Con el propósito de colaborar en el cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales, la Legislatura de la Ciudad aprobó durante la sesión ordinaria de este jueves una Ley que tiene por objeto establecer un marco normativo que promueva el ahorro y reciclado de papel en el ámbito de la administración pública del Gobierno local.

De esta manera, se buscará reducir la cantidad de papel que se utiliza; recuperar el papel utilizado y fomentar el uso de piezas recicladas; promover el concepto de Gobierno electrónico; concientizar a la población sobre la importancia del ahorro de papel a través de medidas de educación ambiental; y favorecer la participación de la sociedad civil en los programas de ahorro y reciclado de papel.

Además de reducir el uso de papel, en cada edificio donde funcionen las oficinas del GCBA deberán colocarse contenedores para desechar el papel utilizado y luego el contenido de los mismos será retirado por el Sistema Público de Recolección Diferenciada, Selección, Acondicionamiento y Comercialización de RSU Reciclables y Recuperables del Ejecutivo.

El texto recientemente aprobado también establece que “la administración pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires priorizará la compra de papel con la mayor cantidad de fibras recicladas y libre de elementos químicos contaminantes, en aquellos casos en donde sea factible”.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que el papel es un “elemento central para que se lleve adelante la labor diaria y habitual; es más, es donde quedan plasmados sus actos administrativos como ser los decretos, resoluciones, circulares y oficios que, en su gran mayoría, tienen como soporte físico al papel y exigen copias adicionales muchas veces innecesarias”.

No obstante señalaron que “mucho se ha estudiado y escrito acerca de las nefastas consecuencias de utilizar la celulosa para elaborar el papel. Su fabricación masiva iniciada a partir de la década del ‘50, ha generado un grave impacto ambiental vinculado al uso de químicos cada vez más agresivos y la deforestación consecuente” e indicaron que “nuestro país se ubica entre los más afectados por este último fenómeno, a pesar de los instrumentos generados por la Ley de Bosques que se sancionó a fines de 2007, para ponerle un freno”.

“Lamentablemente, y de acuerdo a un informe del 2015 elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Argentina figuraba novena entre los diez países que menos cuidan sus árboles nativos, sobre un total de doscientos treinta y cuatro”, sentenciaron.

El proyecto de ley de gestión de envases abrió una nueva grieta entre el oficialismo, que lo defiende con uñas y dientes, y la oposición que lo rechazó desde el primer momento por la tasa del 3% que establece. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso, afirmó que hay “unanimidad” en el Frente de Todos para votar el proyecto que promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y apuntó contra la oposición.

En declaraciones por Futurock, el legislador aseguró: “En principio hay unanimidad en el Frente de Todos con este proyecto. Es un proyecto que envió Alberto Fernández y es un tema central para todo nuestro espacio político”.

A su vez, apuntó contra la oposición: “Yo entiendo que la Cámara de empresas estadounidenses defienda sus intereses, pero no voy a entender a los diputados argentinos que defienden más los intereses de la Cámara yankee que de los propios argentinos y del medio ambiente”.

“La ley de envases pretende promover prácticas ambientales en la industria porque es el único sector que no se hace responsable de la trazabilidad del producto”, explicó Grosso y agregó que “al aplicar una tasa que promueva que los que producen los envases los hagan con material reciclado o los haga retornables, para que no terminen en ríos, mares y basurales a cielo abierto”.

En ese contexto aclaró que “la tasa que propone el proyecto es de hasta el 3% y se aplica gradualmente en la medida que esos envases sean muy contaminantes y no se puedan reciclar” a fin de “modificar las acciones contaminantes”. Por el contrario, añadió que “la tasa sería del 0% si uno tiene un sistema de retornabilidad de los envases o utiliza diseños ecológicos”.

Asimismo, el diputado nacional calificó como “mito” que la ley genere un aumento en la canasta de alimentos, y desmintió que sea “un impuesto a todos los envases“. “Es una tasa que implica que las empresas se hagan cargo de la responsabilidad que es la trazabilidad del producto”, ratificó.

