará más una pluma o un elefante? No se sabe. Si estuviésemos en un planeta pequeño, sin gravedad, no podríamos decir qué es pesado y qué liviano”, y cuestiona: “Aquí no podemos saber qué es lo lícito y lo ilícito, porque no tenemos derecho: estamos en el vacío jurídico”.

“Lo que queda cuando desaparece el derecho son meros ejercicios de poderes, en un espacio vacío de derecho, no antijurídico, sino ajurídico”, reza otra de las frases que destacó CFK, mientras que el último sostiene: “Acaso, cuando cada cual hace lo que quiere, en la estricta medida en que su fuerza se lo permite ¿no es el caos? Sí, precisamente el caos es la ausencia del derecho, el hueco de lo ajurídico”.

En un tramo del discurso que la abogada brindó sostuvo que “la Corte hizo caso omiso de la ley. Ahora se suspende una ley, una cosa insólita porque las leyes no pueden suspenderse, el único que puede hacerlo es el Congreso, el Poder Judicial puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderla es imposible”, en relación al fallo por la Coparticipación.

En esa línea, se refirió al lugar en disputa entre oficialismo y oposición por el Consejo de la Magistratura: “Hoy una jueza vuelve a ratificar que esto debe ser resuelto por el Congreso en el marco del derecho parlamentario, sin embargo ¿qué hicieron los ‘supremos’ a través de una acordada? modificaron la situación. Es de una anomalía”, al tiempo que denunció: “​No estamos ante un hecho antijurídico, sino ajurídico es como que hubiera desaparecido el Estado de derecho, como si hubiese desaparecido el derecho”.

CFK da señales de rechazo a un eventual indulto

Lo hizo al retuitear un mensaje en ese sentido expresado por el senador Oscar Parrilli.

Comenzó a circular fuerte en las últimas horas la palabra “indulto”. Una prerrogativa que le asiste al presidente de la Nación, que antes de asumir dijo que esa era una “rémora de las monarquías”.

“Los presidentes no están para perdonar a nadie”, decía por esos días Alberto Fernández, quien de todas formas no se ha caracterizado durante su gestión por ser fiel a sus conceptos vertidos en el pasado reciente.

Una figura muy ponderada en el oficialismo es nada menos que el exjuez de la Corte suprema Raúl Zaffaroni, quien mencionó abiertamente en las últimas horas la posibilidad de que Alberto Fernández deba recurrir a la figura del indulto si Cristina Kirchner es condenada.

Sin embargo nada indica que la vicepresidenta pueda llegar a desear esa posibilidad. Más bien lo contrario. Y lo certificó este miércoles por la noche cuando el senador Oscar Parrilli, tan cercano a ella, tuiteó: “Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia”.

Y como para que nadie dude qué es lo que quiere la expresidenta, ella lo retuiteó.

Presentaron un pedido de juicio político a jueces de la Corte

El pedido ingresó a través de la Cámara de Diputados y es impulsado entre otros por Raúl Zaffaroni.

Tal cual se había anticipado en diversos medios, este primer día hábil de esta semana corta fue presentado en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El pedido fue formulado por los exjueces Raúl Eugenio Zaffaroni y Laura Larrandart, y el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y apunta contra Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

Según detalló la agencia Noticias Argentinas, la presentación consta de ocho páginas y tiene que ver con el fallo del Tribunal Superior que favoreció el reclamo del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sobre las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Para los denunciantes, en su fallo, la Corte se extralimitó, entre otras cosas al prescindir de la opinión consultiva de expertos sanitaristas, epidemiólogos o incluso del propio Cuerpo Médico Forense, que depende de la cabeza del Poder Judicial.

La presentación debe ir a la Comisión de Juicio Político, y luego de ser dictaminado, en el recinto de la Cámara baja constituida como acusadora, debería ser aprobado por los dos tercios, para que siga su curso en el Senado.

En esa Cámara, también harían falta los dos tercios para proceder a la destitución de los cortesanos.

Referentes kirchneristas reclaman al Gobierno suspender pagos de la deuda

Este 25 de mayo, más de 2000 dirigentes pidieron priorizar la vida y reclamaron al FMI que flexibilice sus condiciones en el arreglo de la deuda. Qué legisladores firmaron la proclama.

