Especialistas y abogados internacionales expondrán este lunes en el Anexo de la Cámara de Diputados, en una jornada organizada por diputados del Frente de Izquierda en la previa de la sesión del Senado en la que se tratará el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno.

"Junto a un conjunto de abogados laboralistas de Argentina venimos articulando acciones para frenar la reforma laboral esclavista que pretende aprobar el Gobierno nacional con sus aliados. Para nosotros y nosotras es muy importante, junto con la movilización, escuchar a especialistas e integrantes de asociaciones de abogados laboralistas de distintos países de América Latina, así como de Alemania, Francia, el Estado Español y Brasil", expresó la legisladora Myriam Bregman.

En esa línea, subrayó que "la reforma que quieren votar acá ya se aplicó en otros países del mundo y este proyecto tiene similitudes con el que en su momento impulsaron gobiernos como el del golpista Temer en Brasil, Rajoy en el Estado Español o, en algunos aspectos, Hollande en Francia".

"Creemos que será un aporte importante para el debate en curso, donde cada expositor se referirá al proyecto de reforma laboral y compartirá cuáles fueron los resultados de reformas de este tipo en sus respectivos países", agregó la diputada.

Finalmente, Bregman señaló: "A la vez que se desarrolla una gran campaña e impulsamos una jornada nacional de lucha contra la reforma, impulsamos una campaña internacional para compartir experiencias de las consecuencias de estas reformas, así como también de las luchas que han desarrollado las y los trabajadores para enfrentarlas".

La audiencia, a la que fueron convocados diputados de otros bloques, se realizará este lunes a las 14 en la Sala 7 del Anexo de la Cámara baja.

De cara al debate en el recinto del Senado del proyecto de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional, el equipo Latinoamericano de Justicia y Género elaboró un informe al respecto donde advierte que la iniciativa podría “profundizar” la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres.

“Una reforma laboral que no reconoce cómo se organizan hoy los hogares no es moderna ni viable para la economía actual. La realidad de las familias argentinas es otra”, plantearon y explicaron que “hace tiempo que se necesita una reforma que acompañe el progreso de las últimas décadas”.

En ese sentido, compararon que entre 1980 y 2025, la participación laboral femenina creció del 27% al 51,6% (INDEC, 2025). En 1986, el 65% de los hogares argentinos tenía un único proveedor varón (CIPPEC, 2018). Para 2024, el 56,8% de los hogares cuenta con dos proveedores de ingresos (INDEC, 2024). Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral y hoy son un componente central de la sostenibilidad económica de los hogares.

“En la Argentina persisten brechas significativas de participación laboral entre mujeres y varones, que oscilan entre los 20 y los 40 puntos porcentuales. Esta desigualdad implica la exclusión de aproximadamente 1,8 millones de mujeres del sistema productivo. Una reforma laboral que no contemple estas condiciones no solo no corrige estas brechas, sino que corre el riesgo de profundizarlas, debilitando la capacidad de los hogares para sostenerse con ingresos propios, afectando incluso el desarrollo económico del país”, advirtieron.

Así, cuestionaron que “una reforma laboral que excluye estas realidades deja afuera al 44,7% de la población económicamente activa. No resuelve alguno de los problemas estructurales del mercado de trabajo: los consolida”.

Como sugerencia un nuevo esquema de licencias

En el informe proponen actualizar integralmente el régimen de licencias con un esquema progresivo, inclusivo y fiscalmente viable, ya que la iniciativa del Ejecutivo “no muestra avances en esta materia. Mantiene, sin modificaciones, el esquema previsto en la Ley de Contrato de Trabajo desde 1976”.

“El esquema vigente resulta insuficiente frente a las necesidades actuales de cuidado y de equilibrio entre trabajo y vida familiar. Los datos muestran que 6 de cada 10 personas considera que las licencias por paternidad deberían extenderse”, señalaron.

Por último, indicaron que “de este modo, Argentina continúa rezagada frente a los avances que otros países de la región y del mundo han incorporado en las últimas décadas. Actualizar el régimen de licencias no es un detalle accesorio: es una condición básica para que cualquier reforma laboral dialogue con la realidad de las familias, el mercado de trabajo y las necesidades económicas del país”.

El diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal) consideró este jueves que "gran parte de la reforma laboral ya se ha hecho con el achatamiento y la destrucción del salario". Además, cuestionó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: "Todo lo que toca sale mal".

Respecto del proyecto de Modernización Laboral que se tratará la siguiente semana en el Senado, el legislador expresó: "Están bajo siete llaves los puntos definitivos de la ley, (Patricia) Bullrich hasta dijo que era secreto, me parece absurdo eso. Vamos a ver qué sale".

"A priori hay algunas cosas que no me gustan", afirmó y señaló que "una Ley de Contrato de Trabajo no resuelve el tema laboral ni genera predisposición tampoco a tomar empleo".

Para el diputado que forma parte del interbloque Unidos, "el Gobierno plantea este tema en el marco de los requerimientos del FMI. Pero yo creo que gran parte de la reforma laboral se ha hecho con el achatamiento, la destrucción, del salario de casi un 15% en el sector privado y más del 34% en el sector público".

En esa línea, enfatizó que "no se puede seguir haciendo paritarias del 1%, 1,5%; es vergonzoso cuando estamos viendo que los números de la inflación superan 2,5% o 2,7%". Esta disparidad, "destruye totalmente el consumo y profundiza el marco de recesión".

Tras indicar que en la Cámara de Diputados seguramente haya "un debate más fuerte" sobre el proyecto, Pichetto manifestó que "hay que ver qué va a pasar con el capítulo fiscal, que no debería haber estado nunca ahí", en referencia a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para sociedades que se propone y es resistido por gobernadores.

Sobre este punto, el diputado echó culpas sobre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado: "Siempre aparece Sturzenegger metiendo la cola, no hay nada que toque Sturzenegger en Argentina que no termine mal".

Por otra parte, respecto del proyecto de nuevo régimen penal juvenil, Pichetto lanzó que el tema "es más viejo que la escarapela, hace 40 años que se viene discutiendo". "Estoy de acuerdo en llevar la baja a 14 años", confirmó, pero remarcó que debe hacerse en conjunto con recursos, mejora de condiciones y una política social.

"Son leyes que tienen impacto. Pero, ¿dónde los va a poner? (a los menores) ¿En Marcos Paz, para que sean carne de cañón?", se preguntó en declaraciones a radio Futurock.

Tras mencionar que 14 años "responde a la media internacional", insistió: "¿A dónde los mandas? ¿Cuánto es lo que el Gobierno está dispuesto a invertir rápidamente para que vayan a lugares razonables, acordes y que sirvan para la recuperación del menor?".

"El Gobierno cree que gobernar es sacar leyes, Sturzenegger cree que el mundo se cambia con leyes, y el problema de la Argentina es la falta de empleo, lo que está ocurriendo con la industria, lo que pasó con Techint, lo que está pasando todos los días cuando cierra una fábrica, lo que pasa con la gente que no llega a fin de mes. Entonces, para no hablar de esos temas, hablemos de la punibilidad de los menores...", concluyó, reconociendo el "mérito" del Gobierno en "la instalación de temas".

La presidente de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó la nota oficializando la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero con un único tema en la agenda del debate: el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, las puertas del recinto de la Cámara de Senadores se abrirán por primera vez en lo que va del año desde las 11 de la mañana. La convocatoria surge luego de una nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, que había sido suscripta por Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.

El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo.

Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión. Tampoco figura la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. Sin embargo, ambos temas podrían incorporarse en Labor Parlamentaria.

Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.

Confirmada la sesión en el Senado el próximo 11 de febrero para tratar el proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó este jueves que "no se quita ningún derecho esencial" a través de esta reforma.

Según el funcionario, "hay motivos para que los trabajadores estén absolutamente esperando que esto suceda". En ese sentido, mencionó que hay "empleo registrado detenido desde 2011” y que la gestión de Javier Milei busca “reactivar la economía y generar trabajo formal”.

"Acá hay una instrucción de (Sandra) Pettovello de que no se quite ningún derecho esencial de los trabajadores. Y así se envió (el proyecto)", defendió el secretario que forma parte del Ministerio de Capital Humano.

Consultado en radio Rivadavia sobre una eventual medida de fuerza de la CGT, Cordero recordó que la central obrera tuvo parte en la mesa del Consejo de Mayo, donde se trató este tema.

"Yo no haría una medida de fuerza. Son costumbres que las personas no la ven con buenos ojos, pero cada uno, luego, es responsable de los actos que hace frente a la sociedad", dijo en relación al sindicalismo, que rechaza la reforma.

Por otra parte, respecto de cambios que prevé la iniciativa, como fraccionar las vacaciones, el funcionario opinó: "Los jóvenes, cuando quieran, van a poder partir las vacaciones. Los jóvenes no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntos, muchas veces. Siempre se pone un límite de siete días porque no es el descanso semanal, son las vacaciones".

En cuando a las indemnizaciones, resaltó la creación del Fondo de Asistencia Laboral, con el objetivo de asistir sobre todo a PyMEs que quieran poner fin a relaciones laborales. "La indemnización continúa, aclarada, para no hacerse un juicio que dure años, que es un mes de sueldo por año de servicio, ese mes se toma según la mejor remuneración habitual y mensual. Ahora sí la van a cobrar", detalló.

Representantes del Espacio Audiovisual Nacional (EAN) se reunieron este miércoles con diputados de la oposición en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde manifestaron su rechazo a ciertos aspectos de la Reforma Laboral que impactarían en el sector, al tiempo que advirtieron por el futuro del cine argentino.

Durante el encuentro, organizado por el diputado socialista Esteban Paulón, expresaron su posición en contra de algunos puntos del proyecto impulsado por el Gobierno: la derogación del Estatuto del Periodista y las modificaciones que afectarían directamente el funcionamiento del INCAA, la TV Pública y Radio Nacional, organismos que el sector considera “pilares fundamentales para la soberanía cultural y la identidad nacional”.

La jornada contó con la presencia de productores, guionistas y actores, entre ellas las destacadas Alejandra Flechner, Mercedes Morán y Julieta Díaz.

Además, Paulón reafirmó su compromiso de actualizar y relanzar un proyecto de emergencia en la industria audiovisual, presentado originalmente en 2024. “Invito a todos a trabajar en esta iniciativa cuando comience el período parlamentario”, dijo el santafesino, al subrayar la necesidad de generar un marco normativo que proteja a los trabajadores “ante un escenario de alta incertidumbre económica y legal”.

​La reunión concluyó con la lectura de un documento conjunto y testimonios de diversos actores del sector, quienes coincidieron en que la producción audiovisual es una actividad que requiere financiamiento y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Los referentes advirtieron que, sin el apoyo del Estado y un marco regulatorio estable, la industria independiente -que genera miles de puestos de trabajo- corre “un riesgo real de subsistencia frente a los desafíos que plantea el tratamiento de la reforma en el Senado”.

La mesa política del Gobierno ratificó este miércoles que la reforma laboral llegará al Senado sin modificaciones, aun cuando los gobernadores –incluidos algunos aliados– insistían en revisar la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, por su impacto sobre los recursos coparticipables. La decisión se tomó en un encuentro reservado encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada.

La determinación terminó de cristalizarse en un contexto que el oficialismo leyó como favorable: la desactivación de la reunión de mandatarios provinciales prevista para este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones. En Balcarce 50 atribuyen la suspensión a gestiones directas del ministro del Interior, Diego Santilli, que multiplicó contactos en las últimas horas y mantuvo reuniones con gobernadores de distintas provincias.

El encuentro político reunió a Adorni, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Santilli y Luis “Toto” Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. Como en las últimas reuniones, también participó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Según coincidieron varios asistentes, por ahora predomina la postura del “ala dura” integrada por los Caputo, que rechaza cualquier alteración del esquema de Ganancias incluido en el proyecto. En esa línea, aseguran que solo podrían admitirse ajustes de forma, pero no de fondo. El sector negociador –que encabezan Bullrich, Santilli y Martín Menem– mantiene una posición más flexible ante los reclamos de las provincias, aunque por ahora quedó en minoría.

En el Gobierno insisten en que la reducción del tributo será beneficiosa incluso para los distritos, porque la reactivación económica posterior ampliaría la recaudación general. También descartaron de plano la posibilidad de coparticipar el Impuesto al Cheque, otra de las demandas planteadas por algunos mandatarios.

Mientras tanto, en el Senado se oficializó el pedido de tratar la reforma laboral el miércoles próximo. Bullrich aseguró que el paquete está “cerrado en un 95%”, aunque dentro del propio oficialismo reconocen que la discusión sobre Ganancias será el punto más sensible del debate.

Durante la tarde, Santilli volvió a reunirse en la Casa Rosada con el gobernador correntino Juan Pablo Valdés, acompañado por Adorni. Según Interior, repasaron el paquete de reformas que el Congreso abordará en sesiones extraordinarias. El Gobierno busca llegar al recinto con un acuerdo lo más amplio posible, pero con la premisa firme de no tocar el corazón fiscal de la iniciativa.

Organizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y FATPREN, se realizó este miércoles en las puertas del Senado una conferencia de prensa para rechazar la derogación del Estatuto del Periodista, contenida en el proyecto de reforma laboral.

Participaron del encuentro los senadores nacionales del bloque Justicialista José Mayans, Florencia López, Mariano Recalde, Carlos Linares y María Teresa González, como así también los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Néstor Pitrola y Myriam Bregman, además de Gabriel Solano y Vanina Biasi. Entre los representantes de trabajadores de prensa, estuvieron Alejandro Bercovich, Mariano Obarrio, David Cayón, Silvia Mercado, Claudia Acuña y Nancy Pazos, entre otros.

Precisamente esta última calificó al Gobierno nacional como “un régimen” y señaló que “el propio (Javier) Milei está acercándose a situaciones que incomodan a los propios que lo quieren defender”. Asimismo, hizo una enfática defensa del Estatuto del Periodista, “hoy y siempre”, y aclaró que “no somos necios”, remarcando la disposición a “dialogar y obviamente acompañar los procesos que tengan que ver con un país donde cada vez tengamos más democracia y no menos”.

“Hubo un tiempo donde los periodistas no nos reconocíamos laburantes. El Estatuto del Periodista nace porque en realidad nuestros primeros pares creían que hacen un laburo intelectual  y por ende eran casi pares de los dueños de los medios. Cuando los medios se transforman en medios comerciales al que hay que darle libertad es al laburante, que somos nosotros los que garantizamos la pluralidad de opiniones”, agregó.

En tanto, Agustín Lecchi, titular de SiPreBA, señaló que como gremio rechazan la reforma laboral, pero más de 3.000 periodistas vienen rechazando la derogación del Estatuto del Periodista y por eso firmaron una solicitada que fue leída durante la reunión. Aclaró también que mantendrían este miércoles por la tarde una reunión con el bloque radical del Senado, como así también encuentros con representantes provinciales, espacios que están dispuestos a acompañar al oficialismo en la aprobación de la ley.

Por su parte, el periodista Alejandro Bercovich destacó: “Lo que estamos presentando es una solicitada que lleva las firmas de colegas de un amplísimo espectro político, ideológico, analítico, de pensamiento”. En esa línea, indicó que “mirando los apellidos uno se da cuenta hasta qué punto está en juego la libertad de expresión si se deroga el Estatuto del Periodista”.

Los legisladores nacionales Vanesa Siley, Mario Manrique y Mariano Recalde (UP) se reunieron con los referentes de sindicatos industriales nucleados en la C.S.I.R.A. para seguir discutiendo el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

Al respecto, apuntaron que “la flexibilización laboral, disfrazada de reforma, que el gobierno nacional impulsa a pedido del Fondo Monetario Internacional, y para seguir presentando nuestro proyecto de actualización laboral para una Argentina con trabajo digno y producción”.

“En el marco de un modelo económico de timba financiera, se profundiza un proceso de desindustrialización inducida que atraviesa la economía argentina, con la destrucción de más de 280.000 puestos de trabajo registrado y el cierre de más de 20.000 pymes”, plantearon.

En ese contexto, desde PJ impulsan una propuesta que incluye recomposición salarial, reducción de la jornada laboral y soberanía del tiempo; derechos para trabajadores de plataformas digitales; bono anual por participación en las ganancias; desconexión digital; licencias parentales igualitarias; articulación de convenios colectivos de trabajo; salud y seguridad en el trabajo.

Participaron del encuentro el secretario adjunto del SMATA y diputado nacional, Mario “Paco” Manrique; el secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo; el abogado laboralista de la FAOS, Álvaro Ruiz; y la presencia de los secretarios generales de los gremios nucleados en la C.S.I.R.A.

Siley sostuvo que “el problema principal de los trabajadores en la Argentina es el salario. Tenemos la obligación como movimiento peronista y como sector de los trabajadores de plantear propuestas propias porque si no, nos vemos en la encrucijada de discutir la coma de ellos. Siempre que discutimos la coma de los proyectos de ellos, empezamos perdiendo. Para crear propuestas propias partimos de la realidad del laburante. Depende de cómo lo miren la pérdida del salario real va a rondar entre el 35% y el 40%”.

“Lo primero que tenemos que plantear es la recuperación del salario, elevar el salario vital y móvil, que es más bajo que una jubilación mínima”, criticó la diputada.

En esa línea, también respaldó la reducción de la jornada laboral ante la propuesta del Ejecutivo de aumentarla hasta 12 horas. “Tener múltiples trabajos para llegar con la plata a fin de mes nos deja SIN TIEMPO para disfrutar la vida familiar y personal. El planteo de la reducción de la jornada laboral no es desquiciado, no es ilógico es lógico”, y recordó que en la Cámara de Diputados entre el 2024 y el 2025 se presentaron 283 proyectos que proponen reducir la jornada de trabajo.

“El Partido Justicialista tiene una propuesta para mejorarle la vida a los laburantes: reducir la jornada laboral para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y generar más puestos de trabajo”, resumió.

Conforme lo acordado el martes en la reunión de más de dos horas celebrada en la Cámara alta, los referentes legislativos de 44 senadores nacionales solicitaron una sesión especial para el próximo miércoles 11 de febrero, a los efectos de tratar el proyecto de ley de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias elaborado oportunamente por el Poder Ejecutivo. Si bien todavía no ha sido formalizada la convocatoria, se supo que será a partir de las 11.

La nota a la que accedió parlamentario.com este miércoles, tiene las firmas de Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Martín Göerling, Luis Juez, Julieta Corroza, Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi, Carlos Arce y Beatriz Ávila, representantes de 44 senadores nacionales con los que el oficialismo se ilusiona con que podrá aprobar el proyecto que más ambiciona en este período el Gobierno nacional.

El dato saliente de esta convocatoria es la ausencia de un tema que se daba por sentado sería abordado en esta ocasión: la reforma de la Ley de Glaciares. La primera razón que justificaría esa exclusión es la de que ya de por sí el debate de la reforma laboral exigirá un tiempo bastante extenso como el que amerita semejante tema, pero además teniendo en cuenta las modificaciones que se esperan sean incluidas en el texto definitivo. Sumarle un debate de un tema como el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, extendería de manera desmedida esa sesión.

Tampoco figura en principio la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, que podría ser sumada cuando se haga la convocatoria definitiva por parte de las autoridades del Senado. Cosa que, dicho sea de paso, también podría suceder con el proyecto sobre glaciares.

Sobre las modificaciones previstas en el proyecto de Modernización Laboral, hubo gran hermetismo tras la reunión del martes. “Se van a conocer el día que la estemos tratando”, aclaró la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en esa oportunidad aseguró que cuentan con los votos para aprobar el proyecto. “Sino no convocaríamos”, confesó.

En el marco del plan de lucha que vienen llevando adelante, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores resolvieron este martes convocar a un paro con movilización cuando comience el tratamiento legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La medida fue definida en un plenario conjunto, donde ambas centrales reiteraron su rechazo a lo que califican como un intento de imponer una reforma “regresiva” para la clase trabajadora. El paro se realizará el mismo día en que el proyecto ingrese al debate en el Congreso Nacional.

Además, ratificaron las movilizaciones previstas como parte de la estrategia de federalización del conflicto: el 5 de febrero en Córdoba y el 10 de febrero en Rosario. También confirmaron la participación en la marcha del 7 de febrero a Plaza de Mayo, denominada #7Antifascista, una convocatoria amplia del campo popular contra “el avance del autoritarismo, el odio y las políticas de ajuste”.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo que el proyecto oficial “es un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia misma”. Advirtió que la iniciativa “no es ninguna modernización”, sino una “regresión brutal” que, a su entender, pretende eliminar conquistas históricas como vacaciones pagas, jornada laboral de ocho horas, descanso semanal e indemnización. Según Godoy, eso se traduciría en “más precarización, crecimiento de la informalidad, aumento del desempleo y mayor exclusión social”.

En la misma línea, afirmó que la reforma “busca maniatar al movimiento sindical”, debilitando la organización colectiva para imponer “un modelo de ajuste y disciplinamiento”. Frente a ese escenario, llamó a “más unidad, organización y lucha”.

Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, enmarcó el avance del Gobierno en “uno de los salarios promedio más bajos de América Latina”. Señaló además la pérdida de alrededor del 30% del poder adquisitivo en el sector público, en medio de anuncios de nuevos despidos, y cuestionó la quita de fondos a las provincias que, dijo, las mantiene “asfixiadas”.

Yasky sostuvo que “la reforma laboral y el ajuste no son medidas aisladas”, sino que integran “un proyecto regresivo que busca descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo”.

Con fuerte hermetismo respecto a las modificaciones que se harán al dictamen del proyecto de Modernización Laboral, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y jefes de bloques dialoguistas del Senado resolvieron este martes confirmar el pedido de sesión para el próximo miércoles 11.

Tras una cumbre de más de dos horas, la líder del oficialismo y el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, confirmaron que irán al recinto dentro de una semana y que el texto definitivo se conocerá recién el mismo día de su tratamiento.

“La ley y los cambios se van a conocer el día que la estemos tratando”, expresó Bullrich ante la prensa acreditada en el Congreso y, consultada sobre si cuentan con los votos para su aprobación, respondió: “Creemos que sí, sino no la convocaríamos”.

En un nuevo encuentro en dos semanas consecutivas con los jefes de bloques, este martes se vieron las caras en el segundo piso del Senado -más precisamente en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical-, los mencionados Bullrich y Vischi, el cordobés Luis Juez (del interbloque LLA), el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la chubutense Edith Terenzi, la tucumana Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Corrozo y la mendocina -radical- Mariana Juri.

A diferencia de la semana pasada estuvo también el presidente del Pro, Martín Göerling Lara, pero faltaron esta vez la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.

En declaraciones similares a las que dio en la previa de la reunión, Bullrich confirmó que los cambios al texto no se revelarán antes públicamente. “Hemos decidido trabajar sin hablar de cuáles son los cambios a los que hemos llegado a un acuerdo, porque creemos que es mejor trabajar así y que de alguna manera la ley se discuta cuando se tenga que discutir, y no se vaya interpretando parte por parte y generándose una gran confusión”, dijo.

Además, destacó: “Tenemos prácticamente el 95% de los temas cerrados”. No obstante, la jefa del bloque libertario admitió que el capítulo impositivo, más precisamente el cambio en el impuesto a las Ganancias, todavía “está abierto” y es parte de las conversaciones entre gobernadores con los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía).

La reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades que se plantea en la iniciativa despertó en los últimos días la mayor resistencia por parte de los gobernadores, dado el impacto que sufrirían las arcas provinciales al recibir menos fondos coparticipables.

“Acá discutimos como senadores, tomamos decisiones y si después hay alguna resolución de los gobernadores, la analizaremos”, agregó la exministra de Seguridad, que descartó inconvenientes en la eventual votación en particular de un proyecto con casi 200 artículos. “Es cuestión de ordenarse y leer clarito las modificaciones”, expresó y aseguró que “el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Antes de la reunión con dialoguistas, Bullrich juntó este martes a la tropa oficialista

En cuanto al articulado referido a Ganancias, Vischi ratificó: “Hasta ahora estamos en duda, es uno de los temas que nos preocupa, porque tiene que ver con previsiones para las provincias”. Sin embargo, el correntino afirmó que lo están “limando” y hay “algunas alternativas”, pero “va a depender de las últimas reuniones” de negociaciones que se den. Sobre todo, entre Casa Rosada y los gobernadores.

El jefe de la UCR valoró que avanzaron “en varios temas que surgían dudas”. “Quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto al que se está arribando. Vamos a tratar de llegar a ese día con pleno acuerdo del proyecto”, sumó el correntino, que trabaja en asegurarle al oficialismo el acompañamiento de los diez integrantes de su bancada.

En manos de Nación y provincias la resolución en torno a la baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades (los tramos 2 y 3, del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente), otro de los puntos que la semana pasada los dialoguistas plantearon fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones que se crea y será financiado con recursos de la ANSeS.

Una de las sugerencias había sido acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas. Luego de la reunión, uno de los presentes reveló que hubo respuesta favorable del oficialismo: “Ha tenido buena recepción la propuesta de diferenciar las grandes de las pequeñas empresas”.

Además de la Reforma Laboral, en diciembre pasado se dictaminó el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares, a pedido de provincias mineras, y está incluido dentro de los temas de extraordinarias que competen a la Cámara alta. Una de los senadores asistentes al encuentro aseguró que están “bien” respecto a avanzar, “pero si no llegamos vamos a tratar solo lo laboral” en la sesión del 11.

Con el arranque formal de las sesiones extraordinarias, y de cara al objetivo de la semana próxima llevar el proyecto de Modernización Laboral al recinto del Senado, el oficialismo intensifica las reuniones con bloques dialoguistas para asegurarse tener los votos en el recinto y poder encestarse lo que sería el primer triunfo legislativo del 2026.

Por ese motivo, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volverá a verse las caras con los jefes y referentes de bloques dialoguistas este martes desde las 15 en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical. “Estamos trabajando con cada bloque y en el equipo. Tenemos una reunión con todos los bloques con los que venimos trabajando como un equipo en común”, afirmó Bullrich a la prensa en las puertas de la Cámara alta.

“Tenemos una agenda muy importante para el Gobierno nacional que es la ley laboral que va a ayudar mucho al crecimiento del país y también tenemos la ley de Glaciares para poder generar certezas a las inversiones en las zonas llamadas peri glaciares, estamos trabajando también en esa ley”, sumó la ex ministra de Seguridad.

La semana pasada, las bancadas dispuestas a aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno transmitieron a Bullrich sugerencias de modificaciones al texto que se dictaminó de manera exprés en diciembre, pero se postergó para el recinto hasta este mes.

Al respecto, la jefa del bloque libertario aseguró: “Queremos mantener los cambios sin mucha publicidad para no generar una opinión anticipada de los temas. Los cambios en la ley laboral los van a ir conociendo. Si van a llegar al recinto”, y bregó para que sea un Congreso “reformista y acompañe los cambios que el Gobierno viene realizando para que la Argentina entre en la normalidad que venimos viendo”.

Una de las principales dudas del primer encuentro -que se extendió por poco más de dos horas- fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS. Una de las recomendaciones fue, al menos, acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas.

Entre las principales observaciones al proyecto, los distintos bloques dialoguistas y provinciales -con llegada directa a sus gobernadores- pusieron el foco sobre el capítulo impositivo, más precisamente sobre la reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una rebaja en la recaudación de las arcas provinciales dado que es un tributo coparticipable.

Al respecto, tras la reunión de este martes, Bullrich afirmó que volverá a encontrarse con la mesa política del Gobierno este miércoles donde dialogará con el ministro de Economía, Luis Caputo; y con el del Interior, Diego Santilli, para debatir ese tema.

“Es un tema que todavía está en discusión. Nosotros creemos que hay que bajar impuestos, que hay que darle más dinero a los privados y la discusión es cómo se financian los estados provinciales, pero nosotros creemos que tiene que ir adelgazando para que las empresas puedan ser más productivas y por eso queremos bajar impuestos, son dos filosofías distintas. Vamos a ver en qué acuerdo llegamos”, expresó la senadora.

El reducido grupo conformado por el presidente Javier Milei y comandado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá evaluar las voluntades a favor del proyecto, si se accede o no a modificaciones en el articulado tributario o si va al recinto “a todo o nada”, con el riesgo de que suceda algo similar a la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Pese a la discusión sobre los fondos por Ganancias, atada a las negociaciones entre Casa Rosada y los gobernadores, Bullrich confía que en el Senado estarán los votos para dar media sanción a la Reforma Laboral, un ambicioso cambio legislativo resistido por décadas por el sindicalismo y con la CGT en alerta. Incluso, la exministra de Seguridad puso el 11 de febrero como fecha para la sesión. “La reunión de hoy a la tarde es para que estén los 44 votos. Va a salir con consenso la reforma”, remató ante la prensa.

Con el arranque formal de las sesiones extraordinarias, y de cara al objetivo de la semana próxima llevar el proyecto de Modernización Laboral al recinto del Senado, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volverá a verse las caras con los jefes y referentes de bloques dialoguistas este martes.

La reunión se hará en el mismo escenario que la primera: en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical, a partir de las 15. La semana pasada, las bancadas dispuestas a aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno transmitieron a Bullrich sugerencias de modificaciones al texto que se dictaminó de manera exprés en diciembre, pero se postergó para el recinto hasta este mes.

Entre las principales observaciones al proyecto, los distintos bloques dialoguistas y provinciales -con llegada directa a sus gobernadores- pusieron el foco sobre el capítulo impositivo, más precisamente sobre la reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una rebaja en la recaudación de las arcas provinciales dado que es un tributo coparticipable.

Otra de las principales dudas del primer encuentro -que se extendió por poco más de dos horas- fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS. Una de las recomendaciones fue, al menos, acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas.

Tras la reunión que se espera para este martes entre Bullrich y dialoguistas, un día después, el miércoles, volverá a encontrarse la mesa política del Gobierno. En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene negociaciones con los mandatarios, con el ministro del Interior, Diego Santilli, a la cabeza de atender demandas.

El reducido grupo conformado por el presidente Javier Milei y comandado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá evaluar las voluntades a favor del proyecto, si se accede o no a modificaciones en el articulado tributario o si va al recinto “a todo o nada”, con el riesgo de que suceda algo similar a la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Pese a la discusión sobre los fondos por Ganancias, atada a las negociaciones entre Casa Rosada y los gobernadores, Bullrich confía que en el Senado estarán los votos para dar media sanción a la Reforma Laboral, un ambicioso cambio legislativo resistido por décadas por el sindicalismo y con la CGT en alerta. Incluso, la exministra de Seguridad puso el 11 de febrero como fecha para la sesión.

En la reunión de la semana pasada, además de Bullrich, participaron el jefe de la UCR, Eduardo Vischi; el presidente de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; el misionero Carlos Arce; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la chubutense Edith Terenzi; y la santacruceña Natalia Gadano. El jefe del Pro, Martín Goerling Lara, no pudo estar presente y se lo espera esta vez.

Se inicia este lunes 2 de febrero el período de sesiones extraordinarias en el que, hasta el próximo día 27, podrá tratarse un temario que incluye el proyecto de ley de Modernización Laboral, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación del Régimen Penal Juvenil, entre otros temas.

Se trata del segundo llamado a extraordinarias hecho por el presidente Javier Milei en este inicio de la segunda mitad de su mandato, luego de que en el mes de diciembre pasado el oficialismo consiguiera la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En ese primer llamado a sesiones extraordinarias el Gobierno también consiguió que la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares tuvieran sendos dictámenes en el Senado, con lo que ambos temas están habilitados para ser tratados en el recinto. La fecha tentativa para esa sesión sería el 11 de febrero.

