Un trabajo realizado sobre Facebook, Instagram X y TikTok permite verificar cuáles fueron los legisladores más activos en el espacio virtual. Un informe exhaustivo realizado por una consultora sobre un aspecto clave en los tiempos que corren.
Está claro que la actividad en las redes sociales no merece ser bajo ningún punto de vista soslayada. Allí los políticos en general y ni qué decir los legisladores nacionales realizan una buena parte de su actividad; algunos más, otros menos, a sabiendas de que lo que dicen y hacen es a través de esa vía conocido por propios y extraños. Seguidores o adversarios, y sobre todo sus líderes pueden ver cuáles son las posturas que mantienen y cómo las defienden.
WATCH es el primer estudio que mide actividad, influencia y seguidores de figuras públicas en redes sociales. Así es que ofrece un detalle semanal profundo de volumen y sentiment en Facebook, Instagram, X y TikTok.
Los datos y el análisis que surgen de tan exhaustivo relevamiento funcionan como potentes herramientas de información y estrategia para líderes de opinión y tomadores de decisiones.
Ese trabajo da cuenta del volumen de participación de cada candidato, al tiempo que releva y categoriza las interacciones positivas recibidas. Asimismo muestra la comunidad que concentra cada funcionario sobre el total.
En este caso, realizaron un relevamiento en los primeros tres días de debate en el Congreso por la Ley Ómnibus, las redes sociales, los momentos más álgidos de ese debate. Así, el período relevado fue entre el 31 de enero al 2 de febrero de 2024, jornadas en que las redes sociales funcionaron como un amplificador de la discusión en el recinto.
Como se verá, los diputados más virales no necesariamente fueron los más influyentes. Si bien hubo legisladores como Nicolás Massot y Miguel Angel Pichetto que acapararon gran volumen de menciones durante el miércoles, no lograron capitalizar esa presencia digital en publicaciones propias.
En esta oportunidad, Myriam Bregman fue la ganadora indiscutida (34%), seguida por el diputado del Pro Fernando Iglesias (14,72%) y el de Unión por la Patria Leandro Santoro (9,44%). Sin presencia libertaria en el top 5, debajo quedaron la diputada de UP Julia Strada (8,87%) y el diputado del FIT Nicolás del Caño (8,68%).
Si bien fue una de las cinco legisladoras con más actividad en redes sociales, Lilia Lemoine no pudo entrar al podio y se ubicó en el octavo lugar, detrás de José Luis Espert (5,30%) y Diego Santilli (3,73%).
Martín Yeza y Natalia Zaracho apostaron a una alta actividad digital (4,25% y 2,61% respectivamente), pero no les alcanzó para ingresar al top 10. Rodrigo De Loredo, por su parte, con un volumen de publicación bastante menor (1,63%), hizo rendir la eficiencia de sus posteos y fue el único radical que consiguió un lugar entre los 10 diputados más influyentes de esta semana.
La iniciativa, que obtuvo 191 votos afirmativos incorpora esta modalidad a la Ley de Protección Integral. Pasa al Senado.
Por 191 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención, la Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485).
La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.
La iniciativa, que fue consensuada entre propuestas de las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (UCR), deberá tratarse ahora en el Senado.
El primer expositor fue el oficialista Pablo Carro (Córdoba) quien explicó que se viene a modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres sobre la base de la idea de incorporar una definición de lo que significa la violencia digital contra las mujeres.
“Tiene que ver con que la violencia digital o en entornos digitales o virtuales es igual o incluso peor que la que ocurre en el mundo analógico, es decir, el mundo virtual hoy es tan real como el analógico o el mundo real”, planteó.
El cordobés recordó que durante el debate de la Ley del Aborto “hubo muchísima violencia digital contra las mujeres”, y contó que AMNISTÍA Internacional realizó un estudio en el que reconoció que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.
Así, procedió a leer la definición de violencia digital que va a dejar “muy en claro por qué tan importante avanzar en este aspecto y remarcó que son “todas esas acciones que realizan los varones contra las mujeres cuando deciden resolver su independencia y usar su cuerpo como mejor les parece”.
“Este proyecto de ley no modifica el código penal”, aclaró, pero resaltó que “es tan importante que va a permitir no solo definir con claridad qué es la violencia digital, sino también, el desarrollo de políticas públicas, que haya estadísticas oficiales, que haya capacitación de los agentes estatales, que haya protocolos de actuación para la justicia, que haya una línea telefónica gratuita a través de cualquier soporte y, sobre todo, que pueda haber notificación electrónica”.
Al respecto, explicó: “La mayoría de las empresas son transnacionales en aquellos lugares donde se ejerce esta violencia son redes que no tienen domicilio en Argentina, sino que son transnacionales, por lo tanto, es importante por lo que vienen luchando las mujeres y tiene que ver con la Ley Olimpia sobre una mujer mexicana que sufrió este tipo de violencia y, a partir de este hecho, se están impulsando este tipo de leyes en todo el mundo”.
1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales, el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.
“Todo el mundo sabe lo difícil que es establecer regulaciones al modo en que trabajan las grandes plataformas que son grandes empresas transnacionales y, sin embargo, quiero reconocer que las mujeres lo han hecho porque están permitiendo que la justicia argentina pueda notificar a estas plataformas para que contenidos de este tipo puedan ser removidos y conservados y utilizados para pruebas en favor de las mujeres. Es un proyecto trabajado con consenso, tenemos un acuerdo completo”, cerró y adelantó que introducirá modificaciones por “errores” que cometieron en la redacción previo al dictamen.
Autora de una de las iniciativas, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) destacó la importancia del tema para “todas las mujeres que estamos presentes, pero fundamentalmente para todas las mujeres, niñas y adolescentes del país que son víctimas de los distintos tipos de violencia en este paso, en este avance”.
“Esta es una ley de época porque tiene que ver con el crecimiento de este tipo de violencia, de acosos, de hostigamiento que ocurren a partir de los espacios digitales, de redes sociales, del uso del internet”, señaló Tavela.
En esa línea, destacó la importancia a que “logremos un proyecto unificado entre los distintos interbloques” y reconoció a la diputada mandato cumplido Josefina Mendoza y a la diputada Alejandra Martínez quienes “fueron las que comenzaron con el debate hace años en esta Cámara y nos fueron muchas de las ideas que hoy se plasman en esta modificación”.
“Este proyecto busca definir que el espacio digital es un ambiente donde se puede generar violencia al igual que el espacio analógico y por supuesto que queremos garantizar el derecho de las usuarias, libre de violencias, libre de desigualdades”, manifestó la diputada radical y agregó: “La posibilidad de reconocer ese espacio nos lleva a la necesidad que esta norma tipifique lo que se va a denominar violencia digital que repercute en la generación de daños físicos, psicológicos, sociales y económicos”.
Además, planteó que “es importante la incorporación a los servicios de asistencia a la víctima, a los servicios de atención que ya existen de este tipo de violencia”. “La necesidad de promover la alfabetización en el uso de las redes sociales, en el uso adecuado y en las buenas prácticas de las TICS”.