Más de 2.000 referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas, suscribieron una proclama del 25 de Mayo con el fin de impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses de la deuda contraída por el Gobierno anterior con el FMI, y de las acreencias con el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria. También reclaman reprogramar los vencimientos con los organismos financieros internacionales con plazos que subordinen el pago a las verdaderas posibilidades del país. Y que el dinero correspondiente a los Derechos Especiales de Giro (DEG) se utilice para enfrentar la pandemia y no para pagar deuda, en sintonía con el proyecto del Frente de Todos que ya tiene media sanción del Senado.

Las firmas están encabezadas por Raúl Zaffaroni, Fernanda Vallejos, Héctor Daer, Pablo Moyano y Hugo Yasky. También acompañan Guillermo Moretti, Andrés Gallardo, María Teresa García y Víctor Hugo Morales.

Bajo el lema “Primero la salud y la vida, después la deuda”, más de 2000 referentes políticos, sindicales, científicos, religiosos, académicos, de la cultura y del periodismo, advirtieron que resulta “imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis”.

Los firmantes reclaman, además, “la suspensión de los pagos por capital e intereses que el gobierno de Mauricio Macri asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de las acreencias con el Club de París”.

El mensaje lo suscribe un amplio abanico de dirigentes, entre ellos el exministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, el secretario General de la CGT, Héctor Daer, el secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Jueces promovido por el papa Francisco.

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Sumaron su apoyo a la proclama los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, y el intendente de Ensenada, Mario Secco. También acompañaron la propuesta el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y el director de Litigios Penales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Claudio Castelli.

Entre los empresarios, figuran también, Raúl Hutín (Pro-Tejer), Roberto Marquínez (CGE), Daniel Rosatto (IPA), Juan Scioli (CEEN), Marcelo Fernández (CGERA) y Mario Derch (CGI), entre otros.

Además de los mencionados, también acompañan la Proclama del 25 de Mayo, los dirigentes sindicales Sonia Alesso (secretaria General de CTERA), Daniel Catalano (ATE Capital), Roberto Pianelli (Metrodelegados), Daniel Yofra (Aceiteros), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Roberto Baradell (Suteba), Eduardo López (UTE), Héctor Amichetti (Corriente Federal de Trabajadores), Angelica Graciano (UTE), Pablo Miceli (CTAA), Ricardo Peidró (CTAA) y Horacio Ghillini (SADOP), entre otros.

Estos reclamos se sustentan en la crisis sanitaria por el Covid-19 y su impacto en la economía. Advierten que los contagios y las muertes se han espiralizado y sostienen que “la economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la emergencia sanitaria, se ha profundizado aún más”.

La proclama señala asimismo que la pandemia “exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales”. Y, a su vez, remarca que “los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo”.

En otro de sus puntos, aboga por la reprogramación de los vencimientos con los organismos financieros internacionales subordinando los plazos a las verdaderas posibilidades de pago de la República Argentina. 

“La deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”, subraya en otro tramo el texto aludido.

También participaron del mensaje una docena de legisladores nacionales. Y llamó la atención la presencia de más de cincuenta economistas heterodoxos, entre ellos, Felisa Miceli, Guillermo Wierzba, Roberto Feletti, Ricardo Arondskind, Noemí Brenta y Jorge Marchini, quienes, junto a Vallejos, integraron el grupo de trabajo que redactó e impulsó la Proclama del 25 de Mayo, además del ex vicepresidente Amado Boudou, el director del Banco Nación Claudio Lozano y la ex ministra de Industria Débora Giorgi. También se solidarizaron desde España, los economistas de la Universidad Complutense de Madrid Eduardo Garzón y Jorge Fonseca.

En uno de los párrafos centrales, la proclama, recuerda que la Argentina se encuentra en un “estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población”.

La iniciativa propone, asimismo, “utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente U$S4.350 millones), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos”.

Entre los intelectuales, pensadores y hombres de la cultura, respaldaron la propuesta Horacio González, Jorge Alemán, Rafael Bielsa, Alejandro Rofman (Plan Fenix), Norberto Galasso, Atilio Borón, Ricardo Forster, el pianista Miguel Angel Estrella, Mempo Giardinelli y Mónica Peralta Ramos, junto con más de una docena de rectores de universidades nacionales de todo el país, además de investigadores, académicos y científicos, entre los que destacan los médicos y sanitaristas, visiblemente movilizados por la pandemia.

