Se conoció este domingo el reportaje completo que le hizo la revista Forbes al presidente de la Nación, Javier Milei. Allí confirmó que la reforma laboral es uno de sus desafíos para 2025.

“Presentamos una reforma laboral que salió con la Ley Bases y que verdaderamente ha trabajado muy bien”, señaló, precisando que “los pasos ulteriores tienen que implicar mayor flexibilización en el mercado laboral, para que también se pueda hacer la reforma previsional, sin que esto tenga impacto negativo sobre las jubilaciones”.

Según Milei, “con una reforma laboral que permita ampliar el mercado de 6,5 millones a 14,5 millones de personas, los números previsionales cambian de manera dramática en favor de que los jubilados tengan mejores jubilaciones”.

Respecto de las legislativas de 2025, el mandatario dijo que “las elecciones van a marcar la velocidad de la reforma. Nosotros hicimos la reforma de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido. Y el dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve ese período de sufrimiento”.

Consultado sobre “la dinámica de la política”, Milei sostuvo que “son la máquina de impedir. Defienden ideas que han fracasado sistemáticamente en Argentina y en todos los lugares que se aplicaron. Uno se pregunta por qué defienden estas cosas. Puede ser porque son ignorantes. Pero pueden ser ignorantes con capacidad de aprendizaje”.

“O no quieren aprender porque tienen intereses. Hay una frase de show que dice: ‘Es muy difícil convencer a alguien de que está equivocado cuando sus ingresos dependen de ese error’. La política encontró un negocio para la propia casta política y esto pone en jaque su modo de vida”, enfatizó.

Respecto de la posibilidad de que su hermana Karina sea candidata, Milei dijo que no lo cree. “El otro día estaba desde Italia dando una nota, me lo preguntó Luis Majul, se lo preguntamos y dijo que no”.

“Igual yo no me meto con esas cosas”, admitió, recordando que “en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé. Lo que yo entiendo, y mi hermana me manifiesta, es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve”.

En el marco del Programa “Hablan los expertos”, organizado conjuntamente por Carmen Álvarez Rivero, senadora nacional por la provincia de Córdoba, y el Centro de Estudios Civilitas, destacados especialistas del ámbito jurídico y político expusieron sobre la reforma laboral que hace falta llevar a cabo en la Argentina. “Soy senadora del Pro, pero en este punto quiero que me vean casi como senadora de La Libertad Avanza. Le pongo pasión para que esas millones de personas que merecen una oportunidad de trabajo formal, lo consigan. Javier, Karina, cuentan conmigo. Necesitamos destrabar el trabajo formal”, sostuvo la senadora Álvarez Rivero.

Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, también aportó su visión durante el encuentro, destacando el rol fundamental que tiene el trabajo. “El trabajo organizado es una manera de cooperación social. Cooperamos unos con otros. Esto es lo que propone hoy Carmen: una base de un camino a transitar. Inclusión a la dignidad que es el trabajo”, señaló Cordero.

Entre los panelistas, se destacó la intervención de Eugenio Maurette, asesor de la senadora y abogado especialista en Derecho Laboral, quien subrayó la importancia del derecho laboral en el marco de las reformas: “El trabajo informal es desordenado. Tenemos que cubrir los derechos laborales y darle visibilidad a las personas”.

Por su parte, Mario Fera, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, resaltó la urgencia de una reforma judicial integral en el ámbito laboral. “Cuando planteamos reformas es muy importante entender que una reforma no toma como punto de partida el cero. El punto de partida es la protección del trabajo prevista constitucionalmente, la protección de la persona a la cual debe asegurarse un conjunto de derechos”, señaló Fera.

Enrique Rodríguez, exministro de Trabajo de la Nación, abordó la problemática desde un ángulo económico, subrayando la necesidad de aumentar la producción como motor para generar empleo formal. “En la Argentina el 55% de los trabajadores tienen salarios inferiores al nivel de pobreza. Salarios en la indigencia. El empleo formal en la Argentina está estancado. Si no hay producción no hay empleo”, reflexionó Rodríguez.

Asimismo, Ricardo Foglia, exdirector del Departamento de Trabajo de la Universidad Austral, expresó su preocupación sobre la actual situación en materia de trabajo y la necesidad de adaptar la ley al contexto actual: “No hay un camino al trabajo, sino que el trabajo es el camino. El mundo laboral está en problemas. Tenemos normas que no han ido evolucionando de acuerdo a la necesidad productiva. Genera un proceso de inadaptación a las regulaciones”.

La jornada concluyó con la exposición de Claudio Aquino, quien enfatizó en la necesidad de un consenso amplio para lograr los cambios necesarios: “Estamos luchando por llevar adelante un diálogo social. Una democracia que quiere y dignifica la libertad. La grieta ideológica ha destrozado a la sociedad argentina”.

“Este es solo el comienzo. Es una ley que modifica algo chico pero podría provocar un gran beneficio. El proyecto tiene como objetivo promover la inserción laboral formal y reducir el desempleo. Esto es un camino y tenemos la oportunidad perfecta para iniciarlo”, concluyó la senadora Álvarez Rivero.

El primer expositor en la reanudación del plenario de comisiones que debate el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, fue el secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien cuestionó en profundidad a varios artículos de la reforma laboral y apuntó contra la Cámara de Diputados por dictaminar el texto sin un debate con las centrales sindicales.

La crítica de Daer, puntualmente, fue dirigida al oficialismo y a los bloques dialoguistas. Cabe recordar que el tratamiento de la reforma laboral comprendió dos reuniones en la Comisión de Legislación del Trabajo, a cargo del diputado radical Martín Tetaz.

Así las cosas, uno de los referentes de la Confederación General del Trabajo, junto a Pablo Moyano y Carlos Acuña, apuntó contra el artículo 93 y señaló que “aparece una figura inédita que convierte trabajadores en colaboradores”, Agregó, además, que “esto no tiene antecedentes en el mundo, ni en este país”.

En profundidad, Daer sostuvo que las modificaciones a la legislación laboral “deben ser especificadas y marcar cuales son los límites y las precisiones”. También, añadió: “Se habla de empresa con hasta 5 colaboradores, pero el abanico que genera es totalmente desacertado”.

Por otro lado, planteó su postura respecto al trabajo informal a partir de una anécdota: “¿Qué hacer con el sector ‘uberizado’? porque la intención fue llevarlos a la Ley de Contrato de Trabajo”. “Hay más de 9.000 empresas con menos de 5 trabajadores y con esta reforma estamos ‘deslaboralizandolos’”.

De ese modo, afirmó que “estamos yendo a una informalidad legal y eso, es grave”, y agregó: “No solo lo mandamos a la informalidad, sino que le damos un paragua legal” en alusión a las empresas que no registren trabajadores en tiempo y forma de la legislación actual.

A su vez, criticó el articulado que trata del Fondo de Cese: “Entra en contradicción con el despido discriminatorio y la liviandad con la que se trató este tema es un absurdo”. “Esto termina siendo un desfinanciamiento de la seguridad social”, sumó Daer.

“Con esta reforma se pone un valor nominal para la jubilación porque rompe absolutamente todos los criterios de la seguridad social en nuestro país y agregan en el mismo pago los aportes convencionales, pero va a terminar siendo de muy difícil implementación”, añadió Daer.

Propuso, en tal sentido, “discutir el tema de fondo y no discutir términos vagos para que después se termine destruyendo la seguridad social de nuestro país”. Asimismo, remarcó que “acá hay una base normativa legal que ante una discriminación se le pone una tarifa, no para que cese, sino que se admite un despido arbitrario”.

Para ese momento, el presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, Bartolomé Abdala -que además es el presidente provisional del Senado-, le remarcó que se habían cumplido los 10 minutos. Daer le respondió que “soy el secretario general de la CGT, deme unos minutos más”.

Referido a los cambios que propone el texto en relación al empleo público, señaló que “rompe con los preceptos de la Constitución Nacional y mandan a las personas a cubrir cargos tercerizados por el Estado, y ese sector tercerizado termina siendo desplazado”.

Antes del cierre, expresó que también “se suprime la cuota de solidaridad del empleo público que no es un invento nuestro, es un invento anglosajón”. “En Estados Unidos e Inglaterra, países liberales, existe la cuota de solidaridad”.

Con relación al regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias se dirigió a los gobernadores y manifestó: “Tengan en cuenta que con una inflación del 100% en 6 meses va a alcanzar al doble de los trabajadores que se establece ahora”.

En el final cuestionó al RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), se manifestó en contra de todas las privatizaciones de empresas estatales y señaló: “Argentina tiene los mejores metales del mundo y van a venir a explotarlo porque los necesitan con o sin ley. Nada se habla de educación, salud y los sectores vulnerables. Solo de equilibrar las cuentas fiscales. Me parece que Argentina está para más”.

La palabra de Yasky

Por su parte, el secretario general de la CTA y diputado nacional de Unión por la Patria, Hugo Yasky, se sumó a la crítica de Daer contra Diputados y aclaró que “fue una anomalía porque estábamos citadas las dos CTA, y la CGT y antes de eso llevaron el tema a sesión”.

En segundo lugar, contextualizó: “Tenemos un 42% de caída en construcción, un 21% en industria, un 13 % por retracción del consumo en recaudación, 24%en salarios del sector privado y 13% en los del sector público”, y sumó que “tuvimos un desplome histórico del Salario Mínimo Vital y Móvil, un 24% de deterioro en la jubilación mínima y 37% en el resto”. También afirmó que la indigencia “está en 13,5 que más de lo que teníamos en la pandemia (12%)”.

Enumeró, también, los puntos que consideró como perjudiciales a los trabajadores dentro de la reforma: “En las empresas con menos de cinco trabajadores, que comprende a 650.000, pasarían de estar registrados a informales; favorece el despido sin causa; permite el despido discriminatorio; y no hay un solo artículo que respete el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

Además, sostuvo que “pasaríamos a ser el país con el periodo de prueba más dilatado del mundo”, con relación a la modificación que establece períodos de prueba superiores a los 6 meses; y consideró que “elimina la moratoria previsional y eso perjudica a 9 de cada 10 mujeres y a 3 de cada a 10 varones que se jubilan”.

“Vamos a un régimen absolutamente regresivo porque viola el principio de estabilidad laboral y se podrá despedir por actividad sindical”, siguió Yasky, quien agregó que “viola el 14 bis de la Constitución Nacional de proteger al trabajador con leyes en todas sus formas”.

También manifestó que la reforma “reduce la licencia por embarazo a 10 días antes del parto y rebaja el impuesto a los ricos y carga con impuestos a los trabajadores”.

Yasky indicó, a su vez, que “la modificación de Bienes Personales le significa una pérdida del PBI de 0,68% y la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias es 0.50%”. “Se pierde más con el impuesto a los ricos que con el impuesto a los trabajadores”, afirmó.

En el cierre, criticó las medidas que implementan el RIGI y el cambio en Bienes Personales: “Si el capital repatriado es antes de diciembre del 2025 la alícuota será de cero. Esto habilita la llegada de fondos del narcotráfico y la trata de personas. Esta ley le extiende la alfombre roja a los narcotraficantes”.

Agregó, también, que “vamos a ver como se llevan nuestras riquezas a cambio de nada”, y señaló que “se pone en riesgo a la industria local, dando rienda a la importación”. “Tenemos la oportunidad en el Senado de no entregar al país y a nuestros derechos”, concluyó Yasky.

