Tras el acuerdo por la conformación de las comisiones, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentaron en la Legislatura porteña una batería de propuestas con reformas profundas orientadas a reducir impuestos, simplificar el Estado y recuperar el orden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La mayoría de las iniciativas están orientadas a promover mayor libertad económica, modernizar el Estado y reforzar el orden público. Las propuestas incluyen una reforma impositiva con baja de tributos, medidas de simplificación administrativa y digitalización, incentivos a la inversión y cambios estructurales en el funcionamiento del Estado. A su vez, se contemplan reformas en materia institucional y de seguridad, como Ficha Limpia, la reforma del Código Contravencional, la baja de imputabilidad y una regulación más estricta del uso del espacio público.

Respecto de estas propuestas, la jefa del bloque LLA y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, aseguró que "La Libertad Avanza es el espacio más reformista de la Ciudad, con una agenda clara para mejorar las condiciones en las que viven, trabajan y producen los porteños".

“La Ciudad necesita un Gobierno con visión y decisión política, capaz de avanzar en cambios estructurales que durante años fueron postergados. El Gobierno Nacional viene impulsando soluciones de fondo que la Ciudad tiene acompañar. El país avanza pero la Ciudad se queda a medio camino. Perdió agilidad. Es hora de que la Ciudad avance a la velocidad de la Nación”, completó.

De esta manera, uno de los proyectos apunta a fomentar una reforma impositiva para aliviar a quienes trabajan y producen, mediante la eliminación de impuestos distorsivos y la reducción de Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes. Incluye la eliminación del Impuesto a Sellos en operaciones inmobiliarias, la reducción del impuesto inmobiliario, beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos y la eliminación de tributos sobre instrumentos financieros, créditos y consumos financiados.

Además, impulsaron otro texto que propone terminar con las trabas burocráticas que frenan la actividad económica mediante habilitaciones automáticas y procesos más ágiles. Además, incorpora el silencio administrativo positivo y el reconocimiento de habilitaciones entre jurisdicciones.

En cuanto a la modernización del Estado, desde LLA abogaron por un Estado más simple, digital y eficiente, con la eliminación de trámites redundantes. Se establece el principio de “una sola vez”, un catálogo único de trámites obligatorio y la centralización de la información administrativa para reducir tiempos y discrecionalidad.

En cuanto al texto que propone un incentivo a las inversiones, la propuesta es integrar a la Ciudad al esquema nacional de promoción de inversiones para generar empleo y desarrollo. El RIMI prevé incentivos fiscales, como la exención de Ingresos Brutos, Sellos y ABL, y financiamiento del Banco Ciudad para inversiones medianas, mientras que la adhesión al RIGI garantiza estabilidad jurídica y beneficios para proyectos de gran escala.

En otro orden de cuestiones, el bloque propuso reformar la VTV y autopartes.  El proyecto plantea sustituir el modelo actual por un sistema abierto y competitivo que permita validar la verificación técnica vehicular cuando el service se realice en talleres homologados. Además, elimina el esquema cerrado actual, habilita más prestadores, flexibiliza el grabado de autopartes, amplía plazos de revisión y elimina la fijación estatal de precios.

Además, los libertarios insistieron con una Ley Bases para la Ciudad, con el objetivo de achicar el Estado, desburocratizar la gestión, ampliar el alcance del silencio administrativo positivo, establecer plazos claros de respuesta, digitalizar trámites y crear un sistema más transparente y accesible para ciudadanos y empresas.

También pidieron una reformar del Estado, en la que plantearon reducir estructuras innecesarias y mejorar la eficiencia del gasto público. Incluye la eliminación de organismos superpuestos, una nueva ley de procedimiento administrativo con foco en la digitalización y la promoción de privatizaciones en actividades no esenciales.

Asimismo, prevén avanzar con una ley de comunas, que busca fortalecer el rol de las mismas mediante la transferencia plena de las competencias concurrentes previstas en la Constitución de la Ciudad. La iniciativa apunta a que las comunas asuman de forma efectiva funciones hoy superpuestas con el Poder Ejecutivo, reduciendo estructuras duplicadas, mejorando la gestión de cercanía y disminuyendo el gasto público.