También se comprometieron con la Proclama del 25 de Mayo, los periodistas Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Stella Calloni, Eduardo Anguita, Sandra Russo, María Seoane, Mariano Beristain, Martín García y Liliana López Foresi, entre otros.

La Proclama del 25 de Mayo pone el acento en tres puntos claves:

1.- “Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno”.

2.- “Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central”.

3.- “Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de la ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país”.

Además de Zaffaroni y Gallardo, entre los juristas también destacan las firmas del juez Juan Ramos Padilla, el ex decano de derecho de la UBA, Mario Kestelboim, el ex juez Luis Arias y los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, entre otros.

Los términos de la Proclama del 25 de Mayo también contaron con el acompañamiento de los curas de Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna y Paco Olveira; el padre Pepe (Curas Villeros), el pastor Guillermo Prein (Presidente de la Fundación Centro Cristiano Nueva Vida) y una veintena de referentes religiosos de todo el país.

Ejes centrales de la Proclama del 25 de mayo

•        Impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria. 

•        Reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país.

•        Renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes.

•        Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos.

•        Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI.

•        Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina.

•        Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país.

Zaffaroni propone crear una “Comisión bicameral de la verdad”

El exintegrante de la Corte Suprema pide que la misma esté integrada por referentes en la Justicia y los derechos humanos para desarmar el lawfare.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni se mostró muy crítico con relación al funcionamiento de la Justicia en nuestro país y sostuvo que debería existir una comisión por la verdad que funcione en el Congreso Nacional con la presencia de destacados juristas y referentes de Derechos Humanos a nivel mundial.

“El lawfare continúa en actividad, también Comodoro Py”, sostuvo Zaffaroni en una entrevista en El Destape Radio, donde cuestionó la actitud del Poder Ejecutivo en esa materia, al considerar que “es una táctica peligrosa la del Gobierno, me da la sensación que lo está dejando actuar hasta que haya una reacción pública masiva”.

El ex ministro de la Corte Suprema aseguró: “Me da la sensación que los factores reales de poder no están interesados en apresar a Milagro Sala. El interés primordial es garantizar su impunidad. El interés en condenar a los otros es secundario, es para la platea”.

Asimismo cuestionó que la causa de espionaje que tramitaba en Lomas de Zamora y que fue entregada a Comodoro Py donde la investigará el fiscal acusado espionaje Carlos Stornelli.  “Llevarse la causa a Comodoro Py es un encubrimiento sin lugar a dudas”, sostuvo.

Durante la nota con El Destape Radio, Zaffaroni advirtió que “no poder solucionar el lawfare nos cuesta encaminar la economía, son cosas que van en línea. No creo que el lawfare sea lo decisivo pero sí que el Poder Judicial mañana le puede hacer lo mismo que en los 30 la suprema corte le hizo a Roosevelt, empieza a declarar inconstitucional las medidas económicas”.

“En el ámbito del Poder Legislativo y parlamentario, para sacarle de encima toda la responsabilidad al Presidente, tendría que componerse una comisión parlamentaria de la verdad y convocar personas que son incuestionables en el país y poner blanco sobre negro”, señaló el magistrado, para agregar luego que “establecer cuales son las características generales del lawfare y sobre la base de esas características hacer una ley de amnistía”.

Por otra parte sostuvo: “A la opinión pública hay que decirle la verdad de alguna manera. no creo que tengamos un pueblo inconsciente. Una comisión de la verdad bicameral y convocando a algunas personas que sean indiscutidas. Pienso en Pérez Esquivel, algunos referentes de la Iglesia. Se puede hacer una ley de amnistia perfilando las características generales del lawfare”.

El recurrente deseo de ampliar la Corte Suprema

Mientras avanza en el Congreso y con polémica el proyecto oficial de reforma judicial, por carriles separados avanza una movida para ampliar el número de integrantes de la Corte. Movida que tiene en uno de sus exmiembros, Raúl Zaffaroni, un entusiasta e influyente apoyo.

Por José Angel Di Mauro

Cincuenta y cinco veces pronunció Alberto Fernández la palabra “justicia” en el discurso con el que el 10 de diciembre pasado inauguró su presidencia. En este párrafo de ese mensaje anunció por primera vez la reforma judicial que se proponía impulsar: “Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.

Diecisiete veces repitió esa palabra en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo entonces.