Especialista en temas laborales, el primer embate de este jueves contra la reforma laboral en el plenario celebrado en el Senado lo llevó adelante el senador camporista Mariano Recalde, quien interrogó al secretario de Trabajo, Julio Cordero, detallando uno a uno cada uno de los artículos que incluye sobre el tema la ley de Bases. Y tras cuestionarlas con suma dureza, planteó que “estas normas no buscan seguridad jurídica, sino sometimiento. Y les aseguro que van a aumentar la litigiosidad, van a aumentar la inseguridad jurídica y generar mucho descontento social”.

Terminó advirtiendo que “no van a terminar con los derechos de los trabajadores con un DNU; no lo  hizo la dictadura tampoco con un decreto ley, y no lo van a hacer ahora tampoco con esta ley”.

A la hora de responder, el funcionario retribuyó primero el respeto que había planteado Recalde al principio de su intervención, a propósito del conocimiento mutuo que tenían, ubicados por supuesto en veredas opuestas. “Efectivamente yo parto de un lugar donde creo que él de muy buena fe intenta el bien para la Argentina, y yo desde donde estoy sentado, y el equipo con el cual estoy trabajando, buscamos lo mismo –dijo Codero-. Tenemos intereses comunes, más allá de que nos hemos encontrado sentados en defensa de intereses aparentemente contrapuestos, pero que en definitiva apuntan hacia el bien común”.

Según especificó Cordero, “lo que se busca desde el Estado con la presentación de estas normativas es la generación de empleo y seguridad jurídica”. En cuanto a la visión de la situación histórica, efectivamente consideró que “es cierto que en otras oportunidades se han intentado modificaciones  a las normas de trabajo, que no se han logrado y esta vez en un aspecto que han sido tamizadas por todo el debate previo que se ha tenido dentro y fuera del Congreso”.

“Quiero que sepan que estas multas que se están derogando están en esa Ley de Empleo: nacen en la ley que se critica y hoy cuando se intenta derogar, se protesta. Leyes que fueron evolucionando e involucionando a través del tiempo, llevando a lo que yo denomino un incentivo a la informalidad”, advirtió el secretario de Trabajo, para quien “uno puede construir un esquema normativo ideal que luego cuando contrasta con la realidad no se visualiza”.

Para Cordero, “si las normas no acompañan, si son riesgosas y crean un riesgo exagerado o imposible de ser controlado, esas normas impiden la contratación. Porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la naturaleza representa”.

Cordero sostuvo que los agravamientos indemnizatorios para la informalidad, lo que hacen es fomentar la informalidad, por cuanto al trabajador le conviene ser informal, para que cuando rompa su contrato de trabajo pueda cobrar más. “¿No lo entendiste?”, interactuó con Recalde, y ejemplificó: “Hoy ese trabajador informal cobra 3 veces la indemnización de un trabajador normal, con las normas como están hoy”.

El funcionario explicó que “el desvío jurisprudencial ha sido tal que hoy nadie quiere contratar a nadie. Por eso tal vez estamos mirando una Argentina distinta. Yo veo una Argentina de informalidad, y es la que ve también la OIT”.

Por otra parte también señaló que para exista relación de dependencia tienen que existir tres conceptos: la dependencia técnica, la dependencia económica y la dependencia jurídica. “Pero luego, cuando venimos acá nos olvidamos, porque la propia Corte tiene dicho que el trabajo autónomo existe y cuando se pone el trabajador independiente se deja perfectamente claro en el texto, sin nada que sea sospechoso, y si no lo fuera, entonces podrán ir a reclamar a una justicia seguramente más rápida”, aseguró, remarcando que “el trabajador autónomo es una figura que no solo receptan los organismos internacionales, sino que la propia Corte ha dicho que existe, y es una figura muy útil y sana para generar trabajo”.

“Lo que buscamos es que exista una Argentina regularizada -garantizó-. Que diga ‘soy autónomo’, y lo diga desde el principio, y no que permanezca en una situación irregular para después cobrar tres veces la indemnización. El trabajo es un derecho concreto de la persona que necesita fomentarse y no todo es relación de dependencia”.

Con relación al período de prueba, Cordero señaló que “hoy fruto de la falta de formación en la que nos encontramos muchas veces, a los tres meses todavía la persona no aprendió a funcionar, o no se adaptó a la realidad del contrato de trabajo en esa función específica. Entonces hoy lo que pasa es que no se le permite más tiempo para la prueba. Si hubiera 6 meses, tiene el elemento de que ambas partes pueden prolongar un período de conocimiento mutuo”.

Por último, señaló que la modificación de la indemnización “simplemente es una alternativa posible y elegida. No se modificó la ley de contrato de trabajo; sigue la indemnización, lo que sí sucede es que por convenio colectivo las partes pueden libremente buscar otro mecanismo. Uno que puede parecerse al de la industria de la construcción o no, pero lo hacen libremente”.

Julio Cordero concluyó repitiendo la misma pregunta que había hecho antes Mariano Recalde: ¿cómo se puede pensar que haciendo lo mismo se van a conseguir cosas distintas? “Es lo que pensamos hacer: no hacer lo mismo –respondió-. Algunos intentos de modificaciones en las normas no se produjeron… Esto es lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo, con un consenso que la sociedad de verdad está pidiendo a gritos”.

Con la presencia del secretario de Energía del Ministerio de Economía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el titular de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la cartera de Capital Humano, Julio Cordero, continuó este miércoles el debate en el plenario de comisiones de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En la reanudación de esta reunión de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, el primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien se refirió a la reforma laboral. Habló de la generación de empleo en la Argentina y la necesidad de “dar seguridad jurídica a los contratos, sean autónomos o de relación de dependencia”. Agregó que “nos mueve en este sentido la necesidad de entender que el derecho tiene que aplicarse en la realidad. El derecho es la cosa justa, que suceda en la realidad”.

Sostuvo que la que se ha puesto en debate es “una normativa de consenso”, y habló de “garantizar el derecho al trabajo”. Ello se garantiza, dijo, “en la seguridad de que alguien lo quiera contratar” al trabajador.

Luego fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, quien ya tuvo un paso muy activo por los plenarios de comisiones de la Cámara baja, cuando se trató allí dos veces la ley de Bases. El secretario de Energía explicó la situación en que se encontraba el sector a la hora de redactar la ley, pues de lo contrario “cuesta más entender porqué se trata en el capítulo de Energía cuestiones referidas a temas muy distintos”.

El funcionario explicó que en 2023, y en los últimos diez años, la balanza comercial energética daba una pérdida de 30 mil millones de dólares, un resultado que consideró no casual. “Desde hace dos décadas que se viene trabajando de un modo determinado”, dijo, aclarando que lo suyo no eran juicios de valor, sino que se basaba en datos.

“En ambos sectores, tanto en gas como en electricidad, teníamos un tema acuciante que era el tema de tarifas. Tuvimos que hacer una recomposición y una reasignación de subsidios. Pero en materia de electricidad, en generación encontramos situaciones muy particulares, donde los precios de generación de electricidad son muy elevados. Y que son contratos dolarizados elevados, celebrados en un momento donde el país tenía un riesgo país elevado, alta inflación y al durar muchos años los seguiremos pagando durante los próximos años, y es uno de los temas a revertir”, advirtió.

Rodríguez Chirillo sostuvo que “la generación que se encuentra instalada no funciona correctamente en su totalidad y se acerca mucho a la demanda máxima, que a veces crece de modo tal que hemos tenido que agotar en el verano todos los puntos de conexión para traer energía de todos los países vecinos”.

A esto se suma que la tarifa, en diciembre de 2023 solo cubría el 40% del costo total del servicio, aseguró. En ese sentido, agregó que “durante estas últimas dos décadas se ha decidido de una manera progresiva que el modelo que funcionaba anteriormente se dejaba de lado y se instalaba un modelo que funcionaba muy en tándem entre el Estado nacional y Camesa, donde se planificaban y ejecutaban todas las decisiones”.

En gas pasaba algo parecido, explicó. Con una ausencia de señales del mercado para alentar inversiones, en el que el Estado pretendió aumentar la producción a través de distintos tipos de contratos, dijo. “Con precios que en su momento quizá eran los que correspondían y hoy son precios muy altos y muy caros que tiene que pagar la demanda.

Adicionalmente importábamos gas de Bolivia a un precio más alto y adquiríamos barcos con gas natural licuado, y se vendía acá a un precio más barato”, señaló Rodríguez Chirillo, que puntualizó también que “los cuadros tarifarios tampoco reflejaban el precio del servicio y las inversiones estatales no llegaban a tiempo, eran costosas pero no llegaban a tiempo”. Puso el ejemplo del Gasoducto Néstor Kircher, que estimó “podría haber estado 4 años antes”.

El secretario de Energía habló de objetivos como priorizar la autosuficiencia económica y financiera del sistema. “Significa que la tarifa refleja el costo del servicio sin que el subsidio se involucre respecto de la tarifa –señaló-. La tarifa no refleja lo que la gente puede pagar, sino que tiene un costo determinado. Luego el subsidio va a estar en relación a la capacidad de pago que tiene la gente”.

El segundo objetivo es normalizar los mercados, contó. “En el caso del gas, se pasa de un modelo que deja el autoabastecimiento interno y la soberanía energética como principio general para la explotación del gas, para pasar a ser un país exportador”, sostuvo el funcionario, que habló entonces de la necesidad de modificar la Ley de Hidrocarburos, donde “se trata de aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos para explotar nuestras riquezas”. Al respecto recordó que “en 2050 no se va a explotar más ni petróleo ni gas, por tanto la ley (vigente), que es del año 60 y que ha funcionado durante muchos años, la hemos aggiornado a los momentos actuales para maximizar la renta, maximizando las condiciones a suministro interno”.

Explicó que el cambio sustancial es que “las empresas, los operadores, no tienen que pedir un permiso que le otorgue la Secretaría de Energía de una manera precaria, y se transforma en un derecho que tienen las empresas a poder exportar. Si generan un costo interno, se tienen que hacer cargo del mismo”.

Rodríguez Chirillo adelantó que en materia de electricidad, el ambio de modelo establece que las responsabilidades pasan a ser de la oferta y la demanda. “Camesa deja de hacer contratos con los generadores, quienes los harán con los distribuidores, que tienen la capacidad económica a través de la tarifa para pagar los contratos de los generadores”.

El tercero de los objetivos es cambiar el esquema de inversión pública por inversión privada, agregó. La propia Ley de Hidrocarburos lo permite, pero hay otros incentivos, como el RIGI, o la iniciativa privada para infraestructura u obra pública.

Con la nueva ley se propone modificar en favor de las provincias un mejoramiento en las regalías, que antes se pagaban en pesos fijos y ahora se pagan en relación con una cantidad de barriles, conforme esté el precio del barril, entonces la regalía sube.

Sobre el final de su exposición comentó que en el futuro los usuarios podrán elegir el tipo de distribuidor energético que los abastezca, lo que provocó la reacción del senador Carlos Linares, quien planteó que en el interior no hay oferentes, sino un solo proveedor. “Va a haber comercializadores que van a contratar a la red correspondiente, y habrá una empresa que hará un contrato con la gente”, respondió el funcionario.

“¿En la Patagonia va a haber competencia?”, planteó el senador chubutense de UP, a lo que Rodríguez Chirillo aclaró que hablaba de los grandes centros urbanos. Tampoco sucede eso con la telefonía, repuso Linares. “Estoy de acuerdo; estoy hablando de los grandes centros urbanos”, insistió el secretario.

Agregó el funcionario que “se establecerá que el generador comprará su propio combustible, no como desde 2013m que Camesa se encarga de eso, y se va a crear un mercado competitivo. También proponemos la unificación de los entes. Hace 30 años uno podía entender que la electricidad y el gas requerían distintas regulaciones. El tiempo y la experiencia internacional muestran que la energía se convirtió en un tema que está en la agenda del clima. Y la energía es electricidad y gas, no podemos seguir teniendo distintos entes par aun mismo tema”, concluyó.

