El máximo tribunal rechazó intervenir de manera directa en el expediente por la Ley de Modernización Laboral al considerar que no se daban las condiciones excepcionales. El planteo oficial fue declarado inadmisible y la discusión continuará en otras instancias judiciales.
La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno nacional para que el tribunal asumiera en forma inmediata el tratamiento judicial de la reforma laboral. Con la decisión, el conflicto por la validez de varios artículos de la Ley de Modernización Laboral seguirá su curso en los tribunales inferiores, sin que la Corte se pronunciara sobre el fondo de la cuestión.
El planteo había sido impulsado por la Procuración del Tesoro con el objetivo de que el máximo tribunal acelerara una definición sobre la constitucionalidad de la norma y dejara sin efecto las medidas cautelares que suspendieron parte de su aplicación, entre ellas una promovida por la CGT. El Ejecutivo argumentó que existía gravedad institucional y urgencia, requisitos centrales para habilitar el mecanismo del per saltum.
Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti concluyeron que el caso no reunía las condiciones excepcionales previstas en la ley y declararon inadmisible la presentación. En una resolución breve, la Corte se limitó a rechazar el recurso sin ingresar en el análisis de la reforma laboral.
La trama judicial
El pedido del Gobierno había sido presentado el 16 de abril, luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63 suspendiera la aplicación de 83 artículos de la ley. Esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia de la norma, un dato que en el ámbito judicial fue señalado como un factor que volvía “inoficioso” el per saltum en esta etapa del proceso.
En su presentación, la Procuración sostuvo que el juez laboral que dictó la cautelar era incompetente, cuestionó la existencia de un caso judicial válido y negó la legitimación colectiva de la CGT para impulsar la acción. También reclamó que se suspendieran los efectos de la sentencia hasta que la Corte resolviera en forma definitiva.
Más allá del rechazo del máximo tribunal, el expediente continuará tramitándose en el fuero contencioso administrativo federal. En ese sentido, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó recientemente que el juez laboral Raúl Horacio Ojeda remita las actuaciones y dejó establecido que la discusión sobre la competencia del caso ya quedó saldada.
La decisión de la Corte significó un nuevo revés judicial para el Gobierno en su intento de consolidar la vigencia plena de la reforma laboral sancionada en sesiones extraordinarias, aunque el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la norma todavía permanece abierto en los tribunales inferiores.
La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Se prevé una rebaja en las contribuciones patronales para los empleadores que contraten nuevos trabajadores.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta que busca reducir la presión fiscal sobre las empresas para estimular la creación de puestos de trabajo.
En ese sentido, el régimen prevé una rebaja en las contribuciones patronales por cada trabajador nuevo que los empleadores incorporen al sistema formal. El beneficio regirá durante los primeros 48 meses desde el alta de cada relación laboral.
La reglamentación del RIFL, previsto en el Título XX de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, se formalizó mediante el decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La puesta en marcha de este capítulo ocurre tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que levantó la medida cautelar que mantenía suspendida la Reforma Laboral.
De esta manera, el Ejecutivo avanzó con la implementación de beneficios para las relaciones laborales que se inicien y registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1ro. de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
El régimen está diseñado para alcanzar a cuatro grupos específicos de trabajadores: personas que carecían de un empleo formal al 10 de diciembre de 2025, ciudadanos que hayan permanecido en situación de desempleo durante el semestre previo a su contratación, exmonotributistas que no hayan trabajado en relación de dependencia en el ámbito privado en los últimos seis meses, y trabajadores cuyo último empleo registrado haya sido en cualquier nivel del sector público (nacional, provincial o municipal).
La normativa aclara que las nuevas incorporaciones bajo este sistema no podrán exceder el 80% de la plantilla total del empleador. Asimismo, se advierte que el incumplimiento de las condiciones obligará a la empresa a abonar las contribuciones adeudadas junto con las sanciones e intereses pertinentes, bajo la supervisión y control sistémico de ARCA.
Desde la entidad expresaron preocupación por la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que revocó la cautelar que dejaba inactivos a 82 artículos. También solicitaron la nulidad del fallo porque “la resolución carece de todo fundamento”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes a los dos jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que la semana pasada rechazaron y dejaron sin efecto una cautelar contra la Ley de Reforma Laboral, y pidió la “nulidad absoluta” de ese fallo que repuso los 82 artículos que estaban suspendidos y no descartan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
La CGT, a través de una presentación de su abogado Pablo Topet, sostuvo que los jueces de la Sala, Víctor Pesino y María Dora González, “prejuzgaron” al dictar el fallo y pidieron la nulidad de la sentencia: “La resolución que se recurre carece de todo fundamento”.
Pesino y González dictaron el jueves pasado un fallo en el que volvieron a poner en vigencia la ley de reforma laboral que estaba suspendida por una medida cautelar. La causa llegó a la Cámara y que el tribunal le quitó a la apelación el efecto suspensivo, por lo que los artículos volvieron a tener vigencia. La cautelar sigue vigente y es lo que deberá resolver el tribunal.
Al día siguiente del fallo, el gobierno envió al Senado un pedido para que Pesino continúe como juez cinco años más ya que cumple 75, la edad máxima que permite la Constitución Nacional. La decisión generó críticas y puso la bajo la lupa el accionar del juez y del gobierno.
Por ese motivo, desde le entidad gremial recusaron a Pesino por “la inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva”, en relación con un pedido del Gobierno al Consejo de la Magistratura para que siga en el cargo más allá de los 75 años, medida que fue publicada en el Boletín Oficial.
“No menos descalificable es el proceder del Estado Nacional”, apuntaron desde la CGT que recordó que el Gobierno nacional aprobó en el Congreso la transferencia del fuero laboral y allí se estableció que no iba a enviar al Senado nuevos nombramientos de jueces de ese fuero.
Al respecto, expresa el texto legal que “esta inconsecuencia, no es un desvarío de la autoridad, ni una razón sin fundamento, es la razón desprovista de moral, es asociar beneficios mutuos, mientras la sociedad (que abrigaba expectativas de imparcialidad) asiste, sin mediaciones, a la demolición de la división de poderes y la credibilidad en el Estado de Derecho”.
Para la CGT una contraprestación semejante entre un juez y el Estado constituye “un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”. Además, cuestionaron a ambos jueces porque “han omitido fundar la decisión de manera razonable, distinto hubiera sido que indicasen que artículos consideraban debían ser ´aplicados´ y cuales ´cautelarmente convalidar que eran inaplicables´. Omisión y prejuzgamiento, confluyen en la descalificable sentencia, por lo que no se ha realizado y por haber adelantado criterio sobre el fondo de la cuestión debatida como pretensión”.
En tanto, señalaron que el fallo de Pesino y González “ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia para ello y sobre la base de evidentes y manifiestos yerros”.
La medida cautelar había suspendido 82 artículos de la ley que habían sido objetados por la CGT, que inició el amparo. Son artículos que regulan la Ley de Contrato de Trabajo, la libertad sindical, la reducción de montos indemnizatorios, el pago en cuotas de indemnizaciones, restricciones en el derecho a huelga, entre otros.
Todos estaban suspendidos a la espera de una decisión de fondo, que es el pedido de su inconstitucionalidad. La Cámara del Trabajo los repuso mientras sigue la causa judicial. Por ese motivo, desde la entidad gremial pidieron la nulidad del fallo del tribunal.
La entidad sindical señaló que Pesino y González como jueces de la Sala VIII “no podían intervenir, sino que era un caso que le correspondía a la Sala I del tribunal”. También señaló que los magistrados resolvieron sin que la CGT pueda opinar.
Así se conoció este viernes en el Boletín Oficial. "Otra vez la sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de Milei", denunció Myriam Bregman.
El Poder Ejecutivo oficializó el inicio del trámite para extender por cinco años en el cargo al juez Víctor Arturo Pesino, quien junto a su par María Dora González, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, falló este jueves a favor del Gobierno al reponer los artículos de la Ley de Reforma Laboral que habían sido suspendidos.
El aviso del Ministerio de Justicia sobre el trámite del nuevo nombramiento para aquellos magistrados que alcancen los 75 años salió publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Pesino había solicitado la prórroga en el cargo, y ahora ese camino se dio por iniciado, lo que representa todo un sugestivo gesto por parte del Poder Ejecutivo, a pocas horas de la decisión judicial que lo favoreció.
No obstante, el pliego todavía no fue enviado al Senado, donde, en ese caso, el juez deberá presentarse a audiencia pública.
"Vuestra señoría, el poder económico. Otra vez la sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de (Javier) Milei y el poder económico. En este caso, la 'devolución de favores' es para el Juez Víctor Pesino de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo", denunció Myriam Bregman.
La diputada del Frente de Izquierda señaló que "este juez hizo uso de una maniobra legal para otorgar vigencia a la reforma laboral y suspendió la medida cautelar que la había frenado. ¿Qué recibió Pesino a cambio? Solo un día después, el Poder Ejecutivo dio curso a la solicitud de Pesino para seguir en su cargo luego de los 75 años", edad que cumplirá el 27 de julio próximo.
La opositora recordó que el magistrado "es parte del Poder Judicial desde 1971. En octubre del año pasado solicitó su continuidad. A pocos meses que se le venza el plazo, el Gobierno acelera su trámite".
"La resolución de la Sala VIII que reinstauró la reforma laboral no puede quedar en pie, debe ser declarada nula de nulidad absoluta", reclamó y lanzó: "(Edgardo) Kueider, (Lucila) Crexell, Pesino y una larga lista para defender las leyes de Milei. ¿Algún fiscal va a investigar esto como una práctica sistemática?". "Tenemos que terminar con estas prácticas corruptas. La lucha es ahora", concluyó a través de un posteo en redes sociales.
En una jornada realizada en Pilar, empresarios del sector destacaron los cambios introducidos por la norma y reclamaron avanzar con la reglamentación para reducir costos laborales y fomentar la creación de empleo formal.
Mayoristas e industrias expresaron su respaldo a la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral durante la Jornada de Proveedores y Mayoristas que se desarrolló en el Sheraton Pilar, donde participaron más de 200 empresarios y directivos del sector. El encuentro contó además con la presencia de la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Carmen Álvarez Rivero, y del subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño.
En ese marco, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Armando Farina, celebró la implementación de la norma y sostuvo que representa un avance sustancial pese a las resistencias que enfrentó. “Estamos celebrando la entrada en vigencia de la ley porque, a pesar de los intentos de muchos por boicotearla, hemos logrado avances significativos”, afirmó.
Entre los principales cambios que destacó el sector empresario se encuentran el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y su caducidad, la prevalencia de convenios de menor ámbito sobre los generales, medidas para desalentar la denominada “industria del juicio”, la introducción de mayor flexibilidad a través del Banco de Horas y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral.
Durante la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar con la reglamentación de la ley para habilitar paritarias por empresa y garantizar la participación directa del sector en las mesas de negociación. El objetivo, señalaron, es transparentar la discusión salarial y eliminar los llamados “costos ocultos” que, según CADAM, se incorporan de manera sistemática en los convenios colectivos.
Entre esos costos, los empresarios mencionaron la Contribución Solidaria a OSECAC, incluido un aporte extraordinario por COVID-19 vigente desde abril de 2021; los aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que según plantearon recauda más de 30.000 millones de pesos anuales; y el seguro complementario de retiro obligatorio “La Estrella”, que implica un costo adicional del 1,6% del salario.
Desde la cámara mayorista advirtieron que estos conceptos incrementan de forma significativa el costo laboral total, afectan la competitividad del empleo formal, fomentan la informalidad y complican la generación de nuevos puestos de trabajo.
Al cierre del encuentro, la senadora Carmen Álvarez Rivero valoró el impacto de la reforma y destacó su importancia para el sector productivo. “Ustedes son la micro, trabajan con costos, márgenes, riesgos y trabajo. Por eso festejo junto con CADAM la entrada en vigencia de la Reforma Laboral, que ha dado luz porque ahora se sabe qué es sueldo y qué no”, señaló.
La Cámara del Trabajo concedió la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo del juez Raúl Ojeda que había suspendido la normativa. Desde el oficialismo celebraron la medida a través de las redes sociales.
El Gobierno nacional logró que la Ley de Reforma Laboral vuelva a entrar en vigencia luego de que la Cámara del Trabajo concedió la apelación del Estado y revocó el fallo del juez Raúl Ojeda que suspendió 82 artículos de la normativa.
La decisión de la Sala VIII del tribunal se determinó el efecto suspensivo de los alcances del fallo del magistrado del fuero laboral”. Con esta resolución, los artículos cuestionados de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802) vuelven a tener plena vigencia en todo el territorio nacional.
“Modificar la resolución del 7 de abril de 2026 y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación, deducido por el Estado Nacional, contra la resolución que admitió la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo, de la República Argentina”, dice el fallo firmado por la jueza María González, y su par Arturo Pesino.
El Estado Nacional interpuso el recurso cuestionando el criterio aplicado para suspender los 82 artículos a pedido de la CGT. El planteo del Gobierno fue enfático en que la apelación debía tener carácter “suspensivo” -es decir, que la suspensión del juez no se ejecute mientras se revisa el caso.
A criterio de los magistrados González y Pesino, "la medida cautelar suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida”.
En otros términos, la Cámara entendió que no se puede suspender los alcances de una normativa que fue dictada por el Congreso Nacional, indicando que hasta que se resuelva el fondo de la discusión, corresponde el efecto suspensivo de recurso de apelación.
La medida cautelar original, que había sido solicitada por la CGT y dictada por el juez Ojeda el pasado 30 de marzo, argumentaba que la reforma “vulneraba principios constitucionales” como la progresividad laboral y la protección del trabajador.
Como primera medida, el magistrado suspendió los artículos hasta que se dicte un fallo sobre el fondo del planteo, que es la inconstitucionalidad. El listado incluía 83 artículos de la totalidad de la normativa. El magistrado había explicado que la medida cautelar es "para que no se produzca un consumo de derecho que afecten de modo grave a las personas y a las instituciones involucradas”.
El Gobierno había pedido que se rechace la medida cautelar y continúe la causa. "En este caso se cumplen en el caso los tres requisitos básicos: estado de incertidumbre actual sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica concreta, puede producir perjuicio o lesión inmediata en el accionante (y en sus representados, al tratarse de regulaciones inherentes a las relaciones individuales y colectivas del trabajo), y no existe otro modo legal idóneo para poner remedio inmediatamente a esa incertidumbre”, respondió el magistrado.
A raíz de la noticia, legisladores del oficialismo celebraron la decisión como es el caso del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien escribió de forma breve en mayúsculas: "LA LIBERTAD avanza".
LA LIBERTAD avanza https://t.co/dufv0rVGXC
— Martin Menem (@MenemMartin) April 23, 2026
EL PAÍS AVANZA pic.twitter.com/Xo4tL8XrfC
— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) April 23, 2026
La ley de reforma laboral fue argumentada, discutida y aprobada. Se tiene que terminar la locura de que un juez K cualquiera pueda suspender todo intento de ir contra la industria del juicio y la modernización laboral. Una buena noticia. pic.twitter.com/NLxhsk3IF7
— Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) April 23, 2026
La Casa Rosada pidió la intervención directa del máximo tribunal para dejar sin efecto la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley, tras una presentación de la CGT. El Ejecutivo habla de “gravedad institucional” y cuestiona la competencia del juez que dictó el freno.
El Gobierno nacional decidió llevar la disputa por la reforma laboral directamente a la Corte Suprema de Justicia y presentó un recurso extraordinario de per saltum con el objetivo de revertir la suspensión de los principales artículos de la norma, dispuesta por un juzgado laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo.
La estrategia apunta a acelerar los tiempos judiciales en uno de los capítulos centrales de la agenda económica del oficialismo. El planteo fue presentado por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, y busca que el máximo tribunal deje sin efecto la medida cautelar que frenó la aplicación de 82 artículos de la ley de modernización laboral sancionada por el Congreso.
La presentación recurría a una vía excepcional: el salto de instancia, que permite omitir tribunales intermedios y habilitar la intervención directa de la Corte cuando, según el planteo, está en juego una cuestión de gravedad institucional. Para el Ejecutivo, ese es precisamente el núcleo del conflicto.
En el escrito, el Gobierno sostuvo que el fallo del juez laboral Raúl Horacio Ojeda, de primera instancia, “compromete instituciones básicas del sistema republicano” al suspender con efectos generales una ley aprobada por el Poder Legislativo. A su entender, la decisión judicial excede el interés de las partes involucradas y avanza de manera indebida sobre competencias propias del Congreso.
El recurso también reclama que, con su sola presentación, tenga efecto suspensivo sobre la cautelar vigente. El argumento central es que cada día de aplicación del freno judicial genera un daño “irreparable” a nivel nacional, al mantener en suspenso una reforma que el Gobierno considera clave para modernizar el mercado de trabajo y brindar previsibilidad jurídica.
En esa línea, la Procuración del Tesoro remarcó que el juez Ojeda no era competente para dictar una medida de alcance nacional sobre una ley federal y cuestionó la existencia misma de un “caso, causa o controversia” que habilitara su intervención. El escrito también puso en duda la legitimación de la CGT para promover la acción colectiva y criticó la supuesta falta de fundamentación sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma.
“El dictado de una medida cautelar con efectos erga omnes que suspende una ley del Congreso subvierte el régimen republicano de gobierno”, sostuvo el Gobierno en uno de los tramos más duros del planteo. Según la Casa Rosada, de no revertirse ese antecedente, quedaría abierto un precedente riesgoso para el conjunto del andamiaje legal.
La tensión judicial se da, además, en un contexto de puja de competencias entre fueros. En las últimas semanas, la jueza federal en lo contencioso administrativo Macarena Marra Giménez resolvió un conflicto de competencia y desplazó a la Justicia Nacional del Trabajo, al sostener que debía ser ese fuero federal el encargado de tramitar la acción impulsada por la CGT. Ese pronunciamiento dejó aún más en evidencia la fragmentación de criterios que rodea el futuro de la reforma.
Para el Ejecutivo, ese escenario refuerza la necesidad de una definición rápida y unificadora por parte de la Corte Suprema. Más allá del trasfondo técnico, la decisión del Gobierno de recurrir al per saltum coloca al máximo tribunal en una posición incómoda: deberá pronunciarse, de manera directa, sobre una de las leyes emblemáticas de la actual gestión y sobre los límites del control judicial frente a las decisiones del Congreso.
Mientras tanto, la reforma laboral continúa parcialmente congelada y su vigencia efectiva quedó atada a lo que resuelva la Corte. La apuesta oficial es clara: recuperar cuanto antes una pieza central de su programa económico, en medio de la resistencia sindical y de un frente judicial que, lejos de cerrarse, llegó ahora a la puerta del Palacio de Tribunales.
La senadora salteña sostuvo que este mecanismo, creado mediante la Reforma Laboral, “desfinancia el sistema previsional” y “distorsiona los incentivos en el mercado laboral”.
La senadora nacional Flavia Royón (Primero los Salteños) presentó un proyecto de ley para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por medio de la Ley de Modernización Laboral, que ella votó a favor, aunque en este capítulo se opuso. La iniciativa cuenta también con las firmas de la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Carolina Moisés (Convicción Federal).
La legisladora salteña consideró que este mecanismo -que apunta a asistir a las empresas para el pago de indemnizaciones- “desfinancia el sistema previsional, distorsiona los incentivos en el mercado laboral y genera un esquema regresivo que termina beneficiando la rotación de personal por sobre el empleo estable”.
El proyecto plantea la derogación integral del Título II de la Ley 27.802, al sostener que el FAL “no constituye un verdadero sistema de seguridad social, sino un modelo de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos que hoy sostienen jubilaciones y prestaciones sociales”.
Según los fundamentos de la iniciativa, el esquema implica “una reducción de contribuciones patronales que provocaría una caída estimada de 3,28 billones de pesos en la recaudación, equivalente al 0,32% del PBI, o aproximadamente USD 2.200 millones”.
Royón advirtió que este diseño “debilita el rol disuasorio que históricamente cumple la indemnización por despido”, al transformar ese costo en un aporte mensual subsidiado que licúa la responsabilidad empresaria frente a desvinculaciones sin causa.
Además, la senadora aliada del oficialismo remarcó que el sistema “termina perjudicando especialmente a las PyMEs y microempresas, ya que los tiempos para reunir fondos suficientes resultan profundamente desiguales según la escala de cada empleador”.
De acuerdo con las simulaciones incorporadas en el proyecto, una microempresa con 10 empleados necesita 6 años y 9 meses para reunir el monto equivalente a la indemnización de un trabajador con 20 años de antigüedad, mientras que una gran empresa puede hacerlo en apenas 2 meses.
“La Argentina necesita modernizar su sistema laboral, pero no a costa de debilitar la seguridad social, socializar el costo de los despidos o perjudicar a quienes sostienen empleo genuino y estable”, agregó la salteña.
El Juzgado Nacional del Trabajo hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la central sindical al considerar que existen “indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables”.
Lunes negro para el gobierno de Javier Milei tras conocerse la medida cautelar innovativa que dictó la Justicia al hacer lugar a un pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender un puñado de artículos de la Ley de Modernización Laboral al considerar que existen “indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables”.
La resolución fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 72, a cargo del juez laboral Raúl Ojeda, donde dispuso la suspensión provisoria de 83 artículos de la mencionada ley “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, al entender que la entrada en vigencia de la reforma podría generar efectos jurídicos y materiales irreversibles en las relaciones laborales.
Estos incluían modificaciones sobre el ámbito de aplicación de la legislación laboral y la figura de trabajadores de plataformas; el principio de irrenunciabilidad y el “in dubio pro operario”; la responsabilidad solidaria en tercerizaciones y grupos económicos; la definición de remuneración y beneficios sociales; los certificados de trabajo, la formación profesional y el régimen de jornada y descansos; el sistema de actualización de créditos laborales y el pago en cuotas de sentencias.
Según consta en el fallo, la CGT - representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo- cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley laboral, publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, en donde argumentó que “los cambios introducidos afectan principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por Argentina, como el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales”.
El tribunal consideró que la acción cumple con los requisitos procesales necesarios para habilitar una “acción declarativa” prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y reconoció la legitimación colectiva de la CGT para representar los intereses involucrados, de acuerdo con la jurisprudencia y las regulaciones vigentes.
Además, el juez subrayó el rol del Poder Judicial frente a este tipo de conflictos: “La intervención de este Poder Judicial independiente es necesaria justamente para garantizar la división de poderes”, afirmó, y agregó que esa función debe ejercerse “siempre y cuando se respete la Constitución Nacional”.
La resolución también hace referencia al principio de progresividad en materia de derechos laborales. Si bien reconoce que el Congreso puede modificar el marco normativo, advierte que esas reformas deben respetar estándares constitucionales y no implicar retrocesos injustificados.
El juez Ojeda explicitó cinco aspectos en los que funda su decisión de hacer lugar a la medida cautelar. Primero, entiende que se acredita que el cumplimiento de la norma “ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior: juzgo suficiente la descripción sumaria efectuada en la demanda de las cuestiones de puro derecho que se juzgan”. Para el magistrado, los tiempos de presentación de la judicialización de la Ley Laboral “son acordes”.
Otro de los aspectos señalados por Ojeda expone “la verosimilitud del derecho invocado: encuentro reunida a primera vista una verosimilitud de derecho calificada, en el control de constitucionalidad y convencionalidad que propuso la actora, amen de aguardar los mayores argumentos que expondrá la demandada en el traslado del art. 8 de la ley 26.854”.
La verosimilitud de la ilegitimidad, “por existir indicios serios y graves al respecto”, es el tercer argumento que funda el fallo del magistrado del fuero Contencioso Administrativo. Allí se detallaron: “Los indicios serios fueron enunciados con economía y sencillez al describir las objeciones encontradas en las normas atacadas, una por una. Es un análisis preliminar, propio de la etapa cautelar, más aún así es suficiente para encuadrarlos en tal calificación”.
También se ponderó como válida la “no afectación del interés público: al respecto me remito al dictamen del señor Fiscal, quien tomó intervención en resguardo del interés público. Agrego a su profundo dictamen que la declaración de certeza que surgirá de este juicio, aportará seguridad jurídica a sus destinatarios, evitando la multiplicidad de conflictos que la doctrina especializada avizora y por lo tanto será una contribución al principio de justicia social enmarcado en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, cuando promueve el bienestar general”.
Finalmente, se añadió que la suspensión es necesaria para evitar que se “produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles”. Al explayarse en este punto, el magistrado dijo que “una suspensión provisoria evitará mayores daños que los que provocaría, y evitará efectos jurídicos muy gravosos e irreversibles, en la hipótesis de aguardar los tiempos de las inhibitorias que plantea la demandada en otro Fuero y de una sentencia definitiva”.
Explica en este sentido que como toda resolución atinente a una medida cautelar “siempre reviste el carácter de meramente provisional, y esa calidad habilita a quien dicta una resolución, a ponderar en todo tiempo, y ante nuevos requerimientos, todas aquellas facetas que, no conocidas anteriormente alteren en forma trascendente el cuadro, ya sea fáctico o bien jurídico tenido en consideración en pretéritas oportunidades”.
La medida tiene carácter provisorio y regirá hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, por lo tanto, los artículos cuestionados de la reforma laboral no podrán aplicarse, lo que implica que continuarán rigiendo las normas anteriores en materia de contratación, negociación colectiva, huelga, teletrabajo y organización sindical.
Los artículos suspendidos incluyen modificaciones al ámbito de aplicación, condiciones salariales, protección ante despidos, nuevos marcos para jornadas laborales, licencias y protección sindical, así como la derogación de la Ley de Teletrabajo y otros estatutos sectoriales. Además, la medida es aplicable a todos los trabajadores y empleadores cuyas relaciones estén regidas por la Ley de Contrato de Trabajo y legislaciones complementarias.
Fondos de Asistencia Laboral: La medida suspendió la totalidad del Título II (artículos 58 a 77), que creaba los Fondos de Asistencia Laboral para financiar indemnizaciones por despido, por considerar que el esquema podría desproteger a los trabajadores y comprometer recursos de la seguridad social.
Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo: Quedaron suspendidos los artículos 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56 y 57 de la Ley 27.802, que introducían modificaciones sobre:
Cambios en huelga, jornada y trabajo agrario: la resolución incluye la suspensión del artículo 100, que flexibilizaba el trabajo por equipos; el artículo 101, que ampliaba la obligación de garantizar servicios mínimos durante huelgas y prohibía la huelga en servicios de seguridad; el artículo 111, que modificaba el régimen de responsabilidad solidaria en el trabajo agrario; el artículo 107, que ampliaba el período de prueba en el trabajo en casas particulares.
Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical: quedaron en suspenso los artículos 131 a 149, que alteraban aspectos estructurales de la negociación colectiva y del funcionamiento sindical, entre ellos: la ultraactividad de los convenios; la prioridad de convenios de ámbito menor sobre los de actividad; los aportes sindicales; las sanciones y la regulación de prácticas desleales; la composición de las comisiones negociadoras.
Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones: también suspendió el artículo 79, que trasladaba al fuero contencioso administrativo los litigios laborales en los que intervenga el Estado; el artículo 199, que derogaba la ley de teletrabajo; los artículos 207 y 208, que eliminaban normas antifraude y preventivas de abuso de jornada; el artículo 211, que modificaba la extensión territorial de los convenios colectivos.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26La suspensión de artículos clave de la Ley de Modernización Laboral en el sector comercio que acaba de conocerse no es un hecho aislado. Desde la sanción de la norma, distintos tribunales ya dictaron resoluciones adversas al nuevo régimen impulsado por el Gobierno nacional.
Córdoba | 12 de marzo de 2026
El juez laboral Ricardo Giletta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la reforma laboral, que introdujo cambios en la actualización de créditos e indemnizaciones en juicios laborales. El magistrado consideró que el nuevo sistema podía vulnerar derechos reconocidos por la Constitución Nacional, al limitar la recomposición de las deudas frente a la inflación.
La Plata | 16 de marzo de 2026
El Tribunal del Trabajo Nº 3 declaró también la inconstitucionalidad del artículo 55, en una causa por despido, al advertir que el mecanismo previsto por la ley podía generar una pérdida irrazonable del valor real de las indemnizaciones laborales. Fue el segundo fallo en pocos días sobre ese mismo punto de la reforma.
Ciudad de Buenos Aires | mediados de marzo de 2026
El Juzgado Nacional del Trabajo Nº 30, a cargo de Herman Mendel, suspendió el traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los cambios estructurales contenidos en la reforma, a partir de un planteo del gremio de judiciales.
San Martín | 27 de marzo de 2026
El Juzgado Federal Nº 2 ordenó la suspensión de los artículos 131 y 133, que modificaban la ultraactividad de los convenios colectivos y establecían un tope del 2% a los aportes sindicales, en el ámbito del sector comercio. La medida cautelar fue dictada por seis meses mientras se analiza la constitucionalidad de la norma.
Un juzgado federal de San Martín suspendió de manera cautelar la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral en el sector comercio. La medida, solicitada por el sindicato local, alcanza a los convenios colectivos y a los aportes sindicales, y regirá mientras se analiza la constitucionalidad de la norma.
La Justicia federal de San Martín resolvió suspender la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral en el sector mercantil, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de esa jurisdicción. La decisión alcanza a disposiciones que modificaban el régimen de los convenios colectivos y el esquema de aportes sindicales.
El pronunciamiento se dictó en el marco de una acción de amparo iniciada por la organización gremial contra el Estado nacional, en la que se cuestiona la validez de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802. En su resolución, el juzgado ordenó dejar sin efecto la aplicación de esos artículos en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y otros acuerdos complementarios del sector, y dispuso que el Poder Ejecutivo se abstenga de intervenir en ese ámbito mientras dure la medida.
Según lo resuelto, deben mantenerse plenamente vigentes todas las cláusulas convencionales, tanto las de contenido normativo como las obligacionales. La protección judicial incluye también los aportes sindicales, uno de los puntos centrales del planteo gremial, que advirtió sobre el impacto económico que tendría la aplicación de la reforma, en especial por el límite del 2% fijado para dichas contribuciones.
El magistrado consideró acreditados los requisitos necesarios para dictar la cautelar, al valorar la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de un daño inminente. En ese sentido, señaló que el vencimiento del acuerdo paritario previsto para el 31 de marzo podría agravar los efectos de la norma cuestionada, generando incertidumbre sobre la continuidad de la negociación colectiva.
Además, el fallo advirtió que la entrada en vigencia de los artículos impugnados podría afectar de manera directa el financiamiento de las organizaciones sindicales y, en consecuencia, comprometer la prestación de servicios sociales y de salud que dependen de esos recursos. La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses, plazo durante el cual la Justicia deberá resolver la cuestión de fondo vinculada a la constitucionalidad de las disposiciones suspendidas.
La norma recientemente sancionada en el Congreso fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. Días atrás, la CGT reclamó por su "inconstitucionalidad" ante la Justicia.
El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral (27.802), sancionada el pasado 27 de febrero en el Senado, siendo el proyecto más relevante del temario de sesiones extraordinarias y la reforma en materia laboral más importante en los últimos años.
El texto de la norma se publicó en el Boletín Oficial junto al decreto 137/2026, que ordena la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien tiene bajo su órbita a la Secretaría de Trabajo.
El proyecto fue enviado al Congreso el 11 de diciembre, mientras que el 12 de febrero se aprobó en la Cámara alta por 42 votos a favor y 30 en contra. En tanto, en Diputados salió el 20 de febrero por 135 votos positivos y 115 negativos. Finalmente, el 27 de febrero el Senado le dio sanción definitiva por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.
La iniciativa fue devuelta por la Cámara baja a la de origen luego de la eliminación del famoso "artículo 44" que buscaba modificar el actual artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto del salario que perciben los trabajadores con licencia por enfermedad.
La ley de 218 artículos introduce cambios profundos a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744); modificaciones al régimen agrario y de trabajadoras domésticas; creación de un régimen para trabajadores de plataformas; cambios en los convenios colectivos; creación de un fondo para indemnizaciones (Fondo de Asistencia Laboral); creación de regímenes impositivos; derogación de distintos estatutos; y la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad, entre otros puntos.
El pasado lunes, la Confederación General del Trabajo se presentó ante la Justicia para reclamar que se declare la "inconstitucionalidad" de la reforma, por implicar "una afectación grave de derechos colectivos e individuales" de los trabajadores.
La norma fue sancionada por La Libertad Avanza junto al respaldo de la UCR, el Pro y bloques provinciales que responden a gobernadores aliados a Casa Rosada, entre ellos algunos peronistas.
Puntos principales de la ley
El diputado de Unión por la Patria expresó que la central obrera "tendría que haber reaccionado" antes que el proyecto llegara al Congreso.
El diputado nacional Mario "Paco" Manrique (Unión por la Patria) opinó este martes sobre la decisión de la Confederación General del Trabajo de plantear la inconstitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral y consideró que la central obrera "reaccionó tarde".
"Creo que la estrategia de la CGT no fue la correcta. La CGT reaccionó tarde. Tendrían que haber reaccionado apenas el Gobierno insinuó hacer una Reforma Laboral. Ahí debería haberse plantado", aseveró.
El dirigente de SMATA expresó que "la Reforma Laboral es parte de una ingeniería armada para la entrega de los recursos naturales y que salgan del país sin valor agregado. Ante eso, el mundo laboral va a sufrir enormes consecuencias y el movimiento obrero tiene que actuar en consecuencia, pero en unidad de concepción".
Sobre esto, el legislador observó que "es necesario actuar en conjunto. Con acciones consensuadas y monolíticas. Tenemos que saber muy bien lo que tenemos enfrente para tener estrategias lo suficientemente fuertes y claras, para poder despertarle otra vez a la gente ese fuego que parece que se apagó".
"El estado de conflictividad en Argentina va a crecer rápidamente en muchos sectores. La CGT va a tener la responsabilidad de abrazar a todo el mundo y traccionar", advirtió en declaraciones radiales.
Por otra parte, se refirió al discurso del Presidente durante la Asamblea Legislativa y dijo que "cuando habló (Javier) Milei, no habló de los problemas de la gente, habló de números que no coinciden con la realidad que viven los argentinos".
"Nosotros como peronistas tenemos que explicarle a la gente nuestro proyecto de país", diferenció y, sobre la postura del peronismo, subrayó: "Nos tenemos que amigar, sino no tenemos salida y este muchacho va a seguir haciendo con la billetera lo que quiera, porque va a seguir comprando voluntades políticas que encima tampoco pagan costo político, porque los gobernadores, los senadores y los diputados se la llevan toda gratis".
Manrique agregó que "con Cristina (Kirchner) caminando y candidata, hoy no estaríamos en el lugar que estamos. Lamentablemente tenemos una justicia corrupta y hoy a la compañera la tenemos secuestrada".
El oficialismo encadena victorias legislativas y consolida su esquema político mientras la oposición profundiza su crisis, en un escenario regional de peronismos en retirada y una sociedad cuya confianza en el Gobierno empieza a mostrar señales de desgaste.
Si fuera un partido de tenis, el umpire debería decir “set Sr. Milei”. Con tres leyes aprobadas al hilo, el oficialismo completó su juego sin mayores contratiempos en la etapa de las extraordinarias. El mecanismo de acuerdo político luce aceitado. Definitivamente, la integración de la Pato y el Colo le puso volumen y solidez a la mesa estratégica. Los gobernadores dialoguistas acatan y los bloques libertarios ya no dan la imagen de “la banda está borracha”.
La que está borracha es la banda de enfrente, a la que se le siguen desgajando músicos en el senado, llegando a su peor momento desde 1983. Más allá de su crisis estructural, el pero-kirchnerismo no tiene conducción y a nadie se le ocurre una idea. Axel sigue en pugna no solo con el cristinismo, sino que también se le estaría desarmando el cuadro de aliados que lo llevó a la elección provincial del 7-S. En función del aliento que empuja a LLA, los territoriales plantean un nuevo desdoblamiento para escaparle de nuevo a una eventual ola violeta. El tema es que el gobernador necesita a los intendentes para que movilicen en la presidencial, pero da toda la impresión que es una instancia que ya a nadie le interesa. En esa necesidad de desacoplarse, curiosamente los jefes locales van a encontrar una comunión de intereses con La Cámpora, a quien tampoco le importa el futuro de Kicillof, sino salvaguardar su porción del paquete accionario bonaerense. ¡Qué dinámico que es todo! Hasta Pichetto volvió a hablar con la jefa y el proyecto Gebel parece ponerse en marcha. El éxito del león genera profundas confusiones (y pérdidas de tiempo) en todo el arco no libertario.
Con todo, el peronismo en su versión actual es algo así como el último de los mohicanos en la historia latinoamericana. Todos los de su especie han desaparecido o están en vías de hacerlo, como el PRI en México. En la vecina Bolivia, el MAS -la fuerza de Evo Morales- luego de 20 años en el poder, luce un proceso de osteoporosis grave: dividido y a merced de la caza de otros actores ávidos de repartirse lo que queda de su otrora poderoso ejército. Así es la política en la era de la liquidez.
La confusión no es solo patrimonio de la oposición. Esta semana hubo dos personajes del mundo empresario que cometieron sincericidio y le dieron letra al líder libertario para retomar un ítem de su batalla cultural. Acá lo que se debe señalar no es tanto el poco sentido de la oportunidad de ambos emisores por respeto a sus congéneres -con amigos así…- sino todo el desparramo que produce en el statu quo previo el nuevo oficialismo. Pocos actores del subsistema que se quiera considerar -político, económico, sindical, etc.- parecen resistir el cambio de época. No es tan relevante si al modelo Milei le va bien o no, sino cómo sintonizar con las nuevas coordenadas de la sociedad y el mundo. El / la que encuentre la nueva llave será el siguiente rey / reina.
Otro que hizo declaraciones curiosas fue Mauricio Macri. Más allá de su lectura histórica entre el nivel de vida de los reyes del pasado con los pobres de ahora, se mostró moderado -pidió gradualidad en la apertura comercial- y le mandó un mensaje al presidente: que es mejor dedicarse a gobernar bien que a armar un partido político. También estuvo reflexivo sobre la obsesión contemporánea por el consumo y las dificultades de hacer política en la actualidad, como alguien que ya no está pensando en cargos, sino en liderar como referente, más allá del bien y del mal. ¿Es esto lo que lo hará llevar un candidato propio en una primaria con LLA?
Mientras avanza la máquina violeta, la sociedad post elección no se siente muy cómoda. El nuevo registro del Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella volvió a marcar un descenso por tercer mes consecutivo. Como anticipamos a fines de noviembre -el último mes que creció- lo más probable es que hubiese tocado un techo hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque no solo hay que ver los números fríos, sino también el componente cualitativo. El 26-O la mayoría le dio un crédito al Javo, aunque no estaba plenamente satisfecha con lo que venía sucediendo (cuando parecía que iba a recibir un gol en contra, Trump se calzó el buzo de arquero y despejó la situación). Recordemos que el mensaje fue “te doy un aval para sigas haciendo, pero bajá el tono, sé más sensible y recuperá el empleo y los salarios”. ¿Los tres meses en baja son leves? Sí, pero lo que importante es la tendencia. El registro de este febrero es un 7 % por debajo del mismo mes de 2025. La semana pasada ya habíamos notado la caída en el índice de confianza del consumidor y el índice Líder de la misma casa de estudios (el cual anticipa tendencias macro).
En esta línea, varios analistas políticos y económicos han manifestado su preocupación por una amenaza particular: que la sociedad pierda la paciencia por el camino y no se consolide este camino de reformas. Es un temor legítimo, ya que la economía de calle sigue sin despegar (los índices de la Di Tella lo atestiguan). Ya sabemos que la inflación no bajará mucho este año, que a los salarios les costará recuperarse y que Argentina crecerá, pero menos que en 2025. Los mercados se muestran ansiosos porque no salimos a tomar créditos en el exterior, disparando el riesgo país, aun cuando el Central “la está rompiendo” con la acumulación de reservas (nunca es tarde cuando la dicha es buena, podría decir Bausili).
Después de ganar la elección de medio término en 2017, el ex Emir de Cumelén hablo de la era del “reformismo permanente” (pese a las toneladas de piedra). El Javo está en la misma tónica: me dieron un aval para avanzar y lo voy a utilizar al máximo, porque es lo que hay que hacer, guste o no. Eso es liderazgo, sin duda. El punto es conservarlo de los avatares de la historia. Los embates del león contra algunos empresarios nos indican que él es promercado, no proempresario. Una diferencia significativa. Madanes la puede explicar perfectamente: la venganza será terrible.
Patricia Bullrich capitalizó el inédito éxito legislativo de La Libertad Avanza durante las sesiones extraordinarias y expuso el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso, donde el oficialismo, aún en minoría, logró aprobar cinco leyes clave y sumar aliados impensados. Mientras el Gobierno acelera su agenda de reformas, la oposición luce desconcertada y sin estrategia.
Exultante como se la vio en el cierre de la sesión del viernes pasado, Patricia Bullrich celebró en las redes sociales al día siguiente con este posteo: “Hermosa mañana. LES METIMOS 7… Top jugadas de las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia argentina, nada más y nada menos que por este nuevo Congreso Nacional”.