Entre uno y otro discurso varias veces dio por seguro el inminente envío al Congreso de esa reforma, incluyéndolo en el temario de sesiones extraordinarias, algo desaconsejado por cuanto semejante cuestión exige un tratamiento intenso en comisión que no se corresponde con la urgencia que se supone acompaña a los proyectos tratados en verano.

Pero durante lo que lleva Alberto Fernández de gestión, fue una constante el anuncio del inminente envío al Congreso de iniciativas que luego no mandó. Siempre se dijo que estaban listas y próximas a remitir, pero no. Desde el Consejo Económico y Social, al proyecto para la legalización del aborto. Pasando también por el impuesto a las grandes fortunas…

El presidente y su ministra de Justicia, con la que idearon buena parte de la reforma judicial.

La pandemia fue la justificación adecuada para la lógica postergación, en casos como el aborto (una cuestión que muchos se preguntaban cómo implementaría el Gobierno sin resentir el sólido vínculo que mantiene con Francisco). Tampoco resultaba lógico que en el período de la cuarentena más estricta y la lucha contra el Covid-19, con el Parlamento parado durante meses y luego funcionando con una agenda condicionada por la virtualidad, se tratara una ambiciosa modificación del sistema judicial.

Pero el Parlamento le tomó la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias. Muchos se preguntan sin embargo si transitando el pico de la enfermedad y con un escenario económico devastado como amenaza ser el post pandemia, resulta conveniente enfrascarse en una reforma judicial como la que propone el Gobierno.

María de los Angeles Sacnun dirigió el debate de la reforma judicial en el plenario de comisiones del Senado.

Previsiblemente para la oposición no correspondía, y sí para el presidente Alberto Fernández, que finalmente mandó su proyecto. Porque más allá de las dilaciones, para el presidente ese ha sido siempre un objetivo firme de su gestión. Profesor de Derecho Penal en la UBA, el mandatario tiene especial interés en implementar la reforma que ideó junto a su socia y amiga Marcela Losardo, la ministra de Justicia; Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia; y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia.

¿Cuánto de la letra original de ese proyecto es lo que entró finalmente por el Senado?, es la pregunta del millón. Está claro que allí radicó el meollo de la demora original. La necesidad de conformar a las distintas tribus que componen el heterogéneo Frente de Todos, pero fundamentalmente a la que lidera la vicepresidenta. Especialmente interesada en la reforma judicial en lo que tiene que ver con las causas que comprometen a la exmandataria y su familia, y -no menos importante- sentar en el banquillo a la mayor cantidad de integrantes del Gobierno de Cambiemos.

La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte.

El proceso ya está en marcha y cuenta con un activo fundamental del que goza esta administración en general y el kirchnerismo en particular: que maneja el Senado, donde tiene una mayoría capaz de designar jueces y fiscales, que serán clave -estos últimos- en el futuro esquema judicial. Por eso también es muy importante quién vaya a ser el procurador general de la Nación, a la sazón jefe de los fiscales.

Y ese es justamente un punto débil de esta administración, que hoy no cuenta con los dos tercios en el Senado para designar a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese sentido es que hay que contabilizar la movida puesta en marcha en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Presidida por el diputado de La Cámpora Martín Doñate (todas las comisiones de esas características fueron monopolizadas por referentes del cristinismo) activaron allí una serie de pedidos de informes dirigidos al procurador general actual, Eduardo Casal, que fue el que quedó a cargo de manera interina cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri quiso designar a Inés Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el número para aprobar su pliego.

El kirchnerismo busca impulsar el juicio político contra Casal, de modo tal de desplazarlo. De producirse esa vacante, la primera en la línea sucesoria sería Laura Monti, procuradora fiscal, quien debería dar un paso al costado -voces interesadas han hecho circular que no le interesaría ocupar ese cargo- para que en lugar de Casal pudiera asumir Víctor Abramovich. También procurador fiscal, fue director ejecutivo del CELS y es el preferido del Instituto Patria.

La movida, que sorprendió a la oposición, es agitada como para permear la resistencia de la oposición que tiene el número exacto para obturar la convalidación de Rafecas. No vaya a ser cosa que les pase como cuando a Cristina Kirchner le voltearon a Daniel Reposo, la primera opción, y terminó designando a Gils Carbó. Peor el remedio… pensó la oposición de entonces.