La política nuclear

En su intervención, la senadora Anabel Fernández Sagasti arrancó dando su opinión respecto del plan del gobierno de Javier Milei. Tiene que ver con la flexibilización tributaria, laboral y ambiental. Lamentablemente no nos equivocamos y este es el camino que está tomando el Gobierno nacional”, señaló.

La senadora mendocina preguntó puntualmente por la política nuclear del Gobierno, e hizo un planteo sobre la interrupción de la construcción del reactor nuclear Carem. Rodríguez Chirillo anunció que se continuará con las centrales nucleares. Sobre el Carem, detalló que está construido en un 63% y que se planea su terminación para el año 2028.

El problema que tiene ese reactor, dijo el funcionario, es que el mismo requiere casi 200 millones de dólares anuales, y remarcó que “no es un monto menor”. “Todavía no está el modelo económico por el cual se pueda explotar el Carem”, observó, señalando que el Gobierno está buscando que haya un modelo económico donde haya un interesado.

“Va a tener que terminarse con un poco de fondos privados y públicos. Sin saber para qué se va a explotar, si se consiguen fondos privados y gente interesada en decir que ‘cuando se termine yo quiero un modelo para poder explotarlo’, perfecto”, concluyó.

Ante la consulta sobre si se busca privilegiar el abastecimiento interno o la exportación, Rodríguez Chirillo aclaró que “no hay una prioridad de la exportación sobre el abastecimiento interno. Lo importante es la balanza energética, que de positiva”. Agregó que “lo que se cambia como mecanismo ese que antes se había optado por el autoabastecimiento interno, pero no lo alcanzábamos tan fácil; tan es así que tuvimos que importar gas de Bolivia y traer barcos gasificadores”.

En otro pasaje, el secretario de Energía dijo que “no se está proponiendo volver a lo de (Carlos) Menem, me parece que el sector energético cambió muchísimo desde hace 30 años para acá. La transición energética a mí me parece un tema central; las energías renovables, el hidrógeno verde, hay un montón de temas que tenemos el reto como país para volver a desarrollar. Entonces, decir que esto es volver al modelo de Menem me parecería un error”.

En el arranque del debate de la ley de Bases en el Senado, y además en la previa del paro general, representantes sindicales de todos los sectores se reunieron este martes con senadores de Unión por la Patria y pidieron ser escuchados en las comisiones.

Según anticipó la jefa de Unidad Ciudadana -uno de los dos bloques del principal interbloque opositor-, Juliana Di Tullio, pedirán mediante una nota que se convoque al plenario a representantes de las centrales obreras y también de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para el próximo jueves está previsto un paro general de la CGT y una de las consignas es el rechazo a la ley de Bases que impulsa el Gobierno y que contiene un capítulo sobre reforma laboral.

Si bien Di Tullio no aclaró para qué día esperaban que se los invite a las comisiones, a la salida del encuentro con los senadores de UP, el líder cegetista Héctor Daer sostuvo que aguardaban asistir la próxima semana. Según los planes del oficialismo, la semana siguiente quieren ya dar la discusión en el recinto.

Al respecto, el presidente del interbloque UP, José Mayans, comentó que en el encuentro del que participaron representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y de distintas organizaciones sindicales se analizó “el tratamiento de la Ley Base y del Paquete Fiscal y cómo afectan al trabajo en la República Argentina y al sistema previsional”.

También, los sindicalistas expresaron preocupación por la reforma del impuesto a las Ganancias, que puede volver a impactar sobre una masa de trabajadores que se habían beneficiado con la eliminación del pago de la cuarta categoría. “Para nosotros el salario no es ganancia y no la vamos a acompañar, como ya ocurrió en diciembre pasado”, explicó el formoseño.

Además de Mayans y Di Tullio, de la reunión participaron la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, la senadora tucumana Sandra Mendoza; su comprovinciano Juan Manzur, el porteño Mariano Recalde, el bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro, el chaqueño Antonio Rodas, los santiagueños José Neder y Gerardo Montenegro, la rionegrina Silvina García Larraburu, el riojano Fernando Rejal, el sanjuanino Sergio Uñac y el neuquino Oscar Parrilli.

Por la CGT dijeron presente Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Cristian Jerónimo y Jorge Sola. En tanto, por la CTA de los Trabajadores hicieron lo propio Hugo Yasky, Rodrigo Borras y Edgardo Llano; y por la CTA-Autónoma Hugo Godoy, entre otros.

Los sindicalistas expresaron también su preocupación por la precarización laboral, que sostuvieron que se pretende presentar como modernización laboral, así como de la pérdida del poder adquisitivo del salario como consecuencia de la devaluación del 120 por ciento aplicada por el Gobierno al asumir y la inflación acumulada que alcanza al 90 por ciento desde diciembre pasado.

Otro elemento que genera intranquilidad en las filas sindicales es el aumento de la desocupación, como ocurre en gremios como la UOCRA como consecuencia de la paralización de la inversión y la obra pública en todo el país.

En el encuentro, los referentes de las tres centrales obreras se comprometieron a conversar con los dirigentes de las distintas organizaciones sindicales de las provincias para unificar el discurso y la acción frente a la embestida legislativa del Gobierno.

El Gobierno de Javier Milei sabe administrar las expectativas; la opinión pública, el manejo de las redes, las encuestas, son espacios donde se siente bien y expeditivo. Tiene los medios y la gente adecuada para llevar adelante esa tarea y mal no le va. Más bien lo contrario: es el área que mejor domina y donde mayores réditos saca. Sino el único.

La gestión, por el contrario, no es su área de confort. Una vez más lo demostró en la semana que pasó.

Dejó crecer un problema que tendría que haber encarrilado de entrada. Pero cuando se les plantea eso a los funcionarios libertarios, uno se encuentra con un frontón. Dicen que no por haber dado señales de cambio de discurso tras la gigantesca marcha del 23A, admitirán un error en el manejo de la crisis universitaria. O mejor dicho: que pueden haber errado en las formas, pero mantienen el espíritu crítico sobre el tema, fundamentalmente en los puntos de confrontación.

No van a ceder posiciones en cuanto a la necesidad de una auditoría en las universidades, a las que consideran cotos de caza de diversos espacios políticos -o “nichos de negocios”-. Por eso fue que a fines de febrero el Gobierno decidió suspender la apertura de las cinco universidades que acababa de crear el Congreso, durante la gestión anterior: Madres de Plaza de Mayo; Pilar, Delta, Río Tercero y Ezeiza. El tema merece un comentario descriptivo.

Originalmente eran ocho las universidades que promovía el gobierno anterior, motorizadas por Sergio Massa, entonces presidente de la Cámara baja y muy interesado en particular en la del Delta. La oposición obturaba la aprobación de las mismas desde el año 2022. El Frente de Todos especulaba con la grieta que abría en JxC el hecho de que dos de las universidades fueran promovidas por Evolución Radical, vía Emiliano Yacobitti. Las de Río Tercero y Saladillo, esta última especialmente promovida por el hoy vice rector de la UBA. Uno de los argumentos de Juntos por el Cambio para cuestionar la creación de más universidades siempre fue que la mayoría se instalan en el Conurbano. Esta tanda no era la excepción: de las 8, 3 estaban en el Conurbano (Delta, Pilar y Ezeiza) y una en CABA (Madres de Plaza de Mayo). Dos en el interior bonaerense (Cuenca del Salado y Saladillo) y dos en el interior del país (Río Tercero y Paraná). Finalmente negociaron en la Cámara baja avanzar con la mitad de las universidades, y habilitaron el tratamiento de Delta, Pilar, Ezeiza y Río Tercero, pero sobre la marcha el FdT agregó la de Madres. Las cinco se convirtieron en ley. Las tres restantes solo tuvieron una media sanción que perderá estado parlamentario. Para darles la razón a los cuestionamientos geográficos, 4 de esas 5 nuevas universidades estarían en el AMBA.

La aprobación de la Universidad Nacional de Ezeiza, en septiembre del año pasado.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, Milei se refirió directamente al tema al afirmar que “la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”. Agregó en ese mismo párrafo el otro flanco de confrontación que tiene para con ese espacio: “En los profesorados de institutos de formación docente proliferan currícula educativa de izquierda abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país donde lo que más se necesita es más capitalismo y libertad”, aseguró.

Pero claramente no supo imaginar lo que inexorablemente terminaría enfrentando, demostrando que esta es una gestión carente de tacto y pericia. Debieron haber previsto lo que se les venía. En medio de la marcha, renunció el número 2 de Sandra Pettovello en Capital Humano, Maximiliano Keczeli, que argumentó “un pico de estrés” para irse de vuelta a la actividad privada. Entre otras áreas, tenía a su cargo la asistencia a las universidades públicas. Igual, los rectores y representantes universitarios no se quejaban de Keczeli, sino de Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias en el Ministerio de Capital Humano, al que acusan de destratarlos. Para esta nueva etapa ha sido corrido de las negociaciones.

Con Keczeli se fue su segundo, Marcelo Hita. Suman 22 las bajas en este gobierno en 4 meses y medio. Ese récord no fue citado por el presidente en su discurso por cadena nacional del lunes pasado. Un mensaje lleno de números y autoelogios, que la mayoría no alcanzó a entender y muchos consideraron innecesario. Hubiese estado más justificado un anuncio del ministro de Economía nomás, pero el presidente prefirió rodearlo de épica en el prime time. Para opacar tal vez el anuncio de la marcha del día siguiente. No alcanzó.

La marcha fue sin lugar a dudas histórica. Más allá de que el acto de cierre fue sin dudas fallido. Le sobraron todos los discursos menos el de la titular de la FUA, que originalmente iba a ser el único. Los demás le dieron un tono partidario que semejante demostración no merecía, comenzando por el discurso de la titular de Madres línea Fundadora, Taty Almeida, quien 20 segundos después de aclarar que ese era “un acto político, pero no partidario”, se puso la camiseta kirchnerista para afirmar que “perdimos una elección, pero no nos han vencido”. A continuación, habló Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, que el día anterior había firmado junto a una cantidad de figuras alineadas con el kirchnerismo un pedido de juicio político al presidente Milei. Taty Almeida también lo firmó.

Semejante cierre le dio excusas al presidente y las huestes libertarias en las redes para insistir con el carácter político del acto, pero todos en el Gobierno terminaron haciendo acuse de recibo del mensaje. Quedó claro que ese fue un conflicto que dejaron crecer y debieron solucionar del mejor modo un mes antes. Por eso cambiaron el discurso para aclarar que nunca habían hablado de cerrar las universidades.

Igual, al presidente no se le puede pedir moderación. Cerró el día de la marcha con una sentencia poco feliz en las redes: “Lágrimas de zurdos”. No le fue en zaga su presentación en la Fundación Libertad, al día siguiente, donde tuvo singular aceptación, al punto de eclipsar a todos los expresidentes presentes, pero se fue a la banquina ensayando imitaciones burlonas de economistas denostados por él, más propias del standapero que le gusta parecer que el presidente que debe ser.

El presidente hizo una suerte de stand up en la Fundación Libertad.

Fue allí donde lanzó una sentencia que causó escozor en el Congreso, en vísperas del debate decisivo de los proyectos del Ejecutivo en las comisiones: “Hagan lo que quieran con la ley Bases”. En rigor, la de Milei no era una “recomendación” para la actualidad, sino que estaba recordando el fracaso de febrero, cuando así y todo llegaron al déficit cero. Pero todos lo tomaron como si fuera una sugerencia actual, a sabiendas de que ese debe ser el pensamiento fiel del presidente. Que no salió al cruce, como hubiera hecho de pensar lo contrario.