Y cerró: “Ahora, a continuar con las nuevas reformas que propondrá el Presidente”.
Hermosa mañana.
LES METIMOS 7…Top jugadas de las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia argentina, nada más y nada menos que por este nuevo Congreso Nacional.
Ahora, a continuar con las nuevas reformas que propondrá el Presidente. pic.twitter.com/MWty83138R
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 28, 2026
Acompañado por un video musicalizado con “El baile de la gambeta”, de la Bersuit, en el que se ve a la jefa del bloque oficialista hiperactiva como en realidad es, y que recuerda a otro que ya había publicado al cabo de la primera aprobación de la reforma laboral, el 19 de febrero, y que generó la tirria de Karina Milei, que no tolera el personalismo de quien a pesar de eso es un alfil clave en el nuevo Congreso del que ahora se siente tan acompañado el gobierno libertario.
Porque una característica saliente de esta nueva conformación legislativa no es solo el mayor número de miembros de LLA en ambas cámaras, sino el expertise que acompaña a buena parte de ellos, la mayoría proveniente de las filas del desangrado Pro.
Ya se había regodeado Bullrich del éxito de la sesión del jueves también en las redes sociales, donde resaltó la labor realizada con un ilustrativo “3 de 3 en el Senado hoy”, en referencia a la cosecha de ese día en el que la Cámara alta dio luz verde a Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, convirtió en ley el Acuerdo Comercial Mercosur – UE y dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares. En ese caso, acompañó la celebración con la foto que se sacó el bloque libertario en pleno con la hermana del Presidente, Martín Menem y Diego Santilli, también miembros de la Mesa Política de Casa Rosada, clave en este exitoso raid legislativo -sobre todo por mostrar tal dosis de pragmatismo capaz de ceder cuando tuvo que hacerlo-. En rigor, no estaban los 21 miembros del bloque libertario -tres veces más grande de lo que era hasta el año pasado-. Faltaba Luis Juez, que justo esta semana dejó de formar interbloque con La Libertad Avanza para sumarse directamente al bloque violeta, que de esta forma tiene la misma cantidad de integrantes que el bloque Justicialista de José Mayans. Pasa que si bien el cordobés se ha constituido en un vocero eficaz de las políticas de quien una y otra vez presenta como “mi amigo Javier”, no se autopercibe libertario. Sí se mostró en la imagen posterior al cierre de sesiones extraordinarias, cuando acababan de aprobar la quinta de las leyes que emergieron de este período, pegado a la derecha de Bullrich. De ese lado se pusieron también los senadores del Pro y los radicales, que contribuyeron a las amplias victorias en las sesiones.
El bloque oficialista junto a Karina Milei, Martín Menem y Diego Santilli, celebrando el jueves.
Afectos a la grandilocuencia, los libertarios presentaron esta performance legislativa como las mejores extraordinarias de la historia. Veamos el balance: 5 leyes, una media sanción y un aval diplomático.
El número de efectividad es alto y sería difícil encontrar un éxito semejante en otras gestiones. Pero el mérito crece más al dimensionar las características de lo aprobado; más allá del Presupuesto, hablamos de una reforma emblemática que los gobiernos no peronistas siempre han querido impulsar sin éxito, como la laboral: Raúl Alfonsín consiguió aprobarla en Diputados, pero después fracasó por un voto en el Senado; Mauricio Macri tuvo que archivarla cuando Pablo Moyano espantó a todos con solo expresar la palabra “Banelco”; y ni hablar de Fernando de la Rúa, quien logró aprobar una reforma laboral que generó un escándalo por los supuestos sobornos que habría habido detrás, argumento que usaría más tarde Néstor Kirchner para derogarla. También del nuevo Régimen Penal Juvenil que viene a reemplazar nada menos que a una ley de la dictadura: la 22.278, sancionada en 1980 -gestión Videla- y que hasta el kirchnerismo sugirió en algunos pasajes de sus gestiones intenciones de avanzar con una baja de la edad de imputabilidad.
Si a esto sumamos el Acuerdo Mercosur – Unión Europea, por el que se trabajó durante 26 años; y otra ley clave como la de Glaciares, que reforma a la histórica de 2010, estamos ante un tan ambicioso como sorprendente menú de proyectos.
La exhibición de semejante potencia legislativa cuando La Libertad Avanza aún sigue siendo minoría en ambas cámaras -y una minoría extrema, ya que en cada sesión debe trabajar duro para el quórum, pues necesita 34 diputados más y 16 senadores- resulta impactante.
Con un dato más, que no pasó desapercibido para nadie en el Senado. Allí llegó a ganar votaciones con 45 votos. Esto es, le faltan apenas 3 senadores para los dos tercios, el sueño húmedo de todo gobierno. Y con semejante demostración de eficacia, ya nadie se atreve a descartar nada. Sobre todo porque incluso el bloque peronista aparece permeable a una mayor erosión. Está claro que en el oficialismo mantienen encendido el radar para registrar cualquier posibilidad que les permita seguir sumando.
En su discurso de cierre, durante el debate de la última ley aprobada, la de Modernización Laboral, Patricia Bullrich mencionó tres veces a Gerardo Zamora. El santiagueño formó un bloque con su comprovinciana, que lleva el nombre de su partido provincial y se mantiene dentro del interbloque de Mayans… Tras la última referencia elogiosa que la jefa del bloque LLA le dedicó al exgobernador santiagueño, Anabel Fernández Sagasti le acotó: “Es nuestro Zamora”, como para recordarle que sigue estando con ellos. Todavía.
Los dos tercios le permitirían al Gobierno nombrar los dos miembros que le faltan a la Corte, o tener al procurador general que elijan. Pero más allá de eso, la realidad es que ya pueden prescindir del kirchnerismo para tal fin. Hasta hace un tiempo, siempre tuvieron en cuenta que tarde o temprano terminarían teniendo que negociar con la expresidenta sobre esos nombres, y hasta desde el kirchnerismo trascendieron nombres de “elegidas” de Cristina para sumar al Tribunal Supremo. Hoy eso ya no es necesario, pues el Gobierno puede explorar -y negociar- con otros sectores del peronismo.
Ya no necesita al kirchnerismo en nada, salvo para confrontar, pues a Milei le sigue sumando a nivel electoral. Llegará el día que no, pero por ahora no aparece en el horizonte.
Volviendo al tema de los dos tercios, algunos libertarios van más allá al pensar directamente en una reforma constitucional. Una fantasía que algunos no oculta por ejemplo el funcionario Juan Pablo Carreira, que en las redes sociales actúa como Juan Doe, y le sugirió al Gobierno imitar al peruano Alberto Fujimori, que reformó la Constitución de su país un año antes que Carlos Menem en la Argentina. “Acá en Argentina tenemos que apuntar a lo mismo. Inmortalizar las reformas de @JMilei en una nueva Constitución”, lanzó quien es ni más ni menos que el director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, y está al frente de la polémica Oficina de Respuesta Oficial.
Perdón Carlos, te corrijo. La economía de Perú sobrevive a todo gracias a las reformas que impulsó este señor, Alberto Fujimori, y que plasmó en la Constitución de 1993, una de las más liberales del mundo.
Acá en Argentina tenemos que apuntar a lo mismo. Inmortalizar las… https://t.co/NbTS4YLe4a pic.twitter.com/4uEkSLRWrs
— Juan Doe (@jdoedoe101101) February 18, 2026
De todas maneras no es esa la obsesión oficial -de momento-, sino las decenas de reformas -Manuel Adorni habló de 50- que se propone hacer este gobierno en los tiempos que vienen. Algunas las anunciará Javier Milei este domingo, en la apertura de sesiones ordinarias, en las que se presentará -una vez más la grandilocuencia- como “el presidente más reformista de la historia”. Iniciativas que lanzará más temprano que tarde, cuestión de aprovechar el impulso adquirido en este verano.
Arrancará esta misma semana con la Ley de Glaciares, que necesita aprobar en Diputados; seguirá por una reforma política que entre otras cosas elimine definitivamente las PASO; y avanzará con una gran reforma del Código Penal, según se anticipa.
La oposición, en este contexto, aparece tan disminuida como desorientada. Cuñas del mismo palo, los que formaron parte de Juntos por el Cambio se sienten disputando el mismo electorado y de momento archivaron propuestas propias como podría haber sido Provincias Unidas; por ahora se refugian en sus distritos y a nivel nacional ayudan al Gobierno. Mientras que el peronismo sigue atrapado con sus fantasmas y sin lograr articular una estrategia que lo devuelva al centro de la escena.
Se lo vio esta última semana en el Senado, donde debió aceptar tan solo con lamentos que le birlaran la vicepresidencia, un cargo sin importancia real, pero de relevancia simbólica, que desde LLA definieron socarronamente como “una maldad de Patricia”. Y en el debate de las leyes se limitaron a votar en contra de todo, sabiendo que su pólvora está mojada. Mientras que la semana anterior, en Diputados, protagonizaron papelones como el de la diputada Carignano desconectando a los taquígrafos.
En diálogo privado, se limitan a augurar una debacle económica que se demora, pero consideran segura, y ese es su único plan electoral para volver.
Una especificación de Victoria Villarruel sobre la manera de votar generó la reacción de José Mayans y una discusión en la que Patricia Bullrich sorprendió poniéndose del lado del formoseño. Quién tenía razón.
A la hora de la votación sobre la reforma laboral en el Senado el viernes, se planteó una polémica entre la presidenta de la Cámara y el bloque conducido por José Mayans. Es que, para que no hubiera dudas, Victoria Villarruel intentó ser muy precisa: “Los que voten por la afirmativa, lo van a hacer por la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Repito: en tal sentido, los que van a votar por la afirmativa, lo van a hacer por la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados”, explicó… encendiendo las dudas.
Porque Mayans pidió la palara para aclarar el sentido de su interbloque: “Nuestro bloque y los bloques que nos acompañan votaremos en contra tanto del proyecto enviado por el Senado como del que fuera enviado por Diputados. No estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Por eso votamos en contra”, aclaró.
“Quiero hacer esta aclaración: en esta votación, únicamente están disponibles dos opciones”, planteó la vicepresidenta dela Nación. “La primera es la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La segunda es la negativa a las modificaciones del proyecto de ley y, por ende, se ratifica el dictamen original”.
Fue ahí cuando intervino Patricia Bullrich, para plantear algo que difícilmente vuelva a hacer: coincidir con el kirchnerismo. “A mí me parece que es absolutamente razonable lo que dice el senador Mayans -dijo la presidenta del bloque oficialista-. Acá estamos discutiendo un proyecto. Nosotros vamos a votar que sí y ellos van a votar que no. Esa opción ha quedado como restringida. Me parece que está bien que voten que no y que se interprete que es una votación por no al proyecto. Si no, van a quedar como que votan el proyecto que no quieren votar. Y no me parece justo eso. Entonces, que quede claro eso.
Pero la titular del Cuerpo insistió: “Yo entiendo, pero no tenemos opción por lo que establece el artículo 81 de la Constitución Nacional”. Ante las protestas, Villarruel dijo entender las acotaciones que le estaban planteando, pero explicó que “el voto es por la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley o por la negativa a las modificaciones al proyecto de ley, ergo, votan por el dictamen (…) O sea, la segunda es la insistencia sobre el dictamen original”.
En medio del griterío, la presidenta del Senado insistió en decir que no tenía otra opción, ante lo cual Mayans amagó con pedir que se leyera la ley completa para saber cómo había quedado el articulado”, mientras que el puntano Fernando Salino repuso: “Esto que nos está aclarando ahora se lo debió aclarar al miembro informante, ya que empezó esta sesión diciendo ‘está en consideración el proyecto…’. Si está en consideración el proyecto, votamos por la negativa. Nuestra negativa, claramente, es al proyecto en general y en cada uno de sus artículos, aun cuando la formalidad proponga otra cosa”.
“Senador Salino: comprendo perfectamente su razón, pero cuando el secretario parlamentario leyó, era la votación sobre el dictamen. Estamos hablando de un dictamen”, explicó Villarruel, y cerró el debate: “Entonces, se insiste sobre el dictamen original o se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Cada uno, luego, le da el simbolismo que quiere. Se vota…”.
La interpretación jurídica
Para el constitucionalista Félix Lonigro, la vicepresidenta de la Nación estaba en lo cierto. Consultado en torno a esta polémica, señaló a este medio: “En el contrapunto formal que hubo entre ellos con relación al modo en el que debía votarse en segunda instancia la ley de reforma laboral, Villarruel tuvo razón: cuando un proyecto de ley es modificado por la cámara revisora (en este caso Diputados), a la de origen (en este caso el Senado) sólo le quedan dos alternativas: o vota el proyecto original o vota el modificado”.
El especialista explicó que “el kirchnerismo no quería votar ninguno de los dos, pero la Constitución Nacional no les deja otra alternativa (o votan el original o votan el modificado). Y eso no significa que, quienes no hubieran votado a favor del proyecto original en su momento, ahora lo estén votando favorablemente. La realidad es que están eligiendo entre las dos únicas posibilidades que les da la Constitución Nacional”.
En un encendido cierre del debate, la jefa del bloque oficialista de La Libertad Avanza respondió a las críticas del kirchnerismo y sostuvo que la reforma laboral busca desmontar “la estafa moral” que condenó a miles de trabajadores a la informalidad.
En el cierre del debate de la reforma laboral, la presidenta del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió al cruce de la catarata de críticas que acababa de escuchar de parte fundamentalmente de parte del kirchnerismo. “Parecía que el Senado era un lugar donde se discutían ideas, pero acá no hemos escuchado más que insultos de varios de los integrantes del bloque opositor… que tienen que acostumbrarse que son oposición”, los atendió.
“Es una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: que destruir empleos es defender derechos; que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema que hace que nadie contrate a nadie. Y esta realidad viene año tras año”, arrancó, puntualizando que “en nombre de los trabajadores se mandó años y años a la informalidad a miles de trabajadores. Esa es una estafa moral, que vamos a tratar de corregir con esta ley”.
Se refirió en primer lugar a la pérdida de afiliados que han tenido los gremios: “Nadie dijo que la Argentina pasó de un 85% de afiliación a un 7%. ¿Eso es casualidad, o no será que ese sistema fracasó?”, se preguntó. Agregó que “por eso, endurecerse, odiar al empresario, combatir al capital, ha generado una realidad en la que el trabajador estuvo cada vez más abandonado. Y se armó una estructura política sindical que siempre jugó en tándem”. Así las cosas, estimó que “los paros fueron siempre contra los gobiernos no peronistas”. Citó el caso de Alberto Fernández, al que recordó como “el peor presidente de la historia” y quien no tuvo un solo paro. Citó también a Eduardo Duhalde, al que aclaró que no quería criticar, mencionando que fue gobierno después del 2001, lo que llevó a varios senadores a recordarle el gobierno que ella integró (el de la Alianza) y al que sucedió Duhalde. “No me fui en ningún helicóptero, cállate la boca”, le contestó a un senador opositor. Pero fue al grano para decir que “a Duhalde le iban a hacer un paro y se suspendió por lluvia”.
“¿Cómo se crea empleo? -se preguntó la senadora-. Si protegemos a las empresas, no si las destruimos; si bajamos impuestos; si hay seguridad jurídica, si no se cambian todos los días las leyes, con normas laborales de los días que vivimos. Si contratar no es una aventura imposible como es hoy”, especificó.
Según Bullrich, “durante años se repitió un dogma: más rigidez, más protección; mentira: más rigidez, más gente afuera del sistema. Más juicios, más derechos; mentira, más juicios, menos trabajo. Más conflicto, mas justicia social; mentira, menos”.
“¿Cuántos años fueron gobierno los de aquel lado? La mayoría. ¿Quieren volver a repetir el mismo error? ¿Vamos a seguir con esta lógica que destruyó el empleo?”, se preguntó.
En otro pasaje, Bullrich sostuvo que “no hay empleo si no hay inversión, métanselo en la cabeza, hagan las cuentas, dense cuenta que si tenemos tan pocas empresas en un país tan vasto es porque crear una empresa es casi imposible”.
Para Patricia Bullrich, “esta reforma envía señales claras, la Argentina quiere volver a crecer; hace 15 años que no crece. Este fue el primer año que crecimos, 4,5%”, y advirtió que “la mejor política social se demostró que no era un plan, es generar condiciones para que haya posibilidades de inversión y de trabajo”.
Consideró que “no podemos volver a los planes. Los planes que defendieron tantos años, ¿algo más precarizado que un plan social? Se defendieron durante años millones de planes para tener a la gente como ganado. ¿Eso es justicia social? No”.
“Lo más difícil es darse cuenta, hasta que se dan cuenta se liberan y los manda a la mierda”, apuntó respecto de los que tienen planes. Y cerró: “A partir de esta ley los trabajadores van a estar más libres. Hoy millones de argentinos recuperan la libertad”.
El jefe del interbloque Popular denunció irregularidades en el trámite, acusó maniobras de negociación para lograr los votos y calificó al proyecto como una “ley anti trabajador”, centrando sus cuestionamientos en el FAL, el banco de horas y las restricciones al derecho de huelga.
El último orador del peronismo durante el debate de la reforma laboral fue el presidente del interbloque Popular, José Mayans, quien cargó inicialmente contra los vicios de nulidad que le veía a la ley. “Hubo una violación del reglamento para el tratamiento exprés”, aseguró, interpretando así que se había violado la Constitución Nacional. “Una acción violenta realmente”, enfatizó.
Calificó al proyecto de Modernización Laboral como “un proyecto que está hecho por estudios de abogados en contra de los derechos de los trabajadores. Esto es esta ley: una ley gorila, hecha por gorilas, para afectar al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando”.
Mayans acusó al oficialismo de “falta de transparencia” y advirtió que en La Libertad Avanza “están acostumbrados a hacer trampa”, al referir a la forma como les presentaron las modificaciones al texto, bien sobre la hora. “Nosotros teníamos que revisar la ley en tiempo récord, porque entregaron el proyecto sobre la hora”, aseguró.
A continuación, el formoseño puso otra cuota de opacidad sobre el tema al advertir que “cuando terminaron el tratamiento, pidieron permiso para mejorar la ley. Ahí hubo algunas coincidencias con algunos gobernadores que no creo que hayan sido de carácter ideológico. Les faltaban tres para el quórum, y el Gobierno empieza a negociar, a tirar cargos, plata, fondos... Una vergüenza, para atacar al sistema laboral argentino”.
En otro pasaje de su intervención, Mayans criticó el plan económico. “Este exitoso plan generó solamente este mes casi 6000 millones de dólares de deuda exclusivamente. Todo relato (…) Ahora vienen con la mentira de la modernización laboral”, señaló, para analizar entonces detalles de la ley, como el banco de horas, que consideró que “es apropiarse de la vida del trabajador: 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para descansar. Cuando decimos vivir, hablamos de atención a la familia, la salud, posibilidad de educación, prosperidad. ¿Querés disponer de mi tiempo? Pagame horas extras. Eso ahora cambió”, expresó, convencido de que ahora el trabajador está a disposición de su empleador.
Mayans afirmó que “tenemos el salario más bajo de Latinoamérica, y hablan de costo laboral… Con esta ley le estamos robando al trabajador la posibilidad de vida digna, porque no le va a alcanzar el tiempo al trabajador para sostener a su familia. Esta es una ley anti trabajador. Perjudica terriblemente al trabajador”.
José Mayans dio por sentado que el artículo 44 fue una estrategia del oficialismo para ocultar el verdadero “negocio” del proyecto. “Bueno, ahora nos enteramos que lo de la licencia fue una estrategia para sostener el FAL (Fondo de Asistencia Laboral). Eso es tener impunidad realmente, y tener desprecio para la gente. Fue una estrategia para que no se ataque al FAL, que estaba muy apuntado. Es un robo a cara descubierta, pero abiertamente inconstitucional: vulnera el 14 bis de la Constitución, que protege al trabajador, y el FAL viene a romper el sistema protectorio que tiene la Constitución. El FAL es abiertamente inconstitucional”.
Habló después de “la vergonzosa limitación del derecho a huelga, declarando a todas las ocupaciones imprescindibles; es abiertamente inconstitucional, rompe el principio de reclamo que tiene el trabajador ante un hecho que no considera justo”. Luego relativizó el tema de la litigiosidad y se quejó porque las indemnizaciones se pagarán en cuotas. “Una desprotección total”, consideró, para referirse a continuación a las organizaciones sindicales, a las que a su juicio quieren debilitar “para que no haya quien defienda el sistema laboral”.
“¿Sindicalistas ricos?… Son la excepción”, estimó, para denunciar una “estigmatización” de los que quieren poner como enemigos. “Parte de la estrategia del relato, plagado de mentiras, es primero estigmatizar: la culpa es del trabajador, la culpa es de los niños, la culpa es de los sindicatos, la culpa es de las provincias…”.
Sobre el final de su alocución, Mayans no anduvo con eufemismos: “esta ley es repugnantemente gorila… Pone impuestos a los trabajadores, se los saca a los que tienen lancha… Si hay una ley gorila, es esta. Hoy estamos en un día histórico, dicen… ¡Estamos en un día vergonzoso!”.
Y resumió: “Esto no es para generar empleo, no nos tomen por estúpidos, esto es para garantizar el Fondo de Caputo. Nosotros no podemos acompañar esa vergüenza”.
“No nos gustó la ley de 219 artículos; la ley de 218 nos gusta menos. Vamos a votar en contra de este desastre legislativo, de punta a punta”, concluyó.
A partir de las 11 de la mañana de este viernes, buscará “hacer historia” al convertir en ley dos temas de singular importancia y magnitud: Reforma Laboral y un nuevo Régimen Penal Juvenil.
Tan exultante como la Mesa Política que como con todas las leyes que se aprobaron en este verano siguió los últimos tramos de la sesión de este jueves desde uno de los palcos -en este caso- del Senado, la jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó este posteo al cabo de una intensa jornada: “3 de 3 en el Senado hoy. Mañana la última jornada para tener las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia”.
Habrá que revisar los archivos para verificar cuantitativamente este dato, pero la magnitud de los temas que se tratarán este viernes posiblemente alcanzarían para dar crédito a tal expresión. Es que a partir de las 11 de este 27 de febrero se debatirán en el Senado el proyecto de ley de Modernización Laboral vuelto con modificaciones de Diputados y la modificación de la Ley Penal Juvenil.
Por un lado, una reforma emblemática que los gobiernos no peronistas siempre han querido impulsar sin éxito: Raúl Alfonsín consiguió aprobarla en Diputados, pero después fracasó por un voto en el Senado; Mauricio Macri tuvo que olvidarse del tema cuando Pablo Moyano espantó a todos con solo expresar la palabra “Banelco”; y ni hablar de Fernando de la Rúa, quien logró aprobar una reforma laboral que generó un escándalo por los supuestos sobornos que habría habido detrás, argumento que usaría más tarde Néstor Kirchner para derogarla. Y por el otro, un nuevo Régimen Penal Juvenil que viene a reemplazar nada menos que a una ley de la dictadura: la 22.278, sancionada en 1980, gestión Videla.
Como viene sucediendo con el oficialismo en esta versión reforzada a partir del 10 de diciembre -cuantitativa y cualitativamente-, se descuenta que el Gobierno llega al recinto con la certeza de tener los votos contados, lo que hace prever que este viernes festejará otras dos leyes, que se sumarán a las tres sanciones del jueves -Acuerdo Mercosur-UE y Glaciares, más el visto bueno a Fernando Iglesias- y las de diciembre pasado -Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal-. Serán entonces seis leyes y un acuerdo del Senado, que incluyen al primer Presupuesto de la era Milei; un convenio por el que se trabajó durante 26 años, y la reforma de una ley importantísima de 2010.
Con relación a este viernes, el oficialismo da por descontada la aprobación del proyecto de Modernización Laboral, que ya pasó por el Senado alzándose con 42 votos, una docena más que la primera minoría y principal oposición, y que tan solo tendrá esta vez una votación, para aprobar o rechazar los cambios hechos en Diputados (donde eliminaron el polémico artículo 44°).
Respecto de la Ley Penal Juvenil, se espera un debate extenso, con la oposición del interbloque Popular, pero el antecedente de la Cámara baja es bastante elocuente respecto de lo que pueda llegar a pasar este viernes: se aprobó en la Cámara baja por 149 votos contra 100.
Elementos y antecedentes que justifican las caras relajadas y exultantes que se vieron este jueves en el Salón Azul del Senado, cuando 20 senadores libertarios -solo faltó Luis Juez- posaron junto a Karina Milei, Martín Menem y Diego Santilli, para celebrar este momento exitoso.
El análisis realizado por Observatorio del Control Público, de Fundación Éforo, estima que se perderían U$S 4000 millones de aportes por años producto de la baja de contribuciones y aportes. Además, se suma el desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad debido a la creación del FAL.
Tras un análisis que surge de la información analizada por el Observatorio del Control Público, de Fundación Éforo, expertos en temas previsionales advierten que la nueva ley laboral, en caso de aprobarse, podría generar un aumento de la informalidad de hasta cuatro puntos porcentuales que “resultaría en una caída inmediata de los aportes contribuciones que podría ascender a USD 4.000 millones, lo que actualmente representa entre el 4% y el 5% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”.
En Argentina las contribuciones patronales representan aproximadamente un 11% del PBI, por lo que “en un escenario de mayor informalidad y rotación laboral, la reducción drástica de estos aportes podría profundizar el déficit fiscal y comprometer la financiación de programas de seguridad social, jubilaciones y asignaciones”.
“La caída en la recaudación de los aportes y contribuciones colocaría al sistema jubilatorio y de pensiones contributivas en una situación crítica, agudizando la fragilidad actual. El incremento del déficit eleva la dependencia del Estado nacional de financiamiento mediante la emisión de deuda”, advirtieron.
En ese sentido, el informe indicó que “por cada punto de informalidad que aumenta en el mercado laboral, el sistema previsional pierde anualmente USD 975 millones. Las tensiones en la seguridad social, que es el componente del gasto público más importante en la Argentina, generan irremediablemente desequilibrios en las cuentas públicas y posibles ajustes en gasto social o aumento del endeudamiento”.
“Desde el Observatorio sostenemos que el debate sobre las modificaciones en el marco regulatorio de las relaciones de trabajo involucra y afecta al sistema previsional. Actualmente, el balance financiero de la ANSES de 2025 muestra un progresivo retroceso del superávit alcanzado en 2024. Los datos revelan que el superávit de la ANSES se redujo un 98% en tan solo un año, pasando de $ 4,05 billones en 2024 a $ 100.243 millones en 2025”, precisó Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público.
Al respecto, plantearon que los datos “muestran que el sistema previsional no logra financiarse con los ingresos de los aportes y contribuciones salariales, necesitando otros tributos para cubrir la brecha de aproximadamente $ 10 billones. El déficit en el financiamiento del sistema previsional se manifiesta en la caída histórica que vienen experimentando las jubilaciones y pensiones”.
“El desfinanciamiento del sistema previsional es señalado por muchos especialistas como el gran problema de fondo en las cuentas públicas y que vuelve mucho más urgente una discusión profunda sobre una reforma tributaria para mejorar las fuentes de financiamiento antes que una laboral. Ninguno de estos nudos críticos que afectan a la seguridad social y que están relacionados con el mundo del trabajo entra en la actual discusión parlamentaria”, concluyeron.
El instituto reconoce que los cambios aprobados dinamizarán el empleo formal, pero sostiene que el principal desajuste del sistema jubilatorio proviene del crecimiento del gasto y de decisiones políticas que lo volvieron financieramente insostenible.
La reciente aprobación de la ley de modernización laboral fue destacada por IDESA como un hito trascendente por la profundidad de los cambios y por las amplias mayorías logradas en ambas cámaras. El informe subraya que el Gobierno actuó con convicción y liderazgo a partir del respaldo electoral obtenido el año pasado, aunque advierte que aún quedaron aspectos importantes sin reformar y que será clave evitar que las justicias laborales provinciales distorsionen la implementación.
El trabajo insta a no sobredimensionar las expectativas sobre el impacto inmediato de la reforma. Si bien la mayor previsibilidad favorecerá la creación de empleo formal en empresas medianas y grandes, la informalidad —principal problema del mercado laboral— se concentra en firmas pequeñas que no reciben alivios regulatorios ni impositivos específicos.
IDESA sostiene que esta limitación vuelve “ineludible” encarar de manera urgente el ordenamiento del sistema previsional. Un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, citado en el informe, muestra que entre 2004 y 2024 el gasto público consolidado pasó de 25,4% a 33% del PBI, un incremento de 7,6 puntos. De ese aumento, el 40% correspondió al gasto previsional, que creció 2,2 puntos en el ámbito nacional y 0,8 puntos en las cajas provinciales no transferidas. Aun con el fuerte ajuste aplicado en 2024, se trata del componente más expansivo y rígido del gasto, presionado además por el aumento sostenido de la expectativa de vida.
Por estos motivos, el instituto considera “ingenuo” confiar en que la reforma laboral permita equilibrar el sistema jubilatorio. Recuerda que la formalización en pequeñas empresas será modesta mientras las cargas sociales sigan siendo incompatibles con sus niveles de productividad. En consecuencia, plantea que el principal desafío no pasa por aumentar los ingresos del sistema sino por moderar su gasto.
El informe destaca que la discusión previsional debe encararse de manera integral, incluyendo simultáneamente al régimen nacional y a los provinciales. Propone un sistema general donde los haberes se definan en función de los aportes realizados durante la vida activa y la expectativa de vida al momento del retiro, con un complemento solo para quienes acumulen pocos aportes y puedan caer en situación de vulnerabilidad.
IDESA remarca que la crisis previsional no deriva solo del estancamiento del empleo formal, sino sobre todo de decisiones “oportunistas e irresponsables”, entre ellas las moratorias que otorgaron jubilaciones contributivas a personas sin aportes y la multiplicación de regímenes especiales. Bajo este diagnóstico, concluye que la solución no vendrá de la reforma laboral, sino de un ordenamiento profundo y federal del sistema previsional.
El jefe de Gabinete afirmó que será un año “movido e intenso” en materia legislativa. Además, destacó la aprobación de la reforma laboral y el diálogo con los bloques aliados. Por otro lado, profundizó la distancia con la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Tomó una postura que no coincide con nuestros intereses. No es parte de nuestro debate interno, ni de nuestra gestión, ni de las decisiones".
En la antesala a la Asamblea Legislativa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló este lunes de cara a lo que se viene en el año en el Congreso y aseguró que tienen en la mesa “50 proyectos de ley” que el Presidente irá evaluando para enviar al Parlamento que tendrá un 2026 “movido e intenso”.
Tras dos intensas semanas de debate legislativo en torno a la reforma laboral, que consiguió media sanción en Diputados el viernes por la madrugada y esta semana volverá a ser tratada en el Senado, el funcionario se mostró confiado y aseguró que "la reforma laboral ya está aprobada, falta discutir el famoso artículo 44”.
"La reforma laboral es fundamental en una Argentina con 43% de informalidad, salarios que han sufrido en los últimos 50 años mermas reales, no tenes generación de empleo hace 12 años. Es una reforma que permite cambios en la legislación, que motiva al empleador a contratar gente y es fundamental para el crecimiento", afirmó el jefe de Gabinete en una entrevista para Radio Rivadavia.
En esa línea, llamó a "perder el miedo a contratar" y cuestionó la postura de los sindicatos: "Es extraño la posición sindical estando en contra, sin ningún tipo de análisis, sobre el nuevo texto de la ley. Defender la informalidad, los salarios bajos y la no creación de empleo parece surrealista”.
“Está claro que el esquema que estaba no funcionaba. Las leyes laborales que tienen entre 60 y 70 años y convenios colectivos que se gestaron en la década del 70. Está claro que el sistema había quedado viejo”, manifestó. Sobre la eliminación del artículo 44 afirmó que se discutió en la mesa política que “está ordenada con resultados que son favorables en términos de votaciones. Vamos sorteando los diferentes obstáculos que van apareciendo. Estamos para resolver problemas y más en una ley que no es tan sencilla ni de debate ni de redacción. Hubo que dialogarla mucho”.
Asimismo, adelantó que tiene “en la mesa 50 proyectos de ley de mayor impacto" por lo que "será un año movido e intenso en el Congreso". "Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá el esquema de prioridades y de qué manera se irá enviando al Congreso para su tratamiento”, marcó.
Por otro lado, el ser consultado por los dichos del diputado nacional Máximo Kirchner (UP) sobre la reforma laboral, Adorni lanzó: “Habrá dicho alguna estupidez… no hay mucho para decir de gente que ha destruido la Argentina y que es hijo de una expresidenta presa por corrupción”, y apuntó: “Yo fui a las votaciones en el Congreso y cuando ves de lejos lo que tienen para aportar… bueno la izquierda no tiene para aportar nada y el kirchnerismo la verdad que es bastante pobre. La forma que tienen de expresarse es como la de Carignano desconectando los micrófonos”.
“El kirchnerismo debe llamarse a la reflexión y que han destrozado al país. Gran parte de los problemas que tenemos son por culpa de ellos como el crecimiento, las jubilaciones. Es gente que atrasa y que hizo mucho daño y pierden en las urnas. No hay mucho que analizar de lo que diga. Son gente que nos ha encerrado, que hicieron negocios con las vacunas, que despedazaron el sistema energético. Me llama la atención que sigan opinando y diciendo estupideces. Son gente que atrasa”, expresó Adorni.
Esta semana, durante jueves y viernes, se espera que Senado termine de aprobar la reforma laboral para dar cierre al período de sesiones extraordinarias con un triunfo para el Gobierno. En tanto que el domingo por la noche, el presidente Javier Milei dará el discurso inaugural frente a la Asamblea Legislativa para iniciar el período de sesiones ordinarias en el Congreso: “El domingo a las 9 de la noche habrá cadena nacional. El discurso del Presidente no está terminado aún”.
“Cambió la composición de las cámaras y cuando pasas a una conformación cercana a una mayoría, entonces con los aliados, podes empezar a tener razonables y a lo que tenemos unos consensos en general, después se discute lo particular de lo que queremos hacer. No hay cambios de estrategias. Tenemos conversaciones más conducentes porque antes lograr una ley era casi imposible. Hay aliados súper razonables”, ponderó.
Consultado sobre la posibilidad de que la vicepresidenta se postule como candidata para dirigir al país el año que viene, Adorni indicó que Villarruel "tendrá en 2 años la libertad de tomar el camino que le parezca mejor".
“Ahora tomó una postura que no coincide con nuestros intereses y con la de los argentinos, y está bien. Hay que preguntarle a ella qué desea para el 2027, a nosotros nos da exactamente lo mismo. Es la vicepresidenta, pero no es parte de nuestro debate interno, ni de nuestra gestión, ni de las decisiones”, afirmó.
Sobre la posibilidad de que Milei se presente para la reelección, afirmó: "El 2027 no es parte de nuestro debate y no lo va a ser hasta el año que viene. El Presidente gobierna en base al mandato popular, no por lo que pueda suceder en el 2027".
El jefe de ministros marcó la necesidad de avanzar con la reforma laboral porque "el sistema había quedado viejo, donde el 80% de los trabajos que había cuando se gestaron las leyes laborales ya no existen".
"Es extraño el sindicalismo, porque la izquierda y el kirchnerismo no se aggiornan Y ATRASEN, pero el sindicalismo que palpa la realidad de sus trabajadores todos los días, me parece increíble, viven en una realidad paralela y de espaldas a la gente", expresó Adorni y cuestionó: "Hace 4 o 5 meses la gente validó al Gobierno en las urnas y los tipos hacen un paro general, que fue un fracaso, casi una burla, pero es gente que se levanta y se sube a su Audi con chofer".
El diputado de Unión por la Patria cargó duro contra legisladores de otros bloques que apoyaron la Reforma Laboral, la cual pronosticó "va a tener un impacto muy negativo en la sociedad".
Foto: HCDN
El diputado nacional Nicolás Trotta (Unión por la Patria) cargó duro este lunes contra gobernadores de origen peronista cuyos legisladores votaron a favor del proyecto de Reforma Laboral.
"Muchos gobernadores no tienen la osadía y el coraje de respetar los compromisos electorales, tratan de sacarle algo al Estado nacional en cuanto a recursos y así darle los votos para leyes que van a reconfigurar negativamente la sociedad de cara al futuro", expresó.
El exministro de Educación cuestionó "la superficialidad" con la que se trató el proyecto de Modernización Laboral, el cual consideró: "Va a tener un impacto muy negativo en la sociedad".
"Se trató de una manera exprés, no hubo una discusión profunda", agregó y criticó que el miembro informante del oficialismo (Lisandro Almirón) haya leído su discurso y que el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, ni siquiera haya hablado en el cierre del debate. "Esto muestra la incapacidad y ausencia del conocimiento sobre la temática", opinó.
Además, el opositor hizo hincapié sobre ausencia de legisladores que responden al gobernador cordobés, Martín Llaryora; y los votos a favor de tucumanos y salteños, bajo órdenes de los mandatarios Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz.
"Los diputados de Tucumán fueron elegidos por el justicialismo con un discurso absolutamente opositor a las políticas de (Javier) Milei, pero parece ser que la billetera ordena ciertas lealtades de distintos diputados", lanzó.
En declaraciones radiales, Trotta manifestó que "el Gobierno todavía tiene cierto oxígeno a partir de lo que fue el resultado electoral, pero todos los días creo que va creciendo la preocupación social, con el impacto de la destrucción de empleo y de la caída de ingresos. Eso va a reconfigurar, creo yo, inclusive, la construcción de mayorías en la Cámara de Diputados".
"Yo creo que el humor social está cambiando", insistió y apuntó que "cuando el costo político pasa a ser muy grande por acompañar las políticas del Gobierno de Milei, no hay dinero que transfiera el Gobierno nacional que compense la construcción de legitimidad social que puede tener un propio gobernador".
En esa línea, el diputado remarcó que "estamos frente a un ajuste presupuestario muy violento por parte del Estado nacional a las provincias y eso lo lleva a una política transaccional", mientras "crujen las economías regionales por la apertura del mercado interno".
"(La empresa) Fate no es un hecho aislado, los indicadores de destrucción de empleo y los indicadores de destrucción de empresas que provee el propio Gobierno hablan de la destrucción de 29 empresas por día y más de 244 empleos formales. Eso lleva a una sangría permanente y constante del sector productivo nacional y el Gobierno no reacciona. No hay ninguna política industrial ni mesa de concertación", sumó.
Aunque se afirmó que el artículo sobre licencias pasó inadvertido en la media sanción del Senado, en diez intervenciones mencionaron el tema de manera explícita durante la sesión del 12 de febrero, con críticas y ejemplos que anticiparon la controversia que luego llevaría a su eliminación en Diputados.
Mucho se dijo por estos días respecto del artículo 94 del proyecto de ley de modernización laboral, que finalmente fue excluido del texto que terminó aprobando la Cámara baja. Entre otras cosas, se habló de un supuesto desconocimiento de los propios senadores, a la hora de otorgar el proyecto que obtuvo media sanción el pasado 12 de febrero.
Lo cierto es que durante la extensa sesión del Senado varias veces se citó el tema de las licencias de manera crítica, amén de que el texto con las modificaciones -que incluían ese artículo 44, que no estaba en el dictamen firmado en diciembre pasado- se conoció recién en vísperas de la sesión.
Pero en honor a la verdad, hay que decir que el tema fue citado en esa sesión del Senado no por un senador, sino por una decena, a lo largo de la misma.
Veamos sino. El primero en citar el tema fue, como corresponde, uno de los dos miembros informantes que el oficialismo puso a explicar la ley. Fue el chaqueño Juan Carlos Godoy el que expresó así el tema de las licencias: “A aquellos trabajadores que realicen una actividad voluntaria no vinculada con las actividades laborales que impliquen un riesgo para su salud o su persona y que por causa de esta actividad queden imposibilitados de trabajar, el empleador estará obligado a pagarles un 50 por ciento de su salario por un período de seis meses en el caso de que tuviera personas a cargo legalmente y, en el caso de que no las tuviera, por tres meses. En caso de que fuera una enfermedad que no estuviera vinculada con la actividad laboral, lo actual ya está cubierto por la ART – repito: toda actividad por fuera de la actividad laboral–, y que fuera una enfermedad involuntaria, es decir, que no esté vinculada a una actividad voluntaria riesgosa que realice el empleador, tendrá derecho al 75 por ciento del salario”.
Fue, como el propio Godoy dijo, su primer discurso como senador. Y en el mismo, no puso al fútbol como de una lesión doméstica, sino otro deporte. Dijo así: “Un ejemplo muy común es el de una persona que realiza un deporte de su gusto, como por ejemplo el handball, que se lesiona la muñeca y no puede realizar la terapia en la clínica donde trabaja. El empleador tiene que afrontar el costo del empleado que está imposibilitado de trabajar más el de uno nuevo para reemplazarlo. En este caso, entendiendo que la responsabilidad es compartida, y parcialmente el trabajador tiene responsabilidad sobre la lesión en la que incurrió, en el caso de que fuera una actividad voluntaria corresponde que reciba el 50 por ciento de su salario y, en el caso de que no estuviera vinculada con eso, un 75 por ciento”.
