Así lo anticipó el titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, al cierre del encuentro de este martes ante el cual expusieron tres expertos.
La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, presidida por el radical Martín Tetaz, se reunió este martes para recibir a la última tanda de expositores por el tratamiento de la modificación de la Ley 11.544 e ir por la reducción de la jornada laboral.
Veinte eran los invitados a disertar en el Anexo “C”, pero según explicó Tetaz “por razones de vuelos y de agenda” la mayoría de ellos no pudo asistir, solo lo hicieron Juan José Etala, Pablo Anino y Eduardo Curutchet.
En el inicio del encuentro, el diputado de izquierda Alejandro Vilca solicitó que se incorpore a la comisión dos proyectos que prohíben los despidos y pidió invitar a trabajadores despedidos. Por su parte, la diputada Blanca Osuna (UP) expresó preocupación por la postergación de la sesión especial para tratar los temas educativos que pasaron para el mes de agosto.
Promediando el breve encuentro que duró menos de media hora, el presidente de la Comisión anticipó: “Vamos a dar la semana que viene una discusión entre diputados sobre los distintos proyectos a los efectos de ir a buscar un dictamen”.
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En la ronda de exposiciones, el primero fue Juan José Etala (UIA) quien recordó su presencia en septiembre del 2023 por el mismo tema, por lo que ratificó que “en un país con el 40% del empleo informal discutir menos horas de trabajo está absolutamente fuera de contexto y resulta totalmente inoportuno”.
“Los países que lograron estas modificaciones tienen realidades socio económicas muy diferentes a las argentinas. Una modificación de la estructura legal como lo establece, como sería la modificación de la estructura legal de la reducción de la jornada, requiere de un debate responsable con la participación de todas las partes indispensables”, comparó.
Etala sostuvo que “es indispensable generar consensos y no apresurarnos con el tratamiento con presiones coyunturales y tener más confianza, así como tenerle más trascendencia a la autonomía colectiva”, y sumó: “La brecha de productividad y tecnológica que nos separa con los países desarrollados viene siendo cada vez mayor, especialmente tras la pandemia donde otros países implementaron recursos y políticas muy agresivos para avanzar en el nuevo contexto global”.
“Por lo tanto, Argentina debería estabilizar su condición macroeconómica, reducir el empleo informal, generar empleo formal el cual prácticamente no crece desde 2012 y promover incentivos al empleo entre otras medidas antes de discutir una reforma de esta naturaleza”, consideró.
“El contexto del país es de incertidumbre en general. Una situación macro débil, altos niveles de pobreza, informalidad, restricciones externas, y una brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países más desarrollados”, resumió y planteó: “Hoy Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal, por lo que cambios de este tipo podrían redundar más en incorporar puestos en el sector empleador formal”.
“El principal creador de empleo registrado en los últimos 20 años ha sido del sector público cuando habría que fomentar el potencial del sector privado para crear empleo de calidad, productivo y que responda a las nuevas tecnologías”, planteó.
A su vez, señaló: “Quienes han presentado iniciativas sostienen que con una menor jornada se mantiene o mejora la productividad. Estas afirmaciones son meramente voluntaristas y desprovistas de todo fundamento técnico”.
En ese sentido, explicó que “bajar la jornada legal manteniendo las remuneraciones implica un inédito descenso de la productividad. Si reducimos la jornada de 8 a 6 horas, la producción debería incrementarse por lo menos en un 33%. Y si la productividad no compensa el incremento de costos que ello generará implicará necesariamente un sustancial aumento de los precios de los productos en un contexto inflacionario y una pérdida de competitividad”.
Etala cuestionó que al ser un tema “de gran trascendencia” no haya sido precedido por “un diálogo social tripartito para una discusión “adecuada” obre todas las alternativas y efectos de la norma.
“Desde la UIA proponemos la creación de empleo formal reduciendo la presión fiscal sobre el sector empleador dictando normas que fomenten la contratación de empleados en blanco, simplificando los tributos locales y nacionales, combatiendo la extrema litigiosidad en las relaciones de trabajo. Proponemos aumentar la participación de trabajadores en programas de formación profesional. Que la reducción de jornadas surja de convenios colectivos de trabajo”, explayó.
Así, cerró: “Mientras no se superen los problemas de los costos de la industria del juicio, el anacronismo de una legislación que estimula la informalidad y la falta de competitividad de los sectores industriales no parece oportuno encarar esta discusión, solo va en desmedro de las empresas y PyMES y del empleo formal y protegido. Esta norma es para ser aplicada en empleo formal y no para el 40% de empleo en negro”.
El economista y columnista Pablo Anino de Radio Con Vos apuntó contra el Gobierno por los despidos y contra quienes “votaron a favor de quitar derechos con la reforma laboral de la Ley Bases”.
“Me parece importante que podamos discutir la reducción de la jornada laboral. El proyecto que presentamos plantea la reducción a 6 horas diarias, máximo 30 horas semanales, sin reducción salarial y se produzca un reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados”, contó.
En tanto, desmintió los datos del expositor preopinante porque “practican políticas anti obreras”, por el contrario, sostuvo que “planteamos la reducción de la jornada con reparto de las horas de trabajo por lo cual no va a caer la producción, incluso puede aumentar”.
“Si se redujera la jornada laboral en las 12.000 empresas principales del país se podrían generar un millón de nuevos puestos de trabajo en una situación de crisis económica que aumenta la desocupación”, precisó.
El economista manifestó que Argentina aún tiene “una de las jornadas laborales más legales altas del mundo. La precarización ha aumentado enormemente de niveles menores al 10% a una informalidad cerca del 40%”.
En representación del Instituto de Derecho Social expuso Eduardo Curutchet quien opinó: “El trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador algunas condiciones dignas y equitativas, entre ellas la limitada jornada de trabajo”.
Curutchet sostuvo que es un “mandato dirigido al legislador y no puede ser delegado a la negociación colectiva. No puede este Congreso delegar esa responsabilidad primaria”. También, consideró, teniendo en cuenta la Convención Constituyente, que “no establecer en forma petria una jornada de trabajado en el artículo 14 bis, sino dejarla librada a que fuera reducida por el legislador paulatinamente en función de los avances técnicos y mejora de productividad”.
En el último encuentro hubo discrepancias entre los especialistas. La Comisión de Legislación del Trabajo se reúne por tercera vez en este período.
Finalizado el tratamiento de la Ley Bases, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados convocó a una nueva reunión informativa para continuar el debate sobre la reducción de la jornada laboral para este martes 2 de julio a las 11.
Será la tercera en este período y fueron invitados representantes de asociaciones, entidades sindicales y empresarias, y especialistas para ampliar el tratamiento de la modificación de la Ley 11.544, la cual está vigente desde 1929, tal como ocurrió en el anterior encuentro donde discreparon abogados laboralistas.
La comisión presidida por el radical Martín Tetaz busca avanzar en el tratamiento de nueve proyectos de ley que comenzó a analizar desde octubre del 2023. Los textos son impulsados por Unión por la Patria, el radicalismo, el Frente de Izquierda y el socialismo santafesino.
Dentro de los textos impulsados por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.
En el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana. Los proyectos de Eduardo Valdés (UP – CABA), Nicolás Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.
A su vez, es parte del temario el proyecto de Vanesa Siley que establece el derecho a la “desconexión digital” referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.
Del mismo modo, será tratado un proyecto de Palazzo para modificar el artículo 19 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 que implementa indemnizaciones en los casos de despidos cuando no se cumple el plazo de preaviso. Esto ya fue aprobado por Diputados en 2014, pero no fue tratado en el Senado y perdió estado parlamentario.
Por su parte, desde la UCR impulsaron uno de Tetaz y otro de Julio Cobos. La iniciativa presentada por el economista ya había sido tratada por esta comisión en los períodos 2015 y 2023, pero finalmente nunca tuvo despacho. Este nuevo texto unifica ambos proyectos.
Así las cosas, el proyecto presentado por el titular de la comisión propone la creación del régimen optativo “Jornada Laboral Alternativa” que permite que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad. Establece, además, que sea experimentado a modo de prueba durante el plazo de 3 a 6 meses.
Mientras que el del mendocino impone la efectivización de las propinas a través de pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico. Del mismo modo, le exige al BCRA generar las normas para la rápida implementación a efectos de que cada cliente pueda incluir las propinas en el pago del servicio prestado o el producto vendido.
La reunión informativa se realizó por casi tres horas en el Anexo de la Cámara baja. En el temario hay 9 proyectos referidos al tema y otro sobre desconexión digital.
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Con voces a favor y en contra, un grupo de especialistas se presentó este jueves en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer sobre los proyectos de ley que proponen la reducción de la jornada laboral. Hay en tratamiento nueve iniciativas referidas al tema y una más sobre desconexión digital, para quienes realizan teletrabajo.
La reducción de la jornada laboral fue un tema que estuvo ya en debate el año pasado, pero sin avances. Ahora, además de las propuestas de Unión por la Patria, el socialismo y el Frente de Izquierda se sumó una de la UCR, en cabeza de Martín Tetaz, quien justamente preside la comisión. Su texto fue acompañado también por legisladores del Pro y Hacemos Coalición Federal.