El legislador oficialista remarcó que la ley “pretende aportar a la resolución de uno de los principales problemas ambientales que tiene la Argentina, que es la basura”, y subrayó que en Argentina “producimos 50 mil toneladas de basura diaria y el 20 por ciento de esa basura son envases post consumo, los que descartamos después de consumir algún alimento”.

Grosso destacó que “todos los espacios” del Frente de Todos se “han hecho eco de la discusión para pensar la sustentabilidad del sistema de producción en la Argentina”.

En la misma línea remarcó que “es algo que asumimos como parte de un compromiso que tiene que ver con empezar a incorporar la perspectiva ecológica en las políticas de Gobierno”, pero sentenció que si bien “la militancia ambiental puede hacer un aporte, el que tiene que tomar el toro por las astas es el Estado”. “La crisis ecológica es un problema y necesitamos tener respuestas concretas”, concluyó.

El diputado nacional Federico Fagioli (FdT – Buenos Aires) se refirió a los alcances del proyecto de ley de gestión de envases y remarcó los aspectos favorables del mismo, ya que aseguró que “buscamos desincentivar la introducción de materiales altamente contaminantes”. A su vez, en relación a la polémica por la tasa que estipula del 3% el texto y que generó el rechazo por parte de la oposición, aclaró que “no es un impuesto”.

“Es una ley fundamental para dar la batalla contra la basura. Esto nos atraviesa a todos. Esta ley nos permite llevar adelante políticas integrales”, señaló en una entrevista otorgada a IP Fagioli y agregó que “la ley busca regular los envases pos consumo, instalar la figura de Responsabilidad Extendida del Productor, y a través del fideicomiso se van a fomentar los sistemas locales de reciclado y se va a acompañar la tarea que vienen realizando hace muchísimo tiempo los cartoneros y cartoneras dotándolos de derechos”.

Respecto a los objetivos de la ley, el diputado señaló que “estamos planteando desincentivar la introducción de esos materiales altamente contaminantes, generando sistemas de envases retornables y a través de una tasa posibilitar que el Estado acompañe en la problemática de la basura”.

“Hay productores no quieren hacerse cargo de la basura que terminan generando”, cuestionó el legislador del FdT.

Sobre el cobro de una tasa, el referente oficialista remarcó que “es importante aclarar que no es un impuesto, es una tasa ambiental amparada en el derecho ambiental”, y agregó: “Esto no afecta la ganancia de la empresa. Esto lo que hace es pedir un aporte para que en la Argentina se pueda desarrollar el reciclado de manera seria, potenciando el trabajo de las y los cartoneros”.

Sobre el final, Fagioli marcó que “el productor se tiene que hacer cargo, es un error que se traslade el precio de la tasa a los productos. Y si así sucediera porque, como siempre, no se quieren hacer cargo, hablamos de un 0.06%, es decir, menos del 1%. Es mentira que van a aumentar los alimentos un 3% por la tasa”.

La diputada Daniela Vilar (Frente de Todos – Buenos Aires) especificó este lunes los alcances de la ley de envases y respondió a las críticas que le propinaron sectores empresarios y opositores al proyecto. “El proyecto de Envase inclusivo ya tuvo todo el rebote del lobby empresarial y mediático”, marcó la diputada Vilar.

“En nuestro país se producen 50.000 toneladas de basura por día y más de la mitad terminan en un basural o relleno sanitario” señaló Vilar en una entrevista con El Destape Radio para luego agregar que “el 25% de toda la basura que producimos son envases”.

Vilar especificó que “la ley incorpora el principio de responsabilidad extendida de los productores. En todo el mundo las empresas se hacen responsables del impacto ambiental que generan sus envases”.

Respecto a las críticas de la oposición por el supuesto cobro obligatorio de una tasa, la diputada nacional aclaró que “lo que dicen de la tasa es mentira, se va a acordar. No va a superar el 3% por envase, no por producto”.

“Si las empresas no quieren pagar la tasa tienen que generar envases retornables o reciclables”, agregó Vilar.