Por último, señaló que “la extinción por presunción de abandono del trabajo queda expresamente establecida en este proyecto de ley como la finalización del vínculo laboral cuando pasados dos meses ninguna de las partes se haya manifestado en contrario y quisiera retomar el vínculo”.
Desde la vereda de enfrente, la primera en señalar de manera crítica este tema fue la catamarqueña peronista Lucía Corpacci. Para rebatir el tema de que los legisladores “no leen” lo que después votan, y más aún, no escuchan lo que se dice en el recinto, la exgobernadora dijo que había escuchado al miembro informante hablar del tema de las licencias por enfermedad. “Decía: si usted se enferma, por supuesto, no en horario laboral, no en un accidente in itinere, porque eso lo cubre la ART… No sé…, si se fracturó la pierna –él dio el ejemplo– haciendo un deporte –porque resulta que ahora el handball es un deporte de riesgo–, si se sometió a una actividad de riesgo como puede ser –lo dijo el miembro informante– jugar al handball, la cobertura no va a ser del 75% como sería en el caso de un accidente cualquiera, sino que va a ser del 50%. O sea que además le van a decir a qué puede jugar, a qué hora puede salir, si se puede subir a un auto…, porque no está reglado en ningún lado”.
“Por lo menos que expliquen qué es de riesgo, qué significa una actividad de Riesgo -reclamó-. Él puso como ejemplo una actividad deportiva. Muchachos: vayan sabiendo que no pueden jugar al fútbol, porque si alguno le pegó una patada y le quebró la canilla, le van a reconocer solo el 50%. Entonces, no digan que no afecta al trabajador.
También desde ese bloque, la santacruceña Ana Marks trajo a colación el artículo de las licencias. Aunque en este caso fue apenas una referencia: “Cuando vemos que en una ley nos plantean que una persona que tiene un accidente o una enfermedad va a cobrar el 50% de su sueldo, cuando nos plantean que van a ampliar el período de prueba de las trabajadoras de casas particulares, cuando nos plantean que un trabajador va a tener que esperar 3 años para poder tomarse unas vacaciones en verano para llevar a su familia a la playa, ¿qué es esto si no es venganza, crueldad y odio hacia el pueblo trabajador? ¿Con alguna de estas medidas vamos a resolver los verdaderos problemas del empleo en la Argentina? ¡Claro que no!”.
La más cruda sin dudas fue la senadora Juliana di Tullio, quien al hacer referencia a las licencias por enfermedad, lanzó un: “¡Bestias brutas!”. Y especificó: “Si te enfermás, no tengas cáncer, por favor. Les decimos a los trabajadores y trabajadoras argentinos que no tengan cáncer. Ni se les ocurra, porque van a cobrar hasta el 50%. Si se quiebran jugando al fútbol: 50%. En este país, los laburantes juegan al fútbol. ¿O qué creen que hacen? ¡Juegan al fútbol! Porque los laburantes también tienen derecho a descansar y hacer deporte. ¿O no les suena?”.
De todos, el que más habló del tema fue el santafesino Marcelo Lewandowski. “En algo que expusieron sobre el final respecto del artículo 44, el miembro informante, quien no está presente en este momento, hablaba de que cuando uno tiene una lesión o una enfermedad producto de algo que no hizo en su trabajo, le van a pagar menos -recordó-. Dijo que si el problema de salud es producto de una actividad realizada voluntariamente y siendo consciente de que implicaba un riesgo, le van a pagar el 50%. Y puso el ejemplo del handball. En el interior por ahí le metemos fútbol, paddle, básquet o vóley. Pero bueno, en la primaria jugábamos al handball. Todo deporte es bueno”.
Continuó: “Ahora, ¿qué está diciendo? Que si vas a jugar al fútbol y tenés una lesión grave vas a cobrar un 50% menos. O sea que, en este concepto de que el trabajo es una mercancía, te vas del trabajo a tu casa y ahí sentate en una reposera, no vaya a ser cosa que te tuerzas un tobillo porque te van a pagar un 50% menos. O si un laburante se sube a una escalera para pintar su propia habitación, su propia casa, también puede significar una lesión de riesgo, ya que tomó él solo la decisión de subirse a la escalera”.
“Los médicos te mandan a caminar, a hacer alguna actividad física. Bueno, de acuerdo con esto, ojo con lesionarte porque te pagan el 50% menos”, insistió. Dijo también que “esto es mucho más grave: en el caso de que haya una enfermedad importante –no queremos poner nombres– que merezca un tratamiento largo y por la cual no pueda ir a trabajar, a aquel que no tenga a cargo una familia, después de los tres meses, no le dan un peso”.
“Entonces, cuéntenme dónde está el beneficio para los trabajadores o en cuál de todas esas situaciones se habla de beneficios para los trabajadores. O sea, en el país de la libertad te dicen qué tenés que hacer con tu tiempo libre. No vayas a lesionarte en una actividad riesgosa, andando en bicicleta por ejemplo, porque estás complicado”, reflexionó el senador rosarino.
Otro que habló del tema fue el entrerriano Adán Humberto Bahl, que señaló la situación desde otra perspectiva: “Todos sabemos que si yo soy un trabajador y voy a trabajar en auto, en bicicleta, en moto y tengo un accidente o tengo un accidente en mi lugar de trabajo, me cubre la ART. Pero, ¿qué pasa si yo el fin de semana fui a jugar al fútbol y me quebré una pierna? Voy el lunes y le digo a mi empleador: “Mirá, probablemente tenga 3, 6, 9, 12 meses que me vas a tener que pagar el sueldo porque tuve esta enfermedad inculpable”. Lo va a tener que pagar y me va a tener que mantener el trabajo por un año. Y, eventualmente, si luego voy y digo: ‘Mirá, me incapacité y me vas a tener que pagar la indemnización por despido’. Eso, señores senadores y señoras senadoras, es seguridad social”.
“Si realmente, queremos darle previsibilidad al empleador y queremos ayudarlo, debería tomarlo el Estado y no quedar en carga del empleador, como es actualmente. Eso es darle previsibilidad, eso es darle herramientas claras para que invierta, para que siga produciendo y para que siga generando puestos de trabajo”. Y resumió: “Hoy lo que vi es que, si te enfermás, te jodés: ‘Te voy a pagar la mitad’. La verdad es que cada artículo que aparece está en contra de los derechos de los trabajadores”.
A su turno, la camporista Anabel Fernández Sagasti, que en el final de su intervención dijo: “En caso de enfermedad, que no tenga que ver con una enfermedad laboral, lo que establece el artículo 44, recién introducido por el grupo de los 44, es que, si una persona se enferma y no es enfermedad laboral, te deben pagar el 50% del básico, si vos no estabas haciendo una actividad de riesgo. Está en la ley”. Alguien le dijo que eso lo habían modificado y ella lo dio por cierto: “Bueno, ya lo cambiaron, pero la intención es lo que cuenta”. Y continuó, según la versión taquigráfica: “Lo que quiero decir, si no me interrumpen… La cuestión es que, si una persona, por ejemplo, tiene cáncer de mama y tiene hijos a su cargo, le van a pagar el 75% del básico. Esa es la realidad de lo que pusieron en esta ley”.
El último que hizo en su discurso una referencia al artículo 44 fue el santiagueño Gerardo Zamora, quien se refirió también extensamente al tema, desde otra perspectiva. Advirtió que “las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que tiene esta reforma menoscaban derechos de los trabajadores e incrementan la precariedad y la vulnerabilidad de las condiciones del empleo. Por ejemplo, la modificación del artículo 208 va a profundizar mucho más los problemas de la salud laboral, porque lo único que va a generar es conflictividad”.
Advirtió que “la solución de fondo sobre los accidentes de trabajo o las llamadas ‘enfermedades y accidentes inculpables’ deja de lado a las ART. Ellas siguen como si nada. La doble vía judicial sigue como si nada. Qué raro, ¿no? A los sectores poderosos, financieros y concentrados no se los toca. ¿A quién se toca? Al empleado que enfermó o se accidentó y a la pobre PyME que va a tener que discutir para ver si le va a pagar el 75 o el 50”.
“De nuevo vamos a volver a un sistema de conflictos judiciales que, ya que vamos a reformar la Ley de Contrato de Trabajo, esta ley debería evitar para generar esta seguridad jurídica que aquí se pregona”, señaló, para referirse luego directamente al tema ausentismo, que a su juicio “se tendría que haber evitado. Hemos hablado mucho con cámaras empresariales, sobre todo con las pequeñas, que no han participado del laboratorio de esta ley. Según los datos que nos pasan, el ausentismo en la Argentina está en niveles altísimos: 14%. Brasil tiene 3%. ¿Qué nos diferencia de Brasil y de la mayoría del resto del mundo? Que esta cuestión, que el artículo 208 no trata, está incluida en el sistema de servicio social. El Estado se ha hecho cargo”.
“En Estados Unidos, donde no se hace cargo el Estado, lo hacen las aseguradoras -continuó-. Lo cierto es que hay ideas al respecto. La Confederación General Económica, integrada por más de 40 cámaras, viene planteando públicamente algo que no comparto, pero que es una idea para debatir: ¿por qué no se aplican ahí esos recursos, que en definitiva son del Estado –adelanto que no estoy de acuerdo, como lo hicieron muchos, incluyendo a los que van a votar afirmativamente en general–, en vez de que vayan al Fondo de Asistencia Laboral? Porque tener un problema de ausentismo es mucho más costoso para el sistema laboral, para nuestros productores, para nuestros comerciantes, que un eventual juicio de indemnización o tener que despedir a un empleado. Cuando hablamos del 14% de ausentismo es en promedio. Hay pequeñas empresas, de diez empleados, que tienen un ausentismo del 30%”.
Y concluyó: “Estoy totalmente en desacuerdo con desfinanciar la ANSeS, pero son ideas a debatir. Habría que buscar. Porque la mayoría de los países lo hace y eso lo carga al empresario. Me refiero al ausentismo que el artículo 208 no resuelve”.
Por último, dos senadoras de la oposición más cercana al Gobierno terminaron absteniéndose, al menos de manera virtual. Fue durante la votación individual, cuando la senadora chubutense del Pro Andrea Cristina pidió la palabra antes de votar el Título I para decir: “Quiero dejar constancia en la versión taquigráfica que rechazaría el artículo 44. Respeto que se vote el Título completo, por lo cual voy a votarlo a favor por la importancia que tiene el resto de los artículos, pero quiero dejar constancia de que, precisamente, no estoy de acuerdo con lo propuesto en el artículo 44”.
Ante una observación de la senadora Di Tullio, el senador Bartolomé Abdala, que presidió toda la votación en particular, aclaró: “Vota una sola vez, solamente que deja expresa… Es válido lo de la senadora Cristina”.
Y a continuación hizo lo mismo la pampeana Victoria Huala, compañera de bloque de Cristina, que también dejó constancia de su rechazo al artículo 44.
Si contamos la lectura de las modificaciones hechas al dictamen, hecha por el secretario Parlamentario Agustín Giustinian, el artículo 44 fue referenciado en diez intervenciones durante el debate. Los senadores sí advirtieron extensamente sobre el tema, que se conoció a menos de 24 horas del inicio de la sesión. Más tarde se sumarían reacciones que terminaron tumbando el artículo, pero el inicio de la rebelión contra esa norma está en las citas que parlamentario.com ha reseñado.
Entre chicanas, tensiones y gestos desde y hacia los gobernadores, Diputados aprobó la reforma laboral, con episodios que muestran a legisladores más preocupados por las redes que por las leyes. El caso Carignano y un Presidente que se prepara a visitar al Congreso mucho más poder que el que todo el mundo le auguraba al llegar.
El bloque oficialista celebró la aprobación de la ley de Modernización Laboral en oficinas de la Presidencia de la Cámara.
La votación en particular del proyecto de modernización laboral fue mucho más corta que en el Senado. A pesar de que, fuera del reglamento, varios diputados alargaron el trámite con discursos a la hora de proponer modificaciones que ya se sabía no serían aceptadas. Nada que sorprenda, ni de un lado ni del otro. Pero el trámite tedioso de cada una de las 26 votaciones en particular fue enmarcado esta vez por un hecho anecdótico que se repitió una y otra vez: durante la votación nominal, en la que el recinto se sumerge en un silencio expectante, ese lapso de 50 segundos era acompañado con la melodía del tema “Guantanamera”, en versión silbada.
Una sutil humorada que la mayoría de los diputados no sabía a quién atribuirla, ni siquiera qué objetivo tenía. Juan Grabois era el intérprete y estaba dedicada a quien como la semana anterior en el Senado había asistido para seguir el desarrollo de la votación desde un palco, para no perderse el festejo: la hermanísima Karina Milei, acompañada por la mayoría de quienes componen la Mesa Política de la Casa Rosada.
Un grupo selecto y más diverso que el otrora férreo “triángulo de hierro” al que vino a reemplazar con mayor eficiencia, y que el martes del feriado extra large de carnaval aceptó eliminar por completo el artículo 44 de la reforma laboral, luego de la previsible polémica generada por los rigurosos recortes salariales aplicados por licencias médicas. Fue una muestra de pragmatismo de parte de un gobierno que ha aprendido bastante estos dos años, al punto de evitar las peleas pequeñas con el fin de abonar un bien superior.
La Mesa Política de la Rosada, con la satisfacción de la ley aprobada.
Cabe aclarar que no le quedaba otra alternativa, pues un grupo de aliados se habían plantado exigiendo la eliminación completa del artículo, cuando la concesión original oficial se limitaba a poner fuera del recorte a las enfermedades “graves o degenerativas”. El número que aglutinaba a esos bloques que habían anunciado esa postura en las redes sociales -cuestión de ya no poder volver atrás-, superaba la treintena, con lo que una negativa no solo complicaba la votación, sino la sesión misma, pues el quórum ya no estaría garantizado.
La picardía de Grabois, que claramente ha ido al Congreso a hacer esas cosas, no fue la única de esa extensa sesión que tuvo de todo. De ese bloque, el diputado Horacio Pietragalla Corti tuvo una breve intervención para expresar su “disconformidad” con la reforma y entregarle al presidente de la Cámara lo que definió cmoo “el símbolo de esta ley hoy”, dejándole en el estrado a Martín Menem unas cadenas, personificando la esclavitud que le adjudican a los cambios en materia laboral.
Pietragalla y la cadena que le dejó en el estrado a Martín Menem.
Eso hacen muchos diputados y senadores en la actualidad. No todos, obviamente, ni solo los libertarios, tan apegados como están a pasar buena parte del día en las redes. Lejos están muchos de esmerarse estudiando los temas diversos que deben tratar en cada sesión, ni mucho menos por dar el mejor discurso durante el debate: el objetivo principal pareciera ser buscar el minuto de gloria en Tik Tok o Instagram. Los seguidores en las redes valen más que los votos. Señales de este tiempo.
Muchos legisladores -más de los que podría esperarse- dedican buena parte de las sesiones a grabar reels para sus seguidores, desentendiéndose de los discursos ajenos, aun los de sus propias bancadas. Esa es una función que desarrollan principalmente los oficialistas, sobre todo quienes recién han desembarcado en la política -la mayoría- y así entienden debe ser su función. Soslayando el papel del periodismo, inspirados por su líder, se dedican ellos mismos a transmitir “la actualidad” desde el recinto mismo, brindando en ocasiones -hay que admitirlo- un servicio indispensable, como sucedió el jueves último con el video con el que Lilia Lemoine captó a la diputada K Florencia Carignano desconectándole los equipos a los taquígrafos, durante uno de los momentos en los que la sesión se desmadró.
A mí. No es IA.
Acá está el video completo. pic.twitter.com/MRkEHd6RG1— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 19, 2026
El caso Carignano promete escalar, al menos esa es la intención del oficialismo que el viernes comenzó a dar los primeros pasos para aplicarle sanciones. Una posibilidad de difícil ejecución, pues se necesitarían dos tercios de los votos del Cuerpo, que nadie tiene; pero al oficialismo le sirve para mantener al kirchnerismo como rival.
Tras una nueva sucesión de derrotas, Unión por la Patria no logra encontrar el camino indicado para enderezar el rumbo, ni mucho menos ofrecerse como alternativa. En los escándalos, por mejores argumentos que tenga para justificar la reacción, tiene todo por perder, y es lo que le pasa.
Decíamos que el gobierno debió ceder algo con la reforma laboral que llegó del Senado. Bajo siete llaves se guarda el secreto sobre el autor del artículo extirpado, que Patricia Bullrich atribuyó para no ahondar en detalles a “La Libertad Avanza”. Todos los caminos conducen a Federico Sturzenegger, que lo defendió con argumentos toscos y la anécdota del fútbol de entrecasa. Fue nafta echada al fuego, más allá de que se dice que no fue él quien lo incluyó. De hecho, en el dictamen de diciembre pasado ese artículo no estaba. Pero muchos le endilgan al ministro de Desregulación haber puesto en escena con sus dichos lo que se transformaría en poco menos que un escándalo.
La verdad sea dicha, eso es minimizar el papel de la oposición en su conjunto, aun la cercana al gobierno. Porque el tema estaba en escena desde que se debatió en el recinto del Senado. Faltan a la verdad quienes por desconocimiento dicen que lo de las licencias recién se conoció después de la media sanción. En la sesión del 12 de febrero, una decena de legisladores hablaron del artículo 44. Lo explicó primero el chaqueño Juan Carlos Godoy, uno de los oficialistas que detalló el dictamen de mayoría; luego lo criticaron con mayor o menor virulencia los senadores Lucía Corpacci, Ana Marks, Juliana di Tullio, Marcelo Lewandowski, Humberto Bahl, Anabel Fernández Sagasti y Gerardo Zamora, en tanto que las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala pidieron que constara su abstención a ese artículo, al menos para la versión taquigráfica.
El gobierno trabajó intensamente para que sobre todo esa ley atravesara airosamente extraordinarias. Los gobernadores fueron clave, ya sea para que sus diputados apoyaran la ley, o al menos dieran quórum. Lo planteó con ironía al principio de la sesión del jueves el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, que conforme la intención de darle opacidad al debate deslizó en el inicio de la sesión que el gobierno había ofrecido distintos “packs”. “Está el ‘pack quórum, y después te levantás y te vas’; está el ‘pack quórum, con votación en general y luego crítica en la votación en particular’. Está el ‘pack quórum, me opongo en general y después voto los artículos en particular...’”.
Los diputados alineados con el gobernador catamarqueño votaron en contra de la ley, pero dieron quórum; los tucumanos de Jaldo dieron quórum y dos de los tres votaron la ley; en tanto que Provincias Unidas no dio quórum, pero 6 de sus 18 diputados (entre ellos la presidenta del bloque) votaron a favor. De los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, 2 votaron a favor, 3 se ausentaron, y solo uno votó en contra. De los dos diputados alineados con el gobernador jujeño, uno votó a favor y la otra en contra.
Los números estaban contabilizados de antemano, cuestión de evitar sorpresas, y así, con más o menos votos, el oficialismo logró sortear también con cierta holgura la votación en particular. Solo en el último título, el que contenía las derogaciones -incluida la del Estatuto del Periodista- la brecha se estrechó a solo 7 votos.
El trámite concluirá el viernes que viene, se descuenta que con una aprobación de lo votado en Diputados, habida cuenta de que ya en el primer tratamiento en el Senado fue aprobado en general con 42 votos afirmativos y 30 en contra. Nada pasó como para que ahora eso se revierta.
Será la tercera sesión del Senado en este período de extraordinarias, en el que el oficialismo descuenta que aprobará también el nuevo Régimen Penal Juvenil, el acuerdo comercial Mercosur – Unión Europea y, si hay tiempo y lo incluyen, la reforma de la Ley de Glaciares, “a pedido de los gobernadores”, como insiste en aclarar el oficialismo cada vez que les preguntan.
Será una verdadera exhibición de poder de una Libertad Avanza que hasta hace tres meses tenía solo el 10% de la Cámara alta y el 15% de Diputados. Hoy, sin ser mayoría en ninguna, muestra un claro dominio del Congreso y le dará la posibilidad al presidente Milei de mostrar el domingo venidero, en su tercera apertura de sesiones ordinarias, el puñado de leyes conseguidas este verano como el cumplimiento de parte de sus propuestas de campaña.
A través de un comunicado, desde la bancada que conduce José Mayans, cuestionaron tratar de aprobar “a las apuradas y sin argumentos” la reforma laboral que calificaron de “nefasta norma”. Además, denunciaron que LLA “avasalló” la Constitución y el Reglamento de la Cámara.
El bloque de senadores de UP emitió un comunicado en donde denunciaron al oficialismo de “vulnerar y manipular” las normas del sistema democrático para “atacar los derechos de los trabajadores” en medio del tratamiento exprés del proyecto de reforma laboral que tuvo dictamen de comisión este viernes por la mañana en el Senado, tras la media sanción de Diputados.
En el documento que difundieron acusaron a La Libertad Avanza de “manipular las normas en el proceso de sanción de la mal llamada ley de modernización laboral, exponiendo su decisión política de avanzar de cualquier forma para tratar de aprobar a las apuradas y sin argumentos la nefasta norma”.
Así, indicaron que durante el procedimiento de sanción “avasallaron la Constitución Nacional y el Reglamento del Senado”. En esa línea, reiteraron su crítica por la proporcionalidad en la conformación de las comisiones: “Este atropello fue el que les permitió conseguir dictamen para avanzar con esta sanción catastrófica para los trabajadores”.
“Anunciaron que iban a introducir modificaciones, pero lejos de comunicarlos, escondieron las numerosas reformas que fueron negociadas a puertas cerradas, fuera del ámbito natural de discusión que es la comisión y a espaldas del pueblo”, criticaron.
“Estamos ante un verdadero quiebre institucional que marca el ingreso a un camino peligros para la democracia argentina, y que genera gran incertidumbre e inseguridad jurídica”, alertaron y advirtieron que “la ley naca viciada de nulidad absoluta”.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza no dejó pasar por alto algunos dichos de los integrantes de Unión por la Patria.
Foto: Comunicación Senado
Durante el plenario de comisiones de este viernes en el Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió al cruce de las acusaciones de integrantes de Unión por la Patria respecto de presuntas coimas o pagos a senadores aliados a cambio de votos a favor del proyecto de Reforma Laboral.
En referencia la llamada "Ley Banelco", sobre la que el kirchnerismo comparó desde un principio con este proyecto, la exministra de Trabajo de la Alianza apuntó: "Si los senadores saliesen de una anteojera y vieran lo que decidió la justicia en la Argentina, van a ver que la causa que involucró al presidente Fernando de la Rúa terminó absolutamente libre de culpa y cargo. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que no sigan repitiendo cosas que son mentiras, mandó a investigar la conducta del juez actuante y el Consejo de la Magistratura no lo hizo nunca; y mandó a procesar al falso testigo de ese momento".
"¿Qué se hizo ahí? Se inventó algo para luego intentar generar la caída de ese Gobierno. Y lo lograron, con el helicóptero, como acá lo nombraron. Por eso no vamos a permitir estos arrebatos golpistas de los helicópteros", señaló en alusión al cruce que anteriormente tuvo con la riojana Florencia López.
Pero además, como Mariano Recalde había mencionado al senador expulsado en diciembre de 2024, Bullrich expresó que "mienten cuando dicen que (Edgardo) Kueider recibió comas por una ley. Kueider es parte del bloque que ustedes representan y, además de eso, fue ministro de un gobernador que terminó preso por administración fraudulenta. ¿Entonces de dónde sacan ustedes que esos bolsos no vienen de esa administración?".
"Mienten cuando dicen que el ministro (Luis) Caputo va a ser algún negocio, se va a llevar alguna comisión" con la creación del Fondo de Asistencia Laboral previsto en la ley, que la oposición alertó como un "negociado" diseñado por el ministro de Economía.
En el final de ese descargo, la senadora oficialista enfatizó que "están acostumbrados a mentir" cuando "los funcionarios que han llegado a la condena, algo que le hace muy mal al país, ha sido una fórmula presidencial completa: ha sido condenado por corrupción el vicepresidente Amado Boudou y ha sido condenada con condena firme en la Corte Suprema de Justicia la expresidente en dos mandatos Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, traten de hablar de la realidad y no de la ficción que se crean".
A pocas horas de su aprobación en la Cámara de Diputados, un plenario de comisiones avaló el texto con la eliminación del artículo sobre licencias por enfermedad. El oficialismo se encamina a la sanción definitiva en el cierre de las extraordinarias.
Fotos: Comunicación Senado
Con el apoyo de aliados, La Libertad Avanza se alzó este viernes en un plenario de comisiones del Senado con el dictamen de mayoría del proyecto de Modernización Laboral, venido en revisión de la Cámara de Diputados apenas unas horas antes.
Cumpliendo con el veloz cronograma, tras la eliminación de un artículo clave que se hizo en la cámara revisora, los senadores cumplieron con el trámite de dejar listo el despacho que será llevado al recinto dentro de una semana (de acuerdo al reglamento debe pasar ese plazo). Será así en una sesión convocada para el viernes 27, al filo del período extraordinario. En tanto, se espera que el jueves 26 también haya sesión, con el régimen penal juvenil como uno de los principales temas.
De esta manera, el oficialismo se encamina a sancionar de manera definitiva la Reforma Laboral, ambiciosa iniciativa del gobierno de Javier Milei, que se espera exhiba el logro legislativo en su discurso del próximo 1ro. de marzo ante la Asamblea Legislativa.
Luego de la aprobación en Diputados, marcada por una jornada con nuevos incidentes en las calles y el paro nacional convocado por la CGT en oposición al proyecto, este viernes se llevó a cabo el plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que había sido citado incluso antes de que la Cámara baja debata el tema, lo que despertó cuestionamientos de la oposición.
En una enfática defensa del proyecto, que también arrancó con un descargo para negar cualquier tipo de prebendas en torno a la ley, Patricia Bullrich expresó ante los presentes en el Salón Azul: "Este Congreso y este Gobierno ha decidido tener en esta ley un proceso de construcción democrático. Algo que no viví los ocho años que fui diputada, cuando el kirchnerismo fue gobierno y eso sí que era una escribanía".
Recordó entonces que la iniciativa "entró el 11 de diciembre" y "recibimos a más de 1.500 organizaciones, mails, reuniones presenciales, atendimos a todos". Al señalar que se necesitaba tiempo para analizarla, "se postergó (su debate) para no hacerlo a las apuradas".
Como una de las críticas de los miembros de Unión por la Patria que más se escuchó fue que quienes votaron a favor "no leyeron la ley", y por eso luego se tuvo que dar marcha atrás con el artículo que modificaba las licencias por enfermedad, la jefa del bloque LLA dijo que "es una mentira que no conocían el dictamen. Todos los senadores conocíamos perfectamente lo que estábamos votando, incluso hubo abstenciones en ese artículo y senadores que dijeron que no estaba de acuerdo".
Luego, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social apuntó contra UP: "Ustedes lo que quieren es el tiempo para no cambiar nada nunca y vivir en una ficción. Para ustedes es moralmente fácil decir que el mundo del trabajo está bien, que los trabajadores tienen derechos, cuando el 43% no tiene un solo derecho y la otra mitad está medio en blanco y medio en la informalidad".
"Nosotros tomamos el toro por las astas y ponemos sobre la mesa un problema que existe", defendió y los acusó de "no leer los números" porque "la tasa de desempleo en la Argentina va a la baja; y va a ir mucho más a la baja cuando la relación entre empleadores y empleados sea más libre".
En el final, Bullrich subrayó que "el viernes que viene el país va a tener un punto adelante, que el intento permanente de voltear gobiernos lo impidió. Lo impidió en el gobierno de (Raúl) Alfonsín, con 13 paros generales, lo impidió en el gobierno de (Fernando) De la Rúa, en el de (Mauricio) Macri. No lo va a impedir en el gobierno de (Javier) Milei.
En el arranque, luego que se informaran los reemplazos de integrantes en ambas comisiones -movimiento para asegurarse el quórum-, se abrió el debate. El primero en exponer fue Jorge "Coqui" Capitanich, quien habló de una "violación flagrante del artículo 14 bis de la Constitución Nacional".
"Nosotros mantenemos nuestras objeciones de carácter estructural respecto de la afectación de los derechos del trabajador, de los derechos colectivos, de la organización de la justicia del trabajo y del impacto desde el punto de vista fiscal", sostuvo.
También, reclamó que "las observaciones que formulamos que no han sido tenidas en cuenta". Y agregó que "es extremadamente regresiva la reforma tributaria" que se introduce mediante la ley, la cual contiene una "reducción significativa de derechos" y "no contribuye a la generación de empleo".
A su turno, también por el bloque Justicialista, Mariano Recalde apuntó que el texto había sido girado dos horas antes desde Diputados. "Nunca habíamos visto que se tratara de una manera tan rápida, tan exprés, tan afectada e irregular en su procedimiento", dijo y mencionó que el proyecto de 218 artículos "modifica 18 leyes, deroga 11 leyes y suma 21 entre derogaciones parciales". "Son todas leyes que fueron tratadas en el Congreso por separado y que merecían un debate profundo", se quejó.
Además, el porteño advirtió que el proyecto "se aprobó todo a libro cerrado" y dudó de "la negociación de votos con distinto tipo de contraprestaciones; todavía no sabemos si hubo coimas. Eso ocurre cuando uno vota una ley que no le hace bien a la gente".
Luego, Recalde defendió las reformas laborales durante el kirchnerismo: "El país tuvo el desempleo más alto cuando usted era ministra, ese desastre vinimos a arreglar los peronistas y este desastre lo vamos a venir a arreglar otra vez". "Bueno, si ganan las elecciones lo arreglarán", le retrucó Bullrich.
En tanto, la riojana Florencia López, que protagonizó un duro cruce con la jefa de LLA, arrancó: "En las versiones taquigráficas vamos a aparecer los que estuvimos al lado de los trabajadores y los que traicionaron a los trabajadores". Tras criticar todo el trámite parlamentario, la peronista cuestionó que "nos convocaron a tratar una modificación que todavía no se había tratado en Diputados", por eso "esta ley, si es que sale, va salir con vicio de nulidad absoluto", alertó.
"No quieren que la gente se dé cuenta de que esto no es ninguna ley de modernización laboral, sino de precarización laboral", expresó y aseguró que "cada día que pasa la gente se da cuenta que esto es un verso, por eso el apuro".
Más adelante, Juliana Di Tullio manifestó: "Les quiero decir a los trabajadores que el oficialismo está firmando dictamen para que los argentinos no tengan más derechos". "No deberíamos estar acá, lo saben todos. Están violando el artículo 103 del reglamento", reclamó y sumó que el plenario fue convocado "antes de la aprobación de la ley, que fue hace un par de horas atrás".
La kirchnerista habló de una "degradación institucional" que derivará en presentaciones judiciales contra la ley. Tras mencionar los despidos en Fate y cierre de empresas, fustigó a los senadores dialoguistas que "ya son todos violetas" y firmaron el dictamen junto a LLA. "Después está el peronismo, que cuando volvamos vamos a tener que derogar esto que ustedes van a votar", cerró.
Por su parte, el titular del bloque Convicción Federal, Fernando Salino, cuestionó el tratamiento del proyecto: “No es un procedimiento serio el de esta ley. No respetaron absolutamente nada”. “¿Qué carrera están corriendo? ¿Cuál es el apuro?”, preguntó.
“Hay como un misterio político. A lo mejor hay un elemento subyacente que desconocemos, o un vencimiento, un plazo perentorio y por eso hay que correr. Pero corrieron tanto que se pegaron un tropezón. ¿Para qué corren esta carrera? En un país con un montón de problemas sin resolver”, insistió.
El miembro del interbloque peronista advirtió y añadió que "están alfombrando el camino de cada demanda porque está todo mal”.
En una breve intervención, Alicia Kirchner denunció que en el proyecto “hay una reforma tributaria encubierta. Es una ley ómnibus porque se hicieron aportes que no se respetaron. Es un atropello tremendo que daña la Constitución y la justicia social”.
En el tramo final, la oficialista Carmen Álvarez Rivero enfatizó que "hay 10 millones de argentinos en la informalidad que esperan" y "este es un tema prioritario, urgente". "Hay que aprovechar la oportunidad que el presidente Milei nos está dando", consideró y argumentó que "esta ley es para desarrollar la Argentina, va a venir más inversión, vamos a tener más producción, más empresa y obviamente eso se va a traducir en más trabajo".
Al responder las críticas de UP, el el economista libertario Agustín Monteverde rechazó en todos sus términos la variedad de “falsedades e infamias que se vertieron por parte de la oposición”, y aclaró que “los aliados y nosotros hemos leído cada artículo”.
“Los hemos escuchado aterrorizar sistemáticamente y advirtiendo pronósticos catastróficos de lo que viene, con falsedades de que sacaban las horas extras, algo que se va a demostrar en el poco tiempo de que todo eso es una falsedad”, apuntó contra el bloque opositor y les respondió sobre los tiempos de tratamiento: “Llegó rápido de Diputados porque somos eficientes y tenemos apuro por cambiar y erradicar de una vez la estructura vetusta de fracaso y miseria que ha hundido a este país. Tenemos apuro por hacer próspera y grande a la Argentina. Tienen una desconexión total con la sociedad”.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Modernización Laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones en la madrugada de este viernes. Por las modificaciones introducidas debió volver a la Cámara alta.
El dictamen completo del proyecto de Modernización Laboral que fue aprobado por la Cámara de Diputados en la madrugada de este viernes por 135 votos afirmativos, 115 negativos y cero abstenciones. Este mismo viernes por la mañana fue tratado en un plenario de comisiones del Senado a donde volvió para su tratamiento por las modificaciones introducidas.
P.E. 159-25 (1)Mediante un comunicado, la Oficina del Presidente destacó los aspectos del proyecto oficial, que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Karina Milei, Adorni y Santilli, presentes en la sesión.
Foto: HCDN
Tras la votación del proyecto de Modernización Laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno celebró su aprobación y señaló que se trata de "una de las reformas estructurales que el presidente Javier Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atraso en las relaciones laborales de los argentinos".
"La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina", se destacó mediante un comunicado de la Oficina del Presidente.
De viaje por Estados Unidos, Milei no se encontraba en el país al momento de la sesión de la Cámara baja. Sin embargo, al igual que cuando se debatió en el Senado, se hizo presente en el Congreso su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien no viajó junto a él a propósito del día clave para el oficialismo en Diputados.
"El jefe", junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, celebraron la votación en uno de los palcos del recinto de la Cámara baja.
El comunicado de la Oficina del Presidente enumeró que "la nueva normativa simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores. Incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especual en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), eliminando distrosiones que impedían su crecimiento, inversión y generación de oportunidades".
"Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales", aseguró el Poder Ejecutivo.
Además, se sostuvo que "los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso, permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales".
"El presidente Javier Milei agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer a la Argentina grande nuevamente", concluyó el mensaje de Casa Rosada.
Además de los alidos del Pro y la UCR, un grupo de provinciales fue determinante para el quórum y la votación. División de Provincias Unidas. Sugestiva ausencia de cordobeses. Radiografía de la votación.
El oficialismo consiguió un contundente logro en la madrugada de este viernes 20 de febrero, al lograr la aprobación de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, más allá de que ahora el texto deberá sancionarse definitivamente en el Senado. La votación resultó con 135 votos a favor, 115 en contra y 0 abstenciones. Hubo, además, 6 ausencias.
A los 94 votos de La Libertad Avanza (Martín Menem no vota, salvo excepciones) se sumaron los 22 en total que tiene el interbloque Fuerza del Cambio, conformado por el Pro, la UCR, el MID y dos monobloques.
De esta manera, votaron positivamente todos los integrantes de la bancada amarilla, que son 12: Cristian Ritondo, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando de Andreis, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giamperi, Álvaro González, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza.
También los 6 radicales Pamela Verasay, Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Lisandro Nieri y Darío Schneider.
Finalmente, dentro de ese interbloque, se suman a los votos Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz; y Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.
Otro espacio clave para LLA fue el bloque de Innovación Federal, con los votos a favor de los 4 misioneros Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; los 3 salteños Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernardo Biella; y el formoseño Gerardo González, recientemente incorporado.
Además, el bloque Provincias Unidas, que forma parte del interbloque Unidos, exhibió una fractura. Así, 6 de sus integrantes acompañaron al oficialismo: la santafesina Gisela Scaglia, los cordobeses Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo, el rionegrino Sergio Capozzi, el santafesino José Núñez y el jujeño Jorge Rizzotti.
Los votos positivos se completan con los sanjuaninos Nancy Picón Martínez y Jaime Quiroga, de Producción y Trabajo; las tucumanas Gladys Medina y Elia Fernández, de Independencia; y Karina Maureira, de La Neuquinidad.
Por otra parte, la mayoría de los votos en contra, que fueron 115 en total, correspondieron a Unión por la Patria, que aportó 91.
Por el interbloque Unidos, votaron negativamente 9 integrantes de Provincias Unidas (Lourdes Arrieta, Jorge "Loma" Ávila, Juan Brügge, Mariela Coletta, Pablo Farías, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Esteban Paulón y María Inés Zigarán); los 2 de Encuentro Federal, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto; y los 2 de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.
También se opusieron los 4 del Frente de Izquierda (Myriam Bregman, Romina del Plá, Nicolás del Caño y Néstor Pitrola); el puntano Jorge "Gato" Fernández, de Primero San Luis; la cordobesa Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba; el puntano Claudio Álvarez, parte de Innovación Federal desde hace unos días; y la exlibertaria Marcela Pagano, de Coherencia.
Tampoco acompañaron la ley los 3 catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot, aunque sí aportaron al quórum al inicio de la sesión.
Sin abstenciones, los 6 ausentes fueron los 3 cordobeses Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Schiaretti, de Provincias Unidas; Sergio Casas y Paulo Tita, de Unión por la Patria; y el tucumano del bloque Independencia Javier Noguera.
La sesión tuvo momentos calientes al comienzo y antes de los discursos de cierres, con reclamos constantes por parte de Unión por la Patria. La votación en particular concluyó favorablemente para el oficialismo que siempre sacó no menos de diez votos de diferencia sobre la oposición.
Foto: HCDN
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Modernización Laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones, luego de una jornada cargada de momentos de tensión tanto afuera del Congreso como adentro del recinto. Con este resultado y sabiéndose de antemano que tendría la eliminación de un artículo, el proyecto vuelve al Senado, donde ya fue aprobado hace pocos días por un amplio número de votos, lo que hace prever que se convertirá en ley el viernes de la semana que viene, cuando se espera sea tratado.
Luego de la aprobación en general en Diputados, concretada a las 0.30, poco más de diez horas después del inicio de la sesión, se procedió al inicio del tratamiento en particular de los 26 títulos que posee la iniciativa.
Aunque la lista de oradores se redujo, con el objetivo de que a la medianoche se votara, ese objetivo se puso en duda cuando pasadas las 21 la sesión estuvo frenada por 20 minutos a raíz de un intento de Unión por la Patria de votar una moción para que se levante la reunión por falta de quórum.
Más temprano, los diputados de la oposición dura habían encabezado reclamos constantes al presidente del Cuerpo, Martín Menem, a causa de cuestiones reglamentarias. La camporista Florencia Carignano fue protagonista al desconectar cables de los micrófonos de los taquígrafos.
Rotundamente en contra de la Reforma Laboral, los diputados de UP (que fueron en su mayoría los que hablaron) cuestionaron el proyecto por "inconstitucional" y "regresivo" en cuanto a derechos, además de cargar duro contra legisladores peronistas de provincias cuyo mandatarios son aliados del Gobierno nacional.
De hecho, así se vio a la hora de dar quórum: la sesión inició el jueves a las 14.14 con la presencia de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, el MID y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo), Catamarca (Elijo Catamarca) y Santa Cruz (Por Santa Cruz). Se trata de los mandatarios Gustavo Sáenz, Hugo Passalacqua, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Claudio Vidal, respectivamente.
Mientras dentro del recinto se debatía, por la tarde hubo incidentes en la Plaza del Congreso, con un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad para desalojar a los manifestantes que se movilizaron en contra del proyecto, en un día marcado por el paro general que convocó la CGT. Según la central obrera, hubo "un 90% de acatamiento" a la huelga.
El proyecto de Reforma Laboral, que el Gobierno busca se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo, tuvo media sanción del Senado el 12 de febrero.
Este miércoles, apenas un día antes de ir al recinto, recibió dictamen en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde se confirmó la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedades, tema que despertó fuerte rechazo -incluido el de aliados- durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.
Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que salió del Senado, pero, tan solo por ese cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.
Con ese objetivo, el Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para este viernes a las 10 de la mañana, cosa que generó la indignación de opositores, ya que fue antes de el propio texto se trate en Diputados.
En los planes de La Libertad Avanza, la Modernización Laboral sería llevada al recinto el próximo viernes 27, junto con régimen penal juvenil, el Acuerdo Mercosur - Unión Europea y el pliego como embajador en Bélgica de Fernando Iglesias.