“También llevando a que los niños, niñas y adolescentes comprendan lo que significa la violencia digital. No solo en las clases de ESI, sino en los diferentes espacios curriculares donde asisten, en los procesos educativos y en formación docente”, añadió y destacó la gratuidad de toda diligencia e instancia de las actuaciones judiciales, así como el resguardo de pruebas, el ordenamiento al presunto agresor del cese de las actuaciones y la prohibición de contacto.
Tavela contó: “Para muchas mujeres de nuestro país esto no es reconocido en los ámbitos de la justicia y de denuncia. Me ha tocado conversar con madres cuyas hijas se han quitado la vida, familias dañadas, muchas mujeres que han abandonado sus trabajos, sus pueblos, han tenido que cambiar su vida por el abuso, acoso y hostigamiento a partir de alguna publicación sin su consentimiento en una red social”.
“Entender que lo que hacemos en redes sociales forma parte de nuestra intimidad, forma parte de nuestros derechos de la información y de nuestra integridad y de nuestra capacidad y persona como seres humanos. Es importante para seguir avanzando en procesos de prevención y tipificación de violencia digital y las penas que deben contemplase para sancionar a quienes ejercen este tipo de violencia”, precisó la radical.
Y cerró: “Este proyecto incorpora la obligación por orden fundando a las empresas administradoras de plataformas de retirar este tipo de material de las mismas. El 70% de las mujeres que sufrió violencia digital ha cambiado su forma de interactuar en las redes, esto significa una restricción a la libertad de las personas. La violencia siempre es violencia, pero es más violencia cuando afecta a las personas más vulnerables”.
Por el contrario, el salteño Carlos Zapata (Ahora Patria) dio los motivos por los que no acompañó la iniciativa y se abstuvo. El diputado planteó que “está entre los derechos humanos el derecho a una vida libre de violencia”, y remarcó que la violencia digital es un tema “relativamente nuevo” que “ha tenido un crecimiento exponencial, generando perjuicios y consecuencias negativas a quienes las sufren”. Así precisó que, entre las consecuencias, “tenemos hasta víctimas fatales, personas que afectadas por la violencia digital por el atropello y la vulneración de su actividad han tomado una decisión drástica”.
“Las víctimas de la violencia digital necesitan un marco normativo que las reconozcan, contenga, proteja de todo tipo de violencia y, en este momento, estamos tratando violencia digital”, planteó Zapata y cuestionó: “La Ley de Protección Integral contra al Violencia de Género es una ley que tiene sus años, que va produciendo resultados, pero no esta a la altura de las expectativas que se al momento de su sanción”.
“Se han creado observatorios de violencia contra las mujeres, pero la tasa de femicidio se ha incrementado. La voluntad del legislador no está teniendo una aplicación concreta a través de los órganos de aplicación y responsables que lleven a que las acciones desde el Gobierno lleven a cumplir la finalidad de la ley de proteger a las mujeres, evitar los femicidios”, cuestionó.
Y siguió: “Se ha creado el Ministerio de la Mujer con las cuestiones que están pasando en Chaco con Cecilia la vemos con total y absolutamente ausente. Lamentablemente todas las legislaciones de protección de las mujeres pueden tener la buena intención, apuntar a un marco de progreso, pero si el Poder Ejecutivo y los órganos de aplicación miran para otro lado, o son selectivos a la hora de atender los problemas de violencia de género, evidentemente algo está funcionando mal”.
“En materia de violencia digital podemos clasificar los distintos hechos como fake news, campañas de desprestigio, violaciones e intimidad, incitación al odio, mecanismos que a través de publicaciones en redes sociales buscan hacer un daño. Se tratan de conductas antisociales que generan perjuicios hacia las personas y vulneran muchos derechos y garantías, si no existe un marco jurídico adecuado, esa vulneración va a seguir ocurriendo”.
“Las mujeres particularmente están afectadas, pero no son las únicas afectadas de la violencia digital y de este tipo de campañas, es necesario que se tipifiquen como delitos. Con el procedimiento que se pretende en esta modificación a la Ley van a tener un mecanismo expedito para que cesen las publicaciones o buscar procedimientos más agiles, pero en la medida que no se tipifique como delito la persecución del responsable y el uso de los organismos estatales para buscar justicia y equidad, va a estar ausente”, sugirió Zapata.
Además, planteó que es necesario “estudiar cuando se consideran este tipo de proyectos porque el principio contenido en el artículo 16 de la Constitución Nacional es el principio de igualdad ante la ley. La igualdad es un derecho en sí mismo y habilita a los sujetos a oponerse a normas o actos discriminatorios. La existencia de la vulneración de la igualdad ante la ley es algo que restringe a la libertad de los individuos”, y cerró que la violencia digital “no solo abarca a las mujeres, sino también a los hombres, necesitamos que el marco normativo llegue a alcanzarlos para respetar el principio de igualdad ante la ley. Considero que este proyecto es violatorio al artículo 16”.
La vicejefa de bancada radical, Karina Banfi, expuso sus ideas respecto a la modificación sobre violencia digital en la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres en el recinto. “Tenemos dos vidas, una la real y otra la de internet. Ponemos en foco la alfabetización digital y debemos saber las alertas que tenemos que tener en cuenta”, señaló.
Así también, expresó: “Las distintas exposiciones que he escuchado las acompaño y con ello, conocimos el valor que tiene esta ley”. Además, mencionó el caso de la joven Olimpia, a quien sin su consentimiento le viralizaron n video privado: “Le arruinaron la vida”. Afirmó.
Sin embargo, Banfi manifestó que “hace años que trabajo sobre derechos digitales y celebró que hablemos estos temas en el Congreso porque el futuro es internet”, y agregó: “Los delitos de extorsión y acosos son los mismos, y la digitalización amplifica el alcance y perdemos el control”.
Y siguió: “Lo primero que debemos hacer es entender de que hablamos y
debemos poner el revés del porno-extorsión”. “Debemos ir por los tipos penales porque estos delitos no están penalizados en el Código Penal, está permitida. Conceptualicemos a donde debe ir la realidad virtual y vayamos a lo concreto”, cerró.
Por último, la diputada nacional Mónica Macha (FdT- Buenos Aires) consideró que “estamos en un momento importante con consenso entre ambas comisiones” y “avanzamos en una legislación necesaria para nuestro país por los delitos perpetuados a través de la digitalización”, añadió.
“Hay líneas de mercado sexual de fotos de mujeres sin su consentimiento y este tipo de violencia contamina la vida de las personas”, mencionó, y finalizó: “La llamamos ley Olimpia por la joven mexicana víctima de un video privado viralizado sin su consentimiento que cuando denunció le dijeron que no estaba penalizado y que se relaciona con la ley Belén, una chica que se suicidó por la violencia en las redes digitales”.
Antes de la votación, Carro y Banfi acordaron modificar el artículo 5 y agregar al inciso “o” del artículo 9 que “la información recaba por las denuncias debe ser recopiladas y sistematizada para elaborar estadísticas confiables para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres”. Del mismo modo, mencionaron dos errores gramaticales que fueron corregidos.
Mediante el proyecto se incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.
En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.
“En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales”, agrega.
Además, se dispone que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.
Otra de las modificaciones establece que se tendrán que “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.
Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.
Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.
También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.
Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.
Natalia Fidel (VJ) impulsó una iniciativa que buscará transparentar las acciones de campaña y garantizar el voto informado de los ciudadanos.