Respecto a la postura de la Cámara que nuclea a empresarios norteamericanos, Vilar señaló que “la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) es la que hace lobby contra el Envase con Inclusión Social. Las empresas quieren que la disposición final de los envases quede entre privados y que no haya regulación desde el Estado”. Sobre el final, Vilar señaló que “espero que una parte de la oposición que son militantes del ambientalismo sean coherentes y acompañen este proyecto”.

La diputada Florencia Lampreabe se refirió este lunes al proyecto de ley de envases que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, señalando que “el tema de los envases es una problemática que tiene varias aristas: ambiental, pero también social y de recursos. A nivel nacional hay una tasa de recuperación muy baja”.

En una entrevista otorgada a la radio AM 530, la diputada bonaerense del Frente de Todos remarcó que “el objetivo de la ley es tratar de dignificar un trabajo que vienen haciendo los recuperadores urbanos, darles más herramientas, por eso la ley se llama ley de envases con inclusión social. Para nosotros, los recuperadores urbanos o cartoneros son un actor central”, agregó Lampreabe.

Más adelante, la diputada nacional del Frente de Todos señaló que “hoy se producen 45 mil toneladas de basura por día de las cuales solo se recupera el 20% y además está importando residuos y basura de otros países para reciclar. Además, un tercio de los presupuestos de los municipios se destinan al reciclado de residuos y la situación es que los rellenos sanitarios están saturados, y hay más de 5000 basurales a cielo abierto que afectan a vecinos y vecinas”.

“La ley establece la responsabilidad extendida al productor. Porque hoy no hay compromiso del empresariado respecto a lo que va a pasar con el envase en el pos consumo. Y esto es lo que más genera tensión o resistencia”, remarcó Lampreabe.

Respecto al cobro de una tasa, Lampreabe señaló que “la ley establece el cobro de una tasa, que no es un impuesto, sino precisamente una tasa por un servicio que hoy se realiza o los municipios o los recuperadores urbanos en condiciones indignas. Ese servicio tiene un costo que tenemos que revisar quien lo debería afrontar”.

Sobre el final de la entrevista, Lampreabe agregó que “la lógica liberal es responsabilizar al consumidor sobre los envases, separando la basura, etc. Pero es una contribución individual que no resuelve el problema”.

El diputado radical Gustavo Menna, quien forma parte de las comisiones de Presupuesto y de Recursos Naturales, rechazó el dictamen de mayoría que diputados oficialistas firmaron el miércoles, al tratar el proyecto de ley para regular la gestión de envases y que incluye la creación de un nuevo gravamen.

“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas y sigue creando impuestos que castigan al consumidor sin que le interese mejorar la gestión ambiental sino formar una caja para repartir prebendas entre organizaciones sociales políticamente afines”, dijo Menna.

Este nuevo tributo, explicó Menna, estará “destinado a formar un fondo fiduciario para distribuir dinero entre municipios, que a su vez deberían sostener a organizaciones sociales de reciclado”. Así, indicó, “se trata de un nuevo impuesto que tendrá un fuerte efecto inflacionario ya que será trasladado por las empresas a los consumidores, encareciendo el costo de los productos”.

En este sentido, el bloque de Juntos por el Cambio manifestó su oposición en un duro debate en el que se señaló que el sistema que predomina en todos los países de Latinoamérica y Europa es el de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Esta REP, explicó el legislador, “implica que la empresa productora se responsabilice por el ciclo total de la vida útil de los envases post consumo, organizando, financiando y administrando en forma privada la gestión de esos materiales, para su recuperación y reciclaje”.

“El rol del Estado en la REP es definir metas de cumplimiento, aprobar los planes de gestión y fiscalizar posteriormente que se cumplan”, añadió.

Por ello, el bloque de Juntos por el Cambio, acompañado por la diputada Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal, firmaron un dictamen alternativo por el cual sostuvieron ese esquema y rechazaron la tasa que pretende imponer el kirchnerismo.

Esta iniciativa “abreva en proyectos anteriores consensuados, contando con el respaldo del sector empresarial, manifestado por la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Círculo de Políticas Ambientales, que estuvieron en la Comisión de Ambiente”, agregó.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, pasó a la firma el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo -tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano-, el cual contó con el aval de 27 legisladores oficialistas, mientras que la oposición presentó un dictamen de minoría y cuestionaron puntualmente “la tasa porque es un impuestazo”.