Este segundo llamado a extraordinarias se hizo a través del decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero pasado, y que incluía la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias en Bélgica.

El 27 de enero el presidente Javier Milei firmó otro decreto, el 53/26, por el cual se amplió el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil. Esta decisión estuvo motivada en el aberrante asesinato del joven Jeremías Monzón, a manos de tres menores de edad.

Este tema será debatido inicialmente por la Cámara baja, donde el año pasado un proyecto del Poder Ejecutivo llegó a tener dictamen en el mes de mayo, pese a lo cual no llegó al recinto. El proyecto será tratado en comisión la próxima semana, según confió a parlamentario.com una fuente de La Libertad Avanza, que aclaró que esta semana no habrá trabajo en las comisiones de Diputados, aunque sí deberían conformarse las comisiones que se necesiten para el tratamiento de los temas pedidos por el Ejecutivo.

En el caso de la Ley Penal Juvenil, el debate tendrá como cabecera a la Comisión de Legislación Penal, que ya fue conformada en diciembre pasado y sigue presidiendo la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Y es el único de los temas que le corresponde tratar a la Cámara baja por ahora.

El tema que no fue incluido en extraordinarias fue la emergencia ígnea para atender la situación de desastre en provincias patagónicas como consecuencia de los incendios forestales que se desarrollan desde fines del año pasado. Recordemos que la semana pasada el Gobierno decidió declarar la emergencia por DNU, a los efectos de agilizar la implementación de ese pedido formulado por los gobernadores de las provincias afectadas.

Hablando de temas que quedaron fuera de extraordinarias, es el caso del proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que había sido sumado en el anterior llamado a extraordinarias, e incluso consiguió dictamen, pero no fue tratado en el recinto. Tampoco figura la reforma del Código Penal, que había sido anunciado en diciembre.

Entre el viernes y el sábado se desarrollaron una serie de plenarios abiertos de trabajadores y trabajadoras en distintos puntos del país, con el objetivo de debatir y resolver medidas para enfrentar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y para fortalecer las luchas en curso contra los despidos y por mejoras salariales.

Las reuniones contaron con la participación de cientos de activistas, delegados y dirigentes de sindicatos recuperados, comisiones internas y cuerpos de delegados combativos, junto a agrupaciones sindicales y corrientes de la izquierda. Los encuentros se realizaron en la zona sur del Gran Buenos Aires, en el local de ATE Sur en Lomas de Zamora; en la zona norte, frente a la sede de la empresa Lustramax, cuyos trabajadores se encuentran en conflicto; en La Plata, en el Centro Cultural Rebelión; y en la provincia de Jujuy, en el local del CEDEMS, que nuclea a docentes de nivel medio y superior.

De acuerdo con lo expresado en los plenarios, uno de los ejes centrales fue la caracterización crítica del rol de la conducción de la CGT y de los principales sindicatos del país. Según los participantes, esas dirigencias no estarían impulsando una estrategia de confrontación efectiva para frenar la reforma laboral y, en algunos casos, mantendrían negociaciones con el Gobierno nacional y con gobernadores provinciales.

En ese marco, una de las resoluciones comunes que atravesó todos los encuentros fue la exigencia de un paro nacional activo durante las jornadas en las que el proyecto sea tratado en el Congreso. Junto a esa medida, se acordó la organización de columnas de trabajadores para movilizar y rodear el Parlamento en esos días, así como la coordinación de acciones en las provincias. En el plenario realizado en Jujuy, por ejemplo, se resolvió impulsar un corte en los accesos a la ciudad cuando se lleve adelante la sesión legislativa.

Otro punto destacado fue el apoyo explícito a los conflictos regionales en curso, en particular la situación de los trabajadores de Lustramax, quienes denuncian despidos y condiciones que buscan forzar una salida por desgaste económico. En ese sentido, se planteó la necesidad de impulsar un fondo nacional de lucha para sostener las medidas y evitar que los conflictos se resuelvan por la vía del “quiebre por hambre”.

Los encuentros también contaron con la presencia de referentes políticos de la izquierda, entre ellos los diputados nacionales Nicolás del Caño y Myriam Bregman, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Christian Castillo, quienes expresaron su respaldo a las resoluciones adoptadas y a la coordinación de las luchas en curso.

Finalmente, en varios de los plenarios se planteó la necesidad de avanzar hacia una confluencia nacional en las próximas semanas, con el objetivo de unificar las acciones de cara al debate parlamentario y continuar apoyando las distintas luchas obreras, así como reclamos ambientales y de colectivos de disidencias que convocan a una movilización el próximo sábado 7 en la Ciudad de Buenos Aires. Según se expresó en los debates, ese camino debería apuntar a la preparación de una huelga general como herramienta para frenar la reforma laboral y el conjunto de las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Argentina tiene una informalidad que, según distintas mediciones, ronda entre el 45% y 50%, lo que implica que aproximadamente se vende un producto sin factura por cada producto con factura. Tener impuestos e informalidad en niveles lógicos es tan importante para nuestro país como tener superávit y en toda reforma tributaria es tan importante bajar los impuestos como atacar y reducir la informalidad.

La principal causa de tal informalidad es tener los impuestos más altos del mundo, como consecuencia del descontrol del gasto público. Ese deshonroso lugar de nuestro país es asignado por cuatro entidades y cinco métodos distintos (posteado en @paisconlogica), siendo en promedio el más gravoso.  No es que el ADN argentino tiene un “gen de la evasión” y por eso se necesitan los tributos más altos, sino que, al revés, los máximos impuestos generan esta informalidad.  Laffer lo explica con su curva, siendo la clave encontrar el nivel de impuestos que genera la máxima recaudación total. Luego de ese punto óptimo, ella decae por aumentar la informalidad y ahuyentarse las inversiones. Aun combatiendo fuerte las siguientes causas, la informalidad no disminuirá a niveles razonables si no hay una baja fiscal sustancial.

La segunda causa es la hiper-regulación. El dislate de regímenes de recaudación, percepción, información, etc. implica otro destrato al contribuyente y una excesiva dedicación y responsabilidad por cumplirlos.

La tercera es la tolerancia social. Las dos anteriores generan la naturalización de la informalidad como mecanismo de defensa. La mayor muestra es el uso extendido del “descuento en efectivo” (sin ticket).

La cuarta es la tolerancia de las autoridades. Ante la complejidad que surge de la multiplicidad de tributos y regímenes, el régimen ha consistido, por razones prácticas y como regla, en fiscalizar a los grandes contribuyentes (el “zoológico”) y en tolerar incumplimientos fiscales en otros ámbitos.

La quinta es el incentivo más institucionalizado: en este siglo, cada 2 años y 8 meses, se ha dictado a nivel nacional una amnistía, moratoria o plan de facilidades para regularizarse fiscalmente, con sustanciales descuentos. En la Ley de Inocencia Fiscal se inventó uno más, el “Régimen Simplificado”, un inédito blanqueo continuo. Más los regímenes a nivel provincial. Siendo Argentina el país más gravoso en lo fiscal, estos remedios surgen como males necesarios; pero son un tiro a la línea de flotación del cumplimiento fiscal, por lo que deben aniquilarse cuando se logre un régimen de tributos lógicos.

Y la última causa, mientras se espera la próxima amnistía, es la corrupción. Ante objeciones fiscales, el sistema suele ofrecer a los contribuyentes la chance de “arreglarlas” de formas más o menos irregulares.

¿Cuáles son las consecuencias de esta informalidad? En primer lugar, un régimen tremendamente pesado para el formal. Recurriendo a una analogía, si el gasto público fuera caminar diez cuadras, un 50% de informalidad implica el esfuerzo para un formal de llevar en andas a un informal, no lo podría hacer por más de un par de cuadras.  Mientras que, si rondara el 20% al que Argentina podría aspirar en pocos años, entre cuatro formales podrían llevar bien al informal por esas diez cuadras y hasta al trote.

Segunda, una feroz competencia desleal, sufrida por quienes operan en el sector formal, quienes no sólo tienen que competir con informales tolerados por las autoridades sino también –el colmo- con exentos sancionados por el Congreso; por ejemplo, las cooperativas, con todos los beneficios de la informalidad (no pagar impuestos) y ninguno de sus riesgos (penas por evasión). Una “informalidad legalizada”. Agravada por competir en forma insólita en mercados hiper-competitivos (supermercados) e hiper-regulados (seguros y bancos). Estas exenciones son inaceptables en un país con los impuestos más altos.

Tercera, las demás consecuencias negativas de la informalidad: menor actividad económica (imposible operar en escala en las sombras), más ineficiencias, menores salarios, sin coberturas sociales, etc.

¿Cómo se debe reducir esta informalidad? La forma más natural y efectiva es bajando sustancialmente los impuestos al sector productivo. Ejemplo simplificado: si el gasto público es $1.000 y hay 50% de informalidad, 50 contribuyentes de los 100 posibles pondrán $20 cada uno para afrontarlo; mientras con un 20% de informalidad, 80 contribuyentes pagarán $12,5 cada uno, sin afectar la recaudación y con un régimen menos pesado y más justo. Hasta allí, cambio cualitativo puro. Si, además, se baja el gasto público (mucho margen en provincias y municipios) y se genera una mayor actividad por la baja de tributos, el superávit y la recaudación crecerán. Y los impuestos podrán seguir bajando en un círculo virtuoso.

La reforma de baja sustancial de impuestos puede hacerse de dos maneras.  Primero, por etapas, sin comprometer el superávit fiscal, camino seguido hasta ahora a nivel nacional. Segundo, de forma súbita, bajando drásticamente los tributos principales y eliminando los distorsivos que ningún o pocos países tienen, como hicieron Paraguay e Irlanda; y también una veintena de países, en especial de Europa oriental, que aplican exitosamente el “Flat Tax”, régimen de muy pocos y muy bajos impuestos propuesto desde hace años por reputados economistas, entidades internacionales y aquí por la Fundación Bases. Trataremos los pros, contras, viabilidad y restricciones políticas de cada una en otra nota.

Existen formas secundarias de atacar la informalidad, a través de incentivos a los consumidores para que exijan tickets, sea con porcentajes de gastos aplicables al pago de impuestos (elegido en Brasil para atacar su alta informalidad), o con deducciones en ganancias de gastos hoy no permitidos, opción que trascendió que se incluiría en los capítulos fiscales de la Reforma Laboral, pero por ahora descartada.

Conclusiones: 1) la pérdida de competitividad de las empresas por los tributos más altos, con ciudadanos soportando más del 40% y hasta más del 50% de impuestos al consumir, es una cara de la moneda del país más gravoso; la otra cara es que haya medio país operando en la informalidad; un régimen tan pesado como injusto e hipócrita; 2) la actual alta informalidad debe reducirse bajando en forma sustancial los impuestos; y, complementariamente, con incentivos a los consumidores, reduciendo fuertemente la hiper-regulación, fiscalizando debidamente, concientizando a la sociedad y aniquilando todo tipo de amnistías y “arreglos” irregulares; y 3) en toda reforma tributaria bajar impuestos es tan importante como atacar y reducir la informalidad; lograr, como resultado, un régimen por el que impuestos lógicos sean pagados por (casi) todos es de máxima importancia para Argentina hoy, similar a la de tener superávit.

Matías Olivero Vila es presidente de Lógica

En medio del debate político y sindical por la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, rechazó las acusaciones de la oposición y aseguró que el proyecto no contempla ninguna quita de indemnizaciones, al tiempo que defendió la iniciativa como una herramienta clave para motorizar el empleo formal.

“El objetivo central es generar puestos de trabajo genuinos en un contexto de estabilidad económica y crecimiento”, sostuvo el funcionario, quien afirmó que la propuesta apunta a corregir distorsiones históricas del sistema laboral sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.

Desde el Gobierno remarcan que la reforma se inscribe en una estrategia más amplia para recuperar el empleo asalariado y reducir los niveles de informalidad. En ese sentido, Cordero explicó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio una instrucción clara al equipo técnico: preservar los derechos esenciales mientras se introducen cambios que den previsibilidad al mundo del trabajo.

Uno de los puntos que el Ejecutivo busca aclarar es el impacto sobre el salario y las condiciones laborales. Según Cordero, la iniciativa no propone una reducción del salario real, sino que intenta disminuir los llamados “costos indirectos” que hoy desalientan la contratación de personal. “Hay riesgos que generan desconfianza en el empleador y terminan afectando la creación de empleo”, señaló.

En declaraciones radiales, el secretario también salió a responder uno de los cuestionamientos más repetidos por los sectores críticos: el supuesto recorte de beneficios laborales. En particular, negó modificaciones en el régimen de vacaciones y explicó que el único cambio previsto es la posibilidad de que empleador y trabajador acuerden su fraccionamiento, sin intervención estatal ni sanciones automáticas. “Las vacaciones siguen siendo exactamente las mismas”, afirmó.

Desde la cartera laboral sostienen que este enfoque busca darle mayor autonomía al trabajador para organizar su tiempo personal y laboral. Incluso, el proyecto contempla que quienes lo deseen puedan trabajar más horas para incrementar sus ingresos, siempre dentro de los límites establecidos por las normas de salud y seguridad.

Otro capítulo relevante de la reforma es la regulación del trabajo autónomo, una modalidad cada vez más extendida entre los jóvenes. Según Cordero, el objetivo es brindar un marco legal claro que evite que estos vínculos sean reinterpretados judicialmente como relaciones de dependencia, lo que —argumentó— termina desalentando su formalización. “Queremos que esos trabajos estén registrados y protegidos”, señalaron desde el área.

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta diseñada especialmente para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en los procesos de desvinculación. El fondo se financiaría con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitiría a las pymes afrontar indemnizaciones o acuerdos sin comprometer su capital de trabajo.

Según explicó el secretario, este esquema no reduce el monto indemnizatorio, sino que busca ordenar el sistema, bajar la litigiosidad y evitar que los conflictos laborales deriven en procesos judiciales largos y costosos. “La idea es dar certezas, no achicar derechos”, insistió.

En el plano político, Cordero afirmó que mantiene conversaciones permanentes con representantes gremiales y se mostró confiado en el tratamiento parlamentario del proyecto. El debate se concentra actualmente en el Senado, donde el oficialismo apuesta a construir consensos para avanzar con una reforma que considera imprescindible.

“El país necesita adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo”, concluyó el funcionario, al advertir que sin cambios estructurales será difícil salir del estancamiento en el empleo asalariado y acompañar las transformaciones del mercado laboral.

El sistema de salud atraviesa una crisis estructural que amenaza su sostenibilidad. Así lo advierte un informe elaborado por la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), que pone el foco en el impacto del monotributo sobre el financiamiento sanitario y en los riesgos que implicaría una reducción adicional de los aportes, como la que se prevé en la próxima reforma laboral.

Según el documento, el esquema actual ya presenta un déficit profundo y cualquier recorte adicional podría empujar al sistema a una situación crítica. En concreto, CAPRESS estima que la baja de un punto porcentual en los aportes derivados del monotributo implicaría una pérdida de alrededor de 95 mil millones de pesos, en un contexto donde la capacidad de respuesta del sistema se encuentra seriamente comprometida.

“Sin una reforma estructural del financiamiento, el sistema de salud no puede sostenerse”, advierten desde la entidad.

El informe señala que el monotributo fue concebido originalmente como un régimen simplificado, destinado a pequeños contribuyentes y situaciones laborales transitorias. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa lógica se transformó por completo.

“Dejó de ser una excepción para convertirse en una de las principales formas de inserción laboral”, explican desde CAPRESS. En la actualidad, el régimen cuenta con más de 4,7 millones de monotributistas activos, lo que representa un cambio estructural en el mercado de trabajo argentino.

El problema, advierten, es que el sistema de salud nunca fue rediseñado para acompañar esa transformación. “El aporte a la salud dentro del monotributo es prácticamente fijo y no se actualizó en función del aumento sostenido del costo sanitario, la inflación médica, el envejecimiento de la población y el crecimiento exponencial de monotributistas”, detalla el informe.

El resultado, sostienen, es una ecuación inviable: cada vez más personas aportan montos que no alcanzan a cubrir el costo real de las prestaciones que el sistema está obligado a garantizar.

Desde la cámara remarcan que el sistema de salud argentino fue diseñado históricamente sobre la base de aportes proporcionales al salario, propios del empleo formal en relación de dependencia. El crecimiento sostenido del monotributo alteró ese equilibrio.

“El avance del régimen simplificado como forma dominante de contratación terminó colaborando en el colapso del sistema”, advierten. Aportes bajos, fijos y desvinculados del ingreso real generan un desfasaje creciente entre los recursos disponibles y las prestaciones que deben financiarse.

A ese cuadro, señalan, se suma ahora la posibilidad de una reforma laboral que prevé reducir en un 1% lo que se recauda por este régimen, lo que implicaría menos recursos para un sistema que ya se encuentra, según el informe, “quebrado”.

CAPRESS cuestiona el enfoque de las reformas laborales orientadas a reducir aportes y contribuciones patronales en nombre de la generación de empleo. Para la entidad, este tipo de medidas no solo no resuelve el problema de fondo, sino que lo agrava.

“Reducir aportes sin rediseñar el sistema de financiamiento implica menos recursos para la salud, mayor precarización de la cobertura, transferencia del costo al sistema público y mayor riesgo de colapso estructural”, alertan.

Y concluyen con una advertencia política y económica: “No se genera empleo sostenible debilitando los pilares del sistema de protección social”.

La diputada nacional Kelly Olmos (Unión por la Patria) se refirió al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y afirmó que es “muy nocivo” porque “demuele derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

En declaraciones a Delta 90.3, la ex ministra de Trabajo sostuvo que la reforma laboral, que comenzará a ser tratado a partir de la próxima semana, es un proyecto “nocivo” porque “contribuye al proyecto general de primarización de la economía y de fractura social completamente”.

“Tiene distintos aspectos como el de derechos laborales como individuales y colectivos que los demuele en ambos casos. En lo colectivo, que es lo más preocupante porque los individuales se pueden recomponer, se invierte la pirámide de prioridades, estableciendo la prioridad en el acuerdo por empresas donde la asimetría de poder hace que no haya negociación sino adhesión a la imposición patronal”, manifestó.

En esa línea, precisó que “con relación al sistema de seguridad social hay una propuesta muy nociva de vaciamiento porque utilizan una desgravación de 3 puntos sobre los aportes patronales para financiar un fondo de inversiones que está destinado a solventar indemnizaciones. En el medio lo que hay es un Luis “Toto” Caputo ampliando un mercado, en el cual pueda colocar su endeudamiento en moneda nacional”.

"También hay una cantidad de decisiones de carácter fiscal que son redistributivas en favor de los sectores más concentrados de le economía argentina. Además, van a desfinanciar las provincias porque caen los ingresos de coparticipación federal", criticó.

Olmos ratificó: “Es un proyecto realmente nocivo donde el Gobierno nos tira 200 elefantes a ver si tratando de contener alguno otros pasan. El que pase va a ser muy malo”.

Para la diputada de UP: “La nueva realidad laboral es proceso del debilitamiento económico, de la falta de desarrollo donde hoy en día el proyecto de primarización del Gobierno se manifiesta en el cierre cotidiano de industrias. Este gobierno es anti industrial y en consecuencia anti generación de valor agregado”.

“La falta de competitividad general de la economía la quiere compensar con más explotación a los trabajadores. No porque la mitad del universo laboral este precarizado, la solución del Gobierno es la de precarizar al 100% la solución es cómo generar derechos para quienes hoy no los tienen”, cuestionó y cerró: “Es obligatorio el reconocimiento de la relación laboral y derechos que conllevan. En nuestra propuesta alternativa pusimos un capitulo completo sobre el tema plataformas”.

El oficialismo reactiva este miércoles las negociaciones por el proyecto de ley de modernización laboral, con una reunión que encabezará la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en busca de apoyos y juntar los votos necesarios para aprobar el texto que pretenden hacerlo a mediados del mes de febrero.

El encuentro está agendado para este miércoles a partir de las 15 al que Bullrich convocó a los jefes de bloques opositores -con la excepción de Unión por la Patria-, con la intención de retomar las negociaciones en torno a las modificaciones que se le podrían introducir al proyecto cuando se habilite su debate en el recinto de la Cámara alta en una sesión que, a priori, sería el 11 de febrero. La reunión se llevará a cabo en el histórico salón de reuniones de los senadores de la UCR tienen en el segundo piso del palacio legislativo.

La iniciativa cuenta con dictamen de comisión desde diciembre de 2025, pero la complejidad del tema, que no solo modifica la legislación laboral sino también introduce cambios en el sistema impositivo de recaudación de las provincias, condujeron a que el tratamiento se postergue para este año.

Un rol clave desempeñan los senadores que responden a los gobernadores, factor clave de cara a la suerte que correrá el ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo, ya que manifestaron su postura en contra de la reducción del 35% al 31% de la alícuota del impuesto a las Ganancias que establece la iniciativa Los mandatarios provinciales pretenden que la Casa Rosada dé marcha atrás con la idea o, al menos, les compensé la menor recaudación impositiva que implicará el beneficio y que afectará a las cuentas provinciales.

El reclamo de las provincias es, a priori, el primer y principal escollo que aparece a la vista para el objetivo que se ha planteado Bullrich desde que llegó al Senado. Por ello, se espera que participen de la reunión el misionero Martín Göerling, jefe de la bancada Pro, y las provinciales Flavia Royón (Primero los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Edith Terenzi (Provincias Unidas), que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut), respectivamente. También la santacruceña Natalia Gadano, del provincial partido Movere, y el peronista Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas).

En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.

De la vereda de enfrente, la bancada kirchnerista, reunida desde diciembre bajo la denominación de bloque Justicialista y que preside el formoseño José Mayans, ya anunció su rechazo a la reforma y su solidaridad con la postura de la CGT, que también se opone a la propuesta lanzada por el Gobierno.

Así las cosas, La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.

La diputada nacional del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad Romina Del Plá expresó su apoyo pleno a la autoconvocatoria del próximo 2 de febrero en Parque Lezama, impulsada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, junto a movimientos piqueteros y organizaciones de jubilados, como parte de la preparación de lo que definió como una “gran respuesta obrera y popular” frente al tratamiento en febrero de la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei.

“Estamos viviendo un momento bisagra. El gobierno quiere avanzar en febrero con una reforma laboral que es una verdadera topadora contra conquistas históricas de la clase trabajadora”, advirtió Del Plá, al señalar que el proyecto oficial representa “un ataque directo al derecho a huelga, la destrucción de la jornada de ocho horas, de los convenios colectivos y hasta de las vacaciones”. A su juicio, “este atropello no puede dejarse pasar”.

En ese sentido, cuestionó el rol de la conducción sindical: “Mientras el gobierno prepara este ataque, la CGT y las direcciones sindicales están dedicadas a pactar con Milei y los gobernadores. No hay ningún plan de lucha porque han elegido el colaboracionismo”.

La legisladora destacó la iniciativa surgida desde el sindicalismo combativo y los movimientos sociales: “Es muy importante la iniciativa que acaba de tomar el plenario del sindicalismo combativo, junto a los movimientos piqueteros y las organizaciones de jubilados, para autoconvocarse, ganar las calles y enfrentar esta reforma”.

Del Plá remarcó el carácter político de la convocatoria: “El eje de esta autoconvocatoria es impulsar asambleas en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, para preparar un paro activo nacional y un plan de lucha, hasta la huelga general. Hay que poner toda la fuerza de la clase trabajadora al servicio de derrotar esta ofensiva”.

Finalmente, subrayó la perspectiva de continuidad de las movilizaciones: “El 2 de febrero es un paso fundamental para reforzar la movilización de febrero cuando la reforma se trate en el Senado. Y si el gobierno avanza con su tratamiento en el Congreso, el 11 tenemos que movilizarnos masivamente para derrotar esta ofensiva”.

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), presidida por Guillermo Pérez Crespo, rechazó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió que su contenido es incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.

La entidad fijó su posición en un documento elaborado junto al Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, que integran las dos CTA, sindicatos y organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos.

“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto de tratamiento legislativo es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT y la Constitución Nacional Argentina”, sostuvo en el comunicado difundido este lunes.

El pronunciamiento se conoce a pocas semanas de que la iniciativa sea tratada en el Senado, con fecha prevista para el 11 de febrero. Al respecto, adelantaron que no avalará ningún aspecto del proyecto y reclamó su rechazo total en el Congreso.

En el documento cuestionan que la propuesta oficial sea presentada como una modernización del sistema laboral y advirtieron que su aprobación “implicaría un retroceso histórico en materia de derechos del trabajo y de la seguridad social”.

“El proyecto no admite más que su rechazo total”, aseveró el Foro, que anticipó acciones de resistencia en todo el país; gestiones ante gobernadores y legisladores nacionales, y denuncias en todas las instancias nacionales e internacionales, y se declaró en “estado de alerta permanente”.

Según el Foro, la reforma regula “de forma prácticamente prohibitiva el ejercicio del derecho de huelga” y reduce a “límites extremos” la presencia y la acción sindical, al tiempo que debilita la negociación colectiva por actividad mediante el fomento de sindicatos de empresa. También advirtió que la eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a incumplimientos laborales derivará en “incrementar los niveles de precarización existente”.

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, afirmó que “ante el tenor del proyecto no queda otra respuesta que su rechazo” y planteó la necesidad de “llamar al diálogo con los actores sociales para pensar una reforma laboral que afiance el derecho protectorio de las personas que trabajan”. Aclaró que la iniciativa oficial “viola la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el país”.

Entre los diez puntos enumerados, rechazaron que las leyes laborales sean responsables de la creación o destrucción de empleo y calificó como falsa la existencia de una “industria del juicio laboral”.

También, cuestionaron la creación de un Fondo de Asistencia Laboral con reducción de contribuciones patronales, al advertir que afectaría el financiamiento del sistema previsional, y alertó sobre cambios en el esquema judicial que debilitarían la justicia especializada del trabajo.

A su vez, plantearon que lo que se expresa a través de su normativa “es la demolición, liquidación, extinción y cancelación de los contenidos más esenciales de ese conjunto intangible de normas y valores que son universales, irrenunciables, rectores de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, lo que afectará de manera trágica a la totalidad de la clase trabajadora de Argentina”, a “un nivel jamás alcanzado por ningún otro proyecto y en ningún otro estadio de su desarrollo”.

En pleno debate impulsado por el oficialismo para modificar la legislación laboral, un proyecto presentado por la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos propone una reconfiguración profunda del marco laboral argentino, con un enfoque que sus autores definen como “integral y estructural”.

La diputada peronista y exministra de Trabajo Kelly Olmos ingresó un proyecto integral de modernización laboral que abarca desde la simplificación de la negociación colectiva hasta la reducción progresiva de la jornada, nuevas licencias parentales, comités mixtos de seguridad y un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales.

La iniciativa lleva también las firmas de Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Emir Félix, Juan Pablo Luque y Pablo Todero.

El proyecto establece un Régimen de modernización laboral que abarca ocho áreas centrales, con el objetivo declarado de actualizar las normas vigentes y adaptarlas a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y sociales.

Uno de los pilares del texto es la simplificación de la negociación colectiva, permitiendo que determinados acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia automáticamente tras su publicación en el Boletín Oficial, sin necesidad de pasar por el trámite de homologación. Según la propuesta, este mecanismo busca dotar de mayor dinamismo a las actualizaciones salariales o productivas consensuadas entre sindicatos y cámaras empresarias.

El proyecto también aborda un cambio sustancial en materia de corresponsabilidad parental, extendiendo la licencia de la persona gestante a 120 días y llevando a 30 días la licencia para el progenitor no gestante. Asimismo, crea una Licencia Parental Compartida hasta el año de vida del niño, financiada por la seguridad social, y establece el derecho a modalidades de reincorporación flexible, como trabajo híbrido o jornada reducida.

Otro eje fuerte es la reducción progresiva de la jornada laboral, que descendería de 48 a 40 horas semanales en un plazo de seis años. La iniciativa garantiza la integralidad salarial y delega en la negociación colectiva la definición de mecanismos operativos de implementación sectorial.

La propuesta incluye además un sistema de financiamiento bancario de indemnizaciones, a través del Banco Nación, que permitiría a las pymes cancelar de inmediato los créditos laborales mientras devuelven el monto al banco en cuotas ajustadas por IPC.

En materia de fiscalización, el proyecto incorpora la alta administrativa automática del trabajador no registrado, presunción de laboralidad y herramientas de inspección digital, además de habilitar la participación sindical como instancia colaboradora, con sanciones agravadas para los casos de obstrucción.

Otra pieza central es la creación de Comités Mixtos de Salud, Seguridad y Prevención, obligatorios en establecimientos de 50 o más trabajadores, con participación paritaria entre representantes sindicales y empleadores, y facultades para intervenir ante riesgos graves e inminentes.

El texto dedica un capítulo completo al trabajo en plataformas digitales, con un régimen dual que presume relación de dependencia cuando se verifican indicios objetivos como control de tarifas, geolocalización o carga horaria habitual. También establece transparencia algorítmica, derecho a la desconexión, protección de datos, cobertura de riesgos del trabajo, y regula el multiapping.

Finalmente, el proyecto propone una reducción progresiva de contribuciones patronales mediante un mínimo no imponible por empleador, con el objetivo de impulsar el empleo asalariado formal, especialmente en micro y pequeñas empresas, sin generar “efectos umbral” que desincentiven el crecimiento.

La iniciativa de Olmos y los diputados que la acompañan se presenta como un paquete de reformas amplio, que busca abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre el mercado laboral argentino, llevando el debate simultáneamente hacia la productividad, la igualdad de género, la protección social y la actualización tecnológica del sistema.

Con la firma del presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se conoció el decreto 53/26 por el cual se amplía el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil.

La información había sido adelantada este lunes por el jefe de ministros, al cabo de la reunión que mantuvo con la mesa política en Casa Rosada para avanzar en la estrategia legislativa. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -que no había asistido al último encuentro-, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La reunión de la Mesa Política de este lunes.

Con la confirmación de la modificación de este tema que incluye una baja de la edad de imputabilidad, serán cinco los temas a tratar entre el 2 y el 27 de febrero próximos, a saber: la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; la designación como embajador extraordinario y plenipotenciario de Fernando Iglesias, y el ahora agregado cambio del Régimen Penal Juvenil.

Este bonus track fue sumado a partir de que el jueves pasado la senadora Bullrich reabriera ese debate a propósito del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, a manos de tres menores de edad. La senadora posteó ese día que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara” y eso da como resultado que “menores que cometen los peores delitos y salen impunes -dijo-. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Recordemos que en diciembre pasado se había anunciado el debate de una modificación del Código Penal, aunque esto ya no figuró, como se ve, en la convocatoria para febrero.

La reforma del Régimen Penal Juvenil había conseguido dictamen el 6 de mayo del año pasado, aunque el mismo no llegó nunca al recinto. Dicho dictamen, que con el cambio de conformación de las cámaras ha perdido estado parlamentario, proponía el régimen penal de los 16 (marco normativo actual) a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas. Vale aclarar también que originalmente el Gobierno había impulsado un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, e insistiría en el nuevo proyecto con esa edad.

El resto del temario

En cuanto a los otros temas previstos, el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado y quedó listo el año pasado para su tratamiento en el recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de Modernización Laboral, que será el eje central de estas sesiones extraordinarias.