Pero la reforma judicial no llegó sola al Congreso. Paralelamente, en vísperas del envío del proyecto trascendió la idea de crear un consejo consultivo para analizar temas anexos que originalmente no tenía en mente el presidente, como ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vieja sugerencia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle se ve también la mano del kirchnerismo en la reforma judicial que avanzó sin inconvenientes en el Senado, con destino un poco más incierto en Diputados.

Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte.

La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte. Porque aun antes de escogerlos se sabía qué pensaba al respecto la mayoría de sus miembros. ¿Era necesaria la presencia de Carlos Beraldi, un especialista reconocido, pero en definitiva el abogado defensor de la vicepresidenta? No, pero ese es evidentemente un gesto que se pretendió dar hacia la Justicia en general, concluyen los que interpretan estas actitudes.

En tren de interpretaciones, cómo debería tomarse que en la presentación del proyecto de reforma judicial, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente apareciera rodeado por el consejo asesor elegido por él para asesorarlo en los futuros cambios en la Justicia. Estuvieron además, por parte del Ejecutivo, el jefe de Gabinete, a la derecha de Fernández, y la ministra de Justicia, a su izquierda. En la imagen se veía al mandatario en un escenario cuidadosamente armado, rodeado por doce personas, todas sentadas y respetando la distancia social. Si el consejo asesor es de 11 miembros, y había dos funcionarios del Ejecutivo, ¿quién faltaba? Beraldi, quien había sido puesto justo detrás del presidente, para que no saliera en la foto…

Carlos Beraldi, un reconocido jurista que es además abogado defensor de la vicepresidenta de la Nación.

La reforma de la Corte Suprema

Está claro que la modificación de la estructura de la Corte Suprema de Justicia es el elemento central de las recomendaciones que surgirán de ese consejo de notables. Nadie tiene dudas de que le recomendarán ampliarla, porque eso surge hasta de Alejandro Gil Domínguez, uno de los juristas convocados para integrar el consejo asesor, y tal vez el más alejado de las ideas kirchneristas, quien no solo criticó a la oposición por “no dar el debate”, sino que también sugirió que “hay que cambiar un montón de cosas para que la Corte funcione mejor”, y respecto de la cantidad de miembros, deslizó que “9 es un buen número, da más circulación, más necesidad de consensos”.

Para Andrés Gil Domínguez debería haber una Corte de 9 miembros.

Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Fue en el marco de una charla académica en la Facultad de Derecho de la UBA que Zaffaroni recomendó la ampliación del tribunal que por entonces él integraba, aunque admitió que era “políticamente incorrecto” hablar de eso en ese momento.

El entonces ministro de la Corte argumentó esa vez que según la estructura de ese organismo, la misma debía asumir el doble rol de revisora de la constitucionalidad de las leyes y actuar a su vez como tribunal casación. La mayoría de los casos que llegan a manos de sus miembros corresponde a presentaciones contra sentencias arbitrarias, un mecanismo procesal que debiera ser excepcional que se ha transformado en la regla. Con ello, la concentración de casos era elevada y complicaba el trabajo de los siete miembros del Tribunal. Es que por entonces eran siete los integrantes de la Corte y estaba determinado por ley que fuera a reducirse a cinco.

Sin necesidad de modificar la Constitución, para Zaffaroni se podía ampliar la cantidad de integrantes y diversificar sus actividades. El jurista fue concreto al hablar de sumar una docena de miembros que se dividirían en cuatro salas especializadas que harían las tareas de casación: Penal; Laboral y Previsional; Contencioso Administrativo y Civil.

Zaffaroni citó el caso de Costa Rica, y aclaró luego que no estaba sugiriendo implementar semejante cambio de un día para otro, admitiendo de paso que “hablar de esto en este momento es políticamente incorrecto”. No obstante, recomendó a los alumnos que lo escuchaban que “cuando en el futuro tengan poder decisorio se acuerden de esto”.

En el futuro, el jurista insistiría con el tema cada vez que le preguntaron.

La Corte Suprema actual, con cinco miembros. Una parte del Gobierno quiere cambiarla.