El proyecto promovido por Tetaz plantea la creación de la “Jornada Laboral Alternativa”, permitiendo que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad.
Este sistema “tendrá una duración máxima de 48 horas semanales en las que cada sector, en función de las características de la actividad, definirá cómo distribuirlas, pudiendo existir jornadas diarias más largas durante menos días de la semana o bien jornadas más cortas durante mas días de la semana”, reza uno de sus artículos.
Por su parte, el proyecto impulsado por Hugo Yasky (UP) establece que la jornada no deberá exceder las 8 horas diarias o las 40 semanales; mientras que los propuestos por Sergio Palazzo y Julia Strada (UP) hablan de 6 horas diarias o 36 semanales, al tiempo que fijan límites a la jornada de trabajo nocturna e insalubre.
La iniciativa del diputado Nicolás del Caño (FIT) habla de 6 horas diarias como máximo y 30 semanales.
Por otro lado, un proyecto de Vanesa Siley (UP) establece el derecho a la “desconexión digital”, referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.
En el arranque de la reunión informativa, Tetaz aclaró que todos los oradores no iban a exponer este jueves, porque además algunos de ellos se encuentran participando de la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, por lo cual concurrirán a otro encuentro que se realizará el próximo 25 de junio.
La ronda se abrió con la participación virtual de Gonzalo Iparraguirre, antropólogo e investigador de la Universidad de San Andrés, quien señaló que en el mundo este tema se enmarca dentro de “las políticas del tiempo, que incluyen todos los usos que las personas tenemos en nuestra vida cotidiana, no solamente lo laboral, entra en juego nuestra vida familiar, recreativa, el ocio, el esparcimiento, la educación”.
En Argentina, “nos estamos regulando por una política que es totalmente anacrónica, que no responde a la época que estamos viviendo. Las políticas del tiempo, sobre todo en Europa, hace ya 30 años que se vienen discutiendo”, agregó.
El antropólogo también subrayó que “ya no tiene sentido la jornada laboral de ocho horas pensada en un ambiente fabril” porque “hoy en día los teléfonos, las computadoras, los mails ponen el trabajo permanentemente ‘en línea’. Pareciera que nunca terminamos de trabajar. Y eso tiene un impacto en la salud”.
En contra de las propuestas, Martín Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, sostuvo: “Nosotros creemos que no debe modificarse el régimen de jornada laboral, salvo en lo tocante al contrato de trabajo a tiempo parcial”. “No hay evidencia científica clara que muestre un aumento de la productividad como correlato causal de una reducción de la jornada”, dijo y aseguró que sí “van a aumentar los costos laborales, en un contexto de inflación, recesión y decrecimiento de la oferta de trabajo”.
Sobre las iniciativas que hablan de reducir a 6 horas diarias y 36 o 30 semanales, “sin que esto implique reducción salarial, significa aumentar el costo de la hora trabajada para el empleador”, aseveró Juárez Ferrer y consideró que “deben desecharse los proyectos que reducen la jornada laboral sin reducción de coste salarial”.
En la misma línea, Virginia Giordano, jefa de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, afirmó que “ya dos de cada tres trabajadores en Argentina hacen una jornada laboral reducida, con lo cual un punto a favor es que la ley se adecuaría a algo que ya está sucediendo”. Sin embargo, “solamente un tercio de los trabajadores tienen empleo asalariado registrado”, indicó.
La economista precisó que los trabajadores argentinos trabajan en promedio “40,2 horas semanales”. “Los potenciales beneficiados por un cambio en la legislación van a ser un 15% de los ocupados”, apuntó y estimó que “pasar de ocho a seis horas tendría un costo laboral de 33% para las empresas”.
Giordano insistió que estos cambios “no van a tener muchos efectos e incluso pueden traer dolores de cabeza a las empresas”; aunque sí se mostró a favor que se fomente el teletrabajo, “que sí tiene evidencias de mejorar la productividad”.
A su turno, Julián Marchisotti, de la Comisión Derecho del Trabajo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, expresó que a este tema “no hay que mirarlo desde un punto de vista económico o netamente desde la productividad, sino de un punto de vista social y humano, porque atrás de esto hay personas, que no son consideradas mercancía -por suerte- desde hace siglos”. “Hay que buscar medidas para que la calidad de vida vaya en aumento y no en retroceso. Un trabajador fatigado es más propenso a sufrir accidentes de trabajo. Una jornada reducida va a tener un trabajador más predispuesto”, añadió.
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Gastón Valente, de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, disintió con Juárez Ferrer y Giordano, al observar que “se analiza a la jornada de trabajo simplemente como un instrumento de política de empleo o de mejora de la productividad. Bueno, no es eso. La jornada de trabajo es una garantía constitucional y convencional, elevada a la categoría de derecho humano básico“.
En el mismo sentido, Analía García, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, resaltó que “es el trabajador o la trabajadora el sujeto de preferencia en tutela constitucional” y “el mercado se debe sujetar a los trabajadores y no al revés”, basado en fallos como Vizzotti o Aquino de la Corte Suprema.
“Es necesario modificar el régimen de jornada laboral porque no se puede pretender sostener una carga horaria igual a aquella prevista hace 100 años, pero esta modernización debe realizarse dentro de un marco constitucional y respetando los convenios de la OIT suscriptos”, expresó.
En la reunión también expuso María Agustina Chaves, delegada de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, quien arrancó: “La derecha y la clase empresarial, a través de los distintos gobiernos que la representan, como es el caso del gobierno de Javier Milei, intentan quitar derechos a la clase trabajadora, que los ha conseguido a través de los años con lucha y organización, para de esta manera seguir favoreciendo a un puñado de multimillonarios”.
Recordó que en 2003 el gremio logró la reducción de la jornada laboral a seis horas para el sector de tráfico y un año después para el sector de boleterías, lo que otorgó a los trabajadores “tiempo para estudiar, tiempo de ocio, tiempo con los hijos e hijas”. “Todo eso que decían de que la empresa se iba a fundir y se iba a ir, era una mera extorsión, porque la empresa no sólo se quedó y tuvo que contratar muchísima gente, sino que hoy, a 21 años, sigue al frente de la concesión del subte”, subrayó.
En referencia al proyecto de “desconexión digital”, Alelí Prevignano, del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, celebró esta iniciativa porque “en este concepto de ‘Onlife’ que se está estableciendo en el marco de las relaciones de trabajo, el trabajador está todo el día a disposición del empleador. No importa qué límite de jornada tenga”. “El WhatsApp lo tenemos todos 7×24 y hay una mala adecuación y mala responsabilidad empresaria de no prohibir el uso de esa herramienta, que es tan común y humana, en el marco de las relaciones laborales”, señaló.
Avanzado el encuentro, el abogado Jorge Samouelian expresó: “Mi convencimiento es que con estos proyectos lo que producimos es lo contrario a reducción de costos”. “Hoy el tema es mejor dejarlo como está y respetar los regímenes vigentes y la autonomía colectiva. La jornada ha sido adecuada a la realidad de cada actividad por la negociación entre sindicatos, quienes defienden los derechos de los trabajadores, entidades empresarias y avaladas por el Ministerio. Cuando queremos hacerlo por ley, abarcando a todos los trabajadores y sectores, pecamos por los hechos“, opinó.
De izquierda a derecha, los diputados de La Libertad Avanza Pablo Ansaloni, Manuel Quintar y Gabriel Bornoroni (Foto: HCDN)
En el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo se retomó la discusión que el año pasado concitó numerosas reuniones informativas, con el objeto de modificar la legislación vigente desde 1929.
En la reanudación del debate de la reducción de la jornada laboral en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, se desarrolló este martes un intenso debate sobre los proyectos existentes sobre el tema, acordándose realizar próximamente una nueva reunión informativa para continuar el análisis sobre el tema. Se recordó en tal sentido que el año pasado ya hubo dos reuniones en ese sentido, pero el titular de la comisión, Martín Tetaz, lo justificó diciendo que “el público se renueva”.
En el inicio de la reunión celebrada este martes se abordaron dos proyectos, de los diputados Sergio Palazzo y Julio Cobos, que en busca de un mayor consenso volvieron a asesores.
En primer lugar, se trató el proyecto del diputado de UP Sergio Palazzo, que modifica el artículo 19 de la Ley de Contrato de Trabajo, respecto al pago del preaviso. Originalmente se establecía que el preaviso era parte computable del tiempo de servicio a la hora de la indemnización. Con una modificación impuesta en tiempos de la dictadura, podía sustituirse por el pago del preaviso. Así las cosas, pagando el preaviso puede darse que a un trabajador, al no computársele esos dos meses, pueda corresponderle un año más de pago. Palazzo propone que se le compute como tiempo de servicio aun en la sustitución del pago que se efectúa en la actualidad, y aclaró al respecto que no es algo que tenga un impacto en las empresas, ni sea oneroso.