En el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, el presidente Milei adelantó que enviaría “en los próximos días” el proyecto de ley para su aprobación legislativa en extraordinarias, pero su implementación se ha ralentizado, ya que el 21 de enero pasado el Parlamento Europeo aprobó remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si el pacto cumple el derecho comunitario. A partir de estos sucesos, en Casa Rosada evalúan si tratarlo en febrero. De resolver avanzar con su tratamiento legislativo, ingresaría por la Cámara de Diputados; pero aún no fue enviado formalmente y hay un sector que se muestra partidario a posponer el debate dada la demora surgida por los sucesos en el Parlamento Europeo.

En el caso de la designación del exdiputado Fernando Iglesias, el pasado 8 de enero había sido oficializada su designación como embajador en Bélgica. Por decreto se publicó en el Boletín Oficial su designación “en comisión” como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica”, nombramiento que ahora deberá pasar por el Senado de la Nación.

El pliego del exdiputado del Pro deberá ser considerado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que hasta el año pasado conducía la ahora exsenadora Guadalupe Tagliaferri.

Recordemos que el anterior llamado a extraordinarias, que abarcó del 10 al 30 de diciembre, incluía el Presupuesto Nacional 2026 y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, ambos convertidos en ley. También la reforma laboral y Glaciares, que consiguieron sendos dictámenes en el Senado. De los temas incluidos esa vez y que ahora no figuran está, como hemos dicho, la reforma del Código Penal; lo mismo que el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”, que ameritaba serios reparos opositores.

Tampoco fue incluido el tratamiento del DNU 941/25 que establece una profunda reforma del sistema de inteligencia, aunque previsiblemente no se esperaba que el Gobierno sumara este debate. Empero, el tema puede ser abordado en cualquier momento a instancias de la propia oposición, si así lo impulsa y logra quórum.

Una encuesta nacional conocida en las últimas horas revela un escenario político donde conviven un respaldo mayoritario a las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y una sociedad aún dividida respecto del rumbo general, la evaluación de la gestión y las figuras políticas que comandarán la disputa hacia 2027.

El estudio nacional de la consultora Trends, realizado entre el 5 y el 16 de enero sobre 2.000 casos en todo el país, detecta que las reformas son el terreno donde el Gobierno encuentra su mayor consenso social. Un 55 % considera que avanzar con cambios estructurales —en especial la reforma laboral y la tributaria— sería positivo para el país, contra un 41 % que lo evalúa negativamente. La adhesión se mantiene al desglosar por áreas: el 51 % respalda una reforma laboral, mientras que un 44 % la rechaza, y el apoyo crece al considerar la reforma tributaria, que obtiene una valoración positiva del 56 %, frente al 37 % negativa. Estas cifras parecen reforzar la percepción, también registrada en el estudio, de que una parte significativa de la sociedad espera transformaciones profundas aun en un contexto económico restrictivo.

Esa expectativa convive con un clima social complejo. La encuesta marca un 45% de sentimientos positivos hacia el futuro del país, contra un 40% negativos, una diferencia relativamente exigua para el promedio histórico argentino, pero que muestra cierto repunte en el ánimo general. Sobre el desempeño gubernamental, la gestión de Javier Milei obtiene 50% de evaluación positiva y 47 % negativa, con una mejora de cuatro puntos en el diferencial. También crece en cuatro puntos la percepción de que el Gobierno “va en la dirección correcta”, un indicador sensible para medir el respaldo general a la conducción económica y política.

No obstante, subsiste un nivel importante de escepticismo respecto de las “formas” del Gobierno: allí, la valoración cae ocho puntos y vuelve a mostrar la grieta entre quienes aceptan el estilo presidencial y quienes lo consideran perjudicial aun coincidiendo con algunas medidas económicas. El principal problema del país continúa siendo la economía, según la mayoría de los consultados, y aunque un 60 % afirma llegar a fin de mes sin endeudarse, el 77 % percibe los precios “caros”, mientras que el 59 % declaró haber reducido su consumo en el último año.

Donde el panorama se vuelve más volátil es en el terreno de las imágenes de dirigentes. Ninguna figura política presenta un diferencial ampliamente positivo. Los indicadores muestran variaciones significativas: algunos dirigentes logran mejorar marginalmente su imagen, mientras otros retroceden más de diez puntos, con casos de diferenciales negativos que superan los 30 puntos. El estudio también midió quién es considerado hoy el principal líder de la oposición, señal que permite leer un ecosistema opositor aún fragmentado y sin un conductor indiscutido hacia 2027.

Ese proceso de reordenamiento también aparece en la intención de voto por espacios de cara a las presidenciales, aunque manda La Libertad Avanza con un 43%, contra un 32% del peronismo y apenas un 4% de Provincias Unidas.

El estudio, además, plantea un hipotético balotaje entre Milei y Axel Kicillof, en el que se observa ventaja para el actual presidente, aunque en un contexto de alta competitividad. El Presidente tendría una intención de voto en ese caso del 49%, contra un 35 del gobernador. El resultado anticipa que, aun con apoyos fluctuantes, Milei retiene un núcleo duro considerable a poco más de dos años de haber asumido, mientras que el gobernador bonaerense conserva un nivel de adhesión que lo posiciona como referente opositor para un sector importante del electorado.

Victoria Tolosa Paz nació en la ciudad de La Plata, proviene de una familia de clase media trabajadora con cierta tradición de raigambre radical; se casó muy joven, es madre de tres hijos y uno del corazón. Retomó sus estudios y a los 35 años y culminó su carrera como contadora pública nacional en la Universidad Católica de La Plata.

En 1996 comenzó a trabajar en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano que por aquel entonces presidia Hilda “Chiche” Duhalde. De allí en adelante fue ocupando diferentes cargos relacionados con el Desarrollo y Políticas Sociales. En el año 2017 fue elegida por Unidad Ciudadana concejala de la ciudad de La Plata, hasta que el 7 de diciembre del 2021 asumió como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Tolosa Paz cuenta que comenzó a abrazar la causa peronista y descubrió el amor por Perón y Evita en los barrios populares de su provincia.

En la tradicional encuesta anual que realiza la revista Parlamentario, en su edición 33° Victoria Tolosa Paz fue elegida como la diputada más laboriosa del año 2025.

En diálogo con Parlamentario, la diputada de UP sostuvo que “si no cambian las alícuotas -como se sabe este impuesto se coparticipa con las provincias-, va a ser muy difícil que los gobernadores apoyen un proyecto de ley”, y agregó que “es tirarse un tiro en los pies, porque se quedan sin posibilidad de seguir recaudando”.

Por otra parte, recordó enfáticamente que “el Capítulo XI que figuraba en el Presupuesto fue una demostración que no hay nada de pan comido; acá no hay Presupuesto que se lleve puesta la discapacidad, las universidades y las asignaciones familiares”.

En torno a la situación que se presenta en Venezuela señaló: “Trump, sin dudas, se ha parado sobre el hemisferio occidental y ha dicho ‘es mi hemisferio’ y creo, sin dudas, que viene por los recursos naturales. Hoy lo vemos en Venezuela, pero sin dudas vendrán por nosotros y ahí es donde se encienden las alarmas y las alertas”.

- Por primera vez usted recibe el Premio Parlamentario...

- Bueno, siempre un reconocimiento es algo para celebrar y para agradecer a quienes me han votado y me han elegido como la diputada más laboriosa del año 2025; sin dudas es un reconocimiento que me gusta que sea colectivo, hay un equipo de trabajo en mi despacho, que son mis asesores, que sostienen mi tarea como legisladora más allá de mi aporte personal en cada materia, en cada tema que me comprometo políticamente. Es un premio compartido con todos los que hacen posible que mi labor como legisladora sea valorada hacia adentro de la Cámara de Diputados, pero también que sea una voz potente hacia afuera y poder representar a quienes nos votaron a nuestra fuerza política. 

- ¿Qué balance legislativo hace del 2025?

- Fue un año muy bueno, porque logramos establecer una mayoría muy contundente donde pudimos aprobar temas muy importantes como la Ley de Emergencia Pediátrica, conocida como la Ley Garrahan. Fue muy importante para consolidar el presupuesto para las universidades públicas; fue tan importante para llevar al menos un grado de alivio a lo que fue la mejora del bono y las jubilaciones mínimas en la República Argentina. Es cierto que eso no alcanzó para impedir el veto, incluso para sobreponernos al veto logrando la insistencia, pero no logramos que eso sea algo palpable para mejorar las condiciones de vida a los colectivos que fueron afectados por los ajustes del Gobierno de Milei.

Pero este año fue muy bueno, porque en el 2024 arrancamos con la Ley Bases cambiando en muchos aspectos la estructura de la narrativa. El 2025 ya fue distinto, logramos conformar amplias mayorías, con distintos bloques ,con distintas miradas, con distintos sectores logramos consensuar en muchos aspectos y ponerle un freno a Milei en algunas de las materias donde sentimos que no puede haber ajustes, no puede haber destrato, no puede haber recortes presupuestario que él plantea para las áreas que acabo de mencionar: jubilados, personas con discapacidad, Garrahan, universidades, en todos estos temas nos encontró construyendo una mayoría. Al final del año se vio lo que fue la desaprobación del Capítulo XI del Presupuesto, donde logramos también darle la espalda a la posibilidad de derogar las leyes de Financiamiento de las Universidades y de Emergencia en Discapacidad. Lo que demostró que no hay un bloque compacto dispuesto a ceder en todo y acompañar las ideas del presidente Milei, sino ir tema por tema, ley por ley, así el Parlamento se va ir moviendo. Creo que eso es una señal que sigue siendo una de las áreas más importante para fortalecer la institucionalidad y el Congreso de la Nación.

- El Gobierno nacional logró finalmente, tener el Presupuesto para el 2026. ¿Cuál es su opinión al respecto?

- Bajo el título que la Argentina tiene que ordenar sus cuentas, estamos de acuerdo. Es muy importante ordenar la economía, soy contadora pública nacional, creo en el equilibrio fiscal. Apoyé fuertemente a los gobiernos de Néstor y Cristina. En los primeros años del Gobierno de Néstor, del 2003 al 2008 logró superávit, no solamente primario, sino balanza comercial positiva, lo que le dio el famoso superávit gemelo en todos esos años. Soy peronista y apoyo por supuesto la historia de Juan Domingo Perón en su ordenamiento de las cuentas fiscales. Cuando el peronismo se alejó de esa consigna, creo que este tiempo nos sirve para reafirmar quienes creemos en el equilibrio fiscal, pero no puede ser a costa del sacrificio del pueblo; no puede ser que las personas con discapacidad tengan que correr riesgo de vida; no puede ser que los jubilados estén sometidos a tener que decidir entre comer o pagar los medicamentos. No estoy de acuerdo con que se detenga la obra pública, no estoy de acuerdo con que el Estado se corra de ese rol tan importante de ser un Estado emprendedor que ponga las bases y los pilares para el desarrollo de la Argentina. Creo en esos valores, los defiendo y quiero un Presupuesto que contemple todas estas áreas, que no haya ajustes.

Nuestro país va teniendo dificultades económicas producto del desatino de la política económica de Javier Milei, lo que va a seguir desarrollando Milei es más ajuste, ante la baja recaudación lo que propone siempre es más ajuste. 

- ¿Cómo se soluciona este problema?

- Nosotros creemos en una regla anticíclica, cualquier gobierno que crea que la economía no se puede detener, cuando viene una recesión producto por ejemplo de contextos geopolíticos, de cambios en los precios de los commodities, son situaciones que la economía mundial hace que Argentina se le parezca, que la rueda no se detenga, que el consumo interno esté siempre presente, que las PyMEs y ciertos sectores productivos industriales no detengan las plantas productivas en funcionamiento.

Nosotros fuimos muy duros, no porque no quisiéramos un Presupuesto; de hecho, el bloque Unión por la Patria había manifestado que si teníamos los números íbamos a rechazar el proyecto del oficialismo, pero nosotros veíamos que era necesario que la Argentina tuviese Presupuesto.

Todas estas prioridades que son nuestras prioridades y que no son del presidente Milei, que sigue destinando cuantiosos montos de dinero a pagar deuda, que es eso a lo que vinieron a ratificar, en tomar deudas permanentemente, estamos de acuerdo que ellos logran ficticiamente demostrar al pueblo argentino que han domado la inflación, pero lo que han hecho es una enorme toma de deud,a ya no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino también con el Tesoro de Estados Unidos, como nunca en la historia de nuestro país. Un país que se endeuda hacia adelante deja a sus generaciones en serias dificultades para construir una vida más digna para todo nuestro pueblo.

- El presidente Milei logró también la sanción del proyecto de Inocencia Fiscal con el objetivo de incentivar el uso de los dólares del colchón.

- Nosotros rechazamos el proyecto, pero en realidad teníamos un dictamen propio de lo que debería ser la mejora de los montos. Ese proyecto tenía una razón de ser, un proyecto que incluso nosotros habíamos votado en el mes de octubre y que tiene que ver con elevar los montos para alejar la idea que no pagar impuestos o el hacer trampa. Nunca puede tener como correlato pagar montos tan bajos en la respuesta penal, con lo cual elevamos todos los montos para separar una cuestión de incumplimientos de las obligaciones que tienen los ciudadanos y las empresas de pagar impuestos. Y que quede en la línea para que se active lo que se llama una pena tipificada en el Código Penal.

Entonces ahí hicimos un trabajo, que incluso en algún punto estábamos de acuerdo en elevar los montos, pero no estábamos de acuerdo en que las PyMEs tengan una misma lectura de ser castigadas al igual que a una multinacional o empresas importantes; nosotros creíamos que tenía que haber una segmentación. Me parece que es una ley que sin duda perdona, pero bueno tenemos un Presidente que para él son héroes los que apoyaron el proyecto; él no cree en el Estado, no cree en la recaudación como mecanismo para construir un país mejor, un país serio y donde las leyes están para cumplirse. Todo lo que tengamos para aportar nos va a encontrar a nosotros desde ese lugar.

- En pocas semanas se tratará la reforma laboral. ¿Usted cree que tendrá el apoyo de los gobernadores que hasta ahora vienen acompañando al oficialismo?

- Por de pronto se había dicho que se iba a sancionar el 26 de diciembre, incluso se rumoreaba que se iba abrir el Congreso Nacional el sábado, pero esto no pasó. De apuro y a los empujones, aprobar una reforma laboral en la Argentina… no creo que vayan a lograr tan fácil el número. Se ve a las claras esa vocación de armar nuevamente un negocio financiero y además desfinanciar la caja más importante, que es la Caja Previsional en la Argentina. Cuando le sacan el 3% que los empleadores aportan, y de esto se nutre la Caja de Jubilaciones y Pensiones, con ese 3% van armar una mini AFJP al servicio del capital financiero amigo del ministro Caputo. De ahí la famosa frase de Milei de “degenerados fiscales”, porque osamos de llevar un proyecto de mejora a las jubilaciones mínimas algo sumamente razonable y llevar el bono de 70 mil a 130 mil pesos, esto era desfinanciar al Estado y poner en jaque el equilibrio fiscal.

Bueno, acá se olvidan de la frase de “degenerados fiscales” que están vaciando la Caja Previsional llevando a la timba financiera el 3% de todo lo que tienen que pagar los empleadores por el sistema previsional, creo que allí hay una modificación grave al Impuesto a las Ganancias y esto perjudica a los gobernadores, como está todo en el mismo paquete. Y esto es una crítica que hicimos porque tendría que haber entrado por Diputados, porque al modificar las alícuota al Impuesto a las Ganancias, sin duda la cámara de origen debe ser la de Diputados.

Creo que todo esto se les va a complicar, sino cambian las alícuotas, como se sabe este impuesto se coparticipa con las provincias, con lo cual va a ser muy difícil que los gobernadores apoyen un proyecto de ley que es tirarse un tiro en los pies, porque se quedan sin posibilidad de seguir recaudando, no hay ningún cambio impositivo en esa pérdida de recursos. Los que bajan los impuestos a las ganancias son las PyMEs y las grandes empresas que tal vez le dan algún punto de coparticipación por este impuesto, no, simplemente siguen ajustando a las provincias, esto en el marco de haber ajustado el impuesto a los combustibles. Las provincias han perdido muchísimo de sus propios recursos.

- El proyecto de la nueva ley de Glaciares es otro de los temas polémicos a debatir.

- Creo que van a ser temas que nos van a encontrar en febrero con una amplia agenda de temas ambientales, pero también productivos. Creemos que la Argentina tiene sectores muy potentes para trabajar como la minería, son sectores que consideramos estratégicos en nuestro sur.

Chile tiene las mismas montañas que nosotros y tiene sin duda niveles de exportaciones que hablan de otra posibilidad como son las reservas. Nosotros tenemos que desarrollar estos sectores de la minería de manera responsable y cuidando el medio ambiente. Creo que Australia ha dado el inicio con la minería desde el año 1800 y eso le dio una capacidad muy fuerte de tener acumulación de reservas. Si nosotros hubiéramos desarrollado con mucha responsabilidad la minería mucho tiempo antes, tendríamos acumulada reservas producto de la minería y podríamos haber desarrollado el entramado industrial.

En principio hay que trabajar leyes con mucha responsabilidad, cuidar los lugares estratégicos y tener reglas muy claras. Sin dudas Milei no defiende nuestros recursos, la entrega absoluta de nuestras reservas y de nuestros recursos y el desprecio por lo nuestro es muy serio, muy profundo que sin duda no trae condiciones muy buenas para el desarrollo del país.

- El Gobierno de Milei está preparado para profundizar la agenda de reformas en el Congreso, como una nueva Ley de Bases; el paquete del Pacto de Mayo, además ficha limpia y reformas tributarias y penales. ¿Será posible esto?

- Creo que va a depender mucho de cómo se plantea la negociación con los gobernadores, si sigue ajustando las cuentas a los gobernadores no les va a ser tan fácil Él necesita para avanzar con esas firmas, por lo menos el acuerdo con los gobernadores de Misiones, Tucumán, Salta, Catamarca, además de algunos de la Patagonia. Si esas firmas no están cerradas en el marco de lo que los gobernadores necesitan, lo veo muy complicado. La verdad que hasta ahora ellos han firmado el Pacto de Mayo, pero no han recibido a cambio absolutamente nada de lo que le prometió el Gobierno de Milei. Se viene un año que, si no muestra capacidad de acumulación de reservas, hay tres cosas para mirar: la Argentina puede crecer y puede bajar la inflación, pero no acumular reservas, creo que ese factor que es del tercer mundo, que son las reservas y que no tenga niveles de acumulación y no pone atención en lo que le pasa a la Argentina, es porque no tiene un plan económico acertado. Entonces se le puede complicar la situación de estabilidad macroeconómica, que ahora lo tiene atado. Por lo tanto, va a depender mucho del Gobierno de Trump, mucho del resultado electoral de los Estados Unidos. No va ser un año fácil, nada de lo que Milei se imaginó, por lo menos en el ámbito legislativo. Fíjese lo que pasó con el Capítulo XI del Presupuesto, ahí quedó demostrado que “no hay nada de pan comido”, acá no hay Presupuesto que se lleve puesta la discapacidad, las universidades, las asignaciones familiares que deben ajustarse automáticamente, todo eso que son los problemas del común de la gente, ni el dinero que estaba puesto como contrapunto en este mismo capítulo pesó el sentido común de los legisladores y dijimos NO, el Capitulo 11 no puede pasar con este ajuste brutal sobre las discapacidades, sobre las universidades, sobre las asignaciones familiares y las AUH .

Creo que esto nos dejó una enseñanza, que no hay nada que esté cerrado, que tenemos que ir ley por ley y que tendremos finales abiertos, complejos, pero que también nos ponen en movimiento con una valoración positiva dentro de los diputados y senadores de la Nación.

- ¿Cuál es su opinión sobre la delicada situación que sucedió en Caracas con la captura de Nicolás Maduro?

- Tenemos un presidente de la Nación que celebra esta intervención y este bombardeo de la madrugada del 3 de enero en Venezuela, el secuestro a la vista de todo el mundo de un presidente en ejercicio. Esto, más allá de si te gusta o no te gusta su Gobierno o su forma de llevar adelante su país, nosotros tenemos que aprender a levantar la bandera de la no injerencia en otros países. Creo que acá hay un cambio mundial y geopolítico muy fuerte. Trump, sin dudas, se ha parado sobre el hemisferio occidental y ha dicho ‘es mi hemisferio’, y creo, sin dudas, que viene por los recursos naturales. Hoy lo vemos en Venezuela, pero sin dudas vendrán por nosotros y ahí es donde se encienden las alarmas y las alertas. Me parece que hay que estar atentos, porque es un año de mucho movimiento mundial. Creo que la guerra por la soberanía energética está atrás de esto, creo que Trump va a consolidar, obviamente, un hemisferio de petróleo. Hay más, hay litio, hay tierras raras, hay minerales para desarrollar y nosotros somos un país rico en todo eso. Hay que prestar mucha atención, porque no estamos dispuestos a ser ‘las venas abiertas de América Latina’. Ya pasamos el período de la colonia, necesitamos de nuevo integrarnos al mundo, poder generar cadenas de valor en nuestro sistema de producción, asociarnos en nuestra región geopolíticamente para poder desarrollar y crecer en cada rincón de la patria, pero está muy lejos del plan de extranjerización, primarización y concentración de la economía que plantea Javier Milei de la mano de Donald Trump.

“Con el peronismo no alcanza, pero sin el peronismo no se puede”

- La llevo al plano de su partido, el justicialismo está atravesando un momento crítico, ¿cómo lo van a resolver?

- Una falta muy grande de conducción a nivel nacional. Fuerza Patria ha sido la oposición clara a Javier Milei para ser una alternativa política de cara al 2027, y para eso necesitamos discutir, sintetizar y expresar qué Argentina queremos. No todos aquellos que nos autodenominamos peronistas pensamos de la misma manera, incluso dentro de los bloques de Unión por la Patria, hay diferencias sobre el pasado reciente, sobre el pasado no tan reciente y sobre el futuro de la Argentina. Eso es lo que tenemos que ser capaces de construir para que haya una conducción, un liderazgo nítido y una alternativa política para el 2027. Hoy estamos empantanados en una serie de internas y falta de conducción, pero tengo la esperanza puesta en la unidad de los seis gobernadores que son del peronismo y algunos que vienen del radicalismo: Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Gerardo Zamora. Ellos seis expresan que las categorías peronismo – radicalismo han quedado muy viejas. Tenemos que ser capaces de ampliar y crear una alternativa política donde digamos cuáles van a ser los sectores de crecimiento para sostener una agenda de garantías de derechos mínimos a las personas que hoy están sufriendo y debemos hacerlo con una gran reforma que tiene ver con lo laboral. El trabajo en el mundo, esta vocación de ser autónomos, buscar cuál será la alternativa como herramienta que es muy distinta a cómo se concebía el trabajo hace 80 años atrás.

- ¿Cree que el justicialismo podrá lograr tener un candidato que aglutine a todos los sectores que cohabitan en este espacio?

- Con el peronismo no alcanza, pero sin el peronismo no se puede. Invito a que seamos capaces de construir una fuerza política superadora, del binomio peronismo-radicalismo. Tienen que entrar todos los sectores que tienen claridad conceptual sobre qué queremos para el país, a quienes queremos representar y cómo queremos hacer política. Ahí vamos a estar muchos de nosotros.

Nunca pensé la política en términos individuales si en términos colectivos, como buena bonaerense voy a trabajar fuertemente para que no penetren las fuerzas del cielo en la provincia de Buenos Aires en el 2027. Tenemos un armado con una agrupación política que conduzco. Hay que caminar toda la Provincia para poder construir una alternativa política nacional, sin duda no hay proyecto de país sin la provincia de Buenos Aires.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad fue distinguido como el más laborioso del año de la Cámara alta, en el marco de la 33° edición del Premio Parlamentario, que surge de la tradicional encuesta que realiza anualmente la revista Parlamentario para reconocer a los legisladores nacionales más laboriosos.

En diálogo con este medio, el senador repasó el trabajo legislativo del año saliente en la en la Cámara alta y dejó en claro que “desde el Senado trabajé con una agenda clara: defender la educación pública de calidad, la ciencia y la tecnología; fortalecer el federalismo y a los municipios”.

En otro tramo de le entrevista, Abad puntualizó que la banca que asumió “es la banca de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina que quiere crecer”.

- En base a la encuesta que Parlamentario realiza todos los años, usted resultó ser elegido como el senador más laborioso del 2025. ¿Qué le representa esa distinción?

- Una premiación y un reconocimiento siempre son estimulantes. Reafirman que el trabajo y la dedicación permanentes están bien orientadas. En esta oportunidad, lo recibo con mucha gratitud y con un profundo sentido de responsabilidad. Este reconocimiento no es un logro personal, es el resultado de un trabajo colectivo, sostenido y serio que llevamos adelante desde el Senado de la Nación y que incluye las voces de ciudadanos e instituciones con los que dialogué, aprendí e intenté amplificar sus demandas, necesidades y proyectos.

La banca que asumí es la “banca” de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina que quiere crecer.

- Usted ya había recibido el Premio Parlamentario como diputado provincial y ahora lo obtiene como senador nacional…

- Creo que haber recibido el Premio Parlamentario -primero como diputado provincial y ahora como senador nacional- reafirma una manera de entender la política: con estudio, compromiso, vocación democrática y respeto por las instituciones. Pienso que en un país que necesita recuperar confianza, estos gestos reafirman la importancia de lo que denomino superávit institucional, una condición inseparable del superávit fiscal si es que queremos progresar.

- ¿Cuál es el balance legislativo de año 2025?

- Fue un año muy intenso. Desde el Senado trabajé con una agenda clara: defender la educación pública de calidad, la ciencia y la tecnología; fortalecer el federalismo y a los municipios; promover condiciones para el desarrollo productivo y cuidar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por eso, impulsé proyectos vinculados al financiamiento universitario, la inversión en ciencia y tecnología, la seguridad, las economías regionales, al desarrollo de las industrias como la pesquera y el turismo que exportan, atraen inversiones y consumos y generan empleo genuino y también presenté proyectos para fortalecer la calidad institucional. Al mismo tiempo, ejercimos un rol responsable de control, acompañando lo que consideramos positivo y marcando límites cuando se afectaban derechos, el federalismo o la previsibilidad.

- El Gobierno del presidente Milei logró finalmente aprobar el Presupuesto 2026. ¿Cuál es su mirada de eso?

- Siempre es mejor que un país tenga Presupuesto. Es una herramienta básica de orden, planificación y previsibilidad. En mi visión, el equilibrio fiscal no puede ser un fin en sí mismo, sino que debe ser un medio para favorecer el crecimiento. Sabemos que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también invertir en aquello que genera desarrollo. La experiencia internacional es aleccionadora. Sin inversión en educación, ciencia y tecnología no hay crecimiento sostenible. El desafío es lograr equilibrio macroeconómico con desarrollo y cohesión social. Sin eso, cualquier orden es frágil.

- El Gobierno logró también la sanción de la ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los dólares fuera del sistema.

- Argentina necesita que los recursos vuelvan a la economía real, pero eso no se logra solo con una ley. Se logra construyendo confianza, estabilidad y reglas claras. Nuestra posición fue clara: acompañar toda iniciativa que apunte a la normalización económica, pero sin premiar conductas irregulares ni debilitar los controles del Estado. La confianza no se decreta; se construye con instituciones sólidas. Por ello, presentamos propuestas concretas para que la normativa tenga progresividad, esto es que no obligue a tributar de la misma forma a un comercio de barrio que a una empresa multinacional. La disciplina fiscal se debe apoyar en criterios racionales y en esfuerzos equitativos.

- En febrero se debatirá la reforma laboral. ¿Cree que contará con el apoyo de los gobernadores que hoy acompañan al oficialismo?

- Las reformas laborales requieren diálogo social y político. No se trata de imponer modelos, sino de modernizar el sistema laboral, cuidando derechos y promoviendo el empleo formal. Muchos gobernadores entienden que el sistema necesita cambios, pero también saben que sin consenso y sin diálogo las reformas fracasan. El Congreso es un ámbito de construcción democrática y tenemos el desafío de generar una legislación laboral del siglo XXI. Valoro que la Argentina esté dispuesta a actualizar su legislación para de una vez por todas, poder debatir en torno a cuáles son las vías adecuadas para incentivar el desarrollo productivo en una economía internacional cada vez más competitiva.

- La nueva Ley de Glaciares es otro de los temas polémicos a tratar...

- Los glaciares son reservas estratégicas de agua y patrimonio ambiental. Cualquier modificación normativa debe basarse en evidencia científica, consenso federal y responsabilidad intergeneracional. Desarrollo y cuidado del ambiente no son incompatibles, pero requieren reglas claras y una mirada de largo plazo.

- ¿Está el Gobierno nacional en condiciones de profundizar su agenda de reformas en el Congreso?

- Las reformas profundas solo son posibles con diálogo político y respeto institucional. El Congreso no es una escribanía, pero tampoco debe ser un espacio de bloqueo permanente. Temas como ficha limpia, reformas tributarias, penales o de modernización del Estado son debates necesarios. Pero deben encararse con consensos amplios y con una visión estratégica del país que queremos construir.

- El presidente Milei calificó de “falsas” las críticas sobre la eliminación de pisos mínimos de inversión educativa y científica.

- Los datos son claros. Cuando se eliminan garantías mínimas de inversión, el riesgo es que educación y ciencia queden descuidadas. Argentina no va a salir adelante sin inversión sostenida en educación, ciencia y tecnología. No es un gasto: es la base del desarrollo, de la movilidad social y de la competitividad del país. Esta es una plataforma que siempre vamos a defender.

- ¿Cuál es su mirada en torno a la delicada situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por tropas norteamericanas?

- Lo primero que hay que decir con claridad es que no hay autodeterminación posible cuando un pueblo vive bajo una dictadura. La autodeterminación no es una consigna vacía ni un principio abstracto; requiere condiciones mínimas de libertad, elecciones libres, respeto por la oposición y garantías institucionales. Nada de eso existe hoy en Venezuela.

El régimen chavista ha anulado sistemáticamente la voluntad popular mediante fraudes electorales, persecución política, presos por razones ideológicas y graves violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, pretender que el pueblo venezolano puede decidir libremente su destino es desconocer la realidad que vive millones de personas. Además, esta situación expone un fracaso de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales, que han sido incapaces de generar una respuesta eficaz frente a una dictadura que vulnera derechos básicos de manera persistente. La inacción también es una forma de responsabilidad.

Defender la autodeterminación no es mirar para otro lado cuando hay represión; al contrario, es trabajar activamente para que Venezuela recupere el Estado de derecho, la democracia y la posibilidad real de que su pueblo elija sin miedo. Ese debe ser el compromiso de todos los países que creen en la libertad, los derechos humanos y la vigencia plena del derecho internacional. Creo que no debemos avalar intromisiones directas o indirectas -como sucedió en Venezuela en los últimos años- de ningún tipo y al mismo tiempo, exigir que el pueblo venezolano recupere su poder de decisión, anulado por la dictadura reinante.

Si los dos primeros años del oficialismo en el Congreso fueron de aprendizaje, tendrá la oportunidad de demostrarlo en la segunda mitad del mandato del Gobierno libertario, con el plus de contar con muchos más legisladores propios. Más del doble de diputados y el triple de senadores, aunque en ninguno de los casos eso represente una mayoría. Pero son números que se adecuan mejor a un oficialismo.

Con todo, la cantidad de legisladores propios con que cuenta La Libertad Avanza deja claro que tendrá que trabajar duro para cada ley, no solo para garantizar el quórum para abrir las sesiones, sino también -obviamente- para aprobar cada norma. Y, de yapa, evitar que en el camino a la aprobación en particular se pierdan artículos o cambien detalles importantes de cada ley.