La Corte de 9

El máximo número que la Corte Suprema de Justicia llegó a registrar en la historia fue 9, cuando en los 90 Carlos Menem amplió el tribunal a través de la Ley N° 23.774, pasando de 5 a 9 integrantes. El propio mandatario riojano se encargó de elegir a los nuevos miembros. Ante esa decisión, Jorge Bacqué, renunció en oposición a la medida, igual que el titular del Tribunal, José Severo Caballero.

Continuaron en sus sillones Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. Menem sumó a Julio Oyhanarte, Ricardo Levene (h), Julio Nazareno, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra y Eduardo Moliné O’Connor.

Bien se sabe que la intención de Menem de ampliar el tribunal fue recrear lo que se dio en llamar “la mayoría automática”, que fue precisamente lo primero que Néstor Kirchner se abocó a desarmar a poco de asumir. En el marco de la primera cadena nacional que convocó durante su mandato, el santacruceño anunció la decisión de terminar con esa mayoría menemista en el Tribunal y de impulsar el juicio político de su titular, Julio Nazareno, quien renunciaría poco después.

El riojano Julio Nazareno, un riojano muy cercano a Menem, símbolo de la “mayoría automática”.

En rigor, la embestida contra los miembros de la Corte se había iniciado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando la Comisión de Juicio Político que entonces presidía el santacruceño Sergio Acevedo, inició procesos contra los nueve miembros del Tribunal, objetando sus conductas en las sentencias del corralito, el tráfico de armas, la habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris, el rebalanceo telefónico y por la investigación del ataque a la Embajada de Israel. Además, se los juzgaba por declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución nacional, que obligaba a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, por la no aplicación de la Ley de Etica Pública en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal, conocido como superintendencia. En la mayoría de los informes, los cargos eran por “mal desempeño”, aunque también por “prevaricato”, y estaban dirigidos en su mayoría a los cinco jueces que formaron la denominada mayoría automática: Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano.

Siete meses después, en octubre de 2002, el oficialismo logró imponer su decisión de evitar el enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia, al rechazar esa medida impulsada por buena parte de la oposición y tropa propia contra los nueve miembros del Alto Tribunal.

El dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia concluyó con el rechazo en el marco de un debate signado por las enfáticas exposiciones de los impulsores de la acusación y por la férrea defensa de los ministros, sostenida por los diputados menemistas. Julio Nazareno fue en quien se concentró el debate por ser el juez sobre el que pesaba la mayor cantidad de cargos. Fue quien más votos cosechó a favor de su enjuiciamiento: 143, que no alcanzaron para permitir el proceso, ya que 89 votaron en contra y hubo dos abstenciones, lo que resultó suficiente para evitar el juicio.

Segundo en esta suerte de ranking negativo resultó Adolfo Vázquez, quien cosechó 140 votos por el enjuiciamiento, 93 en contra y 3 abstenciones; luego figuraron Eduardo Moliné O’Connor (139-95-2), Antonio Boggiano (131-97-8) y Augusto Belluscio (122-109-5). Detrás figuraron Julio Petracchi (72 a favor del juicio, 158 en contra) y Carlos Fayt (85-135). Gustavo Bossert (63 por el juicio y 168 en contra) fue el que menos votos por el juicio cosechó. Aun así, renunció poco después, argumentando que el inconsistente cuestionamiento formulado en su contra por la Comisión de Juicio Político lo había dejado sin “ánimo” ni el “entusiasmo” que el ejercicio de la función judicial requiere.

Para destituir a cualquier miembro de la Corte hacen falta dos tercios del Cuerpo y ni siquiera lo alcanzaron con Nazareno.

La nueva Corte

Como dijimos, la embestida contra el Tribunal Supremo se reanudó en tiempos de Néstor Kirchner. Tras la salida de Nazareno, el Parlamento fue contra Moliné O’Connor, quien fue destituido en diciembre de 2003. Luego se iniciaron procesos contra Adolfo Vázquez y Guillermo López, que renunciaron, y a continuación fue el turno de Antonio Boggiano, destituido en septiembre de 2005. Una sexta vacante se abrió con la renuncia de Augusto Belluscio, uno de los jueces originales de la Corte de 1983, quien se fue por estar próximo a cumplir 75 años. Al dimitir, Belluscio dijo que por haber firmado la sentencia dictada por la Corte el 19 de agosto de 1999 en la causa “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional s/ proceso de conocimiento”, mediante la cual se declaró la nulidad de la cláusula que establecía la caducidad de la designación de los jueces nacionales al llegar a los 75 años, no consideraba ético permanecer en el cargo.

