La legisladora de Confianza y Desarrollo (CyD) y ex directora de PAMI, Graciela Ocaña, apuntó con dureza contra el líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, por la eliminación los descuentos en medicamentos, incluso para enfermedades crónicas, en las farmacias que aún aceptaban la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA).

"Hay castas que no se tocan y utilizan la salud como negocio. Los trabajadores aportan todos los meses al gremio de Camioneros", comenzó diciendo la diputada a través de su cuenta de X -ex Twitter-. Al mismo tiempo que planteó que "el Gobierno -incluso- autorizó a los empleadores a realizar un aporte especial para sostener su obra social. La plata está, pero los Moyano no pueden explicar los desvíos evidentes hacia las empresas familiares".

Sobre esa misma línea, Ocaña advirtió que "la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA) recorta en remedios y está al borde del colapso, dejando desamparados a miles de afiliados que esperan prestaciones básicas de salud" e indicó: "por eso le pedí formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud la intervención urgente de OSCHOCA. No podemos permitir que la salud de la gente sea rehén de la mala gestión de los Moyano".

"Hace unos días recibimos un caso desesperado donde la obra social se negaba a cubrir medicamentos. Reclamamos ante la Superintendencia y ahora se encuentra en vías solución. Sí se puede frenar este atropello", sostuvo la líder de Confianza Pública. 

Además, instó a los afiliados a OSCHOCA a denunciar las falencias en la cobertura de la obra social y le pidió a los afectados que le escriban a [email protected] detallando su situación. "Vamos a reclamar juntos en cada organismo que haga falta. La salud es un derecho, no el negocio de unos pocos", sentenció Ocaña. 

Según informó Clarín, hace dos semanas, debido a las deudas que la obra social mantiene con varias farmacias, estas dejaron de vender medicamentos con descuento a los afiliados de Camioneros. Como alternativa, los afiliados acudían a la farmacia Farma Social, ubicada en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, en el barrio de Constitución, a 200 metros de la sede sindical y del despacho de Moyano.

Sin embargo, en los últimos días dicha farmacia también suspendió las ventas con descuento. Quienes se presentaron con recetas para comprar medicamentos, sondas, leches especiales para bebés y pañales fueron informados de la falta de stock.

“¿Jubilados pagando prestaciones de manera privada?”, se pregunta el diputado nacional Pablo Todero (UP) luego de que trascendiera que afiliados del PAMI tienen limitada la cantidad de consultas médicas que pueden hacer en el mes.

Ello derivó a Todero a realizar un pedido de informes a la institución por la suspensión de prestaciones, luego de los reclamos de afiliados y prestadores que denunciaron recortes, interrupción de la atención y falta de pago por parte del organismo.

“En la presentación, exigimos que el PAMI informe si se están aplicando cupos o restricciones a prácticas médicas para afiliados y para instituciones prestadoras, obligando a los jubilados a pagar consultas y estudios en forma particular, o que terminan en los hospitales públicos, que ya están desbordados, pero absorben prestaciones que debería pagar PAMI”, explicó el diputado neuquino.

Además, solicitó que se informe la situación de deudas con prestadores, tanto públicos como privados, y que se brinde información detallada sobre internaciones, cirugías, consultas, medicamentos y estudios diagnósticos en todo el país.

“El PAMI debe garantizar el acceso a la salud, no restringirlo. No puede ser que un jubilado tenga que elegir entre pagar una consulta médica o comprar alimentos. Si el PAMI está aplicando cupos en la atención, es necesario que lo informe públicamente”, planteó y consideró: “El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de controlar y exigir información cuando se vulneran derechos tan esenciales”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) cuestionó con dureza las políticas del Gobierno hacia el área de discapacidad y planteó: “Se manejan con crueldad”. Además, advirtió sobre el impacto de estos recortes y destacó el respaldo transversal de distintos sectores en la defensa de este colectivo.

"Ajuste termina siendo una palabra técnica, pero yo hablo de crueldad con la que se manejan. No querer asistir a una sociedad que necesita ser asistida es crueldad. Esto es Argentina, no el país a los que viajan tanto y visitan seguido, les toca gobernar a la sociedad argentina, aunque renieguen de eso", señaló con contundencia.

En relación a las medidas adoptadas por el Gobierno, Valdés explicó que “no sólo se está llevando a cabo un recorte de derechos, sino que también se busca generar una estigmatización de las personas con discapacidad”.

"Respecto al ajuste contra las personas con discapacidad demuestra lo que piensan ellos verdaderamente. En esas palabras que usaron hace una semana, no tanto tiempo, donde trataban de la peor manera a las personas con discapacidad, palabras que ni siquiera yo quiero repetir (inútil, idiota o débil mental) está claramente expresado el pensamiento que ellos tienen", recordó.

Según el diputado, estas expresiones no son casuales: "Inventar auditorías, inventar todo eso está claro que es para suprimir derechos. Para lo único que usan la palabra auditar es para suprimir derechos".

Valdés también abordó el tema del certificado de discapacidad, una medida que había logrado avanzar en el pasado: "Nosotros habíamos consagrado inclusive el certificado único en forma permanente, porque la gente no sabe lo que son los trámites administrativos que tiene que llevar adelante una persona para sacar un certificado; y si hay una discapacidad permanente no tiene que ser necesario renovarla cada 3 años, no tiene ningún sentido que haya que renovar la discapacidad permanente".