La garantía de contar con el aprendizaje adquirido en estos dos primeros años de gestión se vislumbró con la aprobación de las dos leyes que impulsó en la primera tanda de extraordinarias. A diferencia de lo que sucedió sobre todo con el primer debate de la Ley de Bases, se ve que el oficialismo sabe que debe llegar al recinto con la garantía de tener los votos para cada ley. No hay nada peor para un Gobierno que llegar al recinto a ciegas. Mejor dicho, sí hay algo peor: perder las votaciones.

Algo que sufrió a repetición a lo largo del año pasado, cuando el oficialismo estableció un nuevo récord: fue el primer partido de gobierno que a lo largo de un período extraordinario no pudo aprobar ni una ley que haya impulsado. Y, por el contrario, todo lo que salió votado en ambas cámaras fue a instancias de la oposición.

Debió conformarse el gobierno libertario con mantener vetos -no todos- y frenar algunas leyes. La más significativa: la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, que tuvo media sanción y fuertes chances de salir como ley, pero gracias al resultado del 26 de octubre quedó archivada.

Ahora cuenta con más fuerza legislativa, pero también con mejor expertise, a partir de la pericia adquirida y haber sumado a sus filas legisladores experimentados -en buena medida a instancias del Pro-. Eso les sirvió para cambiar sobre la marcha, por ejemplo cuando en diciembre pasado el oficialismo pareció engolosinarse y quiso cerrar el año con algunas medias sanciones originalmente no previstas. Puntualmente la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Ante la posibilidad de tener un traspié, se decidió postergar el debate en el recinto para el mes de febrero.

Fundamentalmente por el proyecto de Modernización Laboral, que obviamente era el que despertaba mayores resistencias. Fue clave para eso el traspié en el recinto con el Capítulo XI del Presupuesto 2026, que obligó a reconfigurar todos los planes.

El baño de realidad que se ha dado el oficialismo incluye la decisión de postergar debates que pudieran ser azarosos. Es el caso de la reforma del Código Penal, que estaba claro que no saldría en extraordinarias, razón por la cual se optó por dejar el tema para el período ordinario.

Está claro que la gran batalla que viene es la de las leyes laborales, que el Gobierno se propone dar para el 10 de febrero. El texto ya tiene dictamen, pero no se descarta que haya alguna modificación extra que se acuerde previamente para hacer en el recinto.

Algunos actores interpretaron el impasse hasta ese mes como la posibilidad de seguir discutiendo cambios. Es el caso de los gremios. En diálogo con la conducción del bloque libertario en el Senado, uno de ellos planteó la posibilidad de presentar sus propuestas de cara al debate, pero recibió una respuesta contundente desde el entorno de Patricia Bullrich: “El debate en comisiones ya se dio y no va a reabrirse. Los invitados ya pasaron por el plenario, incluso la CGT, que no propuso nada, así que el tiempo para sugerencias concluyó”, escucharon los sindicalistas, según pudo reconstruir parlamentario.com.

Lo cual no quita que no puedan escuchar sugerencias, sobre todo de organizaciones como CAME y la CAC, pero eso se da en el marco de las reuniones informales que a pesar del receso estival se siguen realizando. Mas solo habrá modificaciones obligadas por la necesidad de evitar algún traspié en el debate en particular.

Y la idea es que en febrero la reforma laboral concluya su recorrido legislativo, igual que sucedió con el Presupuesto en diciembre pasado. De ahí que el poroteo se haga febrilmente tanto en el Senado, como en Diputados.

El diálogo con los gobernadores

Para eso es clave el trabajo que lleva adelante el ministro del Interior Diego Santilli, que este viernes sumó el apoyo del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck. En este caso, un apoyo formal nada más, pues este mandatario se quedó sin representación legislativa, al concluir el mandato del diputado Agustín Domingo y la senadora Mónica Silva. Las elecciones de octubre dejaron a Juntos Somos Río Negro sin nada en el Congreso nacional.

Más productivos en términos numéricos han sido los entendimientos alcanzados por Santilli con los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; Chaco, Leandro Zdero; Salta, Gustavo Sáenz; Mendoza, Alfredo Cornejo; Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Neuquén, Rolando Figueroa. Entre todos ellos suman una docena de diputados y cinco senadores.

Las perspectivas en cada cámara

Y ahí viene el poroteo. En la Cámara alta, el número clave es 37 y el oficialismo arranca con los 21 votos que aseguran el interbloque armado entre LLA, Francisco Paoltroni y Luis Juez. Mientras que el rechazo tiene firmes 28 votos. Algunos de los 28 peronistas podrían estar apoyando algunas cosas, como sucedió con el Presupuesto, pero no es el caso puntual de la Modernización Laboral (sí sucederá con Glaciares).

El Gobierno tiene que garantizarse la presencia y votos de 16 de los 23 senadores restantes. Ya citamos 5 senadores que responden a gobernadores que apoyan (los dos radicales mendocinos, otra radical del Chaco y las senadoras de Salta y Neuquén). Faltan 11.

La Libertad Avanza contará con los 3 senadores del Pro y la tucumana Beatriz Ávila, en tanto que los 7 votos restantes saldrán de entre los 7 radicales que quedan (varios ahí son votos seguros, como el de Carolina Losada); los 2 de Provincias Unidas; la chubutense Edith Terenzi; 2 santacruceños y los dos misioneros del Frente Renovador.

Mientras que en Diputados el oficialismo arranca con los 95 votos de La Libertad Avanza; los 12 del Pro y los 2 del MID, como seguros. Son 109 diputados, les falta una veintena. Producto del apoyo de los citados gobernadores, LLA cuenta con los 2 sanjuaninos de Producción y Trabajo; los 2 radicales chaqueños; 3 salteños 2 radicales mendocinos; 2 entrerrianos y una neuquina.

Le faltarían 8 diputados que debe buscar el Gobierno entre los 3 tucumanos de Independencia; 18 de Provincias Unidas; 4 del bloque UCR; 4 misioneros; 2 de la Coalición Cívica; 2 de País Federal; Karina Banfi; y tal vez 2 catamarqueños y 2 de Encuentro Federal.

Solo 8 de los 38 diputados que acabamos de citar: a priori, no parecería una faena tan empinada, lo que hace que el oficialismo encare con optimismo la segunda parte del período extraordinario.

Bajo el rótulo atractivo de “modernización laboral”, el proyecto de reforma de los artículos procesales de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo introduce modificaciones que, lejos de mejorar el acceso a la justicia, consolidan un sistema más desigual, más lento y menos protector para la parte más débil de la relación laboral: el trabajador.

Uno de los cambios más preocupantes aparece en el nuevo artículo 46, que establece la caducidad de instancia sin necesidad de intimación previa y acorta los márgenes de actuación procesal. Se presenta como una herramienta para combatir la llamada “industria del juicio”, pero en los hechos termina favoreciendo otra industria mucho menos mencionada: la industria de la inactividad judicial.

Cuando el impulso del proceso queda exclusivamente en manos de las partes, en un fuero históricamente congestionado y con demoras estructurales, la caducidad se convierte en una sanción encubierta para quien menos recursos tiene para sostener un litigio prolongado.

La reforma también incorpora, en el artículo 65 inciso 8, la obligación de que el trabajador detalle desde el inicio todos los medios de prueba con los que cuenta o pretende valerse. Esta exigencia, presentada como una mejora en la transparencia procesal, genera en realidad una ventaja estratégica indebida para la parte demandada.

El empleador, al contestar la demanda, pasa a conocer de antemano con qué pruebas cuenta el trabajador para demostrar su derecho, permitiéndole ajustar su defensa, ocultar información relevante o reforzar su posición con pleno conocimiento del escenario probatorio. En un proceso donde las partes no son iguales —porque no lo son en la realidad—, esta “simetría formal” profundiza la desigualdad material.

Pero quizás el punto más grave aparece en la modificación del artículo 71. Allí se establece que, una vez contestada la demanda y reconocida o desconocida la documentación del empleador, el trabajador ya no puede ofrecer nueva prueba, incluso frente a hechos, versiones o documentos que desconocía al momento de iniciar la acción.

En términos simples: si el empleador introduce nuevos elementos en su defensa, el trabajador queda atado de manos. Se le exige previsión absoluta desde el inicio, aun cuando muchas de las pruebas relevantes se encuentran —como es habitual— en poder exclusivo de la empresa.

Este esquema procesal contradice principios elementales del derecho del trabajo y del debido proceso. No moderniza: rigidiza. No agiliza: excluye. No equilibra: inclina la balanza.

La justicia laboral nació para compensar una desigualdad estructural, no para profundizarla. Reformar el procedimiento sin tener en cuenta esa realidad no es modernizar: es retroceder. Y cuando el retroceso se disfraza de eficiencia, el costo siempre lo paga el mismo: el trabajador que busca justicia.

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, mantuvo recibió en el Senado al equipo técnico de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), representada por su titular, Natalio Mario Grinman, con el objetivo de dialogar acerca del proyecto de ley de Modernización Laboral de cara al debate en extraordinarias.

Durante el encuentro, del que también participaron autoridades de dos importantes entidades empresarias, la CAC manifestó su acompañamiento a la orientación general de la iniciativa, a la par que señaló algunas objeciones puntuales.

“Compartimos el espíritu del proyecto centrado en adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo, y en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales”, señaló Grinman.

El titular de la CAC remarcó: “Con la experiencia que nos da el ser una institución gremial empresaria centenaria, signataria del convenio colectivo más numeroso de la Argentina, estamos convencidos de que una modernización es necesaria no solo para favorecer la generación de empleo formal y de calidad, sino también para colaborar con la competitividad y el dinamismo general de la economía”.

Durante la reunión, la CAC manifestó que considera que la iniciativa del Poder Ejecutivo contiene “aspectos muy positivos”, como ser los referidos a precisiones en materia indemnizatoria, tasa de actualización de créditos laborales, prestación mínima de servicios durante el ejercicio de medidas de fuerza, legitimidad de dichas medidas y consideración de nuevas modalidades de contratación, por citar solo algunos ejemplos.

Sin perjuicio de ello, la entidad también planteó objeciones sobre ciertos puntos. “De un proyecto de casi 200 artículos, manifestamos observaciones puntuales sobre unos pocos de ellos”, señaló el titular de la CAC.

Terminado el encuentro, Grinman hizo una evaluación positiva y ratificó el compromiso de la Cámara con la necesidad de modernizar la legislación laboral: “Fue una muy buena reunión en la que pudimos plantear con franqueza el parecer de la CAC, al igual que lo hicieron las otras entidades presentes, con el espíritu constructivo que nos caracteriza. Actualmente los equipos técnicos de las instituciones están trabajando para prontamente acercar propuestas que logren conciliar lo planteado en la iniciativa del Ejecutivo con nuestro punto de vista”.

“Estoy plenamente convencido de que Argentina requiere cambios en la legislación laboral para adaptarse a los nuevos tiempos, y que la mirada y el análisis de entidades como la nuestra puede colaborar para que el proyecto que finalmente se convierta en ley responda adecuadamente a las múltiples demandas que la realidad impone. El aspecto laboral es clave para que el país avance hacia el progreso económico y social que tanto anhelamos, por lo que la iniciativa en cuestión reviste una importancia mayúscula”, concluyó.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a las sesiones extraordinarias y señaló que "con el último decreto del Presidente, hubo un achicamiento del temario”, al tiempo que opinó: “No me parece que vaya a haber un tránsito fácil en el Senado”.

“Hay temas que en diciembre pensaron que los iban a tratar y los postergaron para marzo. No insistieron con el proyecto de estabilidad fiscal ni con el código penal. Las expectativas se focalizaron en el proyecto de reforma laboral”, cuestionó el santafecino y agregó: “Mandaron el acuerdo del Mercosur – UE, pero hay que ver cuándo se trata porque no hay un texto definitivo aún al cual se haya tenido acceso”.

En diálogo con AM 530, el legislador señaló que "el Senado va a tener el predominio de las extraordinarias porque la mayoría de los temas ingresaron por ahí”. En esa línea, expresó: “La expectativa va a estar en la reforma laboral y nuestro espacio tiene que poner toda su energía política en generar las articulaciones con otros espacios políticos para frenarla porque, lejos de ser una reforma que plantee mejoras en las condiciones de derechos de los trabajadores y que genere puestos de trabajo, es claramente regresiva. Hay que trabajar para su rechazo”.

Al ser consultado por las reuniones que mantiene el ministro del Interior, Diego Santilli, Martínez ironizó: "No vi nada nuevo en la gira de Santilli. Va siempre a visitar a los mismos. Tengo entendido que, en determinados sectores de la militancia, por ejemplo, en Salta, ya hubo reacciones distintas a lo que planteó el Gobernador sobre la posición de su provincia sobre la reforma laboral”.

"Esta colección de fotos de Santilli en enero no es más que otra cosa que intentar vender que están avanzando en un tema. El Gobierno cree que el tema va a tener un tratamiento sereno y cansino y no va a ser así. Va a haber una reacción del movimiento obrero. Ya hubo una crítica de CAME esta semana y de otros entramados Pyme en todo el país. Hay sectores del empresariado que son críticos", planteó.

El jefe del bloque UP manifestó: “No me parece que vaya a haber un tránsito fácil en el Senado de la Nación. En distintas partes del país está apareciendo una actitud distinta en estos días. Creo que tiene que haber un debate público”.

“En los próximos días va a haber un debate público más fuerte sobre la Reforma. Nosotros vamos a estar trabajando para el rechazo. El Partido Justicialista ya visualizó los temas que tienen que ser parte del debate de la problemática laboral, como el salario, la jornada laboral, los trabajadores de plataformas. Nosotros estamos del lado de los mayores derechos y no del lado de los menores", agregó Martínez.

Durante los últimos días, el ministro del Interior, Diego Santilli, profundizó su recorrida por distintas provincias para reforzar el respaldo político que el Gobierno necesita antes del debate de la llamada modernización laboral en las sesiones extraordinarias que comenzarán el 2 de febrero. En ese itinerario, la escala más significativa tuvo lugar este lunes en Salta, donde el gobernador Gustavo Sáenz no solo lo recibió en la Casa de Gobierno, sino que además dejó una señal explícita de acompañamiento. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, afirmó el mandatario salteño, quien también recomendó emplear el concepto de modernización para evitar las resistencias que, según dijo, despierta la palabra reforma entre la ciudadanía.

La voluntad política de Sáenz resulta especialmente valiosa para el oficialismo: el gobernador cuenta con tres diputados nacionales y la exsecretaria de Energía Flavia Royón en el Senado, cuya actuación reciente -incluido su apoyo al Presupuesto 2026- lo ubica como un actor clave de la ingeniería legislativa que el Gobierno necesita reeditar este verano. En la reunión, tanto Santilli como Sáenz destacaron la necesidad de generar empleo privado, aumentar la productividad y atraer nuevas inversiones mediante un marco laboral actualizado.

El viaje a Salta no fue un hecho aislado, sino parte de una secuencia de encuentros que Santilli viene desplegando desde principios de enero. Ya había sido recibido por Ignacio Torres en Chubut -en medio de la crisis por los incendios forestales-, por Leandro Zdero en Chaco, Alfredo Cornejo en Mendoza y Marcelo Orrego en San Juan. Con esos mandatarios, el ministro también recogió apoyos explícitos a la iniciativa, aunque no sin reclamos: algunos gobernadores expresaron su preocupación por el impacto fiscal que implicaría la baja en la recaudación del Impuesto a las Ganancias y pidieron mecanismos de compensación. Santilli sostiene que la modernización laboral terminará beneficiando a las provincias, y suele explicar que cada 400.000 trabajadores formalizados compensan el 0,15% de pérdida que podrían sufrir en 2027.

El ministro visitó al radical Leandro Zdero en el Chaco.

En paralelo a los encuentros concretados, también hubo reuniones que aún no tienen fecha. El caso más evidente es el del pampeano Sergio Ziliotto, con quien Santilli intentó reunirse dos veces en Casa Rosada -el mandatario peronista prefiere que sea allí y no recibirlo en su provincia-, pero el encuentro terminó suspendido primero por cuestiones personales y luego por razones climáticas. No hubo todavía reprogramación, aunque sigue en la agenda.

Para los próximos días, la hoja de ruta del ministro ya está definida. Este jueves viajará a Neuquén para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa y, más tarde, en la misma jornada, hará lo propio con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Ambos encuentros forman parte del tramo final de negociaciones antes del inicio de las extraordinarias, en las que el Gobierno pretende replicar la estrategia política que le permitió aprobar el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre.

Santilli volverá a verse con el entrerriano Rogelio Frigerio.

En ese marco, Santilli cumple su rol de ser el principal articulador del oficialismo ante las provincias. Su tarea consiste en aceitar vínculos, interpretar reclamos y retener el apoyo de gobernadores que, aunque en muchos casos ya se pronunciaron a favor, buscan garantías de que la reforma no profundizará desequilibrios fiscales. La Casa Rosada, por su parte, se muestra confiada en que el impacto positivo sobre el empleo y la actividad económica terminará de convencer incluso a los más reticentes.

En este contexto, el periplo de Santilli se convierte en un termómetro político de primer orden: cada gesto, cada respaldo y cada reunión suspendida pueden incidir en el resultado de un debate que el oficialismo considera central para su hoja de ruta económica y legislativa.

Con el proyecto de modernización laboral como tema principal en las sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno para el mes de febrero, el senador nacional Juan Cruz Godoy (Chaco) se refirió al respecto y aseguró que “tendrá “modificaciones para lograr los últimos acuerdos y que tenga un gran consenso”.

El senador libertario remarcó que “básicamente es terminar de definir los detalles porque ya tuvo discusión antes de finalizar el año”. Cabe recordar, que el proyecto cuenta con despacho de comisión desde el pasado 18 de diciembre. “La parte esencial ya tiene acuerdo, lo que nos faltaba era definir el tema presupuesto que se estaba discutiendo en paralelo y, como eso ya está terminado, ahora tenemos vía libre para finalizar los detalles”, agregó Cruz Godoy.

Sobre modificaciones en el capítulo impositivo y una posibilidad de desdoblar esa sección que afecta la recaudación de las provincias, el senador expresó: “La primicia del Gobierno es sostener el superávit fiscal, es el primer objetivo. La ley tiene una serie de incentivos fiscales para las PyMES, para las empresas, sobre todo para medianas empresas que está previsto en la ley y es condición necesaria sostener el superávit para aplicarlo. En ese sentido, es que faltaba terminar el tema del Presupuesto y el acuerdo con gobernadores para que pueda salir la ley”.

“La Argentina es un país adicto al déficit, ya hemos tratado de resolver los problemas económicos tapándolo con gasto del Estado, entonces nosotros no podemos permitirnos ni siquiera un punto de déficit y necesitamos sostener esta herramienta que le viene dando estabilidad al país”, manifestó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Al respecto, señaló que “es fundamental terminar de definir ese capítulo y si avanzar con el resto, pero ya muestra una línea que esos incentivos fiscales se van a hacer tarde o temprano, porque con el rumbo económico que va a tomar el país este año se va a poder compensar con el crecimiento las partidas de impuestos que se van a utilizar a modo de incentivos”.

“Lo que se está tratando es incentivar la reinversión, que las PyMES que tengan excedentes en el año, paguen menos impuestos si reinvierten en la misma empresa. Esto hace que se capitalicen, mejoren su productividad y seamos más competitivos”, agregó.

El senador libertario afirmó: “Lo único que necesitamos saber es si para este momento vamos a tener los recursos suficientes o no, pero es cuestión de tiempo. En principio son cosas que se tendrían que aprobar completas, pero obviamente va a haber modificaciones para lograr los últimos acuerdos y que salga con un gran consenso que da mayor credibilidad”.

Respecto de la relación con el ala sindical, contó que “tuvimos la oportunidad de hablar y llegamos a un acuerdo de que esto es un problema de todos porque estamos en un piso histórico de afiliación sindical porque todos los nuevos trabajos son bajo modalidad de monotributo, en negro y no en relación de dependencia”.

A la espera del segundo llamado a sesiones extraordinarias, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este viernes al mediodía a los alfiles libertarios para pulir la estrategia legislativa que deberán llevar a cabo a fin de avanzar en la Ley de Modernización Laboral y la modificación a la Ley de Glaciares. Nadie hablo a la salida de la reunión.

Del encuentro en Balcarce 50, que duró casi tres horas, participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, posteriormente arribó la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mientras que los últimos en llegar fueron el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el ministro de Economía, Luis Caputo. También estuvieron presente el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, a la vez que también participó el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Sin la presencia de la secretaria presidencial, Karina Milei, el encuentro fue para evaluar el contexto en el que se van a tener que sentar a dialogar con gobernadores opositores la reforma laboral, puntualmente el capítulo fiscal, que plantea una modificación de la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable, tema que preocupa a los mandatarios provinciales.

Son varios los gobernadores, incluso algunos aliados, que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios. “Hay preocupación por la caída de coparticipación, ya que hay una fuerte disminución de recursos a las provincias. Es algo que estamos conversando con el gobernador y, por supuesto, con todo su equipo técnico económico. Vamos a ver qué decisión tomamos en los en los próximos días o por lo menos de aquí hasta que el proyecto sea tratado en el recinto”, fueron las declaraciones de la senadora chubutense Edith Terenzi a parlamentario.com al ser consultada sobre el proyecto.

El Poder Ejecutivo de la Nación deberá enviar el segundo llamado a sesiones extraordinarias que irá desde el 2 hasta el 27 de febrero. En principio el temario solo incluirá al proyecto de Ley de Modernización Laboral y a la modificación de la Ley de Glaciares. Sin embargo, se ha especulado con que también esté presente la reforma al Código Penal de la Nación. De todos modos, el objetivo central del Gobierno nacional es avanzar sobre la reforma laboral, para la cual pretende hacer una sesión extraordinaria el miércoles 11 de febrero en el Senado.

Así las cosas, en La Libertad Avanza ya hubo movimientos de cara a la sesión extraordinaria que buscará la media sanción del texto: la jefa de bancada libertaria estuvo en Mar del Plata el fin de semana pasado donde se reunió con empresarios, quienes apoyaron el contenido de la iniciativa, la cual tiene dictamen de comisiones.

Humo y un paisaje de color gris, teñido por las cenizas y la vegetación quemada como consecuencia del paso del fuego en la Patagonia argentina, que desde fines de diciembre del 2025 se incendia y las llamas continúan arrasando miles de hectáreas a medida que se propagan, mientras los brigadistas y los bomberos luchan a contrarreloj para poder apagarlas.

“Ley de Ecocidio”, reclamó el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres”, al Congreso Nacional, un proyecto que tiene estado parlamentario y fue presentado por una senadora de su provincia, Edith Terenzi.

Con ella dialogó parlamentario.com en medio de la dramática situación que atraviesa el sur del país, quien adelantó que impulsará “fuertemente en estos días” la iniciativa de su autoría que presentó el año pasado para que se incorpore el delito de ecocidio como tipificación en el Código Penal Nacional.

“El proyecto lo que hace es tipificar el ecocidio y otras formas especiales de criminalidades ambientales. Hay una definición de tipología, también hay un agravante si se produce alguna muerte”, precisó y adelantó que trabajarán para que pueda ser tratado en comisiones “lo más rápidamente posible”. La iniciativa tiene giro a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -como cabecera- y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable que ella misma preside.

“A fines de enero y los primeros días de febrero vamos a tratar de, incluso, ver si podemos incorporarlo en las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo probablemente convoque para febrero”, afirmó Terenzi a este medio.

La senadora aclaró que la redacción del texto “no surgió por los incendios en la en la Cordillera chubutense, esto es algo que veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Primero, cuando sucedió el tema de Punta Tombo y los pingüinos (N. de la R: la “masacre” o “ecocidio de Punta Tombo” ocurrió entre agosto y diciembre de 2021 en una estancia privada lindera al Área Natural Protegida Punta Tombo, en Chubut. El responsable fue Ricardo Adolfo La Regina, un productor agropecuario que utilizó maquinaria pesada para abrir caminos y colocar un alambrado sin autorización ambiental, y en ese marco murieron más de 100 pingüinos de Magallanes durante la temporada reproductiva). Después nos acercaron el tema del Canal de la Patria en donde caían tantos animales y no había ningún tipo de protección y veíamos cantidad de osos hormigueros muertos en extinción, por ejemplo, por una obra que estaba sin terminar, sin las protecciones necesarias para la fauna de esa zona”.

Por otro lado, remarcó que el tema de prevención “corre por cuenta de la provincia y los municipios, sobre todo los municipios de la Comarca Andina, que son los que se ven afectados por este tipo de siniestros. La política de prevención de los municipios y de la provincia tiene que pasar por mantener lo más limpio posible todos los lugares que tienen cercanía con los bosques, eso también es un trabajo de los intendentes y los vecinos”.

Terenzi explicó que los incendios también se deben a “un combo de situaciones que se vienen dando, como por ejemplo la crisis de deficiencia hídrica más grande que hemos tenido en los últimos 60 años”, y detalló que este invierno, el centro de esquí de La Hoya, el más cercano a la a la ciudad de Esquel, no comenzó su temporada por falta de nieve: “Todo lo que tiene que ver con los deshielos que se producen con las nevadas en las Altas Cumbres, sabíamos que iba a traer consecuencias”.

La senadora chubutense destacó la labor del gobernador de la provincia que “desde el primer día que se desató el incendio en Puerto Patriada estuvo al frente del comité de emergencia en la zona de Las Golondrinas con todo su gabinete y desplegando todos los recursos”. En esa línea, ponderó la solidaridad de las provincias linderas como el avión 737 que envió la provincia de Santiago del Estero.

Como dato aparte, Terenzi explicó: “Hay que separar los incendios concurrentes, que hay en este momento, y de los incendios intencionales como el de la zona de Puerto Patriada porque se encontraron algunos elementos como acelerantes y demás que los está investigando, incluso una división especial de la Policía Federal Argentina”.

“Es absolutamente diferente del incendio que comenzó en el Parque Nacional Los Alerces que comenzó en el núcleo duro del parque que, por supuesto, está atendido por jurisdicciones diferentes porque el parque nacional es nacional, y el resto del incendio de Puerto Patriada está atendido directamente por el gobierno de la provincia”, diferenció.

Sistema Nacional de Manejo del Fuego

En otro tramo de la entrevista, Terenzi se refirió al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, señalando que “en los últimos años hubo una sub ejecución de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional”, y precisó que “así ha sucedido en el 2024 donde hubo una sub ejecución con respecto a las partidas de asignadas al manejo del fuego del 2023, y lo mismo sucedió en el 2025 con una sub ejecución casi por arriba de 60 casi 70% de las partidas que están definidas”.

Además, respaldó el reclamo de los brigadistas nacionales que “es realmente es legítimo, es muy valedero el reclamo de salarios y de precariedad que tienen los brigadistas del servicio nacional en el manejo del fuego”.

También, la senadora denunció que hay “algunas personas, incluso algunos grupos bastante desestabilizadores, que hablan de las quemas intencionales para la venta de los de las tierras”, y aclaró que “las tierras de parques nacionales no se pueden enajenar, son justamente parques nacionales”.

“Las tierras de la provincia con bosque nativo están protegidas por la Constitución de la provincia del Chubut. Los bosques nativos son dominio del gobierno provincial, y cualquier modificación o cualquier definición o decisión que se tome con respecto a tierras con bosque nativo, necesita mayorías especialísimas como los cuatro quintos para modificar ese estatus”, explicó.

Terenzi informó que esto quedó redactado en la reforma de la Constitución de la provincia en 1994 cuando los recursos fueron definidos a nombre de las provincias. “La provincia de Chubut hizo especial hincapié en el dominio de sus bosques nativos, por lo tanto, hablar de venta de tierras que se quemen en la provincia por incendios, ya sea intencionales o no, es una es de una irracionalidad y de una irresponsabilidad extrema”, criticó.

Así, insistió que “el artículo 105 de la Constitución de la provincia del Chubut da el dominio exclusivo del bosque nativo a la a la provincia, y modificar una ley de bosques necesita las mayorías más especiales que tiene la Constitución de la provincia, que son los cuatro quintos del cuerpo legislativo provincial”.

Ley Nicolás: la única que el Gobierno no vetó

A modo de balance legislativo, la senadora destacó la aprobación de la Ley Nicolás que fue la única ley que el Gobierno nacional no vetó en el 2025. “Fue algo que decidimos ponernos al hombro y por la que reclamamos muchas veces en el recinto para que se incorporara al orden del día cuando teníamos una seguidilla de sesiones especiales, en donde los temarios los hacía el Poder Ejecutivo. Pedimos preferencias, sabíamos que teníamos dictámenes unánimes y no lográbamos que llegara al recinto, pero finalmente lo logramos y fue una gran satisfacción muy importante”, expresó.

Otra de las leyes que la senadora impulsó es la de Atrofia Muscular Espinal (AME), que cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados. “Logramos que el Senado tomara conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad imperiosa de pesquisarme para salvar vidas”.

“No es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de vida o muerte”, planteó. La iniciativa tiene giro en las comisiones de Salud, de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, por lo que la senadora pedirá una reunión conjunta para tratar el tema. “Ojalá logremos la media sanción que falta. La verdad me parece que ese es uno de los trabajos más importantes que vamos a seguir a lo largo de este año”, manifestó.

Reforma Laboral y DNU de la SIDE

Por otro lado, Terenzi brindó su punto de vista sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional cuyo dictamen será debatido en el mes de febrero. Al respecto, la senadora expresó preocupación por “la caída de coparticipación”, ya que “hay una fuerte disminución de recursos a las provincias. Es algo que estamos conversando con el gobernador y, por supuesto, con todo su equipo técnico económico. Vamos a ver qué decisión tomamos en los en los próximos días o por lo menos de aquí hasta que el proyecto sea tratado en el recinto”.

Con respecto al decreto de necesidad y urgencia que reforma la Ley de la SIDE, que despertó una gran polémica, la legisladora chubutense opinó: “Un DNU que está modificando una ley eso ya desde el inicio es una irregularidad muy grave, por lo tanto, creo que lo primero que tiene que suceder, y que estamos esperando que suceda, es que los presidentes de ambas cámaras convoquen a la reunión de la Bicameral de DNU para ver la validez o no. Sino, sucederá como en otras ocasiones que llegan directamente al recinto a pedido de algún sector político”.

En medio de la recorrida por las provincias del ministro del Interior, Diego Santilli, para intentar cautivar a los mandatarios provinciales y lograr la aprobación de la reforma laboral, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que “los gobernadores no tienen que ser ingenuos ni dejarse manipular en las conversaciones”.

“No pueden avalar una reforma laboral que terminará de destruir el empleo en las provincias y que además encubre una reforma tributaria que pone en jaque la coparticipación”, agregó el dirigente en referencia a las modificaciones que incorpora el proyecto del oficialismo, las cuales representan una pérdida de la recaudación anual de $8.149.521.000.000, equivalente a USD 5.727 millones. La mitad de ese monto recaerá principalmente en las provincias.

Aguiar señaló que la eliminación de Ganancias para las grandes empresas y la modificación de otros tributos “recorta drásticamente los recursos que de manera automática se transfieren a las provincias. La reforma se traducirá en pérdidas multimillonarias para todos los distritos”.

En este marco, el Secretario General de ATE continuó: “Los mandatarios provinciales tienen que saber que la conflictividad está en ascenso, que va a crecer rápidamente y va a comenzar por sus territorios”.

