El autor alerta sobre la posibilidad de que el presidente impulse en nuestro país una reforma del Estado elaborada por la IA. Ya hay un antecedente: El Salvador.
“La empresa Google tiene armado un sistema para hacer la Reforma del Estado por inteligencia artificial”. Esto “se puede aplicar absolutamente en Argentina. Con todo lo que tiene que ver con achicar el Estado, yo estoy feliz de la vida”.
El comentario revelador salió de la boca del presidente Javier Milei, al regresar a la Argentina, después de haber conversado el asunto con altos ejecutivos de Google LLC, en Estados Unidos.
El tema comenzó a tratarse el 29 de mayo pasado, en las oficinas centrales de Google, ubicadas en Mountain View, California. Allí Milei fue recibido por el CEO de la compañía, Sundar Pichai, junto a un selecto grupo de ejecutivos.
Sobre el final de la conversación, fue la jefa de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Hispanoamérica, Eleonora Rabinovich, quien le sugirió a Milei que dialogara sobre el asunto con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, país en el que ya se está aplicando el “modelo Google” de Reforma del Estado.
7D94EDC0-62DF-4334-85AA-90935557B9E7Esta es la ley vigente en El Salvador, aprobada en septiembre de 2023.
Es verdad. El Salvador le ha entregado a la empresa Google el manejo de información sensible del Estado, el control de la reingeniería de sus procesos, así como el uso de información crítica sobre las personas que habitan en el país y se relacionan con los servicios estatales.
Es que, en lugar de diseñar su propia estrategia de reforma y adquirir la tecnología para implementar esa política, en septiembre de 2023 el país aprobó una Ley General para la Modernización Digital del Estado, que parece redactada a medida de las necesidades y requerimientos de Google.
De hecho, la ley consagra una Alianza Estratégica firmada entre el Estado de El Salvador y la compañía tecnológica Google, unos días antes de la aprobación de la norma por parte del Congreso salvadoreño.
El compromiso es que, durante siete años y con un presupuesto no menor a los 500 millones de dólares, Google se encargue de redefinir tecnológicamente todos los trámites que los ciudadanos realizan ante el Estado, modernizar integralmente el manejo del sistema de salud y prácticamente controlar el sistema educativo salvadoreño, con la incorporación de tecnología.
De hecho, Bukele ha sostenido que ya “no hay ningún niño en el país que no esté trabajando con Google Classroom en el sistema educativo“.
La Ley y el Acuerdo Estratégico también permiten que cada organismo público, de manera individual, contrate los servicios de la compañía Google y no tenga que ceñirse a los procedimientos previstos en la Ley de Compras Públicas. A eso se le denomina “acuerdo de afiliación individualizado”, del área estatal hacia la compañía tecnológica.
Esos mismos son ahora los planes de Milei para la Argentina.
Está claro que Google exigirá una Ley del Congreso, como en El Salvador, para blindarse. Diputados y Senadores, tienen la palabra.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
La oposición había volteado varios incisos y tras eso continuaba el capítulo sobre privatizaciones de empresas públicas, pero la sesión pasó a un cuarto intermedio y finalmente fue levantada, con la vuelta a comisión del proyecto.
Antes de que se levantara la sesión en la Cámara de Diputados este martes, la antesala del fracaso para el oficialismo se vio con la caída casi total del capítulo de “reorganización administrativa”, dentro del capítulo de reforma del Estado. Tras la votación en particular de los artículos referidos a las emergencias y facultades delegadas de la ley de Bases (en la cual también se habían votado en contra algunos incisos), la discusión continuó con dos artículos específicos (5 y 6). Gran parte de ese texto resultó rechazado.
De 6 incisos que conformaban el artículo 5, sólo quedó en pie uno. Por 144 votos en contra y 109 a favor, se rechazó el inciso “a” que buscaba “regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional” de “modo sistemático, coherente y ordenado”.
También se votó en contra, por 154 votos negativos y 98 positivos, la facultad que buscaba el Ejecutivo para “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional” y “cuando fuera pertinente, transferir, previo acuerdo, dichos órganos o entidades a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con, de corresponder, la debida asignación de recursos. Todo ello con excepción de las universidades nacionales”.
Otro inciso que se cayó, por 141 votos en contra y 110 a favor, fue el que indicaba la atribución de “suprimir total o parcialmente competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario de los órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional” y la capacidad de “intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional, cualquiera sea su tipo jurídico, con la sola exclusión de las universidades nacionales”.
Además, quedó afuera también, por 152 votos negativos y 101, la facultad para “transformar, modificar, liquidar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios y/o revertir sus recursos a Rentas Generales con el objeto de asegurar una mayor transparencia en su administración”.
El único inciso que había logrado ser aprobado, con 134 votos a favor y 119 en contra, fue el que rezaba: “Regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública nacional mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.
En tanto, el artículo 6 se había logrado aprobar por 137 votos positivos, 111 negativos y 2 abstenciones. Establecía la facultad al Ejecutivo para “regular y concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones aplicable a toda la Administración Pública Nacional”.
Los acusó de “arrastrar los pies” al analizar la reformas impulsadas por su Gobierno. La fuerte réplica de un diputado opositor.
El presidente Javier Milei no tiene intenciones de mejorar su relación con los legisladores. Y parece no encontrar razones para intentarlo. Ya lo hizo el día de su asunción, cuando en lugar de dar su primer discurso ante diputados y senadores, lo hizo ante sus seguidores, frente a la Plaza de los Dos Congresos; agravó la relación la última semana al sugerir la existencia de diputados que pedirían coimas para modificar las propuestas que ha mandado, y este viernes volvió a cargar contra ellos.
En efecto, en una nueva escala de sus embestidas, ahora tuiteó: “Mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas (Ley ‘Bases’), le acaban de votar a favor a Kiciloff aumento de impuestos y endeudamiento”, dijo en referencia a la votación en la Legislatura bonaerense, donde la oposición terminó votándole una iniciativa al gobernador.
Milei remató: “El problema no son las formas. Es el fondo. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor. Háganse cargo y dejen de mentirle a la gente”.
Prestamente le salió al cruce el jefe del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien repuso que la mora está en el oficialismo: “Presidente, no hay una sola comisión conformada en el Congreso, la ley ‘bases’ ni siquiera está habilitada en el temario de extraordinarias. No es una ley de reforma del Estado es un mboyeré que mezcla desde retenciones a juicio por jurados.
ORGANICENSÉ y marquen prioridades”.