Como sea, al día siguiente el oficialismo y los bloques dialoguistas que lo acompañan en esta empresa se alzaron con los dictámenes de mayoría y llegarán a este lunes con la convicción de tener los votos suficientes para aprobar ambas leyes en el transcurso del día martes, o en la madrugada del 1° de Mayo, a más tardar.

Semejante certeza tiene que ver con el hecho de que esta vez saldrá la media sanción. A diferencia de lo sucedido en el mes de febrero, se llega a la sesión con el “poroteo” hecho. Se sabe que la aprobación en general está asegurada, con un número parecido a los 144 votos afirmativos del 2 de febrero pasado. Pero para la votación en particular, que es donde la sesión del 6 de febrero se desbarrancó, se negoció artículo por artículo y se supone que ya está todo calculado.

El plenario en Diputados, con nuevo presidente: Santiago Santurio.

Con una cuota de pragmatismo, el Gobierno accedió a pedidos de la oposición, como el del radicalismo de sumar la reforma laboral a la ley de Bases, y luego al reclamo de Miguel Pichetto de bajar buena parte de esos artículos. Pruebas al tanto: la parte correspondiente a la reforma laboral tenía 60 artículos, y quedaron solo 17. El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal fue clave en ese sentido, como en 2017, cuando se encargó de bajarle la persiana a la reforma laboral que impulsaba el Gobierno de Mauricio Macri. La posición del entonces jefe de la principal oposición en el Senado era la de que, como peronistas, debían contar con la aprobación de la CGT, que en principio estaba, pero luego se diluyó por la intervención de Pablo Moyano.

Esta vez Pichetto actuó convencido de que una pelea con la central sindical era el peor negocio que podía hacer el oficialismo en la recta final del tratamiento de estas leyes. Y el Gobierno aceptó la sugerencia.

Todo sea porque Milei pueda celebrar antes de mayo la media media sanción tan ansiada. Todavía le restará en ese caso el escollo del Senado, donde el rechazo cuenta con los 33 votos seguros de Unión por la Patria. El oficialismo deberá lograr que no puedan sumar cuatro más. A priori, hay señales de que el Gobierno podrá celebrar, incluso antes del 25 de mayo, la fecha límite que había puesto el presidente.

Pasado ese trance, habiendo conseguido en ese caso el Gobierno su primera ley, será momento de barajar y dar de nuevo. Porque los bloques dialoguistas se darán por cumplidos y hasta el Pro reverá sus pasos futuros, ya no tan alineado con La Libertad Avanza.

Bandejas con tazas de café y más café ingresaron durante toda la jornada de este miércoles al despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde las negociaciones por la ley de Bases entre el oficialismo y los bloques dialoguistas parecieron empantanarse, pero al final del día se destrabaron y se acordó ir al plenario de comisiones este jueves para dictaminar. 

A las 11.30 está previsto que en la Comisión de Legislación General asuma como presidente el libertario Santiago Santurio, quien reemplazará al cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza tras el desplazamiento de Oscar Zago. Cuarenta y cinco minutos más tarde arrancará el plenario de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para tratar la ley de Bases. Mientras que a las 16 será el turno de Presupuesto por el paquete fiscal. 

Numerosas expresiones en minoría se sucedían dentro del recinto, en la sesión caída que había pedido Unión por la Patria, cuando Martín Menem abandonó el estrado y se encargó de encabezar en su oficina las conversaciones entre funcionarios y diputados por el proyecto que ambiciona hace tiempo el Gobierno y que fracasó en febrero pasado. 

El diálogo entre las partes, que días atrás se dio en Casa Rosada, se trasladó esta semana ya al Congreso, donde se analizó la letra chica de la renovada ley ómnibus. Este miércoles, hubo trabas por la reforma laboral que la UCR propuso incorporar y por el capítulo de impuestos internos al tabaco. 

La inclusión de unos 60 artículos sobre “modernización” del trabajo no contó con la anuencia de otro bloque dialoguista, el que lidera Miguel Pichetto. Fue el experimentado legislador quien salió a quejarse este miércoles por la mañana de que se hayan sumado cuestiones que “no estuvieron en el diálogo” con el Ejecutivo e incluso apuntó contra el secretario de Trabajo, Julio Cordero. 

Durante la tarde, desde la UCR llegaron a advertir: “No va a salir la ley de Bases si no está la reforma laboral. Es un compromiso que el Gobierno asumió con nosotros desde el primer minuto”. “Nosotros sabemos que si lo sacan (del proyecto), el tema no sale más”, agregó un diputado del espacio. 

Además de los gobernadores -preocupados más por la cuestión fiscal-, quienes dijeron que “si la reforma laboral es un obstáculo, que se trate más tarde”, hubo también diputados de la oposición “friendly” que sugirieron al oficialismo no avanzar con tantos cambios porque “no pasa en el Senado”. 

Sí desde Hacemos Coalición Federal, el bloque de Pichetto, estaban a favor de tres puntos de la reforma laboral: la eliminación de multas por trabajo en negro, la extensión a ocho meses del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral. Son cambios en los que había coincidencia con el Pro y la UCR. 

Tras horas de negociaciones, desde el Gobierno acercaron una contrapropuesta a los jefes de bloques, que la analizarán en sus respectivas reuniones antes del plenario. Contendría los temas en los que todos estarían de acuerdo. 

Al culminar la cumbre en el despacho de Menem, pasadas las 19 de este miércoles, desde la UCR le bajaron el tono al asunto: “El radicalismo está para dictaminar, no está entorpeciendo”. La misma fuente afirmó que “en general” este sector estaría a favor de la nueva redacción de reforma laboral, tema que desde ese bloque se pujó por sumar al proyecto. 

Otro de los puntos que este miércoles generó tensión en las conversaciones fue el del porcentaje de impuestos internos al tabaco, algo que se pronostica no tendrá acuerdo total, sino más bien disidencias. Mientras la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal (donde salteños y misioneros están especialmente plantados en el tema) irán con una propuesta, el Pro y el oficialismo tendrán otra. 

El día anterior, el diálogo había avanzado de manera más fluida, al cerrarse cuestiones relacionadas a la reforma administrativa, fondos fiduciarios, la eliminación de un artículo que otorgaba amplias facultades al Ejecutivo, la creación de una prestación previsional proporcional a los años de aporte -ante la eliminación de la moratoria jubilatoria- y cambios en el capítulo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sobre este último punto, la oposición más dura alertará por el informe del GAFI a la UIF sobre cómo este nuevo régimen podría favorecer al lavado de dinero. 

Con una jornada repleta de encuentros, la Comisión de Legislación del Trabajo, a cargo del radical Martín Tetaz, comenzó este miércoles el debate de la reforma laboral -que acompañará a la ley Bases en el recinto la semana que viene- y tuvo a varios expositores.

La reunión debió pasar a un cuarto intermedio pocos minutos antes de las 11, debido a que se lleva a cabo la sesión especial solicitada por Unión por la Patria para debatir el incremento de las partidas presupuestarias a universidades, la recuperación de la vigencia del FONID y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Se acordó retomar el encuentro el próximo viernes a las 10.

Al comenzar, a través de la Secretaría Parlamentaria se completó la nómina de integrantes de la comisión con la confirmación de Alida Ferreyra (LLA – CABA), quien al final, cuestionaría el pase a un cuarto intermedio. Así las cosas, Legislación del Trabajo quedó compuesta por 31 diputados nacionales.

Iniciado el debate, los diputados Alejandro Vilca (PTS – Jujuy) y Hugo Yasky (UP – Buenos Aires) le reclamaron al presidente Tetaz qué se discutan los demás proyectos y no solo el del radicalismo. A esto, se sumó el cuestionamiento de la jefa de bancada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman: “¿Cuál es la razón por la que se discute su proyecto y no el resto?”, expuso.

Rápidamente, el radical a cargo de la Comisión de Legislación del Trabajo contestó: “Les pido que acerquen una orden de prioridades y serán escuchados”. Asimismo, se refirió al tratamiento en el recinto estipulados para el 29 y 30 de abril: “No tengo noticias ni escuche planteos que su proyecto sea tratado en la sesión de la semana que viene”.

No obstante, la diputada nacional Vanesa Siley (UP – Buenos Aires) cuestionó varios, por no decir todos, de los componentes de esta reunión: “En la convocatoria no hay número de expediente”, cargó contra Tetaz en primera instancia.

Luego, fue más allá: “Usted no es un recién llegado a la cámara para cometer estos errores”. “Ni la ciudadanía ni los invitados saben qué proyecto se trata y usted pone ‘reforma laboral’ y damos por supuesto como si fuera un programa de televisión”, aseveró.

En tal sentido, amplió: “Hay que citar con 48 horas de antelación y anunciar qué proyectos de ley se van a abordar porque si no hay claridad no sabemos qué proyecto se está debatiendo”. Desde UP acusaron que “el desorden lo arma el propio Poder Ejecutivo porque manda reforma por túneles”.

Las exposiciones

Culminados los cuestionamientos, los expositores comenzaron sus intervenciones. En primer lugar, fue el turno de Gastón Utrera, quien planteó: “Un sistema indemnizatorio en la Argentina genera dos contraposiciones porque el tiempo aumenta el monto y en sentido contrario se reduce la antigüedad por retiro de trabajadores”.

Además, sumó que “la empresa acumula pasivos contingentes y es necesario eliminar las indemnizaciones agravadas”. Agregó, también, que “hay que retomar el planteo de reducir contribuciones patronales y proponer incentivos fiscales en el empleo informal”.

En segunda instancia, Martín Juárez Ferrer acompañó lo propuesto por el anterior expositor y añadió: “el régimen de indemnizaciones agravadas ha promovido la litigación. Creemos que debe suprimirse completamente”.

También, señaló que “el empleo en negro debe ser combatido y no puede ser corregido con indemnizaciones entre privados”. “Queremos lograr el pleno empleo, perfectamente registrado”, manifestó. Consultado por la relación entre el trabajador no registrado y la renta no declarada, respondió que “está vinculado con el dinero en negro”.

Por su parte, Pablo Devoto indicó que “pasaron 50 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue un hito revolucionario”, y agregó: “Apoyamos las propuestas de modificación de legislación laboral sobre todo en el contrato de trabajo”, con relación a que el período de prueba pasa de tres a seis meses.

A la hora de la reunión, la diputada opositora Julia Strada reclamó que “van tres expositores y no tenemos un solo dato (numérico)”. En esa línea, remarcó: “Les pido que aporten información concreta”.

A todo esto, el empresario pyme Juan Méndez (logística) sumó que “la extensión del período generaría mayor adaptación porque venimos de una generación que no conoce el trabajo por vivir del asistencialismo del Estado”, y criticó a la actividad sindical: “No es un derecho bloquear una empresa”.

El abogado Jorge Samuelián (asesor de pymes) señaló que “debe ser sancionado el pecado del empleador que toma a trabajadores en negro”, y coincidió que “no debe haber mantenimiento de las indemnizaciones agravadas”.

Del mismo modo, planteó que “el trabajador y la empresa no deben ser enemigos, van juntos y se necesitan”. También, advirtió que “hace 12 años que no crece el trabajo privado y sin seguridad jurídica es imposible crecer”.

Explicó, en ese sentido, que “la seguridad jurídica es darle, a las dos partes, previsibilidad de costos”. Por otro lado, consignó que “cuando un empleador toma personal en negro, está robando al Estado”.