Si bien el presidente de la comisión, Martín Tetaz, había sugerido tratar ese proyecto primero pensando que contaba con consenso, desde La Libertad Avanza, la diputada Alida Mónica Ferreyra anticipó un dictamen en minoría de rechazo, con dos fundamentos. Uno práctico que es el de la realidad, dijo, ya que “esto no es materia ni siquiera judiciable, por cuanto los empleadores, al no tener en vista el plazo de preaviso, optan por lo que ha dado la Ley de Contrato de Trabajo, que es la ‘indemnización sustitutiva’. Además, habilita la ubicación de una nueva fuente laboral en el mercado”.
“Vemos que se cumple con la ley, la naturaleza del preaviso al tener la indemnización sustitutiva, pero además se logra terminar el vínculo de buen modo”, agregó. Su par Gabriel Bornoroni (LLA-Córdoba) dijo que “esto amerita un debate mucho más amplio, porque se está apuntando a que el trabajador tenga una indemnización mayor, para que se le compute un período más amplio de trabajo y la indemnización sea mayor. Puede pasar que el empleador, en víspera de que se le va a computar un año más, lo despida antes. No creo que lo beneficie al trabajador. El intervencionismo nos ha llevado al lugar donde estamos”, sostuvo, e insistió en que “le estamos dando una chance al empleador para que en cambio de despedirlo en un mes, lo despida un mes antes, para que no llegue a la indemnización pretendida por el trabajador”.
Palazzo aclaró que su propuesta era optativa y que “además con respecto a la desvinculación del trabajador, no es una cuestión consensuada, sino facultad del empleador sustituir el preaviso. No le encuentro asidero a la preocupación que usted tiene, porque si lo echa un mes antes terminaría pagando lo mismo”, le dijo a Bornoroni.
A su turno, el diputado del Pro Sergio Capozzi (Río Negro) expresó también sus reparos, pues dijo entender que “estamos creando una ficción, que es la de que el trabajador continúe en relación de dependencia cuando no lo está”, mientras que la diputada cordobesa Alejandra Torres sugirió pasar el proyecto a asesores, “para un mejor análisis”.
Palazzo estuvo de acuerdo, pero en el caso de que también lo hiciera el proyecto de Julio Cobos, que establece el derecho del trabajador a percibir las propinas a través de medios de pago electrónicos.
Habló entonces el diputado radical mendocino, que calificó su iniciativa como un proyecto “muy sencillo”, y se mostró dispuesto a que se discuta en asesores para recibir todas las sugerencias posibles, pero que si había consenso se lo pudiera sacar rápidamente.
Tras un breve debate, se acordó ese mismo procedimiento para ambas iniciativas para su estudio la próxima semana, para después en una nueva reunión volvieran a ser abordados, para dictaminar.
El debate sobre la jornada laboral
A continuación se inició la discusión sobre el tema central de la jornada: la reducción de la jornada laboral. Los proyectos que existen sobre el tema prevén la modificación de la Ley 11.544, la cual está vigente desde 1929.
Habló en primer lugar el diputado Eduardo Valdés (UP – CABA), quien dejó claro que el mundo está discutiendo este tema y los países más desarrollados están implementando la reducción de la jornada laboral. Puso como ejemplo España, y en América Latina Chile y Colombia. “La reducción de la jornada laboral a 8 horas llevó luchas intensas, y me alegraría que en este país donde el derecho laboral y de protección del trabajo ha sido un valor agregado, podamos implementarlo en estos tiempos”.
A continuación, Nicolás del Caño recordó el debate que se dio el año pasado, cuando expusieron diversos sectores. Comentó que “muchos sectores plantean la reducción de la jornada de trabajo como una manera de hacer más eficiente la producción capitalista; que el mayor descanso permita que los trabajadores estén en mejores condiciones para desarrollar esa producción”. Aclaró que desde la izquierda encaran la discusión desde otro ángulo: buscar aliviar la carga laboral.
Recordó que en nuestro país “tenemos la jornada más extensa de América Latina; se ha multiplicado la productividad del trabajo y la evolución permitiría aliviar la jornada de trabajo”, y abogó porque el trabajador pueda tener más tiempo para estar con su familia, para poder estudiar y desarrollarse.
También expuso el diputado Hugo Yasky, que detalló su proyecto poniendo como ejemplo el banco de horas de trabajo. Propuso “prohibir la posibilidad de que por convenios colectivos se puedan establecer cálculos netos de la jornada que alteren la jornada legal máxima que establece la Ley de Contrato de Trabajo”.
A su turno, la diputada Mónica Litza confesó que le parecía “ridículo” estar discutiendo esto en el siglo XXI. “Es una reivindicación, una lucha que ya tiene muchísimo tiempo”, apuntó, recordando que muchos trabajadores pasan mucho tiempo en el transporte público. Puso el ejemplo de quienes van a trabajar a Capital Federal desde el conurbano y tienen una hora, hora y media, dos horas, de viaje, cuando en el siglo XXI la tecnología permite que el rinde del trabajo sea eficaz, y recordó que la pandemia nos enseñó mucho sobre eso.
Recordó los dichos del papa Francisco en 2021, respecto de que “no puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas por la falta de trabajo”. Llamó entonces a “encontrar un equilibrio y entender que no es que se va a trabajar menos porque no nos guste trabajar, sino que hay que tomar las herramientas que nos da la tecnología y la ciencia, y pensar en el bienestar, que tiene que ver con poder acceder a otras posibilidades que permiten tener una jornada más reducida”.
Habló después la expresidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, quien tras contar que Unión por la Patria había unificado los proyectos de sus miembros con la idea de tener un solo, en ese ámbito se había discutido “largamente” el año pasado en esa comisión. “Vinieron a exponer muchísimas personas, incluso el actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, que se hizo viral cuando preguntó en esta comisión ‘para qué quieren más tiempo libre’”.
Vanesa Siley habló de la importancia de “la modernización y el futuro laboral”.
Recordó que hubo el año pasado 25 expositores y planteó que esa discusión es uno de los temas que a su juicio “sí tienen que ver con la modernización laboral, porque a la vez de ser un debate histórico, el tiempo de trabajo es un bien a disputar”.
“Una de las reconvenciones necesarias es la reducción del tiempo, si entendemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no la maximización de la riqueza –agregó-. Esta discusión es histórica, pero es del futuro, y más que en nuestro país desde 1929 no se cambia la legislación sobre jornada laboral”.
Por su parte, el diputado Sergio Palazzo celebró, como muchos de sus pares, que el titular de la comisión hubiera habilitado esa discusión que “seguramente va a servir para que de verdad estemos discutiendo sobre modernización laboral”, cosa que dijo entender que no era lo que figura en cambio en la ley de Bases.
Agregó que es de larga data la jornada de 8 horas en Argentina, que es uno de los que tiene la jornada laboral más larga del mundo. “Ha habido un crecimiento del impacto tecnológico que ha permitido que la producción haya mejorado con relación al pasado, pero ese aumento productivo no tuvo un correlato. El capitalismo ha tenido ganancias siderales con el impacto tecnológico, y sería muy razonable discutirlo”.
Luego detalló el proyecto que presentó junto a su compañero Carlos Cisneros, por el cual se reduce la jornada laboral a 6 horas diarias, 36 semanales; la jornada nocturna a 5 horas 15 minutos; también la jornada insalubre a 4 horas y media, entre otras cosas.
Finalmente expuso el titular de la comisión, Martín Tetaz, quien resaltó lo aprendido el año pasado durante las jornadas informativas realizadas. “Hay muchísimos experimentos en el mundo sobre reducción de la jornada laboral”, comentó, destacando que la evidencia científica es la que “nos ayuda a acercar posiciones”.
Tetaz habló de los “resultados muy buenos” por ejemplo en materia de salud mental, todo lo cual redunda en “ganancia productiva para el propio empresario, que al tener menos carpeta médica no necesita reemplazar a tantos trabajadores. Ese es uno de los principales aportes del experimento”. Asimismo resaltó el impacto ambiental que también tiene reducir las jornadas laborales a menos días.
Tras poner como ejemplo la flexibilidad que generó la pandemia y resaltar que “las dos grandes instituciones que organizan la vida social son el trabajo y la escuela”, Tetaz admitió que “hay mucho miedo de algunos sectores empresarios, (pero) otros no”, lo cual lo llevó a presentar un proyecto que establece la posibilidad de “probar y volver”.
En ese sentido señaló que “lo que tiene nuestra propuesta es el período de exploración, que no genera ningún derecho, si las dos partes no están de acuerdo”.
“Para sostener el salario cuando se cambia la jornada laboral, hay que probar que se sostiene la productividad –dijo-. Si las dos partes están de acuerdo, entendemos que no tenemos que legislar nada; ya lo están haciendo. Nuestro proyecto abre la posibilidad de explorar para aquellos convenios donde una de las dos partes tiene miedo”.