En el marco de una año signado por los comicios, la diputada de Vamos Juntos (VJ) Natalia Fidel presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que buscará regular la campaña electoral que las agrupaciones políticas, alianzas, precandidatos y candidatos realizan en medios digitales, Internet y redes sociales “con la finalidad de transparentar estas acciones, garantizar su acceso y contribuir con el voto informado de los ciudadanos”.
De esta manera, la iniciativa plantea que “la campaña electoral en Internet, no podrá iniciarse hasta 50 días antes de la fecha de la elección, y deberá finalizar 48 horas antes de su realización. Desde 48 horas antes del inicio del comicio y hasta su cierre, queda prohibida la difusión de publicidad electoral que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral, en medios digitales, Internet y redes sociales”.
Al mismo tiempo que establece que “los gastos que realicen las agrupaciones políticas, alianzas, precandidatos y candidatos en la campaña en medios digitales, internet y redes sociales están comprendidos dentro de los límites de gastos impuestos por el artículo 8º de la ley 268 o aquella que en el futuro la reemplace”.
La iniciativa también plantea que haya espacios de publicidad gratuitos. “Treinta días corridos antes de la fecha fijada para la elección, el Instituto de Gestión Electoral otorgará a las agrupaciones políticas que oficialicen pre-candidaturas y candidaturas espacios de publicidad en medios digitales en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga o tuviere participación para la transmisión de su publicidad de campaña. Éstos se distribuirán respetando criterios de equidad en cuanto a su ubicación y cantidad y no serán computables a los efectos del límite de gastos de campaña correspondiente”.
Para ello el Instituto de Gestión Electoral elaborará, gestionará y mantendrá actualizado el Registro de cuentas de redes sociales, sitios de Internet y demás canales digitales de comunicación de las agrupaciones políticas, alianzas, precandidatos y candidatos que participan de cada proceso electoral.
En los fundamentos de la iniciativa, Fidel explicó que “se propone una definición de campaña electoral en Internet, como todas aquellas comunicaciones realizadas a través de medios tecnológicos tales como páginas web, redes sociales, motores de búsqueda y aplicaciones para teléfonos móviles, que realicen las agrupaciones políticas, alianzas, precandidatos y candidatos a cargos electivos locales y quienes los apoyen a efectos de la captación de sufragios y que trascienden el círculo personal de contactos de la agrupación política y supongan una erogación monetaria”.
Al mismo tiempo que planteó que “el proyecto propone un mecanismos de rendición de gastos de campaña en Internet. Junto con las rendiciones de cuentas que presenten las agrupaciones políticas que participan en el proceso electoral en los términos de la ley 268 o la que en el futuro la reemplace deberá acompañarse el material audiovisual de las campañas en internet, redes sociales, mensajería y cualquier otra plataforma digital” y destacó que “el Instituto de Gestión Electoral reglamentará la normativa tendiente a garantizar la rendición de cuentas de este tipo de publicidad por parte de las agrupaciones políticas participantes, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de esta contratación”.
“Dentro de los 30 días previos a cada elección el Instituto de Gestión Electoral deberá difundir mensajes institucionales destinados a concientizar a la ciudadanía sobre un uso responsable y crítico de la información electoral disponible en Internet”, sentenció.
La diputada oficialista cuestionó la manera en que el secretario de Asuntos Estratégicos se refirió a un proyecto para regular las redes sociales.
Aunque no dio demasiados detalles sobre el proyecto, el anuncio de Gustavo Beliz sobre una iniciativa para “regular” el uso de las redes sociales provocó una avalancha de críticas por parte de la oposición, e incluso la alerta desde entidades periodísticas.
Pero este miércoles también llegó una crítica desde el propio oficialismo, en la voz de la diputada massista Cecilia Moreau, quien aseguró que lo dicho por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, además de presidente de Consejo Económico y Social, le pareció “muy confuso”.
“Lo de Beliz me pareció muy confuso en el planteo y no me gustó, porque esas cosas de última se votan en el Congreso. Además, me pareció medio como descolgado, fuera de contexto”, expresó.
Entrevistada en la radio La990, la legisladora ahondó: “Primero, por el ámbito; segundo, no entendí lo que quería plantear; tercero, siempre que uno habla del tema de la libertad de expresión tiene que tener muy en claro qué quiere decir y no por tirar un título generar más confusión como la que generó”.
“En definitiva, por ejemplo, si quiere hablar del tema del bullying a los menores en las redes sociales, estamos todos de acuerdo. Ahora, fue muy confuso y la verdad es que yo esperaba que hubiera anuncios en términos de cómo vamos a hacer para discutir o para encarar la discusión que hoy es más importante para los argentinos, que es la inflación, no esto de las redes sociales”, agregó.
Sobre esto último, Moreau reclamó que hay que discutir “el cómo nosotros planteamos el tema económico, donde se le dé certidumbre a la gente, eso me parece que es tomar decisiones”.
“Y esas decisiones a veces pueden beneficiar a algunos u otros”, continuó, para cuestionar a los opositores que ven con “espanto” el proyecto presentado por senadores K para cobrar a los evasores un aporte que contribuya al pago de la deuda con el FMI.
Al respecto, la oficialista consideró que “no tienen cara. A mí me tocó ser legisladora la noche que votamos el blanqueo que excluía a los familiares (de funcionarios) y al otro día por decreto (Mauricio) Macri modificó la ley”. “Defienden a estos delincuentes de guante blanco que se llevaron la plata de Argentina”, reprochó.
Al retomar la cuestión de la inflación, la massista señaló que “la guerra contra la inflación y la recuperación del salario es parte del camino que decidimos comenzar a transitar en el 2019”, pero ahora hace falta “constituir un Frente de Todos en términos políticos que marque políticas de gobierno y de acción, y en eso deben estar representados todos los sectores del Frente de Todos, el que representa a Cristina (Kirchner), a Sergio Massa, a los gobernadores, a los movimientos sociales, y ponernos a trabajar en lo inmediato” que sería “un plan antiinflacionario profundo y terminar con la especulación de los que siempre ganan”.
En otra entrevista a radio Futurock, Moreau confesó: “Me dio vergüenza escucharlo a Beliz hablar del tema internet y el uso de las redes”. “La sensación de desconexión con la realidad es fuerte”, lanzó.
Pero también cuestionó a la oposición, que salió con los tapones de punta ante el anuncio. “Tenés la hipocresía de (Patricia) Bullrich que salió a criticar algo que no se entendía lo que era, porque me costó entender de qué hablaba Beliz”.
“Después tenés a los caraduras que salieron a hablar cuando metían presos a tuiteros por cualquier cosa”, sumó.
Legisladores de Juntos por el Cambio expresaron su rechazo a la iniciativa en la que trabaja el Gobierno para que las redes sociales “dejen e intoxicar la democracia”.
El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, anunció desde el Centro Cultural Kirchner (CCK), en una convocatoria del Consejo Económico y Social encabezada por Alberto Fernández, que el Gobierno trabaja en “un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, y que van a “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”.
En ese contexto, el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, escribió a través de su cuenta de Twitter: “Gustavo Beliz quiere regular el uso de las redes sociales ‘para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia’. No son las redes sociales, es el relato, la impunidad, la falta de ejemplaridad, la obscenidad del poder”, y exigió que “respeten la Constitución Nacional, con eso alcanza”.
