La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fue avalada por unanimidad en la sesión de este jueves. Fuertes reproches entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio durante el debate.
El proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda emitida bajo ley argentina, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado en el Senado por unanimidad (67 votos). Ahora, será el turno de la Cámara de Diputados.
La iniciativa propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera. Se trata de títulos públicos por un monto de 41.714 millones de dólares.
De acuerdo al proyecto, los tenedores de títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.
Será el Ministerio de Economía el que tendrá las facultades para realizar los actos y/o contrataciones necesarios tendientes al cumplimiento de la ley, como así también para dictar toda norma complementaria y de implementación.
La propuesta también indica que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso un informe con los resultados de la operación de canje, dentro de los 90 días de liquidada la operación.
El debate, marcado por reproches
Miembro informante del oficialismo, Carlos Caserio señaló que “esta renegociación de deuda que estamos tratando hoy es un 34% de la ley total”. Y sostuvo que lo que se busca es que “esta negociación sea compatible con el sendero de superávits primarios que el Ministerio de Economía proyecta para el desarrollo de la vida económica de los argentinos”.
“Estamos convencidos que el único modo de pagar esta deuda es creciendo”, dijo el oficialista y detalló que “hoy el promedio de estos bonos tiene un 7,58% de interés, y la propuesta lo va a llevar a 2,39%”. “Si miramos los pagos desde este año al 2024, hubiesen correspondido cubrir antes de la negociación un total de 32.400 millones de dólares, y vamos a estar cubriendo luego de la negociación 2.152 millones de dólares”, agregó.
Además, el cordobés precisó que “si vemos el perfil de los pagos y sumamos esta deuda de la que estamos hablando con la deuda de los bonistas sobre ley extranjera, estaríamos hablando de un alivio financiero para el período 2021-2029 de 58 mil millones de dólares”.
A continuación, el radical Martín Lousteau enfatizó que “es importante el tratamiento igualitario porque si no, como en muchas ocasiones en el pasado, aquellos inversores locales o aquellos que confían en la legislación local terminan siendo el pato de la boda y la variable de ajuste, entre otras muchas variables de ajuste a las que los somete el Estado argentino: a veces son devaluaciones, corralitos, cepos, reperfilamientos, default, etc.”.
El porteño aseguró que “cualquiera sea el motivo” por el cual el Gobierno envió al Congreso el proyecto, “lo vamos a apoyar, porque lo que estamos haciendo es fortalecer la cara negociadora de la Argentina frente a sus acreedores extranjeros”.
“Pero también creemos que aunque no es necesario, es bueno que se traiga al Congreso, que se trate en sus ámbitos naturales la deuda externa”, subrayó y añadió: “Naturalmente apoyamos la renegociación de la Argentina, esperamos que el resultado del canje sea positivo. Y que sea positivo tanto en términos de la sustentabilidad futura de la deuda, como en términos del acceso futuro a los mercados, y esto es muy importante porque Argentina va a tener este año, producto de la pandemia, una caída de 8 o 10 puntos del PBI, va a tener vencimientos importantes, y a pesar de la reestructuración, vamos a tener una deuda PBI muy cercana al 90% o 95%”.
Por su parte, el oficialista Maurice Closs enfatizó que este proyecto “busca resolver los problemas de un default heredado, y busca hacerlo con criterio, no resolver por resolver”. Además, sostuvo que el objetivo es “cuidar y generar un mercado”.
El misionero consideró que hay que “en algún caso encontrar a los responsables” del endeudamiento del país y aclaró que “esto no es agigantar la grieta”. “En muy poco tiempo se endeudó cuantitativa y cualitativamente muy mal a la Argentina, y lo hizo el expresidente (Mauricio Macri)”, cargó, además de remarcar que es un “peligro” endeudarse “bajo legislación extranjera” y “la deuda que tomó el gobierno anterior fue plenamente bajo legislación extranjera y eso no es común en la mayoría de los países”.
Por el contrario, el sanjuanino Roberto Basualdo manifestó que en Argentina “la gente desconfía” y “esa culpa la tenemos todos los dirigentes políticos”. Para el aliado de Juntos por el Cambio lo que hay que hacer “es decirle basta déficit; si nosotros bajamos el déficit vamos a tener confianza y los argentinos van a invertir”. “Con los argentinos que le presten su propia plata al país, con eso pagaríamos todo”, opinó.
Apuntando contra el gobierno anterior, el neuquino Oscar Parrilli manifestó que “no somos todos iguales y no todos tenemos la misma responsabilidad”. “En el 2003, cuando Néstor Kirchner asumió, la deuda total superaba entre el 166% y 170% del PBI. Cuando usted (dirigiéndose a Cristina Kirchner) dejó el gobierno en diciembre de 2015, llegaba al 42%, 43%, del cual solo el 14% era deuda en dólares”, recordó.
Y puntualizó entonces que, durante la gestión de Mauricio Macri, la deuda “llegó casi al 90% del PBI, y de ese 13% que era deuda en dólares hoy representa el 70%”.
“Después de todo lo que hicieron lo menos que pueden hacer es apoyar al gobierno de Alberto Fernández para que reestructure de la mejor manera el desastre que ellos dejaron”, completó.
Muy dura también se expresó Anabel Fernández Sagasti, quien advirtió que “por más presiones que haya por parte de minorías de debilitar al Gobierno, por este Congreso no va a pasar ninguna otra ley que otorgue un peso o un dólar más a nuestros acreedores poniendo en jaque el futuro de los argentinos”.