Para terminar, Samuelián se opuso a la reforma del Fondo de Cese: “No lo veo factible porque el DNU lo toma como un tope y da números muy altos por la inflación”. “Querer cambiar un sistema por el otro, me haría chocar con la misma piedra y es imposible aplicarlo a los seis millones de trabajadores en blanco y los más de ocho millones en negro”, culminó.

En ese momento, las autoridades de la comisión (presidente y vicepresidente Sergio Pallazzo) anunciaron el pase a un cuarto intermedio debido a que se estaba por llevar a cabo la sesión especial y confirmaron retomar el encuentro este viernes 26 de abril a las 10.

Concluyeron las intensas negociaciones en la Cámara de Diputados en torno a los proyectos de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que el oficialismo se propone debatir en el recinto el lunes 29 y martes 30 de abril.

Finalmente el oficialismo y los bloques dialoguistas llegaron a acuerdos con respecto a los dos proyectos, que quedaron listos para llevar a las comisiones para emitir sendos dictámenes.

La idea original era convocar al plenario para retomar el debate sobre la ley de Bases este miércoles, para dictaminar ese mismo día; en tanto que harían lo mismo con el paquete fiscal al día siguiente.

Sin embargo la negociación fina sobre los artículos se extendió más de la cuenta y al caer la tarde se acordó dejar el debate en comisión de la ley de Bases para el jueves, el mismo día que tratarían también el paquete fiscal. Eso sí: se mantuvo la idea de que este miércoles a partir de las 9 se realice una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo para analizar la reforma laboral, tal cual se preveía.

Así las cosas, en la mañana del jueves se debatirá el proyecto de Bases y al mediodía el paquete fiscal.

La ley de Bases

El proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos llega a la comisión para conseguir su dictamen con 346 artículos.

Según pudo saber parlamentario.com, en la reforma administrativa se ha agregado un listado de organismos que se excluyen de la facultad de disolver (artículo 3°) o intervenir (artículo 6°).

Se establece una modificación en el artículo 5° (fondos fiduciarios) para preservar la integridad de la masa coparticipable (recursos con asignación específica).

Se elimina el ya famoso exartículo 70 (últimamente consignado como 143, antes 71, y previamente 13), que implicaba una amplísima e indeterminada facultad delegada.

Se crea la Prestación Previsional proporcional para quienes tienen aportes parciales (toma la idea del dictamen de Juntos por el Cambio de cuando se trató la moratoria previsional).

Se modifican algunas disposiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre ellas limitaciones para la posibilidad del VPU de modificar el plan de inversión, y se quita la alícuota 0% de dividendos (ahora pagan 7% los primeros 7 años y luego 3.5%).

Asimismo se incorpora al proyecto Bases la reforma laboral.

Medidas Fiscales

En el paquete fiscal -que quedó con 112 artículos- se amplía el beneficio por buen contribuyente en el impuesto sobre los bienes personales; se pasa de anual a semestral la actualización del mínimo no imponible del impuesto a los ingresos personales, y por este año 2024 se hace una actualización extraordinaria trimestral en el mes de octubre

En cuanto al monotributo, habrá actualización semestral por IPC; también se revén los montos de alquileres y pueden volver los excluidos 2024, una modificación conseguida a instancias de la diputada del Pro Germana Figueroa Casas.

Siguen las febriles negociaciones en la Cámara de Diputados por los proyectos de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que el oficialismo se propone debatir en el recinto el lunes 29 y martes 30 de abril. En ese marco, se van postergando las metas autoimpuestas por los protagonistas de las negociaciones -oficialistas y bloques dialoguistas-, pero persiste la convicción de que se llegará con los tiempos.

En efecto, la idea original era convocar al plenario para retomar el debate sobre la ley de Bases este miércoles, para dictaminar ese mismo día; en tanto que harían lo mismo con el paquete fiscal al día siguiente.

Para eso, se tenía que llegar a buen puerto con las negociaciones que siguen a pie firme, cosa que no ha sucedido, por lo que lo que se preveía hacer este miércoles, quedó para el día siguiente. No todo: este miércoles a partir de las 9 se realizará una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo para analizar la reforma laboral, tal cual se preveía.

Así las cosas, en la mañana del jueves se debatirá el proyecto de Bases y al mediodía el paquete fiscal.

Esto no significa que estén “trabados” en la negociación, según aclararon a este medio fuentes que participan de las tratativas. “Simplemente no hemos terminado”, precisaron. La discusión gira en torno a detalles de la reforma laboral.

En ese sentido se precisó que el paquete fiscal está “bastante cerrado”. La actualización del mínimo no imponible para Ganancias sería este año trimestral. Esto es, se haría en el mes de septiembre.

En cuanto a la ley de Bases, la oposición logró incluir un listado de exclusiones de organismos a disolver o intervenir, lo cual los ha dejado bastante satisfechos.

El famoso artículo 70, que ahora era el 143, aquel , que faculta al Ejecutivo a intervenir en el mercado, finalmente será eliminado.

En cuanto a los beneficiarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los beneficiarios vuelven a pagar dividendos. Los primeros 7 años, será un 7%, y luego 3,5%.

Según pudo saberse, en cuanto a la moratoria, se creará una Prestación Previsional Proporcional por aportes parciales.

En cuanto al monotributo, habrá actualización semestral por IPC; también se revén los montos de alquileres y pueden volver los excluidos 2024, una modificación conseguida a instancias de la diputada del Pro Germana Figueroa Casas.

Respecto de la reforma laboral, subsiste la discusión por la obligatoriedad del aporte sindical.

Una vez confirmado que las modificaciones a la legislación laboral impulsadas desde el radicalismo se sumarán al proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se dispuso este martes la convocatoria a una reunión de comisión para comenzar el debate del tema en la Cámara baja.

Así, tal cual había adelantado parlamentario.com el fin de semana, este miércoles por la mañana habrá una reunión informativa, con representantes de asociaciones, entidades sindicales y empresarias, que expondrán en el marco del análisis y consideración de la reforma laboral.

La novedad es que será en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical Martín Tetaz, lo que implica que la misma se sumará al plenario que tratará el proyecto de ley de Bases.

Completado este trámite informativo, si hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición dialoguista respecto de los temas más ríspidos que quedan para analizar y se garantiza así que el proyecto cuente con los votos suficientes cuando llegue al recinto, se convocará para la misma tarde del miércoles al plenario de comisiones que emitiría entonces dictamen de la ley de Bases.

Para el día siguiente quedará el análisis en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce José Luis Espert del paquete fiscal, llamado Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Las dos leyes que buscará aprobar el oficialismo entre el lunes y martes venidero.

Para el crecimiento económico genuino “se necesita que el Congreso nos acompañe en las reformas estructurales, con la ley de Bases”, expresó este lunes el presidente Javier Milei en su discurso por cadena nacional, dejando claro una vez más su interés por la aprobación de esa norma que, una vez más, reprochó que no le hubiera avalado el Congreso en el primer intento. En rigor, el mandatario se quejó de ser el primer presidente al que no le aprueban ninguna ley en los primeros cuatro meses de gestión.

El oficialismo intentará revertir esa situación en los próximos días, y por eso esta semana es clave. Algo (o mucho) debe haber tenido que ver la presencia de la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Palacio Legislativo este lunes, en el despacho del presidente de Diputados, Martín Menem, sin que trascendieran detalles de lo allí conversado. Pero está claro que el debate en sí y las concesiones que está dispuesto a hacer el Gobierno habrán estado presentes en ese diálogo.

Si no es que la conversación giró en torno a la disputa por la Comisión de Juicio Político, donde El Jefe fue clave, por su rechazo a la presencia allí de la ya dada de alta Marcela Pagano. Ese tema sigue pendiente.

Mientras tanto, las negociaciones intensificadas los dos últimos días de la semana pasada, se reanudaron este lunes. Por el despacho de Menem no solo pasó Karina Milei, sino también representantes de las principales bancadas dialoguistas, que llegaron hasta allí para conocer las decisiones tomadas por el oficialismo con respecto a los reclamos formulados desde la oposición.

Según pudo saber parlamentario.com, algunas de las devoluciones que se encontraron fueron “satisfactorias”, otras no tanto. “Pero estamos conversando y acercándonos para dictaminar el miércoles”, confió a este medio una fuente de la oposición amigable dando un dato que no por ya citado deja de ser sumamente importante. La idea firme de oficialistas y opositores que participan de estas negociaciones es la de dejar listo más temprano que tarde los proyectos para sesionar lunes y martes de la semana que viene.

Un dato importante, pues es una de las modificaciones más sustanciales de la nueva ley de Bases: está en el texto la reforma laboral. Sobre el texto que llegará al recinto, los radicales -sus autores- insistirán con eliminar las contribuciones obligatorias para garantizar la libertad sindical. Sobre ese punto una fuente radical consultada aseguró que habrá una restricción sobre los aportes a los sindicatos para proteger en particular a los no afiliados.

No es todo lo que en el partido centenario quisieran, pero algo habrá. Lo están discutiendo.

Las negociaciones continúan, por lo que nada puede considerarse definitivo hasta que finalmente se conozca el dictamen.

Un miércoles muy intenso

Un vistazo a la agenda de Diputados de este miércoles permite vislumbrar un día plagado de actividad. Seis son las reuniones de comisiones previstas para ese día, en el que además la oposición más dura pidió una sesión especial a partir de las 10, para tratar 27 proyectos de ley relacionados con la crisis universitaria, la restitución del FONID y la situación de los jubilados.

Más allá de la importancia y el interés que entre los diputados puede despertar este temario, nada indica que pueda llegar a tener quórum esa sesión, que en ese caso se realizará en minoría. Habrá legisladores de Hacemos Coalición Federal que participen de la misma, como los socialistas, Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota. En cuanto a los radicales, el conjunto del bloque no participaría. Si bien hay proyectos de la UCR sobre financiamiento universitario, el tema previsional y el FONID, una mayoría piensa en el bloque que hay “mejores estrategias políticas” para ir logrando resultados que una sesión especial junto al kirchnerismo.

Todavía no ha sido convocado, pero el plenario para tratar el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se iniciará promediando la tarde. Y, como se dijo, tiene que haber dictamen ese mismo día.

El día siguiente será el turno del paquete fiscal. Debería dictaminarse también ese mismo día. Quedaría así todo listo para la sesión especial del 29 y 30 de abril, en la que el oficialismo aspira a ofrendarle a su jefe el primer éxito legislativo.

Mientras la cuestión del aumento de las dietas del Senado concentraba toda la atención de la política y el Congreso se convertía en un hervidero, por los ecos de la breve sesión en la que se registró esa votación que tanto dio y dará que hablar, las máximas autoridades del oficialismo se reunían con los popes dialoguistas de Diputados para diagramar los pasos futuros de las leyes que más le interesan al Gobierno nacional.

Justo el día en el que comenzó el debate del paquete fiscal -complemento de la ley de Bases-, se realizó en la tarde de este jueves una reunión en Presidencia del Senado para establecer una hoja de ruta posible para el debate que concentra todo el interés y que ya quedó trunco en el verano.

Luego de la reunión informativa en la que comenzó a analizarse el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, a partir del martes que viene se dará inicio al debate en las comisiones, para llegar al dictamen. En esa comisión se discutirá el proyecto de ley para dar dictamen en el transcurso de la semana, en tanto que paralelamente se reanudarán el plenario que analizará el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Confirmado, serán las mismas tres comisiones que trabajaron en el verano: Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, para emitir un nuevo dictamen para llevar al recinto.