“La libertad de expresión es un derecho humano. Cualquier medida que regule el uso de las redes sociales supone una violación de este derecho fundamental”, posteó la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja, Karina Banfi, y denunció: “Ya están violando el acceso a la información pública, ahora van por la opinión, dos pilares de la democracia”.
En el mismo sentido se pronunció el presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, quien manifestó: “Como si faltara algo Gustavo Beliz dice que van a regular el uso de redes sociales. No pueden modificar la realidad gestionando y quieren hacerlo comunicando. Buscarán afianzar el relato. Un retroceso total”.
“Ahora resulta que el gobierno pretende imponer un ‘pacto para el buen uso de las redes sociales para que dejen de intoxicar el espíritu de la democracia’. Tóxicos para la democracia son la censura y los gobiernos que deciden por todos qué es ‘lo bueno’. Eso se llama totalitarismo”, apuntó el senador radical Pablo Daniel Blanco.
También se sumó al rechazo de la propuesta el diputado del Pro Fernando Iglesias: “Esta es la fracción ‘liberal’ del gobierno. Imaginate cómo son los fascistas!”, y retomó las palabras de Beliz: “El buen uso de las redes sociales para el bien común y que dejen de intoxicar la democracia”, ante lo que exclamó: “Mamita querida…El Opus Dei aliado al peronismo. Pobre país!”.
“1⁰ Acto: Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional (Ricardo Forster). 2⁰ Acto: Observatorio de la Desinformación y Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Miriam Lewin). 3⁰ Acto: ¿Cómo se llama la obra? POLICÍA DEL PENSAMIENTO”, indicó la diputada Dina Rezinovsky (Pro).
Sin mencionar mayores detalles, el secretario de Asuntos Estratégicos habló de una iniciativa que apunta a que se deje “de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.
En el marco de la presentación de la “agenda productiva federal” del Consejo Económico y Social, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, anunció este martes un paquete de iniciativas que se propondrán al Ejecutivo desde ese ámbito, algunas de las cuales se transformarán en futuros proyectos de ley.
“En materia de calidad institucional, respondiendo al mandato del presidente, vamos a presentar en el transcurso de este año las propuestas de Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, será un proyecto de ley; y la la carrera profesional de innovadores gubernamentales del Estado, con el máximo nivel de transparencia en los procesos de selección”, expresó el presidente del Consejo durante el acto en el Centro Cultural Kirchner.
También habló del “Código de Ética y el Observatorio de Ética Judicial que varias provincias tienen en marcha y que tenemos que consolidar a nivel nacional” y, en su enumeración, mencionó “la Agencia Nacional para la Prevención de la Violencia y la propuesta de implantación de los juicios por jurados, para juzgar, entre otros, los delitos de corrupción pública que son la peste de nuestra democracia”.
Durante la presentación, de la que también formaron parte el presidente Alberto Fernández; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa; entre otros, Béliz reiteró las intenciones de darle rango por ley al Consejo Económico y Social que preside, idea que desde el Gobierno mencionan desde 2020.
“También vamos a elevar al Poder Ejecutivo la propuesta de otorgarle rango legal a este Consejo Económico y Social. No están todos los que tienen que estar en este Consejo, lo queremos ampliar, lo queremos extender al resto del país y el proyecto de ley va a dar un sentido de esto dinámico pero también inclusivo”, explicó.
Por otra parte, aunque sin mayores detalles, el funcionario afirmó que se presentará un proyecto para “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”. “Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, agregó.
“No lo estamos haciendo solos, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer”, destacó.
Además, Beliz expresó: “Desde este ámbito nos hemos puesto de acuerdo en el proyecto de ley de industria automotriz y electromovilidad, sobre la construcción, sobre lo agrobioindustrial, sobre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, sobre la industria audiovisual y la ley de economía del conocimiento, sobre la política estratégica del turismo”.
“No son anécdotas, no son solo buenas intenciones, estamos demostrando con estos proyectos de ley que el acuerdo y el consenso es posible en la República Argentina”, completó.
Diputados y senadores de distintos espacios políticos dejaron su mensaje a través de las redes sociales en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down.
Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, motivo por el cual diputados y senadores de distintos espacios políticos invitaron a través de las redes sociales a la reflexión, a generar conciencia sobre los derechos e inclusión social.
“Día Mundial del Síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down tienen derecho a una participación significativa en la sociedad y a tomar sus propias decisiones. Es un día para generar conciencia, celebrar la vida, la diversidad y la inclusión. #TodosSomosúnicos”, escribió el diputado radical Ricardo Buryaile (Formosa).
En el mismo sentido se pronunció la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada: “Día Mundial del Síndrome de Down. Por una sociedad que integre y en la que todos puedan gozar de su autonomía e independencia y llevar adelante una vida plena desarrollando sus potencialidades”.
Desde ese espacio también se expresó su presidente, Maximiliano Ferraro: “En el día del Síndrome de Down, usamos medias distintas que nos recuerdan la importancia de la igualdad a pesar de las diferencias. Hoy es un día para concientizar, dar visibilidad y fortalecer el compromiso en la búsqueda de igualdad de oportunidades”.
“Hoy se conmemora el #DiaMundialDelSindromeDeDown, una fecha para que cada uno desde su lugar pueda generar conciencia y fomentar la inclusión desde la niñez”, posteó el rionegrino e integrante del interbloque Provincias Unidas Luis Di Giacomo.
A su vez, el diputado nacional y exsenador mendocino Adolfo Bermejo sostuvo: “Hoy es el #DiaMundialDelSindromeDeDown, una fecha para generar conciencia sobre está condición, no enfermedad. La discapacidad solo existe en la medida que como sociedad no derribemos las barreras de los prejuicios”.
“Hoy 21 de marzo se conmemora el #DíaMundialdelSíndromedeDown, una fecha para generar conciencia sobre los derechos, dignidad y las valiosas aportaciones de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad”, escribió el senador rionegrino Alberto Weretilneck.
El senador chubutense piensa que las plataformas “están desvirtuando el modelo que motivó a Internet, era un concepto basado en una red inclusiva, democrática, equitativa y principalmente plural”.
En consonancia con el enfoque que brindó en las últimas horas Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, el senado Alfredo Luenzo manifestó que “el modelo de la autorregulación de las redes y plataformas digitales ha fracasado”. En ese sentido, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación recordó que “este es el planteo que vengo sosteniendo y que he ratificado durante toda mi gestión al frente de esta comisión, incluso más allá de los ríos de tinta de algunos con agravios y descalificaciones al que he sido sujeto por el mero hecho de poner el tema arriba de la mesa”.
El senador nacional por Chubut celebró que se están “sumando cada vez más voces” con “conceptos semejantes” a los suyos, tras las acusaciones vertidas por la exempleada Frances Haugen quien aseguró que la empresa “financia sus beneficios con nuestra seguridad” y planteó que está priorizando la rentabilidad económica por encima, incluso, del combate a las fake news y la desinformación o del discurso del odio y de discriminación de toda índole que prolifera en sus plataformas.