Volviendo a la Reforma Laboral, el artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera. Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.
Votación en particular
Igual que sucediera la semana anterior en el Senado, la votación en particular se realizó por títulos, lo cual no evitó que en algunos de los mismos algunos diputados se enfrascaran en largas exposiciones, pese a lo cual siempre el miembro informante del oficialismo, Lisandro Almirón, tuvo la misma respuesta: “No se aceptan sugerencias”.
La expectativa estaba puesta particularmente en los artículos más resistidos, que previsiblemente fueron los que menos votos consiguieron, aunque en todos los casos el oficialismo se impuso con amplitud. En el único caso que el oficialismo perforó el piso de 130 votos fue en el último título, el XXVI, correspondiente a las derogaciones, principalmente por la del Estatuto del Periodista. Dicho título comprendía los artículos del 197 al 217, y se pronunciaron para pedir el retiro de algunos o todos los artículos los diputados Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Esteban Paulón, María Inés Zigarán y Vanesa Siley. Finalmente el resultado fue de 126 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones, correspondientes a Lourdes Arrieta, Karina Banfi, Sergio Capozzi y Yolanda Vega.
La votación del último título fue la que registró el menor número de votos a favor.
Los otros dos títulos que cosecharon menos votos fueron el número II, que contiene la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo para financiar indemnizaciones, y ya se esperaba un número más ajustado. Fue así, pues consiguió 130 votos a favor, hubo 117 en contra y 3 abstenciones, correspondientes a las diputadas Arrieta y Banfi, y el diputado Sergio Capozzi. El otro que también tuvo 130 votos fue el Título XXV, que tiene los artículos 195 y 196, fundamentalmente por este último, que modifica la Ley de Fomento de la Actividad
Cinematográfica Nacional. Tuvo 130 votos a favor, 118 en contra y la abstención de Gisela Scaglia.
Toda la semana se habló del Título I y de la intención de los aliados del Pro de insistir en reincorporar un artículo que permita el cobro del salario a través de billeteras virtuales, pero el secretario Parlamentario del Pro, Javier Sánchez Wrba, se limitó a señalar que acompañarían el título, pero manifestando para que constara en la versión taquigráfica la abstención de su bancada, la del MID y la de Adelante Buenos Aires al artículo 35, que es la que dice que las remuneraciones deberán pagarse en entidades bancarias. Fue aprobado por 133 votos a favor, 116 en contra y una abstención de Lourdes Arrieta.
El Título III fue aprobado con 135 votos a favor, 110 en contra y 5 abstenciones, que correspondieron a Mariela Coletta, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti, María Inés Zigarán y Maximiliano Ferraro, quien aclaró que votaba positivamente los artículos 90 y 94.
El Título IV tuvo 138 votos positivos, 111 negativos y la abstención de Ferraro; en tanto que el Título V contó con 139 votos a favor y 111 en contra; y el Título VI registró 139 votos a favor y 111 encontra. El Título VII tuvo 131 votos a favor y 119 en contra; en tanto que el VIII cosechó 139 votos a favor y 111 en contra. El IX resultó 138 a 112.
El Título X que comprende el período de prueba para empleadas de casas particulares resultó con 134 votos a favor y 116 en contra; en tanto que el Título XI salió 139 a 110.
El Título XII tuvo 139 votos a favor y 110 en contra; el XII 134 a favor, 114 en contra y una abstención del diputado Jorge Ávila. El Título XIII cosechó 137 votos a favor y 113 en contra, mientras que el XIV, que habla de la ultra actividad resultó con 131 votos a favor, 117 en contra y la abstención de Lourdes Arrieta.
El Título XV es el que habla de prohibición de asambleas, sindicatos por empresas y limita la tutela sindical tuvo 133 votos a favor y 117 en contra.
El Título XVI salió 139 a 110, igual que el Título XVII; mientras que el XVIII registró 138 votos a favor, 110 en contra y la abstención del diputado Ferraro.
El título XIX, el XX, el XXI y el XXII registraron el mismo resultado: 139 a 110.
Finalmente el Título XXIII registró 138 votos positivos y 111 negativos y el XXIV 134 a favor y 115 en contra.
Intento de hacer caer la sesión
El tono alborotado y caótico con el que arrancó la sesión regresó pasadas las 21, cuando Unión por la Patria sorprendió pidiendo votar una moción de orden que a punto estuvo de voltear la sesión. Sucedió puntualmente a las 21.18, cuando el diputado rionegrino Marcelo Mango pidió una moción de orden para que el proyecto de reforma laboral regresara a comisiones.
La jugada de UP estaba bien planificada: el reglamento exige que haya quórum para poder votar una moción de orden, y en ese momento el recinto estaba semivacío. Presidía la sesión el mendocino Luis Petri, quien llamó a los legisladores ausentes y el presidente del Cuerpo, Martín Menem, se hizo presente.
El secretario Parlamentario, Adrián Pagán, aclaró que la moción debía ser hecha con quórum, mientras que desde UP se reclamaba airadamente dar por caída la sesión.
El escándalo ya estaba desatado. Intervino entonces la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Silvana Giudici, quien alargó su discurso hasta que se le comunicó que ya había quórum y ahí ella pidió votar. Menem ordenó votar entonces la moción de orden de Mango y a mano alzada se rechazó la propuesta.
Fue entonces cuando llegó el contragolpe: con una amplia sonrisa, la diputada Giudici pidió entonces votar una moción de orden para que se votara en media hora, y a mano alzada así se aceptó.
Previsiblemente hubo un desbande del bloque UP y nuevamente, como bien temprano, el presidente de la Cámara fue rodeado por diputados en el estrado. El debate estuvo interrumpido por 20 minutos, tras lo cual se acordó volver sobre sus pasos y en aras de recuperar la paz se votó -también a mano alzada- retirar la moción de Giudici de votar a las 22 y agotar la lista de oradores.
El proyecto
El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei representa una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.
Algunos de sus puntos principales son los siguientes:
● Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.
● Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.
● Para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1ro. de enero de 2027); y se posterga al 1ro. de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
● Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.
● Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
● Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
● La iniciativa incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija "estándares y reglas claras" para la actividad.
● En el proyecto se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.
El oficialismo defendió que la iniciativa busca modernizar el mercado de trabajo y generar empleo, mientras que la oposición la calificó como un retroceso histórico que perjudica a trabajadores, jubilados y PyMEs. La creación del FAL fue uno de los ejes más criticados.
El debate por la reforma laboral se desarrolló con una fuerte confrontación de modelos. El primer orador, Lisandro Almirón (LLA), reivindicó el proyecto como una herramienta para “actualizar” la normativa y promover la creación de empleo, lo que generó inmediatas interrupciones desde Unión por la Patria. Desde ese bloque, Sergio Palazzo abrió la réplica con una dura caracterización de la iniciativa, a la que definió como “la mayor regresión de derechos en décadas”, mientras que Vanesa Siley advirtió que su aplicación impactaría especialmente en sectores vulnerables como la construcción, los mecánicos y las docentes.
El primer orador de la jornada fue el diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, quien defendió que "todas las modificaciones, derogaciones y agregados" que se proponen en el proyecto son para "fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores".
El correntino leyó su discurso, lo que despertó las críticas de Unión por la Patria, cuyos integrantes lo interrumpieron constantemente. "La legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo. Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo? Tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad", planteó el oficialista.
Luego fue el turno de UP, con Sergio Palazzo como miembro informante del dictamen de minoría de su bloque. El líder del sindicato de bancarios calificó al proyecto como “la regresión más brutal en la historia de los derechos de los trabajadores”, al considerar además que “no hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí hay beneficios para los empresarios”.
También, el opositor cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, con el cual “el despido pasa a ser gratuito para el sector empresario porque será pagado con plata del Estado”, remarcó.
En tiempo compartido de exposición, su par Vanesa Siley afirmó que la Reforma Laboral “va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos, sobre todo, en los trabajadores de la construcción, los mecánicos y las maestras”. También habló del quórum y llamó “traidores” a los representantes salteños, misioneros y tucumanos que accedieron a sus bancas en boletas de Unión por la Patria en 2023 o de Fuerza Patria en 2025.
Entre las voces en contra, el diputado Miguel Pichetto advirtió que el FAL “se va a financiar con la plata de los jubilados”, lo que para él constituye "un riesgo directo para el sistema previsional argentino". Sobre esto, hay temor a que el FAL derive en una descapitalización de las cuentas previsionales, y existe el riesgo de convertir el fondo en un mecanismo no autosustentado, dependiente de recursos sociales sensibles.
El diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau afirmó que el país necesita una reforma laboral, pero cuestionó con dureza la que impulsa el oficialismo. Señaló que mientras se argumenta que “no hay plata” para mejorar las jubilaciones, sí se destinan recursos para cubrir despidos a través del nuevo Fondo de Asistencia Laboral, al que comparó con las viejas AFJP.
También advirtió que trasladar al trabajador las costas judiciales desalienta los reclamos. Según sostuvo, el fondo de indemnizaciones equivale a 0,4% del PBI, la mitad de lo que costaría un aumento jubilatorio, lo que a su juicio evidencia una clara prioridad del Gobierno.
Increpado por los integrantes de la oposición que le recordaron que accedió a su banca por la boleta de Unión por la Patria, Pablo Outes, representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz, anticipó su apoyo a la Ley de Modernización Laboral -junto a Yolanda Vega y Bernardo Biella, habilitó el quórum- y cuestionó que los anteriores gobiernos “hace muchas décadas nos dejaron sin industrias, sin rutas y sin universidades”.
Sin embargo, advirtió que “no soy mileísta, pero tengo el concepto de que la justicia debe ser para todos y muchos (señalando hacia donde estaban los de UP que gritaban y interrumpían) no conocen el interior”, y concluyó que “el modelo de Milei está fracasando porque para crecer necesitamos infraestructura, energía y universidades”.
“Yo a esto ya lo viví. Este modelo no es nuevo. La senadora (Patricia Bullrich) que defendía este proyecto era ministra de trabajo cuando a mí me tocó agarrar una carreta a los 13 años. No me lo contó nadie”, afirmó por su parte Natalia Zaracho al hacer uso de la palabra. En referencia a los despidos en FATE, preguntó: “¿Qué van a hacer con los nuevos despedidos de la empresa que ayer dejó a más de 900 personas y familias sin trabajo? Nos dicen que van a sacar trabajadores de la informalidad y son una máquina de tirar trabajadores por la ventana”.
Además, cuestionó los cambios en el articulado: “Nos quieren hacer creer que sacando el artículo 44, esta ley siga, siga”, y advirtió que “quieren engañar” al “pueblo” y que no van a “hacer pelear” a “los trabajadores”.
Quien supo ser la ministra de Trabajo en el último año del gobierno del Frente de Todos, Kelly Olmos acusó a la Ley de Modernización Laboral de proponer un marco legislativo “de antes de la negociación colectiva y antes de las leyes del peronismo que han contribuido a la dignidad del pueblo y al desarrollo de esta Nación”. Agregó, además, que “están reemplazando -la ley vigente- con la unilateralidad de la patronal”.
Con una síntesis de repaso histórico, Olmos afirmó que “solo cuando les fue bien a los trabajadores, le fue bien a la Argentina”, y reiteró su parecer sobre este proyecto de ley al que consideró que tiene por objeto “que muy pocas manos se beneficien sobre la base del esfuerzo y el sacrificio del pueblo como lo están haciendo ahora”. Por último, antes de leer un poema peronista de los años 60, criticó el cambio de Ministerio a Secretaría y la gestión de Julio Cordero, a quien llamó “abogado laboralista de la patronal”.
“Como Demócrata Cristiano, no puedo estar a favor de este proyecto”, sostuvo el diputado Juan Brügge al fundamentar su voto negativo. Argumentó que su postura responde tanto a las raíces históricas del humanismo cristiano que inspira al Partido Demócrata Cristiano como a razones técnicas y jurídicas que —según afirmó— tornan inviable la iniciativa.
Brügge centró parte de su exposición en lo que calificó como una “mala redacción técnica” del texto. Señaló que contiene normas confusas, ambigüedades que abren la puerta a interpretaciones contradictorias y vacíos normativos que generarán incertidumbre jurídica. “No estamos ante una ley clara y precisa, sino ante un esquema que trasladará el conflicto a los tribunales”, advirtió.
Representante de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro no ocultó su rechazo a esta Reforma Laboral, y cuestionó que haya sido con una resolución exprés: “Merece mucho más que una reunión y una sesión a las apuradas como estamos teniendo hoy”. Trajo a colación una de las frases que utilizaba en tiempos del Frente de Todos y se la endilgó a La Libertad Avanza: “Han convertido de vuelta a este Congreso en una escribanía”. También, hubo mensaje para el Pro: “Estoy asombrado de muchos republicanos intermitentes y de ocasión que hoy no se sorprenden por las formas”.
“Nos dicen que esto es para generar empleo, pero esta ley no puede obviar en el contexto en el cual se está votando: 40 % de informalidad en la Argentina, 120 mil puestos de trabajo que se perdieron, más de 22 mil fábricas y empresas que cerraron y una economía que no crece. En este contexto va a ser peor el remedio que la enfermedad”, cargó el integrante del interbloque Unidos, quien además sostuvo que “es una ley sin rostro porque no aparece el rostro de las PyMEs, que están asfixiadas por la presión fiscal y por una economía que no crece”.
Por su parte, Mónica Frade remarcó que “si ustedes querían eliminar los litigios van a estar inundados los tribunales y los juzgados de este país con los desastres legislativos que ustedes hacen Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y los cerebros de todo este desastre que va a arrasar con lo poco que tenemos". "Legislen bien para otros 50 años, no hagan burradas", aseveró.
El diputado macrista Fernando de Andreis adelantó que el Pro no insistirá con el pedido de incorporar el pago de salarios a través de billeteras virtuales, pero anticipó que sí lo harán a través de un proyecto de ley para el período ordinario que comienza en nueve días. Respecto a este texto, consideró que “esta ley da más accesibilidad al empleo registrado a la gente”.
En línea con los argumentos del oficialismo, el legislador del Pro señaló que “hace 15 años no crece el empleo privado registrado y los juicios laborales crecen desmedidamente porque llegan a ser 80.000 por año”. Agregó, además, que “una PyME recibe una demanda laboral cada 10 empleados que contrata”, y cerró que “cuando un empresario quiere crecer o ganar más plata, hay un miedo superior a perder la empresa por un juicio laboral”.
Avanzada la lista de oradores, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky destacó que este jueves "hubo un paro como hace mucho tiempo no se veía, con un acatamiento enorme en todo el país y grandes movilizaciones en todas las provincias. Es un verdadero plebiscito de los trabajadores que rechazan esta ley".
Sobre la iniciativa, el líder de la CTA de los Trabajadores aseguró que "no moderniza nada, atrasa 100 años", a "la época en que el patrón te cruzaba la cara con la fusta y te despedía gratis, la época en que la jornada laboral y las vacaciones las definía el patrón". "Es la ley del revanchismo patronal", exclamó y añadió: "Viene a darle a los tiburones la libertad de hacer lo que quieran con las sardinas".
"Y como saben que es inconstitucional, saben que no se va a poder sostener y se quieren llevar puesto al fuero laboral", denunció. Luego de afirmar que "esta ley viene a llevar a la Argentina al escenario idílico que quiere el señor Caputo de que seamos como Perú", donde hay "80% de informalidad", Yasky sostuvo que "los trabajadores sabemos que si no hay industria no hay posibilidad de que haya un país con empleo digno".
A continuación, su compañera de bloque Victoria Tolosa Paz señaló que la ley está "mal llamada de modernización laboral; el título debería ser una reforma financiera y de precarización laboral, en la que de paso metieron por la ventana una reforma impositiva de corte negativamente regresivo".
"En cada uno de los artículos se nota para quién legislan ustedes", se quejó y adjudicó la idea del proyecto a Milei, Caputo, Sturzenegger y Bullrich. Además, advirtió que "el FAL es la estafa más grande que le van a hacer a los jubilados; se están armando un negocio financiero".
Otro de los oradores del extenso debate fue el chubutense Jorge "Loma"Ávila, de Provincias Unidas, quien cargó fuerte contra los libertarios: "Yo voy a defender mi trabajo porque trabajé toda mi vida, porque laburé en el campo, porque no soy como aquellos que están allá (señalando a la bancada oficialista) que nunca laburaron, que no saben lo que es estar en el campo, que no saben lo que es matarse de frío, que no saben lo que es matarse de calor, que no saben lo que estar 12 horas a disposición de la empresa y no saben defender el empleo porque nunca laburaron. ¿Cómo van a defender el empleo si son unos nenes de mamá?".
El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut afirmó que "no podemos encontrar nada positivo" en el proyecto. "Es una ley netamente del Gobierno, no se discutió, es una ley que se le quiere imponer al sector trabajador", cuestionó, además de denunciar los despidos en su sector y la situación crítica que atraviesa la actividad en su provincia.
A su turno, el diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) compartió la necesidad de una reforma laboral al ver las estadísticas de caída del empleo formal, pero señaló que “lo que nos unificaba era la idea de darle mayor certeza a los costos de desvinculación laboral. Es la parte más urgente y más compartida por la mayoría de gremios y sindicatos”.
“Más que gestionar los problemas prefiere dañar los sistemas, encuentra una manera a lo largo de la ley de desintermediar la relación entre patrones y empleados. Lo que estamos haciendo más que modernizar, es retroceder tres siglos en términos de la asimetría que el modelo sindical se instauró consagrando la seguridad social, la negociación paritaria, los convenios”, cuestionó Massot.
“Con esta reforma laboral esclavista están armando un régimen de beneficios incontables para las patronales. La clase capitalista, responsable de la crisis en la que estamos, no puede hacer nada sin chuparle la sangre a los trabajadores. Y con esta reforma eliminan el riesgo empresario. Porque les bajan el impuesto a las ganancias y encima les permiten despedir gratis y masivamente. No va a haber ninguna creación de empleo. Se anulan los convenios. Se anulan las protecciones y los estatutos. Se limita el derecho de huelga y de organización sindical. No hay límite a la jornada laboral. Se manipulan las vacaciones. Se atacan puntualmente y con saña a sectores particulares de trabajadores como los trabajadores marítimos y fluviales, como las trabajadoras de casas particulares, los trabajadores del agro, los y las periodistas”, sostuvo desde la izquierda Romina del Plá.
Así, lamentó: “Nos encontramos en una encrucijada donde una ley de más de 217 artículos donde muchos estábamos preparados para acompañar más de 160 artículos, pero es por títulos”. Por último, hizo dos propuestas como la instauración de licencias parentales intercambiables –aumentar de 2 a 15 días las licencias paternales – y también agregar un módulo de 30 días de licencias intercambiables. En el cierre, planteó que el FAL sea voluntario y no obligatorio y que sea financiado por las empresas y no subsidiado por bajas de aportes patronales.
Sobre el final del debate, el diputado Máximo Kirchner fundamentó su voto negativo a la reforma laboral señalando que “yo no voy a votar esta ley en contra por Néstor, por Cristina, por Perón o por Evita. No la voy a votar porque creo que todos los trabajadores o trabajadoras sean peronistas, está demostrado que no. La voy a votar en contra porque quiero una sociedad donde realmente los que nos sigan a nosotros puedan realizarse, puedan tener un sueño, un propósito en la vida a cumplir y no pensar que ya nacieron perdiendo para siempre. Voy a votar en contra de esta ley principalmente también por algo más lógico que todo, que es que la experiencia indica que va a fracasar”.
Kirchner agregó que “Votar a favor de esta ley es votar un nuevo fracaso. Como fue el RIGI para las inversiones extranjeras con la inversión extranjera directa más baja desde que se realizan las mediciones. Como fue la Ley Bases y su capítulo laboral”.
El diputado de UP Carlos Castagneto sostuvo que con esta ley “los patrones van a hacer lo que quieran con sus empleados”. El legislador reivindicó a Néstor y Cristina Kirchner y lo contrastó con el Gobierno actual, diciendo que este es “un modelo que lleva al trabajador al derrumbe”.
Germán Martínez reivindicó el paro cegetista y a los que “militaron” contra la reforma laboral. Asimismo a los diputados de su bancada, cuyo dictamen dijo que estaba “a la altura de las implicancias de este debate”.
Se disculpó con su bancada diciendo que en circunstancias de este tipo “se merecen que todos los compañeros y compañeras puedan hablar y expresarse, y no todos pudieron”. Se disculpó también al atribuir los cruces al “fragor del debate”, pero pidió dejarlos atrás en favor del debate de ideas.
Ya sobre el proyecto consideró “llamativo tener una normativa tan anti obrera y tan anti trabajador”, al señalar que el mismo “pone toda la carga negativa del lado del trabajador, bajo una idea mágica de que si yo le quito derechos al trabajador se va a generar empleo”.
“¿Pueden justificar con la defensa de las PyMEs la quita absoluta de los derechos de los trabajadores?”, se preguntó en otro pasaje de su discurso.
El diputado chubutense, líder de un sindicato petrolero, aseguró que "no hay nada positivo" en el proyecto de Reforma Laboral y anunció una denuncia hacia el director de YPF.
El diputado nacional Jorge "Loma" Ávila (Provincias Unidas) rechazó este jueves el proyecto de Modernización Laboral y apuntó en su discurso contra los integrantes de La Libertad Avanza: "¿Cómo van a defender el empleo si son unos nenes de mamá?".
"Yo voy a defender mi trabajo porque trabajé toda mi vida, porque laburé en el campo, porque no soy como aquellos que están allá (señalando a la bancada oficialista) que nunca laburaron, que no saben lo que es estar en el campo, que no saben lo que es matarse de frío, que no saben lo que es matarse de calor, que no saben lo que estar 12 horas a disposición de la empresa y no saben defender el empleo porque nunca laburaron", disparó.
El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut afirmó que "no podemos encontrar nada positivo" en el proyecto. "Es una ley netamente del Gobierno, no se discutió, es una ley que se le quiere imponer al sector trabajador", cuestionó.
Además, denunció: "A nosotros nos echaron 5.000 trabajadores en un año. Nos prometieron, cuando se aprobaron las anteriores leyes, que iba a venir la actividad privada. Y llegaron, pero no trajeron un mango, no hay plata".
"Tuvimos 1.500 despidos en Pan American, 700 despidos en Capsa", apuntó y anunció que presentará una denuncia contra el director de YPF, Horacio Marín, por la reciente venta a Pecom del yacimiento Manantiales Behr, donde "estamos parados hace seis meses; no tenemos inversión".
El legislador agregó: "¿Cómo creen que vamos a sobrevivir en Chubut con la caída de la inversión petrolera? Necesitamos urgentemente declarar la emergencia en Chubut con el tema petrolero". "Esta es una reforma laboral que no nos va a dar nada, que no nos va a traer trabajo", completó.
El diputado de UP cuestionó duramente el proyecto oficialista y lo vinculó con la visión expresada por Demian Reidel. Afirmó que la iniciativa significa un retroceso en derechos laborales y una amenaza al sistema previsional.
El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) fijó una postura contundente durante el debate de la reforma laboral, al afirmar que el proyecto “es un retroceso en la vida de los argentinos”. El legislador recordó las declaraciones de Demian Reidel, exjefe de Gabinete del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, quien había dicho que “el único problema de la Argentina es que está llena de argentinos”. “Esta ley configura que el problema son los argentinos”, sostuvo Valdés, y añadió que el Gobierno “divide entre los que se creen los unos y los que consideran los otros, en un esquema de sometimiento”.
Entrevistado en Diputados TV, el diputado peronista enfatizó que el derecho laboral “aspira a que las personas vivan con dignidad”, y denunció que la iniciativa oficial “termina con el salario digno”. Señaló que la reforma habilita jornadas de hasta 12 horas, lo que contrasta con el límite histórico de ocho horas. También cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que definió como “una herramienta para fusilar al sistema previsional”, porque —según afirmó— descarga en los trabajadores y en la “timba financiera” aportes que hoy son obligación del empleador.
Valdés apuntó además contra la forma en que el oficialismo manejó el tratamiento parlamentario. “Da vergüenza que hagan todo a escondidas; la ley no se conoció hasta que bajó al recinto”, sostuvo. En ese marco, subrayó que la inclusión del artículo sobre licencias no pagas fue “la demostración mayor de la inhumanidad de quien redactó esta ley”. A su juicio, “el espíritu de ese artículo se refleja en todos los demás”.
En una sesión cargada de chicanas y escenas disruptivas, el diputado kirchnerista interrumpió el debate para denunciar que el oficialismo limitaba el uso de la palabra y calificó la ley laboral como “un retorno a la esclavitud”.
Una sesión complicada fue la de este jueves en la Cámara baja, con varios diputados que buscaron destacarse ya no en los discursos, sino buscando llamar la atención. En busca de un minuto de fama en las redes sociales, como viene sucediendo cada vez más seguido en el recinto, esta vez el kirchnerista Horacio Pietragalla Corti protagonizó un breve segmento en el que quiso hacer copartícipe al presidente de la Cámara.
No estaba anotado para hablar, por lo que le pidió una interrupción a su par Vanesa Siley, miembro informante del dictamen de UP junto a Sergio Palazzo. Concedida la misma, Pietragalla manifestó su “disconformidad” de que en “una ley que viene a robar tantos derechos a los trabajadores y trabajadoras, se limite la voz solamente a 40 diputados, cuando sabemos que en una ley tan importante tendrían que tener voz todos los diputados presentes”.
Y cerró: “Entendemos que esta ley nos retrotrae a la esclavitud y le voy a hacer entrega del símbolo de esta ley hoy, que es claramente un retroceso muy grande para nuestros derechos laborales, nuestros derechos históricos argentinos y nuestra Constitución que defiende sobre todas las cosas a los trabajadores”.
El exsecretario de Derechos Humanos se paró para dirigirse hasta el estrado a entregarle lo que había dicho al presidente de la Cámara, que mientras se aproximaba el diputado de UP le advertía: “A mí no me puede entregar nada, diputado”, pero Pietragalla llegó y le dejó unas cadenas sobre el escritorio.
“Le pido que respete el reglamento también; le pido que retire lo que me ha dejado acá diputado. Es una falta de respeto al reglamento que pidió la diputada Teresa García también. No está permitido, lléveselo”, le dijo Martín Menem. La diputada Teresa García había reclamado hacía instantes por el no cumplimiento del reglamento del miembro informante del oficialismo, Lisandro Almirón, por haber leído toda su intervención.
El jefe del bloque Encuentro Federal cuestionó la reforma laboral por debilitar las indemnizaciones y avanzar sobre el sistema jubilatorio. Advirtió que la nueva justicia laboral favorecerá al sector empresario y alertó sobre el impacto de las importaciones chinas en la industria nacional.
En su intervención durante el debate de la reforma laboral, el diputado Miguel Pichetto hizo en primer lugar hincapié en lo que definió como “exclusiones significativas” de la nueva ley, poniendo en primer lugar al Estatuto Autónomo de los Embarcados. “Lo suprimen y no tenemos explicación razonable”, señaló, para luego aludir al resto de los estatutos que se derogan, algunos de los cuales reconoció que estaban en desuso.
Pero aclaró que el principal es el Estatuto del Periodista, con cuya eliminación “se pone en riesgo la autonomía e independencia del periodista al suprimirse la protección que le daba” esa herramienta.
A juicio del jefe del bloque Encuentro Federal, esta ley “de modernización no tiene nada”. “No hay nada que indique que hay un intento de modificación”, observó, destacando que esta iniciativa deroga la Ley de Teletrabajo. Por una ley que, a su juicio, “sabe lo que quiere, y fue abordado por los grandes estudios vinculados a sectores empresarios”.
Le dio una definición a esta ley en línea con lo que dicen “los economistas que hablan por televisión para darle siempre una mano al Gobierno”: “Es una reforma sistémica; se podría decir que es de carácter estructural”, dijo.
“Revisando la ley y buscando esforzadamente si había algún elemento o punto que favorecía al trabajador, puedo decirle que no hay ninguno -concluyó-. Se meten con todos los temas, el cálculo del despido… La discusión de qué conceptos integran el salario ha sido resuelta largamente por la Cámara y también la Corte. Todo esto se está suprimiendo para hacer una indemnización más débil, más frágil, que indudablemente es la búsqueda para no darle al trabajador lo que corresponde”.
Para Pichetto podría el Gobierno haber aprovechado para instrumentar un fondo de desempleo para los nuevos trabajadores, “si hubieran querido armonizar con las PyMEs”.
Sobre el FAL, lo consideró un “sistema híbrido en donde la plata la sacan debilitando el sistema jubilatorio”.
El diputado reiteró un viejo concepto suyo, respecto a “creer que se gobierna sancionando leyes, un viejo tema de este Congreso en donde varios gobiernos chocaron con esta dinámica de construir leyes, leyes ómnibus, de abordar muchos temas… Se extendieron, entonces tuvieron que volver atrás”, dijo en referencia a la eliminación del artículo referido a licencias médicas. “Deben haber medido con algún consultor y les daba negativamente este tema”.
Respecto de los fondos que vaya a recaudar el FAL, dijo pensar que “va a servir de soporte al sector público, al Estado, al Gobierno. Cuando necesite algún crédito, va a estar ese fondo”, que estimó en 2.600 millones de dólares por año y que comparó con las AFJP.
Pichetto advirtió también que “va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa termina siendo negativa”, y planteó que “en el convenio por empresa, se define que para el caso de que hayan más de un convenio por empresa vale el de rango menor”.
Luego dijo que la ley liquida el fuero laboral, tal cual ha funcionado hasta ahora, “porque se presume que la nueva justicia laboral va a ser conformada por la Ciudad, y se presume que va a estar más vinculada al sector empresario. Lo quiero ver, vamos a ver cómo funciona este sistema en el marco de las discusiones individuales, no vaya a ser cosa que termine peor”.
Alertó en ese sentido que “va a haber una fuerte litigiosidad con este tipod e temas”.
Sobre el final se refirió al trabajo de aplicaciones. “No definen el tema del seguro del trabajador de calle, probablemente lo termine pagando el trabajador. Se pierden la oportunidad de abordar este tema”, aseguró.
Al cerrar, Pichetto advirtió que “esta ley se instala en el marco de una recesión profunda con cierre de empresas”. Y en ese sentido llamó a considerar un tema de trascendencia sobre lo que está pasando en el país, dijo. “China es el tema. Cuando entra China, depreda todo; no se puede competir con China”, remarcó.
“Indudablemente no se puede competir en un mercado con un neumático que no tiene certificación de seguridad y vale el 30% de lo que producía la empresa nacional. Una empresa argentina de 80 años… Si había algo que caracterizaba la marca es que era nacional”, señaló, y cerró: “Ya que lo quieren tanto a Trump, ¿por qué no siguen un esquema de protección de la industria nacional como hace el presidente norteamericano?”.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo fue el encargado de iniciar el debate de la Reforma Laboral. Hubo quejas de la oposición porque leyó su discurso y lo interrumpieron todo el tiempo.
En medio de un griterío de miembros de Unión por la Patria, el diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón abrió el debate sobre la Reforma Laboral y defendió que "todas las modificaciones, derogaciones y agregados" que se proponen en el proyecto son para "fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores".
En su rol de presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el libertario fue el primero en dar su discurso, que tenía escrito en papeles: "Nosotros lo defendemos porque estamos seguros que este es el camino: el de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Las palabras de la Constitución que se vuelcan en los principios liberales resume las luchas que se han dado en este recinto los últimos 50 años".
"Al igual que nuestro Gobierno, nuestras normas no fueron para verse bonitas en un papel y mantener el status quo incuestionable, sino que sirven tanto y en cuanto sean efectivas para proteger los derechos de los ciudadanos", agregó y sostuvo entonces que "los marcos regulatorios no son sagrados, sino que se legitiman en la medida en que son adecuados e idóneos para alcanzar los fines que se proponen".
En ese sentido, el correntino expresó que "la legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo. Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo? Tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad".
Luego de eso comenzaron a sentirse fuerte los gritos de los diputados de UP y pidió una interrupción Victoria Tolosa Paz, quien cuestionó que expliquen el proyecto "leyendo" y que en todo caso tenía que pedir permiso. Entonces, Almirón le pidió permiso a Martín Menem para leer y continuó. Mientras se escuchaban más reclamos, sus pares oficialistas le decían al correntino que siga.
"Hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave, que es la incapacidad de generar empleo genuino. Se trata de que una vez por todas podamos atender esa cuestión", dijo el oficialista. Minutos después, Menem se enojó con la bancada de UP y les recordó: "Lo de leer lo han hecho permanentemente y nunca se ha sometido a votación. Así que no empiecen con el jueguito".
Al retomar su discurso, Almirón señaló que "no podemos negar una realidad y es que hoy el 50% de los trabajadores están en la informalidad y en la informalidad no hay protección real". "Mientras estamos en este recinto, millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes actuales, sin aportes, sin obra social", exclamó.
"El empleo registrado en Argentina no crece hace ya demasiado tiempo", siguió, mientras el presidente de la Cámara baja volvió a enojarse con UP. "Nuestra legislación laboral vigente rígida y anacrónica funciona como una barrera infranqueable para que la registración de empleo formal. El sistema actual ha fomentado la industria del juicio, que no protege al trabajador, sino que destruye las fuentes de trabajo", afirmó el legislador de LLA, momento en el cual se vio que el chaqueño Aldo Leiva fue hasta su banca para seguir reclamándole. "Che, che, haceme el favor, ándate", se le plantó Silvana Giudici mientras Menem lo llamó al orden.
Continuó Almirón con su intervención, en la cual insistió que "nuestras leyes fueron pensadas para un mundo analógico que ya no existe", mientras que el proyecto de Modernización Laboral "propone una serie de modificaciones y agregados que tienen por objetivo fundamental actualizar nuestra legislación, remover las distorsiones que afectan la creación del empleo formal, garantizar la seguridad jurídica tanto de los empleadores como de los trabajadores, a través de normas claras y precisas, y mejorar la competitividad del mercado laboral".
Yendo al detalle de algunos aspectos, el titular de la Comisión de Legislación del Trabajo destacó que "se definen con mayor precisión los conceptos que integran la base de cálculo para las indemnizaciones" y "se habilita la posibilidad de que mediante las negociaciones colectivas se puedan incorporar componentes remunerativos adicionales orientados a reconocer el mérito individual".
También, el miembro informante mencionó el "régimen de compensación de horas extraordinarias" y se refirió a la eliminación del artículo 44, que preveía una reforma del actual artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. "Sobre licencias por accidente o enfermedades hemos escuchado cuidadosamente todos los aportes, hasta el de ustedes, eh (a Unión por la Patria). Por lo que el artículo 44 será eliminado del texto y el artículo 208 permanecerá sin alteraciones", remarcó.
Entre otros puntos, valoró la creación del "régimen de incentivo para la formalización de empleo registrado" con "la reducción de las contribuciones patronales para quienes blanqueen o contraten nuevos empleados"; y el régimen de incentivo para medianas inversiones. Esto, sobre todo, "bajo la premisa de que la única forma sostenible de crear empleo es fomentando a quienes invierten y producen".
En el cierre, ya sin leer, Almirón manifestó: "La historia nos pone acá en este momento especial, a ustedes y a nosotros, y a los que están afuera que los votaron a ustedes y a nosotros, y esa gente que está afuera está cansada de los intermediarios. Ustedes tuvieron una gran oportunidad. Hoy hay una Argentina libre que tiene esperanza en legisladores que no hagan lo que están haciendo ustedes. Un papelón".
El legislador optó por un medio seguro y práctico para asegurar su presencia en el debate de la ley de Modernización Laboral.
Llamó la atención el horario elegido para una sesión tan extensa como la de este jueves, para debatir un tema tan importante como la reforma laboral. La realidad es que ya la semana pasada se hablaba de convocarla para las 14. ¿La razón? En una semana corta, después del feriado largo de carnaval, podía haber problemas con los vuelos para hacerlo por la mañana.
Después vino lo del paro nacional decretado por la CGT, y con más razón se sostuvo el horario de las 14, para permitirles llegar a quienes llegarían en auto desde sus provincias.
El diputado nacional del MID Eduardo Falcone eligió un medio seguro para llegar, ante la falta de transportes y llegó al Congreso directamente en bicicleta. De paso hizo ejercicio en la previa de una sesión en la que tendría que pasar muchas horas sentado.
La sesión se inició a las 14.14 con 130 presentes. Se espera un extenso debate, que culminará de madrugada. Se eliminó el artículo sobre licencias por enfermedades y deberá volver al Senado. Incertidumbre en el título referido al fondo para indemnizaciones.
Foto: HCDN
Con un paro nacional convocado por la CGT como telón de fondo, la Cámara de Diputados inició este jueves la sesión en la que se debatirá el proyecto de Modernización Laboral, que deberá volver al Senado tras haber sido quitado el artículo referido a las licencias por enfermedades.
En un horario tardío, con el fin de asegurarse la llegada de los legisladores, producto de la afectación en los medios de transporte por la huelga, la reunión se inició a las 14.14 con la presencia de 130 diputados.
A los miembros de La Libertad Avanza se sumaron los del Pro, la UCR, el MID, el santacruceño José Luis Garrido y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo) y Catamarca (Elijo Catamarca).
A la izquierda, el santacruceño José Luis Garrido, mirando el tablero al borde de sentarse. La sesión abrió con 130, uno arriba del número de quórum
Por el contrario, no se sentaron en sus bancas en el arranque Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda.
La sesión arrancó con un clima caldeado, con UP quejándose por la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria respecto al debate y la votación a mano alzada que se realizó para aprobarlo. Los legisladores se pararon de sus bancas a protestar con aplausos y algunos increparon a Martín Menem en el estrado. Luego de unos minutos se rencauzó la reunión.
El proyecto de Reforma Laboral, que el Gobierno busca se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo, tuvo media sanción del Senado hace una semana atrás.
Este miércoles, apenas un día antes, recibió dictamen en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde se confirmó la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedades, tema que despertó fuerte rechazo -incluido el de aliados- durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.
Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que salió del Senado, pero, tan solo por ese cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.
Con ese objetivo, el Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para este viernes a las 10 de la mañana, cosa que generó la indignación del bloque UP en Diputados, que a través de su jefe, Germán Martínez, expresó su protesta por este accionar, al considerar que se está convocando a una reunión en base a datos erróneos, ya que el expediente en cuestión aún no ha pasado por la Cámara baja. Luego se plegaron más opositores a la protesta.
En los planes de La Libertad Avanza, la Modernización Laboral sería llevada al recinto el próximo viernes 27, junto con régimen penal juvenil, el Acuerdo Mercosur - Unión Europea y el pliego como embajador en Bélgica de Fernando Iglesias.
Volviendo a la Reforma Laboral, el artículo 44 que se eliminó planteaba que “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendría derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera. Mientras que si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiría el 75% de su salario en los mismos plazos.
Hecha la salvedad de la eliminación completa del artículo referido, en la votación en particular se espera que los aliados del Pro insistan con reincorporar un artículo que permita el cobro del salario a través de billeteras virtuales.
Por otra parte, en la previa, fuentes del oficialismo admitían "números justos" para algunos títulos de la iniciativa (son 26 en total), como el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo para financiar indemnizaciones.
Otro de los títulos que será mirado con atención a la hora de la votación en particular será el último, el XXVI, que propone la derogación de varios estatutos, entre ellos el del periodista profesional.
El primer orador de la jornada fue el diputado de La Libertad Avanza Lisandro Almirón, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, quien defendió que "todas las modificaciones, derogaciones y agregados" que se proponen en el proyecto son para "fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores".
El correntino leyó su discurso, lo que despertó las críticas de Unión por la Patria, cuyos integrantes lo interrumpieron constantemente. "La legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo. Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De cuánto sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final del día el régimen previsto no sirve para generar empleo? Tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad", planteó el oficialista.
Luego fue el turno de UP, con Sergio Palazzo como miembro informante del dictamen de minoría de su bloque. El líder del sindicato de bancarios calificó al proyecto como “la regresión más brutal en la historia de los derechos de los trabajadores”, al considerar además que “no hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí hay beneficios para los empresarios”.
También, el opositor cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, con el cual “el despido pasa a ser gratuito para el sector empresario porque será pagado con plata del Estado”, remarcó.
En tiempo compartido de exposición, su par Vanesa Siley afirmó que la Reforma Laboral “va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos, sobre todo, en los trabajadores de la construcción, los mecánicos y las maestras”. También habló del quórum y llamó “traidores” a los representantes salteños, misioneros y tucumanos que accedieron a sus bancas en boletas de Unión por la Patria en 2023 o de Fuerza Patria en 2025.
Entre las voces en contra, el diputado Miguel Pichetto advirtió que el FAL “se va a financiar con la plata de los jubilados”, lo que para él constituye "un riesgo directo para el sistema previsional argentino". Sobre esto, hay temor a que el FAL derive en una descapitalización de las cuentas previsionales, y existe el riesgo de convertir el fondo en un mecanismo no autosustentado, dependiente de recursos sociales sensibles.
El diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau afirmó que el país necesita una reforma laboral, pero cuestionó con dureza la que impulsa el oficialismo. Señaló que mientras se argumenta que “no hay plata” para mejorar las jubilaciones, sí se destinan recursos para cubrir despidos a través del nuevo Fondo de Asistencia Laboral, al que comparó con las viejas AFJP.
También advirtió que trasladar al trabajador las costas judiciales desalienta los reclamos. Según sostuvo, el fondo de indemnizaciones equivale a 0,4% del PBI, la mitad de lo que costaría un aumento jubilatorio, lo que a su juicio evidencia una clara prioridad del Gobierno.
Increpado por los integrantes de la oposición que le recordaron que accedió a su banca por la boleta de Unión por la Patria, Pablo Outes, representante del gobernador salteño Gustavo Sáenz, anticipó su apoyo a la Ley de Modernización Laboral -junto a Yolanda Vega y Bernardo Biella, habilitó el quórum- y cuestionó que los anteriores gobiernos “hace muchas décadas nos dejaron sin industrias, sin rutas y sin universidades”.
Sin embargo, advirtió que “no soy mileísta, pero tengo el concepto de que la justicia debe ser para todos y muchos (señalando hacia donde estaban los de UP que gritaban y interrumpían) no conocen el interior”, y concluyó que “el modelo de Milei está fracasando porque para crecer necesitamos infraestructura, energía y universidades”.
“Yo a esto ya lo viví. Este modelo no es nuevo. La senadora (Patricia Bullrich) que defendía este proyecto era ministra de trabajo cuando a mí me tocó agarrar una carreta a los 13 años. No me lo contó nadie”, afirmó por su parte Natalia Zaracho al hacer uso de la palabra. En referencia a los despidos en FATE, preguntó: “¿Qué van a hacer con los nuevos despedidos de la empresa que ayer dejó a más de 900 personas y familias sin trabajo? Nos dicen que van a sacar trabajadores de la informalidad y son una máquina de tirar trabajadores por la ventana”.
Además, cuestionó los cambios en el articulado: “Nos quieren hacer creer que sacando el artículo 44, esta ley siga, siga”, y advirtió que “quieren engañar” al “pueblo” y que no van a “hacer pelear” a “los trabajadores”.
Quien supo ser la ministra de Trabajo en el último año del gobierno del Frente de Todos, Kelly Olmos acusó a la Ley de Modernización Laboral de proponer un marco legislativo “de antes de la negociación colectiva y antes de las leyes del peronismo que han contribuido a la dignidad del pueblo y al desarrollo de esta Nación”. Agregó, además, que “están reemplazando -la ley vigente- con la unilateralidad de la patronal”.
Con una síntesis de repaso histórico, Olmos afirmó que “solo cuando les fue bien a los trabajadores, le fue bien a la Argentina”, y reiteró su parecer sobre este proyecto de ley al que consideró que tiene por objeto “que muy pocas manos se beneficien sobre la base del esfuerzo y el sacrificio del pueblo como lo están haciendo ahora”. Por último, antes de leer un poema peronista de los años 60, criticó el cambio de Ministerio a Secretaría y la gestión de Julio Cordero, a quien llamó “abogado laboralista de la patronal”.
“Como Demócrata Cristiano, no puedo estar a favor de este proyecto”, sostuvo el diputado Juan Brügge al fundamentar su voto negativo. Argumentó que su postura responde tanto a las raíces históricas del humanismo cristiano que inspira al Partido Demócrata Cristiano como a razones técnicas y jurídicas que —según afirmó— tornan inviable la iniciativa.
Brügge centró parte de su exposición en lo que calificó como una “mala redacción técnica” del texto. Señaló que contiene normas confusas, ambigüedades que abren la puerta a interpretaciones contradictorias y vacíos normativos que generarán incertidumbre jurídica. “No estamos ante una ley clara y precisa, sino ante un esquema que trasladará el conflicto a los tribunales”, advirtió.
Representante de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro no ocultó su rechazo a esta Reforma Laboral, y cuestionó que haya sido con una resolución exprés: “Merece mucho más que una reunión y una sesión a las apuradas como estamos teniendo hoy”. Trajo a colación una de las frases que utilizaba en tiempos del Frente de Todos y se la endilgó a La Libertad Avanza: “Han convertido de vuelta a este Congreso en una escribanía”. También, hubo mensaje para el Pro: “Estoy asombrado de muchos republicanos intermitentes y de ocasión que hoy no se sorprenden por las formas”.
“Nos dicen que esto es para generar empleo, pero esta ley no puede obviar en el contexto en el cual se está votando: 40 % de informalidad en la Argentina, 120 mil puestos de trabajo que se perdieron, más de 22 mil fábricas y empresas que cerraron y una economía que no crece. En este contexto va a ser peor el remedio que la enfermedad”, cargó el integrante del interbloque Unidos, quien además sostuvo que “es una ley sin rostro porque no aparece el rostro de las PyMEs, que están asfixiadas por la presión fiscal y por una economía que no crece”.
Por su parte, Mónica Frade remarcó que “si ustedes querían eliminar los litigios van a estar inundados los tribunales y los juzgados de este país con los desastres legislativos que ustedes hacen Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y los cerebros de todo este desastre que va a arrasar con lo poco que tenemos". "Legislen bien para otros 50 años, no hagan burradas", aseveró.
El diputado macrista Fernando de Andreis adelantó que el Pro no insistirá con el pedido de incorporar el pago de salarios a través de billeteras virtuales, pero anticipó que sí lo harán a través de un proyecto de ley para el período ordinario que comienza en nueve días. Respecto a este texto, consideró que “esta ley da más accesibilidad al empleo registrado a la gente”.
En línea con los argumentos del oficialismo, el legislador del Pro señaló que “hace 15 años no crece el empleo privado registrado y los juicios laborales crecen desmedidamente porque llegan a ser 80.000 por año”. Agregó, además, que “una PyME recibe una demanda laboral cada 10 empleados que contrata”, y cerró que “cuando un empresario quiere crecer o ganar más plata, hay un miedo superior a perder la empresa por un juicio laboral”.
Avanzada la lista de oradores, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky destacó que este jueves "hubo un paro como hace mucho tiempo no se veía, con un acatamiento enorme en todo el país y grandes movilizaciones en todas las provincias. Es un verdadero plebiscito de los trabajadores que rechazan esta ley".
Sobre la iniciativa, el líder de la CTA de los Trabajadores aseguró que "no moderniza nada, atrasa 100 años", a "la época en que el patrón te cruzaba la cara con la fusta y te despedía gratis, la época en que la jornada laboral y las vacaciones las definía el patrón". "Es la ley del revanchismo patronal", exclamó y añadió: "Viene a darle a los tiburones la libertad de hacer lo que quieran con las sardinas".
"Y como saben que es inconstitucional, saben que no se va a poder sostener y se quieren llevar puesto al fuero laboral", denunció. Luego de afirmar que "esta ley viene a llevar a la Argentina al escenario idílico que quiere el señor Caputo de que seamos como Perú", donde hay "80% de informalidad", Yasky sostuvo que "los trabajadores sabemos que si no hay industria no hay posibilidad de que haya un país con empleo digno".
A continuación, su compañera de bloque Victoria Tolosa Paz señaló que la ley está "mal llamada de modernización laboral; el título debería ser una reforma financiera y de precarización laboral, en la que de paso metieron por la ventana una reforma impositiva de corte negativamente regresivo".
"En cada uno de los artículos se nota para quién legislan ustedes", se quejó y adjudicó la idea del proyecto a Milei, Caputo, Sturzenegger y Bullrich. Además, advirtió que "el FAL es la estafa más grande que le van a hacer a los jubilados; se están armando un negocio financiero".
Otro de los oradores del extenso debate fue el chubutense Jorge "Loma"Ávila, de Provincias Unidas, quien cargó fuerte contra los libertarios: "Yo voy a defender mi trabajo porque trabajé toda mi vida, porque laburé en el campo, porque no soy como aquellos que están allá (señalando a la bancada oficialista) que nunca laburaron, que no saben lo que es estar en el campo, que no saben lo que es matarse de frío, que no saben lo que es matarse de calor, que no saben lo que estar 12 horas a disposición de la empresa y no saben defender el empleo porque nunca laburaron. ¿Cómo van a defender el empleo si son unos nenes de mamá?".
El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut afirmó que "no podemos encontrar nada positivo" en el proyecto. "Es una ley netamente del Gobierno, no se discutió, es una ley que se le quiere imponer al sector trabajador", cuestionó, además de denunciar los despidos en su sector y la situación crítica que atraviesa la actividad en su provincia.
A su turno, el diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) compartió la necesidad de una reforma laboral al ver las estadísticas de caída del empleo formal, pero señaló que “lo que nos unificaba era la idea de darle mayor certeza a los costos de desvinculación laboral. Es la parte más urgente y más compartida por la mayoría de gremios y sindicatos”.
“Más que gestionar los problemas prefiere dañar los sistemas, encuentra una manera a lo largo de la ley de desintermediar la relación entre patrones y empleados. Lo que estamos haciendo más que modernizar, es retroceder tres siglos en términos de la asimetría que el modelo sindical se instauró consagrando la seguridad social, la negociación paritaria, los convenios”, cuestionó Massot.
Así, lamentó: “Nos encontramos en una encrucijada donde una ley de más de 217 artículos donde muchos estábamos preparados para acompañar más de 160 artículos, pero es por títulos”. Por último, hizo dos propuestas como la instauración de licencias parentales intercambiables –aumentar de 2 a 15 días las licencias paternales – y también agregar un módulo de 30 días de licencias intercambiables. En el cierre, planteó que el FAL sea voluntario y no obligatorio y que sea financiado por las empresas y no subsidiado por bajas de aportes patronales.
El proyecto
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y que ya con media sanción del Senado, representa una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.
Algunos de sus puntos principales son los siguientes:
Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.
Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.
Para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1ro. de enero de 2027); y se posterga al 1ro. de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.
Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
La iniciativa incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija "estándares y reglas claras" para la actividad.
En el proyecto se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.
En una sesión que promete extenderse, la Cámara de Diputados iniciará a las 14 el tratamiento del proyecto de modernización laboral enviado por el Senado, con el quórum asegurado por los bloques que convocaron a la sesión. El debate transcurrirá en un Congreso rodeado por protestas sindicales y un paro nacional convocado por la CGT.
En lo que se presume será una sesión bastante extensa, la Cámara de Diputados iniciará a partir de las 14 una reunión clave para avanzar con el proyecto de ley de modernización laboral proveniente del Senado. El primer desafío estará en la obtención del quórum, que a priori aparece garantizado, teniendo en cuenta tan solo el número de miembros de cada uno de los bloques que convocaron a esta sesión.
Pasa que el pedido de sesión -que se conoció en el transcurso del plenario de este miércoles en el que se dictaminó el texto a considerar- fue suscripto por los libertarios Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch; y los jefes de bloques Cristian Ritondo (Pro), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Con la asistencia perfecta de todos estos bloques, el oficialismo tendría asegurado el quórum desde una base de 130 legisladores.
En la vereda de enfrente estarán esperando fuera de sus bancas quienes ya anunciaron que no darán quórum: los miembros de Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda.
El dato saliente que tendrá el tratamiento de esta reforma laboral es que ya se sabe que, si se aprueba, tendrá modificaciones. Al menos una asegurada: la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad, tema que despertó fuerte rechazo durante el fin de semana largo y sobre el cual el Gobierno confirmó que lo quitaría.
Así, del texto sancionado en el Senado de 219 artículos, el dictamen de mayoría obtenido este miércoles posee 218 artículos. De esta manera, deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva, que el oficialismo está dispuesto a que sea antes de la apertura de sesiones ordinarias.
Con ese objetivo, ya convocó el Senado a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, para este viernes a las 10 de la mañana, cosa que generó la indignación del bloque UP en Diputados, que a través de su jefe, Germán Martínez, expresó su protesta por este accionar, al considerar que se está convocando a una reunión en base a datos erróneos, ya que el expediente en cuestión aún no ha pasado por la Cámara baja.
Hecha la salvedad de la eliminación completa del artículo referido a las licencias por enfermedad, los aliados del Pro insistirán con el cobro del salario a través de billeteras virtuales. Los aliados habían planteado que, ya que el proyecto volvería al Senado por el artículo 44, podía sumarse el permiso para billeteras virtuales para el pago de sueldos, pero La Libertad Avanza rechazó abrir más capítulos.
También habrá objeciones referidas al FAL, uno de los puntos más controvertidos del proyecto. Si bien el oficialismo lo presenta como un mecanismo para dar previsibilidad y reducir litigiosidad, sectores opositores y sindicales lo cuestionan por varios motivos. Entre ellos, como ha dicho el diputado Miguel Pichetto, el FAL “se va a financiar con la plata de los jubilados”, lo que para él constituye un riesgo directo para el sistema previsional argentino. Seguramente lo dirá durante el debate, pero a juicio de este experimentado legislador, este punto “debilita fuertemente el sistema jubilatorio”.
Hay temor a que el FAL derive en una descapitalización de las cuentas previsionales, y existe el riesgo de convertir el fondo en un mecanismo no autosustentado, dependiente de recursos sociales sensibles.
La jornada está marcada por el paro nacional convocado por la CGT, que promete se siente fuerte a raíz de la adhesión de los gremios del transporte. Además, la izquierda convocó a movilizarse al Congreso, que estará rodeado por efectivos de seguridad que aplicarán el protocolo antipiquetes.
El proyecto
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y ya con media sanción del Senado, representa una reforma amplia que busca modificar el régimen laboral argentino con foco en indemnizaciones, modalidades de contratación, licencias, convenios y formalización del empleo.
Algunos de sus puntos principales son los siguientes
Indemnizaciones
Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales.
Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.
Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Fondo destinado a “respaldar” el pago de indemnizaciones.
Aportes obligatorios del empleador: 1% para grandes empresas y 2,5% para mipymes. Será inembargable y supervisado por la CNV.
Formalización laboral
El oficialismo sostiene que la ley está orientada a integrar al 50% de los trabajadores que hoy están en la informalidad.
Plataformas digitales y nuevas formas de trabajo
El proyecto incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija estándares y reglas claras para la actividad.
Tras casi ocho horas de debate, la intervención de la diputada del sector de Grabois derivó en un fuerte intercambio con un diputado oficialista.
Cerca de las 10 de la noche, el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto se aproximaba a su final, tras casi 8 horas de debate y unas 4 desde que se había conocido el número de firmas que tenía el dictamen de mayoría. Quedaban muy pocos diputados presentes y el dipusindical Mario Manrique era el penúltimo orador y prometió no extenderse para no retrasar más a Natalia Zaracho, que sería quien cerrara la larga lista de diputados que intervinieron en el durante esa larga tarde/noche. Pero ni Zaracho fue la última -terminó cerrando Lilia Lemoine-, ni Manrique fue breve.
Lo cierto es que sobre el final de su intervención, Natalia Zaracho tuvo un fuerte intercambio con un legislador libertario, que le puso pimienta al final del plenario. La diputada alineada con Juan Grabois cerraba su discurso cargando contra el Gobierno al que le atribuyó “este modelo de hambre planificado que hace que la gente cada vez esté más endeudada y eso le quite la posibilidad de poder parar la pelota y pensar qué es lo que está pasando en nuestro país”.
“Pero esto no es gratis, ¿eh? -advirtió-. Porque yo no quiero ser irrespetuosa, pero me juego lo que no tengo que la mayoría nunca tuvo que levantarse a las 4 de la madrugada para ir a laburar... Que no sabe lo que es un dolor de espalda o de cintura…”.
La cruzó entonces el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, que ya venía chicaneando desde su lugar, y Zaracho lo increpó: “Sí, vos, principal… Tenés una cara de lomo virgen, increíble, increíble. Lomo virgen sos, lomo virgen sos, lomo virgen sos… Pedí la palabra y hablá, y justificá este proyecto y decile a la gente en qué lo va a beneficiar. Sos un caradura…”. Ante los estériles intentos del presidente de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, para que no se le desmadrara la reunión en el final, la diputada continuó emprendiéndola contra Huesen. “Desde hoy que estás bolaceando a todos los compañeros… Pedí la palabra y hablá, defendé este proyecto. No se puede defender…”.
Y continuó: “Porque ustedes no tuvieron laburo, pero tienen patrones, tienen patrones: Galperín, es el Fondo Monetario, estos son tus patrones”.
“No dialoguemos”, rogó Almirón, a lo que la diputada cerró: “No, yo no dialogo, le estoy respondiendo al hombre este porque la verdad que no tiene cara, no tiene cara. Estuvo sentado, molestando, porque no tiene ganas de discutir, porque no le interesa. La mayoría de los diputados no presentan un puto proyecto, perdón por la palabra, pero no presentan un proyecto. Claramente es para levantar la mano. Bueno, yo les quiero decir que hay un pueblo que no se va a resignar”.
El pedido fue solicitado por el oficialismo y aliados. La citación se conoció mientras transcurría el plenario de comisiones en el que fue dictaminado el proyecto que cuenta con media sanción del Senado, a donde se prevé que vuelva para su aprobación definitiva.
A pedido del oficialismo y aliados, fue confirmada la convocatoria a la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Modernización Laboral este jueves desde las 14.
La solicitud y posterior citación, firmada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, se conoció este miércoles mientras transcurría el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde La Libertad Avanza consiguió el dictamen de la iniciativa que cuenta con media sanción del Senado.
Al comienzo de esa reunión, el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, informó que se pasaría a la firma el despacho que reproduce la media sanción, con la excepción de la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedad, tema que despertó fuerte rechazo durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.
Así, del texto sancionado en el Senado de 219 artículos, el dictamen de mayoría obtenido este miércoles posee 218 artículos. De esta manera, deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva, que el oficialismo está dispuesto a que sea antes de la apertura de sesiones ordinarias.
El pedido a sesión fue firmado por los libertarios Gabriel Bornoroni, Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch; y los jefes de bloques Cristian Ritondo (Pro), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Pamela Verasay (UCR), Gladys Medina (Independencia), Oscar Zago (MID), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad).
Con asistencia perfecta de todos estos bloques, el oficialismo tendría asegurado el quórum desde una base de 130 legisladores.
Por el contrario, Unión por la Patria, el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda no darán quórum.
La jornada estará marcada por el paro nacional convocado por la CGT, que promete sentirse fuerte a raíz de la adhesión de los gremios del transporte. Además, la izquierda convocó a movilizarse al Congreso, que estará rodeado por efectivos de seguridad que aplicarán el protocolo antipiquetes.
Presentes en el debate en la Cámara de Diputados, los integrantes del triunviro de la CGT reiteraron la medida de fuerza en todo el país. Señalaron que el texto busca “quitar derechos”. El cruce con el representante de Rappi.
Foto: HCDN
Además de los vocales, el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda contó con la presencia de los referentes de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros secretarios generales que representaron a diferentes gremios para reiterar el rechazo a la Ley de Modernización Laboral. También fue confirmado el paro general de este jueves 19 cuando el texto se debate en el recinto de la Cámara de Diputados.
En contraste, participó el director de Asuntos Corporativos de Rappi, Gabriel Buenos, quien se pronunció a favor del proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei y fue cruzado, fuera de micrófono, por los integrantes del triunviro de la CGT, quienes estaban sentados todos juntos en la mesa del medio de la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados.
El primero en tomar la palabra fue Jorge Sola de la CGT, quien cuestionó el artículo 163 de la Reforma Laboral y consideró que “implica una transferencia multimillonaria de 6.000 millones de dólares que pasaran del salario de los trabajadores para las indemnizaciones hacia el sector financiero”. También señaló que el Capítulo de derogaciones está cargado de “contradicciones”.
Dentro de esa crítica al Título XXVI de la norma consideró como “inexplicable” a la pérdida de vigencia de la Ley de Teletrabajo, y sintetizó que “lo que derogan no lo reemplazan con nada”. También señaló que “el tejido social productivo se está rompiendo y no lo van a arreglar con un proyecto de ley que retrocede en derechos”.
En contra de los argumentos del oficialismo, Sola afirmó que “los trabajadores informales tienen derechos, pero son los empleadores los que no los dejan ejercer”. Luego se adelantó al representante de Rappi y manifestó que “dejan afuera a los trabajadores de plataforma y se los manda a la relación independiente”.
Luego, agregó más críticas a la iniciativa de La Libertad Avanza: “El salario dinámico se implementa como método de extorsión y la crueldad hacia los trabajadores como la pérdida del derecho a licencia por enfermarse”, al que señaló como “no ser un error, sino un objetivo del proyecto de ley”. Por último, sostuvo que “no hay libertad si no hay justicia social y esta ley la deja afuera”.
Argüello apuntó contra Luis Caputo y contra "los den quórum".
Luego de Sola, otro de los triunviros de la CGT, Cristian Jerónimo, habló de “un proyecto totalmente regresivo” que “va a contramano de la sociedad argentina” y “lo único que hace es quitarle derechos (a los trabajadores) y que cada vez tengan una vida más crítica”. “Cada una hora en Argentina cierran empresas y se pierden puestos de trabajo”, sumó.
El líder del sindicato del vidrio expresó que “este proyecto no moderniza nada” y “a este Gobierno lo único que le interesa es romper la matriz productiva”. “Acá lo único que fracasó es el programa económico de este Gobierno, de especulación financiera”, dijo y criticó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que “desfinancia el sistema previsional y lo están armando para las grandes corporaciones, para seguir timbeando”.
Al recordar la crisis de 2001 y comparar aquel gobierno con el actual, Jerónimo advirtió: “Vamos a volver a ser una alternativa, vamos a volver a gobernar y a todo este daño que está generando este Gobierno le vamos a devolver la dignidad a los trabajadores. Este proceso se va a terminar”.
A su turno, el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, consideró que “este proyecto es de clara inconstitucionalidad”. “No es una ley que se pueda tratar en instancias extraordinarias. Solamente nos otorgan cinco minutos para abordar un tema de más de 200 artículos, los cuales son todos en contra de los trabajadores y a favor de un grupo muy reducido de empresarios, porque a la pequeña y mediana empresa también la está destruyendo las políticas de este proyecto”, exclamó.
Al mencionar el cierre de Fate, con 920 trabajadores despedidos y la muerte de una joven por consumir comida de la basura, el sindicalista advirtió: “Si lo aprueban van a abrir y multiplicar un escenario de drama social que ya estamos transitando”. “Lo único que crece en Argentina es la precariedad laboral”, agregó y cuestionó que “están agitando con esta ley despidos sin indemnización alguna”, mientras que a los trabajadores informales “les garantizan la eternidad en esas condiciones”, opinó.
Godoy calificó a la Reforma Laboral como una “ley miserable y criminal” y recordó que “como pasó con la Ley Banelco o con las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, nuestro pueblo fue capaz de construir otras mayorías en este Congreso para que esas leyes fueran derogadas”.
Con una intervención más breve que sus pares del triunviro de la CGT, Octavio Argüello¸ advirtió que “esta ley va a perjudicar a los trabajadores y al pueblo en su conjunto”, y cruzó al ministro de Economía: “Luis Caputo reconoció que es una ley que solo favorece a los grandes sectores económicos y con esto, estamos volviendo a la época de ‘Patrón Costas’”, en referencia al representante de la oligarquía y los capitales extranjeros en 1943.
Con la certeza de que la sesión extraordinaria fue solicitada para este jueves a las 14, Argüello apuntó contra los bloques dialoguistas y lanzó: “El que da quórum está traicionando al pueblo”. Para terminar, parafraseó que “toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria, no sea cosa que mañana se dé vuelta la torta”.
Alineado con la postura de la CGT, explicó que el contenido de la Reforma Laboral “no son modificaciones por trabajo o tecnología, si no para ganar mayor plusvalía”, en favor de las cámaras empresariales. También defendió la actividad sindical, reiteró que “anualmente modificamos nuestros convenios para que generen trabajo desarrollado y generación de empleo”, concluyó: “Esto no está hecho para generar empleo”.
Fue durante el debate del proyecto de Reforma Laboral, cuando el diputado de del Frente de Izquierda manifestó: “Algunos ni leyeron que le iban a sacar el 50% del salario a una persona con cáncer”. ¿Con qué oficialista fue el cruce?
En el inicio del debate por el proyecto de Reforma Laboral en un plenario de comisiones en la Cámara baja, el diputado Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) tuvo un duro cruce con una diputada libertaria, a raíz de sus críticas al artículo 44 de la ley, que propone cambios en licencias por enfermedad.
El bonaerense cuestionó “esta forma totalmente atropellada de tratarlo para que la gente no se entere". "Por eso hicieron eso en el Senado, entre gallos y medianoche… dicen algunos que ni leyeron que le iban a sacar el 50% del salario a una persona que tiene cáncer. Esas brutalidades como las que están en esta ley son las que tenemos que debatir y discutir”, expresó.
Y siguió: “¿Qué miedo tienen a debatir?”. Mientras, la libertaria Soledad Mondaca le gritaba que la ley “no dice eso” (respecto a las personas con cáncer). Así comenzó el ida y vuelta entre gritos de un lado y otro, y Del Caño enfatizó: “No sé de qué te reís… vos porque no tenes problemas porque las vacaciones las podes hacer con tus hijos en Miami, pero a la gente que le van a sacar las vacaciones para poder ir a la costa unos días a descansar con su familia… Vos se las vas a sacar y cobras 5 millones de pesos, así que no me vengas a agitar”.
“Nosotros vamos a defender a los trabajadores… Andate vos a Miami, vos que cobrás millones de pesos querés votar eso en contra de los trabajadores y que nadie lo sepa… ¿Cómo que nada que ver? Todos los que se van de paseo a Miami 2 o 3 veces al año… Me interrumpe y se burla de los trabajadores”, remató durante su intervención.
A las 14.10 de este miércoles arrancó el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Están previstas tres horas para la presentación de expositores y luego continuará el encuentro con el fin de emitir dictamen. Hay más de 20 invitados, entre gremialistas, jueces laborales y abogados.
Foto: HCDN
Luego del fin de semana XL, la Cámara de Diputados retomó la actividad este miércoles, con un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, trascendental para el objetivo de máxima del oficialismo de aprobar esta misma semana el proyecto de Modernización Laboral.
En efecto, la citación que se hizo el viernes pasado, ni bien el proyecto fue girado desde el Senado, aclaraba que habrá tres horas para la exposición de invitados y que luego el encuentro continuará con el fin de emitir dictamen. En la lista de invitados hay más de 20 oradores.
A pocos minutos del inicio del plenario, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, oficializó que el artículo 44, el cual modifica el régimen de licencias por enfermedades, será quitado del despacho. “Necesitamos una nueva ley laboral que incluya a todos los trabajadores y devuelva los derechos a los que hoy no los tienen”, dijo y le pidió a los bloques dialoguistas que “apoyen en esta comisión y también en el recinto”.
Luego que, en el comienzo, el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, informara sobre una fe de erratas al texto comunicada desde el Senado, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló: “Esto da cuenta de la enorme desprolijidad que ha tenido todo el trámite parlamentario. Este tiempo (de tratamiento) fue solamente una decisión del bloque oficialista y sus aliados, en ningún momento hubo una búsqueda de consensos”.
Además, el santafesino pidió que se escuchara a representantes de los trabajadores de Fate, misma solicitud que después planteó Néstor Pitrola, del FIT.
Por su parte, Nicolás del Caño también cuestionó el debate exprés: “Es un escándalo tener que tratar esta ley esclavista de manera exprés, en menos de 24 horas. Una ley que modifica todas las relaciones laborales y pisotea el artículo 14 bis de la Constitución”. “El gobierno sabe que esta ley no va a generar empleo”, sostuvo el legislador de la izquierda y dijo que, por el contrario, “va a abaratar los despidos”, al mencionar también la cuestión de Fate.
El rechazo hacia la Reforma Laboral se reforzó en la agenda pública luego de la media sanción en el Senado, con un paro general convocado por la CGT para este jueves, mismo día que La Libertad Avanza apunta a debatir y tratar en el recinto la iniciativa.
Pero, además, durante el fin de semana de Carnaval, fue duramente cuestionado el artículo 44 del proyecto que dispone la reducción de las remuneraciones en caso de enfermedades no vinculadas a la actividad laboral, con una paga del salario a la mitad.
Las posiciones en contra aumentaron con el correr de las horas, e incluso con manifestaciones públicas de aliados clave para los votos, como el Pro (que ya estaba plantado en el tema de billeteras virtuales) y de Innovación Federal, con el gobernador salteño Gustavo Sáenz a la cabeza.
Tras una decisión de la Mesa Política del Gobierno se dio a conocer que se eliminará ese artículo de la iniciativa, lo cual implica una modificación y su regreso a la Cámara alta. En LLA esperan que no haya más cambios al texto, pero sectores de la oposición miran con atención sobre otros puntos, como el Fondo de Asistencia Laboral, para financiar indemnizaciones.
Con el objetivo puesto en tener la ley sancionada antes del 1ro. de marzo, para que el presidente Javier Milei pueda exhibir el logro durante la apertura de sesiones ordinarias, el oficialismo apunta a conseguir la aprobación exprés de la Reforma Laboral en Diputados en la madrugada de este viernes, para ser inmediatamente girada al Senado, donde se terminaría de tratar en una sesión el viernes 27.
Por otra parte, el clima se enrareció este miércoles con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate, por el cual desde la oposición salieron a criticar la política económica del Gobierno.
NOTICIA EN DESARROLLO
Será de 24 horas, sin movilización para este jueves o el día en que la reforma laboral llegue al recinto. En la conferencia de prensa brindada este miércoles sonó fuerte el tema del cierre de la fábrica Fate, con casi un millar de despidos.
La conducción de la CGT confirmó este miércoles que realizará un paro nacional de 24 horas, sin movilización, cuando el proyecto de reforma laboral del Gobierno sea debatido en la Cámara de Diputados. Todo indica que será este jueves, aunque la sesión aún no ha sido convocada oficialmente.
La decisión, comunicada en una conferencia de prensa en la sede cegetista de la calle Azopardo, instala un nuevo capítulo en la disputa entre la central obrera y la Casa Rosada en medio de un escenario laboral que los gremios califican de “crítico”.
Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción, ratificó que la huelga comenzará a partir del inicio mismo de la sesión, con la orden de que “no haya ninguna actividad” en los sectores representados por la CGT. Junto a Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, Sola volvió a cuestionar el proyecto oficial al que atribuyó un “sesgo ideológico” y consideró “inconstitucional”, al tiempo que reprochó la falta de diálogo con el Gobierno. También advirtió por el deterioro social y económico, con “ocho meses de inflación creciente” y un proceso de apertura de importaciones que, dijo, golpea a la industria.
La CGT insistió en lograr la adhesión plena de los gremios del transporte, especialmente los colectiveros, un punto que buscó despejar en público Sola, quien aseguró que tanto la CATT como la UGATT ratificaron su participación en la medida. La cúpula sindical avanzó en esta línea pese al debate interno sobre volver a las calles, una idea que perdió fuerza tras la escasa convocatoria de la semana pasada en el Senado. Por eso, el cuarto paro nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei apunta a mostrar el poder de paralización en los centros productivos.
Gran parte de los discursos de este miércoles estuvo atravesada por alertas sobre el agravamiento de la situación industrial. La CGT citó la pérdida de más de 300.000 empleos formales en los últimos dos años, la caída de la capacidad instalada y el cierre reciente de la fábrica de neumáticos Fate, que dejó sin trabajo a unos 920 operarios. “El problema del Gobierno hoy no está en las calles, está en las fábricas”, resumió uno de los dirigentes presentes.
El diputado de Provincias Unidas calificó que el proyecto “nace vieja, obsoleta y con bronca”, y planteó: “Se le puso el nombre coqueto de ‘modernización laboral’, pero no robustece a la Argentina sobre cómo generar puestos de trabajo, cómo se blanquea el trabajo informal”.
El diputado nacional Pablo Juliano (Provincias Unidas) cuestionó severamente el proyecto de ley de “modernización laboral” que comienza a tratarse de forma exprés en la Cámara baja este miércoles: “Nace vieja, obsoleta y con bronca”.
El legislador radical sostuvo que el artículo de las licencias por enfermedad que salió aprobado en el Senado y que quitó derechos a los trabajadores "desnudó el sesgo de toda la ley". "Están legitimando la precarización laboral. Yo no cuestiono cómo cada persona se gana la vida, pero el país no va a salir adelante pedaleando. "Esta ley nace vieja, obsoleta y con bronca", agregó.
En diálogo con un canal de noticias, el legislador bonaerense sostuvo: “Esta ley no moderniza, no nos prepara para entrar en el futuro con el paradigma de la IA. Desnuda una intencionalidad que yo vengo denunciando desde noviembre: el gobierno opta por temas en extraordinarias, pero esquiva el bulto de la reforma fiscal”, y planteó: “Es raro discutir una ‘modernización labora’” sin discutir de fondo una reforma tributaria, porque lo que se está discutiendo hoy es solo el costo laboral. Hay un empobrecimiento muy grande del debate”.
“Hay gente que tiene una expectativa en esta ley muy grande, pero esto se está resquebrajando. Este resquebrajamiento comenzó cuando descubrimos el artículo 44 que dice que no podés ir a jugar al fútbol con tus amigos porque si te lesionás te pueden bajar el sueldo a la mitad. Este artículo desnudó la filosofía de toda la ley”, criticó.
También se refirió al tema de las FAL, que desfinancia la ANSeS, a las provincias y a “un sector al que se le pega durísimo hace dos años que son los jubilados. Pero claro: ¿quién gana defendiendo a los jubilados? Estamos hablando de un fondo de 3.000 millones de pesos anuales. Si se analizan dos o tres artículos se desnuda la intencionalidad de toda la ley. Se le puso el nombre coqueto de ‘modernización laboral’ pero no robustece a la Argentina sobre cómo generar puestos de trabajo, cómo se blanquea el trabajo informal”.
“Se quiere votar de espaldas a la sociedad y de cara a la vista del Presidente el 1ero de marzo para inaugurar las sesiones ordinarias. Es como un premio que le quieren dar a Milei por la victoria impensada del año pasado”, denunció Juliano.
En esa línea, expresó: “Yo lo que le vengo diciendo al Gobierno es que tener mayoría no es tener razón y el tiro te puede salir saliendo mal. Un montón de sectores que creen en que hay que modernizar las leyes del trabajo, pero yo no estoy de acuerdo con que los que escriben la ley te vayan apurando. En la Cámara de Diputados recibimos en el recinto las 200 páginas de esta reforma el jueves pasado y en menos de una semana se estaría tratando. Esto va a llevar a una nueva defraudación, no es que esta ley va a crear puestos de trabajo”.
“No discuto la forma en que una persona se gana la vida, pero si van a construir una sociedad argentina que legitima la precarización yo no estoy de acuerdo. No creo que el país vaya a salir en marcha pedaleando (en referencia a los trabajadores que reparten pedidos de comida). Esta ley nació vieja, mirando el pasado, nació con bronca”, cerró.
El cierre de Fate expuso un fenómeno que ya atraviesa a toda la industria: la presión de importaciones más baratas frente a un esquema productivo local más costoso.
La economía argentina siempre discutió inflación, impuestos o tipo de cambio. Pero el debate real hoy es otro: la competencia desigual entre modelos productivos. El cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, con 920 trabajadores despedidos, no es un episodio aislado sino un síntoma visible de un proceso que ya avanza sobre toda la estructura industrial del país.
El fenómeno no empezó ahora. En el último año cerraron plantas metalúrgicas, textiles, de electrodomésticos y autopartes; multinacionales y empresas locales dejaron operarios sin trabajo por la presión de importaciones más baratas. Incluso sectores alejados del rubro industrial, como frigoríficos, registran paralizaciones y despidos por caída de actividad.
El denominador común es la misma ecuación: Argentina produce con costos financieros, tributarios y logísticos elevados, mientras compite contra economías planificadas que subsidian producción y exportación. No es libre mercado: es competencia asimétrica. El consumidor ve precios más bajos, pero la economía pierde salarios, aportes previsionales y tejido productivo. La industria no sólo fabrica bienes; sostiene comercios, transporte, servicios y consumo local.
El impacto ya es sistémico. Cuando cae la industria, no cae sólo el empleo actual: cae el empleo futuro. Un país sin fábricas no se reconvierte en servicios avanzados; se transforma en economía dependiente.
La caída de Fate, entonces, no debe leerse como la historia de una empresa que no pudo adaptarse, sino como la advertencia de un país que todavía no definió su modelo de desarrollo.
Porque cuando un producto importado reemplaza a una fábrica, la sociedad cree ganar un precio… pero en realidad está comprando desempleo financiado en cuotas.
Andrés Vallone, analista político, consultor y diputado nacional (MC)
La postergada reforma del régimen de licencias por enfermedad vuelve a exponer una falla estructural del sistema laboral argentino: hoy las empresas —en especial las pymes— asumen en soledad el costo pleno de las ausencias por enfermedad inculpable, un esquema que encarece el empleo formal y favorece abusos.
La propuesta de reforma al régimen de licencias por enfermedad en Argentina, actualmente en debate en el Congreso como parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno, representa una oportunidad para corregir una distorsión estructural que afecta la competitividad del empleo formal y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas (pymes). El oficialismo confirmó recientemente que retirará el artículo 44 del proyecto de reforma laboral —el que introducía cambios en el pago durante ausencias por enfermedad inculpable—, tras la fuerte presión de bloques aliados y el rechazo generalizado. Esta decisión, tomada en las últimas horas para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa en Diputados, posterga cualquier modificación al régimen actual a un debate futuro, probablemente en sesiones ordinarias o en una nueva ronda legislativa.
Un reciente informe de IDESA, publicado el 15 de febrero de 2026 (Informe N° 1.161), aporta datos contundentes: en 2025, el 58% de las empresas privadas (6 de cada 10) sufrió la ausencia de al menos un trabajador por mes, y la causa más frecuente de inasistencias laborales fueron las enfermedades no laborales, que explicaron el 49% de los casos (según datos de la Secretaría de Trabajo), representando aproximadamente la mitad del costo total del ausentismo, equivalente al 2,8% de las jornadas pagadas.
En el sistema vigente, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador debe pagar el 100% del salario durante las licencias por enfermedad o accidente no laboral (inculpable), con plazos que pueden extenderse hasta 3 o 6 meses según antigüedad, y duplicarse si el trabajador tiene cargas de familia (hasta 12 meses en algunos casos).
Esto implica que el costo de las ausencias por motivos de salud recae íntegramente sobre el bolsillo del empleador, sin intervención significativa del sistema de seguridad social en la mayoría de los casos.
Este esquema genera varios problemas graves:
Un modelo mucho más equilibrado y eficiente es el que aplica en Uruguay, donde el Banco de Previsión Social (BPS) administra el subsidio por enfermedad común. Allí existe una carencia inicial de 3 días (los primeros tres días no se pagan por el subsidio, aunque el empleador puede cubrirlos por acuerdo o convenio), y a partir del cuarto día el BPS asume el pago, generalmente al 70% del salario promedio de los últimos meses. Para enfermedades graves o prolongadas, la cobertura puede extenderse hasta un año (con prórroga posible por otro año, o hasta 2 años alternados en 4 años por la misma dolencia), financiada por el sistema solidario de seguridad social. En casos excepcionales (internaciones, enfermedades invalidantes, etc.), el pago puede llegar al 100% desde el inicio o con condiciones más favorables.
Este enfoque uruguayo ofrece claras ventajas respecto al sistema argentino actual:
Aunque la eliminación del artículo 44 frena los cambios inmediatos —que apuntaban en una dirección similar al reducir el pago del empleador en ciertos casos, pero podría haberse ajustado para mantener el 100% en patologías severas—, el debate no debe cerrarse. Una mejora sustantiva para el futuro sería expandir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —el mecanismo ya incluido en el proyecto para coadyuvar al pago de indemnizaciones por despido— para que también financie, de manera solidaria y parcial, las licencias por enfermedad prolongadas.
El FAL, financiado por una porción de las contribuciones patronales, actúa como un "colchón" previsibilizado para costos laborales de alto impacto. Extender su alcance a las licencias no requeriría nuevos aportes ni cargas adicionales: bastaría con ampliar su objeto en la reglamentación o futuras modificaciones. Podría funcionar con una cobertura mixta y escalonada: carencia inicial (3-5 días sin subsidio o a cargo del empleador segun convenio), activación del FAL para cubrir un porcentaje (70-80%) en ausencias medias o largas, y hasta el 100% en enfermedades graves o crónicas por períodos extendidos (6-24 meses o más), con controles centralizados (juntas médicas, certificados digitales) para reducir abusos.
Esta ampliación del FAL ofrecería consistencia a la reforma: si se "socializa" parcialmente el costo de despidos, ¿por qué no aplicar la misma lógica a las licencias por enfermedad, que son riesgos no atribuibles al empleador ni al trabajador en la mayoría de los casos? Beneficiaría a las pymes (menos penalizadas por ausencias abusivas o reales prolongadas), mejoraría la protección al trabajador en casos graves (cobertura más amplia y sostenida) e incentivaría el empleo formal al reducir costos impredecibles.