La propuesta de Tetaz prevé en definitiva “un período de exploración de 3 a 6 meses”, y al cerrar admitió no tener ninguna duda en que “vamos a un mundo que debe discutir las aplicaciones, los algoritmos”, y admitió que “no se trata de trabajar menos, sino mejor. Atrasa lo de analizar en el mundo cuántas horas se trabajan; no importa eso: cambiemos el paradigma del tiempo por el de la productividad”.
Mientras desde el Pro hubo cuestionamientos expresados por el diputado Sergio Capozzi y en La Libertad Avanza, donde sugirió realizar más reuniones informativas, la diputada Alejandra Torres dio sus argumentos para devolver el tema a asesores. En tanto que, previsiblemente, desde Unión por la Patria insistieron en avanzar con la discusión en busca de un dictamen.
En el inicio de la reunión también se completó la vacancia de una de las secretarías pendientes, que correspondía a Hacemos Coalición Federal, y fue ocupada por el diputado chubutense Jorge Antonio Avila, quien se aclaró que por su condición de sindicalista no estaba presente pues estaba en ese momento negociando paritarias.
El candidato a vicepresidente del FIT presentó un proyecto que establece bajar la jornada de trabajo a “seis horas y cinco días a la semana”.
Durante el bloque de trabajo y producción, la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, remarcó su postura sobre la reducción de la jornada laboral y defendió el proyecto que presentó su compañero de fórmula Nicolás Del Caño, el cual está siendo tratado en la Cámara baja junto a cinco del Frente de Todos y uno del Socialismo.
“Somos los únicos que tenemos una propuesta para unir, tras una bandera de lucha, a la clase trabajadora porque proponemos reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, y las horas que quedan libres, que quedan vacantes, que sean repartidas entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario”, expresó.
De ese modo, amplió que “sólo aplicado a las grandes empresas, se podrían generar un millón doscientos mil puestos de trabajo genuino, que nadie cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar con un salario que alcance, por supuesto, y sin aumentar los ritmos de trabajo”.
Finalmente, Bregman concluyó: “La salida, hay que decirlo claro, no es pisándole la cabeza al de al lado, es peleando con unidad para que gobiernen los que nunca gobernaron, porque siempre dijeron que la clase trabajadora tenía que ser la columna vertebral del movimiento, nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad”.
El sector gremial hizo hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la norma vigente. Desde el sector empresarial, abogados y especialistas académicos criticaron los proyectos, coincidieron en que “bajar las horas de trabajo no implica mayor productividad” y que “no es el momento adecuado del país para hacerlo”.
La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo de la oficialista Vanesa Siley, llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa para debatir la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo, con el objeto de lograr los consensos necesarios para modernizar la ley 11.544 que lleva casi 100 años de vigencia regulando la jornada de trabajo en nuestro país.
El encuentro contó con la participación y disertación de representantes gremiales que respaldaron la iniciativa la hacer hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la normativa vigente. Por el contrario, del sector empresarial, académicos y abogados criticaron los proyectos, señalaron que no hay evidencia técnica que demuestre que “reducir las horas de trabajo implica mayor productividad”, y plantearon que “no es el momento adecuado del país” para lleva adelante esta propuesta.
Al inicio, Siley sostuvo que el tema “ha generado en la vida social repercusión y gran debate”, y recordó que en la reunión anterior asistieron nueve expositores, entre ellos la ministra de Trabajo Kelly Olmos. También informó que se contactaron desde la OIT (Organización Internacional del Trabajo) quienes manifestaron sus ganas de poder asistir, pero aclaró que “quedará para las próximas reuniones informativas porque requiere de todo un tiempo de preparación”.
Así, la titular de la comisión enumeró algunos puntos que surgieron del debate anterior para poder incorporarlos al dictamen futuro, tales como la desconexión digital por una necesidad de “programación progresiva”, y la discusión de las diferentes realidades laborales del país para que “puedan ser contempladas”.
También confirmó una tercera reunión en dos semanas, debido a que la que va del 9 al 12 (porque es fin de semana largo) habrá sesión de la cámara.
Héctor Daer, secretario General de la CGT (Confederación General del Trabajo) despojó la iniciativa de una cuestión electoral al recordar que su sindicato en el 1ro de mayo anunció que “este año íbamos a trabajar la reducción de la jornada laboral”. “No es bueno que se pongan cuestiones terminantes de ‘esto es imposible’, ‘esto no se puede hacer’”, indicó y mostró datos de un estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) donde México tiene 48 horas laborales que “tramita la reducción”, Chile 45 horas “que ya la redujo posterior a esto”, y los demás están en 40 horas como Francia.
“Argentina aún tiene 48 horas y eso nos tiene que hacer pensar que estamos fuera del mapa”, señaló y se refirió a la falta de igualdad entre el hombre y la mujer al explicar que “cuando se habla del tiempo de trabajo es la mayor cantidad de tiempo de su vida activa que realiza. Todos pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa con la familia porque, no solo tenemos la jornada laboral sino también horas de viaje. Esto también cambió con el tiempo hace 100 años la cercanía al trabajo era mucho mayor que ahora y esto se modificó en los últimos 40 años”.
Daer consideró que “es fundamental discutir también la distribución de la jornada sobre cómo adecuarlo que tiene que ir por la vía de los convenios colectivos. Hay que establecer una jornada mínima, plazos para que se articule en los convenios y estoy de acuerdo en que hay que profundizar el debate”.
“Cuando hablamos de productividad empecemos a desagregar quién a lo largo del tiempo se llevó las ganancias y por ahí vamos a entender el camino que estamos buscando, que no hay que acelerar ni condicionar porque si no, no sale más esta ley. Tenemos que pensar en que Argentina tiene que dar un paso fundamental en la reducción de hora”, concluyó.
En su intervención, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, consideró que el debate sobre licencias parentales -al cual también asistió- está relacionado con la reducción de la jornada laboral algo que “es fundamental”.
“Era hora que empecemos a debatir una jornada laboral que se definió hace 100 años, mismo con las licencias que es algo que se definió hace décadas y es necesario plantearlo”, indicó y asimiló: “Debemos pensar la jornada laboral en torno a la relación entre el trabajo productivo, remunerado y el trabajo reproductivo y de cuidados, por eso los relaciono a ambos temas”.
Díaz planteó que cuando se habla de jornada laboral: “Tenemos que tener en consideración la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo cuando debatimos el tema y hay que ser precisos en relación a todas las características que esta ley tenga”, y señaló que “cuando debatimos el trabajo también tenemos que tener en consideración las diferentes formas que tenemos varones y mujeres en el trabajo”.
“Cuando hablamos de jornada laboral hablamos del trabajo productivo, pero también tenemos que pensar en las horas de trabajo de cuidado”, reiteró. Así, comentó que un informe de Brechas de Género Laborales de Ingresos de 2023 elaborado por Hacienda bonaerense da un impacto donde “las mujeres promedio trabajamos mucho menos en el primer trimestre que varía según las edades”.
En tanto, detalló que “los varones en promedio trabajan 40 horas, pero sabemos que hay subocupaciones, aunque las mujeres trabajan 28 horas y hay brechas horarias en el trabajo formal muy significativas. Cuando hay sobreocupación las realizan los varones y eso hace a las brechas de ingresos, a la feminización de la pobreza y el tiempo de trabajo no remunerado”. Asimismo, precisó que las mujeres en promedio trabajan 6 horas y media en un trabajo no remunerado, que es el 75%, en cambio los varones la mitad.
“Cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral, nos parece que es una clave en relación a cómo interactúa con la corresponsabilidad entre trabajo y familia”, consideró y analizó: “Vamos a un núcleo de desigualdad estructural de ingresos que hace al 27% promedio menor de los ingresos de las mujeres”, por lo que sugirió que la “reducción de la jornada mirando estas consideraciones es un factor que va a contribuir en el camino con otras medidas como la reducción de las brecas laborales y la división sexual en el trabajo y avanzar en una transformación cultural”.
A su turno, el exdiputado nacional y abogado laborista, Héctor Recalde, no coincidió con la postura que manifestaron desde la UIA y, por el contrario, destacó: “Volver a una limitación de la jornada como se está proponiendo después de casi 100 años, ¿vamos a esperar al 2029? felicito la iniciativa porque lo intentamos varias veces que se lleve a la práctica y seguimos con una legislación antigua que no comparece con la realidad”.
“No es cierto que no está probado que la reducción de la jornada aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Si aumenta la producción a los empresarios les tiene que interesar”, contradijo y agregó: “Reducir los accidentes laborales también reduce los costos del trabajo”.
En ese sentido, sostuvo que “no se justifica que sigan existiendo las aseguradoras de trabajo que son entidades de lucro”. “Seamos modernos, entonces salgamos de una ley que tiene casi 100 años”, pidió y mencionó que hay muchas actividades que ya cuentan con una reducción de horas.