En ese marco, Luenzo planteó: “¿Qué dirán ahora las espadas mediáticas y políticas que defienden este modelo de concentración, basado en la monetización de datos personales?”.
Al respecto, Luenzo afirmó que “las plataformas están desvirtuando el modelo que motivó a internet, que era un concepto basado en una red inclusiva, democrática, equitativa y principalmente plural”. Por el contrario, el legislador nacional sostuvo que “el esquema actual es hoy de un mercado concentrado en pocos jugadores, que son grandes corporaciones globales, que por su tamaño y su posición terminan absorbiendo a cada nuevo emprendimiento que amenaza con plantearles competencia. Por lo tanto, el modelo vigente es el de corporaciones que fijan las condiciones a los usuarios, muy polémicas, sin respeto por su privacidad y a sus datos personales y lo están haciendo sin ningún control, con Estados nacionales casi como meros observadores del proceso”.
También enfatizó que “no es cierto que el servicio que brindan es gratuito” ya que “el modelo de negocios actual está basado, fundamentalmente, en monetizando nuestros datos personales, que se ofrecen como herramientas del marketing para segmentar los mensajes publicitarios y la oferta de productos en base a nuestro perfil de usuario”. “Los consumidores están claramente en una situación de desprotección. Porque aceptan estas condiciones de uso o prácticamente se ven obligados a vivir offline y no solo en términos de recreación, fundamentalmente en términos del proceso productivo, del intercambio cultural para sus emprendimientos y del proceso de intercambio cultural”, añadió.
Asimismo, Luenzo recordó los planteos que están realizando ADEPA en la Argentina y medios de comunicación en todo el mundo por el uso comercial de sus propiedades intelectuales.
“Por ello, necesitamos una respuesta regional y global que garantice los derechos de los usuarios”, completó.
Un informe muestra que los términos “culpa”, “vergüenza”, “mentiroso” o “peor” dominaron las expresiones relacionadas a Alberto Fernández, que además pasó de tener un 23% de menciones negativas a un 58% durante agosto.
Un informe realizado por Diego Corbalán, junto a Scidata Argentina, Monitor Digital Argentino y Socialnews, revela que desde que estalló el escándalo por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, los usuarios activaron niveles de odio sin precedentes contra el presidente Alberto Fernández.
Según la investigación, realizada sobre las redes sociales, durante el mes de agosto, términos como “culpa”, “vergüenza, “mentiroso” o “peor” dominaron las menciones referidas al jefe de Estado, mientras escalaba el Olivos Gate.
“Títere”, “traidor” y “peroncho” también fueron palabras utilizadas para criticar a Fernández, precisamente para remarcar las “supuestas inhabilidades” del mandatario, a quien lo acusaron de “debilidad e incapacidad política”.
Entre las menciones más duras, el informe recuerda un tuit del precandidato a diputado José Luis Espert: el economista tildó de “operador político berreta” a Alberto Fernández y sostuvo que el presidente “aprendió economía de una bestia bruta como Néstor (Kirchner) y encima hace alarde de ello”.
Por otra parte, el trabajo señala que a principios de agosto “las menciones negativas sobre el jefe de Estado alcanzaban el 23%. Pero, en poco días, treparían al 52% en la segunda semana del mes y a casi el 58% en la tercera semana. En paralelo, las citas asertivas sobre la figura presidencial se desplomaron del 27% al 12,7%”.
Más allá de la desaprobación cosechada por Fernández a raíz del Olivos Gate, el informe resalta que “el presidente viene logrando una centralidad política” y “este fenómeno se debe a la acumulación de referencias a su figura en las principales redes sociales políticas”.
De acuerdo con los datos que arroja el Monitor Digital Argentino, en lo que va de agosto Fernández sumó el 32% de todas las menciones en Twitter a los principales dirigentes argentinos.
Este guarismo representa un quiebre con respecto a julio, cuando el presidente venía de seguidilla de pérdida de protagonismo político. El mes pasado, el jefe de Estado sumaba el 24% del total de menciones políticas argentinas. En paralelo, una ascendente Patricia Bullrich, presidenta del Pro, se quedaba con poco más del 15%.
En las conclusiones del trabajo se observa que el escándalo de Olivos “redireccionó todas las miradas políticas hacia Alberto Fernández” y “lo dejó con un nivel inédito de exposición pública, solo equiparable a los momentos de su asunción presidencial y a los primeros anuncios del inicio de la cuarentena, en marzo de 2020”.
Así lo aclararon representantes de la compañía, propiedad de Facebook, en la Comisión de Medios de Comunicación del Senado de este miércoles, aunque hay investigaciones en curso al respecto.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado se reunió este miércoles de forma remota para debatir sobre la privacidad en las redes sociales en el marco de las nuevas políticas de privacidad de Facebook – WhatsApp que generaron mucha preocupación en la población. Para tal fin fueron invitados tanto representantes de la empresa como profesionales especializados en competencia empresarial y ciencias de la información. Desde WhatsApp aclararon que las nuevas políticas no aplican a las conversaciones personales, sino que son exclusivas para chatbots, pero la temática quedó inconclusa ya que hay investigaciones al respecto que aún están en desarrollo.
Pablo Bello, director de políticas públicas de Facebook para América Latina, destacó la relevancia de WhatsApp en la economía argentina durante la pandemia. La aplicación “ha contribuido a democratizar el acceso de las familias con menores ingresos al comercio electrónico. Durante la pandemia, 71% de los consumidores argentinos han utilizado WhatsApp para hacer compras online”, enunció.
“La política de privacidad se refiere fundamentalmente, exclusivamente, al uso de la plataforma de la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de WhatsApp, que es la plataforma que permite implementar chatbots. No es para las conversaciones personales, no es para las interacciones que tenemos regularmente a través de WhatsApp las personas. Es solamente cuando se utiliza esta plataforma que se llama WhatsApp API”, clarificó el director de políticas públicas de Facebook.
“WhatsApp no había modificado sus políticas de privacidad desde 2016”, destacó Bello, para luego aclarar que “el objetivo de la actualización es dar más transparencia”. Además, agregó, a propósito de las nuevas políticas de privacidad de la aplicación, que buscan “informar de mejor forma a los usuarios cómo funcionan los canales de comunicación con empresas, entidades públicas y organizaciones que hacen uso de la API”.
El empresario aclaró: “Solamente las personas que interactúan en la conversación tienen acceso al contenido de las conversaciones. WhatsApp no puede ver el mensaje que yo le envío al senador Luenzo o el mensaje que Luenzo le envía a la senadora Mirkin”.
No así en el caso de WhatsApp API. En ese caso, explicó el expositor, “hay un tercero involucrado, que es un desarrollador, que gestiona ese canal, que implementa ese canal y que hace que ese canal sea operativo. Entonces, el tema acá es que a diferencia de las conversaciones personales, donde no hay nadie más que las personas que están involucradas en esa conversación, cuando se utiliza la API hay un tercero involucrado”.
Por último, agregó que si bien se asume que esta actualización supone compartir más información entre WhatsApp y Facebook, esto no es así. Bello insistió: “El objetivo principal de esta actualización es informarle a los usuarios que cuando utilizan este canal a través de ese API hay un tercero”.