En referencia al diálogo que prometió la senadora y jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, para lograr la aprobación de la norma, Aguiar evaluó: “Estamos frente a una contrarreforma que no admite modificaciones mediante el diálogo. Sería un error pensar que, si a un proyecto que fue enteramente redactado por los estudios jurídicos del gran empresariado nacional, con el sólo hecho de introducir modificaciones se podría mejorar la posición de los trabajadores o garantizar que los perjuicios sean menores”.

“El movimiento sindical no puede aspirar al mal menor. Debe dar pelea, debe luchar. Esta iniciativa, desde el primer hasta el último artículo, nos perjudica. Debemos plantear la huelga general. Sentarnos en una mesa a discutir un proyecto que no es de los trabajadores es directamente sentarse a perder. Se trata de una regla básica de toda negociación. Distinta sería la historia si lo que está sobre la mesa hubiera sido una iniciativa de los trabajadores”, sentenció el referente estatal.

“Actualmente el mundo del trabajo está en crisis y no la vamos a superar con este tipo de legislaciones regresivas. El 72% de los trabajadores en la Argentina cobra menos de 1 millón de pesos por mes y no alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica Total. Con la ley que pretende el Gobierno, esta triste y penosa realidad empeorará. Asistimos a un empobrecimiento silencioso y generalizado. Tenemos que reaccionar”, concluyó Aguiar.

El Gobierno nacional trabajó activamente este fin de semana en definir la hoja de ruta para las sesiones extraordinarias que se reanudarán en el mes de febrero, aunque tomarán verdaderamente forma en los últimos días de este mes. En el centro de la agenda estará un proyecto clave y el que hoy por hoy más le interesa: la reforma laboral, que promete flexibilizar normas para impulsar el empleo formal, aunque también se trabaja en una reforma tributaria parcial, orientada a aliviar la carga sobre empresas y emprendedores.

La senadora Patricia Bullrich, referente del oficialismo en la Cámara alta, habló del tema este fin de semana durante su paso por Mar del Plata, donde encabezó un encuentro con empresarios del turismo y el comercio. “Estamos acá para destrabar empleo en blanco”, afirmó, dejando claro que el Ejecutivo no piensa retroceder en el espíritu del proyecto, aunque abrió la puerta a ajustes técnicos consensuados con la CGT.

El oficialismo pretende que el Senado dé la primera señal antes de febrero. Para eso, activó comisiones técnicas y contactos con gobernadores, mientras la CGT refuerza su campaña para frenar artículos que afectan convenios colectivos y crean un Fondo de Asistencia Laboral. Bullrich ratificó que habrá diálogo, pero advirtió: “Si no cambia el espíritu del proyecto, podemos conversar”.

Un detalle que no pasó desapercibido desde que el Poder Ejecutivo redactó el temario para el primer llamado a extraordinarias en el mes de diciembre fue que no se incluyó la reforma tributaria de la que siempre habló. Ya había dejado claro en su momento que pensaba incluir este verano el tratamiento de las reformas laboral y tributaria, mientras que la previsional quedaría para un segundo mandato, en 2028. Hubo modificaciones tributarias a través de algunas iniciativas sí incluidas en diciembre, pero lo según trascendió los últimos días, el Gobierno retomó la cuestión de la reforma tributaria, aunque decidió segmentarla: primero avanzará con cambios vinculados a sociedades y Ganancias, dejando para más adelante una reestructuración integral. La medida genera inquietud en las provincias, que advierten por el impacto en la coparticipación.

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de febrero, con la meta de lograr media sanción en el Senado en los primeros días del mes. En la negociación, el Ejecutivo ya mostró gestos hacia gobernadores dialoguistas: más fondos ATN para Tucumán, participación accionaria en YMAD para Catamarca y cargos en la Auditoría para Salta.

Mientras el oficialismo busca acelerar, los sindicatos y las provincias endurecen posiciones. El debate promete ser intenso: la reforma laboral y tributaria son piezas centrales del esquema económico que Milei necesita para sostener la gobernabilidad en 2026.

Pasada la primera semana del año, el Gobierno metió el acelerador en torno al proyecto de "Modernización Laboral", que se dictaminó de manera exprés en comisiones del Senado en diciembre, pero su debate en el recinto se postergó hasta febrero en busca de mayores consensos con la oposición dialoguista.

No solo jefa del bloque, sino principal figura hoy por hoy del oficialismo en la Cámara alta, la senadora Patricia Bullrich encabezará este sábado una actividad en torno a la Reforma Laboral que ambiciona la Casa Rosada.

El anuncio de su agenda se conoció este viernes, horas después de una reunión que mantuvo en la quinta de Olivos con el Presidente Javier Milei. Allí, ambos compartieron un desayuno y el proyecto fue el principal tema que abordaron.

Según confirmaron desde su entorno, la exministra estará este sábado en Mar del Plata, donde realizará recorridas y reuniones con representantes de diferentes sectores sociales y económicos, "interesados en analizar los aspectos más destacados del proyecto".

Además, Bullrich encabezará el "Conversatorio sobre la Modernización Laboral" en dicha ciudad, acompañada por Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, entre otros. El evento se realizará desde las 17 en el Torreón del Monje (Paseo Jesús de Galíndez).

"Desayuno de trabajo con el Presidente para acelerar las reformas que están cambiando la Argentina. Decisión, coraje y rumbo claro. Lo que hace falta para transformar el país de verdad. Argentina va a ser ENORME y próspera. Y no hay vuelta atrás", escribió este viernes la senadora en su cuenta de la red social X, junto a una foto con Milei, vestido con uno de sus mamelucos de YPF.

Además de las visitas a gobernadores por parte del ministro del Interior, Diego Santilli, también con la mirada puesta en buscar votos para la aprobación de la Reforma Laboral, la próxima semana habrá una reunión de la mesa política del Gobierno.

Con la intención de acelerar la estrategia en torno a esta iniciativa, para el próximo viernes 16 de enero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la mesa política. Además de los mencionados Bullrich y Santilli, estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia; Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También podrían participar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes ocasionalmente se hacen presentes.

Entre los puntos que se encuentran en evaluación de eventuales modificaciones al proyecto, tras recibir varias críticas de la oposición, están el capítulo tributario y la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Diputados y senadores peronistas de Entre Ríos le enviaron una carta al gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, en la que le solicitan una reunión para "evaluar en conjunto el impacto" que tendría el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en lo que respecta a la modificación en el impuesto a las Ganancias.

Según advirtieron en la misiva, Entre Ríos "y, consecuentemente, los municipios, recibirían durante todo este año $81.265 millones menos" en coparticipación, lo que representa "un promedio simple mensual de $6.772 millones por mes".

"Entendiendo el grave impacto que esta reforma generaría en los recursos de nuestra provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas para no afectar el presupuesto de Entre Ríos", sostuvieron.

La carta lleva las firmas del senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay.

Los legisladores explicaron que "el proyecto de ley de 'Modernización Laboral' introduce un artículo, el 191, que modifica la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades y reduce la alícuota de los tramos 2 y 3, reemplazando la alícuota del 30% por una del 27% y la del 35% por una nueva alícuota del 31,5%".

"Esta baja de la alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias y, por la ley provincial de coparticipación, en menores ingresos para los municipios", resaltaron.

Además, indicaron que "solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del gasto tributario que efectúan el Tesoro Nacional y las provincias".

"En el Presupuesto 2026, el Gobierno (nacional) proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 puntos porcentuales (pp) del PBI. De ese total de $548 billones un 29% corresponde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que $534,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportaran al total de impuesto a las Ganancias", detallaron.

Y continuaron: "La reforma que impulsa el Gobierno va a reducir sustancialmente ese monto. De $534,3 billones para sociedades se recaudarían $531,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 pp del PBI".

"¿Y dónde impacta esa caída de recaudación? En el Tesoro Nacional y en las provincias. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la Ley de Coparticipación Federal", agregaron.

La discusión sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional no solo tensó la relación con la oposición y el movimiento obrero: también estalló en las redes sociales, donde se transformó en uno de los principales focos de conflicto político del cierre del año. Según un informe de Enter Comunicación, la movilización convocada por la CGT el 18 de diciembre actuó como el gran catalizador que llevó la disputa a su pico máximo de atención pública, reactivando el protagonismo digital de la central obrera tras meses de desgaste.

El estudio registró 555.515 menciones relacionadas con la reforma y la marcha, generadas por más de 511 mil usuarios únicos, un volumen que confirma que el debate trascendió los nichos sindicales y se instaló en la agenda nacional. El nivel de interacción fue aún más llamativo: 25,7 millones de reacciones, un engagement extraordinario que reflejó una conversación altamente polarizada, con fuerte circulación de contenidos y respuestas confrontativas entre defensores y detractores de la medida.

Aunque la reforma laboral venía siendo un tema sostenido en medios y discursos oficiales desde la victoria electoral del oficialismo, su presencia digital se mantuvo relativamente baja hasta el día previo a la movilización. Fue recién el 18 de diciembre cuando la conversación “explotó”, convirtiéndose en uno de los temas más mencionados del día. La protesta reactivó la discusión y consolidó a la reforma como el eje del debate público en redes.

El informe destaca que la CGT logró en esta jornada un repunte notable de su capacidad de movilización digital. Tras un pico en enero de 2024 —con 606 mil menciones—, la central había sufrido un marcado debilitamiento, con su punto más bajo en el tercer paro general de abril de 2025, cuando apenas superó las 99 mil menciones. La marcha de diciembre revirtió esa tendencia: acumuló 550.780 menciones, cifra que devuelve a la CGT al centro del mapa político-social y la posiciona como un actor opositor con capacidad de reacción frente al paquete de reformas del Gobierno.

La conversación se caracterizó por una fuerte polarización. El análisis de sentimiento arrojó un 52,2% de menciones negativas frente a un 42,8% positivas, con solo un 4,9% de neutralidad, casi exclusivamente producto de coberturas periodísticas de servicio. Entre los mensajes favorables a la marcha predominaron consignas de defensa de los derechos laborales y denuncias de “precarización”. Del otro lado, el bloque negativo estuvo dominado por expresiones de apoyo al Gobierno y a la reforma, acusaciones contra la “casta sindical”, justificaciones del protocolo antipiquete y mensajes orientados a instalar que la convocatoria había sido un “fracaso”.

La nube de palabras reconstruye esa fractura: aparecen términos alineados con la narrativa sindical —“derechos”, “trabajadores”, “movilización”— junto a otros de fuerte deslegitimación —“zurdos”, “kuka”, “fracasó”—, evidencia de un clima social dividido en torno al rumbo económico y laboral del Gobierno.

El análisis de tendencias de Google introduce una lectura particular: pese al enorme volumen político del debate, la marcha no logró convertirse en el tema dominante del día para el público masivo. Una noticia imprevista —la situación de salud del chef Christian Petersen— generó un interés cinco veces superior al de la movilización. La atención general se repartió entre quienes buscaban entender el conflicto político y quienes simplemente necesitaban saber si habría transporte. En este último caso, el término más buscado no fue “horarios” ni “colectivos”, sino “C5N en vivo”, lo que revela la centralidad de la televisión en contextos de incertidumbre operativa.

La composición de la audiencia también fue elocuente. El 61,8% de las menciones provinieron de Buenos Aires, lo que confirma la hegemonía del AMBA en las conversaciones políticas en redes. Córdoba, Rosario, Neuquén, Santa Fe y Mendoza registraron participaciones menores y dispersas. En cuanto a plataformas, la discusión fue casi totalmente patrimonio de X (94%), con una presencia marginal de Facebook e Instagram. Predominaron los hombres —62% del total—, un patrón ya habitual en debates políticos de alta intensidad.

El informe concluye que la movilización del 18 de diciembre no fue solo una expresión sindical en las calles, sino el epicentro de una disputa narrativa que reconfiguró la conversación pública en torno a la reforma laboral. En ese terreno, la CGT recuperó volumen y visibilidad, mientras el Gobierno logró sostener un discurso alineado detrás de la “modernización” y el orden. La batalla digital, lejos de cerrarse con la marcha, dejó expuesta una fractura que continuará atravesando la discusión política y social en los meses por venir.

El senador nacional Jorge "Coqui" Capitanich (Justicialista) opinó este lunes que el proyecto de reforma laboral "de reforma laboral no tiene nada, sino que tiene una reforma tributaria encubierta y regresiva para perjudicar las negociaciones colectivas, debilitar las organizaciones sindicales, y obviamente afectar los derechos de los trabajadores".

"La reforma laboral genera un proceso de reforma tributaria encubierta, para hacer la gran 'Hood Robin', transferir de los pobres a los ricos", apuntó el exgobernador chaqueño, quien precisó que "el costo fiscal de la medida es equivalente a 12 mil millones de dólares".

En ese sentido, mencionó una proyección de "2.179 millones de dólares en el tema del impuesto a las Ganancias a las grandes sociedades", cuya eventual baja de la alícuota beneficiaría "de 144 a 165 grandes empresas, de las cuales 63 cotizan en bolsa", pero "perjudica a las provincias en virtud de la coparticipación".

Luego, el legislador indicó que "el Fondo de Asistencia Laboral es el subsidio al despido" en "4.300 millones de dólares".

En diálogo con radio Splendid, Capitanich opinó que el Presupuesto 2026 "está completamente desdibujado, porque las proyecciones macroeconómicas son absolutamente inconsistentes e incongruentes".

Tras cuestionar el artículo 30, donde se derogan artículos referidos al financiamiento en educación, ciencia y defensa, el senador peronista observó también que "los resultados fiscales que muestra el Presupuesto son absolutamente falsos, porque existe deuda contingente no contabilizada", además de "una deuda social derivada de la subejecución de partidas".

El chaqueño sumó que la propuesta de reforma laboral "no genera empleo", mientras que el Presupuesto "es de ajuste; no hay obra pública, no hay construcción de viviendas, y hay un desfinanciamiento de la educación y salud". "Esto demuestra que gobiernan para los ricos y solamente quieren asignar recursos para ellos", completó.

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional constituye una de las discusiones más relevantes que atraviesa hoy el Congreso, no solo por la magnitud de los cambios propuestos, sino por el enfoque conceptual que los sustenta. Lejos de una actualización integral del sistema de relaciones laborales, el proyecto se apoya casi exclusivamente en la reducción de costos y en la flexibilización normativa como supuestos motores de creación de empleo, sin articular dichos cambios con una estrategia de desarrollo productivo de mediano y largo plazo.

Desde el diagnóstico, el Gobierno parte de datos objetivos: según el INDEC, la informalidad laboral se ubica en torno al 45% de la población ocupada, mientras que el empleo privado formal se mantiene prácticamente estancado desde hace más de una década. Asimismo, el desempleo ronda el 7–8%, lo que revela un mercado laboral que no destruye empleo masivamente, pero sí lo degrada en calidad. Sin embargo, atribuir estas distorsiones de manera casi excluyente al régimen indemnizatorio o a la rigidez de la legislación laboral constituye una simplificación analítica que no resiste un examen técnico riguroso.

La evidencia económica comparada es clara: no existe una relación causal directa entre flexibilización laboral y creación de empleo formal. Estudios de la OIT y de organismos multilaterales muestran que las reformas laborales solo generan efectos positivos cuando se implementan en contextos de crecimiento económico, inversión sostenida y estabilidad macroeconómica. En ausencia de estas condiciones, la flexibilización tiende a traducirse en mayor rotación, precarización contractual y transferencia del riesgo económico hacia el trabajador, sin impacto significativo en los niveles de formalización.

Desde el punto de vista legislativo, preocupa especialmente que la reforma avance sobre mecanismos de protección sin prever instrumentos compensatorios adecuados. Argentina destina menos del 0,5% del PBI a políticas activas de empleo, muy por debajo del promedio de países de la OCDE, y cuenta con un sistema de seguro de desempleo de cobertura limitada y montos claramente insuficientes. En este contexto, debilitar las garantías laborales sin fortalecer previamente estos dispositivos implica una regresión en términos de protección social.

Otro aspecto crítico es el impacto generacional. Según datos oficiales, cerca del 60% de los jóvenes menores de 29 años se desempeñan en condiciones de informalidad. Cualquier reforma que no priorice la creación de empleo formal juvenil, la capacitación laboral y la inserción productiva corre el riesgo de consolidar un mercado de trabajo dual: flexible para algunos, pero estructuralmente precario para la mayoría.

El Congreso tiene aquí una responsabilidad central. La modernización del derecho laboral es un debate legítimo y necesario, pero no puede abordarse de manera fragmentaria ni subordinada exclusivamente a objetivos fiscales o de corto plazo. Una reforma técnicamente sólida debe integrarse a un proyecto de desarrollo que contemple productividad, inversión, educación y protección social. De lo contrario, la flexibilización legislada corre el riesgo de convertirse en un ajuste encubierto sobre el trabajo, con consecuencias económicas y sociales difíciles de revertir.

Andrés Vallone es diputado nacional (MC)

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que no vetará la ley de Presupuesto 2026, pese a que la Cámara de Diputados eliminó uno de los capítulos centrales del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Tras la media sanción obtenida en una extensa sesión en la Cámara baja, el mandatario adelantó que el Gobierno “acomodará” las partidas para sostener el objetivo de déficit cero, que definió como la prioridad absoluta de su gestión.

La definición presidencial llegó luego de que Diputados rechazara el Capítulo XI de la iniciativa, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Aun así, el proyecto logró avanzar con media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado.

En una entrevista por La Nación+, Milei destacó el recorrido parlamentario de la iniciativa y subrayó las dificultades que debió atravesar el oficialismo para lograr su aprobación en general. “Hemos podido sancionar el presupuesto. Hubo 14 contiendas de alguna manera. La primera fue lograr el quórum. La segunda, que la iniciativa se vote por capítulos. Luego aprobaron 11 capítulos de los 12 propuestos”, enumeró.

En ese marco, fue categórico al descartar un veto presidencial: “A la luz de cómo evolucione el debate sobre el presupuesto, que seguirá en el Senado, yo no voy a vetar la ley de presupuesto”. Y agregó: “Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos”.

La afirmación busca enviar una señal tanto al Congreso como a los mercados, en un contexto en el que el oficialismo logró avanzar con el núcleo fiscal del proyecto, pero cedió en aspectos sensibles frente a la oposición.

El presidente también se refirió al conflicto político abierto en torno a la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que el oficialismo avanzara con designaciones en ese organismo sin acompañar la propuesta del Pro para que Jorge Triaca ocupara una de las vacantes. La decisión generó reproches internos en la oposición dialoguista y cuestionamientos sobre un eventual quiebre con Mauricio Macri.

Milei rechazó de plano esa lectura y encuadró el episodio dentro de la dinámica parlamentaria. “Yo no creo que haya sido una traición a Macri. Es parte de cómo se maneja la lógica de la política”, sostuvo, al tiempo que negó cualquier acuerdo con sectores del kirchnerismo: “Varios periodistas vienen mintiendo, endosándome nexos con el kirchnerismo. Sin embargo, Cristina Kirchner terminó presa en este Gobierno”.

En el plano institucional, también relativizó la urgencia de cubrir vacantes en la Justicia federal y en la Corte Suprema, al señalar que se trata de temas que deberán abordarse más adelante, una vez resueltos asuntos que considera “más complejos” en el plano económico y fiscal. 

Reforma laboral en agenda

Con el foco puesto en la agenda legislativa de 2026, Milei volvió a insistir en la necesidad de avanzar con una reforma laboral integral. Tras destacar indicadores sociales y económicos de su gestión, el Presidente sostuvo que la modernización del régimen de trabajo es clave para consolidar esos resultados.

“Hoy tenemos a la mitad de los trabajadores en el segmento laboral sin ningún derecho. La modernización no le quita derechos a nadie, se los otorga”, afirmó, y remarcó que el proyecto incluirá incentivos fiscales para las empresas, como reducción de impuestos y devolución anticipada del IVA. “Es importante a efectos de la caja”, subrayó, en un mensaje dirigido tanto al Congreso como al sector empresario.

Consultado por la caída de empresas y del empleo formal, Milei defendió su enfoque macroeconómico y pidió observar el resultado agregado. “Algunas empresas cierran y otras nacen. Se destruyen puestos de trabajo y se crean otros. En el neto estamos mejor”, sostuvo.

Con una Plaza de Mayo rodeada de pancartas y pasacalles sindicales que se congregarán este jueves por la tarde para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en paralelo puertas adentro del Senado de la Nación el oficialismo desafiará a la oposición y a las agrupaciones gremiales pasando a la firma la iniciativa.

Así lo informó la titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, al cierre de lo que fue la segunda reunión informativa junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que retomó desde las 9.30 el debate de la iniciativa y pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta la tarde donde, finalmente, anunció el dictamen que será debatido recién en el mes de febrero del 2026.

Bullrich comentó que a las 16 horas de este jueves retomarán el tratamiento, puntualmente, el capítulo referido a los trabajos por plataformas y, para las 17 horas los senadores se abocarán a debatir entre sí para emitir el dictamen. Al pedir la palabra, el senador Mariano Recalde (UP) solicitó incorporar más expositores de otras temáticas, como periodistas, debido a la derogación del Estatuto del Periodista previsto en la ley, a lo que Bullrich le contestó que pueden exponer en el intervalo de 16 a 17.

Foto: Comunicación Senado

La palabra de abogados y magistrados

Fue Guillermo Crespo de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) el encargado de abrir la jornada, quien calificó la iniciativa como “absolutamente negativo, no solo para los trabajadores sino para el conjunto de la población” porque significa un “retroceso y pulverización evidente de los derechos de los trabajadores”.

“Se encuadra en un concepto donde quienes garantizan la actividad y producción en el país son exclusivamente los empresarios y lo trabajadores, de alguna manera, aparecen como un estorbo, un impedimento para desarrollar la economía del país y esa no es la realidad”, criticó y agregó que el proyecto presenta artículos que “van hacia la mordaza de los trabajadores en relación a sus reclamos”.

Crespo indicó que también “hay mordazas en lo colectivo porque se limitan las asambleas que quedan supeditadas a la aprobación del empleador. Se hace una regulación del derecho de huelga en la planta y una regulación del derecho de huelga en servicios esenciales que es insólita porque, no solo se expande las restricciones, sino que se hace un listado de actividades entre servicios esenciales y servicios de importancia trascendental que incluye a la casi totalidad de las actividades económicas del país”.

“Esto es una vulneración absoluta y directa de la normativa internacional de la materia”, reclamó y advirtió que hay un avance respecto de la legislación del año pasado sobre la eliminación de controles al empresario que “le facilitan cierta impunidad que perjudica a los trabajadores”. También señaló que se da “un paso atrás con las tareas de cuidado y en la regulación del teletrabajo”.

Foto: Comunicación Senado- Guillermo Crespo

En esa línea, sostuvo que es un “perjuicio a las mujeres que son las que tienen todavía sobre su cabeza la mayor parte las tareas de cuidado”. A su vez, planteó que “se deja de ver al trabajador como persona y se la ve como una ‘cosa’ como por ejemplo en la jornada laboral donde va tener que tener su tiempo a disposición del empleador”.

Crespo también apuntó al denominado salario dinámico que “en realidad ata a los trabajadores a una relación de arbitrariedad y capricho por parte de empleadores. Esto es avanzar en un estado de inseguridad de los trabajadores”.

Al cierre, planteó que la propuesta pretende “potenciar el poder del empleador en el establecimiento. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, que no va a tener la posibilidad de reclamar por sus derechos. Esto va a ser origen de una enorme cantidad de conflictos en el país”.

A continuación, fue el turno de los representantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, su presidente Alejandro Sudera explicó que “los jueces no debemos legislar ni de forma directa o indirectamente, sino limitarnos a aplicar las normas que sanciona el Congreso y en eso reside la división de poderes”.

Solo hizo alusión al artículo 54 del proyecto que propone modificar la 276 del Contrato de Trabajo que pretende regular la actualización y repotenciación de los créditos laborales. “La reforma postula incluir en dicho artículo la actualización mediante el IPC con más de un interés del 3% anual. Este criterio de IPC es el que actualmente y desde hace tiempo se viene aplicando mayoritariamente la justicia de trabajo”.

“Eso es sumamente positivo que se regule eso y que no quede librado al criterio de los jueces porque ese criterio trae diversas opiniones, distintas soluciones e inseguridad jurídica”, resaltó y explicó que para poder aplicar hoy ese IPC “nos vemos en la obligación de declarar la inconstitucionalidad de las normas que desde hace décadas prohíben la actualización de los créditos laborales”.

Al referirse al artículo 79 que propone una modificación al artículo 20 de la Ley 18.345 que regula el procedimiento ante la Justicia Nacional del Trabajo y regula la atribución de competencias. “con la modificación lo que se hace es excluir las competencias de la Cámara Nacional de Apelaciones, algo que es parte de un nutrido contenido federal.  Se está privilegiando la competencia en razón de la persona sustrayéndola del fuero laboral para enviarla a lo contencioso administrativo federal sobre otros criterios como el de la especialidad”.

También habló del artículo 91 que refiere a la “transitoriedad de la justicia del trabajo y es como un desarrollo de la Ley Cafiero que habla de trasferencia de competencias teniendo en cuenta la naturaleza de vecindad”.

Foto: Comunicación Senado - Alejandro Sudera

Por la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) expuso Roberto Pompa quien afirmó: “No estamos de acuerdo con el proyecto porque consideramos que el mismo contraría violentamente disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de derechos fundamentales de las personas”.

“En un Estado de Derecho la aplicación de una ley tiene que hacerse en la medida en que esa ley se corresponda con la CN, si se aparta, debería ser considerada inconstitucional”, remarcó e hizo hincapié en el artículo 14 de la Constitución Nacional y comparó que “las leyes están para proteger a los trabajadores, pero en el texto que estamos analizando no hay ninguna norma en todo en su articulado que beneficie a los trabajadores”.

Basándose en un informe de la OIT, indicó que “en ningún país donde se hicieron reformas con ajustes se promovió el empleo”, y cuestionó que “lejos estamos de eso porque con la Ley Bases destruyeron más de 270 mil puestos de trabajo, se cerraron 15 mil empresas y se registraron solo 16 mil trabajadores”.

“La informalidad laboral no se resuelve con la modificación de normas laborales, hay que atacar las causas de la evasión y en estas normas se las favorece al eliminar multas contra los empleadores. No crea condiciones de trabajo digno y precariza condiciones laborales, abandona convenios laborales, reduce la actividad del hombre, se elimina la justicia social, entre otros puntos”, planteó.

En representación del Foro de Abogados Sindicales se presentó Melina Peñarol Méndez quien advirtió que “esta reforma laboral en realidad es una reforma constitucional encubierta que deroga el artículo 14 bis que establece el derecho a la protección del trabajo, el trabajo en condiciones dignas, ejercer el derecho de huelga, etc. Todo queda en la nada si se aprueba esta reforma”.

Peñarol Méndez sostuvo que hay “una seria afectación al derecho colectivo de negociación y a la libertad sindical y vemos este ataque planteado en varios aspectos porque la modificación del artículo 33 al artículo 34 BIS de la Ley de Contrato de Trabajo modifica las condiciones de negociación salarial que hacen los sindicatos”. También apuntó contra la restricción del derecho de huelga en los artículos 98 y 99 de la reforma que modifican el 6 de la ley; denunció que hay un desfinanciamiento de las organizaciones sindicales, “el aniquilamiento” de los convenios colectivos de trabajo.

Fotos: Comunicación Senado - Melina Peñarol Méndez

En su exposición, representantes de la Asociación Argentina de Contribuyentes plantearon que la cámara de origen del proyecto tenía que ser, por una cuestión impositiva, Diputados. Así, el titular de la asociación, Pablo Dono, explicó que tiene un Régimen especial y alícuotas específicas para empresas porque “estamos en necesidad de atraer capital, pero las reformas deben ser más horizontales como incluir monotributo, cuarta categoría, trabajadores autónomos”. Dono destacó la baja de impuestos con equilibrio fiscal; las amortizaciones aceleradas.

Representantes bancarios

Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y privados de la República Argentina (ABAPPRA), coincidió en hacer una reforma laboral, pero se refirió al artículo 35 sobre el pago de remuneraciones: “No creemos un nuevo cisne negro porque hace décadas existen cuentas sueldo que son gratuitas, seguras y le dan al usuario bancario la plena disponibilidad de sus ahorros”.

Respecto de los riesgos que se pueden provocar si las remuneraciones salariales se canalicen a través de billeteras digitales “son múltiples. Es pésima la redacción de este artículo porque va a afectar la seguridad del funcionamiento. Se va a destruir la materia prima que es la captación del ahorro”, y propuso que la alternativa es crear un sistema de ahorro bancario en un sistema de cuotas partitas”. También, alertó que la reforma “puede acelerar la banca paralela o marginal que en la crisis de 2006 trajo muchos problemas”. Así, pidió que se vote por la negativa al artículo 35.

En el mismo sentido se manifestó Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y pidió eliminar el artículo 35 del proyecto porque “implica modificar un mecanismo central del sistema laboral para que el trabajador cobre el sueldo de forma segura, trazable y protegida. Cambiar el orden no aporta ningún beneficio real al asalariado, pero si riesgos como la exposición al fraude digital, se encarece el crédito”.

Fotos: Comunicación Senado

Representantes de la cultura y la comunicación

Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual y Frente Federal, sostuvo que la propuesta de reforma laboral “nos atañe en todos los aspectos porque entendemos que es gravoso para el mundo del trabajo y quieren derogar el estatuto del periodista que tiene propiedades intelectuales”.

“Vivimos una situación terminal porque este proyecto en su título 25 plantea la reducción de la carga tributaria pone en sus artículos la pérdida total de gravámenes que alimentan el fomento cultural y comunicacional de la democracia”, alertó y agregó: “La libertad de expresión se logra teniendo derechos adquiridos en las normas que venimos a defender”. En tanto, enumeró que los artículos 193,194 y 195 “borran por completo las leyes de cultura y comunicación”.

El actor y dirigente de Sagai, Pablo Echarri, cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y pidió que se eliminen los artículos 193 al 196 de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que afectan de manera directa a la actividad cultural y audiovisual.: “Eliminar la cultura nacional es patearnos en contra. Es una reforma regresiva y ruinosa para todos los trabajadores en un marco de pobreza extrema. Esto no es una salida, es un sometimiento de los empleadores".

“Estamos de acuerdo en generar mejores condiciones de trabajo, pero no en matar la economía del talento”, sostuvo Echarri, y advirtió que la cultura “no solo construye identidad” sino que también “es una herramienta clave de desarrollo económico, como lo demuestran otros países que impulsan su industria audiovisual”.

También expusieron la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Elena López; el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico; Armando Farina de CADAM; Diego Boris Macciocco, expresidente del Instituto Nacional de la Música.

La extensa jornada de debate del proyecto de ley de modernización laboral se cerró con la presentación de la conducción cegetista. La información de su presencia se conoció promediando la tarde y a las 19 se hicieron presentes los miembros del triunvirato de conducción de la central sindical, que este jueves encabezará una movilización precisamente contra la ley que se debate en el Senado.

Habló Jorge Sola, secretario General de Seguros, que planteó su oposición al proyecto al igual que los demás representantes sindicales y cuestionó su "constitucionalidad".

También solicitó un tratamiento de mayor profundidad y agregó que " este Senado y luego Diputados tienen una gran responsabilidad en lo que se va a modificar en las relaciones del mundo del trabajo que toca los derechos individuales de los trabajadores y van en contra de sus representaciones sindicales".

A su turno, Jorge Argüello, de Camioneros, afirmó que la ley “es regresiva”, y sostuvo que no se trata de una reforma: “Es una flexibilización laboral. No se genera más trabajo quintando más derechos”.