En sintonía con las declaraciones de Díaz, manifestó que “es difícil alcanzar una igualdad por cuestiones sociales y culturales, es una utopía llegar a esa igualdad, pero vamos escalonando para llegar a esa igualdad”. “No entiendo que hoy en día se niegue a trabajar un poco menos, si el derecho laboral no creo ni destruye empleo, lo que hace es regular las jornadas, la economía es la que genera empleo. Probemos esta decisión por unos meses a ver si da resultados, si estuvimos 6 años con este sistema, porque para nosotros si aumenta la productividad”, cerró.
Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte, miembro del Secretariado Ejecutivo de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), cuestionó que en algunas exposiciones se plantea la reducción laboral con la productividad “o sea las con las ganancias de las empresas y capitalistas, de eso se trata cuando se habla de productividad del trabajo. Es la plusvalía que se les extrae a los trabajadores, el trabajo no remunerado que las empresas se llevan del trabajo que hacemos, de eso se trata”.
“Se trata de los trabajadores que en sus lugares de trabajo tienen que soportar pésimas condiciones laborales que no tiene seguridad que les garantice su propia vida, esa ganancia no solo está basada en el robo legalizado, sino también en la sangre de los trabajadores”, denunció.
Para Dellecarbonara el planteo “no se puede hacer si a la empresa, al empresario o al capitalista la reducción de la jornada le va a significar una pérdida de sus ganancias o una baja en la productividad laboral o no. A los trabajadores nos tiene que tener sin cuidado porque se ha dicho que en las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de la productividad enorme y eso significa que los trabajadores somos más pobres, trabajando lo mismo o más”.
“Tenemos la necesidad de recuperar algo que ya nos han quitado”, expresó y criticó a “las empresas y a los bloques que los defienden los intereses de los patrones plantean todo como costos laborales. Son horas del trabajador sin ver a la familia, sin poder estudiar, sin poder tener ocio, algo que si se dan el lujo los empresarios. Ellos tienen el derecho a navegar, a andar en caballo”.
Al igual que los expositores preopinantes, reiteró: “Son los mismos que nos dicen que no podemos discutir una reducción de la jornada que tiene más de 100 años en el país”, y lo comparó con “la lucha” de los trabajadores del subte. Propuso una reducción laboral de 30 horas semanales sin afectación del salario que sea equivalente a la canasta básica, para “la creación de puestos de trabajo genuino ante un ajuste que sufrimos hace años de distintos gobiernos”. En tanto, invitó a los representantes gremiales a que cada uno baje la discusión en su sector para “imponerlo y lograr un avance”.
En su presentación, Sebastián Etchemendy, profesor investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de FUNDAR, celebró esta iniciativa de reforma y cuestionó que cuando se habla de reformas “ciertos sectores de centroderecha piensan en ir para atrás para preservar el statu quo. Esta es una reforma inclusiva”.
“Es una tendencia mundial, no es un capricho es algo que pasa en el mundo. El impacto de la reforma es en el bienestar del trabajador y de forma distributiva son centrales, no sé si tiene tanto impacto en la formación de trabajo. Incentiva al empresario a buscar rentabilidad no vía la intensificación del trabajo, sino de otra manera como afectando la organización del trabajo o aplicando tecnología. Solo afecta a los trabajadores sobre ocupados, no a todos, no es algo general”, precisó y cerró: “Esto no va a afectar al trabajador informal”.
Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y secretario general de FATICA, insistió en que es una ley que tiene casi 100 años y que en el mundo se discute y se debate la reducción de la jornada laboral y en algunos países ya la han implementado que “generaron condiciones favorables a los trabajadores”.
Sostuvo que los datos que se dieron de las jornadas semanales en Latinoamérica son “incorrectos” porque “la jornada laboral más extensa la tenemos acá en Argentina con el máximo permitido que son 48 horas semanales y la anual superan la de los países industrializados”.
Entre los beneficios destacó la “recomposición salarial, la salud y la calidad de vida, disminución de la ART para las empresas, redistribución de los cuidados de forma equitativa y equilibrada domésticos, tendrían más tiempo disponible, aumento de la productividad, reducción de combustión y de energía, circulación de personal, creación de puestos de trabajo, entre otras”.
“La jornada reducida existe en el marco de la realidad y existe hace muchos años porque existe la solidaridad de los trabajadores entre sí a través de las organizaciones laborales”, cerró.
En su alocución, Mario “Paco” Manrique, secretario Gremial de la CGT y adjunto del SMATA, destacó la autocrítica del sector empresarial cuando “expone que no pueden tratar esta ley porque tenemos trabajadores en negro, la informalidad, el monotributo, la precarización del trabajo”.
“Quieren poner arriba de la mesa argumentaciones que carecen de una realidad efectiva. Muchos dicen que no es el momento de tratar la ley, pero si estuviéramos hablando de achuicar derechos estaríamos al revés porque los empresarios estarían justificando por qué sí y nosotros los sindicalistas explicando el no. Se trata de mejorarles la calidad de vida a las personas y darle una mejor calidad integral a la sociedad”, criticó.
En esa línea, remarcó que la reducción de la jornada no debe ir en sintonía con una reducción salarial porque “estamos manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y, en cierta medida, se lo aumentamos”. Así, aclaró que “no son medidas electorales, son los momentos que vive el país y lo necesita y dar pasos hacia adelante en la creación de condiciones para dar empleo a millones de argentinos que hoy no tienen la posibilidad”.
“Hay cosas por revisar, lo sabemos porque una legislación de esta naturaleza amerita que se vea todo completo. Disiento con algunos de mis compañeros respecto de la productividad que se logra con organizar el trabajo y la tecnología, y debemos estar preparados porque vamos a tener un año de crecimiento y la economía se va a potencia gobierne quien gobierne y tienen que estar las herramientas dadas para que ese crecimiento se deuda rápidamente distribuir y que saquen de la informalidad a millones de ciudadanos”, expresó y finalizó: “Tenemos que mirar para adelante”.
El vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, afirmó que van a colaborar “en las iniciativas que generen mas trabajo, despejen las trabas que existen”, pero cuestionó que la discusión sobre la reducción de la jornada “es inoportuna en este contexto de crisis inflacionaria y retracción de la actividad económica”.
“Debe darse en un marco de consenso, sin presiones ni contexto electoral. No podemos discutir esto sin antes pensar en condiciones de base como el acceso al trabajo, un problema estructural de ahora”, enfatizó y enumeró: “La política económica sin control como inflación, gasto público, política de cambio, la perspectiva de trabajo es hacia la retracción de la actividad”.
Respecto de la informalidad, sostuvo que “no es ético discutir jornada laboral cuando el 40% de los trabajadores son informales según INDEC con un índice de ocupación que esconde formas de trabajo informal como el monotributo, familiar no remunerativo. Además, 3,6 millones de trabajadores asalariados no poseen descuentos jubilatorios”.
“Hay que enfocarse primero en reducir la informalidad en vez de la jornada laboral. Argentina es en el cono sur el país con menos creación de empresas por cantidad de habitantes seguido de Venezuela, por ende, si no hay oferta de empleo no se supera la demanda”, detalló y remarcó que el empleo de baja calidad, informal y público “nunca puede ser la oferta en un país que quiere crecer”.
Según Uribarren en los últimos 6 años se incorporaron al mercado 3,2 millones de personas, solo el 10,8% son asalariados formales, el 47% son cuentapropistas y el 41% son asalariados no registrados. “El empleo crece en el monotributo y la informalidad donde no hay reducción de la jornada. No hay eficiencia de la formación”, cerró. También disertó Alejandro Manzanares, del Colegio de Abogados de Córdoba.
En contraposición al proyecto, Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina, ratificó la exposición del vicepresidente de la entidad Julio Cordero la semana pasada, señaló que “no es adecuado el momento en el que se ha decidido avanzar en este complejo tema”.
“En la actualidad el país atraviesa una innegable crisis económica y con casi el 40% del empleo informal. Por ende, no parece que en este difícil escenario se pueda hablar de reducción de jornada y mucho menos sin las debidas consultas, análisis técnicos y económicos necesarios”, planteó.
En esa línea, advirtió que esa reforma “solo aumenta la presión sobre el sector formal y no consideran a los trabajadores no registrados”, al tiempo que indicó que “el foco debería estar en hacer los máximos esfuerzos en formalizar el empleo”.
“Una discusión de esta naturaleza debe hacerse con una estructura socioeconómicas estables y previamente deben estabilizarse las condiciones macroeconómicas y reducir el empleo informal”, ratificó y expresó: “Nos cuesta entender cómo un tema de esta magnitud y trascendencia en materia laboral, relaciones y costos no haya sido precedido de un efectivo diálogo social tripartito para discutir de manera adecuada y pormenorizadamente todas las alternativas y efectos que la norma implica”.
Etala recordó que fue la OIT el que determinó la jornada laboral de 8 horas y 48 semanales, por lo que consideró que “un tema de esta magnitud hubiera requerido necesariamente otro tipo de tratamiento tripartito que no puede ser comparencia de sectores empresariales al Congreso, es algo que se tiene que tratar de forma macro y con diálogo social”.