En relación a la Ficha Limpia, el proyecto busca impedir que personas con condenas por delitos graves accedan a cargos públicos. Alcanza delitos contra la administración pública, integridad sexual, narcotráfico, homicidio y trata de personas con condena confirmada en segunda instancia.

En materia de orden y seguridad, se propuso una baja en la edad de imputabilidad, adaptando la normativa local a la ley nacional, incorpora penas alternativas, monitoreo electrónico, reparación a la víctima y acelera los procesos judiciales. Además, buscarán modificar el Código Contravencional para endurecer las sanciones para garantizar el orden y la convivencia en el espacio público. Incluye mayores penalidades por conductas violentas, protección reforzada a menores, sanciones por obstrucción del tránsito y medidas contra el daño al espacio público.

Finalmente, buscarán terminar con los trapitos.  La propuesta establece un régimen más estricto para ordenar el uso del espacio público. El proyecto establece nuevas escalas de sanciones, agravantes por organización o intimidación y un esquema especial para eventos masivos con fiscalización activa.

Será este mismo viernes, o pasará a lo largo de este último fin de semana largo del año, pero lo cierto es que el presidente Javier Milei firmará en estas horas el decreto que, tras su publicación en el Boletín Oficial del martes 9, convocará al Congreso a sesiones extraordinarias. La fecha tentativa es la que siempre se mencionó: miércoles 10 de diciembre, primer día en el que los mandatos de los diputados y senadores nacionales elegidos el 26 de octubre y que ya prestaron el juramento correspondiente, comienzan a regir formalmente. Y todo indica que sería hasta fin de mes (30 de diciembre), aunque algunos no descartan la posibilidad de que la convocatoria se haga “de un tirón” hasta el último día de hábil de febrero (viernes 27), cuestión de tener todo listo y sin necesidad de emitir decretos complementarios a lo largo del verano.

Como sea, no hay mayor misterio en torno a los temas a tratar: Presupuesto 2026 e inocencia fiscal, son las prioridades del mes de diciembre; en tanto que la modernización laboral, las reformas al Código Penal, la tributaria y la Ley de Glaciares figurarán también en el temario.

De estas últimas, la que podría ser incluida dentro del texto del decreto que se conocerá la medianoche del martes es la reforma laboral, cuyos detalles circularon intensamente por algunos medios en las últimas horas. En caso de ser incluido el tema en el mismo -como todo indica-, comenzaría a ser debatido en la Cámara alta, mientras Diputados hace lo suyo con la ley de leyes. Al respecto, el dictamen alcanzado en noviembre pasado por el Presupuesto -en realidad fueron cuatro- perdió vigencia al cambiar la conformación de las cámaras.

Así las cosas, dicho dictamen debería ser debatido en comisiones a lo largo de la semana que viene y, a más tardar, tener dictamen el martes 16, para su tratamiento en el recinto el día posterior. Tal cual suele suceder con los tratamientos de los presupuestos en el Senado, allí el tema debería tener un trámite exprés, posiblemente entre las fiestas.

En cuanto a la modernización laboral, algunos optimistas especulan con una media sanción antes de fin de año. Se verá. El proyecto está “terminado pero en revisión”, señalan algunas fuentes oficiales, y podría llegar a conocerse oficialmente este martes. El mismo incluiría flexibilización de jornadas, bancos de horas, indemnizaciones escalonadas y restricciones a la huelga.

En cuanto al proyecto de inocencia fiscal, el mismo ingresó al Congreso el 6 de junio pasado, pero nunca fue tratado en comisión. Propone instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino. Según palabras del Gobierno, la propuesta prevé dejar de lado un régimen que definen como “persecutorio” aplicado por el fisco, donde se partía de una presunción de culpabilidad del contribuyente.

El texto propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas. En un segundo capítulo, establece modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de armonizar el régimen de prescripción en materia tributaria y de la seguridad social. Además, se incorpora la posibilidad de prever plazos reducidos en las leyes de previsión social, en condiciones análogas a las contempladas en materia impositiva.