Por último intervino Cristian Jerónimo, quien es secretario general de SEIVARA, y expresó que la CGT no avaló en ningún momento el proyecto de la reforma laboral y dijo que no le aporta “nada al mundo del trabajo”.

Fue una extensa jornada la celebrada este miércoles en el Salón Azul, para iniciar el debate de la ley de Modernización Laboral. El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presidida por los senadores Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA), concluyó pasadas las 20.

Al cierre, Patricia Bullrich anunció el cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30.

Luego de la participación del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, señaló que "el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad, lo que ha tenido enormes consecuencias sociales". Identificó la litigiosidad laboral y la crisis del sistema de riesgos del trabajo como el núcleo del problema, afirmando que "si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal".

Al finalizar, expresó el respaldo de la entidad que representa hacia el proyecto, indicando que "creemos que contribuye a la modernización al permitir la actualización de las modalidades de trabajo y convenios, adecuándolos a las realidades productivas y a las tecnologías actuales".

En representación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidente primera Eloisa Frederking, señaló que la medida aporta la coherencia normativa que el sector requiere. "Hace más de un año trabajamos en un proyecto amplio y de consenso para modificar la ley de contrato de trabajo agrario, y esta incorporación demuestra que estamos alineados entre el sector privado y público para un sistema integral y de menos burocracia".

En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, destacó que el espíritu del proyecto es "mejorar las relaciones laborales, porque "el empresario pyme y el trabajador trabajan codo a codo". Consideró que el marco normativo del proyecto evitaría inconvenientes no deseados y celebró la discusión de la propuesta, ya que "muchos de sus artículos aportan previsibilidad y certidumbre".

A continuación, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), afirma que "acompañamos en general las actualizaciones de la legislación laboral" y mostró preocupación por la informalidad: "Vemos que peligrosamente desde Argentina estamos alcanzando los estándares de aquellos países que tienen mayor informalidad laboral. El índice actual es de 43% cuando estos pases están cerca del 50, 60%, esto es un tema que trata la modernización laboral y es algo que debemos encarar los sectores sociales".

Por el contrario, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que "la magnitud de este proyecto de ley no alcanza para ser debatido en diez minutos porque esta iniciativa, que consta de 197 artículos, viola normas constitucionales, violenta derechos consagrados de principios como el de la justicia social, como el de la condición de que las leyes laborales son para proteger a los trabajadores y no para perjudicarlos y proteger a las empresas. Con este proyecto volvemos a la Argentina del siglo XIX; lo rechazamos de plano porque impide un debate de fondo, está plagado de afirmaciones falsas y fomenta el despido", sentenció.

En el mismo sentido, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, coincidió con los argumentos anteriores. Al contextualizar la discusión, señaló que la reforma se debate en un momento en que el salario mínimo es, "por primera vez, el más bajo de América Latina". Asimismo, recordó que históricamente las reformas laborales en el país han resultado en una disminución del empleo y advirtió que se está legislando en contra de la Constitución Nacional.

El representante de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el director Gustavo Corradini, explicó que esto es "la posibilidad de ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales" y a pidió por cambios en la ley respecto a los puntos de la caída de la ultra actividad, el convenio de empresas que sea inderogable para las pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, ya que "puede generar el efecto contrario que se busca".

También expusieron el asesor laboral de la SRA, Ignacio Forconi; David Hughes, Fundación Barbechando; Luis Núñez, presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales; César Guati, vocal de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Ricardo Ferreiro, director de Experta ART; Mariana Lucía Cademartori, dueña de una pyme en Junín, junto a Santiago Andres Bertamoni y Sebastián José Martino; Octavio Arguello, secretario General de Camioneros; y Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA.

La primera de las reuniones constitutivas de este miércoles en el Senado fue la de mayor tensión. Era la constitutiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y donde se dio la airada reacción del bloque peronista contra las autoridades del Senado por la constitución de las comisiones.

Sobre el final de la reunión, cuando Patricia Bullrich fue invitada a hacerse cargo de la presidencia, José Mayans fue a sentarse a su lado para seguir la pelea.

Se sentó en el sector de las autoridades antes de que Bullrich llegara y la emprendió contra el secretario Parlamentario de la Cámara.

“Usted no puede hacer lo que está haciendo”, le lanzó el formoseño muy enojado a Agustín Giustinian. “Fue votado”, respondió el secretario, a lo que Mayans insistió: “No puede estar cortando una transmisión ilegítima”.

Mientras eso sucedía, una desentendida Patricia Bullrich se sentaba entre ambos, pero Mayans trató de tomar el dominio de la sesión: “Tiene la palabra a viva voz la senadora”, lanzó, mientras la senadora Bullrich se hacía cargo y trataba de calmar al formoseño: “No hagás…”, le dijo tomándolo de un brazo.

“¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!”, se quejó Mayans, mientras Bullrich daba por constituida la comisión y citaba para las 11 de la mañana para iniciar el debate de la reforma laboral. Mientras, Mayans seguía vociferando, pero lentamente se fue calmando.

A fin de acelerar los tiempos, el oficialismo inició este miércoles el tratamiento del proyecto para la reforma laboral en una reunión informativa en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Con una lista larga de invitados a exponer, el primero en abrir la ronda de expositores fue Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien planteó que la modificación apunta principalmente al empleo privado que “se encuentra estancando desde hace años” porque e trabajo “es una actividad humana que requiere la más alta consideración”.

“Cuando uno observa las estadísticas y ve el desarrollo en el cual se entronca esta realidad que nos lleva tanto análisis desde hace años y entendemos que hace falta de manera imperiosa una modificación en el sentido de una modernización en el esquema laboral”, explicó.

Cordero informó que se citó a los distintos actores sociales, se iniciaron mesas de diálogo además de recabar todo tipo de datos y de detalles en la realidad del mundo de la producción y del trabajo.

“En este contexto se entendió que, si bien las normas laborales estaban enmarcadas en un ámbito de formalidad teórica, su aplicación en la práctica resultaba inoficiosa en muchos casos y requería de distintos elementos que propendieran a esta modernización que se remitió luego de un análisis muy profundo de los artículos de las normas a las cuales se hace alusión”, planteó.

Según Cordero: “Uno de los principales aspectos que se tuvo en cuenta fue la visión de las PyMES que son las más generadoras de empleo en el país y las necesidades que se fueron recabando en cada uno de los aspectos, en lo que tiene que ver con la conflictividad, en la litigiosidad, como en la cantidad de cargas adjuntas al trabajo que llevaban a que esto estuviera estancado desde hace tiempo”.

“Se hizo un trabajo muy fructífero, porque se hicieron tareas dentro del Consejo de Mayo donde se desarrollaron reuniones técnicas que permitieron el análisis con la participación de distintos actores sociales, de los cuestionamientos que se daban tanto de un lado y del otro, se analizaron las consideraciones que llevaban algunas características que hacían judicializable una relación que tenía que ser mucho más clara y accesible”, contó.

Así, manifestó que “se determinaron distintos estatutos en cuanto a que había temas de derechos individuales, colectivos, de cargas adicionales, de asociaciones sindicales, de determinados desarrollos que se producían en estos ámbitos, temas que había que solucionar de manera inmediata”.

“Nuestro pensamiento es que este proyecto de ley que se remite hoy es un proyecto que resulta extremadamente equilibrado, fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con el trabajo principal de pedido de la ministra Sandra Pettovello de que se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores y esto es lo que se hizo. Este proyecto de ley conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, precisó.

Así, sumó: “Se buscó una reducción significativa de los costos adicionales que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo y hemos trabajado mucho para que esa informalidad vaya siendo de una manera dinámica trasladada a la formalidad, es decir, tenemos que lograr y lo que buscamos es que haya una transición de la informalidad a la formalidad. Esto lo piden los organismos internacionales y es lo que proponemos en el proyecto”.

Al cierre, consideró que “nos enfrentamos a un momento histórico en la Argentina que tiene un verdadero problema de empleo que tenemos el deber de solucionar. No podemos mirar para otro lado ni seguir teniendo solo diálogos que no lleven a resultados. Este gobierno busca que las soluciones lleguen al mundo laboral”.

“Lo que se busca con este proyecto es que haya elementos de confianza entre las partes. No es un trabajo aislado, es un trabajo técnico y desarrollado donde participaron diferentes ministerios y actores, para avanzar hacia un esquema que permitiera la presentación de un proyecto claro y conciso para que lleve a dar certeza a las relaciones laborales y a terminar con los equívocos que derivan a realizar reclamos judiciales y generaban incertidumbre y, en la práctica, que no haya trabajo en el país”, explayó.

“Estamos en un momento decisivo, este proyecto de ley es esencial para el país porque estamos en un punto donde la Argentina está despegando hacia una actividad económica que puede resultar formidable y necesita estos instrumentos claros para dar algo tan importante como el derecho al trabajo que las personas necesitan. Está pensado para las PyMES, para los jóvenes que quieren entrar al mundo laboral y para beneficio de todos. Eso va a permitir dar producción, trabajo y creación humana a toda la sociedad”, concluyó.

A continuación, fue el turno de Daniela Ramos, subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, quien agregó que el país necesita “un proceso fuerte de inversiones que nos va a posibilitar generar empleo y crecer”. En ese sentido, destacó que “eso es fundamental para las PyMES, para devolver al sector productivo su competitividad y la posibilidad de normalizar la economía para que las empresas puedan producir de manera eficiente e insertarse en el mundo”.

Ramos aclaró que ese proceso “requiere de inversiones importantes para poder transitar los procesos de la transformación digital que está atravesando a la industria a nivel global, poder mejorar el parque de maquinarias”, por lo que destacó el trabajo que el Gobierno viene llevando a cabo como “el abaratamiento de los bienes de capital que permitirá la transformación tecnológica de las empresas, le eliminación de los derechos de exportación”.

“Esta ley viene a generar la posibilidad de que las empresas puedan abaratar el costo de capital de las inversiones”, resaltó y agregó: “El proyecto está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas hasta tramo 2 con determinados umbrales de inversión. Este régimen viene a poner en un pie de igualdad a las empresas PyMES respecto de los grandes proyectos de inversión”.

Ramos informó que se habla de “inversiones extraordinarias por encima de la media usual de cada empresa lo que permite asegurar que no estamos frente a medidas que generen costo fiscal, sino que se piensan en inversiones incrementales que van a generar ingresos para sostener el equilibrio fiscal”.

Como segundo punto del proyecto, indicó que establece la posibilidad de la amortización acelerada que depende de los distintos tipos de bienes con distintas características mientras que el tercer punto refiere a la devolución anticipada del IVA derivado de las inversiones.

“Todas estas herramientas contribuyen a hacer más fácil, para las empresas más pequeñas, la adopción de tecnológica, las inversiones para la ampliación de su capacidad productiva para exportar y comerciar con muchos países. Confiamos en que es una herramienta importante para apoyar el crecimiento de las PyMES. Esta ley va a contribuir a que puedan volver aquellas empresas con capacidades de generar empleo que es la principal demanda del país porque hace más de 10 años le cuesta generar trabajo en el sector privado”, concluyó.

En disconformidad con la composición de las comisiones, pero participando del debate, pidió la palabra el senador Mariano Recalde (FNyP) quien contradijo la explicación de Cordero: “Esta ley es todo lo contrario” porque el empleo “no está estancado, está en caída desde que Milei es presidente se perdieron 250.000 puestos de trabajo”, y ratificó: “El trabajo no está estancado, cerraron 22 mil empresas”.

Recalde sostuvo que “nunca” una ley laboral logró que se genere empleo y “menos una reforma que reduzca derechos y abarate el costo laboral”. Así, comparó que los años donde mayor generación de empleo hubo fueron períodos donde “no se tocaron las leyes laborales y se ampliaron derechos”. Basándose en datos de ARCA, Recalde ejemplificó que en el 2003 había 334.000 empresas inscriptas, en noviembre de 2015 pasó a 568.737 empresas inscriptas “más de 4 millones de puestos de trabajo”, pero a partir de ahí “empezó la reducción de la cantidad de empleo”.

“El empleo lo genera la actividad económica que está por el piso porque hay una recesión brutal en el país”, reclamó Recalde y advirtió que “los argumentos para sostener la flexibilización laboral son brutal.  Promueven la informalidad, alientan la evasión y el fraude laboral. Este proyecto de ley zanja todas las discusiones a favor del empleador, no hay equilibrio”.

Recalde enumeró una serie de artículos con mayor disconformidad como la eliminación del contrato laboral eventual por un “contrato a plazo fijo”, la provisión de alimentos en comercios cercanos “¿les van a dar un vale? ¿de qué monto?” preguntó; salarios dinámicos para que “el empleador quite aumentos salariales” y consultó “¿qué es el mérito del trabajador, cómo se determina?”; la quita de la participación de los trabajadores en los logros de la empresa; fraccionan las vacaciones; el banco de horas “es una porquería”; entre otras.

Cordero aclaró que “la ley va a aplicar a los nuevos trabajos… las normas no son de aplicación retroactiva, salvo que lo diga expresamente. Hay algunos institutos que son de aplicación retroactiva y por eso hay juicios pendientes”.

En un extenso artículo publicado en El Tribuno de Salta, el exministro de Trabajo de Carlos Menem, José Armando Caro Figueroa, analizó en profundidad el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Según advierte, se trata de una de las modificaciones más amplias del sistema laboral argentino en décadas, no solo por su volumen —25 títulos y casi 200 artículos— sino por su impacto sobre el contrato individual de trabajo, la negociación colectiva, los sindicatos y la jurisdicción laboral.

Para Caro Figueroa, buena parte de los cambios responden a una reconfiguración del poder dentro de las relaciones laborales, inclinada hacia el empleador y las grandes empresas. En su lectura, el proyecto no busca primordialmente reducir costos laborales no salariales, sino recuperar espacios que los sindicatos habían ganado en las últimas dos décadas, lo que transforma la reforma en el resultado de una disputa política antes que en una herramienta redistributiva.

Un nuevo mapa para la negociación colectiva

Uno de los ejes más fuertes del análisis del exministro es la transformación del sistema de negociación colectiva. Caro Figueroa señala que el proyecto propone una descentralización formal —al darle prioridad a los convenios de empresa— pero que esa tendencia queda limitada por otras cláusulas que van en sentido inverso: la ampliación de márgenes para acuerdos individuales, el recorte del derecho de huelga y el estrangulamiento financiero de los sindicatos con capacidad negociadora.

A su juicio, esto configura un escenario donde la supuesta modernización de la negociación colectiva convive con mecanismos que restringen la capacidad real de presión y representación de los trabajadores, alterando el equilibrio tradicional entre las partes.

Sobre el problema de la ultraactividad —la vigencia automática de los convenios colectivos vencidos— destaca dos movimientos del proyecto: la eliminación de una concesión legislativa de 1988 que había otorgado vigencias prácticamente permanentes a las cláusulas obligacionales, y la introducción de una herramienta administrativa que permitiría al Estado suspender actos de homologación anteriores, una maniobra ya ensayada en los años noventa sin resultados efectivos.

Sindicatos de empresa y una vieja discusión

El artículo también identifica como un cambio estructural la creación de condiciones para que en cualquier empresa pueda surgir un sindicato propio con personería gremial, independizándose del sindicato de rama o actividad.

Caro Figueroa recuerda que esta posibilidad siempre fue rechazada por la dirigencia sindical tradicional, que asocia este modelo con los fuertes conflictos de la industria automotriz cordobesa en los años sesenta. Para el autor, se trata de una modificación de alto impacto porque fragmenta la representación y altera el modelo centralizado que ha predominado durante décadas.

Como exministro de Trabajo y referente técnico de la región, Caro Figueroa dedica un tramo de su artículo a cuestionar que, pese a las profundas asimetrías laborales del Norte Grande —desocupación estructural, déficits de formación, costos laborales relativos—, el proyecto mantiene una visión marcadamente unitaria, sin contemplar herramientas diferenciadas.

Incluso los atisbos de negociación colectiva regional que el texto introduce son, según su interpretación, insuficientes para imaginar convenios específicos para actividades clave, como la agroindustria del norte argentino. A esto suma una cláusula que califica de “explosiva”: aquella que invalidaría estatutos sindicales que otorguen potestad negociadora a dirigentes nacionales por encima de referentes locales.

Mitos, omisiones y reformas pendientes

El autor también cuestiona dos argumentos centrales utilizados para justificar la reforma: la promesa de reducir el trabajo no registrado y la idea de que se busca desactivar la supuesta “industria del juicio”. Afirma que ninguna de estas metas se logra mediante cambios normativos aislados, sino mediante políticas integrales, económicas y de capacitación, tal como indican los enfoques de organismos internacionales.

Además, subraya que el proyecto omite reformas clave: el saneamiento de las Obras Sociales, la ampliación de la libertad sindical, la modernización de los procedimientos de crisis y un abordaje adecuado de las enfermedades inculpables, entre otros puntos sensibles.

Conclusión: un reordenamiento profundo, pero sin consenso

Para Caro Figueroa, la reforma podría tener un valor institucional si habilitara una etapa posterior centrada en la autonomía sindical y empresaria, así como en un gran consenso nacional que permita producir normas estables y compatibles con la Constitución y los tratados internacionales.

Sin embargo, advierte que la lógica que domina el proceso actual es la de la unilateralidad: un péndulo que oscila entre reformas y contrarreformas dependiendo de quién gobierne, generando inseguridad jurídica y desalentando inversiones. De allí su conclusión: sin diálogo ni acuerdos amplios, el sistema laboral argentino seguirá atrapado en el vaivén histórico entre modelos contrapuestos.

En medio de la tensión creciente que genera la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada, la agrupación Primero la Patria mantuvo un encuentro con el Consejo Directivo de la CGT en la sede histórica de Azopardo para delinear los próximos pasos parlamentarios a fin de intentar ponerle un freno al proyecto del Ejecutivo.

En la mesa participaron los diputados de Primero la Patria que integran el bloque de Unión por la Patria Guillermo Snopek, Nicolás Trotta, José Glinsky, Santiago Roberto, Pablo Todero, Cristiano Andino, Jorge Chica y Raúl Hadad.

En la reunión se buscó “consolidar una estrategia común” frente a un proyecto que, según coincidieron dirigentes sindicales y legisladores, “profundiza la precarización y consolida un modelo de ajuste regresivo”.

Durante el intercambio con el triunvirato cegetista —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, los diputados advirtieron que la iniciativa oficial “no solo no generará empleo genuino, sino que implica un retroceso deliberado en derechos laborales y debilita la negociación colectiva”. Los dirigentes gremiales ratificaron el diagnóstico y remarcaron que la ofensiva del Gobierno “apunta al corazón mismo del modelo de relaciones laborales argentino”.

Allí se acordó avanzar en una articulación política y parlamentaria con la CGT para “frenar la reforma laboral y defender un modelo de desarrollo basado en trabajo digno, producción nacional y derechos plenos”.

En ese marco, los legisladores confirmaron que participarán de la marcha convocada por la CGT para el próximo 18 de diciembre, entendida como un gesto de unidad entre el movimiento obrero y los representantes parlamentarios que buscan ponerle un freno a las políticas regresivas del Gobierno.

Repudio al ataque del Sindicato del Vidrio

El encuentro también estuvo atravesado por la preocupación ante el ataque contra la sede de SEIVARA, el sindicato que conduce Cristian Jerónimo. Los diputados expresaron su solidaridad con el dirigente y repudiaron “hechos de amedrentamiento que no pueden naturalizarse y que buscan disciplinar a quienes defienden derechos laborales en un contexto de ofensiva conservadora”.

Como respuesta institucional, los legisladores presentaron un proyecto de repudio en la Cámara de Diputados, condenando los hechos de violencia y reafirmando la defensa de la libertad sindical, el derecho a la protesta y la convivencia democrática.

Desde Primero la Patria remarcaron su compromiso con el diálogo social, el respeto institucional y la construcción de políticas públicas orientadas a fortalecer el empleo y la producción. Y advirtieron que no es posible impulsar reformas estructurales mediante la imposición o la intimidación, en un mensaje directo al rumbo que intenta marcar el Gobierno.

Históricamente, para los gobiernos no peronistas el Senado de la Nación fue un obstáculo complejo. Pero no parece serlo para Javier Milei, al menos en esta etapa.

El proyecto de reforma laboral, nudo gordiano de su política para la segunda mitad de mandato, va a obtener media sanción de ese cuerpo en los próximos días, porque los negociadores libertarios ya tienen los votos asegurados para ese objetivo.

El modo de asegurarse una ley es con la mitad más uno de los miembros del Senado apoyando, para el caso de que todos los senadores asistan a la sesión. Eso habilita el quorum y luego, asegura el resultado de la votación.

Habitualmente, en la Cámara alta ese número es de 37 voluntades, pero en este momento, desde la renuncia de Lorena Villaverde a asumir su banca, y dado que el cuerpo todavía no acepto tal dimisión y mucho menos ordenó el reemplazo, la cantidad de legisladores es de 71, con lo cual con 36 basta para imponerse.

Ese número, el gobierno lo tiene totalmente garantizado. Formalmente el bloque oficialista tiene 20 senadores, un número más que potente para iniciar el “poroteo”. Pero muy cerca de ellos se encuentran, con su propio bloque y dispuestos a demostrar que son parte del esquema libertario, Federico Paoltroni y Luis Juez. Con ellos dos y los tres legisladores que le quedan al PRO, que en dicho cuerpo es incondicional, el gobierno queda a tan solo 11 votos de obtener su objetivo.

Allí empiezan a jugar un rol sustancial los 9 radicales. La senadora por Santa Fe, Carolina Losada, estuvo participando intensamente de las conversaciones del Pacto de Mayo de las últimas semanas, y esta convencida de que la reforma laboral es indispensable.

Sin embargo, algunos creen que no todos los radicales seguirían el mismo camino, aunque al menos 6 de ellos están alineados con la reforma del gobierno. Los otros tres son, todavía, incógnita. Algunos especulan con que, si no están de acuerdo con la iniciativa oficial, podrían habilitar el quorum y luego ausentarse para la votación. Si dos de ellos se van, haría falta un voto menos para aprobar la media sanción.

Pero el gobierno tiene otros recursos. De hecho, mantiene una muy buena relación con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y los dos senadores que le responden y que hoy integran el bloque de gobernadores van a apoyar la reforma. Lo mismo ocurre con los Correntinos que responden a Gustavo Valdés que ya se manifestó a favor del proyecto y acordó acompañar con el ministro del Interior, Diego Santilli. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz aportaría el acompañamiento de Flavia Royón para el voto 36 que aseguraría el resultado y la media sanción del proyecto.

El único problema que tiene el gobierno son los tiempos y su deseo de que la ley sea aprobada durante el período de extraordinarias que fijó el presidente, hasta el 30 de diciembre. Según los reglamentos de ambas Cámaras de Congreso, los proyectos deben tener dictamen de Comisión para ser tratados en el recinto. Y entre el dictamen y el tratamiento, deben pasar 8 días para impugnaciones y otras yerbas.

En el Senado todavía, ni siquiera se conformó la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que debería tratar el tema. También, debería intervenir la Comisión de Presupuesto, dado que se modifica normativa fiscal. Incluso cuando todo eso ocurra esta misma semana y el dictamen se emita, el tratamiento y aprobación en recinto recién se produciría la semana siguiente, tal vez, el miércoles 23 de diciembre.

Pasado el proyecto con media sanción a diputados, la mecánica es la misma, de modo que aunque las comisiones lo traten de modo exprés la semana siguiente, esa es la última semana del mes, se termina diciembre y se terminan las extraordinarias.

El modo de evitar que los tiempos reglamentarios se consuman diciembre y el gobierno alcance su objetivo de sancionar la ley antes de fin de año (de presidencia querían antes de Navidad pero ya les explicaron que es imposible), es saltarse el tratamiento en comisiones, al menos en una de las dos cámaras.

Para ello es necesario que el cuerpo se constituya en Comisión, pero tal cosa tiene un problema que al gobierno puede resultarle más árido para resolver: se necesitan dos tercios de los votos de los presentes. Eso, en Senado, con los 28 legisladores de Fuerza Patria en el recinto parece imposible y en diputados los números no darían tampoco. Tal vez toque esperar y emitir un nuevo llamado a extraordinarias para enero o febrero de 2026.

* Director de Relaciones Institucionales de Grupo Crónica

El diputado nacional y titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo (Unión por la Patria) advirtió que el proyecto “no va a generar empleo, va a mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario”, y sostuvo que “quita derechos, anula la negociación colectiva y debilita las organizaciones gremiales”.

De cara al inicio del tratamiento del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, Palazzo adelantó que “no va a generar empleo” sino que “va a mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario, que es lo único que han buscado en todo esto, porque es un Gobierno que odia a los trabajadores”.

En declaraciones por radio Splendid AM 990, el dirigente bancario dijo que la reforma “retrotrae 120 años la situación de los trabajadores” y sostuvo que “quita derechos, anula la negociación colectiva y debilita las organizaciones gremiales”. En esa línea, apuntó: “Traerá negocios que favorecerán a los a los amigos del poder” y, a modo de ejemplo, mencionó “la creación del Fondo de Ayuda Laboral (FAL)" que significa, a su criterio, que “la plata de los jubilados se la van a dar a las empresas para que echen trabajadores".

Asimismo, cuestionó lo que definió como “ayuditas” para las billeteras virtuales que van a poder abrir “cuentas sueldo” como si fuesen entidades bancarias, lo que “viola la ley de identidad financiera donde solamente puede tomar ahorro público un banco”.

“Eso pone en una situación de desprotección al usuario de la cuenta, si se produce la caída de una billetera virtual, no cuenta con la garantía de los depósitos que sí tienen los bancos”, explicó.

Palazzo sostuvo que el proyecto de reforma laboral del Gobierno aparece en momentos en los que “más de más de 400 personas pierden el empleo por día y más de 30 pymes cierran por día en la Argentina desde que asumió (Javier) Milei”.

Según trascendió, el bloque de UP está trabajando en un borrador de un proyecto alternativo que presentará durante el debate en comisiones con una serie de propuestas modificatorias del texto oficial, sobre temas como el uso de la inteligencia artificial, creación de comités mixtos de higiene y cuidado de la salud mental del trabajador.

El senador nacional Mariano Recalde (Unión por la Patria) criticó el proyecto oficial de modernización laboral y consideró que "hay que discutir una actualización, pero de una naturaleza totalmente distinta".

"No estamos mal por las leyes laborales, nunca las leyes laborales generan o destruyen empleo. Lo que genera actividad y necesidad de contratar empleados o despedir es la actividad económica, la política económica", subrayó.

En ese sentido, el legislador apuntó que "desde que asumió (Javier) Milei cerraron 19 mil empresas", pese a que hubo cambios laborales a través de la Ley Bases "que decían que iban a traer beneficios para que los empleadores puedan contratar".

En diálogo con radio La Red, el kirchnerista señaló que "el mundo va hacia menos horas de trabajo y más tiempo libre, va hacia más licencias parentales". "El trabajo de plataformas hay que discutirlo con otra mirada distinta a la que propone el Gobierno, que es que siga todo como está", agregó.

Sobre los sindicatos, Recalde dijo que "uno puede tener muchas discusiones sobre cómo funcionan, pero la solución no es destruirlos como propone esta ley".

"Vuelven con cosas muy viejas y muy sucias, que lo que buscan es abaratar el costo laboral a costa de los trabajadores. No hay nada nuevo en esta ley, lo único nuevo es el curro del Fondo de Asistencia Laboral", observó.

Sobre el FAL, el senador explicó que "del 18% que aportan las empresas al sistema previsional le sacan el 3%. Y con esa plata se van a pagar los despidos". "Los pequeños y medianos (empresarios) no son los que despiden; son las grandes empresas las que se van a beneficiar con que el Estado les subsidie los despidos", cuestionó.

Por su parte, opinó que una reforma laboral debería consistir en debatir sobre paritarias libres, disminución de la jornada de trabajo, incluir dentro del sistema formal a los trabajadores de plataformas, derecho de desconexión y modificación de las licencias parentales, entre otros puntos.

El diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Mauricio Macri, Darío Nieto, cruzó con dureza al dirigente político y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, por la reforma laboral que el presidente Javier Milei presentó ante el Congreso de la Nación.

Todo comenzó cuando el dirigente político publicó una nota de opinión en Página 12, donde analizaba distintos aspectos del proyecto del mandatario y aseguró que el mismo "en realidad apunta a tres objetivos: debilitar la organización sindical y de la negociación colectiva, reducir y condicionar derechos de los trabajadores y transferir ingresos de los trabajadores y el Estado al poder económico concentrado".

"Todas las normas propuestas para reducir costos afectan sensiblemente la recaudación y benefician a sectores concentrados", continuó Letcher mientras enumeraba distintos aspectos de la reforma.

Atento a sus dichos, Nieto salió al cruce en sus redes sociales. "¿En serio escribiste esto, Hernán? Esta modernización no es para joder a los trabajadores, sino para liberarlos de un sistema obsoleto que los condena al desempleo y la informalidad", comenzó diciendo y recordó que "la ley vigente la escribió Norberto Oscar Centeno (no, no es el mismo que anotó en un cuaderno todas las coimas que le llevaban a Cristina Fernández de Kirchner en bolsos) en 1974 para regular el trabajo de tu papá y tu abuelo, tres años antes de que nacieras. En ese momento, faltaban seis años para la llegada de la TV color al país, ni hablar de Internet y menos la IA. ¿Y querés regular de igual manera el streaming actual?".

Sobre esa misma línea, el oficialista consideró que "el artículo acusa de debilitar sindicatos y derechos, pero ¿qué derechos? Los de las mafias sindicales que bloquean la negociación colectiva real y mantienen a millones en negro. No desaparece la indemnización, se moderniza con fondos sectoriales o seguros que garantizan protección sin asfixiar a las pymes. ¿Trabajar 14 horas? Mentira, se flexibiliza para adaptarse a la realidad, a los trabajos actuales, remotos, con tecnología y apps que no existían en los 70".

"Si esto permite sacarle poder a los Moyano y Baradel, bienvenida la modernización", sentenció Nieto.

El diputado de Unión por la Patria y titular de la CTA, Hugo Yasky, cuestionó los argumentos del Gobierno para impulsar el proyecto de modernización laboral. Señaló que se basa en tres falsedades: que las leyes están atrasadas, que no afecta a nadie porque la mayoría trabaja en negro y que la oposición no tiene propuestas alternativas.

En un extenso hilo publicado en X, Yasky desmintió lo que considera los pilares discursivos del oficialismo. Sobre la primera “mentira”, afirmó que la legislación laboral argentina no está congelada en 1975, como se repite, sino que desde la recuperación democrática se firmaron numerosos convenios, especialmente entre 2003 y 2015. Recordó además que en los años 90 hubo reformas similares a las que propone Javier Milei, como la Ley de Empleo de 1991, los decretos de flexibilización de 1996 y la “Ley Banelco” de 2000, que no lograron reducir la desocupación.

Respecto de la segunda “mentira”, Yasky advirtió que la reforma no es inocua: “En Argentina hay más de 10 millones de asalariados registrados. Precarizar sus condiciones impactará en toda la economía”. Según el dirigente sindical, el objetivo central del proyecto es “disciplinar a los trabajadores” y destruir el movimiento sindical para imponer un modelo de alta informalidad, como el peruano.

Finalmente, rechazó la idea de que la oposición defienda el statu quo. Enumeró proyectos presentados en el Congreso que buscan adaptar la normativa a los cambios tecnológicos y sociales: derechos para trabajadores de plataformas, licencias con equidad de género, reducción de la jornada laboral, derecho a la desconexión digital y comités mixtos de salud laboral, entre otros. “Mientras el mundo avanza hacia más derechos, el Gobierno propone volver al pasado”, concluyó.