Adoptar elementos del modelo uruguayo —carencia inicial, intervención progresiva de la seguridad social y controles robustos—, combinados con la expansión del FAL, no implicaría quitar derechos, sino redistribuir mejor la carga: casos leves con responsabilidad compartida, graves con respaldo solidario más amplio y sostenible.
Modernizar el régimen de licencias no es un ataque a los derechos laborales, sino una medida de racionalidad económica. Aunque el debate se postergue, un sistema más equilibrado, con mayor rol de la seguridad social y el FAL ampliado, beneficiaría a trabajadores (con mejor cobertura en casos graves), empleadores (especialmente pymes) y al conjunto de la economía al fomentar más puestos formales y estables.
Es hora de dejar atrás un modelo anacrónico que castiga la generación de empleo y avanzar hacia uno más justo y sostenible.
Agustín Domingo es diputado nacional con mandato cumplido
A través de las redes sociales, diputados de diferentes bloques políticos expresaron su preocupación por el cierre repentino de la fábrica de neumáticos que dejó en la calle a 1000 trabajadores.
En medio del debate por la reforma laboral en el Congreso, legisladores apuntaron contra el proyecto y el presidente Javier Milei por el repentino cierre de la fábrica de neumáticos FATE en su planta de San Fernando que dejó en la calle a 1000 trabajadores.
El diputado de UP Jorge Taiana alertó: “La crisis en Fate y la pérdida de 900 puestos de trabajo técnico y especializado evidencian un proceso peligroso de desindustrialización. El cierre de plantas de esta escala no solo afecta el empleo presente, sino que desarticula cadenas de valor estratégicas para nuestra autonomía económica”.
“Es imperativo que el debate sobre la reforma laboral no sea una simplificación para facilitar el despido, sino una discusión profunda sobre cómo protegemos el capital humano y la capacidad productiva del país. La historia nos enseña que la flexibilización sin un proyecto de desarrollo nacional solo profundiza la desigualdad y la dependencia”, cuestionó.
Todo va d e maravillas, pero a partir de hoy, 920 trabajadores de FATE, planta San Fernando, en la calle. Algo no es cierto.
— Monica Frade (@MonicaFradeok) February 18, 2026
El cierre de FATE es una pésima noticia y expresan con nitidez la tragedia de este tiempo económico de país.
Para las 920 familias que quedan sin trabajo, es demoledor.
Para el país, la evidencia más clara de que al modelo de @JMilei le sobran industrias, les sobran trabajadores… pic.twitter.com/XSPajnv6eW— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) February 18, 2026
Su compañera de bloque Julia Strada calificó el cierre de FATE como “tragedia” y lanzó: “SON CASI 1000 TRABAJADORES EN LA CALLE y tiene una razón: este modelo económico de Milei que decidió que en Argentina no se produce ni una tuerca. No hay lugar para nadie en un país que rompe su industria. No, la reforma laboral no resuelve un carajo”.
En otro posteo, Strada explicó que "el cierre de FATE no es un hecho aislado. En los dos años de gestión de Milei se destruyeron 21.938 empresas y más de 290.000 puestos de trabajo registrados. La industria no forma parte del modelo Milei. La semana pasada, los datos de utilización de la capacidad instalada anticipaban lo que conocimos hoy. El sector de productos de caucho y plástico operó en dic/25 apenas al 33,4%".
“Fate no cerró con la dictadura. No cerró con la hiper. No cerró en los 90. No cerró en el 2001. No cerró en la pandemia. Cerro en el 2026. Con Milei. Baja las persianas una empresa bien Argentina, deja a mil familias en la calle y es el símbolo de la apertura indiscriminada”, manifestó el diputado Tomás Ledesma (UP).
“FATE baja la persiana y 920 trabajadores pierden su empleo. El gobierno insiste con una reforma laboral como receta mágica mientras vemos las consecuencias de un modelo basado en la destrucción de la industria nacional. La reforma laboral no solo es mala en sí. Es todavía peor combinada con estas políticas”, expresó el diputado y economista Itaí Hagman (UP).
La cordobesa Gabriela Estévez (UP) responsabilizó el cierre de FATE, con más de 80 años de historia, por “la apertura indiscriminada de importaciones. En un solo mes ingresaron 860.000 cubiertas importadas. El resultado: 920 trabajadores en la calle. Con este modelo, no hay industria que aguante ni empleo que se sostenga”.
Hoy 920 laburantes de la planta industrial de FATE en San Fernando se quedan sin trabajo, ¿a esto quieren sumarle una reforma laboral que nos devuelva a la esclavitud? La magnitud del industricidio en marcha: perdimos más de 230.000 puestos de trabajo y cerraron más de 21.000… pic.twitter.com/UzzsEvIq5I
— Vanesa Siley (@Vsiley) February 18, 2026
Desde el Frente de Izquierda expresaron su apoyo a los trabajadores, también apuntaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la presencia policial en la fábrica y la detención del secretario de Sutna, Alejandro Crespo.
“El cierre de FATE y las 1000 familias que quedan en la calle son consecuencia de toda esta política nefasta de Milei. Lo denuncie en el congreso los acuerdos comerciales con la Unión Europea y EEUU vienen a destruir el tejido industrial. Hoy todos a apoyar a los trabajadores de FATE y mañana en el Congreso a rechazar esta reforma laboral”, escribió el diputado Néstor Pitrola y agregó: “Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, detenido en un patrullero dentro de la planta. Libertad inmediata al compañero, todo el movimiento obrero a apoyar toda acción de lucha de los trabajadores. ¡Basta de cierres y despidos!!! Esto es la Reforma Laboral. Esto es Milei”.
Su par Nicolás del Caño expresó: “La Patronal de FATE anuncia el cierre Hay trabajadores adentro de la fábrica resguardando los bienes y sus fuentes de trabajo. La bonaerense está en la planta garantizando el plan de la empresa. Un escándalo. Hay que rodear de solidaridad a los trabajadores del neumático ante este ataque brutal de uno de los principales millonarios del país”. En esa línea, pidió al gobernador que retire a la policía del lugar.
La patronal de Fate está realizando un lock out, cerrando la planta de manera intempestiva y violando el compromiso de no despidos firmado con el SUTNA. 920 trabajadores pierden su trabajo por la maniobra patronal, amparada en el clima de la reforma laboral de Milei. Ningún… pic.twitter.com/vWhHvslugv
— Romina Del Plá (@RominaDelPla) February 18, 2026
El plenario de comisiones de la Cámara baja debatirá este miércoles la media sanción de la Modernización Laboral, tras la decisión del oficialismo de suprimir el artículo referido a licencias médicas para asegurar los votos aliados y destrabar la sesión prevista para este jueves.
A partir de las 14 de este miércoles se reanuda la actividad en extraordinarias con el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, que encabezan los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, respectivamente. Será una reunión trascendental, por cuanto se debatirá de manera “exprés” la media sanción del proyecto de ley de Modernización Laboral proveniente del Senado.
La iniciativa viene precedida por toda la polémica que se generó en torno del artículo 44 referido a las licencias médicas, que marcó un hecho casi inédito de parte de la administración mileísta: la admisión de un error. Fue a través de la presidenta del bloque LLA en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que en un raíd mediático se ocupó de circunscribir la discusión de la reforma laboral a esa cuestión. Al cabo de una serie de negociaciones que se extendieron a lo largo de todo el feriado largo de carnaval, trascendió este martes una solución drástica para el problema: la eliminación lisa y llana del polémico artículo 44.
Fue después de que los aliados que necesita La Libertad Avanza para garantizar la aprobación en general y en particular de la norma se pusieran duros y reclamaran el paso que terminó resolviéndose.
Originalmente la propuesta del Gobierno, a través de la propia Bullrich, había sido buscar una ley aclaratoria, o apelar a la reglamentación. Esa posibilidad se puso en la mesa de discusión con los bloques aliados, pero una y otra fueron rechazadas. Por un lado, el grado de credibilidad de parte del Gobierno respecto de promesas legislativas no es el fuerte de esta administración, y tampoco tenían los bloques aliados margen para sostener toda la ley, incluido ese polémico artículo que a la postre terminó siendo lo que dio los elementos a la central obrera para decretar un paro nacional.
Tampoco se aceptó la propuesta original del oficialismo de acotar la modificación a un único cambio con el que quedaran excluidas de cualquier modificación las enfermedades “graves o degenerativas”.
Finalmente una combinación de presión aliada y matemáticas terminó convenciendo al oficialismo y, sobre todo, a la Mesa Política de la Casa Rosada, de cortar por lo sano y eliminar el artículo completo. Es que los bloques Pro, MID, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca se pronunciaron públicamente reclamando la eliminación del artículo completo. Son 29 diputados, sin los cuales no habría quórum siquiera para iniciar la sesión de este jueves, que dicho sea de paso ha sido anunciada, pero aún no oficializada.
Con esa decisión todavía no confirmada pero que todos dan por tomada, el Gobierno defenderá este miércoles la ley que con estas novedades espera tener aprobada el 27 de febrero, luego de que salga la sanción de Diputados con modificaciones luego de una maratónica sesión; se proceda a dar el visto bueno de las comisiones del Senado este viernes 20 y se trate una semana después en el recinto de la Cámara alta.
Para este miércoles se esperan unas tres horas de exposiciones de especialistas, entre los que estarían representantes cegetistas, tras lo cual quedará rubricado el dictamen correspondiente. Los dictámenes, mejor dicho, pues a diferencia del Senado, Unión por la Patria sí tendrá uno de minoría, y se espera también que el interbloque Unidos haga lo propio. Y no se descarta que haya otro dictamen de rechazo de Néstor Pitrola en nombre de la izquierda.
La citación para esta comisión es entre las 14 y las 17, aunque es de imaginar que se extienda más tiempo. Se verá cuánto.
Es el que incluye la polémica en torno a las licencias médicas y la posibilidad del empleador de descontar parte del salario ante ausencias por razones de salud.
La votación de la reforma en el Senado tuvo una mayoría amplia a favor de la norma.
Más allá de que el oficialismo ya anticipó su decisión de hacer modificaciones en el artículo 44 del proyecto de ley de Modernización Laboral, parte de los diputados que necesita el Gobierno para que apoyen con su presencia y sus votos ya anticiparon sus reparos al mismo. Pero fueron por más, y ese es el dato a tener en cuenta: piden directamente la eliminación del artículo de la polémica.
Ante la consulta de parlamentario.com, una fuente legislativa del oficialismo admitió que “lo estamos conversando”.
El presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, señaló en una entrevista publicada este martes que tal como quedó redactado, el artículo podría terminar perjudicando a los trabajadores al reducir plazos de cobertura y el esquema de remuneración durante la licencia médica, ante lo cual que planteó que el sistema debe ordenarse y mejorarse, pero “sin recortar derechos”, por lo que el bloque buscará revisar ese capítulo en Diputados.
Y en redes anticipó este martes que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”.
Miembro del interbloque Fuerza del Cambio, que también integra el Pro, el jefe del bloque MID, Oscar Zago, posteó que “hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior. La reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44”.
Y cerró: “Modernizar no es votar a libro cerrado”.
Por su parte, el gobernador salteño Gustavo Sáenz adelantó que “los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)”.
Agregó: “Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”. Y cerró: “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.
Todos los bloques citados reúnen un total de 29 diputados, a saber: Pro 12; MID 2; Innovación Federal 9; Elijo Catamarca 3; Independencia 3.
Habría que sumar también a los 6 radicales y Karina Banfi, más Por Santa Cruz, todos integrantes de Fuerza del Cambio. Esto es, ocho diputados más. Sin todos ellos, la ley no saldría.
Consultada sobre el tema, una fuente legislativa de La Libertad Avanza no descartó la posibilidad de eliminar el artículo completo. “Lo estamos conversando”, admitió.
Polémica con las licencias mediante, la (única) modificación será consensuada en el plenario de este miércoles y resuelta en el recinto. Cómo sigue el recorrido de la reforma a partir de ese cambio.
“Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades, lo reconozco”, admitió la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, en su segunda presentación nocturna consecutiva en TN. En el prime time del canal de noticias más visto, tal cual como había sucedido la noche anterior, Patricia Bullrich había concurrido este lunes precisamente para decir eso y allanar el camino a lo que vendría a continuación.
“El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Ahí tuvimos un error… Te puede pasar en 210 artículos que tiene la ley, te puede pasar, nos pasó, porque tomamos la estructura de la vieja que no distingue entre un esguince y un cáncer”, explicó, para aventar dudas respecto de un tema que no termina de definirse a quién debe adjudicársele. Porque en efecto, en el texto original que se había dictaminado en diciembre del año pasado, esa modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo no figuraba, al menos de esa manera. La corrección apareció en vísperas del tratamiento en el recinto del Senado y ya entonces se alertó sobre el tema. Las modificaciones circularon la noche anterior a la sesión en un texto donde figuraban los cambios.
¿Qué decía el texto? “Artículo 44.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones por el siguiente”, y ahí aparecía el agregado que desató la discordia: “Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% (cincuenta por ciento) de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos (2) años.
Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% (setenta y cinco por ciento) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes”.
No es como dijeron muchos durante estos días, que los senadores no leyeron ese texto. Hubo mucha discusión en torno al título donde figura el tema de las licencias. La senadora neuquina Julieta Corroza adelantó su abstención a todo el título, en tanto que la senadora del Pro Andrea Cristina pidió la palabra antes de votar para dejar constancia de que, de haber podido, rechazaría el artículo 44. “Respeto que se vote el título completo, por lo cual voy a votarlo a favor por la importancia que tiene el resto de los artículos, pero quiero dejar constancia de que, precisamente, no estoy de acuerdo con lo propuesto en el artículo 44”, dejó registrado para la versión taquigráfica. “Es válido lo de la senadora Cristina”, aceptó el presidente provisional, Bartolomé Abdala, tras lo cual la otra senadora del Pro, María Victoria Huala, imitó a su compañera y dejó constancia de su rechazo al artículo 44.
Este lunes, la senadora Bullrich insistió en dejar constancia que modificarían el texto: “Nosotros distinguimos que cometimos un error y bueno, nobleza obliga, lo vamos a arreglar. Si vuelve al Senado, tardará una semana más”, minimizó.
Por la tarde, la jefa del bloque LLA se había reunido con el presidente Javier Milei, adelantándole seguramente la modificación de la hoja de ruta para esa ley. Para entonces, ante el crecimiento de la polémica se había explorado con los aliados que se espera proporcionen el quórum y los votos para este debate, a fin de encontrar alternativas para salvar la ley. No tuvo aceptación la propuesta de solucionar la situación por decreto, ni esperar una ley correctiva, por lo que todo indica que en el recinto se modificará el artículo 44 en cuestión y la norma deberá volver al Senado.
La idea es entonces que se realice el cambio directamente en el plenario de comisiones que emitirá el dictamen este miércoles, e ir al recinto con esa polémica resuelta. En el texto se va a aclarar expresamente que quedarán excluidas de cualquier modificación las enfermedades “graves o degenerativas”, tal cual confirmó a parlamentario.com este martes una alta fuente oficialista.
Modificación del texto mediante -esa será la única que el oficialismo permitirá realizar-, tras la eventual media sanción en Diputados se convocará para el viernes a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, para que emitan el nuevo dictamen de la ley que regresaría a esa Cámara. La norma tendrá así los 7 días justos para volver a ser tratada por el pleno el viernes 27, con lo justo para ser ley y que el Presidente pueda alardear el domingo de haberlo conseguido en la Asamblea Legislativa.
El diputado nacional dijo que su bloque acompañará el proyecto, aunque buscará revisar el régimen de licencias por enfermedad y volver a incluir el cobro de salarios vía billeteras virtuales. También respaldó el acuerdo con Estados Unidos y pidió respetar el reclamo porteño por coparticipación.
El jefe del bloque Pro en la Cámara baja, Cristian Ritondo, sostuvo, en declaraciones publicadas por La Nación, que el bloque Pro en la Cámara baja acompañará la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Consideró que la iniciativa es “muy necesaria”, especialmente por su objetivo de facilitar la incorporación de trabajadores al empleo formal y reducir los costos judiciales que enfrentan las pymes, un punto que —según afirmó— genera consenso en su bancada. También destacó como un avance la inclusión de los trabajadores de plataformas digitales, tras un trabajo previo de diálogo con los distintos actores del sector.
Sin embargo, Ritondo señaló que dentro del Pro existe disconformidad con las modificaciones introducidas en el Senado respecto del régimen de licencias por enfermedad y accidentes. Advirtió que, tal como quedó redactado, el artículo podría terminar perjudicando a los trabajadores al reducir plazos de cobertura y el esquema de remuneración durante la licencia médica. Planteó que el sistema debe ordenarse y mejorarse, pero “sin recortar derechos”, por lo que el bloque buscará revisar ese capítulo en Diputados.
Frente a la posibilidad de que el proyecto deba volver al Senado si se introducen cambios, el dirigente afirmó que corresponde seguir el procedimiento institucional y que la ley debe salir “lo más clara posible”, sin dejar definiciones centrales libradas a la reglamentación. Aseguró que su espacio está dispuesto a trabajar con celeridad para que, aun con eventuales modificaciones, puedan cumplirse los plazos de extraordinarias.
En cuanto al artículo referido al pago de salarios, Ritondo adelantó que el Pro insistirá en incorporar nuevamente a las billeteras virtuales como opción para que los trabajadores elijan cómo cobrar sus haberes, tras la eliminación de ese punto en la Cámara alta. Señaló que se trata de garantizar libertad de elección y evitar restricciones en beneficio del sistema bancario.
También se refirió al debate sobre el financiamiento sindical. Recordó que Pro y radicales impulsan desde hace años cambios sobre los aportes compulsivos, aunque admitió que en este tramo del debate legislativo es difícil que prospere una modificación de fondo. Aun así, insistió en que el avance de la reforma laboral, aun con sus límites, representa una mejora frente al sistema vigente, al que calificó como generador de “miedo” entre las pymes por el volumen de litigios.
Consultado sobre las expectativas de creación de empleo, Ritondo respondió que, si bien en décadas anteriores distintos incentivos no lograron revertir el estancamiento del mercado laboral, el esquema actual requiere cambios y la reforma puede ser un paso en esa dirección. Aseguró que el proyecto cuenta con aval de economistas, cámaras empresarias y la UIA, aunque esta hubiera preferido modificaciones más amplias.
En la entrevista con la periodista Laura Serra, el diputado evaluó además que tras las elecciones el Gobierno logró mejorar su vínculo con sectores de la oposición, en parte por el crédito otorgado en las urnas y en parte por la tarea del ministro del Interior, Diego Santilli, a quien atribuyó un rol clave en la construcción de consensos. Señaló que eso facilitó una relación más ordenada entre el Ejecutivo y el Congreso en comparación con el año anterior.
Sobre el futuro acuerdo comercial con Estados Unidos, Ritondo expresó su apoyo. Consideró que la apertura representa una oportunidad para sectores competitivos como la industria vitivinícola, la pesca o la minería, y que permitiría a la Argentina acceder a un mercado de millones de consumidores. Reconoció que algunos rubros están en alerta y que existen asimetrías internas, pero sostuvo que la falta de competencia benefició históricamente a ciertos grupos económicos.
El diputado evitó dramatizar la tensión política del año pasado con el oficialismo, aunque volvió a cuestionar el episodio de la Auditoría General de la Nación, que calificó como una decisión “equivocada”. Aseguró que mantiene diálogo personal con referentes del Gobierno y que su prioridad es la reconstrucción del Pro en la provincia de Buenos Aires.
Consultado sobre la posibilidad de que el partido presente un candidato presidencial propio en 2027, Ritondo afirmó que es prematuro, aunque remarcó que el rol actual de Pro es acompañar con responsabilidad las reformas, marcar diferencias cuando corresponda y sostener la gobernabilidad. Subrayó que en la ciudad de Buenos Aires el tema de la coparticipación es “prioritario” y advirtió que el espacio acompañará al jefe de Gobierno, Jorge Macri, en su reclamo por la devolución de fondos.
En cuanto a la Oficina de Respuesta Oficial creada por el Ejecutivo, Ritondo la diferenció del organismo Nodio impulsado durante el kirchnerismo. Consideró que, mientras se mantenga como un espacio de comunicación oficial y no derive en mecanismos de control o sanción, no supone un riesgo para la libertad de prensa. Señaló que, de excederse, los periodistas tendrán capacidad para cuestionarla.
Daiana Fernández Molero pidió no dejar pasar esta oportunidad y permitir que la ley salga ahora en Diputados. Aclaró que hay que dar garantías de que el tema de las licencias va a modificarse.
La diputada nacional del Pro Daiana Fernández Molero abogó por evitar que el proyecto de ley de Modernización Laboral vuelva al Senado. “De ninguna manera tenemos que permitirlo”, sostuvo enfáticamente.
Entrevistada en el programa “Una vuelta más”, de TN, la legisladora valoró la iniciativa del Gobierno, pero reconoció que hay “una cuestión de procedimiento” en referencia a la cuestión de las licencias. En diciembre, recordó, “el dictamen que salió del Senado no incluía este tema, y yo creo que el Ejecutivo no lo quiso mandar, me consta, porque lo que buscaba era dar flexibilidad y más certezas a nivel de la ley, para que no hubiera procesos de judicialización”.
“A eso apuntaba (la ley), no quitaba ningún derecho, era eso”, aseguró.
Fernández Molero agregó que ante la polémica que se ha generado en torno al tema de las licencias, el oficialismo tiene que ver la manera de solucionarlo, “porque es un tema sensible, que sí ameritaba tratarlo de otra forma, porque esto sino se empioja y no se da el debate bien”.
“Como no se puede dar un debate de algo tan profundo en tan poco tiempo, lo que tenemos que encontrar, como dijo Patricia (Bullrich), cómo poder solucionarlo sin que esto vuelva al Senado”, señaló la diputada del Pro, que advirtió que lo que tiene que garantizar el Gobierno es “que esto se pueda resolver, que tengamos garantías de que esto va a cambiarse, pero de ninguna manera tenemos que permitir que esto vuelva al Senado”.
Por último, quiso dar un ejemplo que, admitió, “va a denotar mi edad”. “¿Se acuerdan del Roland Garros entre (Guillermo) Coria con (Gastón) Gaudio? Gaudio no tenía muchas chances de ganar, y sin embargo ganó. Todos le decían a Coria quedate tranquilo, vos vas a ganar mil Roland Garros, olvídate… ¿Qué pasó? No pasó más, no ganó nada más”, dijo, asegurando sobre la reforma laboral que “este tren pasa una vez”.
Y cerró: “Esta no es la única, es una serie de reformas que están haciendo que Argentina tenga un ambiente mucho más propicio para la creación de empleo, para las inversiones, para que haya más trabajo y de mejor calidad. No la dejemos pasar”.
El último informe de IDESA revela que el ausentismo laboral afecta a la mayoría de las empresas argentinas y genera pérdidas significativas en productividad y costos laborales. Especialistas advierten que el país necesita adoptar modelos internacionales que desincentiven abusos y protejan adecuadamente a los trabajadores con enfermedades prolongadas.
En pleno debate de la reforma laboral en el Congreso de la Nación, el ausentismo laboral volvió a situarse en el centro del debate público tras la publicación del informe de IDESA, que advierte que 6 de cada 10 empresas privadas registraron ausencias de personal durante 2025. El análisis señala que el marco legal vigente para cubrir enfermedades no laborales es obsoleto, ya que obliga al empleador a pagar el salario entre 3 y 12 meses según antigüedad y carga de familia, además de prever una indemnización especial en caso de despido por incapacidad.
Este esquema —sostiene IDESA— incrementa el ausentismo espurio en patologías leves y, paradójicamente, desprotege a los trabajadores con enfermedades prolongadas, especialmente en empresas pequeñas donde sostener el costo se vuelve inviable.
La reforma aprobada en el Senado: menos cobertura y más controversia
El informe analiza también los cambios incluidos en la reforma de “modernización laboral” aprobada en el Senado. La nueva normativa dispone que:
Aunque la indemnización especial permanece sin cambios, IDESA advierte que la reforma mantiene la carga económica en el empleador y agrava la desprotección en casos de larga recuperación. Además, la distinción según el origen de la enfermedad es considerada impracticable.
Radiografía del ausentismo según la Secretaría de Trabajo
El informe detalla que, en 2025:
IDESA subraya que los países con mejores resultados aplican sistemas mixtos que desalientan el ausentismo injustificado y protegen a quienes realmente lo necesitan.
Europa: los primeros días no se pagan; después el empleador cubre entre 50% y 80% del salario por un período corto. Luego interviene la seguridad social, que brinda cobertura por 1 a 3 años.
Uruguay: no se paga durante los primeros 3 días; desde el cuarto día la seguridad social cubre el 70% hasta por 2 años.
Estos modelos desalientan abusos, socializan los costos y fortalecen la protección frente a enfermedades graves.
Recomendación final: corregir la ley en Diputados
Para IDESA, la reforma del Senado no corrige los problemas estructurales del sistema argentino. Por ello, recomienda que la Cámara de Diputados revise y modifique el proyecto, incorporando esquemas similares al uruguayo o a los estándares europeos, que equilibran eficiencia productiva y protección social.
El Presidente y la jefa del bloque de senadores oficialistas se mostraron juntos en Olivos, donde ella ponderó el trabajo legislativo y él destacó que su gobierno trabaja todos los días.
Luego de una semana muy activa, en la que tuvo protagonismo central por el debate de la ley de Modernización Laboral, cuya aprobación en el Senado Javier Milei calificó de “histórica”, la senadora Patricia Bullrich concurrió este lunes a la residencia presidencial de Olivos para reunirse con el Presidente.
Ella misma lo difundió en las redes sociales, donde posteó imágenes suyas: una posando con el mandatario y otra con el dibujo de un león y un pato abrazándose, recordando el abrazo que tuvieron en un estudio de televisión, luego de que Javier Milei accediera al balotaje de 2023 y ella quedara afuera y le brindara su apoyo.
“Trabajando junto al Presidente @JMilei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia”, posteó la jefa del bloque de La Libertad Avanza del Senado, que agregó: “Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos”.
Por su parte, el Presidente reposteó el tuit de Bullrich y escribió: “¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!”.
Las dos cámaras se aprestan a debatir en comisiones los proyectos mandados por el Ejecutivo para este período extraordinario. Diputados piensa abrir el recinto con el ambicioso objetivo de convertir en ley la reforma laboral. Detalle de todos los temas que serán abordados.
Cuando el oficialismo decidió concentrar todo lo que restaba del temario de extraordinarias en febrero, pocos esperaban que el Gobierno pensara en sacarle tanto jugo al mes más corto del año. Un mes que, además, tiene el extenso feriado de Carnaval, que reduce los días de actividad en un momento clave para la aprobación de los proyectos que le interesan al Presidente de la Nación.
La Libertad Avanza aparece así metida de lleno en una carrera contrarreloj generada fundamentalmente por la decisión de ofrendarle a Javier Milei la aprobación de las leyes más importantes que envió en extraordinarias, para exhibirlas en la apertura de sesiones ordinarias prevista para el domingo 1° de marzo próximo.
Con ese objetivo el oficialismo decidió extremar la actividad convocando a una sesión para esta misma semana “corta” en la que se propone debatir nada menos que la reforma laboral. Quieren “curarse en salud” los estrategas del Gobierno con la decisión de sesionar esta semana, por si sobrevienen cambios que obligan a una vuelta del tema al Senado, cosa que sucedería así la semana siguiente, cuestión de garantizar la aprobación deseada para antes del 1° de marzo.
La agenda de esta semana
En este marco tanto los diputados como los senadores estarán trabajando duro los días hábiles que le quedan a esta semana corta. Arrancarán los diputados a las 14 de este miércoles 18 de febrero, con una reunión prevista en el segundo piso del Anexo C para tratar la media sanción del proyecto de modernización laboral proveniente del Senado.
Será en el marco de un plenario de las comisiones Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que en un trámite exprés se propone emitir dictamen esa misma tarde, cuestión de poder sesionar al día siguiente. Esa sesión no ha sido obviamente convocada aún, pero por lo que pudo averiguar parlamentario.com sería llamada a las 14 horas del jueves 19, cuestión de que nadie tenga problemas con los vuelos, y dejar la mañana libre para cubrir eventualidades. Ese horario y semejante tema para tratar hacen vislumbrar una sesión de unas 20 horas que se prolongaría entonces hasta bien entrado el viernes 20.
Pero volvamos al miércoles. En la Cámara alta, a partir de las 17, se reunirá la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que luego de designar sus autoridades se abocará al debate del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea por otra, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026. Ese acuerdo ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados y el oficialismo se propone tratarlo en el recinto del Senado la semana siguiente.
La actividad en el Senado continuará en la mañana del jueves 19, cuando a partir de las 11 se reúna la Comisión de Acuerdos. Una comisión que el oficialismo se propone presidir, luego de que hasta el 10 de diciembre hubiera estado a cargo de la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri. Para esta comisión suena fuerte el nombre del riojano Juan Carlos Pagoto, y tras la conformación de autoridades de la misma se tratará el expediente que solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al exdiputado nacional Fernando Adolfo Iglesias.
Más tarde, a las 14.30, también en el Salón Arturo Illia y mientras en la otra cámara estarán sesionando ya sobre la reforma laboral, comenzará en el Senado un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar el expediente venido en revisión del Régimen Penal Juvenil. Será la primera reunión sobre ese tema en la Cámara alta, y si hay dictamen -ese día, o el siguiente- podría llegar a ser incluido en la sesión de la reforma laboral.
A propósito, confirmada la segura modificación del proyecto de modernización laboral, habrá un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado este viernes, para emitir dictamen.
La modificación de la Ley de Glaciares quedaría para el período ordinario. Se verá.
Mientras la atención pública se concentra en la reforma laboral y sus tensiones en el Congreso, una serie de hechos trágicos y fallas institucionales revelan un vacío de liderazgo político y una alarmante deshumanización en la respuesta estatal.
Si bien los acontecimientos del Congreso (reforma laboral) han dejado en segundo plano otras noticias, no por ello debemos olvidarlas u omitirlas.
Tres noticias ponen en evidencia la desaparición de los referentes políticos en la Argentina y el desencuentro entre los hechos y la política. Y la desaparición de la dignidad humana en el análisis de los hechos ocurridos.
En orden de aparición, dos suicidios: el de un soldado en la quinta de Olivos y de un policía en la provincia de Santa Fe. Dos personas acorraladas que decidieron quitarse la vida en un marco de soledad. La respuesta de la política, fue simplemente una mala decisión personal. No importó la crisis que desató en Santa Fe, solo sirvió para dejar sin trabajo a un grupo que reclamo, con fiereza, tal vez con poca prudencia pero lo cierto es que pretenden defender a los ciudadanos del narcotráfico y el delito organizado, con pobreza y nada de empatía.
Dos situaciones tremendas donde la ministro de Seguridad actúa con la misma indecencia dejando de lado cuestiones que son de su responsabilidad.
El caso del soldado es terrible, por las consecuencias de la vida virtual, dejan al ser humano solo. Que ve como única salida el suicidio.
Lo cierto es que hay dos gobernadores que no llegaron a tiempo, uno porque no solucionó el problema salarial hasta que fue tarde y el otro porque nunca llegó. En el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, no es la primera vez. Ya detectaron una red de pornografía infantil que operaba desde la cárcel de Florencio Vareal, ahora una red de extorsión y estafas virtuales, donde lo call center operan desde dentro de las cárceles. No es posible que ello suceda, y lo dramático es que se roba infancias, vidas y patrimonios sin que los responsables políticos de que esto no suceda se queden en silencio.
Lo dramático de todo ello, es que ese gobernador quiere ser el candidato a presidente del primer partido del país.
En esta misma línea se sigue quemando la Patagonia, y los responsables de prever estos desastres siguen en silencio, y cuando hablan es para atribuir la responsabilidad a otro, o mirar como si ellos no tuvieran nada que ver
En síntesis hoy nos gobiernan personas que entienden que los sucesos no son de su incumbencia. Se quema la Patagonia, y el Presidente va a ver el espectáculo de Fátima Flores, se suicida un soldado en la quinta presidencial por las extorsiones que se ejecutan desde el servicio penitenciario provincial y el problema es la aplicación de citas. Se incendia la provincia de Santa Fe, y el aumento salarial se da una semana después. Un país al borde del caos y nadie es responsable de ello.
Por último, un hecho termina de evidenciar este vacío. La CGT convoca a una marcha contra la reforma laboral, y no solo pierde el control de la marcha, sino que regala la Plaza del Congreso a los violentos, a esos imberbes que ya en los 70 nos pusieron al borde de la guerra y hoy vuelven como si nada hubiese pasado. Con una prensa más preocupada por las consecuencias políticas de lo que dicen que con la verdad. Más preocupada por la pauta que por la dignidad humana,
Donde el Estado es una institución política necesaria, pero subordinada a la dignidad de la persona y al bien común. No es soberano absoluto, sino un mediador que organiza la vida social en función de valores superiores.
Gustavo Díaz Nóblega es presidente del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La central obrera adelantó una reunión clave para definir si convoca a un paro general que podría coincidir con el inicio del debate de la Reforma Laboral en Diputados. En un clima de creciente tensión con el Gobierno, varios gremios presionan por una respuesta más contundente frente a los cambios propuestos en materia salarial, indemnizaciones y derecho de huelga.
En medio de una creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió adelantar para este lunes una reunión clave en la que se pondrá sobre la mesa la posibilidad de convocar a un paro general. La medida, que ya cuenta con el impulso de varios sectores internos, aparece como respuesta directa al avance parlamentario de la Reforma Laboral, que obtuvo media sanción en el Senado y comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados en los próximos días.
El encuentro —que se realizará de manera virtual desde las 16— fue convocado por los cotitulares de la central obrera: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio). La decisión de anticipar la fecha refleja el clima interno: dirigentes que inicialmente apostaban a la presión callejera empiezan a considerar que el escenario requiere un escalón más elevado en la escala de protesta.
Según fuentes sindicales, dentro de la CGT crece la convicción de que las marchas y concentraciones ya no alcanzan para frenar un proyecto que, desde su óptica, representa un retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas. Por ese motivo, algunos sectores impulsan una medida de fuerza que coincida con el día en que Diputados abra el debate, lo que podría ocurrir entre el miércoles 18 y el jueves 19.
Los puntos más conflictivos de la reforma
Si bien la reforma laboral abarca un amplio abanico de modificaciones, hay varios artículos que encendieron las alarmas dentro del sindicalismo. El más cuestionado es el que habilita a las empresas a reducir entre un 25% y un 30% los salarios de trabajadores que se encuentren bajo licencia médica, un mecanismo que para la CGT habilita un “castigo encubierto” al ausentismo justificado.
Otros aspectos sensibles incluyen:
Sin embargo, uno de los puntos que empieza a ganar centralidad en la discusión es la regulación del derecho de huelga, un tema históricamente sensible para el movimiento obrero y que podría tener un impacto directo en la capacidad de protesta de los gremios.
Mientras tanto, en la Casa Rosada prima un optimismo moderado respecto de la posibilidad de alcanzar en Diputados los votos necesarios para convertir la reforma en ley. El oficialismo reconoce que será una sesión ajustada, pero confía en acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición.
La CGT, por su parte, se prepara para una semana decisiva. La discusión interna de este lunes no solo definirá si habrá paro general, sino también el tono de la estrategia sindical frente a un Gobierno que considera imprescindible avanzar con la reforma y un movimiento obrero que advierte que, de aprobarse, se abriría una nueva etapa de conflictividad.
La reforma laboral que avanza en el Senado exhibe más un país sin rumbo que un proyecto de futuro: es una ley que mira al pasado para resolver problemas del siglo XXI. En lugar de abordar la revolución tecnológica, la crisis productiva y el colapso bonaerense, el Gobierno apuesta a flexibilizar derechos sin definir qué Argentina quiere construir. Sin un plan nacional, sin prioridades y sin una matriz productiva moderna, cualquier reforma laboral es apenas un parche para un modelo agotado.
“Una ley laboral no puede suplir la ausencia de un proyecto nacional”
La reforma laboral aprobada por el Senado argentino es, ante todo, un síntoma de un país que discute herramientas del S.XX para problemas del S.XXI, mientras el mundo avanza a una velocidad que no podemos ignorar.
El diagnóstico oficial -supongamos- es correcto: el mercado laboral argentino está roto, la informalidad es altísima, el empleo privado formal lleva más de quince años estancado, los juicios laborales se multiplican, no llegan inversores y los salarios pierden mes a mes contra la inflación.
Pero de allí a sostener que flexibilizar despidos, ampliar jornadas o desconocer derechos resolverá la informalidad y los costos laborales, no hay nada que lo garantice. Tomar como ejemplo los casos de Italia (2015) o Brasil (2017) resulta además poco válido, ya que esos procesos se dieron en un contexto tecnológico completamente distinto, previo a la irrupción de la IA generativa.
En la Argentina, el problema de fondo no es jurídico: es estructural. Y es político.
Esta reforma mira al pasado. Llega tarde para un mundo que ya está cambiando. No regula las plataformas digitales donde trabajan millones de argentinos sin derechos. No prevé el impacto de la inteligencia artificial, ni la necesidad de formación continua frente a oficios que desaparecen. No contempla los trabajos híbridos ni articula la política laboral con la política industrial, educativa o energética. Es una ley pensada para la fábrica de los años noventa, no para el siglo XXI.
Lo que necesitamos es un proyecto de país. Definir prioridades y sostenerlas en el tiempo:
Si somos agroexportadores: invertir en agregar valor a la soja, tecnificar el campo y conectar regiones con los puertos.
Si somos mineros: desarrollar Vaca Muerta, el litio y el cobre con reglas claras y un Estado que garantice que la riqueza quede en el país.
Si apostamos a las energías renovables: aprovechar el viento del sur, el sol del norte y la biomasa del centro, reduciendo importaciones.
Si somos un país de software y turismo: formar a nuestra gente, garantizar conectividad de calidad y promover lo que hacemos bien.
Pero no podemos ser todo a la vez sin prioridades. Y no podemos ser nada si cada cuatro años cambiamos de rumbo, de gobierno y de políticas. Eso es lo que genera imprevisibilidad.
El corazón del problema nacional se llama Buenos Ayres. La provincia concentra cerca del 40 % de la población, gran parte de la industria, los servicios y la política, casi todo en el AMBA. Mientras tanto, el interior se vacía. Los pueblos se mueren. La gente emigra al conurbano porque no hay otra opción. Y el conurbano explota: sin trabajo digno, sin infraestructura, sin futuro.
El acuífero pampeano y el medio ambiente ya están comprometidos como para seguir concentrando industrias y empresas sin planificación. Caos y crisis. Esta matriz productiva y económica no se cambia con una ley que baja indemnizaciones. Se cambia con decisión política: descentralizar, invertir en rutas, escuelas técnicas, conectividad y crédito para las economías regionales.
Para generar puestos de trabajo reales, primero debemos definir qué país queremos y qué provincia deseamos. Tenemos más de 600 pueblos bonaerenses en proceso de despoblamiento que podrían desarrollar granjas familiares, sistemas de acuaponía para producir alimentos en zonas áridas, cooperativas de energía renovable para abastecer comunidades sin acceso a la red, emprendimientos de software y servicios digitales. No son fantasías: son realidades posibles.
Lo que falta es que el gobierno desarrolle un plan y un proyecto político que acompañe, con crédito, asistencia técnica y políticas de largo plazo, una nueva matriz productiva… y una Ley de Trabajo provincial pensada para el S.XXI.
La reforma laboral nacional no va en esa dirección. Mira hacia el pasado. Es, en el mejor de los casos, una reforma pensada para que los sectores concentrados -mineras, energéticas, campo- ajusten sus costos laborales, mientras el resto del país continúa empobreciéndose.
El pleno empleo es posible. Pero no se logra flexibilizando derechos. Se logra con un proyecto de país que articule producción, educación, infraestructura y desarrollo regional. Con dirigentes políticos y sindicales que piensen en la próxima generación y no en la próxima elección.
Mientras tanto, esta ley pasará. Se aplicará. Algunos la festejarán. Otros la sufrirán.
Y el país seguirá sin responder la única pregunta que importa: ¿Qué país queremos?
Luis Gotte es coautor de Buenos Ayres Humana I: la hora de tu comunidad (Ed. Fabro, 2022); Buenos Ayres Humana II: la hora de tus intendentes (Ed. Fabro, 2024); y en preparación: Buenos Ayres Humana III: La Revolución Bonaerense del Siglo XXI, las Cartas Orgánicas municipales; y Buenos Ayres Humana IV: Junín, capital de los bonaerenses.
En un inicio de año inesperadamente favorable, el oficialismo hilvanó tres medias sanciones clave en materia laboral y mostró una nueva musculatura política. Con pragmatismo renovado, una oposición desorientada y gobernadores urgidos por sus finanzas, Milei capitaliza la debilidad ajena mientras exhibe gobernabilidad hacia afuera.