Por otro lado, impulsa la creación de un régimen especial y simplificado aplicable a la recién implementada declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, que alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan ciertos requisitos patrimoniales y de ingresos.

Lo que tiene que ver con glaciares y la reforma del Código, se conocerá más a fondo en las próximas semanas y quedará para su debate en el mes de febrero. No se descarta que alguno de estos temas, sobre todo las modificaciones penales, queden para llegar al recinto a lo largo del período ordinario.

Consciente de que el sorpresivo triunfo del último domingo le abrió una nueva y definitiva oportunidad, el Gobierno nacional no pierde tiempo y organiza para este jueves una reunión con todos los gobernadores con los que quiere —y sabe que puede— sentarse a negociar. En los cálculos preliminares se estima que serán entre 17 y 18 los mandatarios provinciales que llegarán a Buenos Aires para reunirse con el presidente, quien confesó en estos días que esa actividad no le resulta grata, pero ha tomado conciencia de que debe cumplirla, y lo está haciendo.

Este jueves se sentará en la cabecera de la mesa en la Casa de Gobierno para comenzar a delinear los pasos a seguir tras haber tocado el cielo con las manos.

El Gobierno se dispone ahora a cumplir con los mandamientos que vienen del Norte, que en primer lugar le reclaman ampliar las bases de sustentación política, trazando acuerdos con los gobernadores. Con ellos ya comenzó a hablar y casi todas las invitaciones fueron enviadas. Habrá entonces una foto este jueves, aquella que los gobernadores de Provincias Unidas, por ejemplo, se negaron a tomarse antes del 26 de octubre. Será en circunstancias bien distintas de las que imaginaban, pero a sabiendas de que no hay alternativa. Esa reunión hubiera surgido de cualquier manera, pero está claro que esta manera es mucho más favorable para el Gobierno que si el resultado electoral hubiera sido otro.

Esta vez los incómodos serán los gobernadores que perdieron el domingo, que imaginaban otra relación de fuerzas para esta fecha, pero que tienen como consuelo saber que no son los únicos: prácticamente todos los mandatarios provinciales fueron derrotados en las urnas.

Las autoridades nacionales saben que los gobernadores tienen las llaves para manejar a los legisladores que Javier Milei necesitará para gobernar. Con ellos se hablará de las reformas de segunda generación que el Gobierno considera imperativas: la laboral y la impositiva. La tercera pata de ese “triángulo de hierro” —la reforma previsional— quedaría para un eventual segundo mandato.

El debate será en sesiones extraordinarias, que se confirmó se realizarán este mismo año. No se conocen aún las fechas, pero sí que se trabajará en diciembre y muy probablemente en enero, para aprovechar el envión electoral. Antes que nada, la prioridad será el Presupuesto 2026.

Por el emplazamiento aprobado en la última sesión de Diputados, el próximo martes debería haber dictamen. El Gobierno preferiría debatir el Presupuesto recién después del 10 de diciembre, con la nueva conformación de las cámaras, pero el emplazamiento fue taxativo.

Lo explicó Nicolás Massot en el recinto: “Nosotros no tenemos ni idea de cuál es la voluntad del Poder Ejecutivo —tal vez ellos tampoco lo tengan decidido— respecto de la eventual convocatoria a sesiones extraordinarias. De manera que debemos manejarnos con el cronograma de sesiones ordinarias y prever que el Senado necesita mínimamente tres semanas completas. Durante el proceso de discusión del presupuesto aquí, trataremos de coordinar con los senadores —es algo difícil, pero lo vamos a intentar— para que, si no hay convocatoria a extraordinarias, podamos aprovechar el cronograma actual y tener un presupuesto”.

Esa será la primera presión que ejercerá el Gobierno sobre los gobernadores: cambiar la fecha del dictamen para ganar tiempo de negociación y llevar el debate a extraordinarias. Como la oposición tiene reparos en creer que el Gobierno efectivamente tratará la ley de leyes en ese período, se anticipará un gesto: la publicación del temario de extraordinarias, incluyendo el Presupuesto 2026.

Así las cosas, todo indica que el martes próximo no habrá dictamen y que el debate en el recinto será con la nueva conformación de las cámaras. Eso se confirmará en los próximos días.