El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público. “No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas, porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, señaló Kirchner ese día.

Pese a las seis vacantes generadas, sólo fueron cubiertos cuatro cargos. Eugenio Zaffaroni asumió tras la renuncia de Nazareno y luego llegaron Elena Inés Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, en ese orden.

El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público.

Tiempo después, el Gobierno kirchnerista dio un nuevo golpe de efecto en el área judicial, al anunciar la decisión de reducir a cinco el número de miembros de la Corte. El proyecto fue presentado el 9 de noviembre de 2006 por la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner y fue recibido con beneplácito por parte de la oposición y los propios miembros de la Corte, algunos de los cuales reclamaban la reducción de miembros ya que se les hacía complicado conformar mayorías para sacar los fallos. Lorenzetti y Argibay reclamaban una reducción formal, aunque no a 5, sino a los 7 entonces vigentes.

El proyecto de Cristina derogaba la Ley 23.774 que impulsó el menemismo aumentando la Corte a nueve, fijándola en cinco. Como “disposición transitoria” se aclaraba que los siete integrantes de entonces permanecerían en sus cargos, salvo renuncia o fallecimiento, y establecía que a partir de entonces la mayoría sería alcanzada con cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuando quedaran seis jueces y, cuando en el futuro fueran cinco, la mayoría sería suficiente con tres votos.

Quién te ha visto y quién te ve

Durante la primera década de su trayectoria en la política grande, el periodismo estaba acostumbrado a contar con Cristina Kirchner como fuente de información. Contrariamente a lo que sucedió con los Kirchner en el poder, ella siempre acudía a las invitaciones para participar en los programas periodísticos, o cualquier requerimiento de entrevistas. Con su esposo en la presidencia, bajó su perfil. Pero para la presentación de su proyecto para reducir la Corte, convocó a un grupo de periodistas a su despacho, a quienes se los detalló y les entregó el texto antes de depositarlo en Mesa de Entrada. Eso sí, fue selectiva: solo convocó a cuatro representantes de medios: los editorialistas de los grandes diarios, y no a los periodistas parlamentarios.

Esa iniciativa mostraba un rasgo del kirchnerismo inicial, aquel que ante situaciones adversas acostumbraba a dar golpes de efecto que resultaran inobjetables para propios y extraños. Recordemos en qué contexto se daba: el entonces gobernador de Misiones, Carlos Rovira, acababa de fracasar en el intento de reelección al ser derrotado por el obispo Joaquín Piña, y con ello todos los proyectos reeleccionistas se derrumbaron como un castillo de naipes. Atento al humor social que el efecto Misiones había generado, Néstor Kirchner no redobló la apuesta, sino que ordenó arriar todas las reelecciones en marcha. Eduardo Fellner en Jujuy y Felipe Solá en Buenos Aires debieron cambiar sus gobernaciones por bancas de diputados. El primero terminó presidiendo la Cámara, postergando al segundo, que poco tiempo después se alejaría del kirchnerismo.

La iniciativa K buscaba desplazar de la atención pública el tema de las reelecciones, retomando el camino de la búsqueda de una mejor institucionalidad.

Predicando con el ejemplo, Néstor Kirchner daba señales de dejar de lado su propia reelección para la cual estaba habilitado, y comenzaba a tomar vuelo la posible candidatura presidencial de su esposa. La presentación de un proyecto auspiciando la reducción de la Corte contribuía a elevar el perfil de ella. Recordemos que el primer proyecto que CFK presentó tras asumir como senadora por la provincia de Buenos Aires fue el que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura.

Otras iniciativas de fuerte importancia impulsadas por CFK fueron la que formalizaba el control de los DNU y la reglamentación del juicio por jurados, una asignatura pendiente de la Constitución, que pese a la firma de Cristina no fue puesta en práctica y en la actualidad vuelve a estar en carpeta.

La entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner promovió la reducción de la Corte.

Al defender en el recinto su iniciativa para reducir la Corte, la entonces primera dama sostuvo que con ello se cerraba un ciclo “sobre cómo se deben manejar las instituciones”. En su discurso en el recinto del Senado hizo un repaso histórico sobre los cambios en la Corte, destacó las medidas tomadas por el gobierno de su esposo para designar a sus integrantes y criticó a los sectores de la oposición que lo acusaban de “populistas” y a su juicio hablaban con “hipocresía sobre calidad institucional”.