A su vez, cuestionó que algunos proyectos “están pensados para el marco de la pandemia que hoy ya no existen y otros analizan la necesidad de descanso que ya existen con las normas de limitación jornadas, y a la siniestralidad se la combate con el cumplimiento de las normas en materia de higiene y seguridad”. También afirmó que es “voluntarista de todo fundamento técnico” que la reducción de la jornada mejora la productividad.
“No se puede reducir genéricamente todas las jornadas de las diversas modalidades de trabajo. No es justificable reducir una jornada de seis horas porque es la adecuada, lo mismo sucede con los trabajos que requieren mayor tiempo de trabajo y diversidad de descanso. Bajar la jornada alegal manteniendo las remuneraciones implica un inédito aumento para la productividad porque al reducir la jornada de 8 a 6 horas debería incrementarse en un 36% y si la productividad no compensa el aumento de costos, necesariamente aumenta el costo de los productos”, explayó.
El empresario alertó que “en las actuales condiciones reducir la jornada laboral implica incrementar la informalidad y más inflación. Los países que lo jornada tiene una realidad distinta a la de Argentina, ya que la producción se encuentra estancada hace 10 años, la inflación es alta y no se generan empleos de calidad. La actividad privada contrata a 6 millones de trabajadores, por lo tanto, se crean empleos informales”.
“En este escenario reducir la jornada solo generará más inconvenientes y, no solo no se va a generar empleo, sino que va a generar más inflación. Suponer que reducir la jornada aumentará la contratación de empleados es una expresión de deseo”, advirtió y remarcó que “no se genera empleo por ley, sino cuando las condiciones económicas de país lo permiten. Argentina tiene un índice de desempleo del 6%. Una ley así solo recaerá sobre los trabajadores formales, mientras que los informales no tendrán reducción de jornada o los otros beneficios, la legislación recae solo en una parte de los trabajadores que son los registrados y que deberán aceptar el cumplimento de la ley”.
Y cerró: “Cada actividad o empresa regula la jornada de acuerdo a su realidad y eso no puede establecerse de forma genérica. Esta norma afecta seriamente a la productividad y la competitividad, no es cierto que trabajar menos aumenta la producción porque es algo que carece de sustento técnico”.
Juan Pablo Diab, asesor de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó que proyectos generales “no son representativos de la realidad de cada sector y de cada actividad”, al tiempo que afirmó comprender la inquietud del empleador, pero “no vemos que sea el momento para discutir esto. Las leyes zona temporales, no se pueden regir por un momento y en las PyMEs no se habla de ganancias, se habla de subsistencia. Vemos con asombro proyectos que hablan de jornadas de 30 o 40 horas. Esto lleva un mayor análisis y en mayor profundidad”.
Del lado de los referentes académicos Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), remarcó que son proyectos que tratan de reducir una jornada legal que establece un máximo de 8 horas, sin reducción salarial cuyo costo “debe afrontar el empleador”, sin previsión de realizar horas extras, pero “es probable que sigan trabajando la misma cantidad de horas, pero se las van a facturar como horas extras”.
“Las buenas intenciones de decir que los trabajadores van a trabajar menos, es realidad van a trabajar igual y cobrar un poco más y se va a traducir en un aumento de salario compulsivo que va a tener que cubrir el sector privado como todas las decisiones de pandemia de cerrar la empresa, pero seguir pagando las prestaciones dinerarias y cumplir con todas las obligaciones”, criticó.
Yasín coincidió con Etala respecto de que “si uno trabaja menos horas, producirá más”, y dejó entrever que “puede pasar”, pero “habría que introducir otros elementos porque técnicamente la inercia normal es que si trabajo menos produzca menos”. También, compartió la idea de que hay que ver cada actividad, ya que “se ha generalizado todo esto y es un defecto esto porque hay actividades que pueden soportar costos y otras no”.
“Tenemos problemas con la economía, pero no con problemas de ocupación de acuerdo a los índices que publica INDEC”, chicaneó y subrayó que Argentina no ratificó el convenio de la OIT que establece las 40 horas semanales.
Yasín cuestionó que se eludió el derecho comparado en los proyectos, y ejemplificó: “Europa y los países nórdicos donde han bajado la jornada, pero la realidad es distinta, hay mucha productividad, los sueldos son buenos y se trabaja un día menos”. Recordó que el Congreso sancionó la Ley de Teletrabajo que “bajó lo siniestralidad laboral”.
Por otor lado, señaló que, de acuerdo a un informe de hogares, el 66% trabaja menos de 40 horas de la jornada legal, el 19% entre 40 y 48 horas y 15% más de 48 horas, por lo que 2 de cada 3 trabajadores trabaja menos de 40 horas.
“Estos proyectos no tienen ninguna utilidad, no contribuyen a disminuir el trabajo no registrado que es el 42% laboral según INDEC. No van a generar empleo porque el empleado va a preferir pagar horas extras”, precisó y opinó: “No sería aconsejable dictar este tipo de normas pese que las intenciones son buenas en estas condiciones del país”.
También fueron invitados los referentes del ámbito académico Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA); Ergasto Riva, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Néstor Pritola, diputado nacional (MC), ex integrante de la comisión directiva y congresal del Sindicato Gráfico Argentino.
Así lo expresó la titular de esa cartera al presentarse en Diputados en el inicio del debate de las propuestas que hay sobre el tema.
La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, concurrió este martes por tercera vez en pocos días a la Cámara de Diputados para exponer ante una comisión sobre un proyecto puesto a debatir. En este caso, la reducción de la jornada laboral, y al respecto la funcionaria adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo en tal sentido que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas “se haga de una manera escalonada, no se puede hacer de un día para otro, con un horizonte y una previsibilidad”, y que a partir de fijar ese máximo de horas “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio colectivo de trabajo para la mejor distribución de las horas máximas autorizadas a los efectos de que se adecue a lo que es cada actividad”.
La funcionaria manifestó de entrada que le era “grato” participar de esa discusión, porque la norma relativa a la jornada laboral “es una de las que en la Argentina ha quedado más rezagada”. En ese sentido comentó que la OIT acepta la existencia de 48 horas de jornada laboral como máximo de jornada semanal. “Con el tiempo, desde el origen de la OIT a la actualidad, ha habido otras normas, como la que plantea como objetivo para combatir el desempleo la posibilidad de reducirlo a 40”, señaló.
Contó también que en donde se ha planteado la posibilidad de avanzar hacia una reducción, eso ha sido de manera paulatina, atendiendo no solo la posibilidad de descanso, sino también de recreación y planteando un rebalanceo de la distribución de las tareas de cuidado en cada uno de los hogares.
“Si uno ve el mapeo mundial, todavía no hay una posición común, porque tampoco hay un desarrollo homogéneo. Pero mirando por ejemplo las estadísticas de la OCDE, uno puede afirmar que hay una correlación entre la reducción de horas que se trabajan semanalmente y el nivel de la productividad de la economía”, sostuvo.
Sobre el final, la ministra dijo que “si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”.
En la Comisión de Legislación del Trabajo, Julio Cordero, representante de la organización de empresarios, cuestionó que “el Estado disponga una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas”.
En el comienzo del debate sobre los proyectos que proponen la reducción de la jornada laboral, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), dejó en claro su postura en contra y se preguntó “¿para qué?” avanzar en este sentido, al tiempo que pidió debatir en el marco de “la realidad y los problemas que tenemos”.
En su presentación ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, el representante de la organización que nuclea a empresarios se mostró “a favor del diálogo social” y dijo que este debate “es relativo a qué consideramos nosotros que está bien o que está mal, y qué precisamos limitar o fomentar”.
“Este debate no lleva 100 años, lleva mucho más. En la religión se dice que el hombre fue expulsado del paraíso y tuvo que trabajar. Entonces, nos preguntamos si el trabajo es un castigo o es aquello por lo cual hemos llegado a donde estamos”, expresó.
Cordero defendió que “el trabajo es algo verdaderamente maravilloso” y “la nueva dimensión del trabajo es una dimensión humana”. “La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo, probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?”, observó.
En esa línea, continuó: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales”.
El hombre de la UIA continuó su alocución con preguntas sobre si habría beneficios con este cambio. “Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, ¿qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos, apuramos a la gente a que trabaje más rápido?”, interrogó.
También, se preguntó si “tanto dudamos de las negociaciones colectivas. Porque en las negociaciones colectivas se han establecido jornadas totalmente diferentes de acuerdo a las actividades”. “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”, enfatizó.
Sobre la comparación con países que ya lo han implementado, Cordero argumentó que “en otros países no existen las multas al empleo que existen acá, que fomentan el empleo informal, ¿entonces qué hacemos con eso? Es un tema que pedimos que se debata y ni en agenda está”.
“La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, aseguró y finalizó: “El derecho al trabajo es de la persona (ratificado por pactos internacionales). No hay ningún derecho a cercenar, si la persona quiere trabajar puede hacerlo con los límites que se establecen”.
Cuando concluyó, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley (FdT), lo corrigió: “En 1935 la OIT cambió su primer convenio de 48 horas y desde 1935 a la fecha determina 40 horas”. Cordero negó que así fuera y reitero que “el límite máximo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales”. “Es el convenio 47, se googleá y se ve”, cerró la oficialista.