La mendocina indicó que hubo “dos grandes momentos en los últimos cuatro años que generaron un incremento exponencial, irresponsable, de la deuda pública argentina y también un cambio de composición”, como fue el pago a los fondos buitre y el préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
“¿Saben por qué dedican todo el tiempo del mundo para hablar del gobierno de Macri y del endeudamiento de Macri? ¡Para tapar su inoperancia, porque ustedes deberían mirar para adentro!“, estalló el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.
En el tramo final del debate, el radical alertó que “la vicepresidenta marca la cancha” y hay “un presidente débil”, lo que genera “tensión en el seno del Gobierno”. “Cuando el presidente convoca a un grupo de empresarios al diálogo, la presidenta del Senado, la vicepresidenta, que no es un personaje menor sino que lidera el espacio, con un tuit marcha la cancha y expresa claramente para dónde tiene que ir la Argentina”, disparó.
Para el formoseño, hay “dos posiciones filosóficas absolutamente encontradas en materia económica” y, por eso, se ven “enormes contradicciones, idas y vueltas, marchas y contramarchas”.
“Hay una adicción al relato y la deuda es un relato sistemático”, se quejó y consideró que el Gobierno “no tiene prácticamente nada para exhibir” en estos siete meses de gestión.
Último orador, el titular del bloque oficialista, José Mayans, también recurrió a las cifras comparativas entre el kirchnerismo y el macrismo: señaló que mientras en los gobiernos K el PBI alcanzó los “620 mil millones de dólares, un récord en PBI”, la deuda era de “222 mil millones de dólares”; en tanto, en el gobierno anterior el PBI tuvo “una caída estrepitosa, brutal, tremenda por debajo de los 400 mil millones de dólares y la deuda en 322 mil millones de dólares”.
“La política económica de Macri fracasó rotundamente. Nosotros tenemos que decirle a la gente por qué van a pagar 100 años. Y no hay que ofenderse”, continuó el formoseño y lanzó que el modelo de Cambiemos “fue un modelo de especulación, usura, corrupción, robo y hambre para el pueblo argentino”.
Antes de la votación, Carlos Caserio informó que se aceptó una modificación al texto referida a la cláusula RUFO, planteada durante la discusión en comisión por Martín Lousteau.
Además, la Cámara alta buscará aprobar y girar a Diputados el proyecto de reestructuración de la deuda local, enviado por el Gobierno.
El Senado realiza desde las 14.33 una nueva sesión virtual, en la que el oficialismo buscará sancionar la ley que regula la modalidad de teletrabajo, cuestionada en algunos aspectos por el sector empresario.
En rechazo a que no se le hayan introducido modificaciones al texto que vino desde la Cámara de Diputados, el interbloque Juntos por el Cambio no acompañará la iniciativa.
Previo a la sesión, la senadora radical Pamela Verasay señaló que el proyecto “ha generado gran controversia y malestar en diferentes sectores”, como federaciones empresarias y de emprendedores.
En ese sentido, remarcó que se “expresaron críticas al exceso de regulación, el desaliento al teletrabajo por la marcada diferenciación entre quien trabaja presencialmente con quien trabaja de forma remota, la reversibilidad unilateral que puede afectar a pequeñas empresas y la generación de un registro burocrático de teletrabajadores, que también afectará más a las empresas medianas y pequeñas”.
Pese a que desde JxC se propusieron cambios, en comisión el oficialismo impuso su dictamen de mayoría tal y como estaba el texto que se aprobó en la Cámara baja.
La iniciativa no fomenta el teletrabajo, sino que establece presupuestos legales mínimos para esta modalidad -extendida con la pandemia del Covid-19- y delega las regulaciones específicas en los convenios colectivos de cada actividad.
La futura ley -que a pedido del sector empresario entrará en vigencia recién 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio– modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.
En primer lugar, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.
El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.
Este último punto fue uno de los más rechazados por el sector empleador, que reclamó que la reversibilidad sea bilateral y haya un plazo de pre-aviso.
El proyecto considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso; y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 13 años, personas mayores o con discapacidad.
Además, el empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica.
Por otra parte, el Senado buscará darle media sanción al proyecto de ley para reestructurar la deuda bajo legislación local, enviado por el Poder Ejecutivo, que propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera. De acuerdo a la iniciativa, se trata de títulos por unos 41.714 millones de dólares.
El oficialismo se había comprometido a, si el Ministerio de Economía así lo aceptaba, modificar a propuesta de Juntos por el Cambio una redacción referida a la cláusula RUFO.
Así lo anunció el Ministerio de Economía al anticipar la enmienda de oferta de deuda que entregará este lunes a los bonistas.
El Gobierno argentino anunció este domingo su decisión de mejorar los términos y condiciones de la propuesta a los tenedores de bonos externos en moneda extranjera para canjearlos por nuevos bonos a ser emitidos por la Argentina.
La propuesta será presentada este lunes ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y esa oferta final de pago estará vigente hasta el 4 de agosto próximo.
La propuesta es considerada definitiva, ya que representa el “máximo esfuerzo” que puede hacer el país, según anunció el presidente Alberto Fernández este domingo.
Según comunicó también el Palacio de Hacienda, se enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.
“De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina, una decisión que consideramos importante para avanzar en la profundización del mercado de capitales de modo que permita contar con una mayor disponibilidad de instrumentos de financiamiento y ahorro regidos bajo ley argentina”, explicó el ministro de Economía Martín Guzmán.