Después de un año legislativo para el olvido, el oficialismo arrancó este campeonato con 3 a 0 relevante, avanzando sobre una de las vacas sagradas: las reglas laborales. Aunque los tres proyectos solo pasaron por su media sanción, existe alta probabilidad de que se conviertan en leyes. Nada de lo aprobado tendrá efectos inmediatos, sino que sirve sobre todo para mostrarle al mundo que LLA puede asegurar la gobernabilidad y que pueden dar satisfacción simbólica.
Para la realpolitik lo más interesante es el laboratorio de ingeniería política que permitió dar frutos. Como ya lo mencionamos oportunamente, cuando un oficialismo gana una elección se genera en la política y en la opinión pública un clima condescendiente hacia el poder, sobre todo si dicha victoria no estaba tan clara en la previa. Los retadores quedan atónitos y, como se dice en fútbol, cuando un equipo recibe un gol, está psicológicamente mucho más propenso a recibir otro que a poder empatar.
Desde cierto punto de vista, una de las mejores cosas que le pudo pasar a los libertarios es haber perdido la elección bonaerense del 7-S pasado, ya que moderaron su estilo, se despertaron, reaccionaron, jugaron a full su apuesta a Trump y reordenaron su sistema de decisión y negociación política. Claramente este no es el desaguisado que reinó el año pasado pre elección, donde el Gobierno se dedicó a perder sistemáticamente, sin poder encontrar un tapón que evitara que el agua se siga yendo por la alcantarilla.
Los triunfos entonan sin duda, pero se nota que Santilli está manejándose de otra forma frente a propios y extraños que Guillermo Francos, quien negociaba cosas imposibles de cumplir por algún veto interno, particularmente de Toto. Eso significa que se incorporó otra lógica de funcionamiento y otro enfoque conceptual, porque la posición hoy es otra: la administración libertaria ahora tiene la pelota en su cancha y no puede perder los partidos, so pena de convertirse en el hazme reír de la política vernácula.
Este pragmatismo fase 2 -la primera aconteció cuando logró aprobar la Ley Bases- no solo se destaca por tirar de la cuerda hasta que sea posible, sacrificando lo que sea necesario, sino además buscando atajos astutos para que no le cobren off side. Un ejemplo de este es la salida que está proponiendo al financiamiento universitario para no incumplir con lo aprobado por el Congreso, contra su voluntad. Ya lo expresó el benemérito ministro de Economía cuando se debatía sobre la licitación de los caños: “No estamos en guerra con nadie”.
Toda victoria también delata otras cuestiones. En este caso ahora los gobernadores saben que “unidos, jamás serán vencidos”: 1) pueden defender sus finanzas con el voto de sus senadores y diputados; 2) confirman que el Gobierno pide 10 para sacar 5, y 3) como el LLA debe ganar todas las votaciones sí o sí hasta el final del mandato dado que controla el mazo, es chantajeable (como diría Sartori, no yo). Al revés, los soldados del Javo también pueden tomar nota que los mandamás provinciales, si les ponen un artículo que los complica con la plata, levantan las dos manos y se rinden a votar cualquier reforma, por extremista que sea. Todo esto irá viento en popa a toda vela -al decir de Espronceda- en tanto y en cuanto la opinión pública le haga el aguante al león.
En este marco, nada debería preocuparle al Gobierno, salvo que metan la pata al estilo Libragate o el caso Andis. El Central está sobre cumpliendo la meta de acumulación de reservas para este año -aunque viene muy retrasado desde el año pasado- el superávit fiscal se sostiene, el dólar no solo no sube, sino que además baja y Wall Street cree que Toto saldrá a tomar deuda en el exterior dentro de poco. El 2.9 % de inflación tiene influencia estacional, tampoco es para hacerse los rulos, y además no hubiese sido diferente con el índice descartado. ¡No sean contras, che!
Por consiguiente, buenos augurios para Milei y su ballet en la primera parte del año, con esta sociedad anestesiada frente a los costos del ajuste. Si el modelo luce más sólido ahora, ¿por qué preocuparse? Buena parte del trabajo de un consultor político consiste en detectar oportunidades y amenazas antes de que sean inmanejables. La sistemática gran pregunta cotidiana de este mundillo de “sabiondos y suicidas” es de cuánto barro están hechos los pies de este nuevo gigante, la cual acompañará hasta que se definan las tendencias electorales de 2027 (los próximos 20 meses).
Esta semana La Anónima informó que su monto de incobrables creció 7 veces en 2025 respecto a 2024 (se va sumando a otros datos negativos de morosidad). La capacidad instalada industrial el año pasado fue la más baja desde 2011. El INDEC no informa que los salarios crecen por debajo de la inflación en los últimos 4 meses. Argentina no mejora en el índice de corrupción de Transparencia Internacional: fue el peor registro de los últimos 10 años y es el primer gobierno no peronista que empeora la situación heredada desde que existe la serie estadística (información destacada por Poder Ciudadano). “Resuelve lo difícil mientras aún es fácil. Atiende lo grande mientras aún es pequeño”, aconseja Lao Tsé.
Esta semana también se destacó por la rebelión policial en Santa Fe. Más allá de los errores de negociación y previsión que pudo haber tenido Pullaro, el hecho delata otro aspecto: la situación financiera de las provincias está complicada. Ese distrito -que no está mal administrado y se niega a liquidar localmente los dólares tomados en el exterior, pese a las recriminaciones de Toto- le ha bajado la coparticipación a sus municipios en un 25 % en los últimos meses, y ya ha advertido a sus intendentes que la situación no mejorará. Llaryora impuso a fin de año un recorte del 30 % en todas las áreas.
Volviendo al principio de la columna, el presidente hizo de esa debilidad financiera ajena, una virtud propia: les arrancó el apoyo a una reforma laboral profunda. Damos fe que Maquiavelo sigue vivito y coleando.
El oficialismo encadenó en dos días una serie de aprobaciones que no había conseguido en todo 2024, ni tampoco otra gestión: la media sanción de la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. El Gobierno apuesta a convertirlos en ley antes del 1° de marzo, mientras prepara una reforma política que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y nuevas reglas para la Boleta Única.
Fue, por lejos, la mejor semana del Gobierno en el Congreso. Si se tiene en cuenta que el año pasado el oficialismo libertario se la pasó penando legislativamente hablando, sufriendo una tras otra la aprobación de leyes contra la voluntad de Milei, y que durante todo el período ordinario solo consiguió aprobar -en una sola cámara- el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario, no resulta para nada exagerada una visión tan positiva de lo sucedido el miércoles y jueves pasado.
Si consideramos que La Libertad Avanza se limitaba a festejar cuando salvaba los vetos, cobra mayor importancia haber aprobado leyes de tamaña envergadura como las de la última semana.
Ni siquiera suena exagerado tildar de “históricas” ambas jornadas. Porque lo fueron, sin que eso represente un juicio de valor. Es realismo puro. Tengamos en cuenta que la reforma de la Ley Penal Juvenil es un objetivo que muchos gobiernos se propusieron desde el 83 a la fecha, pero nunca nadie pareció tan cerca de conseguirlo como el actual.
Muchas veces el tema avanzó en comisión, incluso durante gestiones kirchneristas. De hecho, pocos recuerdan que el tema llegó a tener media sanción en 2009 en el Senado, durante el gobierno de Cristina Kirchner. El 8 de julio de ese año se aprobó en general y por unanimidad, con 43 votos afirmativos, un nuevo Régimen Penal Juvenil, que establecía la edad de imputabilidad en 14 años. La aprobación en particular se demoraría 4 meses, hasta que el 25 de noviembre de ese mismo año fue desempolvada para dársele en el recinto el tratamiento que faltaba. Sin embargo nunca fue tratada en la Cámara baja y perdió estado parlamentario. El propio kirchnerismo la frenó.
El jueves pasado, se aprobó en Diputados este proyecto con una mayoría holgada y se propone hacerlo ley antes de fin de mes. Si lo consigue, modificará una norma que data de 1980, producto de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), que durante los gobiernos del Proceso suplía al clausurado Congreso.
Ese mismo jueves se aprobó -con más de los dos tercios- el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un convenio que ya de por sí es histórico puesto que el inicio de las negociaciones formales data de 1999.
Ni qué decir de la media sanción de la reforma laboral con la que se alzó La Libertad Avanza en la madrugada de ese mismo jueves en el Senado. Puede alardear el Gobierno con que ha logrado lo que no consiguieron sus antecesores, y no estará faltando a la verdad. Durante el primer gobierno de Carlos Menem hubo flexibilizaciones laborales a través de algunas leyes puntuales, pero no una única y gran reforma como la que se propone esta gestión. Durante los gobiernos kirchneristas se aprobaron reformas que fueron de signo opuesto a las de los años 90. La Alianza implementó una reforma laboral en el año 2000, recordada como la “ley Banelco”, y que Néstor Kirchner derogó en 2003. Raúl Alfonsín impulsó su propia reforma, conocida como la “ley Mucci”, en 1983, que tuvo media sanción en Diputados y fracasó en el Senado, donde perdió por un voto.
Los libertarios pueden regodearse por estos días de haber conseguido entonces lo que no logró el líder radical: imponerse en el Senado. Un ámbito donde ya hemos dicho que por primera vez desde el 83 el peronismo perdió gravitancia plena: con 28 miembros de un interbloque en ebullición, representan el número más bajo del peronismo en el Senado desde la recuperación democrática.
La Libertad Avanza consiguió aprobar la media sanción de la reforma laboral con 42 votos, una mayoría holgada que no corrió riesgos en la votación en particular, donde solo en el último título (el de las derogaciones, Estatuto del Periodista incluido) bajó de 40 votos (38).
Para garantizar su aprobación definitiva extiende un día el período ordinario, con el fin de salvar una traba reglamentaria, y apurará el tratamiento en la Cámara baja esta misma semana, por si hay modificaciones que no descarta. Fue muy cuidadoso el oficialismo en la Cámara alta calculando que nada se cayera en la votación en particular, pero en Diputados no es seguro que pueda evitar modificaciones. Particularmente en el tema de las licencias médicas. Es el artículo 44, referido a “los accidentes y enfermedades inculpables”, que modifica el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo incluyendo medidas polémicas, como aquella que establece que “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”, que no estaba en la versión original y fuentes libertarias consultadas atribuyen ahora a aliados que introdujeron esos párrafos, en el marco de las múltiples correcciones que el Gobierno aceptó introducir en el proyecto.
La modernización laboral se votó con un amplio margen.
Si esas modificaciones suceden, le queda al oficialismo una semana más para aprobar la ley en el Senado antes del 28 de febrero.
La idea es que el Presidente tenga reformas contundentes para exhibir en la apertura de sesiones ordinarias, el domingo 1° de marzo a partir de las 21. Esa noche Milei no solo va a vanagloriarse de sus “logros”, sino también anticipará objetivos inmediatos que le propondrá a su audiencia legislativa.
Pues aprovechando el ímpetu ganado a partir del resultado electoral de octubre, y la quietud de una oposición que lejos está de recomponerse de semejante shock, acelerará en el Congreso con una serie de normas que incluyen una reforma drástica del Código Penal, que ya había propuesto en el primer llamado a extraordinarias en diciembre pasado, y que seguramente demandará todo el año.
Pero en lo inmediato, la Mesa Política de la Casa Rosada tiene en mente poner en marcha una reforma política que comprenderá la eliminación de las PASO, una modificación del financiamiento político y un detalle clave para la Boleta Única en Papel.
La eliminación definitiva de las elecciones primarias es el objetivo de máxima, aunque LLA se encontrará con resistencias de sus aliados más cercanos. Al menos en teoría, porque el Pro también insistió en la reforma laboral incluir a las billeteras virtuales en el pago de salarios, pero a la hora de votar el título correspondiente se limitó a expresar su disidencia de manera verbal. Si bien en su momento el propio Mauricio Macri mandó a impulsar un proyecto para eliminarlas, luego de ver las consecuencias que le causó esa elección primaria en 2019, el Pro ha expresado su rechazo a eliminarlas ahora. Postura que comparte con el resto de lo que fue Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza es en cambio un partido donde la lapicera la tiene Karina Milei y no se aceptan disidencias: el verticalismo es irrenunciable. Habrá que ver si la apuesta de máxima termina transformándose en una nueva suspensión para 2027, en cuyo caso habrá que ver en qué queda la promesa de Macri de que “el Pro tendrá su propio candidato en 2027”.
En aras también del orden fiscal, el Gobierno quiere insistir con la eliminación del aporte extraordinario que el Estado Nacional debe hacer a los partidos políticos para las campañas, y paralelamente querría modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para establecer normas más estrictas para determinar la caducidad de los partidos. Elevando por ejemplo del 2% al 3% el piso de votos que una fuerza debería alcanzar en dos elecciones consecutivas para no perder su personería. Además, para constituir un partido de alcance nacional, se exigiría contar con reconocimiento en 10 distritos -en lugar de los 5 actuales- y reunir alrededor de 35.000 afiliados.
Por último, incorporarían en la BUP un casillero que habilite a votar lista completa, tal cual establecía el proyecto original que en su momento impulsó Juntos por el Cambio. Dicha norma fue modificada en el Senado, ya en esta presidencia, a instancias de los partidos provinciales que exigieron eliminar ese casillero. Fue la concesión que permitió destrabar la situación entonces, pero la senadora rionegrina que encabezó aquella movida ya no está y La Libertad Avanza ya tiene bloques más nutridos.
Un crecimiento legislativo que ya le ha dado sobrados frutos en diciembre y ahora, engalanando una semana que había comenzado torcida, con un número de inflación que opaca la promesa presidencial de bajarla a cero en agosto. Pero que tuvo su compensación en materia económica con un Banco Central que sigue comprando dólares para compensar reclamos y tranquilizar espíritus, y que a pesar de lo que se esperaba sucediera en ese caso, tiene una moneda norteamericana que, créase o no, no solo sigue tranquila, sino que no dejó de bajar esta última semana.
Un análisis de 179.000 menciones en redes reveló que, pese al triunfo legislativo del Gobierno, la conversación pública estuvo dominada por críticas, desconfianza institucional y un fuerte peso de las imágenes del conflicto. Milei y Bullrich concentraron el eje político y emocional del debate.
Aunque el Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral en el Congreso como un hito político, la reacción social en el ecosistema digital mostró un escenario muy distinto. Un estudio de Enter Comunicación que relevó 179.000 menciones y un alcance potencial de 13 millones de usuarios registró un clima abiertamente hostil hacia la medida, donde las opiniones negativas superaron ampliamente a los mensajes de respaldo. La audiencia siguió con mayor interés el resultado parlamentario que la narrativa del conflicto, pero la lectura social estuvo marcada por la desaprobación.
La conversación se organizó alrededor de dos elementos centrales: el proceso legislativo y la tensión en las calles. Un 31,4% de los usuarios se concentró en el detalle de la votación y el quórum, mientras que el 12,4% puso el foco en los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso. En ambos casos, el tono predominante fue crítico. La figura de Patricia Bullrich ocupó un lugar destacado en la discusión: como senadora y a la vez responsable política del operativo de seguridad, se convirtió en un puente visible entre el Ejecutivo y el Senado y, al mismo tiempo, en uno de los blancos principales de cuestionamientos.
Uno de los rasgos más llamativos del análisis de Enter Comunicación fue la desconfianza institucional. El término “senadores traidores” se impuso como etiqueta transversal: sectores de derecha lo utilizaron para señalar a quienes no respaldaban la reforma, mientras que los espacios de izquierda lo aplicaron para denunciar a quienes la votaron afirmativamente. La polarización se profundizó con un fenómeno de “cámaras de eco”, en especial en Facebook, donde los usuarios interactuaron casi exclusivamente con contenidos afines a su postura previa.
El presidente Javier Milei fue el eje identitario del debate y concentró el 18% de las menciones, encarnando tanto el impulso reformista como el centro de las críticas. El estudio también detectó una fuerte dicotomía en la narrativa sobre el operativo de seguridad: el 33% de los usuarios enmarcó los hechos como “represión”, mientras que un 20% lo interpretó bajo la lógica del “orden”, validando el protocolo aplicado. Las imágenes de los enfrentamientos tuvieron mayor impacto en Instagram y TikTok, donde el componente visual amplificó el clima de confrontación.
En términos de sentimiento, el 45,1% de las publicaciones fueron neutrales o informativas —principalmente seguimientos técnicos y reportes de prensa—, el 33,4% resultó abiertamente crítico y solo el 21,5% mostró respaldo, tanto al operativo de seguridad como al resultado legislativo. La dinámica de la conversación mostró que el interés por los incidentes cayó abruptamente una vez conocido el desempate en la cámara, reforzando la centralidad del desenlace institucional por encima del conflicto callejero.
Las conclusiones del informe apuntan a una paradoja: mientras el Gobierno obtuvo una victoria parlamentaria importante, perdió por amplio margen la batalla narrativa en el terreno digital. La jornada evidenció una crisis de representación expresada en la desconfianza hacia el Senado, la consolidación del personalismo político y la falta de debate transversal sobre los contenidos de la ley.
Un público mayoritariamente observador, más atento al dato que a la disputa ideológica, siguió el minuto a minuto del proceso, en un ecosistema donde la viralización del conflicto convivió con la rápida caída del interés una vez definido el resultado.
En la Cámara baja el oficialismo tiene como objetivo dictaminar el miércoles 18 e ir al recinto un día después. El Poder Ejecutivo extenderá un día más las sesiones extraordinarias y habría un nuevo tema: financiamiento universitario.
Después de 48 horas a puro debate en el Congreso, y contundentes victorias para el oficialismo con la media sanción de la Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil y el Acuerdo Mercosur - Unión Europea, La Libertad Avanza está dispuesta a sostener el ritmo acelerado, con el objetivo de tener las leyes sancionadas antes del 1ro. de marzo, cuando el presidente Javier Milei deberá inaugurar un nuevo período ordinario.
Luego del fin de semana extralargo -con lunes y martes de Carnaval-, el oficialismo tiene como intención convocar a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en Diputados para dictaminar el proyecto de Modernización Laboral.
Para que ello ocurra deberán reunirse al menos tres factores, de los cuales dos dependen de la voluntad de otros. En lo que respecta al propio Poder Ejecutivo, en las próximas horas se espera que se publique en el Boletín Oficial un decreto extendiendo las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero.
Esto debe ser así porque, de acuerdo al artículo 106 del reglamento de la Cámara baja, durante extraordinarias el tiempo para poder dictaminar es hasta 10 días antes que culminen las mismas, y el Gobierno había hecho la convocatoria hasta el viernes 27.
Sorteado ese paso, también se aguarda que este viernes la vicepresidenta Victoria Villarruel gire el texto del proyecto de Reforma Laboral a la Cámara de Diputados, para que de esta manera se pueda convocar a las comisiones para el miércoles 18.
Por estas horas, LLA depende de la firma de Villarruel. Desde el entorno de la titular del Senado señalaron que "el texto tuvo muchísimas modificaciones, correcciones y cambios incorporados, que se votaron en la sesión que terminó el jueves a las 4 AM". En esa línea, argumentan que el proceso lleva tiempo y si se llega se enviará este viernes.
El otro factor es la voluntad de la oposición dialoguista a acompañar ese tratamiento veloz. Fuentes del oficialismo en Diputados afirmaron ante parlamentario.com que saben que cuentan con los votos y buscarán "acelerar lo máximo posible para sacar la Reforma Laboral la semana que viene". Pero también admiten que "depende más de los aliados los tiempos" y, si hubiera complicaciones, todo pasaría para la última semana de febrero.
Los planes de LLA, que pretende sancionar el texto tal cual salió del Senado, podrían alterarse ante pedidos de bloques de aliados de introducir cambios. Y es algo que ya salió fuertemente a avisar el Pro: quieren insistir con la inclusión para que los sueldos se puedan depositar a través de billeteras virtuales.
En caso de lograr su objetivo, el oficialismo estima que si la Modernización Laboral sale con cambios en la madrugada del viernes 20 (eventualmente, con una sesión convocada para el jueves 19 y estimada en no menos de 20 horas), el proyecto sería enviado rápidamente a la Cámara alta para que lo trate en la última semana del mes.
De acuerdo a la ambiciosa agenda, entre el 25 y el 26 de febrero se espera que el Senado sesione para debatir Régimen Penal Juvenil, Acuerdo Mercosur - Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias.
Un nuevo tema para extraordinarias: financiamiento universitario
Según trascendió desde Casa Rosada, el Poder Ejecutivo incluiría un nuevo tema para las sesiones extraordinarias (a las que le quedan escasos días hábiles): un proyecto de ley de financiamiento universitario. La iniciativa se habría acordado entre la Secretaría de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional.
Además, la propuesta surge luego que el Gobierno apelara una medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley sancionada, vetada e insistida por el Congreso el año pasado.
La jefa del bloque libertario en el Senado respaldó la Reforma Laboral y aclaró: “Las leyes laborales no crean empleo, no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones reales y concretas”, y destacó que “esta ley está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”.
Fotos: Comunicación Senado
El cierre del extenso debate por la Reforma Laboral en el Senado estuvo en manos de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien respaldó la iniciativa que “está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, y planteó que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta”.
Previo a hablar del proyecto, la senadora hizo una cuestión de privilegio contra el jefe de la bancada de UP, José Mayans, por “comparar una frase que estaba en la entrada del campo de exterminación de Auschwitz para hablar en la casa de la democracia que no merece que usted nombre ese cartel nefasto donde 6 millones de vidas fueron incineradas. Le pido que use otros ejemplos y no ese”.
Luego, procedió a respaldar la iniciativa del Ejecutivo: “Estamos iniciando un camino laboral profundo de cambios que durante muchas décadas se discutió en el país. En todos los gobiernos de la democracia generar un sistema laboral que deje de condenar a millones de argentinos a la informalidad, que les negó la posibilidad de progresar”.
“No se puede hablar como si todo hubiese comenzado hoy, cuando la mayor cantidad de gobierno lo ha tenido el partido que hoy niega haber participado de la situación en la que millones de argentinos se encuentran en la informalidad total”, criticó.
Bullrich consideró que “estamos ante una batalla muy importante que ha dado el Congreso en los últimos años porque se ha intentado varias veces. Se intentó en distintos gobiernos avanzar para tener herramientas que ayuden a que la Argentina progrese”, pero remarcó que “las frustraciones fueron múltiples desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora una cantidad de oportunidades perdidas para lograr acompañar las leyes laborales, el tamaño del Estado, el empleo privado, la necesidad de tener empresas. Frente a eso la respuesta fue el achatamiento, el Estado feudal, la construcción de Estado que han aplastado la capacidad productiva del país”.
“Una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, lanzó.
En esa línea, planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.
“Esta ley está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, ponderó y aclaró que “las leyes laborales no crean empleo, no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones reales y concretas que se explican en cada artículo porque en Argentina se necesita generar trabajo y eso sucede cuando hay competitividad”.
La senadora libertaria sostuvo que “para crear empleo hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público, hay que tener seguridad jurídica, generar el fin de los estados feudales. Queremos empleo privado para la libertad de las personas”. En ese sentido, apuntó: “Acá se ha construido el Estado a favor de la lógica y de la política, se ha destruido la capacidad productiva y creativa de los argentinos, por eso esta ley viene a crear reglas claras con orden y libertad”.
Por el contrario, planteó: “Venimos a cambiar un paradigma que durante décadas tuvo al trabajo argentino atrapado en un sistema rígido, extorsivo, injusto. En pocos años un país pasó de tener empleo registrado casi en el 100% a tener el 43% de empleo informal”, y preguntó: “¿Puede un país durante 15 años no crear puestos de trabajo? ¿Puede ser que hoy de cada 2 empleos que se contratan, uno es informal? ¿Vamos a seguir con un sistema que impide generar nuevos puestos de trabajo?”.
“Si estamos por debajo de las capacidades que exige el mundo, no vamos a poder crecer como país. Este sistema fracasó y estamos planteando un sistema diferente que permite defender derechos en serio”, manifestó y respaldó: “Estamos trabajando la posibilidad de generar un empleo que le permita a la gente tener la capacidad de darle a su familia esos derechos que hoy le son negados. Que contratar no sea un acto de riesgo, es una amenaza permanente”.
Bullrich afirmó que “estamos encaminando al país a salir del fracaso, a generar que no viva la litigiosidad, el privilegio. En el que pocos pueden acceder a un trabajo formal y muchos tiene que vivir en la informalidad. No queremos que en la Argentina el trabajo sea un rehén de la corrupción de entramados y de privilegios, que sea la libre elección de cada persona, y no la imposición de Estados”.
La senadora aseguró que la iniciativa busca “salir de este sistema armado para vivir en el conflicto laboral permanente, un sistema que funde empresas, destruye empleo y luego lo disfrazan de defensa al trabajador”. De forma contraria, manifestó que la ley “trae equilibrio”.
Tras una intensa jornada, con manifestación e incidentes en las afueras, el oficialismo y dialoguistas aprobaron por 42 votos a favor y 30 en contra el ambicioso proyecto del Gobierno. Karina Milei se hizo presente en el recinto. En todas las votaciones, LLA obtuvo 40 votos o más, salvo en el título de la derogación del Estatuto del Periodista.
Patricia Bullrich, jefa de LLA y figura del debate de la reforma laboral (Foto: Comunicación Senado)
Tras una intensa jornada, el Senado de la Nación aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto de Modernización Laboral, más conocido Reforma Laboral. La votación en general ocurrió a las 1.22 de este jueves, luego de 14 horas de debate con más de 40 oradores, y a continuación se inició el tratamiento en particular de las modificaciones.
Tal como se esperaba, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del grueso de la oposición dialoguista, mientras que el interbloque peronista se mantuvo unido y rechazó en su totalidad la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
A los 21 votos positivos del interbloque oficialista se sumaron los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical, 3 del Pro, 2 de Provincias Unidas y 6 de bloques provinciales que responden a sus gobernadores, como los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la chubutense Edith Terenzi; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza.
En tanto, los 30 votos en contra fueron 28 del interbloque peronista, que no sufrió fracturas pese a las tensiones internas, y de los 2 santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
La votación en particular
A la hora de la votación en particular, el Título I fue aprobado por 41 votos a favor, 30 en contra y una abstención, de Julieta Corroza. Antes de votar, las senadoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala pidieron que constara en la versión taquigráfica su rechazo al artículo 44°, que en la realidad terminarían votando a favor, por decisión del bloque. Cabe consignar que el citado artículo tiene que ver con los casos de accidente o enfermedad del trabajador, que tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica.
El Título II, que incluye el polémico Fondo de Asistencia Laboral, resultó aprobado, con 41 votos a favor y 31 en contra. En este caso, y tal cual había anticipado durante la sesión, la salteña Flavia Royón votó en contra. En el Título III, el resultado favorable al Gobierno se amplió como en ningún otro título: 44 a 28, sumándose en esa oportunidad los santacruceños Carambia y Gadano.
El resultado 42 a 30 se reiteró en buena parte de los títulos, por su puesto con los mismos protagonistas siempre: en los títulos IV; V; VI; VIII; IX; X; XI; XII; XVI; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII y XXIII.
El título VII resultó con 41 votos a favor, 30 en contra y la abstención de Alejandra Vigo. La propia senadora cordobesa votó en contra en el título XIII, que resultó con 41 votos afirmativos y 31 en contra. En el Título XIV el resultado fue de 40 a 32. En ese título, el jefe del bloque Pro, Martín Göerling había pedido retrotraer las modifiaciones al texto original, lo cual fue rechazado, pese a lo cual votó a favor. Quienes votaron en contra fueron los santacruceños Carambia y Gadano. En cambio ambos santacruceños votaron a favor en el Título XVII, que resultó 44 a 28.
El resultado 41 a 31 se repitió con los títulos XV y XXIV, con el voto en contra de la salteña Royón. En el Título XV, el resultado fue de 40 a 29, estando ausentes Maximiliano Abad, José María Carambia y Natalia Gadano. Por último, al votarse el Título XVI, que incluía las derogaciones (entre otras, la del Estatuto del Periodista), el resultado fue 38 a favor y 31 en contra, sumándose al rechazo Flavia Royón.
Los principales funcionarios del Gobierno, con Karina Milei y Manuel Adorni a la cabeza, se hicieron presentes en el recinto de la Cámara alta en el cierre del debate. El ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo instalado desde temprano, a cargo también de las frenéticas negociaciones.
La jornada estuvo marcada por la concentración en las afueras, donde se movilizó el sindicalismo y la izquierda. Hubo graves incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad, que terminaron con varios detenidos.
Aunque el día anterior la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, protagonista indiscutida del tratamiento de este proyecto, había anunciado un total de 28 modificaciones consensuadas, las conversaciones por los cambios a la letra chica del proyecto continuaron durante todo el día, mientras se desarrollaba la sesión.
El debate dividió las aguas entre el oficialismo y sus aliados, que defendieron la premisa de que la reforma busca "generar trabajo" y "no quita derechos", mientras que el peronismo/kirchnerismo dejó sentada su postura de que es una norma "para despedir" y "va en contra de los trabajadores".
Luego que se haya dictaminado en diciembre, el ambicioso proyecto de la gestión libertaria -que introduce numerosos cambios a la Ley de Contrato de Trabajo- llegó al recinto en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias. El día anterior, en Labor Parlamentaria, se había definido que la votación en particular sería por títulos, un total de 26.
Uno de los últimos cambios que se conoció antes de la votación fue en beneficio de los gremios y el sector empresario: se decidió mantener el cobro compulsivo de los "aportes solidarios" a los trabajadores, aunque con un tope del 2% para los sindicatos, un pedido de la CGT, que este miércoles se movilizó, más había resuelto no llamar a un paro. Por su parte, los aportes que cobran cámaras empresarias continuarán en un 0,5%.
Para el sindicalismo hubo otros guiños, como la eliminación de la reducción del aporte patronal a las obras sociales, que se quería llevar del 6% al 5%; y se mantuvo el rol de los empleadores como agentes de retención de los aportes, sin modificar la posibilidad de que se requiera autorización previa de los trabajadores.
A pedido de los gobernadores, en la previa de la sesión se anunció la quita de la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades (tramo 2 y 3), que implicaba una merma en la coparticipación para las arcas provinciales. La Casa Rosada cedió y se anticipó que el tema formará parte de una discusión más profunda en una eventual futura reforma tributaria.
Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.
Uno de los puntos que generó incertidumbre durante la jornada fue la intención de incluir el acuerdo por el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.
Otro de los temas que despertó tensiones fue que en la antesala de la sesión se anunció como modificación la eliminación de la posibilidad de que se paguen salarios a través de billeteras virtuales y se mantenga solamente a los bancos.
El Pro salió con un comunicado a favor de las fintech. "Restringir opciones digitales es cerrar alternativas en lugar de ampliarlas y poner límites donde la sociedad ya avanzó", planteó el partido amarillo y resaltó que "millones de argentinos usan billeteras virtuales todos los días para cobrar, pagar y organizar su plata".
Entre otros cambios, se dispuso un plazo de un año para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista; y se postergará hasta 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
Uno de los artículos muy cuestionados durante el debate fue el referido a "nuevas reglas" para la licencia por enfermedad, con la intención de reforzar "el derecho del empleador a control médico y junta médica". De acuerdo a esto, se introdujo que si la dolencia del trabajador no derivara de su actividad laboral, éste podría percibir no el 75% del salario sino el 50%.
En cuanto a indemnizaciones, solo se considerarán conceptos "mensuales, normales y habituales", y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La ley establece además que la indemnización pasa a ser "la única reparación frente al despido sin causa", un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar la litigiosidad.
Se establece el mecanismo de "banco de horas", a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.
Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
También, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
Enemistada con el presidente y excluida de las decisiones del Gobierno, la vicepresidenta destacó la presencia de funcionarios en el final de la sesión.
Tal como se esperaba, funcionarios del Gobierno se hicieron presentes pasada la medianoche en el recinto del Senado para seguir de cerca la votación del proyecto de Modernización Laboral.
Antes de pasar al último discurso de la noche, a cargo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, la vicepresidenta Victoria Villarruel -sonriente y formal- destacó la presencia de los enviados de Casa Rosada: "Le damos la bienvenida a los miembros del Poder Ejecutivo, la secretaria General de la Presidencia, el jefe de Gabinete, y el ministro del Interior, que nos van a acompañar en esta larga noche de sesión".
Manuel Adorni sonrió levemente. El rostro de Diego Santilli reflejó su estado un poco agotado después de haber estado desde temprano en el Congreso. Mientras que Karina Milei se mantuvo en total seriedad. Solo en el final, la hermana del presidente asintió con la cabeza despacio y realizó una leve mueca que no llegó a sonrisa. Desde el oficialismo hubo algunos aplausos para los tres. En el palco también estaban, en la segunda fila, Martín y Eduardo "Lule" Menem, y el presidente de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni.
Por las reacciones, claramente se notó que no esperaban el saludo de la vice. ¿Se habrán saludado en privado o Villarruel solo los sorprendió públicamente?
El jefe del interbloque peronista resaltó que "el problema de la Argentina no son los trabajadores, sino el plan económico del Gobierno". Fustigó a Bullrich y aliados.
En el tramo final del debate de la Reforma Laboral, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, enfatizó que "esta es una ley abiertamente inconstitucional" que "que va a traer alta litigiosidad".
"¿Cuál es el problema que tiene la República Argentina? ¿Los trabajadores? No. El problema que tiene la República Argentina es el plan económico del Gobierno y que tienen unos economistas que están dedicados a la usura", lanzó el formoseño.
En ese sentido, cuestionó que "dicen que esta ley va a generar empleo, va a traer inversiones y dicen que la ley anterior es obsoleta. ¿Qué es obsoleto? ¿Ocho horas de trabajo, las vacaciones?".
"Saben que es mentira, no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores, a los sindicalistas, a las provincias, a los municipios", pidió.
Además, lanzó que "este Gobierno es sustentado por (Donald) Trump, si Trump no entraba a poner plata en el Tesoro , hoy (Javier) Milei ya no estaba en el Gobierno. Es una factoria americana prácticamente. No sé qué va a pedir".
Tras hacer una introducción basada en referencias biblícas y conceptos históricos, el presidente del bloque Justicialista denunció el "avasallamiento y una violación al reglamento del cuerpo", a partir de la conformación de comisiones, donde cuestionó que no se respetó la proporcionalidad. "Nos robaron dos senadores por comisión", dijo.
También, el formoseño criticó el tratamiento exprés del proyecto, del cual consideró "el espíritu es la tergiversación y mentira".
Recordó que en diciembre pasado, los representantes de la CGT sostuvieron que "esto es violatorio, es regresivo" porque "viola el artículo 14 bis de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica". Mientras que otros oradores advirtieron por el contexto en el que se intenta aprobar, marcado por el hecho de que "el poder adquisitivo de los trabajadores está por el piso".
Mayans objetó el "consenso" del oficialismo y los bloques dialoguistas, y afirmó que la iniciativa "tiene vicios de inconstitucionalidad" y "es una ensalada legislativa", donde "se tocan 41 leyes", incluyendo temas impositivos que "por acá no pueden empezar, tienen que empezar por Diputados".
Luego de mencionar varias de las normas que se modifican, no solo la de Contrato de Trabajo, el senador exclamó: "Esto es poco serio, es realmente una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento".
Y disparó contra la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich: "Es una actitud de atropello al derecho del otro, sobre todo la que preside el bloque, en su actitud de atropello al sector previsional. No importa, ella es muy fuerte. Maneja la policía, la Prefectura, reprime, trae a 200 (efectivos) acá, mete gas. Claro, es muy fuerte, impresionante lo fuerte que es. Es un esquema humillante".
En su discurso, el opositor remarcó que "la idea de esto es de (Federico) Sturzenegger, porque ni Milei entiende mucho de este tema". "Este modelo ya fue probado, fracasó y va a fracasar", aseveró y nombró a gobiernos de facto, el de Fernando De la Rúa y el de Mauricio Macri.
En otro tramo, apuntó que "13.413 era el total de empleos registrados cuando empezó Milei y ahora son 12.852. 561 mil empleos registrados se perdieron. Este es el modelo que ustedes están apoyando".
El jefe del bloque radical enumeró los aspectos positivos de la reforma laboral que “va a contribuir en el futuro en el crecimiento del país”.
Al cierre del extenso debate en el Senado del proyecto de la Reforma laboral, el jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, pidió a los legisladores hacer una “mea culpa” porque “parece que necesitamos que el Ejecutivo nos active de afuera para ponernos a debatir el tema”, y enumeró los puntos positivos de la iniciativa.
El radical recordó que “no es la primera vez que se debate una ley laboral y fue un tema recurrente a lo largo del tiempo. Lamentablemente siempre fue un concepto de extremos con defensas de intereses contrapuestos que, de alguna forma, se transformó en las grietas que tiene la historia”.
“Esta también es una grieta que, en definitiva, en vez de lograr y encontrar consensos para mejorar la situación del país había ganadores y vencidos. Eso llevó a que permanentemente no hayamos podido lograr un entendimiento que, de alguna forma, sea mejor para el país”, planteó Vischi y sumó: “Todos coinciden en que la ley hay que discutirla, modificarla y tratarla, pero también de la oposición que plantea argumentos interesantes de cambios, pero recién se ponen a discutir cuando el Ejecutivo manda el proyecto y ya nos pasó. Parece que necesitamos que el Ejecutivo nos active de afuera para ponernos a discutir. A partir de ahí empezamos a decir que hay una cosa mejor, pero nunca la debatimos como debe ser. Tenemos que hacer un mea culpa ahí”.
En esa línea, apuntó: “Desde el peronismo parece que tienen el monopolio de la defensa de los derechos del trabajador y por eso deben hacer una mea culpa de la situación que tiene el país. No sé si estamos conformes con que la mitad de los argentinos hoy no tenga trabajo en blanco registrados”.
“También dicen que la iniciativa no solucionaría el problema del empleo que es la economía, pero ¿arribamos a esta situación económica por estos últimos dos años? ¿o venimos padeciendo consecuencias de errores económicos y de políticas de varios gobiernos de la democracia? El 70% fueron gobiernos justicialistas que dicen defender los derechos de los trabajadores”, reclamó.
En esa línea, siguió: “Plantean una dicotomía entre el empleador y el empleado que no nos lleva a la solución de los problemas, necesitamos buenas relaciones laborales”. En tanto, destacó: “Este proyecto que tiene varias cuestiones que son importantes, en el diagnóstico inicial, tenemos que pensar que cuando se habla de informalidad que es lo que principalmente se quiere atacar con este proyecto, tenemos que tener algunas cuestiones como por ejemplo las empresas de 1 a 5 empleados son las que más informalidad tienen y ahí tenemos que focalizarnos en resolver la problemática”.
“2 de cada 3 jóvenes están en la informalidad. A su vez tenemos un problema grave que es la educación donde el mayor porcentaje que no está registrada esa persona que no están formadas ni capacitadas. Son puntos importantes a tener en cuenta y esta ley da alguna respuesta en eso. Hay muchos que vienen acá y dicen ‘no vamos a votar nada’ si el diagnóstico es negativo es porque se tocan intereses que algunos son vencedores”, agregó.
Vischi sostuvo que esta ley plantea la baja de impuestos a las PyMES, educación para mejorar la empleabilidad, de bajas impositivas para tratar de crear nuevas empresas, del incentivo del RIMI para generar nuevos puestos de trabajo. La ley no moviliza por si solo la solución, tiene que ir acompañada de un crecimiento económico. “También el proyecto respalda a las empresas que sufren abusos de sindicatos, en el proyecto tiene iniciativa de la creación de un fondo especial para el despido o indemnizaciones”, añadió.
Por último, aclaró que “la ley es mejorable y podemos seguir discutiendo todo el año porque la tecnología está haciendo cambios importantes, pero por lo menos es una invitación a discutir el tema. Fue positivo sacar el impuesto a las Ganancias como beneficio que afectaba a las provincias”.
“Esta ley no reduce ni saca derechos laborales, clarifica situaciones en los juicios laborales, trata de que es el convenio por empresas que federaliza la posibilidad de discusión del convenio colectivos por región es una medida importante, la sanción de prácticas sindicales extorsivas, tiene incentivos a la registración a través de la baja impositiva, tiene un capítulo de educación y formación laboral, reduce impuestos, garantiza a través del fondo las indemnizaciones, genera la posibilidad de que haya más PyMES. Va a contribuir en el futuro en el crecimiento del país”, cerró.
En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, el Senado debatió la Ley de Modernización Laboral con fuertes cuestionamientos cruzados entre oficialismo y oposición. Aunque sin momentos de tensión extrema, el intercambio dejó duros discursos sobre el Fondo de Asistencia Laboral, la “industria del juicio”, el rol sindical y el impacto de la reforma en los derechos de los trabajadores.
Fiel al estilo de la Cámara alta, el debate del proyecto de ley de Modernización Laboral no tuvo momentos de tensión, pero sí pasajes bastante ásperos, con cruces entre oficialistas y opositores. Pasadas unas pocas cuestiones de privilegio, a las 11.30 los senadores se abocaron a la discusión de la reforma laboral, que se extendió hasta bien pasada la medianoche.
En el arranque del debate, a las 11.33 de este miércoles, Patricia Bullrich le cedió a dos senadores de su bloque la explicación técnica del proyecto. Así, el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente”, defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años.