En esa discusión estará incorporada la reforma laboral, que incluirá solo tres puntos: cese, período de prueba y multas. En principio se sumará como artículos a la ley de Bases, según confió a parlamentario.com una fuente consultada este jueves. Pero no se descarta tampoco la posibilidad de que vaya como proyecto paralelo. Veamos cuáles son los puntos que se llevarían al recinto:

Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.

Mecanismos sustitutivos de indemnización: Establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.

Período de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.

¿Cuándo se iría al recinto? Según pudo saberse de fuentes legislativas, la semana siguiente: lunes 29 y martes 30 de abril. Para las fuentes consultadas, “dos días son suficientes” para el debate y se estaría terminando el debate en la madrugada del 1° de mayo.

El tema del tabaco entrará en el dictamen, según confiaron también las fuentes.

A diferencia del debate en el verano, esta vez la votación no será artículo por artículo, sino por capítulo. Si recordamos la manera como se estrelló el proyecto de ley de Bases el 6 de febrero pasado, en el marco de una intrincada discusión de incisos, esta será una buena manera de “curarse en salud”.

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) defendió la propuesta del radicalismo en función del proyecto de ley con la reforma laboral que le acercaron al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y afirmó que “es imperiosa” la modificación en la legislación del trabajo.

En esa línea, explicó por Radio Si 911.FM que los temas centrales son “la reducción de la carga fiscal, sobre todo a nuevos emprendimientos que tengan cinco trabajadores, y a que termine la industria del juicio”. “No se tocan las indemnizaciones, siguen vigentes según la Ley de Contrato de trabajo”, remarcó.

También, se refirió al fondo de desempleo, y remarcó que “lo hacemos optativo, con acuerdo de partes y convenio colectivo”.

El jueves pasado el AMBA tuvo un paro de transporte general y la cordobesa lo catalogó como “una locura que afecta derechos esenciales”. Además, se refirió al tema educativo: “Establecemos la esencialidad de la actividad con una gradualidad de los conflictos en caso de huelgas y paros, sin perjudicar ni poner en riesgo el derecho a la educación”.

Por otro lado, opinó de la labor en el Congreso y relató que “están todos con mucha predisposición en el radicalismo” frente al tratamiento de la nueva Ley de Bases y el DNU “porque el consenso es diferente al de la ley anterior”.

Sin embargo, habló de lo que ocurrió en la reunión de Comisión de Juicio Político y señaló que fue “una desprolijidad propia de gente que no tiene experiencia y que no está conforme con las formas que tiene el Gobierno”.

“Perdimos cuatro meses cuando hay una amplia mayoría que quiere ayudarlos y no lo dejaron. Estamos viendo indicadores económicos positivos, pero detrás de eso hay una recesión tremenda”, cerró.

Un día después de que las autoridades nacionales recibieran la visita de una delegación de la CGT, y casi al mismo tiempo en que la central obrera anunciara la realización de un nuevo paro nacional, el próximo 9 de mayo, un grupo de legisladores nacionales del radicalismo fue recibido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para entregarle su proyecto de reforma laboral.

Así lo habían acordado la semana pasada durante una reunión que mantuvieron con Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, ocasión en la cual se resolvió que ellos se encargaran de redactar los artículos que pudieran sumarse a la ley de Bases que comenzará a debatirse la próxima semana.

Vale recordar que la reforma laboral propuesta por el Gobierno se incluyó en el decreto 70/23, y fue una de las partes frenadas en la justicia. Precisamente para que eso no sucediera, la UCR le propuso en su momento al oficialismo transformar ese mega decreto en varios proyectos de ley “espejo”. Así, la senadora Carolina Losada presentó un proyecto ene se sentido en la Cámara alta, y Martín Tetaz hizo lo propio en Diputados. Ahora van exclusivamente por la cuestión laboral.

Similitudes y diferencias con el mega DNU

De la reunión con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, participaron los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos y, Pamela Verasay. También estuvieron presentes el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

En declaraciones formuladas al periodismo a la salida, el jefe del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo, señaló que a juicio del partido centenario, de todas las reformas previstas, la más  importante que necesita el país es la laboral. “Y que además se diseñó mal y estaba trunca” en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, planteó. Por eso recordó que “insistimos desde el minuto uno en que era la oportunidad este nuevo tratamiento de la ley Bases que se incorpore el texto en la misma”.

“Nos pusimos a trabajar en el radicalismo de manera común, los dos bloques, y consensuamos una reforma que tiene sus semejanzas en las previstas en el DNU, pero también sus diferencias”, señaló el diputado cordobés, que entre las cuestiones coincidentes con el decreto que frenó la justicia señaló la ratificación de “una eliminación de las principales multas del empleo que encarecen y generan una gran litigiosidad; se ratifica una idea de la esencialidad de determinadas actividades, un equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho de determinadas prestaciones de servicios”.

También “se ratifica esta idea de poner límites a un avance gremial por sobre los derechos autónomos individuales de los trabajadores”, agregó el legislador cordobés, dejando claro que básicamente se ratifica buena parte del DNU.

Sobre las diferencias con el decreto emitido el pasado 20 de diciembre, De Loredo señaló que una de las centrales es que “creamos algo que sustituiría casi en forma analógica la idea de los cinco colaboradores que preveía el DNU”. Y ejemplificó: “Vos tenías cinco colaboradores que un comercio podía tener y que no iban a ser considerados como empleados independientes. Nosotros en esos casos creemos que hasta cinco empleados que tengan como piso mínimo un salario mínimo, vital y móvil, se le exime al empleador de pagar los aportes patronales. Entonces lo que procuramos con esto es bajar la litigiosidad, bajar carga, pero incentivar blanqueo”.

“Si vos me preguntás la diferencia conceptual para con la reforma en el DNU, que se repite en gran medida en nuestra propuesta, es que nosotros entendemos que se queda a mitad de camino con la incentivación de blanqueo. Por eso es que nosotros, si bien eliminamos casi la mitad de las multas, proponemos que exista una multa, que es la doble indemnización por trabajo en negro, eliminando todas las demás”, explicó el jefe del bloque de diputados radicales. Así las cosas, señaló que “cae mucho la carga indemnizatoria de las multas, pero una tiene que subsistir para que haya un incentivo de blanquear al personal”.

“Otra de las cosas que ratificamos es el sistema de seguro de desempleo que tiene un régimen como el de la UOCRA, pero ratificamos que sea por gremio, por actividad y forma voluntaria”, añadió.

Con relación al aporte sindical, aclaró De Loredo que ratificaron la idea de que sea voluntario, no obligatorio. “Sé que la CGT insiste con eso, bueno, nosotros insistimos que se tiene que quitar esa obligatoriedad”.

Y con relación a las esencialidades, también se hace un aporte desde el radicalismo de gradualizar la prestación necesaria de la oferta educativa. De Loredo lo explicó así: “Que si hay un paro docente, las primeras 24 horas tienen que estar el 100% de las escuelas y los comedores escolares abiertos; pero la presencia de la oferta educativa va aumentando como obligatoria, dependiendo de la prolongación del paro”.

Con relación a la cuota solidaria, ante la resistencia de la CGT, se le preguntó si se podría sacar ese artículo, para que avance el resto de la reforma. “No va a ser por voluntad nuestra, si eso sucede”, respondió.

Detalles principales de la reforma

1. Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Proponer la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.
2. Libertad sindical: Eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical.
3. Educación como servicio estratégico esencial: Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
4. Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.
5. Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
6. Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
7. Registro laboral: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.
8. Período de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.

Convencidos de que la Argentina necesita “cambios profundos para dejar atrás la decadencia y el estancamiento que margina a gran parte de la sociedad desde hace décadas”, el bloque de senadores radicales presentó un proyecto de reforma laboral.

La iniciativa, según anticipan, busca proteger a los trabajadores, al mismo tiempo que procura brindar herramientas a quienes emprenden para que puedan invertir y contratar más.

El proyecto modifica los tres institutos centrales del derecho laboral que más condicionan la actualidad del empleo, con la finalidad de armonizar las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores, principalmente del sector PyMEs.

“El sistema vigente fracasó -sostienen-. Hoy casi la mitad de los puestos de empleo se ciñen a la informalidad: argentinos en una situación precaria, sin estabilidad, sin aportes jubilatorios, ni cobertura médica”.

El bloque que conduce el correntino Eduardo Vischi estima que “el sector privado, principalmente las PyMes, contrata menos de lo que podría a causa de un sistema desequilibrado, donde un juicio laboral podría obligarlos a cerrar sus empresas para siempre. La ecuación es simple: menos empresas es igual a menos trabajo”.

Por eso es que con este proyecto buscan corregir esas “distorsiones” y “armonizar las necesidades de ambas partes”. Para lograrlo, el bloque UCR trabaja sobre tres ejes: un Fondo de Cese Laboral, para aliviar las cargas que afrontan las PyMes frente a la litigiosidad y la conflictividad laboral; la modificación de las multas de la Ley 24.013, reduciéndolas y haciendo énfasis en la obligatoriedad del pago de los aportes a la seguridad social del trabajador, que actualmente no son exigidas por AFIP; y la extensión del período de prueba a seis meses, equiparando nuestra legislación con la de Brasil, bajo una perspectiva de competitividad regional.

El Fondo de Cese Laboral propuesto por los radicales plantea que el empleador paga un seguro mensual del 12% del salario durante el primer año y luego del 8%. El fondo será administrado por ANSeS, que tendrá la obligación de preservar el capital invertido.

Esta iniciativa se suma a otras de similar tenor elevadas desde el bloque radical y expresan, sostienen, “el compromiso que asumimos de trabajar en la modernización de la legislación laboral, para hacerla sustentable, potenciar al sector privado y cambiar así un aspecto de la realidad que no dio ni da respuestas a millones de argentinos”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que hay consenso entre el oficialismo y un sector de la oposición para avanzar con una reforma laboral, aunque insistió que la misma “va de la mano” de una reforma previsional. 

“Las reformas laborales siempre han tenido un consenso mayoritario. Todos los sectores están de acuerdo en que la reforma laboral tiene que darse”, sostuvo este martes en su habitual conferencia de prensa. 

En ese sentido, enumeró que frente a “salarios miserables”, la no generación de empleo “hace 11 o 12 años”, la no generación de empresas y un 45% de informalidad laboral, “no hay mucho para explicar que las leyes y el esquema laboral argentino no están funcionando”. 

“Esto lo entienden parte de los empresarios, parte de los sindicatos, parte de la política y por supuesto nosotros”, continuó. 

Adorni sumó que “los pormenores se debatirán, como siempre en pos de tratar de reformar de la mejor manera posible y apuntando a tener una reforma integral del esquema laboral que pueda acompañar una reforma integral del sistema previsional, que van de la mano”. 

El tema fue uno de los ejes del encuentro que diputados del Pro, aliados de La Libertad Avanza, mantuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, durante una segunda reunión de consulta antes del envío de la nueva ley de Bases. Allí surgió la posibilidad de incluir cambios laborales en el proyecto, algunos de los que estaban contemplados en la parte del DNU 70/23 que la Justicia suspendió. 

Días atrás, la bancada que conduce Cristian Ritondo presentó distintas iniciativas que replican algunas de esas modificaciones. Una de ellas apunta a ampliar el período de prueba de tres a ocho meses y, si se decide dar continuidad a la relación laboral, el empleador tendrá el beneficio de la reducción de cargas sociales vinculadas al componente de seguridad social.

La segunda iniciativa intenta simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido para su realización. Además, elimina las multas por falta de registro laboral.

En tanto, un tercer proyecto busca establecer que el ejercicio del derecho de huelga no afecte el normal desarrollo de las actividades de una sociedad. 