Itaí Hagman (FdT – CABA) fue el primer orador quien expresó: “Este proyecto es importante que da cuenta de un problema que tiene la Argentina y que también es un problema a nivel global que tiene que ver con la gestión de los residuos en una sociedad en donde los patrones de consumo se han modificada mucho”, y agregó: “Donde sobre todo las tendencias y formas de consumo que hay en el mundo generan un gran descarte, lo que trajo obviamente un problema ambiental que es hora que empecemos a trabajar y a tratar con un marco normativo que permita resolver”.

“Es un proyecto que incorpora conceptos e instituciones. El primero es el de responsabilidad extendida del productor, es decir establecer una responsabilidad por parte de aquellos que introducen envases en el mercado y crea un sistema integral de gestión de residuos asumiendo que es un problema que los sistemas de recolección tienen una competencia municipal, es un problema de orden nacional”, precisó.

“Argentina tiene hoy según el Ministerio de Ambiente 5.000 mil basurales a cielo abierto que expresan las tendencias que venimos teniendo como sociedad a la acumulación y al mal uso de residuos. Esta ley que incorpora y crea estas instituciones es una manera de complementar todos los trabajos y políticas medioambientales”, señaló Hagman.

En suma, destacó que “tiene un doble objetivo, por un lado, desincentivar el uso de envases sobre todos los más contaminantes, y por el otro lado, una forma de compensar el daño ambiental que produce la utilización de estos envases. Se hace a través de una tasa ambiental variable que puede ser cero si los productores establecen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización de los residuos o puede llegar hasta un 3% como máximo de precio mayorista con un criterio de variabilidad que está definido con distintos criterios que establecen el tipo de material, el impacto ambiental, etc”.

“También establece la promoción de puestos de trabajos o la formalización de puestos de trabajos a través de un sistema integral de reciclados. Lo hace coordinando desde el Estado con las provincias y municipios. Es una ley desde el punto de vista ambiental y del trabajo es importante. Además, tiene componentes económicos porque ayuda a la sustitución de importaciones porque en argentina tenemos basura que se acumula en cielos abiertos y por el otro lado las industrias demandan insumos que el mercado no satisface y hoy se importa basura de otros países para la producción”, concluyó su argumentación el diputado oficialista.

Sin embargo, Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) criticó fuertemente la iniciativa: “Tenemos algunas objeciones de fondo respecto al proyecto, primero porque lo consideramos un impuestazo encubierto con una alícuota que pude llegar hasta el 3% de precios mayoristas de los alimentos según el caso. Sumar una carga adicional que recaerá sobre los pobres consumidores cuando la canasta alimentaria está por las nubes”.

“Es un momento sumamente desacertado, no es chicana, pero legislamos aislados de la realidad, afrontamos temas con herramientas y soluciones alejados de la emergencia que estamos viviendo en la Argentina”, cuestionó.

En esa misma línea, continuó: “Este Parlamente por momentos se encierra en su propio microclima y vive en una realidad paralela. Subir el precio de las bebidas, alimentos, en medio de un país pauperizado con niveles de pobreza nunca vistos salvo en la hiperinflación, con inflación galopante, sumarle un sobre costo a los alimentos es una desproporción peligrosa”.

“Es un impuesto en una tasa porque se aplica con una fórmula sin establecer una contraprestación, sin una estimación de los costos de los servicios que va a prestar que generalmente se prevén. No hay plan de gestión, no hay costos, no hay contraprestación que va a pagar el productor y el servicio que va a recibir”, remarcó el diputado del Pro.

“Esto es un impuesto, no es una tasa. Es un impuesto de asignación específica que se hace para montar un sistema de supuesto reciclado a nivel nacional que va centralizar el Gobierno nacional a espaldas de las provincias casi sin participación que van a tener que ir mendigar recursos al Gobierno para que les apruebe el plan de gestión y que no sea en función del color político. Muy pocos países utilizan una tasa como quieren poner acá”, enfatizó Laspina y comunicó: “Vamos a presentar un dictamen de minoría onde establecemos en principio un marco regulatorio para el manejo de los residuos, reciclado y economía circular”.