“Una realidad muy cambiante”, a la que –dijo- esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo, el oficialista mencionó en ese sentido “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.
A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares”.
Con un fuerte rechazo sobre el proyecto, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde enfatizó que el FAL es “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.
En esa línea, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.
Le tocó hablar luego a la radical Mariana Juri, quien cruzó al porteño: “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial?”. Por el contrario, la aliada del oficialismo consideró que esta iniciativa “es una gran herramienta para poder generar más empleo”.
“Una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”, aclaró y habló de “una ley que da previsibilidad y seguridad jurídica”. Sobre uno de los aspectos que se modifican, defendió que “el fraccionamiento de las vacaciones no solo es bueno para el empleado y el empleador, sino para el sector turístico emergente”.
Durante el debate, la senadora del bloque Justicialista Lucía Corpacci cuestionó: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”. “De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”, agregó.
Para la catamarqueña, en esta ley se “pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que genera el trabajo. Este proyecto considera al trabajo como una mercancía”.
“Es mentira que esto va a generar más empleo o que los trabajadores van a blanquear”, afirmó y recordó que, pese al régimen establecido en la Ley Bases, “solamente el 0,3% de los trabajadores fueron blanqueados”. Entre varios puntos, criticó que “un artículo lo hace responsable al trabajador si la patronal no le hace los aportes. ¿Por qué tanta maldad? Yo no puedo dejar de pensar qué tienen en la cabeza para ir siempre contra los que menos tienen”.
Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.
De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.
Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.
En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.
En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representante libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.
En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.
A su turno, la camporista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”. “Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó la mendocina.
Además, la opositora lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.
Autocrítica, la senadora jujeña Carolina Moisés dejó en claro que Convicción Federal rechaza la Ley de Modernización Laboral, pero cuestionó: "Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.
Señaló, también, que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, y añadió que “esta ley no resuelve ningún problema”. Luego, aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.
Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.
Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.
Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteen’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.
En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”. Señaló que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.
Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.
Muy crítica del FAL, la senadora Flavia Royón adelantó por su parte su acompañamiento al proyecto, aclarando que a su juicio el proyecto de ley no va a crear empleo, pero “sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena”.
En su intervención, el senador Gerardo Zamora reconoció que hubiera “primado el sentido común” en las negociaciones, eliminando “algunas cuestiones inaceptables, como el capítulo fiscal”, cosa que dijo valorar, aunque advirtió que esa eliminación no modifica “la metodología de las leyes ómnibus: decenas de reformas plasmadas en una ley. Esta es una tendencia que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan leyes complejas autocontradictorias y fundamentalmente nacidas de gabinetes tecnocráticos”.
Por el lado del bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo adelantó el voto positivo en general al proyecto porque “es necesario revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el propio mundo del trabajo está reclamando en el país”. Además, sostuvo que “en el mundo se están dando cambios profundos en los métodos de producción que están pegando en el país. Vivimos estos cambios que necesitan replantear medidas para atraer inversiones y planificar la empleabilidad tan necesaria para sacar al país del atraso”, y que el proyecto cumple con esos objetivos.
Sin embargo, señaló que “este proyecto, así como tiene puntos importantes, tiene otros que no son lo bastante claros ni buenos para alcanzar los objetivos”, y planteó que “hubiese sido bueno diferenciar la realidad de la relación laboral entre las PyMES y las grandes empresas”, porque “se ha naturalizado una catarata de inequidades que llevaron a una cantidad de juicios laborales, por eso esta ley da cierta previsibilidad jurídica”.
Vigo manifestó que “la sociedad está reclamando más empleo formal y no podemos mirar al costado. Las PyMES quieren poder contratar nuevos empleados. Son datos que muestran que desde el 2016 el empleo formal no crece y se mantiene estancado a los 6 millones de trabajadores, por ende, el país tiene una dificultad estructural para generar empleo”. En esa línea, resaltó que el proyecto “si bien no es una ley que garantice esa formulación o reactivación del empleo, pero ayuda porque es necesarios que se pueda recuperar el salario y necesitamos que las condiciones sean claras”.
En su intervención, el senador santacruceño José María Carambia (Movere por Santa Cruz) sostuvo que la cuestión de fondo es “intentar que el trabajo informal pase a ser formal. ¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”. Se preguntó porqué no los blanquearán, y dio su opinión a partir de haber visto la realidad desde dos lugares: defendiendo a los trabajadores como abogados, o como empleador con una empresa familiar que tiene con su hermano. Y dijo: “No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales”. Por eso sostuvo que “hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”.
Luego se refirió a la industria del juicio, que a su juicio depende de cada provincias. En las localidades pequeñas, dijo, muchas veces el trabajador no hace juicio, porque sabe que después no va a trabajar más. “En mi provincia, un juicio laboral dura 8 años. Y se le pone la tasa pasiva”, con lo que la inflación se come todo el capital. “Así que la industria del juicio depende de la realidad de cada lugar”, consideró.
Sobre el final, aclaró que votarían negativamente, porque “no vamos a votar en contra de los trabajadores. Muchas partes de la ley afectan los derechos de los trabajadores, por eso vamos a votar negativo en general”.
A su turno, el jefe del bloque Pro, el misionero Martín Göerling, tal como se preveía adelantó el acompañamiento a la iniciativa en general, pero el planteo de algunas cuestiones en particular que “son importantes”. “Esta reforma del mercado del trabajo, que hace 50 años no se cambian, no quita derechos, es todo lo contrario. Tenemos que pensar en los más de 6 millones de argentinos que hoy no tienen ningún derecho”, indicó.
El senador del Pro brindó datos de que “del 100% que una empresa invierte, solo el 66% llega al trabajador, el resto se va en impuestos al Estado. El Estado se queda con un tercio del sueldo del trabajador antes de que llegue a fin de mes”. En tanto, explicó que “desde el 2002 la tragedia es absoluta donde los asalariados públicos crecieron un 34%, los monotributistas subieron un 64%, el empleo privado solo un 3% creció”.
“Esta ley que habla de reforma laboral no genera empleo instantáneo por sí sola, pero crea las condiciones para cuando la economía empieza a repuntar y sea posible tomar trabajo”, aclaró y le dejó una advertencia al Gobierno: “No va a haber modernización laboral si se sigue asfixiando el interior productivo”. Por último, se refirió al tema sindical que “le devuelve la libertad al trabajador de elegir si quiere o no afiliarse y que no le saquen ‘solidariamente’ la cuota para las famosas cajas sindicales. Vemos sindicatos millonarios y trabajadores pobres”.
El radical Eduardo Vischi recordó por su parteque “no es la primera vez que se debate una ley laboral y fue un tema recurrente a lo largo del tiempo. Lamentablemente siempre fue un concepto de extremos con defensas de intereses contrapuestos que, de alguna forma, se transformó en las grietas que tiene la historia”.
“Esta también es una grieta que, en definitiva, en vez de lograr y encontrar consensos para mejorar la situación del país había ganadores y vencidos. Eso llevó a que permanentemente no hayamos podido lograr un entendimiento que, de alguna forma, sea mejor para el país”, planteó Vischi y sumó: “Todos coinciden en que la ley hay que discutirla, modificarla y tratarla, pero también de la oposición que plantea argumentos interesantes de cambios, pero recién se ponen a discutir cuando el Ejecutivo manda el proyecto y ya nos pasó. Parece que necesitamos que el Ejecutivo nos active de afuera para ponernos a discutir. A partir de ahí empezamos a decir que hay una cosa mejor, pero nunca la debatimos como debe ser. Tenemos que hacer un mea culpa ahí”.
Sobre el final, José Mayans objetó el "consenso" del oficialismo y los bloques dialoguistas, y afirmó que la iniciativa "tiene vicios de inconstitucionalidad" y "es una ensalada legislativa", donde "se tocan 41 leyes", incluyendo temas impositivos que "por acá no pueden empezar, tienen que empezar por Diputados".
Luego de mencionar varias de las normas que se modifican, no solo la de Contrato de Trabajo, el senador exclamó: "Esto es poco serio, es realmente una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento".
Cerró el debate la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, como así también planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.
La senadora camporista enfatizó que “no hay casta ante la que no se arrodillaron” respecto de las modificaciones al proyecto. “Tiene más transferencias que un Corsa”, lanzó contra Bullrich.
Muy crítica contra la Reforma Laboral, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”.
Al recordar la reforma laboral impulsada por el expresidente Fernando de la Rúa, la mendocina apuntó: “Esto es lo que hizo el radicalismo la última vez que gobernó la Argentina y hoy vuelven a tropezar con la misma piedra. Todos los conceptos que tiene esta ley estaban en la Ley Banelco de 2001, que tristemente se trató en este recinto”.
“Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó Fernández Sagasti.
A continuación, la camporista lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.
Para la senadora, “a partir de esta ley los argentinos pueden darse cuenta de la gran estafa que es este Gobierno nacional”. “Se han arrodillado ante la caja de los gobernadores, ante los bancos, ante la CGT y lo único que hacen con esta ley es manotearle la plata a los jubilados y la dignidad a los trabajadores”, sostuvo.
“Se arrodillaron a todo lo que decían que venían a combatir. ¿Cuáles son las modificaciones que están introduciendo? ¿A quién están protegiendo? ¿A los laburantes, a los jubilados, qué PyME están protegiendo?”, continuó.
Y criticó al gobierno libertario: “¡Qué valientes! Fuertes con los débiles y débiles con los poderosos. No hay casta ante la que no se arrodillaron y/o obedecieron. Un aplauso al león”.
“Son un fraude, un mamarracho y una estafa. Y también es una estafa semántica porque se llama modernización laboral”, expresó.
Tras duros cuestionamientos al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, la legisladora hizo hincapié en que “el mundo está debatiendo qué vamos a hacer cuando la robotización nos reemplace. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, la respuesta es démosle vacaciones en cuotas a los laburantes, bajemos las indemnizaciones, paguémosle el 50% si se enferman”.
El senador peronista señaló que, con el nuevo régimen de indemnizaciones, “los premiados van a ser los dueños de las administradoras”, a quienes “cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos”, advirtió.
Al exponer como miembro informante del interbloque peronista, en contra del proyecto de Modernización Laboral, el senador Mariano Recalde destrozó el Fondo de Asistencia Laboral que se crea respecto a las indemnizaciones.
El porteño cuestionó “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, enfatizó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.
En ese sentido, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.
Sobre la ley, el legislador aseguró que “no tiene nada de moderno, copia todo lo viejo” y “es volver para atrás”. “En todo el debate no han podido decirnos un solo artículo que beneficie en algo, que mejore en algo, la situación de los trabajadores. Sí mucho que beneficia la situación de las empresas frente al trabajador”, observó.
Recalde sostuvo que el proyecto es “duro con los trabajadores que reclaman, pero al mismo tiempo derogan el artículo 275 (de la LCT), que es cuando los empresarios incurren en conductas temerarias o maliciosas en los juicios”.
“Es una ley absolutamente desequilibrada. De un revanchismo… Producto de que siguen enojados con que los trabajadores pidan respetar sus derechos y que el empresario cumpla la ley”, afirmó el abogado laboralista.
En su discurso, insistió con sus críticas: “La denominan modernización laboral. No encuentro nada de moderno ni modernizante, sino todo lo contrario”. “Dicen que es una ley que va a crear empleo. Lo mismo nos dijeron hace un año y medio con la Ley Bases” y, en ese mismo tiempo, “se perdieron 270 mil puestos de trabajo registrados y cerraron 21.900 empresas”, subrayó.
“No es una norma para generar empleo”, consideró, sino que “quieren terminar con los derechos laborales para que no haya juicios”. Además, opinó que “así como van por la baja de la edad de imputabilidad, van a ir por el trabajo infantil, porque quieren ir por mano de obra barata”.
Para el opositor, “esta ley busca equiparar para abajo, legalizar los incumplimientos que hoy suceden para que después no tengan derecho de reclamar en la justicia ni en ningún lado”.
“Es un plan para despedir”, reiteró y, entre los puntos que mencionó, se refirió a la quita del preaviso de 15 días para el período de prueba. “Me da vergüenza que senadores que fueron votados por el pueblo peronista en sus provincias vengan acá a convalidar quita de derechos a los trabajadores”, expresó.
En el cierre de su discurso, manifestó: “Me parece que esta es una norma pensada con mucha mala leche, pensada por las grandes empresas y estudios jurídicos para ir aflojando los tornillos de un sistema normativo que tiende a la protección de la parte más débil, que es la persona que trabaja”. Y dijo que esperaba, en la votación en particular, “conmover a los senadores a ver si podemos lograr que algunas cosas indefendibles no pasen”.
En una sesión que se presume muy extensa y que podría concluir pasada la medianoche, la Cámara alta avanza con la sesión en la que el oficialismo se propone aprovechar una de las principales reformas que ha encarado.
Foto: Comunicación Senado
Sin problemas para conseguir el quórum, el Senado comenzó este miércoles a las 11.14 el debate sobre el proyecto de ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, en una sesión que se espera extensa, superior a las 12 horas, y con perspectivas favorables para su aprobación tras semanas de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
La iniciativa forma parte del paquete central de reformas de La Libertad Avanza y llega al recinto con un dictamen robustecido a partir de 28 modificaciones consensuadas con distintos sectores políticos, según anunció la titular del bloque oficialista, clave en este debate, Patricia Bullrich.
El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para actualizar un sistema laboral que considera rígido y litigioso, mientras que la oposición no kirchnerista acompañará buena parte del articulado, en especial lo referido a incentivos a la contratación, la modernización de la registración y la reducción de la conflictividad judicial. Se descuenta que el oficialismo contará con el respaldo suficiente para aprobarla en general y discutir artículo por artículo las modificaciones más sensibles, entre ellas la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la redefinición de indemnizaciones y la actualización de los estatutos profesionales.
La discusión se da en un clima de alta tensión política, con sindicalistas movilizados y con la oposición dura advirtiendo que la reforma implica una pérdida de derechos para los trabajadores. Desde el LLA replican que el proyecto preserva la indemnización por despido, mantiene derechos esenciales y que el objetivo es promover el empleo formal y la inversión. El debate, que podría extenderse hasta la madrugada del jueves, será seguido de cerca por gobernadores -centrales para el Gobierno en este debate- y cámaras empresarias, que presionan para darle celeridad al nuevo marco laboral.
Según confirmó la presidenta del bloque oficialista el martes, entre las modificaciones que el Gobierno aceptó hacer figura la división del FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control legislativo, mediante la comisión bicameral de previsión social.
También aceptó el oficialismo un pedido de los gobernadores para que se eliminara el artículo referido a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para empresas. Será parte de una discusión más profunda, mediante una reforma tributaria.
El debate en el recinto
En el arranque del debate, a las 11.33 de este miércoles, Patricia Bullrich le cedió a dos senadores de su bloque la explicación técnica del proyecto. Así, el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente”, defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años.
“Una realidad muy cambiante”, a la que –dijo- esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo, el oficialista mencionó en ese sentido “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.
A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares”.
Con un fuerte rechazo sobre el proyecto, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde enfatizó que el FAL es “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.
En esa línea, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.
Le tocó hablar luego a la radical Mariana Juri, quien cruzó al porteño: “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial?”. Por el contrario, la aliada del oficialismo consideró que esta iniciativa “es una gran herramienta para poder generar más empleo”.
“Una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”, aclaró y habló de “una ley que da previsibilidad y seguridad jurídica”. Sobre uno de los aspectos que se modifican, defendió que “el fraccionamiento de las vacaciones no solo es bueno para el empleado y el empleador, sino para el sector turístico emergente”.
Durante el debate, la senadora del bloque Justicialista Lucía Corpacci cuestionó: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”. “De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”, agregó.
Para la catamarqueña, en esta ley se “pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que genera el trabajo. Este proyecto considera al trabajo como una mercancía”.
“Es mentira que esto va a generar más empleo o que los trabajadores van a blanquear”, afirmó y recordó que, pese al régimen establecido en la Ley Bases, “solamente el 0,3% de los trabajadores fueron blanqueados”. Entre varios puntos, criticó que “un artículo lo hace responsable al trabajador si la patronal no le hace los aportes. ¿Por qué tanta maldad? Yo no puedo dejar de pensar qué tienen en la cabeza para ir siempre contra los que menos tienen”.
Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.
De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.
Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.
En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.
En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representante libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.
En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.
A su turno, la camporista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”. “Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó la mendocina.
Además, la opositora lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.
Autocrítica, la senadora jujeña Carolina Moisés dejó en claro que Convicción Federal rechaza la Ley de Modernización Laboral, pero cuestionó: "Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.
Señaló, también, que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, y añadió que “esta ley no resuelve ningún problema”. Luego, aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.
Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.
Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.
Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteen’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.
En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”. Señaló que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.
Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.
Muy crítica del FAL, la senadora Flavia Royón adelantó por su parte su acompañamiento al proyecto, aclarando que a su juicio el proyecto de ley no va a crear empleo, pero “sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena”.
En su intervención, el senador Gerardo Zamora reconoció que hubiera “primado el sentido común” en las negociaciones, eliminando “algunas cuestiones inaceptables, como el capítulo fiscal”, cosa que dijo valorar, aunque advirtió que esa eliminación no modifica “la metodología de las leyes ómnibus: decenas de reformas plasmadas en una ley. Esta es una tendencia que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan leyes complejas autocontradictorias y fundamentalmente nacidas de gabinetes tecnocráticos”.
Por el lado del bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo adelantó el voto positivo en general al proyecto porque “es necesario revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el propio mundo del trabajo está reclamando en el país”. Además, sostuvo que “en el mundo se están dando cambios profundos en los métodos de producción que están pegando en el país. Vivimos estos cambios que necesitan replantear medidas para atraer inversiones y planificar la empleabilidad tan necesaria para sacar al país del atraso”, y que el proyecto cumple con esos objetivos.
Sin embargo, señaló que “este proyecto, así como tiene puntos importantes, tiene otros que no son lo bastante claros ni buenos para alcanzar los objetivos”, y planteó que “hubiese sido bueno diferenciar la realidad de la relación laboral entre las PyMES y las grandes empresas”, porque “se ha naturalizado una catarata de inequidades que llevaron a una cantidad de juicios laborales, por eso esta ley da cierta previsibilidad jurídica”.
Vigo manifestó que “la sociedad está reclamando más empleo formal y no podemos mirar al costado. Las PyMES quieren poder contratar nuevos empleados. Son datos que muestran que desde el 2016 el empleo formal no crece y se mantiene estancado a los 6 millones de trabajadores, por ende, el país tiene una dificultad estructural para generar empleo”. En esa línea, resaltó que el proyecto “si bien no es una ley que garantice esa formulación o reactivación del empleo, pero ayuda porque es necesarios que se pueda recuperar el salario y necesitamos que las condiciones sean claras”.
En su intervención, el senador santacruceño José María Carambia (Movere por Santa Cruz) sostuvo que la cuestión de fondo es “intentar que el trabajo informal pase a ser formal. ¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”. Se preguntó porqué no los blanquearán, y dio su opinión a partir de haber visto la realidad desde dos lugares: defendiendo a los trabajadores como abogados, o como empleador con una empresa familiar que tiene con su hermano. Y dijo: “No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales”. Por eso sostuvo que “hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”.
Luego se refirió a la industria del juicio, que a su juicio depende de cada provincias. En las localidades pequeñas, dijo, muchas veces el trabajador no hace juicio, porque sabe que después no va a trabajar más. “En mi provincia, un juicio laboral dura 8 años. Y se le pone la tasa pasiva”, con lo que la inflación se come todo el capital. “Así que la industria del juicio depende de la realidad de cada lugar”, consideró.
Sobre el final, aclaró que votarían negativamente, porque “no vamos a votar en contra de los trabajadores. Muchas partes de la ley afectan los derechos de los trabajadores, por eso vamos a votar negativo en general”.
A su turno, el jefe del bloque Pro, el misionero Martín Göerling, tal como se preveía adelantó el acompañamiento a la iniciativa en general, pero el planteo de algunas cuestiones en particular que “son importantes”. “Esta reforma del mercado del trabajo, que hace 50 años no se cambian, no quita derechos, es todo lo contrario. Tenemos que pensar en los más de 6 millones de argentinos que hoy no tienen ningún derecho”, indicó.
El senador del Pro brindó datos de que “del 100% que una empresa invierte, solo el 66% llega al trabajador, el resto se va en impuestos al Estado. El Estado se queda con un tercio del sueldo del trabajador antes de que llegue a fin de mes”. En tanto, explicó que “desde el 2002 la tragedia es absoluta donde los asalariados públicos crecieron un 34%, los monotributistas subieron un 64%, el empleo privado solo un 3% creció”.
“Esta ley que habla de reforma laboral no genera empleo instantáneo por sí sola, pero crea las condiciones para cuando la economía empieza a repuntar y sea posible tomar trabajo”, aclaró y le dejó una advertencia al Gobierno: “No va a haber modernización laboral si se sigue asfixiando el interior productivo”. Por último, se refirió al tema sindical que “le devuelve la libertad al trabajador de elegir si quiere o no afiliarse y que no le saquen ‘solidariamente’ la cuota para las famosas cajas sindicales. Vemos sindicatos millonarios y trabajadores pobres”.
Detalles de la norma
De aprobarse, la Modernización Laboral redefinirá aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo. En primer lugar, introduce un nuevo criterio para calcular la “mejor remuneración” a efectos indemnizatorios: solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La ley establece además que la indemnización pasa a ser la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar la litigiosidad.
En materia de créditos laborales, fija un esquema de actualización automático basado en el índice de precios al consumidor más un 3% anual, un mecanismo que busca reemplazar la dispersión de fallos judiciales y dar previsibilidad al cálculo de deuda laboral.
Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. Las grandes empresas aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%, según lo establece tanto la presentación oficial como el articulado del proyecto. El fondo será un patrimonio separado, inembargable e inajenable, administrado por entidades autorizadas y sin responsabilidad del Estado ante eventuales déficits.
La reforma también modifica la registración laboral, que quedará unificada y digitalizada bajo la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El registro ante este organismo será suficiente y ninguna autoridad podrá exigir trámites adicionales, contemplándose además la validez legal de los libros laborales digitalizados hasta por 10 años.
Otro eje es la delimitación precisa de los beneficios sociales no remunerativos, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares o capacitación. Con esto se busca reducir litigios por supuesta remuneratividad de conceptos que, desde ahora, quedan expresamente excluidos del salario.
En materia de jornada de trabajo, se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, acordados entre empleador y trabajador, permitiendo administrar picos de actividad sin necesidad de horas extras tradicionales. Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
La reforma avanza también sobre el régimen de licencias por enfermedad, reforzando las facultades de control médico del empleador y habilitando juntas médicas con nuevas reglas de funcionamiento para dirimir discrepancias sobre el diagnóstico.
Un componente central es el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a mejorar la empleabilidad y la reconversión, especialmente entre jóvenes y personas sin experiencia. El proyecto incentiva programas de capacitación, tanto dentro de empresas como en entidades formativas, como parte de una estrategia para elevar la productividad.
En paralelo, crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), destinado a fomentar inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, bajo el argumento de que más inversión derivará en más empleo registrado. También se incorpora una reducción de cargas sociales para nuevos empleos, lo que pretende facilitar la contratación en sectores con altos índices de informalidad.
El proyecto introduce además un criterio de prelación que fortalece los convenios colectivos de empresa: un convenio de empresa dentro de una provincia podrá prevalecer sobre el convenio nacional de la actividad, promoviendo —según el Gobierno— negociaciones más adaptadas a realidades productivas locales.
En conjunto, la Modernización Laboral representa un cambio profundo del sistema argentino de relaciones laborales, con el que el Gobierno busca —según afirma— actualizar prácticas, reducir litigios, promover el empleo y atraer inversiones. La clave política estará en su aprobación este miércoles, una votación que definirá si comienza o no una nueva etapa en el mercado laboral argentino.
NOTICIA EN DESARROLLO
El Gobierno aceptó una amplia serie de modificaciones al proyecto de Modernización Laboral, que ajustan el régimen de licencias, la registración, las remuneraciones, la negociación colectiva, el funcionamiento sindical y el nuevo Fondo de Asistencia Laboral, además de precisar el estatus de los trabajadores de plataformas.
El oficialismo incorporó una extensa batería de modificaciones al proyecto original, que van desde ajustes en el régimen de licencias y enfermedades hasta cambios en la registración laboral, el sistema de indemnizaciones, el rol sindical y la negociación colectiva. También se sumaron precisiones sobre el régimen para plataformas, el Fondo de Asistencia Laboral y límites nuevos para los aportes de convenios colectivos.
El dictamen de la ley de Modernización Laboral llegó a Diputados con una serie de cambios hechos por el oficialismo durante su paso por el Senado. Las modificaciones abarcan áreas sensibles del régimen laboral y sindical, y reescriben aspectos centrales del proyecto original.
Uno de los cambios más relevantes es la nueva redacción del capítulo sobre licencias por enfermedad y accidentes inculpables, que introduce escalas diferenciadas según la conducta del trabajador y exige certificados médicos digitales. También se redefinen los plazos de aviso, los mecanismos de control y las pautas para la reincorporación, imponiendo obligaciones adicionales al empleador y límites precisos para la asignación de tareas compatibles.
En materia de registración laboral, el Gobierno dispuso que ARCA —el nuevo organismo recaudador— sea la única autoridad registral, lo que implica que ninguna otra dependencia podrá exigir trámites adicionales. Se aclara además que la falta de registración generará presunciones a favor del trabajador, y que los empleadores deberán conservar documentación por diez años, con validez plena de los soportes digitales.
Otro bloque importante se concentra en la remuneración, donde se redefinen los “beneficios sociales” —expresamente no remunerativos— y se amplían los conceptos incluidos, como reintegros médicos, guarderías y provisión de útiles escolares. También se habilita que el salario pueda pagarse a través de Proveedores de Servicios de Pago regulados por el Banco Central. Al mismo tiempo, se endurecen requisitos para deducciones y retenciones, que ya no podrán realizarse sin consentimiento expreso del trabajador salvo casos taxativos.
Uno de los capítulos más discutidos, el de indemnizaciones por despido, mantiene el cálculo tradicional pero fija límites a la base salarial y habilita la creación de fondos de cese laboral por convenio o por decisión del empleador. Allí se vincula con otra de las grandes incorporaciones: el Fondo de Asistencia Laboral, un sistema de cuentas individuales financiado por los empleadores con contribuciones del 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs, con destino específico para afrontar indemnizaciones y otras obligaciones al finalizar la relación laboral. Sus recursos serán inembargables y administrados por entidades autorizadas.
El dictamen también modifica artículos ligados a la duración de la jornada, habilitando sistemas de compensación voluntaria, bancos de horas y un método flexible de distribución siempre que se respeten descansos mínimos. En paralelo, se actualiza el régimen de vacaciones, que podrán fraccionarse en tramos no menores a siete días y deberán otorgarse al menos una vez cada tres años en temporada de verano.
En el área sindical, el oficialismo incorporó cambios significativos. Las asambleas solo podrán realizarse con autorización del empleador y no generarán derecho a remuneración. Se crean nuevas figuras sancionatorias para bloqueos, obstrucciones o daños, consideradas “infracciones muy graves”, y se limitan los descuentos automáticos de cuotas sindicales: desde 2028 no podrán imponerse sin consentimiento expreso del trabajador. También se fija un tope del 0,5% para los aportes patronales a cámaras empresarias previstos en convenios colectivos y del 2% para contribuciones sindicales obligatorias.
A pedido de los gobernadores, se eliminó por completo el artículo 190 del proyecto, que modificaba para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de este año las alícuotas del impuesto a las Ganancias, llevando del 30% al 27%, y del 35 al 31,5%.
En la negociación colectiva, se redefine la ultraactividad, que se limita a las cláusulas normativas y solo hasta que se firme un nuevo acuerdo. La autoridad de aplicación podrá suspender la vigencia de la homologación de un convenio cuando su aplicación genere “distorsiones económicas graves”. A la vez, se refuerza la obligación de negociar de buena fe, con intercambio obligatorio de información económica y productiva.
El dictamen también incluye un capítulo especial para los prestadores independientes de plataformas, que consolida su condición autónoma, garantiza la libertad de conexión, establece derechos mínimos —como acceso a capacitación y seguro de accidentes personales— y fija obligaciones fiscales sin generar relación laboral.
Finalmente, se incorporan cambios generales en materia procesal laboral: se acortan plazos de caducidad, se limitan apelaciones, se ordena a los jueces seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema y se regula el pago en juicio, que podrá ser en cuotas según el tamaño de la empresa, con honorarios máximos del 25% del monto del proceso.
La Cámara alta trata este miércoles el proyecto de Modernización Laboral, que redefine aspectos centrales del contrato de trabajo, crea un Fondo de Asistencia Laboral con aportes obligatorios, impulsa un régimen de formación y elimina regímenes especiales como el Estatuto del Periodista Profesional, entre otras modificaciones.
El Senado debatirá este miércoles el vasto proyecto de Modernización Laboral, una reforma estructural que reescribe buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo y actualiza regímenes especiales con el objetivo de reducir la litigiosidad, incentivar la contratación y adecuar el sistema productivo a nuevas modalidades de empleo. La iniciativa crea un nuevo Fondo de Asistencia Laboral obligatorio para cubrir indemnizaciones, impulsa un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral y dispone la derogación de históricos estatutos profesionales, entre ellos el del Periodista Profesional.
Puntos principales del proyecto
Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
○ Crea un fondo obligatorio para cada empleador, con vigencia desde junio de 2026, destinado a cubrir indemnizaciones por despido y otras obligaciones económicas vinculadas a la extinción laboral. Es un patrimonio separado, inembargable y de uso exclusivo para ese fin.
○ 1% de la base salarial SIPA para grandes empresas.
○ 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas.
○ El Poder Ejecutivo puede elevar los porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con aprobación legislativa.
Régimen de Incentivo para la Formación Laboral
○ Competencias sociolaborales básicas: lectura y comprensión, comunicación oral, razonamiento matemático, alfabetización digital, convivencia democrática.
○ Formación laboral inicial: adquisición de competencias productivas y adaptación al trabajo real.
Derogación de estatutos profesionales
El proyecto deroga numerosos regímenes especiales, entre ellos:
○ Ley 12.908 – Estatuto del Periodista Profesional.
○ Ley 14.546 – Estatuto del Viajante de Comercio.
○ Ley 27.555 – Teletrabajo.
○ Otros estatutos y regímenes sectoriales (incluidos artículos del Régimen Agrario, ley de trabajo a domicilio, jornadas especiales y diversos estatutos profesionales históricos).
La derogación se articula con la voluntad de unificar criterios bajo la LCT y el nuevo sistema de negociación colectiva.
El jefe del interbloque peronista cuestionó duramente el proyecto que se tratará este miércoles, el cual afirmó "es la precarización del sistema laboral".
El jefe del interbloque Popular en el Senado, José Mayans, cuestionó en duros términos el proyecto de Reforma Laboral que se tratará este miércoles y advirtió que "muchos de los artículos tienen vicio de inconstitucionalidad, nosotros lo estamos estudiando. Obviamente que habrá un planteo de inconstitucionalidad a esta ley".
"Yo no lo trataría ahora, lo pasaría para (sesiones) ordinarias. Llegaría a un acuerdo con la CGT, con las PyMEs, con los distintos sectores, porque sino es darle sanción a una ley que irá directo a la justicia", agregó este martes en declaraciones a Radio Con Vos.
Según el formoseño, "esta es una ley hecha ideológicamente por (Javier) Milei y (Federico) Sturzenegger". "En campaña, Milei ya había dicho que si pudiera haría desaparecer el artículo 14 bis (de la Constitución), porque él quiere volver a la Argentina del 1900; o sea, previa a la primera guerra mundial, a la revolución bolchevique, a la revolución china, a la Segunda Guerra mundial", criticó.
"Esta ley hasta en su denominación es mentirosa, porque dice que es de modernización laboral y es todo lo contrario. Además, es una ley impositiva porque afecta también los recursos de las provincias", continuó.
El presidente de la bancada Justicialista apuntó: "El Fondo de Asistencia Laboral es un curro que armaron, con el que le sacan al sistema previsional prácticamente el tres por ciento. Es un fondo de más o menos tres mil millones de dólares que van a manejar ellos, con una comisión del uno por ciento".
"Esta pretendida ley es un ataque al sistema laboral argentino, es la precarización del sistema laboral", enfatizó, además de remarcar que "es una ley inconsulta con los trabajadores y es una ley hecha por patrones para patrones".
Para el legislador, "el problema es el programa económico, el problema no es la actual legislación laboral". "Esta es una ley inoportuna, hecha de forma exprés", se quejó y consideró que "el grado de improvisación y el grado de apuro que tienen es para que Milei pueda anunciar que cambió la ley laboral argentina el 1ro. de marzo".
"Este no es un proyecto de consenso. El oficialismo ya se fagocitó al Pro y a parte del radicalismo, pero eso no es consenso", dijo sobre los acompañamientos de la oposición dialoguista con los que se anticipa contará La Libertad Avanza.
En otro tramo, el senador expresó: "Yo creo que la CGT tiene que dar respuesta a los trabajadores acerca de qué es lo que acepta y qué no, y a partir de ahí tiene que encarar la lucha, porque este no es un esquema que beneficie a los trabajadores". "Como ya lo dijimos, en esta ley no hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores, sino todo lo contrario", completó.
La jefa de La Libertad Avanza dio una conferencia de prensa en la antesala de la sesión de este miércoles. Confirmó el acompañamiento del grupo de "los 44". Explicó los puntos centrales del dictamen que será llevado al recinto y confirmó el capítulo de derogaciones.
En la antesala de la sesión de este miércoles, y luego que el Gobierno haya cedido a una serie de cambios en el proyecto de Reforma Laboral, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que llegarán al recinto con un texto consensuado en 28 modificaciones, entre las que se encuentra la quita de la propuesta sobre rebaja en Ganancias a empresas, que era resistida por los gobernadores.
Desde el Salón de las Provincias, luego de la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar este martes en el despacho de Victoria Villarruel, Bullrich encabezó una conferencia de prensa acompañada por los presidentes de otras bancadas, como Eduardo Vischi, de la UCR, y Martín Göerling Lara, del Pro; y legisladores del oficialismo: Bartolomé Abdala, Emilia Orozco, Belén Monte de Oca, Pablo Cervi, Carmen Álvarez Rivero, Gonzalo Guzmán Coraita y Ezequiel Atauche.
"Desde el principio de la democracia la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido nuestro país, el mercado laboral y las relaciones entre empresas y trabajadores. Un gran bloque de distintos partidos políticos hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia, que realmente va a ser un cambio estratégico", arrancó la oficialista.
La exministra de Seguridad afirmó que la iniciativa "tiene el aporte de muchos bloques y provincias" y "se construyó con horas y horas de trabajo". "Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", anunció.
Entre esas modificaciones, habló de que "el primer punto fundamental es la eliminación de la industria del juicio". Luego se refirió al Fondo de Asistencia Laboral, un nuevo régimen de indemnizaciones que se crea y será financiado con recursos de la ANSeS.
"Por una propuesta de la Unión Cívica Radical y aceptada por el grupo de los 44 (en alusión a LLA y toda la oposición menos el peronismo) hemos dividido el FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la comisión bicameral de previsión social", detalló.
Entre varios detalles que la presidenta del bloque oficialista profundizó, estuvo también el Régimen de Incentivo para Formación Laboral al que definió como "capacitación permanente para evitar que las personas queden fuera del mercado laboral". Adelantó, además, que ese punto está vinculado "a la baja en la carga impositiva con el objetivo de formalizar a los trabajadores".
Después de presentar otros puntos, Patricia Bullrich anticipó el acuerdo logrado con los gobernadores en virtud de un "Compromiso de Reforma Fiscal" y que alcance los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Confirmada la eliminación de la modificación al Impuesto a las Ganancias, el correntino Vischi y el misionero Goërling Lara destacaron el consenso acordado con La Libertad Avanza.
Por último, la jefa de bancada del oficialismo confirmó que el último capítulo del proyecto de Ley de Modernización Laboral no se cambia y quedó firme la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, entre otros, a partir de los 180 días de reglamentada la Reforma. Para Bullrich, ese plazo es suficiente para que se acuerde un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que reemplace a la Ley 12.908 sancionada en 1946.
Con una reunión extensa en Balcarce 50, la mesa política del Gobierno terminó de pulir el texto que buscará media sanción en el Senado. Hubo señales de flexibilidad, negociaciones con aliados y definiciones pendientes sobre puntos sensibles, mientras el oficialismo asegura contar con los votos para aprobar el proyecto en general.
La Casa de Gobierno fue escenario de una cumbre estratégica en la que el oficialismo procuró ordenar la fase final de la reforma laboral antes de su ingreso al recinto del Senado, previsto para este miércoles a las 11. La reunión, encabezada por el jefe de Gabinete en su despacho de la planta baja, sirvió para unificar criterios entre los principales actores políticos del Gobierno y revisar uno por uno los artículos que podrían ser modificados producto de las tratativas con bloques aliados y mandatarios provinciales.
Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; y los operadores legislativos Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El clima fue de trabajo cerrado y sin filtraciones, al punto que varios asistentes se limitaron a confirmar la reunión sin ofrecer precisiones sobre el contenido del intercambio.
El cónclave comenzó con un repaso general del escenario parlamentario. Según reconstrucciones oficiales, el Gobierno confía en tener asegurada la aprobación en general de la reforma, aunque permanece abierto el capítulo más delicado: la definición sobre los artículos que generan resistencia entre los gobernadores, especialmente aquellos vinculados al Impuesto a las Ganancias de las empresas. La principal duda se concentra en si el texto finalmente mantendrá la rebaja prevista, si será atenuada en etapas o si quedará directamente excluida del proyecto. La decisión, admiten en privado, podría conocerse recién unas horas antes de la sesión.
El ministro Caputo estuvo presente durante la primera hora del encuentro; luego se retiró con agenda propia. Su participación fue clave para explicar el impacto fiscal de las alternativas que se manejan, tanto para la Nación como para las provincias, y para dejar asentado que cualquier flexibilización impositiva tendrá un cronograma atado a la disponibilidad de recursos. Lo que se buscó evitar es que el debate tributario termine eclipsando la discusión estrictamente laboral que el Gobierno pretende priorizar.
En paralelo, Patricia Bullrich informó sobre los avances de las conversaciones mantenidas con bloques dialoguistas y senadores que se convirtieron en piezas imprescindibles para redondear el respaldo necesario. La exministra de Seguridad expuso el nivel de acuerdo alcanzado en una veintena de artículos de carácter técnico, cuyas modificaciones permitirían destrabar varios reclamos puntuales sin alterar la columna vertebral del proyecto. Su mirada fue acompañada por Santilli, quien mantuvo contactos permanentes con mandatarios provinciales durante los últimos días para acercar posiciones y evitar tensiones de última hora.
En la reunión también se analizó la situación con la CGT. Aunque desde el Gobierno se insiste en mantener una línea dura en el discurso público, la mesa política reconoció que existen conversaciones en curso con dirigentes sindicales y que algunas cláusulas fueron suavizadas para evitar un conflicto mayor. En especial, se revisaron apartados vinculados a la reducción de aportes y a la jerarquía de los convenios colectivos, donde el oficialismo cedió parcialmente para evitar un rechazo frontal que pusiera en riesgo el avance del proyecto. Según fuentes gubernamentales, la central obrera tomó nota de esos gestos y mantendrá únicamente una movilización el día del debate, sin escalar a un paro general.
Otro punto analizado fue la presión ejercida por sectores empresariales, particularmente del sistema financiero, respecto del artículo que habilita el pago de salarios a través de billeteras virtuales. El Gobierno evaluó el costo de sostener esa iniciativa en un contexto donde todavía restan asegurarse algunos votos y no descarta posponer ese debate para una instancia legislativa futura. A su vez, la Casa Rosada confirmó que el proyecto no avanzará sobre estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, lo que despeja otro foco de resistencia.
La mesa política también aprovechó el encuentro para repasar la agenda legislativa más allá de la reforma laboral. Se mencionaron los avances en la Ley Penal Juvenil y la decisión de postergar hasta el período ordinario la discusión sobre el fortalecimiento universitario. Asimismo, se destacó el envío al Senado del proyecto que transfiere los juzgados laborales de Nación a Ciudad, una señal de acercamiento al espacio que gobierna el distrito porteño.
El hermetismo reinante impidió conocer el detalle fino del texto que se presentará este miércoles en el recinto, pero la señal política de la jornada fue clara: el oficialismo se encolumnó detrás de una estrategia flexible, dispuesto a negociar lo necesario para garantizar el éxito parlamentario, pero sin resignar lo que considera el núcleo esencial de su propuesta de modernización laboral.
Con los bloques dialoguistas a la expectativa de recibir la versión final del proyecto y los gobernadores aguardando precisiones sobre el capítulo fiscal, la Casa Rosada cerró el día con una certeza: la definición llegará en el Senado, donde cada voto será decisivo para determinar el rumbo de una de las reformas más sensibles del Gobierno.