Cuando en esta columna -hace tres semanas- dijimos que el gobierno podría tener una pax de 8 meses, hasta agosto del año próximo, marcamos tres condiciones necesarias. Una de ellas era que el oficialismo no cometiera “errores políticos (a los que ha sido bastante propenso cuando se sintió agrandado)”. Varios de los aspectos definidos para empujar la reforma laboral abren varios interrogantes, desde los formales -¿incluir temas impositivos y pretender arrancar por el Senado?- hasta políticos.

La agenda la maneja la gestión libertaria con comodidad, por lo tanto, la responsabilidad de que todo vaya bien -después de semejante triunfo electoral el 26-O- está de su lado. Si llegase a suceder algún contratiempo notable, la responsabilidad será propia. Será muy interesante como banco de pruebas de cómo funcionan el Javo, su entorno más próximo y sus soldados legislativos, empezando por Patricia, quien nunca fue senadora.

El primer punto es que la administración libertaria decidió mandar una ley de máxima, al estilo la Ley Ómnibus que fracasó a principios de 2024, precisamente por ser igual de ambiciosa. Eso implica multiplicar los frentes de batalla, ergo deberá enfrentar más conflictos y más lobbies jugando en contra. Todo eso conspira contra la aspiración de tener media sanción antes de fin de año (lo cual suena a creer en Papá Noel). Desde el oficialismo podrían contrargumentar que ahora son mucho más potentes legislativamente y que, post elección, tienen una maravillosa capacidad de seducción. Ambas cosas son verdad, pero en la cámara alta están más lejos que en Diputados de lograr una mayoría absoluta, lo cual hace pensar que los actores colaboracionistas subirán el precio de sus acciones. El tiempo juega a favor de estos últimos -PRO, radicales, provinciales- quienes no tienen ningún incentivo para acelerar el trámite, mientras todo el mundo está brindando y comiendo pan dulce.

El segundo punto es de índole financiero. Como ya lo venimos comentando aquí como un dato político central, la mayoría de las provincias terminan 2025 en rojo, en parte por el gasto electoral, pero también porque se vienen cayendo las transferencias desde la nación en los últimos meses. El efecto-cascada ya está complicando a muchos municipios para pagar aguinaldos. Si además esta nueva ley ómnibus le permite quitar impuestos a grandes jugadores económicos, afectando la recaudación del impuesto a las ganancias -que es coparticipable- que se embarren las negociaciones no tendría ningún misterio. Esto se vería agravado si, además, el gobierno quiere sancionar a las provincias y municipios que tengan déficit. La pregunta sería ¿déficit producido por más gastos o por caída de coparticipación?

El tercer ítem es comunicacional. Dado que el proyecto pegó muchas vueltas hasta último momento antes de ser enviado al Senado, está afectando los argumentos de venta desde LLA. La línea comunicacional luce un poco dispersa y con falta de contundencia. Casi como si hubieran renunciado a debatir mucho el tema públicamente. ¿Será una estrategia por si aparece un martes 13 que arruina la fiesta y mejor aprovechar que la gran mayoría de la sociedad ya está pensando en las celebraciones de fin de año y las vacaciones? ¿Cuánta expectativa les conviene generar? Al respecto, el especialista laboralista y asesor del proyecto Julián De Diego reconoció que no se debe esperar que haya una mayor contratación de empleados porque se apruebe la ley, porque para eso hace falta que haya reactivación económica. Perogrullo dixit.

El cuarto tópico son las desavenencias en la mesa política mileísta respecto a cómo encarar este tema. Los enemigos de ayer han coincidido en que el oficialismo estaría corriendo riesgos innecesarios con el enfoque elegido, y a Toto le preocupa que la fiesta salga cara. Y aquí las miradas van sobre la Pato.  Recordemos que fue ministra de trabajo de De la Rúa y protagonizó peleas furibundas con Hugo Moyano y el sindicalismo. Si logra aprobar este proyecto, más allá de cómo salga, se convertirá en heroína libertaria. Pero ¿y si algo sale mal? ¿A quién se le atribuirá la culpa políticamente? ¿Eso le cortará las piernas a ella para escalar hacia la jefatura de gobierno de la CABA, o a alguna instancia más ambiciosa? “Pero Fara, Patricia podrá pagar costos, pero el que más perdería con un traspié sería el propio presidente”. Es verdad, pero la política siempre mira un poco más allá, a veces irresponsablemente.

En definitiva ¿la reforma se aprobará en el Senado? Es probable, pero el punto es que el trámite no será ni rápido, ni fácil… y luego lo esperan en Diputados. Los astutos de la cámara baja observarán con detalle cómo se comporta el oficialismo ahora para ver dónde renguea el perro y tratar de extorsionarlo luego. Porque no olvidemos que la reforma le interesa sobre todo al gobierno y a algunos sectores empresariales. La mayoría social quiere más oportunidades laborales… con reforma o sin ella. Si los mercados oliesen dificultades, se mantendrían los interrogantes sobre la gobernabilidad, y el riesgo país no bajaría. Otra vez teléfono para Toto, sobre todo si sigue empecinado en no querer comprar reservas y financiar la cuenta capital con más deuda.

Mientras tanto, la inflación no baja del 2 %, la capacidad instalada de la industria fue la peor de los últimos 15 años, aumentan los cheques rechazados, la licitación de deuda de esta semana dejó un sabor agridulce, el sector pesquero dice que ellos también quieren baja de retenciones y nuestros “especuladores” farmers no están liquidando dólares de la cosecha gruesa como se esperaba (están reteniendo 7000 palos verdes; esperan un mejor dólar y piden un nuevo dólar-soja massista). Pobre Toto.

Trump puede ser cualquier cosa, pero es sincero: dijo que él apoyó al león y ganó. Que es como decirle que el mérito fue suyo. Es un poco más complejo, pero algo de razón tiene. En todo caso, el americano ya puso lo suyo. Ahora le toca poner lo propio a Milei. Juega con las blancas y le toca mover a él.

Aliviado por el rotundo éxito electoral alcanzado el 26 de octubre, el presidente Javier Milei disfruta de esos efectos que le permiten matizar resultados incompletos de su política, pero ahora se enfrenta a la necesidad de conseguir los objetivos que se supone deberían estar ahora sí a su alcance tras la relación de fuerzas revertida en el Congreso.

Como hemos dicho, el propio presidente se había planteado un techo bien bajo cuando en la semana previa a los comicios anticipó su conformidad con alcanzar el tercio necesario para sostener los vetos. Un límite demasiado escueto para cualquier oficialismo, pero insuficiente para alcanzar las reformas prometidas por Javier Milei. El éxito electoral fue contundente, pero como ya habíamos anticipado no alcanzaría para que La Libertad Avanza siquiera llegara a ostentar la condición de primera minoría.

Cosa que logró finalmente cuando el oficialismo decidió abrir los grifos y habilitar el desarme completo del bloque Pro, que a partir de ello se disolvió en un 50 por ciento. De manera inversa, La Libertad Avanza vio crecer su número en la Cámara de Diputados en un 20 por ciento, en tanto que en el Senado el incremento del diminuto bloque oficialista se disparó en un 250 por ciento.

Semejante crecimiento en las dos cámaras llenó de responsabilidades al Gobierno nacional, que es por ello que ahora afronta la responsabilidad de emprender las reformas prometidas no solo durante la campaña, sino en lo que va de la gestión. La convocatoria a extraordinarias dejó claro que las prioridades oficiales son la modernización laboral, la reforma del Código Penal y aprobar, ahora sí, un presupuesto nacional -no porque lo desee íntimamente, sino porque se lo exigen las circunstancias y los organismos internacionales que apoyan a esta gestión-. Tres de las seis leyes pedidas al Congreso para este verano -las restantes tienen también su valor, pero no son determinantes-.

El verano es largo, y a priori la exigencia principal era de carácter formal y estaba representada por el Presupuesto 2026. Innecesariamente figuras oficiales se sumaron autoexigencias. Fundamentalmente la reforma laboral, que sorpresivamente se propusieron aprobar en el Senado antes de terminar el año, cuando todo indicaba que ese proyecto quedaría para debatir durante el resto del verano, y terminar de paso el año sin protestas masivas en las calles. Recordemos siempre que un espejo en el que se mira esta administración está en Cambiemos: el gobierno de Mauricio Macri ganó en 2017 por un porcentaje similar al de Milei y parte de su buen aura se consumió en las protestas contra la reforma previsional -recordar las 14 toneladas de piedras-. Ahora la CGT ha convocado a una movilización para el jueves 18, que esperan supere las 150 mil personas. La marcha contará con el respaldo de las otras centrales sindicales, gremios combativos y la izquierda.

Con aires de autosuficiencia, Patricia Bullrich quiere estrenar su traje de jefa del bloque oficialista del Senado aprobando la reforma laboral antes de fin de año. El proyecto no tiene medias tintas; es por demás ambicioso. La iniciativa tiene componentes que son parte de la prédica de la exministra de Seguridad, como las medidas antibloqueo, sin olvidar que desde hace un cuarto de siglo mantiene una contienda personal con los popes sindicales.

Por eso ella será protagonista principal de este debate y en tal sentido será quien encabeces la Comisión de Trabajo y Previsión Social donde se debatirá el tema. Patricia Bullrich quería arrancar con el tratamiento del proyecto de modernización laboral al día siguiente de la apertura de extraordinarias, cosa que no pudo porque el proyecto todavía no había sido mandado aún al Congreso. El argumento oficial fue que el presidente Milei tenía que firmarlo, de ahí la demora en presentarlo; pero todo el mundo interpretó que había artículos que querían resolver antes de que el proyecto saliera a la luz. La verdad es que para estos casos no corre la firma digital, y el presidente debía estar en el país para rubricar el texto, tal cual establece el artículo 88° de la Constitución; de lo contrario debería haberlo suscripto Victoria Villarruel -impensable-, o sino el presidente provisional Bartolomé Abdala, quien el lunes a la noche quedó a cargo del Poder Ejecutivo por estar la vice en España.

El viaje a Noruega, para participar de la premiación de Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz, le terminó jugando en contra a Milei, que emprendió su viaje de vuelta sin ver a la líder venezolana que terminó llegando más tarde. Lo que llevó al siempre muy crítico ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez a postear: “Nunca antes un presidente argentino había completado casi 25.000 kms. -entre ida y vuelta- para pasar una noche fuera del país, sin agenda”.

Con los tiempos muy acotados, el oficialismo intentará esta semana emitir dictamen del proyecto de modernización laboral y tratar de llevarlo al recinto entre el 29 y 30 de diciembre. Debería convertir en ley en esas mismas fechas el Presupuesto 2026. Más allá de la agenda, La Libertad Avanza deberá asegurarse para entonces al menos 37 votos que deberán salir de los 21 senadores propios, 3 del Pro y 10 radicales que imaginan votando a favor, en tanto que los tres restantes deberían salir de la chubutense Edith Terenzi; los 2 de Unidad Federal; la senadora neuquina; la tucumana Beatriz Ávila, y los 2 misioneros de Carlos Rovira. No le será sencillo al oficialismo conseguir 3 de esos 7 votos sobre un tema tan controversial. Esto es, que el peronismo haya perdido su poder de fuego en el Senado, no es señal de que La Libertad Avanza tenga allí aseguradas las leyes. Hay en el Senado un escenario tan ajustado como decisivo para el Gobierno, que no puede perder esa votación.

La inflación indoblegable 

Hablábamos al principio de la necesidad oficial de matizar resultados incompletos de su política, en el inicio de un camino hacia las presidenciales. Será una cuenta regresiva para la paciencia de un electorado que le dio al Gobierno un crédito amplio hace un mes y medio, a la espera de más resultados que explicaciones. Y el jueves llegó con un dato negativo en ese sentido.

No por esperado, el número revelado por el INDEC dejó de encender luces de alarma en el Gobierno, que sabe que el freno a la inflación es su mayor activo, pero esa política muestra en el último trimestre una carrera ascendente que tampoco se frenará en diciembre: septiembre 2,1%; octubre 2,3%; noviembre 2,5%. Según estiman los economistas, recién en enero podría volver a haber una inflación que inicie con uno.

Noviembre volvió a mostrar señales de aceleración, impulsado por un aumento fuerte de las bebidas no alcohólicas y un impacto significativo del aumento de la carne. El economista y director de Analytica, Claudio Caprarulo, analiza que el desempeño general aún se compara relativamente bien con el año pasado: “Si vemos la foto de este año y la del anterior, sigue siendo un buen registro porque hubo un 100% anual. El gran interrogante es cómo se va a sostener en 2026”.

Para este economista, el frente cambiario sigue siendo el principal foco de incertidumbre: “Lo que no está resuelto es el tema de la oferta y la demanda de dólares, y uno de los objetivos del Gobierno es mostrar buenos datos inflacionarios”.

Sobre todo teniendo en cuenta que el propio presidente se ha comprometido a alcanzar “inflación cero” en el mes de agosto. A la luz de los hechos, un objetivo demasiado ambicioso, que tensiona la narrativa oficial y anticipa un 2026 donde la economía será juez y parte, y en el que al paciencia social puede ser tan volátil como los precios.

Referente en temas laborales, la diputada nacional Vanesa Siley (Unión por la Patria) se manifestó en contra del proyecto de modernización laboral presentado por el Gobierno y sostuvo que "el pueblo tiene que expresarse en la calle y tensionar al Parlamento" para que no avance.

"Este tema está en manos del pueblo, por eso celebro la movilización del 18 (de diciembre)", dijo sobre la convocatoria de la CGT y las dos CTA, en rechazo a la iniciativa.

La legisladora aseguró que "el FMI le exige al Gobierno esta reforma, está escrito". "La quita de derechos laborales no generó ni va a generar nunca nuevos puestos de trabajo en el sector privado y en el público tampoco", advirtió.

Secretaria General de SITRAJU, Siley cuestionó: "El latiguillo del Gobierno es, como lo fue en los '90, 'si flexibilizamos las condiciones, es decir, si reducimos los costos laborales, se va a generar más empleo'. En el título IV y V de la Ley Bases hubo quita de derechos, esos títulos se llamaron 'modernización laboral', como se llama esta ley que acaban de presentar".

"A un año y medio después de la Ley Bases, ¿se generó más empleo registrado en la Argentina? No. Se perdieron 276 mil puestos de trabajo y 19 empresas. ¿Se piensan que los trabajadores nos vamos a creer de nuevo esa mentira?", se preguntó este viernes en declaraciones radiales.

Además, se expresó en contra de que se genere un enfrentamiento entre trabajadores formales e informales. "Si un trabajador que hoy no tiene derechos puede llegar a pensar que sacándole el parámetro de derechos al que sí los tiene va a estar mejor, se equivoca, va a estar mil veces peor", dijo.

La diputada de UP resaltó que lo que atraviesan los trabajadores es "la pérdida del poder adquisitivo", que provoca pluriempleo, el cual deriva en consecuencias para la vida.

Como contrapropuestas, Siley consideró que debería haber "una actualización del salario mínimo, por encima de la canasta básica". "El motor de la economía es el consumo y si no hay buenos salarios -y buena protección- nadie va a poder vender nada", observó.

También planteó "una reducción de la jornada laboral paulatina y esto es ponerse en sintonía con el mundo". Al recordar que durante el gobierno anterior propiciaron este debate (ella presidía la Comisión de Legislación del Trabajo), mencionó que "el actual secretario de Trabajo (Julio Cordero) era el representante de la UIA que vino a exponer en contra".

La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) manifiesta su oposición a la decisión “intempestiva e inconsulta” del Gobierno nacional de derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) que establece el marco regulatorio para el ejercicio profesional en medios de comunicación.

La decisión del Gobierno nacional de derogar dicha normativa está incluida en el proyecto de reforma laboral que fue enviado al Senado.

“El Gobierno tiene todo el derecho de hacer sus propuestas, pero llama poderosamente que en una democracia no se consulte a todos los sectores afectados”, reclaman. El Estatuto del Periodista rige desde 1946, del cual reconocieron que “obviamente que hay que actualizarlo”, pero en una Democracia “es auspicioso que opinen todos los involucrados y no solamente el Poder Ejecutivo”.

“Es sabido que el presidente Javier Milei ‘odia al periodismo’, como siempre lo dice, por lo instamos reflexionar y a buscar consensos por el bien de la República”, plantean desde la Comisión directiva de APeRA.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este viernes el proyecto de modernización laboral y sostuvo que "es una ley para llevar a los argentinos a la formalidad laboral; tiene su foco en las nuevas modalidades de trabajo, en los jóvenes".

"A veces hay sectores que quieren poner un poquito de miedo respecto de esto", contestó sobre las críticas de la oposición y resaltó que "las reglas laborales de hoy han expulsado a la gente al mercado informal, no es que venimos de Suiza". Sobre esto, agregó que los empleados no han contratado de manera formal "por la incertidumbre y los costos que tienen".

Además, el funcionario justificó que, pese a tocar temas impositivos, la iniciativa haya ingresado por el Senado y dijo que "hay antecedentes" de este tipo. "Es un proyecto de 200 artículos, de los cuales una decena tiene que ver con lo tributario, pero es todo subsidiario a la reforma laboral", expresó.

Durante una entrevista en radio Mitre, el ministro manifestó que "Argentina hace 10 años no crea empleo formal, ha ido expulsando a sus trabajadores de la formalidad y el 50% de los trabajadores son informales". "Los más perjudicados son las PyMEs y los jóvenes. Los jóvenes demandan modalidades laborales totalmente diferentes", insistió.

Respecto de los cambios sobre las vacaciones, Sturzenegger indicó que actualmente "te las tenes que tomar en un período muy particular del año", como es el mes de enero, y "hoy la gente pide algo más flexible". "(La modificación) es en beneficio del trabajador, es lo que están reclamando sobre todo los jóvenes", añadió.

"No se terminan las horas extra", aseguró en otro tramo de la entrevista y, sobre el banco de horas, explicó: "Es por si hay que quedarse dos horas más y el empleador te dice vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana". "Así como hablamos de la flexibilización de las vacaciones, acá se trata de que también el empleador y el trabajador puedan diseñar una estructura más flexible", señaló.

Sobre las indemnizaciones, el ministro apuntó que "no se cambia el monto de la indemnización, sino que se da precisión para el cálculo", y aclaró que esto correrá para todos los trabajadores, no solo para los nuevos. "Estamos clarificando temas de la Ley de Contrato de Trabajo, que aplica para todos. Lo que es para los nuevos es el RIFL (Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral) y el FAL (Fondo de Asistencia Laboral)", sostuvo.

"En la comparativa internacional, (el de indemnizaciones) es uno de los regímenes más generosos que hay. Son pocos los países que lo tienen así. Lo que los empresarios nos decían es que no es un problema eso, o sea, pagar un mes por año que trabajó una persona, pero sí cuando se tiene algún de litigio, que hace pasar de los 5 años a 20 años, generando una incertidumbre respecto al despido", profundizó.

En ese sentido, Sturzenegger defendió que se busca "bajar esa incertidumbre". "Hemos tratado de tipificar bien el cálculo con el fin de evitar esos grises que dan margen para el litigio. Otro tema en el cual aparecía una incertidumbre muy grande es la tasa en la cual actualizas los juicios; vos tenes un juicio de hace 15 años y hay que traerlo a plata de hoy", indicó, señalando la discrecionalidad que quedaba a cargo del juez. "La ley estipula cómo se hace esa actualización de manera lógica", añadió.

También, el funcionario admitió que el FAL estará financiado por el Estado, ya que surge de “la baja del gasto y la motosierra que nos permite bajar impuestos”. "En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía dijo 'voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral'. Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo del 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo de ahorro previo para hacer frente a las contingencias", explicó.

Y completó que "es plata que está poniendo el Estado, porque está bajando las cargas, le está bajando lo que pagaba el empleador. Hay una parte que el Estado no se lleva, y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias judiciales y los despidos. También es una tranquilidad para los trabajadores".

Sobre el pago del salario en pesos, moneda extranjera, especie, habitación o alimentos, el ministro de Desregulación afirmó que "eso ya está en la ley; en esto no estamos innovando", y negó que vuelvan los tickets canasta.

Luego de que el presidente Javier Milei impulsara un proyecto de reforma laboral, la legisladora de Confianza y Desarrollo (CyD) Graciela Ocaña celebró la modernización del sistema de trabajo, pero alertó que la misma no termina con "los privilegios de la casta sindical".

En ese sentido, a través de las redes sociales, la diputada aseveró que "la modernización de la legislación laboral es necesaria" y advirtió: "sin embargo, el Gobierno no ha avanzado contra los privilegios de la casta sindical. El poder que concentran algunos pocos termina afectando a todos los trabajadores y eso se tiene que terminar".

Además, en diálogo con el programa programa WakeUp de FM Delta, remarcó que "la reforma busca renovar las relaciones laborales, algo necesario para que los trabajadores que hoy están en negro pasen a estar en blanco. Sin embargo, hay aspectos que no van a modificarse, como los privilegios de la casta sindical, que parece que no se puede tocar”.

También evaluó que Argentina necesita “una legislación moderna que le dé herramientas al pequeño comerciante”, y consideró que uno de los principales obstáculos para la creación de empleo ha sido el temor a los litigios.

“Muchos pequeños comerciantes no incorporaban personal por miedo a los juicios laborales. Esta reforma ordena el sistema y permitirá superar ese miedo”, continuó Ocaña y precisó que "no diría que todos los sindicatos sean iguales, pero algunos se quedaron en el pasado y prefieren preservar una determinada cantidad de afiliados. Yo no conozco casos en los que bajen la cuota sindical para que haya más trabajadores en blanco. Siguen defendiendo privilegios que ya no corresponden”.

Finalmente, apuntó contra ciertos sectores del empresariado, ya que “hay muchos empresarios que prefieren pactar con la corrupción antes que competir. Ese círculo vicioso también tiene que terminar”.

El diputado nacional Carlos Castagneto (Unión por la Patria) consideró este viernes que en el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno "no hay ningún tipo de beneficio para el trabajador".

"La actividad industrial cayó 7% y cada día hay más desempleo", observó, para cuestionar luego que la iniciativa "no diferencia grandes empresas con pequeñas y medianas".

En declaraciones a radio Splendid, el legislador señaló que "todos los derechos conseguidos durante tantos años los quita de un plumazo en una ley, como fue con la Ley Bases; y se basa mucho en el DNU 70 de diciembre de 2023, donde ya había quita de derechos de los trabajadores".

Tras cuestionar los cambios que propone el proyecto en cuanto a horas extra, vacaciones, indemnizaciones, Castagneto también remarcó: "Nuestro país se ha caracterizado por los convenios colectivos de trabajo y siempre se aplica el más benévolo. Ahora, si yo arreglo con vos que sos mi empleador un convenio colectivo que me da menos beneficios, se aplica ese convenio".

"Pasamos a una precarización e inestabilidad laboral, que no solo se genera para el trabajador activo, sino también para los pasivos, porque se desfinancia totalmente lo que es la seguridad social, las jubilaciones, las obras sociales", agregó. Además, opinó sobre otro de los capítulos: "Lo que hacen con los trabajadores de las plataformas es legalizarlos en la ilegalidad".

El opositor criticó que "quieren reformar derechos laborales de más de 50 y 70 años de un día para el otro", cuando para eso "hay que llamar a los empleadores, a las cámaras industriales, a las PyMEs, a los sindicatos". "Por supuesto que hay cosas que mejorar, pero no entre gallos y medianoche, como quieren", sumó.

Por otra parte, en relación al proyecto de ley de "inocencia fiscal", el diputado de UP resaltó que "lleva la evasión a 100 mil millones de pesos y si tenes voluntad de pagar salís de la ley penal tributaria". "Hay un ARCA sin presunción de riesgo y ARCA no hace nada ante el incremento patrimonial injustificado. Un camino inverso al mundo; Argentina va a ser un paraíso fiscal", opinó el extitular de la exAFIP.

Un grupo de senadores de Unión por la Patria mantuvo un encuentro este jueves con una comitiva de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabezada por su Secretario General, Rodolfo Aguiar, donde abordaron los principales puntos del proyecto de reforma laboral del Gobierno y exigir su rechazo en el Congreso.

El encuentro tuvo lugar en el Senado a las 15 y participaron José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Mariano Recalde, entre otros legisladores. ATE participó en el marco del encuentro convocado por la CTA Autónoma que integra.

“La norma remitida por el Ejecutivo es un desastre, no se salva ni un artículo y va a terminar de destruir el empleo en la Argentina. Tiene que ser rechazada en su totalidad”, señaló Aguiar. Además, el sindicato ya realizó pedidos de audiencias con otros bloques opositores para mantener reuniones similares en los próximos días. En tanto, el sindicato estatal evalúa la posibilidad de un nuevo Paro Nacional y la medida podría coincidir con las movilizaciones convocadas por las centrales obreras.

Por su parte, la senadora nacional Ana Marks comentó: "El problema no es de derechos laborales es de modelo económico que lleva adelante Javier Milei que bajo el pretexto de 'modernizar' el empleo, la iniciativa avanza en un desmantelamiento profundo del empleo. Es un atentado a la organización familiar”.

“Esta reforma no le sirve ni a los empresarios, ni a los trabajadores. Este modelo destruye la industria y el consumo, y es responsable del cierre de pymes y empresas. Ahora buscan avanzar también en la legalización de la precariedad laboral. Lejos de solucionar ningún problema siguen empobreciendo a la sociedad”, apuntó.

Marks enumeró los puntos principales que buscan modificar con esta ley, “este es un proyecto que vulnera derechos y busca debilitar al conjunto de los trabajadores. Este gobierno descarnado propone avanzar en la flexibilización de las condiciones laborales, en el abaratamiento y facilitación del despido, en la limitación efectiva del derecho de huelga”.

La Senadora aseguró que la reunión con las centrales de los trabajadores fue positiva y que se organizó trazar una estrategia conjunta. “Desde el bloque del peronismo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos laborales y sindicales”.

Marks agregó que “detrás de la apariencia de flexibilidad, se abre la puerta a jornadas irregulares y desprotegidas, transfiriendo el riesgo de la organización del trabajo al empleado”.

La Senadora adelantó que esta semana continuará reuniéndose con las diferentes organizaciones sindicales de Río Negro y con las instituciones nacionales y provinciales, “nuestra convicción es defender al pueblo trabajador, y la mejor forma es construir una estrategia organizada y unidad para ponerle un freno a Javier Milei y brindar una alternativa con un país con trabajadores protegidos y con salarios dignos y calidad de vida”, concluyó Marks.

“Fue positiva la reunión con este bloque, aunque no podemos tener muchas expectativas con la nueva composición del Parlamento a la hora de encontrar consensos para defender la posición del movimiento obrero y de los sindicatos frente a la reforma laboral regresiva”, señaló el secretario general.

En este marco, el dirigente continuó: “El proyecto remitido por el Ejecutivo es un desastre, no se salva ni un artículo y va a terminar de destruir el empleo en la Argentina. Tiene que ser rechazado en su totalidad”.

“Podemos aceptar que después de tantos años existe la necesidad de avanzar en una reforma laboral, pero bajo ningún punto de vista puede ser ésta. Sólo quita derechos y así no se crean empleos ni crece la economía. Se benefician solo los tres o cuatro peces gordos de la Argentina”, agregó el Secretario General de ATE.

ATE ya realizó un Paro Nacional con movilización al Congreso el pasado 9 de diciembre para, entre otros puntos, rechazar el proyecto de reforma laboral. Sin embargo, Aguiar aseguró que el plan de acción podría profundizarse en los próximos días: “Hay que ir a un nuevo Paro Nacional. Tenemos que pensar en medidas de acción directas como la única posibilidad de frenar el ataque del Gobierno a todos nuestros derechos adquiridos”.

Cabe recordar que en la Administración Pública existen contratos de muchos organismos, como por ejemplo el PAMI, que están regidos en parte por la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que cualquier modificación a la misma también afectaría a los trabajadores del Sector Público.

Después de conocer el contenido de la reforma laboral y su ingreso temprano en Mesa de Entradas del Senado, el diputado nacional Esteban Paulón intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que retiren el proyecto de ley y sea ingresado por la Cámara baja. “Incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA”, señaló el legislador de Provincias Unidas.

Para el diputado santafesino esto fue un “mal arranque” porque consideró en la carta documento que la Cámara de Senadores “no puede ser cámara de origen para el tratamiento primario de tal proyecto puesto que el mismo posee materias -impositiva- que es competencia expresa de la Cámara de Diputados”. En ese sentido, Paulón invocó los artículos 52 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

MAL ARRANQUE: LA REFORMA LABORAL DEBE IR A DIPUTADOS

Acabamos de intimar a @VickyVillarruel y @madorni para que retiren el proyecto de ley de Modernización Laboral y la presenten donde corresponde, @DiputadosAR
El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de… pic.twitter.com/cNHntL7SNR

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) December 11, 2025

Por tanto, aseveró que “la maniobra de presentar el proyecto en el Senado de la Nación en lugar de Diputados demuestra que no es interés del Poder Ejecutivo Nacional darle tratamiento urgente a la pretendida reforma laboral sino sólo sumar escollos, dimes y diretes legislativos que no contribuyen en nada al debate parlamentario”. En resumen, para Esteban Paulón “es humo”.

También cargó que el ingreso por Senado solo responde al “capricho” de Patricia Bullrich de “capitalizar” su posible aprobación. Luego, siguió: “Si de verdad quieren dar los debates que dicen querer dar, deben respetar a este Congreso de la Nación y utilizar los canales interpoderes que supimos construir a pesar de las diferencias políticas”.

La intimación del santafesino fue dirigida al jefe de Gabinete y a la titular del Senado para que en el plazo perentorio e improrrogable de 24 horas el proyecto de ley sea retirado de la Cámara alta e ingresado por Mesa de Entradas de la Cámaras de Diputados.

En el Senado reclamaron por lo mismo

Temprano, la senadora jujeña Carolina Moisés advirtió que “la Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados”.

Luego, remarcó que “cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”. De todos modos, en la Cámara alta Villarruel ya convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo martes a las 11 con los jefes de todos los bloques en virtud del inicio del debate.

LA CONSTITUCIÓN NO SE NEGOCIA.

El proyecto de Reforma Laboral NO puede entrar por @SenadoArgentina.

El Gobierno ingresó hoy un proyecto que incluye cambios impositivos en IVA y Ganancias y derogaciones de leyes tributarias.

¿Y saben qué? Eso viola la Constitución. El artículo… pic.twitter.com/FQzlMOX1QY

— Carolina Moises (@CarolinaMoises) December 11, 2025

Luego de conocerse el proyecto de ley del Gobierno nacional de modernización laboral, la mesa directiva de la CGT rechazó el espíritu de la iniciativa y anunció una movilización a Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre a las 15. Del mismo modo, el Frente de Izquierda también confirmó que se van a movilizar.

En conferencia de prensa, Jorge Sola, integrante del triunvirato que conduce la central obrera, expresó que el país está “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y cargó contra el Gobierno nacional por no haber logrado un acuerdo ni conformado una mesa de diálogo con el sector empleador y los trabajadores.

Contra varios de los 197 artículos que componen el proyecto de ley, Sola anticipó que la organización sindical impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la iniciativa, que “van en contra de los principios protectores del trabajo”.

Por su parte, el diputado nacional Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda consideró que “llaman modernización laboral a un proyecto que atrasa siglos”. Tras ello, anunció que el PTS y el Frente de Izquierda convocan a marchar para el próximo jueves 18 a una “gran jornada de lucha contra la reforma laboral esclavista” que propone el Gobierno y “sus cómplices”.