La diputada oficialista es autora de uno de los proyectos en el que propone reducir la jornada laboral a 36 horas semanales. Así, planteó que “no es una idea descabellada”, sino que “es un buen momento para actualizar la legislación”.
La diputada nacional Mónica Litza (FdT) destacó la “importancia” del debate sobre la reducción de la jornada laboral y consideró “necesario” impulsar la modernización de las leyes laborales con el propósito de estar en sintonía con “las nuevas realidades del mundo del trabajo” porque “estamos modificación una ley del siglo pasado”. Por otro lado, elogió al candidato/ministro Sergio Massa.
“Es muy importante que estemos discutiendo en la Argentina la reducción de la jornada laboral. Es necesario modernizar los parámetros de nuestra ley a las nuevas realidades del mundo del trabajo que se están dando no sólo en la región, sino en todo el planeta”, sostuvo la legisladora en declaraciones radiales.
Litza consideró que “no es una idea descabellada porque el mundo está avanzando hacia la reducción de las jornadas laborales”, y explicó que “somos uno de los países dentro de la región que tiene mayores horas de exigencia de trabajo. Estamos modificando una ley que es del siglo pasado”.
“Tenemos el teletrabajo, la conectividad y la tecnología cambió la vida de las personas y eso obviamente el mundo del trabajo. Es un buen momento para ir a esta actualización de la legislación que es del siglo pasado”, ratificó.
La diputada oficialista es autora de uno de los proyectos del cual indicó que propone reducir la jornada laboral a seis horas diarias o a 36 horas semanales en contraposición con las ocho horas diarias y 48 semanales, que rigen en la actualidad.
“Cuando estas regulaciones sobre la extensión de las ocho nacieron, en el mundo laboral no existieron modalidades como el trabajo a distancia que está tan vigente en la actualidad. De la misma manera en la que cambia la realidad, es necesario cambiar las regulaciones”, insistió la legisladora.
Además, recordó “el artículo 14 bis que expresa y consagra el derecho a la jornada laboral reducida”, y recordó que “en la actualidad, países latinoamericanos como Ecuador y Chile redujeron sus jornadas laborales a 40 horas semanales, mientras que Colombia y Brasil tienen establecido como máximo entre 42 y 44 horas semanales”.
Al referirse al impacto de la medida en la creación de empleo, la diputada nacional afirmó que “la norma se complementará con otras medidas, como la aplicación de un plan de desarrollo de inclusión social”.
“Son iniciativas que está llevando adelante el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. Pero este es un paso que hay que dar y es muy importante que estemos discutiendo este tema hoy en la Argentina de la misma manera en la que no está discutiendo el mundo”, finalizó.
Por otro lado, destacó la figura del candidato presidencial de UP: “Creo que Massa es un gran piloto para este momento de la Argentina realmente confío mucho en el gran conocimiento que tiene él del Estado, en la forma de ejercer el poder. Es una persona que no padece el poder. Tomo la situación de la economía en un momento difícil y le metió para adelante. Creo que si va a tener un reconocimiento de la gente al gran esfuerzo que está haciendo y el tema de estabilizar una economía dañada y frágil”.
El diputado oficialista y líder de la CTA de los Trabajadores dijo que la propuesta, que busca “hacer más humana la vida de los hombres y las mujeres”, puede llegar a “generar posibilidades de empleo”.
En el marco del debate que arranca en la Cámara de Diputados sobre reducción de la jornada laboral, el diputado nacional Hugo Yasky (FdT) consideró que esta propuesta “también va a terminar beneficiando a los que trabajan en la informalidad” porque “puede generar posibilidades de empleo”.
Al recordar los argumentos de la oposición durante el debate sobre el impuesto a las Ganancias, sobre medidas que alcanzan solo a trabajadores formales, el líder de la CTA de los Trabajadores subrayó: “Ese tipo de planteos nos llevan a una situación donde pareciera que las conquistas que se logran van en detrimento, o dejan afuera a otros sectores, y eso no es así”.
“La reducción de la jornada laboral busca hacer más humana la vida de los hombres y las mujeres que hoy tienen dos o tres trabajos”, sostuvo en declaraciones a Radio Provincia.
Además, el oficialista señaló que “algunos sectores empresarios tienen una mirada reactiva, creen que esto puede significar para ellos pérdidas. Y la realidad es que la experiencia demostró que no es así, que no hay merma en la productividad o quebranto económico”.
“Paradójicamente, reduce notablemente los márgenes de accidentes de trabajo, el ausentismo laboral y, por otro lado, significa para los trabajadores la posibilidad de tener más tiempo en el hogar”, agregó.
El legislador recordó que la normativa que rige actualmente en Argentina “establece una jornada laboral de 48 horas semanales, la que instituyó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1919. Desde ese momento a la fecha ha habido cambios con la incorporación de tecnología, y cambios sociales y culturales que consolidaron la presencia de las mujeres en el mundo laboral, prácticamente a la par de los hombres. Esto implica para el núcleo familiar la ausencia del hombre y de la mujer durante largas jornadas. Además, al horario laboral hay que agregarle el tiempo de traslado”.
“Es un proyecto que llega con cierto retraso porque hay muchos países del mundo que ya han avanzado con la reducción de la jornada laboral, el caso más cercano es el de Chile, que a partir de este año tiene una jornada laboral de 40 horas”, comparó.
Sobre el trámite parlamentario, el oficialista afirmó que “la idea es que no tengamos proyectos muertos, encajonados, en temas tan importantes, más allá de que quizás se pueda o no aprobar este año. Pero sí queremos que tenga dictamen”.
La Comisión de Legislación del Trabajo convocó a una reunión informativa para la semana que viene, donde expondrán representantes gremiales. El temario incluyó 7 iniciativas del FdT, la izquierda y el socialismo.
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Vanesa Siley (FdT), convocó a una reunión informativa para este martes 26 de septiembre a las 13 en la Sala 1 del segundo piso para iniciar el debate sobre la reducción de la jornada de trabajo.
Las iniciativas contempladas en el temario incluyen a cinco del Frente de Todos, impulsadas por Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo, uno del Frente de Izquierda, presentado por Nicolás Del Caño, y uno más del diputado Enrique Estévez del bloque Socialista.
La iniciativa presentada por la diputada oficialista Claudia Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de seis horas diarias o 30 semanales, mientras que la del líder de la CTA, Hugo Yasky, quien había anunciado el 11 de septiembre que comenzaría el debate, propone que no se exceda de las ocho horas diarias o los cuarenta semanales sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.
Por su parte, el referente del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de ocho horas diarias, pero que no exceda los cuatros días a la semana.
Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de seis horas diarias y 30 semanales. Por otro lado, El socialista Enrique Estévez y Mónica Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.
El diputado oficialista dijo que habrá con una primera reunión informativa y que esperan avanzar con el tema “con apoyo del Ejecutivo”.
Ya había trascendido en mayo pasado que el oficialismo iba a activar la discusión sobre la reducción de la jornada laboral en la Cámara de Diputados, donde hay una media docena de proyectos, pero luego se informó que empezaría por el Senado. Finalmente, nunca se puso en marcha en ninguna de las dos cámaras.
Se trata de un tema que saltó al debate sobre todo a partir de la pandemia, pero hasta ahora no ha iniciado su tratamiento en el Congreso.
Sin embargo, este lunes, en el marco de las propuestas que desde Unión por la Patria buscan agilizar en medio de la campaña electoral, el diputado oficialista Hugo Yasky anunció que “la próxima semana va a haber una primera reunión en la Comisión de Legislación del Trabajo” para abordar el tema.
“Vamos a invitar a representantes no solamente de los sindicatos, sino también de sectores no gubernamentales de Alemania, España y otros países para que nos cuenten cómo redujeron la jornada laboral y los beneficios que aportó”, reveló y dijo que esperan “avanzar con apoyo del Ejecutivo”.
Por otra parte, destacó que se presentará “la nueva Ley de Financiamiento Educativo, para elevarlo a 8% del PBI al presupuesto” y expresó que aboga también por “avanzar con la ley de licencias parentales” que ya cuenta con dictamen en la Cámara baja.
En diálogo con Radio 10, el líder de la CTA de los Trabajadores se refirió a la nueva suba del piso del impuesto a las Ganancias y, en la previa de la reunión que habrá en el Ministerio de Economía, consideró que se trata de “un acto de justicia” y “ex algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo”.
“El llamado impuesto a las Ganancias, en realidad aplicado sobre los salarios, era confiscatorio”, señaló el legislador, que afirmó que escucharán la propuesta del ministro/candidato Sergio Massa, la cual -por lo trascendido- “consiste prácticamente en la eliminación de este impuesto como está planteado y se avanzaría a la idea de lo que siempre se tendría que haber hecho, de que sea a los altos ingresos y no a los salarios”.
Y recordó: “Mauricio Macri hizo campaña electoral diciendo que lo eliminaba. No solamente no lo eliminó sino que triplicó la cantidad de gente que lo terminó pagando, 2.400.00 trabajadores aproximadamente”.