Rodrigo Luchinsky, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, advirtió para comenzar: “Tenemos un velo de secreto muy elevado para este tipo de investigaciones, pero podemos decir algunas cosas. Aún no hemos escuchado a las partes y no podemos apresurar ninguna conclusión”.
Luego, explicó: “En forma preliminar nosotros determinamos que las empresas del grupo Facebook tendrían una posición dominante en el mercado de las redes sociales”. “Esa posición dominante y la potencial recopilación de información irrazonable o excesiva y el hecho de compartirla con otras empresas del grupo o terceros merece, a nuestro juicio, una investigación más profunda sobre la hipótesis de lo que la ley denomina abuso de posición dominante explotativa, es decir la irrazonable recopilación de datos y la subordinación de la prestación de un servicio a la aceptación de las condiciones del servicio”.
Al finalizar, Luchinsky resumió: “Nos genera preocupación el uso de información de los usuarios de una plataforma en la cual la empresa investigada tiene posición dominante en ese mercado como mecanismo para condicionar el posicionamiento de otros mercados”.
Coincidió en este mismo sentido Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información e Investigador del CONICET, que aseguró que dada la posición dominante de Facebook, los usuarios no pueden elegir las condiciones en las que el servicio es prestado. “Además, la política de cero rating disuade a los usuarios de utilizar otras aplicaciones de mensajería”, argumentó.
Sin embargo, Bello negó que la nueva actualización signifique una mayor integración entre WhatsApp y Facebook. “WhatsApp colecta muy pocos datos de los usuarios”, agregó además.
El senador nacional Alfredo Luenzo (Frente de Todos-Chubut), presidente de la comisión, concluyó la reunión al pedir una “pausa” en el tema hasta que se resuelvan las investigaciones mencionadas por Rodrigo Luchinsky. “Una vez que tengamos esas conclusiones, del trabajo y de las hipótesis sobre las cuales estuvo trabajando la Comisión, la Secretaría de Comercio y la resolución que finalmente pueda tomar la noticia, si están de acuerdo, nos volvemos a convocar y tendremos nuevos elementos para poder poner sobre la mesa”.
La flamante norma, votada por unanimidad, lleva el nombre de Micaela Ortega, una niña de 12 años víctima de femicidio por esta causa en 2016.
Alrededor de la una de la madrugada del jueves, la Cámara baja sancionó por unanimidad un proyecto de ley que establece la creación de un programa nacional de prevención contra el grooming o ciberacoso a niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa, que había sido aprobada en el Senado a principios de septiembre, lleva el nombre de Micaela Ortega, una niña de 12 años oriunda de Bahía Blanca que fue víctima de grooming y femicidio en 2016, tras ser engañada por un hombre que utilizó un perfil falso en Facebook.
“Todos coincidimos en que esta es una herramienta muy importante para prevenir y concientizar sobre un flagelo como el grooming o ciberacoso”, manifestó la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes.
La radical explicó que “las mamás pensamos que nuestros hijos están seguros dentro de casa porque el agresor está teóricamente afuera, pero con el avance de la tecnología y los medios informáticos, el agresor penetra en nuestra casa y nuestros hijos están expuestos en las redes sociales o en juegos a que alguien, solapadamente, se haga pasar por otra persona”.
Si bien Reyes elogió el proyecto, consideró que “tiene sabor a una llegada tarde en un momento de pandemia donde nuestros chicos han estado aislados y estos delitos se profundizaron”.
Laura Russo, vicepresidenta de la comisión, coincidió en que “el ciberacoso es una problemática que nos preocupa como sociedad y nos ocupa como legisladores, y cobra mayor relevancia en el contexto de pandemia, que favoreció el uso de dispositivos electrónicos”.
“Se ha profundizado el uso de redes sociales y creció el tiempo de conectividad, aumentando los riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, que son una población vulnerable porque por su corta edad muchas veces no tienen las herramientas suficientes para poder detectar a tiempo los riesgos”, describió la diputada del Frente de Todos.
Asimismo, señaló que se trata de “un fenómeno de escala global porque se genera en el ciberespacio, con consecuencias que tristemente traspasan la virtualidad”.
Según datos de la organización Grooming Argentina, los delitos de ciberacoso infantil aumentaron durante la pandemia en un 30%.
La ley establece la creación del “Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes”, que tendrá como objetivo “prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática del grooming o ciberacoso a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) y de la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto”.
En la norma se define como grooming o ciberacoso a “la acción en la que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.
Los objetivos del programa serán: generar conciencia sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación; garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al grooming o ciberacoso; capacitar a la comunidad educativa a los fines de concientizar sobre la problemática del grooming o ciberacoso, diseñar y desarrollar campañas de difusión; y brindar información acerca de cómo denunciar este tipo de delitos.
Además, se dispone la inclusión, como pantalla de inicio de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y tablets, de información tal como “la peligrosidad de sobreexposición en las redes de niñas, niños y adolescentes”; acerca de “la existencia de delitos cibernéticos, haciendo especial énfasis en los que atentan contra la integridad sexual”; consejos sobre “el rechazo de los mensajes de tipo pornográfico”; sugerencias a “no aceptar en redes sociales a personas desconocidas”, entre otros.
De acuerdo al texto sancionado, se deberá crear una página web con información referida al grooming o ciberacoso.
En tanto, el Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con organismos que propendan a la implementación del programa; coordinar un equipo interdisciplinario integrado por profesionales especialistas en la materia, que elabore planes de acción sobre prevención y concientización; organizar espacios de reflexión y debate en establecimientos educativos que reúna a niñas, niños y adolescentes y a sus padres, madres y/o tutores/as con el objeto de capacitarlos mediante talleres, seminarios y clases especiales; promover y difundir investigaciones relacionadas a la problemática del grooming o ciberacoso; y fiscalizar y verificar el cumplimiento de la ley, disponiendo la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de infracción a la misma.
Acompañadas por la legisladora provincial del Frente de Todos Luciana Padulo, referentes de la ONG Mamá en Línea, que promueven la campaña contra el ciberacoso, se hicieron presentes en el Congreso y celebraron la aprobación del proyecto.
Padulo, impulsora de una iniciativa similar en la Legislatura Bonaerense, aseguró que la ley es fundamental ya que “los chicos y las chicas navegan por la red sin saber quién está del otro lado”.
“La ley tiene que ver con lo que le pasó a Mica Ortega, fue asesinada en 2016 en Bahía Blanca por una persona que la contactó por Facebook con un perfil falso. Ella fue al encuentro pensando que era su amiga, él intentó abusar de ella, y al resistirse, la asesinó”, relató la diputada provincial.
En ese sentido, Padulo afirmó que “esta campaña que sale del Congreso Nacional es la mejor herramienta que podemos dar a nuestros hijos para que naveguen seguros por Internet”.
La legisladora nacional del FdT encabezó una campaña a través de las redes sociales que busca “combatir los discursos de odio” propagados por los medios masivos de comunicación.
La diputada nacional del Frente de Todos por Córdoba Gabriela Estévez lanzó una campaña en redes sociales llamada #ApaguemosElOdio dirigida a combatir los discursos de odio propagados a través de las redes sociales y los medios masivos de comunicación por actores políticos, periodistas, influencers, referentes que “avalan conductas discriminatorias multiplicadas por usuarios permanentemente”.