En la intensa jornada de este miércoles en Diputados, se conformó la Comisión de Legislación del Trabajo bajo la presidencia del radical Lisandro Nieri (Mendoza) y será clave para llevar a cabo el tratamiento de la reforma laboral que propone el Poder Ejecutivo, un tema que es reclamado por la oposición dialoguista y que se encontraba en el mega DNU 70/23, cuyo capítulo fue anulado por la Cámara Nacional del Trabajo.

Desde el Anexo "C", la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, propuso a Nieri al frente de la comisión y destacó que es economista de la Universidad Nacional de Cuyo, que ocupó cargos oficiales representando a su provincia tales como ministro de Hacienda de Mendoza entre el 2017-2018 y entre 2018-2019 se desempeñó como ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia en Mendoza.

“Creemos todo el bloque que es muy merecido el lugar para el diputado. Nos honra y sabemos que va a traer debates estratégicos, democráticos y, por sobre todo, va a generar los cambios profundos que la sociedad argentina necesita en materia laboral”, argumentó.

En tanto, por el bloque Unión por la Patria la diputada Vanesa Siley comunicó que harán reserva de lo nombres para los cargos de vicepresidente y secretaria. La Libertad Avanza, en nombre de su titular Oscar Zago, también dejó reservado el nombre de la secretaría segunda, al igual que Hacemos Coalición Federal por la secretaría tercera.

La vicepresidencia segunda fue para el diputado del Pro Sergio Capozzi (Rio Negro), quien fue definido por su espacio como abogado de “sobrada” experiencia en la materia, que cuenta con especializaciones y cursos en la Universidad Austral y de Buenos Aires.

Tras ser elegido, Capozzi agradeció la postulación y expresó entre risas y de forma breve: “Espero no defraudarlos. Algunos que están acá vamos a compartir aviones. Gracias por la confianza”.

Al tomar la palabra, Nieri celebró la constitución de la comisión “sumamente importante que tiene un montón de desafíos pendientes reconociendo las dificultades que tiene el trabajo, la altísima informalidad, la altísima contingencia con la que se enfrentan nuestras PyMEs nos obliga y compromete a una agenda bastante extensa en la comisión”.

Así, propuso que las reuniones sean los días miércoles a las 10 y eventualmente los días de sesión llevar a cabo el encuentro previamente.

Si bien ya lo había expresado en el marco de la última reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que él integra, el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot reiteró su pensamiento respecto al DNU 70/23 que la Cámara alta acaba de rechazar. Adelantó que no va a rechazarlo, pero sugirió una alternativa para fortalecer las medidas que el mismo establece, dándole fuerza de ley.

“No voy a rechazar el DNU”, aclaró el legislador que integra el bloque que conduce Miguel Pichetto, pero trascartón dejó clara su propuesta: “Debemos aprobarlo por ley”.

Massot puntualizó que a su juicio el decreto “fue una herramienta equivocada para reformas tan relevantes, pero aclaró que “no podemos interrumpir la vigencia de algunas medidas importantes que volverían a afectar la vida diaria de la gente”.

Reiteró entonces lo que hace tiempo sostiene: “Creo que la solución es tratar legislativamente de manera inmediata los contenidos del decreto y entonces reemplazarlo por ley antes que derogarlo. Así, entre otras cosas, podremos dejar firme por ley la reforma laboral, que constituye el corazón del decreto y urge para la expansión del empleo entre industriales y emprendedores”.

Es justamente lo que dijo en su exposición durante la última reunión de la Bicameral de DNU, donde admitió que le cuesta mucho aceptar ese decreto de necesidad y urgencia, advirtiendo que “rechazarlo también es un problema, porque afecta la continuidad de muchas medidas que por haberse implementado en un DNU ya son efectivas”.

Massot agregó que “rechazar esto sin reemplazarlo antes por una ley implicaría por ejemplo dar una señal absolutamente contradictoria en una cuestión que estuvimos cinco años para intentar mejorar y fuimos incapaces, como la Ley de Alquileres”.

“Aclaro una cosa: la situación actual me parece que dista muchísimo de ser la definitiva y ser la ideal, pero lo anterior era malo a las claras”, remarcó entonces, agregando que a su juicio “es absolutamente relevante que en la Cámara de Diputados nos aboquemos al tratamiento por ley de muchos de los contenidos de esto”.

El diputado de HCF reiteró que está a favor de la mayoría del DNU. “Creo que este DNU es muy relevante para la vida diaria de los argentinos”, dijo, y puso como ejemplo la reforma laboral: “Es el único elemento expansivo en la economía que este Gobierno ha propuesto. Reformas puntuales, específicas, para la vida diaria de las PyMES, de los emprendedores y de las empresas para que de una vez por todas podamos soltar la fuerza laboral argentina formal”. Y se preguntó: “¿Alguien en su sano juicio cree que va a modificar el comportamiento de alguna PyME, algún emprendedor, o alguna empresa, una reforma cuasi judicializada? No hay ningún tipo de posibilidad de que esa reforma sea efectiva, y sin embargo es una reforma importante. Esa reforma requiere una ley”.

“No me vengan a decir que no hay cuestiones para perfeccionar la norma; acabo de decir que estoy de acuerdo con una gran cantidad de los atributos de la reforma laboral. Me parece muy bien que redeterminemos multas y multiplicadores; que le pongamos una cota a los honorarios de los abogados; que redeterminemos los intereses, todo aquello que infla la industria del juicio y las indemnizaciones multimillonarias que hacen quebrar a nuestras empresas. ¿Pero derogar a cero las multas por trabajo informal? La pucha, hay que animarse…”.

Así las cosas, desde el entorno del diputado Massot precisaron el deseo de que se trate el contenido del DNU por ley y recordaron que en la Cámara baja el diputado Martín Tetaz presentó una ley espejo, que podría ser la alternativa. O bien, aportaron que se podrían incluir los puntos relevantes del DNU, como la reforma laboral, en la ley ómnibus.

De tal manera, en caso de acceder el Gobierno a explorar esa alternativa, eso no sucedería obviamente en la Bicameral de Trámite Legislativo, sino que seguiría los carriles normales de cualquier ley.

Una propuesta similar a la que sugirieron también el viernes desde la conducción del bloque radical.

Un grupo de diputados del Pro, con su presidente Cristian Ritondo a la cabeza, presentó tres proyectos de ley para modernizar la legislación laboral vigente, y que van en sintonía con el contenido del DNU 70/2023 que fue suspendido por la Justicia en enero pasado.

Las iniciativas buscan ampliar el período de prueba, incentivar la registración brindando beneficios en las cargas sociales, simplificar la burocracia para la registración de empleados y declarar servicios esenciales a las áreas clave para asegurar la prestación de los mismos, frente a huelgas y reclamos sindicales "que interrumpen el normal funcionamiento de la vida en sociedad", resaltaron.

“Modernizar las leyes laborales es fundamental si queremos salir de la pobreza. El modelo del kirchnerismo está agotado. Un modelo de estado céntrico, hiper regulador, que demostró fracasar rotundamente en generar riqueza, trabajo y una mejor calidad de vida para los argentinos”, sostuvo Ritondo.

El jefe del bloque aliado del oficialismo agregó que “el mundo cambió hace rato, competimos en un mercado global que nos exige ser mucho más productivos y, sin embargo, seguimos con regulaciones laborales pensadas para el siglo pasado, que no contemplan los nuevos tipos de relaciones de trabajo ni las nuevas tecnologías”.

El primer proyecto apunta a ampliar el período de prueba de tres a ocho meses y, si se decide dar continuidad a la relación laboral, el empleador tendrá el beneficio de la reducción de cargas sociales vinculadas al componente de seguridad social.

La segunda iniciativa intenta simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido para su realización. Además, elimina las multas por falta de registro laboral, buscando reducir el costo laboral excesivo y se habilita la denuncia electrónica de falta de registro laboral ante la autoridad de aplicación. El objetivo es reducir la informalidad laboral y mejorar el acceso al empleo para sectores marginados de la población, al tiempo que se busca hacer más previsible el costo laboral para los empleadores.

El tercer proyecto solicita establecer que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar el normal desarrollo de las actividades de una sociedad. "El ciudadano no puede verse afectado en la demanda de servicios de seguridad, de transporte, de salud y educación a partir de acciones gremiales que alteren el funcionamiento esencial de esos servicios", aseguraron. En este sentido, se establecen guardias mínimas del 75% para el desarrollo de esas actividades.

“Es urgente un cambio si queremos que dar empleo en Argentina no sea una condena para nuestras PyMEs y empresas, sino la manera que estas tienen para generar más riqueza y desarrollo para nuestra Nación. El empleo formal registrado no crece desde el año 2011 y las medidas adoptadas hasta el momento no han podido revertir el problema de la informalidad”, argumentó Ritondo.

Los tres proyectos encabezados por Ritondo fueron acompañados por Alejandro Finocchiaro, Héctor Stefani, Sabrina Ajmechet, Martín Maquieyra, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, María Florencia De Sensi, Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Ana Clara Romero, Silvana Giudici, Sergio Capozzi, Germana Figueroa Casas, José Núñez, Sofía Brambilla, Martín Ardohain, Karina Bachey, Gabriela Besana, Damián Arabia y María Sotolano, entre otros.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la situación que atraviesa Rosario por el narcoterrorismo y cuestionó la Ley de Seguridad Interior porque “impide que las Fuerzas Federales actúen más allá”. Por otro lado, afirmó que están discutiendo el nuevo proyecto de Ganancias y no dio fecha del envío de la reforma laboral.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, al portavoz le consultaron si el proyecto de Ganancias iba a ir separado de la nueva Ley Bases: “No está definido, es una discusión que se está dando con los gobernadores. Por supuesto que cuando haya alguna determinación lo vamos a comunicar”.

Por otro lado, se refirió a la ola de violencia y crímenes que azota la ciudad de Rosario y cuestionó: “Las leyes impiden que las fuerzas federales actúen más allá de cuestione de logística, de comunicación, las limitaciones que ya se saben que impone la Ley de Seguridad Interior”, y destacó: “Estamos trabajando junto al gobernador de Santa Fe -Maximiliano Pullaro- en avanzar en todo lo que haga falta para poder terminar con este flagelo que Rosario es el caso más emblemático, pero es un tema que afecta al país”.

En otro tramo de la conferencia, habló de la reforma laboral: “La reforma laboral es una obviedad que detrás de una reforma previsional debe imperiosamente existir una reforma laboral porque en el sistema de repartos tenes, de un lado a los que aportan, y del otro lado a los que cobran gracias a los aportes de los activos”.

“Van a estar de la mano, lo que no quita que haya reformas en el esquema laboral previos que hagan a la urgencia de determinadas cuestiones”, aseguró y sumó: “La reforma laboral integral debe estar por supuesto atada a la previsional, es algo que tenemos bien en claro, todo lo que se haga sin esos dos pilares son parches. No tenemos la fecha y entendemos que la reforma laboral hay un consenso bastante generalizado de que la cuestión laboral tiene que modificarse”.

De vuelta en un estudio de televisión, pues las entrevistas que había dado desde que asumió fueron con periodistas invitados a Casa Rosada, el presidente Javier Milei sostuvo este lunes que "está claro que la reforma del sistema previsional no es independiente de la reforma del mercado laboral".

Al ser consultado en LN+ por Antonio Laje sobre cuál es la fórmula de movilidad que planea el Ejecutivo, el mandatario señaló que "cualquier solución de cualquier tema que quieras enfrentar, tiene que respetar el déficit cero".