No hay a la vista convocatorias para que comience el debate en comisión en ninguna de las dos cámaras. Un diputado del oficialismo autor de uno de los proyectos hablaba del inicio del tratamiento en comisión para esta semana.
El líder de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional oficialista, Hugo Yasky, adelantó la última semana que en los próximos días se comenzaría a tratar en la Cámara baja la reducción de horas en la jornada laboral.
El dirigente habló puntualmente de dos iniciativas, una suya y otra de su par Claudia Ormaechea, dirigente de la Asociación Bancaria. En su caso, él propone reducir la jornada laboral de 48 horas, que es el régimen actual, para pasarlo a 40 horas, sin reducción salarial. De modo tal que el máximo de horas diarias sea de 8 horas y el máximo semanal, reiteramos, 40. En el caso del proyecto de Ormaechea, ella plantea una reducción a 36 horas.
Sin embargo, fuentes de la Comisión de Legislación del Trabajo consultadas por parlamentario.com aclararon que no está previsto allí el inicio de ese debate, sino que el mismo arrancaría en el Senado.
Con todo, allí tampoco pudieron encontrarse precisiones. En la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside la senadora Juliana di Tullio aclararon que no había información sobre el inicio de ese debate y que además la comisión todavía debía ser conformada.
Como sea, si el debate del tema finalmente avanza desde ese lado del Congreso, sería con el proyecto que acaba de presentar el senador kirchnerista Mariano Recalde.
El legislador porteño presentó la semana pasada una batería de iniciativas para “introducir mejoras en el mundo laboral”, y precisamente una de ellas busca unificar en un Código del Trabajo las normas para disminuir la jornada semanal a 36 horas.
El senador kirchnerista propone una reducción de la jornada de trabajo de 48 a 36 horas semanales, con el objetivo de fomentar la semana laboral de cuatro días. En ese sentido, sostuvo que disminuir la jornada de trabajo “incrementa la productividad, disminuye costos empresarios y accidentes, y permite una mejor distribución del empleo, así como de la conciliación entre la vida personal y laboral”.
El senador Recalde encuentra en su propio padre un inspirador para sus propuestas. El exdiputado Héctor Recalde fue autor de numerosas iniciativas en ese sentido y hablaba de una “repartición del trabajo”, y consideraba que “limitar la jornada laboral y evitar la sobreocupación de trabajadoras y trabajadores promueve la contratación y generación de nuevos puestos de trabajo”.
Está claro que en un año electoral, y sobre todo con las características que ha asumido el Congreso en este tiempo, con un oficialismo en minoría en ambas cámaras, se dificultaría semejante debate. Aunque podría valerle al oficialismo el esfuerzo de avanzar con esa discusión para vincularla incluso a la campaña electoral.
Más allá de la escisión que sufrió el interbloque Frente de Todos en febrero pasado, el oficialismo contaría con el número para hacer avanzar un proyecto de ese tipo en la Cámara alta.
En Diputados hay más proyectos que los ya citados. El de Yasky, data del 4 de marzo del año pasado, en tanto que el de Ormachea es de dos días antes y prevé una reducción de horas mayor que el otro.
Pero hay otras iniciativas que permiten albergar expectativas de que este sea un debate que más temprano que tarde pueda llegar a darse. Sobre todo porque no solo el oficialismo ha impulsado estas propuestas.
Hay un proyecto de julio del año pasado que fue presentado por Sergio Palazzo, y establece una jornada diurna de hasta un máximo de 8 horas, en tanto la jornada semanal no exceda de cuatro días.
La izquierda también tiene propuestas en ese sentido. Nicolás del Caño presentó el 9 de septiembre pasado un proyecto para reducir la jornada de trabajo a 6 horas diarias y 30 semanales. Hay también en el mismo sentido un proyecto de Eduardo Valdés para que la duración de la jornada de trabajo no exceda de 6 horas o 30 semanales. Y para contemplar eventuales aliados para un debate, hay que citar también el proyecto que el socialista Enrique Estévez presentó el 15 de marzo pasado para reducir la jornada laboral a 36 horas semanales, al tiempo que establece que las horas suplementarias no puedan exceder las 30 horas mensuales y las 200 horas anuales.
El tema comenzó a instalarse en una reunión de asesores, prolegómeno del comienzo de la discusión en comisiones de la Cámara de Diputados.
En lo que representa el preludio de su tratamiento en comisión entre los propios diputados, comenzaron a analizarse entre los asesores los proyectos presentados por los diputados del Frente de Todos Hugo Yasky y Claudia Ormachea que apuntan a reducir las horas de la jornada laboral, sin que esto implique una reducción de los derechos adquiridos por los trabajadores, incluyendo el salario percibido.
Los proyectos cuentan con estado parlamentario y fueron remitidos para su evaluación al grupo de asesores de diputados que son parte de la Comisión de Legislación del Trabajo, que conduce la oficialista Vanesa Siley.
Según pudo saber parlamentario.com, en el inicio de esas discusiones hubo aportes de todos los bloques presentes y también algunas reticencias de parte de Juntos por el Cambio. De todas maneras, según confiaron las fuentes consultadas, el debate se encuentra abierto a fines de modernizar la norma vigente en nuestro país que data de 1929 y que se pretende adecuar a los debates mundiales.
Como hemos dicho, hay en la actualidad dos proyectos con estado parlamentario que se refieren a la reducción de la jornada laboral. El de Hugo Yasky fue presentado el 25 de septiembre de 2020 y tiene también las firmas de sus pares Pablo Carro, Blanca Osuna, Fernanda Vallejos, Rosana Bertone, Patricia Mounier, Gladys Medina, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Itai Hagman, Claudia Ormachea y Juan Carlos Alderete.
La iniciativa modifica las leyes 11.544 y 20.744. Precisamente sustituye el artículo 1° de la Ley 11.544 estableciendo que “la duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 40 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. No están comprendidos en las disposiciones de esta ley los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal”.
Agrega ese artículo que “la limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor de 8 horas diarias o 40 semanales para las explotaciones señaladas”.
El proyecto establece además que “no podrá ocuparse a personas de 16 a 18 años en ningún tipo de tareas durante más de 6 horas diarias o 36 semanales. La distribución desigual de las horas laborables no podrá superar las 7 horas diarias. La jornada de las personas menores de más de 16 años, previa autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción, podrá extenderse a 8 horas diarias o 40 semanales”.
El proyecto de Claudia Ormachea es más reciente -data del 2 de marzo de 2022-, pero en rigor de verdad ella ya había presentado una iniciativa en ese sentido en noviembre de 2020 junto a su par tucumano Carlos Cisneros.
Esta iniciativa es más extrema, pues establece que “la duración del trabajo no podrá exceder de 6 horas diarias o 36 semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro”.
La norma no comprende a los trabajos en los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal. Agrega el proyecto que “la limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor de 6 horas diarias o 36 semanales para las explotaciones señaladas”.
También el artículo 1° señala que “la jornada máxima diaria salubre podrá ser ampliada a 7 horas diarias siempre que las tareas se desarrollen exclusivamente entre lunes y viernes”.
El artículo 2° del proyecto de Ormachea establece que “la jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de 5 horas y 15 minutos, entendiéndose como tal la comprendida entre las 21 y las 6 horas”. Para casos de lugares insalubres, la duración del trabajo no deberá exceder de 4 horas y media diarias o 27 semanales.
Hay en el Senado también proyectos que van en el mismo sentido, como el que presentó el jujeño Guillermo Snopek en agosto de 2021, que también limita la duración de la jornada a 6 horas diarias o 36 semanales; en tanto que ya perdió estado parlamentario una iniciativa del puntano Daniel Pérsico presentada en 2017.
También en 2017 el diputado (MC) Héctor Recalde presentó un proyecto para reducir el horario de trabajo de los menores de edad, en tanto que Facundo Moyano impulsó en noviembre de 2017 un proyecto de disminución dela jornada laboral a 40 horas semanales.
Cuando a mediados de 2021 la entonces diputada Fernanda Vallejos salió a respaldar la reducción de la jornada laboral, puso como ejemplo el debate que el tema genera en otros países. Por caso, contó que el gobierno español había lanzado entonces una prueba piloto para establecer la semana laboral de cuatro días y destinar 50 millones de euros a empresas en su adaptación a este nuevo modelo.
En Islandia dos ensayos realizados entre 2015 y 2019 comprobaron que llevar a 35 y 36 horas semanales la jornada laboral, sin reducción de sueldo, mantuvo o mejoró la productividad al igual que la salud.
En la región, Colombia avanza en la reducción de la jornada laboral actual de 48 horas semanales, a 42. La iniciativa plantea que la reducción sea gradual, es decir, cada año se bajarían 2 horas de la jornada actual, desde 2023 y hasta 2026, hasta llegar a las 42 que prevé la ley.
En tanto, en Chile a fines de junio la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 4 días y extender los días de descanso a 3.