En el mes de septiembre, la diputada recibió fuertes amenazas a través de las redes sociales por haber denunciado al influencer “El Presto” ante las amenazas de muerte publicadas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La legisladora denunció que la reacción en redes “fue extremadamente violenta y superó un límite”: numerosas amenazas de muerte, de violación y persecución. Todo esto generó un punto de inflexión y la posibilidad de la apertura de un debate que profundice la discusión del tema con la campaña “Apaguemos el odio”.
“Amenazar de muerte a una persona es un delito, no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Queremos que esto quede claro”, declaró la diputada, y agregó: “Las amenazas que yo recibí en su momento, tenían un fuerte contenido misógino. Estos ataques de odio, son fundamentalmente hacia las mujeres y las disidencias. Incitar a la violencia física y sexual contra las mujeres en un contexto en donde hay un femicidio cada 29 horas en nuestro País, es realmente preocupante y no debemos dejarlo pasar”.
“Entendemos perfectamente que existan diferencias políticas, pero no debemos permitir ni naturalizar que a partir de esto se propague el odio, por el solo hecho de pensar distinto no podemos salir a amenazar, acosar y violentar a otra persona”, exclamó Estévez, en este sentido.
“Desde la anulación del otro, y la búsqueda constante por suprimir la diferencia a partir de tanta violencia, no se puede construir un País democrático. Vinimos a reconstruirlo justamente desde la unidad, el respeto y la solidaridad. Por eso vamos a seguir trabajando para que estas bases que son pilares fundamentales para nuestra convivencia democrática, sigan de pie”.
“Lo que buscamos con esta campaña justamente es visibilizar y construir herramientas para apagar el odio y así construir una sociedad que nos incluya a todes, escuchándonos aun en las diferencias, siempre desde el respeto y el amor”, finalizó.
La campaña busca por un lado busca visibilizar discursos que hacen daño a la sociedad democrática y que son encabezados por determinados grupos contra sujetos caracterizados por el posicionamiento ideológico o la clase social, pero también por el género, la pertenencia generacional, la falsa noción de raza identificación o participación en el movimiento feminista, su disidencia sexual y de género, su diversidad corporal, su condición de migrante, su situación de discapacidad, su pertenencia generacional, sus hábitos, sus consumos culturales, su identificación con “tribus urbanas”, etc. También invita a la participación del debate público, para seguir fortaleciendo los cimientos de nuestro país democrático y plural que debe encontrar en estos debates la riqueza para la verdadera transformación, y de esta manera, apagar el odio, entre todos.
Al inicio del plenario de comisiones convocado por el proyecto de economía del conocimiento, representantes de todas las bancadas se solidarizaron con el diputado.
Diputados de todos los bloques políticos repudiaron este martes un escrache llevado adelante en las redes sociales contra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, por encabezar el proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas.
Al inicio del plenario de comisiones de Presupuesto y de Comunicaciones e Informática convocado para tratar el proyecto de ley de economía del conocimiento, representantes de todas las bancadas se solidarizaron con Heller, quien fue agredido en su calidad de presidente del Banco Credicoop.
El origen del ataque fue un llamado de un grupo de productores rurales a cerrar las cuentas bancarias en esa entidad financiera, en rechazo al impuesto a las grandes riquezas.
“A lo largo de la mañana sucedieron algunas cuestiones que no pueden pasar desapercibidas. Carlos Heller está siendo víctima, en términos personales y como presidente del Banco Credicoop, de una furiosa maniobra de desprestigio y descalificación en las redes sociales”, advirtió el santafesino Germán Martínez (Frente de Todos).
Martínez señaló que “lamentablemente estas prácticas, atadas al manejo de los famosos trolls, están multiplicándose en Argentina”.
“(Heller) está siendo atacado por ser una de las caras visibles del proyecto de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas”, manifestó el diputado.
En nombre de Juntos por el Cambio, el radical Atilio Benedetti también expresó su repudio a “cualquier tipo de escraches contra instituciones o personas”, aunque aclaró que “esto no significa convalidar” proyectos como el del aporte solidario, que el interbloque rechaza.
Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) habló de un “escrache autoritario” y consideró que “Argentina tendría que sentirse orgullosa de tener una banca cooperativa”.
En tanto, José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sumó su solidaridad con Heller y afirmó que el diputado “no necesita demostrar cómo es su aptitud y su capacidad de trabajo”.
Además, Ramón pidió que el proyecto del impuesto extraordinario se vote finalmente en la Cámara baja. “Cuentan con todo nuestro apoyo para seguir dando esta discusión”, garantizó.
Waldo Wolff también expresó su repudio y hasta comentó que “desde hace muchos años” tiene cuentas “personales y empresariales” en el Credicoop, pero advirtió sobre la “hipocresía” de no repudiar otros ataques y se puso como ejemplo.
El diputado del Pro recordó que cuando Sergio Massa recibió llamados y mensajes con amenazas de muerte en su celular, el legislador provincial del Frente de Todos Jorge D’Onofrio lo acusó de haber difundido el número del presidente de la Cámara baja.
También mencionó que el oficialista Leopoldo Moreau lo calificó como “agente del Mossad” y no recibió solidaridad de sus pares, y por último, sostuvo que quienes profieren las agresiones “no son trolls, son gente que se aglutina en las redes de un lado de la política”.
Por su parte, Graciela Ocaña envió por escrito su solidaridad con Heller y reveló: “Soy socia del banco desde 1980. Gracias al crédito del banco he podido adquirir mi casa. Conozco su crecimiento y lo que ha representado para la economía del país”.
Al cerrar el tema, el propio Heller agradeció las muestras de apoyo y opinó que lo sucedido “excede lo personal y tiene que ver con una responsabilidad colectiva que tenemos”.
El titular de la Comisión de Presupuesto dijo que se trata de “una forma de actuar que repudiamos, le toque a quien le toque”, ya que “en democracia nunca podemos estar de acuerdo con ninguna forma de escrache”.
“Las discusiones se ganan con argumentos y las votaciones se ganan con acumulación de apoyos”, afirmó.
Por último, subrayó que lo que se difundió fueron “groseras mentiras”. “No es una expresión en contra de un proyecto: son falsedades, provocaciones, intentos desestabilizadores, como son los de querer provocar una corrida bancaria”, concluyó.
La virtualidad llevó a que cada vez más diputados y funcionarios de la Ciudad recurran a distintas redes sociales y plataformas para generar canales de discusión con los vecinos y difundir sus propuestas.
Sin lugar a dudas, la celeridad con la que la virtualidad se instaló en la vida de las personas, llevó a que los legisladores y varios funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires debieran adaptar su forma de trabajo y generar canales de acercamiento y discusión con los vecinos del distrito: es así que mientras que algunos recurren a las redes sociales, otros apuestan a los debates por teleconferencia o al intercambio de opiniones a través de plataformas como Change.org.
Y si bien muchos de ellos ya se encontraban trabajando en internet y exponiendo sus principales ideas, criticas o cuestionamientos allí, lo cierto es que la pandemia del Covid 19 terminó acelerando su incursión en el mundo virtual. Es así que los 60 legisladores porteños tienen cuentas propias en casi todas las redes sociales y se dedican a generar contenido exclusivo para ellas, sobre todo los más jóvenes.