“El Parlamento podría establecer un objetivo menos ambicioso y oneroso como por ejemplo establecer que las ciudades mayores en habitantes provean un sistema de separación de residuos al momento de desecharlos como tiene la Ciudad de Buenos Aires”, propuso el diputado santafecino y finalizó: “Es un muy mal proyecto que recaerá en los más humildes”.

En tanto, Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) salió al cruce: “Sin ánimos de polemizar, hago un llamado para que lo lean porque no son envases de alimentos sino de todo tipo. El artículo 19 dice que las autoridades locales conforman sistemas locales de gestión integral de envases y ahí se van a canalizar los fondos”, y reiteró: “recomiendo que lean el proyecto, porque tiene en cuenta el ambiente y el aspecto humano”.

“Es una tasa porque va graduada según la empresa, no va a pagar ningún impuesto”, aclaró y reiteró: “El envase en general las empresas lo han tomado y han trasladado el costo de los envases a la ciudadanía y fue el Estado el encargado de sanear el ambiente. Es un sistema mixto, es un proyecto virtuoso y llamo a leerlo detalladamente y con espíritu amplio”.

Por último, Luis Mario Pastori (UCR – Misiones) hizo hincapié en la tasa porque “hay que tratarlo en su integralidad, pero hay una incongruencia porque el punto cinco hace referencia a una tabla del punto cuatro que no existe en el texto que estamos tratando”. Además, señaló que “hay una delegación impropia que no corresponde. ¿Por qué la tasa del 3%? Estamos en contra de seguir generando nuevos tributos, es un tributo porque es obligatorio”.

¿Qué dice el proyecto?

El mismo contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por las y los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros. Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización, según informó en un comunicado el Ministerio de Ambiente.

El proyecto de ley regulará todos los envases introducidos en el mercado nacional, lo que permitirá desarrollar una política integral para la problemática de los residuos sólidos urbanos ya que promueve la reducción de la cantidad de envases generados, fomenta el reciclado y genera obligaciones a las y los productores para su tratamiento.

El proyecto de ley de gestión de envases con inclusión social que se presentó este jueves en el Congreso por parte del Poder Ejecutivo, no tardó en despertar repercusiones y voces a favor. Una de ellas fue la diputada nacional Daniela Vilar (Frente de Todos – Buenos Aires) quien aseguró que “la política es la herramienta fundamental de transformación por excelencia”, por lo que “cuando hablamos de problemática ambiental no hablamos solamente de la conservación de los bienes naturales, sino también de pobreza, de desigualdad, de hábitat mínimo, de acceso al agua, y de una alimentación sana, segura y soberana”.

En declaraciones en una entrevista en El Destape Radio, la legisladora bonaerense afirmó que con proyecto de ley de envases con inclusión social “los más pibes y las más pibas entienden que si no hay un vínculo con el entorno ambiental no hay mundo posible”, y precisó que “en nuestro país se producen 50 mil toneladas de basura por día. En su mayor parte, envases que se pueden reutilizar”.

“Con este proyecto de ley, proponemos minimizar el impacto de los envases en el ambiente”, destacó y explicó que “los empresarios que producen con envases contaminantes van a pagar una tasa, que financiará a los municipios para que generen circuitos de reciclaje”.

En ese sentido, valoró: “Nosotros creemos que la política es la herramienta fundamental de transformación por excelencia. Desde que asumimos el Gobierno con el Frente de Todos, y en la Cámara de Diputados junto a nuestro jefe de bloque Máximo Kirchner, trabajamos en muchas políticas con la perspectiva del ambiente popular: la Ley de Manejo del Fuego, la ley de etiquetado frontal, la Ley de educación ambiental, o la ley Yolanda”.

“Cuando hablamos de problemática ambiental no hablamos solamente de la conservación de los bienes naturales, que también es importante, hablamos de pobreza, de desigualdad, de hábitat mínimo, de acceso al agua, y de una alimentación sana, segura y soberana”, concluyó Vilar.