Asimismo contó que el Gobierno había decidido iniciar su ofensiva contra los jueces de la denominada “mayoría automática” de la Corte luego de recibir “una amenaza de dolarizar” la economía si no se les otorgaban “cosas” a cambio. Así fue que en medio del debate en el Senado del proyecto para reducir el Alto Tribunal, la primera dama dijo que apenas diez días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia “un excolaborador había recibido de su contacto en la Corte, (el juez Adolfo) Vázquez”, la “amenaza de dolarizar” la economía a través de un fallo, y que “a cambio” de no hacerlo pedían “cosas” que no precisó.

“Creo que, con este volver a cinco miembros de la Corte se cierra un ciclo, para este Gobierno y para los que vengan, sobre cómo se deben manejar las instituciones”, sostuvo la entonces legisladora, quien tuvo a su cargo los discursos inicial y de cierre en el debate de la sesión que aprobó el proyecto.

La iniciativa fue sancionada por 57 votos a favor y las abstenciones de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.

El presidente de la Nación no creía en una ampliación de la Corte. Ahora está abierto a ella.

Por ese entonces la Corte Suprema estaba integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. En 2014 quedaron vacantes por fallecimiento los cargos de Argibay y Petracchi, y por jubilación el de Zaffaroni. Fayt se jubiló en noviembre de 2015,  

Mauricio Macridesignó en 2016 a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, quedando el Alto Tribunal con la conformación de cinco actual.

Un número exiguo para algunos, suficiente para muchos. Inconveniente de alterar en esta coyuntura, según coincide la mayoría. Porque en rigor de verdad hay quienes consideran desde la oposición que la Corte Suprema debería ser ampliada. Miguel Angel Pichetto, por ejemplo.

En 2016, cuando la Cámara alta dio su aval a los candidatos propuestos por Macri para el Alto Tribunal, el entonces presidente del bloque PJ-FpV dejó abierta la puerta a una reforma de la Corte, porque una de cinco miembros “ya no se ajusta a la realidad político-institucional de Argentina”.

En rigor, la posibilidad de ampliar el Alto Tribunal sonó fuerte promediando el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa posibilidad nunca pudo prosperar, aunque la expresidenta se quedó con las ganas.

Como quedó claro cuando en 2016, ya fuera del poder, volvió a Buenos Aires por los requerimientos judiciales que comenzaron a asecharla. El 21 de abril de ese año, convocó a los senadores nacionales al Instituto Patria. Oscar Parrilli y las senadoras camporistas se ocuparon de cursar las invitaciones, omitiendo deliberadamente invitar a Miguel Pichetto. Asistieron a ese encuentro los senadores Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón, Ana Almirón, Inés Blas, María Inés Pilatti Vergara, Nancy González, Mario Pais, Sigrid Kunath, Liliana Fellner, Hilda Aguirre, Teresita Luna, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Giménez, Juan Manuel Irrazábal, Marcelo Fuentes, María de los Angeles Sacnun, Marina Riofrío, Ruperto Godoy, Silvina García Larraburu, Daniel Pérsico, Carlos “Camau” Espínola y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner y la primera en llegar. Desde la cabecera de la mesa, flanqueada por los senadores Fuentes e Irrazábal, Cristina criticó en ese encuentro puntualmente la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte, refiriéndose a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Macri. Y esa charla devino entonces en la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del Máximo Tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. La expresidenta hizo allí su primera autocrítica: por haber impulsado en 2006 la reducción del número de integrantes del tribunal de 9 a 5. Debió haber hecho lo contrario, dijo, y sugirió la idea de dividir a la Corte en salas especializadas, tal cual la había convencido Zaffaroni.

Desde 2013 Raúl Zaffaroni viene insistiendo con la necesidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia.

Habrá que ver si, como todo indica, el consejo asesor termina recomendando su ampliación. Ello puede hacerse a través de una ley aprobada por mayoría simple que retrotraiga lo dispuesto en 2006 a instancias del propio kirchnerismo. Y en ese caso, la oposición ya ha hecho saber que si el Gobierno de Alberto Fernández decide avanzar en ese sentido, no le dará los dos tercios para ninguna designación. Sea quien sea.