Pero más allá de esto, en el último tiempo se incrementó la cantidad de funcionarios del Gobierno porteño y legisladores que se sumaron a la plataforma Change.org, un sitio web en el que cualquier persona puede generar una petición. El hecho de que se vuelquen a ese sitio no es causal, ya que tiene más de 800 mil usuarios activos en el distrito capitalino.
Además, más de once millones de firmantes recibieron respuestas de legisladores y funcionarios con perfil verificado en esa plataforma. Es así que el 17% de los diputados de la Legislatura porteña cuenta con una cuenta en ese sitio, es decir, un total de diez legisladores: Leandro Halperín, Manuela Thourte, Juan Francisco Nosiglia (UCR-Evolución), Gabriel Solano (PO), Myriam Bregman (PTS), Sergio Abrevaya (GEN), Santiago Roberyo, Laura Velasco, Leandro Santoro y Ofelia Fernández (FdT).
Mientras que en lo que respecta a los funcionarios, tienen cuenta en la web: el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli; el presidente del Instituto de la Vivienda (IVC), Juan Maquieyra; el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia; el secretario de Transporte, Juan José Méndez; y la ministra de Educación e Innovación, Soledad Acuña.
Aunque son muchos los que utilizan esa plataforma, los más activos en la misma son: Rodríguez Larreta (con 41 respuestas), Halperín (con 13), Miguel y Abrevaya (con once cada uno).
Entre los temas de mayor interés y sobre los que más debaten en esa plataforma los porteños y sus representantes, se encuentran: la salud, educación, medio ambiente, patrimonio cultural y los derechos de los animales; entre otras cuestiones.
Aunque esta no es la única plataforma a la que recurren los legisladores para mantener el contacto con los vecinos, sino que se muestran muy activos en redes sociales como Twitter e Instagram. Tan es así que una de las que se dedica a generar mayor contenido a través de las mismas es Ofelia Fernández (FdT), que es considerada la legisladora más joven de Latinoamérica ya que asumió en ese cargo con 19 años.
A través de cuenta de Instagram –donde tiene medio millón de seguidores-, la kirchnerista suele subir videos en donde denuncia el aumento de la violencia de género, casos de femicidios, cuestiona políticas públicas que ya se implementan en la Ciudad y hace sus propias propuestas. Además, criticó en varias oportunidades el funcionamiento de la Legislatura porteña, la demora en el debate de proyectos que involucran a temáticas especialmente sensibles para la sociedad y difunde fragmentos de las sesiones que esa Casa realiza.
Además Lucía Cámpora (FdT) es otra de las más activas, ya que en Twitter suele compartir informes acerca de diferentes aspectos de la Ciudad, como por ejemplo, la venta de inmuebles públicos, la problemática habitacional, la compra de alimentos para los sectores menos pudientes, entre otras cuestiones. También Juan Manuel Valdés (FdT) suele compartir en sus redes imágenes de las visitas que realiza a comedores comunitarios, hospitales, etc.
Lo cierto es que el Frente de Todos es uno de los bloques más activos en el mundo virtual pero no es el único. Los legisladores de Vamos Juntos están muy presentes en Twitter e Instagram, en donde comparten con sus miles de seguidores pequeños videos en donde difunden acciones gubernamentales e información útil para los vecinos –como teléfonos de emergencia o lugares a los que recurrir durante la pandemia-.
Por parte del oficialismo son varios los legisladores que comparten en sus redes el minuto a minuto de la Legislatura de la Ciudad. Tan es así que Lucía Romano y Victoria Roldán Méndez (VJ) suelen compartir en sus redes imágenes de las reuniones de comisión y de las sesiones que se realizan en el Parlamento y fomentan las jornadas de debate a través de teleconferencias.
Otros como por ejemplo el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), también suele compartir videos que resumen las actividades diarias de esa Casa, los avances de la pandemia en la Ciudad y sobre distintas actividades gubernamentales.
En esa misma línea, los diputados de monobloques como los del FIT, PO, PTS y AyL utilizan sus redes como medios de denuncia de aquellas políticas públicas que consideran insuficientes para la demanda social que existen. Mientras que el Partido Socialista y el GEN cuestionan algunos puntos del Gobierno porteño, pero lo apoyan y acompañan en otras medidas e inclusive votan en conjunto varios de los proyectos que se evalúan durante las sesiones.
Pero más allá de estas cuestiones, a lo largo de todo el aislamiento social obligatorio –que ya se extendió por más de cinco meses- realizaron diversas jornadas de diálogo con los vecinos de las distintas comunas y participaron de debates online sobre temáticas como: la agenda medioambiental y la juventud; desarrollo económico e innovación; tareas de cuidado y pandemia; feminismos y estudios de género; implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI); los desafíos de la educación en tiempos de pandemia; los desafíos para el post pandemia, entre otras cuestiones.
Larreta y las redes
En Change.org, Horacio Rodríguez Larreta recibió más de 416 peticiones por partes de los vecinos, quienes en las mismas exigieron ayudas para las Pequeñas y Medianas Industrias (PyMEs) que se vieron afectadas por la pandemia y la crisis económica; la liberación de animales que se encuentran en el Ecoparque y habilitaciones para refugios de animales domésticos; más refugios para personas en situación de calle; mejoras en las instalaciones y equipamientos de hospitales de la Ciudad.
El jefe de Gobierno respondió a varias de estas peticiones y envió a la Legislatura porteña varios proyectos de ley que buscaron darle respuesta a estas demandas de la sociedad. A través de las mismas esa Casa sancionó una serie de beneficios impositivos para los comercios no esenciales que tuvieron que cerrar sus puertas durante varios meses -dándole respuesta al reclamo de 17.374 vecinos- o la prohibición de trapitos en el distrito capitalino –requerido por 66.502 ciudadanos-.
Desde la oposición piden que el Gobierno brinde información sobre las medidas adoptadas en el sentido anticipado por diversos personeros oficiales.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR Córdoba) presentó un proyecto por el que solicita saber si desde el Poder Ejecutivo Nacional y/o entidades descentralizadas se están desarrollando medidas o planes de acción para la regulación de redes sociales, plataformas, portales de internet y contenidos. Y de ser así, conocer “el criterio para identificar una noticia poco confiable, maliciosa o falsa o noticia que aumentan el pánico, alimentan la angustia o promuevan conductas incorrectas”.
Además, la diputada cordobesa quiere saber si “desde el Gobierno y/u órganos descentralizados se han efectuado denuncias judiciales o se están llevando a cabo procesos de investigaciones sobre noticias falsas para su sanción”.
“Entendemos que la información errónea, inverosímil, imprecisa, vaga o maliciosamente construida, produce un estado de confusión que termina por afectar su sana discreción y reproduce incorrecta información sin embargo sostenemos, que no cualquier acción o medida tendiente a regular el tema está justificada”, concluyó Carrizo.
Acompañan esta iniciativa los diputados Marcela Campagnoli, Dolores Martínez, Gabriela Lena, Roxana Reyes, Estela Regidor, Lidia Ascárate, Facundo Suárez Lastra, Waldo Wolff, Gustavo Menna, Atilio Benedetti, Lorena Matzen, Claudia Najul, Gerardo Cipolin y Aída Ayala.