“El proyecto plantea una reforma que, al contrario de lo que vende el oficialismo, no va a generar ninguna mejora para las trabajadoras y los trabajadores informales que hoy no tienen derecho a vacaciones, a aguinaldo, a una indemnización en caso de despido, por ejemplo”, cargó el diputado del PTS que se sumó a la Cámara de Diputados después de un año.

En otro punto, señaló que “la reforma enviada significa quitarle derechos y conquistas históricas a un sector de la clase trabajadora que hoy los mantiene, de ninguna manera se va a generar ninguna mejora a aquellos que no las tienen”. “Por eso nos oponemos y obviamente vamos a pelear por una emergencia laboral favorable a los trabajadores, tanto en la pelea en el Congreso como en la calle”.

Por último, cargó que “la CGT ha hecho una convocatoria sin paro, por eso llamamos a tomar la convocatoria de la jornada de lucha del 18 y a exigir un verdadero paro nacional y un plan de lucha hasta derrotar esta reforma laboral esclavista”.

Con 26 títulos y 197 artículos, ingresó el proyecto de ley de modernización laboral por Mesa de Entradas del Senado este jueves al mediodía. A la espera de la convocatoria a comisiones para comenzar el tratamiento la semana próxima, el espectro político salió a manifestar opinión sobre el contenido de la iniciativa: desde el oficialismo, claro está, celebraron el texto; mientras que la oposición dura salió a repudiar los puntos centrales.

Incorporada en el bloque oficialista, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero -anterior presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta antes de designar a Patricia Bullrich- refirió: “¡10 Millones esperan! Vamos a lograr la Modernización Laboral porque Argentina quiere crecer y desarrollarse. Gracias Javier Milei”.

Titular del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni señaló que este proyecto de ley trae “la oportunidad de terminar con 100 años de decadencia”. Remarcó, además, que “ya está en el Congreso el proyecto de modernización laboral de Milei. Una reforma que el país viene postergando hace décadas”, y cerró: “Junto a todos los leones de La Libertad Avanza vamos a trabajar para que sea sancionada y podamos darle una respuesta a los millones de argentinos que viven en la informalidad”.

Otro de los que se manifestó a favor de la iniciativa fue el oficialista Damián Arabia: "Estoy estudiando punto por punto la reforma laboral en detalle y juro que me estoy volviendo loco". Luego, afirmó estar "enamorado" junto al emoji que tiene corazones en los ojos.

Estoy estudiando punto por punto la reforma laboral en detalle y juro que me estoy volviendo loco. ENAMORADO 😍

— DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) December 11, 2025

En contra de la reforma

Como era de esperar, los integrantes de la oposición más férrea al gobierno libertario salieron  a rechazar de lleno el contenido del proyecto de ley ingresado este jueves. El primero en cuestionar al Poder Ejecutivo fue Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, quien llamó a movilizarse la próxima semana y cargó que “llaman ‘modernización’ a un proyecto de ley que atrasa siglos”. Luego, añadió que “el próximo 18 de diciembre salimos a las calles para enfrentar la reforma laboral esclavista de Milei y sus cómplices”.

El más opositor dentro del bloque dialoguista Provincias Unidas, el santafesino Esteban Paulón subió a su perfil en X una participación suya en televisión y sumó: “El Gobierno quiere aprobar en 48 horas una reforma que cambia la vida laboral de millones”. “Sin escuchar a nadie, sin debate serio, sin datos y sin tiempo para analizar nada. Las reformas que se hacen a las corridas siempre salen mal. La Argentina necesita diálogo, no trámites exprés”, consideró sobre los planes del oficialismo.

A través del proyecto de reforma laboral, el Poder Ejecutivo propone limitar la realización de asambleas en las empresas y prevé duras sanciones para las organizaciones sindicales que tomen o bloqueen un establecimiento.

La iniciativa establece que serán consideradas “infracciones muy graves provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento".

También se sancionará cuando se ocasionen “daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros, se encuentren o no en el establecimiento del empleador (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o retenerlas indebidamente".

"Verificadas dichas acciones como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la Reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento que disponga al efecto la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder", agrega el texto.

Sobre las asambleas se dispone que la asociación sindical deberá “contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea, tanto donde se realizará como el horario y el tiempo de su duración; y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar”.

Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma o infracciones graves.

En ese sentido, el proyecto fija como prácticas desleal "intervenir o interferir intencionalmente afectando el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas, violando los términos del artículo 20 bis de la presente ley, u otras medidas de acción directa".

La iniciativa también contempla la posibilidad de armar sindicatos por empresas y se establece un mecanismo mas ágil para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa. Por otra parte, se limita a 10 horas el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal.

En su artículo 194, el proyecto de modernización laboral enviado por el Poder Ejecutivo propone una serie de derogaciones, entre ellas a 9 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), de los cuales tres están referidos al trabajo de mujeres.

Se trata de la eliminación del artículo 174, el cual reza: "Descanso al mediodía. Las mujeres que trabajen en horas de la mañana y de la tarde dispondrán de un descanso de 2 horas al mediodía, salvo que por la extensión de la jornada a que estuviese sometida la trabajadora, las características de las tareas que realice, los perjuicios que la interrupción del trabajo pudiese ocasionar a las propias beneficiarias o al interés general, se autorizare la adopción de horarios continuos, con supresión o reducción de dicho período de descanso".

También plantea la derogación del artículo 175, que actualmente prohíbe "encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en algún local u otra dependencia en la empresa".

Y, finalmente, el 176, que prohíbe "ocupar a mujeres en trabajos que revistan carácter penoso, peligroso o insalubre".

La reforma laboral propone la derogación total de nueves leyes:

• Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908)
• Estatuto de Trabajo del Viajante de Comercio (Ley 14.546)
• Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo (Ley 27.555)
• Estatuto del Peluquero (Ley 23.947)
• Fondo de Garantía Laborales (Ley 23.472)
• Actos electorales extranjeros (Ley 23.759)
• Fomento y reserva de la "mano de obra nacional" (Ley 24.493)
• Régimen para la actividad comercial de supermercados (Ley 20.657)
• Régimen de Trabajo para los Choferes Particulares (Ley 12.867)

En cuanto a los artículos que se plantea derogar, figuran:

• Los artículos 13, 18 y 21 de la Ley del Régimen de Trabajo Agrario (26.727)
• Los artículos 28, 54, 61, 113, 174, 175, 176, 216 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744)
• El artículo 6 de la Ley N° 11.544
• Los artículos 86 y 87 de la Ley 24.467
• El inciso "c" del artículo 17 de la Ley 12.713
• Los artículos 10, 16 y 21 de la Ley 14.250
• Los Decretos Ley Nros. 13.839/46 y 14.954/46 y sus modificaciones, "y toda otra norma que se oponga o colisione con alguna de las disposiciones de la presente ley"
• Los incisos "a", "b" y "c" del artículo 21 y los artículos 22 y 23 de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (17.741)
• El Título V y el inciso "a" del artículo 136 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522)

El proyecto de ley de Modernización Laboral redefine el régimen de despidos e indemnizaciones previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo declarado de dar previsibilidad a los costos laborales y habilitar mecanismos alternativos para el pago de compensaciones. La indemnización será de un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable. Además, habilita a empleadores a constituir fondos de cese laboral para solventar dicha indemnización, y reafirma que esta compensación es la única reparación posible, excluyendo reclamos civiles paralelos. Se ajusta el régimen de preaviso y se mantienen las indemnizaciones especiales para supuestos de enfermedad, accidente o muerte del trabajador.

Indemnización por despido sin causa

El nuevo artículo 245 establece que, en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, se deberá abonar al trabajador:

“Una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.

La norma precisa qué conceptos integran esa base: solo se considerarán las remuneraciones mensuales efectivamente devengadas y pagadas, excluyendo pagos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones o premios extraordinarios. Para los rubros variables (horas extra, comisiones, premios mensuales), se tomará el promedio de los últimos seis meses o del último año, el que resulte más favorable al trabajador.

El proyecto introduce un tope indemnizatorio:

“La base salarial no podrá exceder el equivalente a tres veces el importe del salario mensual promedio de las remuneraciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al trabajador al momento del despido”.

Ese tope será calculado por las partes del convenio y homologado por la autoridad de aplicación. Para trabajadores fuera de convenio, se aplicará el del establecimiento o el más favorable entre los convenios aplicables. Además, se fija un piso:

“En ningún supuesto la aplicación del tope podrá ser inferior al 67% de la remuneración mensual, normal y habitual calculada conforme a lo establecido”.

La indemnización nunca podrá ser inferior a un mes de sueldo y constituye la única reparación frente a la extinción sin causa del contrato. El artículo también habilita que, mediante convenio colectivo, se sustituya este régimen por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará a cargo del empleador.

Contratos a plazo fijo

El artículo 95 regula el despido anticipado en contratos con fecha de vencimiento:

“El despido injustificado dispuesto con antelación al vencimiento del plazo convenido, dará derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones que correspondan considerando, a ese solo efecto, la antigüedad que habría acumulado hasta la fecha de finalización del plazo originariamente pactado”.

Si la extinción se produce con preaviso y el contrato está íntegramente cumplido, se pagará lo previsto en el artículo 250.

Indemnización por muerte del trabajador

El artículo 248 mantiene el derecho a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247, que se distribuirá entre cónyuge o conviviente, hijos menores y mayores con discapacidad.

Fondo de Asistencia Laboral

Una novedad es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), regulado en el artículo 58. Este mecanismo busca garantizar el pago de indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la extinción del vínculo.

“Los Fondos de Asistencia Laboral se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las contribuciones patronales con destino al SIPA”.

Cada empleador tendrá una cuenta individual, inembargable y de afectación específica, administrada por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. Los recursos podrán aplicarse para cubrir pagos previstos en los artículos 95, 245 y otros vinculados a indemnizaciones por despido, preaviso e integración. La existencia o insuficiencia de fondos no limita la responsabilidad del empleador, que sigue siendo el único obligado al pago.

El proyecto aclara que este régimen no reemplaza el sistema indemnizatorio vigente, sino que lo complementa. Además, prevé beneficios fiscales para los rendimientos del fondo y una reducción de tres puntos en las contribuciones patronales para quienes cumplan con la obligación.

Ingresada la reforma laboral al Senado este jueves, la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) salió rápidamente a advertir que el proyecto "incluye un capítulo impositivo y al final deroga una decena de leyes tributarias", por eso "el Senado no puede aceptar el ingreso de una iniciativa que, por mandato constitucional expreso, debe comenzar su tratamiento en la Cámara de Diputados".

"La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados", explicó la legisladora peronista. En esa línea, sostuvo que "cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento".

Moisés explicó que "el título XXIV (del texto) es impositivo, modifica IVA y Ganancias expresamente". "Antes de debatir el contenido, tenemos la obligación institucional de garantizar que el proceso sea constitucional. Si el Ejecutivo incluyó materia impositiva, el Senado no puede abrir el tratamiento", insistió.

La senadora agregó que "el Congreso es el único órgano facultado para legislar en derecho laboral (artículo 75 inciso 12), que rige el principio de progresividad y que las modificaciones deben ser razonables, proporcionales y orientadas a proteger al trabajador y al sistema de seguridad social".

“Defender la institucionalidad no es un capricho. Si cedemos en el procedimiento, cedemos en la Constitución. Y sin Constitución no hay derechos laborales, no hay justicia social y no hay República”, completó.

El presidente Javier Milei regresó este jueves de su viaje a Noruega y firmó el proyecto de reforma laboral, que fue enviado al Congreso e ingresó por el Senado. Es uno de los temas centrales del temario de sesiones extraordinarias, que arrancaron este miércoles hasta fin de año -en principio-.

A través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, se señaló que con esta iniciativa de modernización laboral, como la llama el Gobierno, el mandatario "se hace eco del reclamo de millones de trabajadores excluidos del sistema por culpa de la legislación vigente, y exhorta al Honorable Congreso a otorgar un tratamiento rápido y responsable a esta iniciativa, que busca dejar atrás un modelo laboral que ya no responde a la realidad del país y avanzar hacia un sistema que genere más empleo, más oportunidades y mayor libertad para todos los argentinos".

Desde Casa Rosada sostuvieron que se trata de una reforma "destinada a actualizar un marco normativo que, pese al paso del tiempo y los profundos cambios económicos y tecnológicos del país, permaneció prácticamente inalterado y dejó de ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos actuales del mercado de trabajo. Como consecuencia, millones de argentinos han sido expulsados del sistema y enfrentan enormes dificultades para acceder a un empleo estable y registrado".

"Durante décadas, la combinación de altos costos derivados de la litigiosidad, reglas imprecisas, burocracia excesiva y una estructura laboral rígida ha frenado la creación de empleo registrado, afectando especialmente a jóvenes, trabajadores informales y pequeñas y medianas empresas", se agregó.

Y continuó: "Con este proyecto, el Poder Ejecutivo proponer remover distorsiones, simplificar y digitalizar la registración laboral, precisar los componentes salariales que integran las indemnizaciones, modernizar licencias y procedimientos, ordenar responsabilidades y fortalecer un sistema que brinde certezas tanto a trabajadores como a empleadores, con especial foco en las PyMEs".

También se detalló que "el texto incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, nuevas reglas para la economía de plataformas, esquemas más eficientes de contribuciones patronales y mecanismos que reducen la litigiosidad, dotando al sistema de mayor previsibilidad y estabilidad a largo plazo".

"En esta nueva etapa del programa económico, el Gobierno nacional busca crear un entorno que facilite la contratación, promueva la inversión y permita que el trabajo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía", aseguró el PEN y finalizó: "Una legislación moderna, simple, transparente que genere más y mejores puestos de trabajo formales es una condición indispensable para que la Argentina sea grande otra vez".

Ingresado por el Senado, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, está decidida a darle un debate exprés al proyecto. Este miércoles se había desinflado la intención de arrancar este mismo jueves con el tratamiento, ante el retraso por parte del Poder Ejecutivo.

Finalmente, el texto arribó este jueves, día en que se reunirá el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), preparada para acordar un "plan de acción" contra la iniciativa. En tanto, este miércoles la cúpula de la central obrera participó de un encuentro con senadores peronistas, que ya manifestaron trabajarán en contra de la propuesta.

Milei arribó al país pasadas las 8 de este jueves, luego de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Sin embargo, luego canceló el resto de su agenda y retornó a Argentina.

Una hora después de publicada la foto por Manuel Adorni, la Oficina del Presidente compartió el comunicado y finalmente cerca de las 10 se difundió el texto oficial, largamente esperado, que ingresó formalmente por la Cámara alta.

Según se conoció, el Gobierno designó a tres funcionarios como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa: el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña; y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

Con la confirmación del retraso en la presentación del proyecto de ley, senadores y diputados peronistas se reunieron este miércoles con los referentes de la CGT en el despacho de Unión por la Patria en la Cámara alta. El tema de la cumbre fue la modernización laboral que el Gobierno nacional debía enviar en estas horas, pero se atrasó por el viaje de Javier Milei a Noruega.

Según supo parlamentario.com, del encuentro se acordaron tres puntos: el primero fue sobre trabajar en unidad entre las dos CTA y la CGT junto a los dos bloques de UP y los gobernadores; la segunda premisa fue trabajar en la construcción de una mayoría legislativa que bloquee el avance del proyecto en el Senado; y por último, la conformación de una agenda a futuro que contemple temas laborales.

La reunión comenzó a las 17.15 y se estiró hasta después de las 19. De la misma participaron los senadores que integran el interbloque opositor José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Mariano Recalde, Carlos Linares, Florencia López, Fernando Rejal, Fernando Salino y Carolina Moisés. Estos últimos tres forman parte del bloque Convicción Federal y, en medio de diferentes especulaciones, continuarán dentro del interbloque Unión por la Patria.

En representación del bloque opositor en la Cámara de Diputados, fueron los legisladores sindicales Vanesa Siley, Mario “Paco” Manrique, Hugo Yasky y Kelly Olmos. Y por la Confederación General del Trabajo estuvieron Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, triunvirato a cargo de la organización sindical; como así también asistió Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA e integrante del Consejo de Mayo.

Al retirarse de la cumbre, uno de los presentes en la reunión reveló a este medio que varios coincidieron en que se trata de un proyecto “redactado por estudios jurídicos asociados a multinacionales y corporaciones”. En otro momento señalaron que el Gobierno pretende incorporar la derogación del impuesto al yate dentro del modernización laboral.

Por otro lado, otra fuente de la oposición adelantó que tendrán entre siete u ocho vocales en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la cual venía siendo presidida por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, pero trascendió que La Libertad Avanza se la asignaría a Patricia Bullrich para que sea quien comande las reuniones y la elevación del dictamen. Al menos para el tratamiento de este tema.

Con el inicio del período extraordinario, el Gobierno nacional planeaba enviar el proyecto de ley de modernización laboral este mismo miércoles. El argumento oficial para la postergación fue el viaje del presidente de la Nación a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado (cosa que al final no pudo suceder, ya que la dirigente venezolana no pudo asistir). Desde el oficialismo se argumentó que el arribo del proyecto a Mesa de Entradas del Senado se demoraría hasta contar con la rúbrica del jefe de Estado, quien estará llegando al país este jueves cerca de las 9 de la mañana.

Así las cosas, este miércoles a primera hora hubo una reunión informal entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel para comenzar con el organigrama de los temas que se tratarán en el Senado. Una fuente opositora reveló a este medio que la vicepresidenta solicitó la nómina por bloque de los sugeridos para integrar las comisiones de Presupuesto y Hacienda; de Trabajo y Previsión Social; Justicia y Asuntos Penales; y de Minería, Energía y Combustibles.

Así como Diputados será cámara de origen del proyecto de ley de Presupuesto 2026 e inocencia fiscal, la Cámara alta lo será para la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal de la Nación. De todos modos, el atraso en la llegada de los textos y la presión opositora en exigir varias reuniones informativas con expositores disminuyen las chances de La Libertad Avanza para llegar al recinto antes del 30 de diciembre.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria por Entre Ríos Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay, además del senador de ese espacio por la misma provincia, Adán Bahl, mantuvieron un encuentro este miércoles con los referentes sindicales Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio), Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP).

Durante la reunión, realizada en la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, se abordó la situación laboral de Entre Ríos, en particular de los trabajadores del citrus que están teniendo inconvenientes en el norte de la provincia. En tanto, junto a Molinari analizaron la problemática de los trabajadores del sector avícola.

También intercambiaron sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso y el posicionamiento de la central obrera. Asimismo, se refirieron al impacto en el poder adquisitivo de los salarios generado por el fuerte incremento de los gastos fijos de los hogares.

En ese sentido, Michel sostuvo que “una reforma laboral por sí misma no genera puestos de trabajo; para crear trabajo se necesita un proceso de crecimiento económico sostenido protegiendo y promoviendo la industria y la producción nacional”.

Además, el flamante diputado agregó “es inescindible analizar el costo tributario del empleo registrado a la hora de avanzar en una reforma laboral que amplíe derechos, promueva el crecimiento económico y la productividad, reduzca la informalidad y se adapte a las nuevas formas de trabajo. Es necesario analizar una segmentación por sector de la actividad y región”.

A dos años de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este miércoles una conferencia de prensa donde repasó logros de la gestión y respondió preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Consultado sobre el proyecto de reforma laboral y la reacción de la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a una reunión del consejo directivo para este jueves y podría anunciar una movilización, el funcionario respondió: “Se pueden expresar como mejor les parezca”.

Todavía sin que se conozca el texto final de la iniciativa, aunque él aseguró tenerlo en su celular, Adorni confirmó que no se incluirán cambios en materia sindical, como la eliminación de la cuota solidaria. “Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones”, expresó.

“Los aportes obligatorios son obligatorios, pero no… en principio no va a haber modificaciones”, agregó.

“El proyecto de ley está terminado. Por supuesto que va a ir a debate, se aprobará y daremos vuelta la página porque dejaremos atrás el 50% de informalidad que hay en Argentina”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Respecto del temario para sesiones extraordinarias y el tiempo previsto, Adorni dijo: “Vamos a ver si se puede estirar (el plazo) algunos días o si se retoma la actividad a mediados de enero. Pero no hay una definición sobre eso y tampoco depende de nosotros, sino estrictamente de los tiempos que te marca la técnica legislativa”.

Adorni destacó lo realizado en materia legislativa estos dos años

“Para que haya ley y orden en el país es fundamental que los delincuentes paguen por el daño cometido. Para ese paso se sancionó la Ley de Reiterancia, para terminar con la puerta giratoria. Y el otro paso será la reforma del Código Penal.  También se sancionó la Ley Antimafia para desarticular bandas criminales. Un gran trabajo en conjunto”, expresó Adorni al repasar los dos años de la gestión de Milei.

En cuanto a iniciativas impulsadas por el PEN que se aprobaron, mencionó la Ley de Juicio en Ausencia que “permitirá juzgar a terroristas prófugos y avanzar en causas históricas como el atentado a la AMIA que lleva 30 años de impunidad”.

“Se derogó la Ley de Alquileres y como resultado aumentó la oferta y bajaron los precios. Por primera vez las facultades delegadas se usaron para reducir el peso del Estado y disminuir impuestos”, continuó.

El jefe de Gabinete ponderó que “para terminar con las trampas de siempre se implementó la Boleta Única de Papel a nivel nacional en las elecciones del 26 de octubre y los resultados fueron más que satisfactorios”.

“Convertir las medidas que hemos implementado en políticas de Estado que perduren más allá de nuestro Gobierno y es precisamente lo que buscamos: tallar en piedra con las medidas que se debatirán en sesiones extraordinarias. En primer lugar, aprobar un Presupuesto con regla fiscal y déficit cero, que esperamos sea el primero de una larga lista”, manifestó.

Y, sobre otro tema, añadió: “La Ley de inocencia fiscal para blindar al ciudadano de bien que ahorró y asegurarle la disponibilidad de formalizar ese ahorro sin que el fisco lo persiga”.

A la espera de que finalmente se conozca el texto definitivo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, los senadores del interbloque Unión por la Patria -rebautizado con el sello PJ- recibirán este miércoles desde las 17 a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La reunión se hará en las oficinas de la bancada que preside el formoseño José Mayans. La central obrera actualmente está conducida por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Este martes se conoció el informe final que realizó el Consejo de Mayo, donde está incluida la modernización laboral. Sin embargo, la iniciativa todavía no fue publicada ni enviada al Congreso. Se sabe que ingresará por el Senado, pero al no haber entrado y no contar con los giros, todavía se retrasa la conformación de las comisiones que deberán tratarlo.

De acuerdo a lo que se reveló, la reforma laboral avanza sobre aspectos como ultraactividad, convenios colectivos, reglamentación del derecho a huelga, indemnizaciones, vacaciones, banco de horas, licencias, entre otros, como derogación de la Ley de Teletrabajo.

También se conoció recientemente que el proyecto no avanzaría, en un gesto a la CGT, con reformas como la eliminación de la cuota sindical solidaria.

En una reunión similar, aunque esta vez con más datos arriba de la mesa, los representantes gremiales mantuvieron el mes pasado un encuentro con el bloque de diputados de UP.

Desde hace aproximadamente un mes y medio, cuando el Gobierno nacional superó la prueba electoral de medio término, los trabajadores escuchamos, cada vez más seguido y cada vez más fuerte, versiones de reforma laboral.

No es bueno prejuzgar mientras no se conozca el texto, pero tampoco podemos pecar de ingenuos. Los antecedentes de este gobierno y, sobre todo, sus verdaderos mandantes, nos invitan a pensar mal o peor.

En una Argentina en la que la creciente falta de trabajo no es un error sino un objetivo central del modelo económico antiindustrial, reprimarizador y extractivista, la reforma no viene a crear trabajo sino a abaratar el costo del despido, es decir, a atender la necesidad más urgente de los empresarios que quieren convertirse en importadores o bajar la cortina del todo.

De a poco, simétricamente, comienza a expresarse (y a desperezarse), el movimiento obrero organizado, conocedor de que su capacidad de movilización y presión ha modificado voluntades legislativas a lo largo de la historia. No todo, pero sí un sector importante. Esa reacción hace aún más llamativo el silencio de los otros… ¿Qué pasa con el resto, con los que todavía callan, los que dicen “hay que esperar” o directamente fingen demencia?.

La respuesta es sencilla. El gobierno no necesita muestras de apoyo, le alcanza con eso, con que los representantes de las víctimas se declaren prescindentes, miren para el costado. Claro que esas actitudes nunca son gratis, siempre hay alguna contraprestación. Quid pro quo.

Los que callan son, lisa y llanamente, los que tienen muertos en el placard. Los que cerraron el gremio por dentro y se tragaron la llave hace veinte, treinta o cuarenta años. Los que se autonomizaron de los laburantes que los eligieron delegados cuando ellos todavía viajaban en transporte público y veraneaban en el hotel del sindicato.

Son también, los que no estarían tranquilos yendo a una elección limpia, contra una lista de oposición, con representatividad de las bases. El gobierno sabe de esto y por eso se anticipó. El decreto 342 de este año lleva la firma del secretario de Trabajo, el ex Techint Julio Cordero, y establece fuertes limitaciones a la intervención del Ejecutivo en las elecciones sindicales.

Antes, bastaba con hacer una presentación allí. Ahora, ante una irregularidad electoral, un intento de proscribir a la oposición o de amañar un acta, se debe recurrir a la justicia ordinaria, a sabiendas que allí no somos todos iguales: los oficialismos siempre tienen más espalda y el tiempo suele jugar a favor del statu quo.

En ASIMRA está pasando eso ahora mismo, pero también en otros sindicatos. La lista que yo encabezaba, opositora a la de Luis García Ortiz, con quien muchas veces intenté en vano dialogar, fue impugnada por la junta electoral, basándose en una modificación estatutaria de 48 horas antes. No soy el único dirigente objeto de esta clase de maniobras.  El mismo escenario se replica en otros sindicatos y todo indica que no se puede hablar de casos aislados sino de una tendencia creciente.

El razonamiento es simple. El gobierno debe aprobar las reformas que le reclama el FMI, para ello necesita tantos sindicatos adictos o distraídos como le sea posible. La democracia sindical es la moneda de cambio, el precio del silencio.

A poco menos de cuatro días del anuncio del proyecto de modernización laboral, los integrantes del Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano y Mercedes de Mendieta, encabezarán este viernes a las 17 una audiencia pública contra la reforma laboral que va a impulsar el Poder Ejecutivo de la Nación. La misma se llevará a cabo en la Sala 1 del Anexo del Palacio Legislativo.

De cara a la cumbre, los legisladores que cumplen su mandato el próximo martes a la medianoche señalaron que “la reforma laboral de Javier Milei no tiene nada de ‘modernización’”. Y consideraron que “es un claro ataque al pueblo trabajador para aumentar la jornada laboral, facilitar los despidos y cambiar los convenios colectivos a la baja traerá más sobreexplotación laboral, desempleo y salarios de pobreza”.

En las últimas horas trascendió un anteproyecto que llegará a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados la próxima semana junto al llamado a sesiones extraordinarias. Si bien el primer tema a tratar será el proyecto de ley de Presupuesto 2026, se presume que la “modernización laboral” llegue al recinto a mediados de febrero. “Llamamos a derrotarla, por eso en la audiencia vamos a exigir que la CGT rompa el pacto con el Gobierno y convoque a un paro y plan de lucha nacional”, deslizaron los legisladores de Izquierda Socialista.

Además de los diputados nacionales mencionados, estarán presentes los legisladores bonaerenses Christian Castillo y Mónica Schlotthauer; el secretario general de Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero; la secretaria general del sindicato docente Ademys de CABA, Soledad Mosquera; y los delegados de ATE, Diego Saavedra (Hospital Garrahan) y Pablo Almeida (Ministerio de Economía).

Será este mismo viernes, o pasará a lo largo de este último fin de semana largo del año, pero lo cierto es que el presidente Javier Milei firmará en estas horas el decreto que, tras su publicación en el Boletín Oficial del martes 9, convocará al Congreso a sesiones extraordinarias. La fecha tentativa es la que siempre se mencionó: miércoles 10 de diciembre, primer día en el que los mandatos de los diputados y senadores nacionales elegidos el 26 de octubre y que ya prestaron el juramento correspondiente, comienzan a regir formalmente. Y todo indica que sería hasta fin de mes (30 de diciembre), aunque algunos no descartan la posibilidad de que la convocatoria se haga “de un tirón” hasta el último día de hábil de febrero (viernes 27), cuestión de tener todo listo y sin necesidad de emitir decretos complementarios a lo largo del verano.

Como sea, no hay mayor misterio en torno a los temas a tratar: Presupuesto 2026 e inocencia fiscal, son las prioridades del mes de diciembre; en tanto que la modernización laboral, las reformas al Código Penal, la tributaria y la Ley de Glaciares figurarán también en el temario.

De estas últimas, la que podría ser incluida dentro del texto del decreto que se conocerá la medianoche del martes es la reforma laboral, cuyos detalles circularon intensamente por algunos medios en las últimas horas. En caso de ser incluido el tema en el mismo -como todo indica-, comenzaría a ser debatido en la Cámara alta, mientras Diputados hace lo suyo con la ley de leyes. Al respecto, el dictamen alcanzado en noviembre pasado por el Presupuesto -en realidad fueron cuatro- perdió vigencia al cambiar la conformación de las cámaras.

Así las cosas, dicho dictamen debería ser debatido en comisiones a lo largo de la semana que viene y, a más tardar, tener dictamen el martes 16, para su tratamiento en el recinto el día posterior. Tal cual suele suceder con los tratamientos de los presupuestos en el Senado, allí el tema debería tener un trámite exprés, posiblemente entre las fiestas.

En cuanto a la modernización laboral, algunos optimistas especulan con una media sanción antes de fin de año. Se verá. El proyecto está “terminado pero en revisión”, señalan algunas fuentes oficiales, y podría llegar a conocerse oficialmente este martes. El mismo incluiría flexibilización de jornadas, bancos de horas, indemnizaciones escalonadas y restricciones a la huelga.

En cuanto al proyecto de inocencia fiscal, el mismo ingresó al Congreso el 6 de junio pasado, pero nunca fue tratado en comisión. Propone instaurar un cambio en la filosofía y la práctica del régimen tributario argentino. Según palabras del Gobierno, la propuesta prevé dejar de lado un régimen que definen como “persecutorio” aplicado por el fisco, donde se partía de una presunción de culpabilidad del contribuyente.

El texto propone actualizar los montos previstos para las multas y reformula el régimen de prescripción, al establecer la posibilidad de reducir el plazo de prescripción tributaria a tres años en aquellos casos en que la declaración jurada haya sido presentada en término y no se verifiquen diferencias significativas. En un segundo capítulo, establece modificaciones al Código Civil y Comercial con el objetivo de armonizar el régimen de prescripción en materia tributaria y de la seguridad social. Además, se incorpora la posibilidad de prever plazos reducidos en las leyes de previsión social, en condiciones análogas a las contempladas en materia impositiva.

Por otro lado, impulsa la creación de un régimen especial y simplificado aplicable a la recién implementada declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, que alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan ciertos requisitos patrimoniales y de ingresos.

Lo que tiene que ver con glaciares y la reforma del Código, se conocerá más a fondo en las próximas semanas y quedará para su debate en el mes de febrero. No se descarta que alguno de estos temas, sobre todo las modificaciones penales, queden para llegar al recinto a lo largo del período ordinario.