A su juicio, la vuelta atrás con estas políticas tiene un único propósito: "Eso lo habíamos logrado hace 4 años y ahora vinieron y quieren empezar todo devuelta, pero con el único sentido de no pagar pensiones, de reducir gasto para que Caputo, el ministro de Economía tenga más plata en el Estado, es el único motivo por el que lo hacen".

Por otro lado, Valdés destacó el apoyo que está recibiendo por parte de distintos sectores de la sociedad: "Realmente creo que es una porción minoritaria la que piensa como el Gobierno, al menos en este tema de las discapacidades. Creo que la sociedad argentina, aun la que políticamente no piensa como yo, todavía tiene grados de humanismo y solidaridad para con las personas con discapacidad. Nunca imaginé tanta crueldad para con este colectivo, y en eso debo reconocer que hay pluralismo, porque nos acompañan en estas peticiones gente que no es de nuestro espacio político y que también le parece que lo que está pasando es horrible".

En su reflexión sobre la política y la construcción de acuerdos, Valdés remarcó su compromiso con la esperanza y la unidad: "Siempre tendré la obligación de construir esperanzas, siempre. La verdad yo siento que en estos tiempos estamos con la posibilidad de a veces, hasta hace muy poquito tiempo, tener la letra K era como mancha venenosa para otros. Siento que ahora se animan más a juntarse con la letra K, y de eso se trata, de construir el abecedario juntos".

Para él, la política “debe ser inclusiva y pensada para todos los sectores”, y sumó: “Uno sabe a quién representa y a quién quiere representar en la política, y a veces los representados por otros signos políticos se ven afectados por estas políticas. En el tema de discapacidad no hay signo político, entonces desde ese lugar se les abren los ojos a muchos y empiezan a mirar para otros lados. Siempre tengo esperanza. Siento que los últimos acontecimientos que van sucediendo van construyendo una mirada un poco más amplia".

Un grupo de diputados del bloque Unión por la Patria se reunieron y dialogaron este martes con una representación de más de cien pediatras -que forman parte de la Sociedad Argentina de Pediatría-  que firmaron recientemente una Carta Abierta exigiendo "la urgente reflexión" para que las autoridades nacionales dejen de “desfinanciar los programas de seguridad alimentaria”.

El encuentro se dio en la Cámara de Diputados de la Nación del cual participaron el presidente del bloque de UP, Germán Martínez; el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin; los diputados nacionales Daniel Gollan, Hugo Yasky; Ramiro Gutiérrez y Daniel Arroyo.

En la apertura hicieron uso de la palabra numerosos pediatras algunas de las cuales se conectaron en forma virtual desde diversas provincias. Al respecto, Martínez expresó: “Estamos acá para darle la dimensión humana y política que tiene el incremento de la demanda alimentaria en todo el país".

A su turno, Yedlin manifestó: “Vamos a insistir con el tratamiento de la política alimentaria en la Comisión de Acción Social y Salud, la situación social se agrava semana a semana".

La pediatra Gabriela Bauer explicó: “Vivimos en los centros infantiles, en los hospitales y vemos madres que se desmayan por hambre y niñas y niños que no están siendo atendidos porque el gobierno nacional cortó las transferencias directas a los comedores".

Entre los temas analizados en la reunión se contempló la decisión del gobierno de Milei de eliminar a la ex secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la suspensión del Programa para el Egreso (PAE); la desarticulación del Programa Nacional de Primera Infancia; el abandono de los Centros de Desarrollo Infantil; la paralización de la Ley Lucio y el recorte a la Ley Brisa entre otras situaciones que conforman la violación sistemática a derechos progresivos establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños (1989).

“En virtud del objetivo de racionalización de los recursos del Estado establecido en el Decreto N°8/2023, y a fin de contar con una ordenada gestión funcional de la distribución de actividades del personal de su dependencia, a partir del día de la fecha, queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente”, avisó dos días atrás Armando Guibert, nuevo secretario de Transformación del Estado y Función Pública, de la Jefatura de Gabinete.

Los destinatarios de la medida son cientos de empleados de la Casa Rosada, centro de actividades del gobierno del presidente Javier Milei, quienes así verán recortados sus salarios en un 50% aproximadamente, sostienen. Así es que varios trabajadores -quienes por cuestiones de seguridad declinaron brindar sus identidades- indicaron parlamentario.com que sus ingresos promedian entre 160 y 200 mil pesos, y con horas extras o unidades retributivas llegaban al doble, es decir redondeaban unos 400 mil pesos.

Para comparar con otros salarios está el estipendio recibido por el presidente Javier Milei como diputado por última vez, es decir hasta el 10 de diciembre, de 2,1 millones de pesos. Conocido ya que -como es público- venía sorteando su dieta.

De acuerdo con registros en internet, el sueldo de un presidente en Argentina -a junio de 2023 cuando estaba Alberto Fernández- era de 2,2 millones de pesos.

Los trabajadores anunciaron que harán asambleas a las 13.30 en planta baja de la sede gubernamental de 25 de Mayo al 100 y luego a las 15 en el comedor de la Casa Rosada. El clima está tenso.