En ese sentido, amplió: "Si se hace una fórmula que genera déficit fiscal hay varios problemas. Te endeudas y le cargas el costo del ajuste a todas las generaciones futuras. Si lo financio con emisión monetaria le cargo todo a la gente. Si lo hago con más impuestos, la economía no crece".

Por eso, insistió que "la reforma previsional no puede estar escindida de la reforma laboral, porque hoy tenes 6 millones de personas en el mercado formal, privado, y tenes 8 millones afuera. Algo no funciona. Después están los empleados públicos y los monotributristes...".

Con críticas a las moratorias otorgadas durante los gobiernos kirchneristas, Milei expresó que "si a los delirios populistas de la 'Reina Polenta' (en referencia a Cristina Kirchner) de duplicar jubilaciones metiendo gente sin aporte, le ponemos regulaciones laborales, tenemos una relación beneficiario-aportante que es un delirio".

El presidente consideró que "en la transición (hacia otra fórmula) hay parches", que son en realidad los bonos, "los que te están diciendo que la fórmula es tan mala".

"Necesitas una fórmula que no violente el déficit cero y de modo tal que, cuando le des un recurso, sea genuino", insistió, al tiempo que apuntó que con un blanqueo laboral "duplicaríamos la cantidad de aportantes al sistema".

Aumento de las dietas de legisladores

A raíz de la polémica del fin de semana sobre el 48% de aumento a su salario y el de sus funcionarios, que este lunes quedó formalmente anulado, Milei anunció en vivo que echó al ministro de Trabajo, Omar Yasín.

Pero también se refirió al incremento del 30% en las dietas de los legisladores, que pidió retrotraer. "Antes cuando se subían las dietas quedaban expuestos, hoy muchísimo más con la penetración y velocidad de la información, quedan escrachadísimos", expresó.

El jefe de Estado criticó que "se crearon mecanismos para que se disparen automáticamente (los aumentos) sin tener que levantar la manito. Estas cosas están escondidas, y salvo que seas un experto de toda esta maraña no te das cuenta y la verdad que nosotros somos outsiders".

"Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) dijeron 'bueno, es aumento para la gente de la planta', dieron el auemento y después se encuentran con que lo que implicaba", dijo Milei, quien junto a la vicepresidenta fue durante dos años diputado nacional.

En el mundo empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y los productores, se ha intensificado un debate crucial: la necesidad de una reforma laboral y sindical. Este tema ha cobrado relevancia debido a su potencial para generar más empleo formal y desbloquear obstáculos que actualmente limitan el desarrollo económico. Es indiscutible que la presión ejercida por los sindicatos, así como los bloqueos en el sector del transporte, han contribuido a una atmósfera que desincentiva la inversión privada y obstaculiza la creación de empleo.

En primer lugar, es importante reconocer que la generación de empleo formal es una prioridad indiscutible para cualquier economía en crecimiento. Las pymes y los productores, siendo motores fundamentales de la economía, requieren un entorno propicio que fomente la contratación de personal de manera formal. Sin embargo, las rigideces laborales impuestas por la legislación actual y la influencia desmedida de los sindicatos han obstaculizado este objetivo.

La presión ejercida por los sindicatos, si bien es legítima en muchos aspectos, también ha alcanzado niveles que amenazan la estabilidad económica. Los bloqueos y paros impulsados por ciertos sectores sindicales, como el sindicato de transportistas, no solo afectan la productividad y la fluidez de la cadena de suministro, sino que también generan un clima de incertidumbre para las empresas y los inversores.

En el sector del transporte, por ejemplo, los bloqueos pueden tener consecuencias desastrosas para las empresas y los consumidores. Los retrasos en la entrega de productos, la pérdida de contratos y la erosión de la confianza en el mercado son solo algunas de las ramificaciones negativas de estas acciones. Es fundamental que se establezcan mecanismos que protejan los derechos laborales sin comprometer la operatividad y la competitividad de las empresas.

Un aspecto particularmente preocupante es la connivencia entre algunas empresas "dadoras de cargas" y los sindicatos, que imponen la afiliación sindical como requisito para acceder a ciertos contratos de transporte. Esta práctica, aunque no sea ilegal, distorsiona el mercado y limita la libertad de elección de los transportistas independientes. La imposición de esta condición, en lugar de promover la competencia justa, genera un entorno poco transparente que perjudica a los actores más vulnerables de la cadena de valor.

Es evidente que se necesita una reforma integral que aborde estas problemáticas de manera efectiva y equitativa. La reforma laboral y sindical no solo debe contemplar la flexibilización de ciertos aspectos para fomentar la contratación y la formalización del empleo, sino también garantizar la protección de los derechos laborales y la libre competencia en todos los sectores.

Es fundamental que los empresarios, los sindicatos y el gobierno trabajen de manera colaborativa para encontrar soluciones que promuevan un entorno laboral justo y dinámico. La reforma no debe ser percibida como una amenaza a los derechos de los trabajadores, sino como una oportunidad para modernizar las relaciones laborales y adaptarlas a las realidades económicas y sociales del siglo XXI.

Además, es crucial que la reforma se base en un diálogo inclusivo y en el respeto mutuo entre todas las partes involucradas. La polarización y la confrontación solo obstaculizan el progreso y perpetúan un statu quo insostenible.

En conclusión, la reforma laboral y sindical es un imperativo para promover el desarrollo económico y social en el país. La generación de empleo formal y la protección de los derechos laborales deben ser objetivos prioritarios que guíen este proceso de transformación. Es hora de dejar de lado las diferencias y trabajar juntos hacia un futuro laboral más justo, equitativo y próspero para todos.

Delia Raquel Flores es empresaria logística, especialista en Comercio Exterior y Mercosur.

La Cámara Nacional del Trabajo resolvió abrir la feria judicial de enero para abordar el amparo presentado por la CGT contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, buscando determinar su constitucionalidad. Este movimiento judicial surge en el contexto de una apelación presentada por la central obrera contra la decisión inicial del juez José Ignacio Ramonet, quien previamente había rechazado el pedido argumentando que el decreto no estaba en vigencia en el momento de la presentación.

La sala, compuesta por los jueces María Dora González y José Alejandro Sudera, ha decidido admitir la solicitud de habilitación de feria. En consecuencia, se remitirá el caso para que el fiscal ante la Cámara emita su dictamen, y luego se procederá a la resolución del asunto.

Esta no es la única presentación en curso contra el DNU, ya que existen múltiples casos que se tramitan en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, el cual fue el receptor de la primera presentación. En este sentido, el Gobierno nacional ha instado a través de la Procuración del Tesoro a unificar todos los recursos de amparo en este juzgado.

Otro frente judicial se abre con un planteo presentado por el Gobierno de La Rioja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aunque la Corte ha habilitado su tratamiento, se espera que la resolución ocurra después de la feria de enero. Previamente, el expediente fue remitido a la Procuración General de la Nación para su dictamen, si bien esta opinión no es vinculante en el proceso judicial.

El senador nacional Mariano Recalde (FNyP – CABA) presentó este miércoles una serie de proyectos de ley para reformar e "introducir mejoras en el mundo laboral”, y se destaca la reducción de la jornada de trabajo, entre varios puntos más.

Transcurrido el Día Internacional de los Trabajadores, el senador kirchnerista propone una reducción de la jornada de trabajo de 48 a 36 horas semanales, con el objetivo de fomentar la semana laboral de cuatro días.

En ese sentido, sostuvo que disminuir la jornada de trabajo “incrementa la productividad, disminuye costos empresarios y accidentes, y permite una mejor distribución del empleo, así como de la conciliación entre la vida personal y laboral”.

Del mismo modo, Recalde buscará que se unifique toda la normativa laboral en un Código del Trabajo, y así “lograr un orden sistémico y evitar aplicaciones contradictorias". Recalde recordó, además, que es "un mandato constitucional incumplido y una deuda pendiente del Congreso hace más de 60 años”.

Por otra parte, Recalde detalló una licencia especial para personas menstruantes “como respuesta a una demanda de distintos colectivos feministas y profesionales de la salud”.

En relación a los juicios laborales, el senador consideró la importancia de "ampliar los juzgados y salas" para disminuir las demoras y lograr una justicia ágil, eficiente y resolutiva. En tal sentido, comparó que en la mayoría de los países de Latinoamérica los procesos judiciales duran un año o menos, mientras que en nuestro país la duración promedia los dos años y medio, extendiéndose incluso hasta los cuatro años y medio.

Por último, Recalde sostuvo que “es necesario hacer reformas laborales que contemplen los cambios sociales y tecnológicos que experimentamos”, y aclaró que “estas modificaciones deben servir para ampliar derechos, promover el empleo registrado y proteger la salud integral de los trabajadores”.

El diputado bonaerense y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (Frente de Todos), presentó este jueves un proyecto de declaración que señala la inconstitucionalidad de la iniciativa presentada por el senador porteño Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) que intenta suprimir la indemnización por despidos y reemplazarla por un “Fondo de Cese Laboral”.

En el proyecto, que recibió el acompañamiento de varios legisladores, muchos de ellos de extracción sindical, se plantea explícitamente que la Comisión no deberá dar “curso favorable a ninguna propuesta legislativa que lesione, contraríe o menoscabe en modo alguno derechos sociales fundamentales, o sus garantías, ni que contradiga de cualquier modo el mandato vinculante que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone al Poder Legislativo, dirigido a otorgar al trabajo ‘la protección de las leyes’ y, especialmente, asegurar ‘al trabajador (…) protección contra el despido arbitrario’”.

En sus fundamentos, Yasky asegura que ninguno de los sistemas en que se inspira este Fondo, “es compatible con la Constitución argentina”. Se refiere concretamente a las legislaciones de Austria y Brasil aludidos en el proyecto en ciernes. Y agrega que “dictado de una ley como la que se ha sometido a tratamiento parlamentario en el Senado confronta en la dimensión teleológica con la misión que el artículo 75, inciso 19, de nuestra Carta Fundamental encomienda al Congreso, que es la de “Proveer lo conducente al desarrollo humano (y) al progreso económico con justicia social”.

Por otra parte, la iniciativa de los diputados del Frente de Todos, observa que el proyecto de Lousteau tiene también graves falencias legislativas ya que “se postula que el porcentaje del aporte destinado a nutrir el fondo varíe según el criterio del poder de turno, lo cual, por otra parte, resultaría generador de incertidumbre para las empresas y más aún para trabajadoras y trabajadores, que vendría a agregarse a la inseguridad en términos de inestabilidad en el empleo derivada de la desaparición del factor disuasivo del despido que representaría la derogación de la indemnización que actualmente prevé la Ley de Contrato de Trabajo”.

La presentación del Secretario General de la CTA, fue acompañada con las firmas de las diputadas y los diputados Claudia Ormachea, Walter Correa, Santiago Igon, Pablo Carro, Patricia Mounier, Gisela Marziotta, María Rosa Martinez, Mónica Macha y Lía Caliva.

El diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá reaccionó este jueves contra las declaraciones críticas de Mario Pergolini sobre la Ley de Teletrabajo aprobada recientemente por el Congreso de la Nación.

“Mario Pergolini nos trata de tarados, hijos de puta e imbéciles, porque el señor se enojó porque cuando da trabajo ‘2,3  dias por teletrabajo; no es una dependencia’”, señaló el diputado.

En ese sentido, comparó al conductor con las empresas Globo, Rappi, “y todo la precarización al laburante”, y concluyó: “la excusa es que le saca ganas de dar empleo”.

Rodríguez Saá acompañó su definición con una frase expresada por Pergolini en su momento, en la que afirmaba que “hacer una reforma laboral no es avasallar derechos”. Frase en la que el diputado del Frente de Todos tacho el “no”.