Mientras la cuestión del aumento de las dietas del Senado concentraba toda la atención de la política y el Congreso se convertía en un hervidero, por los ecos de la breve sesión en la que se registró esa votación que tanto dio y dará que hablar, las máximas autoridades del oficialismo se reunían con los popes dialoguistas de Diputados para diagramar los pasos futuros de las leyes que más le interesan al Gobierno nacional.

Justo el día en el que comenzó el debate del paquete fiscal -complemento de la ley de Bases-, se realizó en la tarde de este jueves una reunión en Presidencia del Senado para establecer una hoja de ruta posible para el debate que concentra todo el interés y que ya quedó trunco en el verano.

Luego de la reunión informativa en la que comenzó a analizarse el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, a partir del martes que viene se dará inicio al debate en las comisiones, para llegar al dictamen. En esa comisión se discutirá el proyecto de ley para dar dictamen en el transcurso de la semana, en tanto que paralelamente se reanudarán el plenario que analizará el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Confirmado, serán las mismas tres comisiones que trabajaron en el verano: Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, para emitir un nuevo dictamen para llevar al recinto.

En esa discusión estará incorporada la reforma laboral, que incluirá solo tres puntos: cese, período de prueba y multas. En principio se sumará como artículos a la ley de Bases, según confió a parlamentario.com una fuente consultada este jueves. Pero no se descarta tampoco la posibilidad de que vaya como proyecto paralelo. Veamos cuáles son los puntos que se llevarían al recinto:

Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.

Mecanismos sustitutivos de indemnización: Establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.

Período de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.

¿Cuándo se iría al recinto? Según pudo saberse de fuentes legislativas, la semana siguiente: lunes 29 y martes 30 de abril. Para las fuentes consultadas, “dos días son suficientes” para el debate y se estaría terminando el debate en la madrugada del 1° de mayo.

El tema del tabaco entrará en el dictamen, según confiaron también las fuentes.

A diferencia del debate en el verano, esta vez la votación no será artículo por artículo, sino por capítulo. Si recordamos la manera como se estrelló el proyecto de ley de Bases el 6 de febrero pasado, en el marco de una intrincada discusión de incisos, esta será una buena manera de “curarse en salud”.

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba) defendió la propuesta del radicalismo en función del proyecto de ley con la reforma laboral que le acercaron al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y afirmó que “es imperiosa” la modificación en la legislación del trabajo.

En esa línea, explicó por Radio Si 911.FM que los temas centrales son “la reducción de la carga fiscal, sobre todo a nuevos emprendimientos que tengan cinco trabajadores, y a que termine la industria del juicio”. “No se tocan las indemnizaciones, siguen vigentes según la Ley de Contrato de trabajo”, remarcó.

También, se refirió al fondo de desempleo, y remarcó que “lo hacemos optativo, con acuerdo de partes y convenio colectivo”.

El jueves pasado el AMBA tuvo un paro de transporte general y la cordobesa lo catalogó como “una locura que afecta derechos esenciales”. Además, se refirió al tema educativo: “Establecemos la esencialidad de la actividad con una gradualidad de los conflictos en caso de huelgas y paros, sin perjudicar ni poner en riesgo el derecho a la educación”.

Por otro lado, opinó de la labor en el Congreso y relató que “están todos con mucha predisposición en el radicalismo” frente al tratamiento de la nueva Ley de Bases y el DNU “porque el consenso es diferente al de la ley anterior”.

Sin embargo, habló de lo que ocurrió en la reunión de Comisión de Juicio Político y señaló que fue “una desprolijidad propia de gente que no tiene experiencia y que no está conforme con las formas que tiene el Gobierno”.

“Perdimos cuatro meses cuando hay una amplia mayoría que quiere ayudarlos y no lo dejaron. Estamos viendo indicadores económicos positivos, pero detrás de eso hay una recesión tremenda”, cerró.

Un día después de que las autoridades nacionales recibieran la visita de una delegación de la CGT, y casi al mismo tiempo en que la central obrera anunciara la realización de un nuevo paro nacional, el próximo 9 de mayo, un grupo de legisladores nacionales del radicalismo fue recibido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para entregarle su proyecto de reforma laboral.

Así lo habían acordado la semana pasada durante una reunión que mantuvieron con Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, ocasión en la cual se resolvió que ellos se encargaran de redactar los artículos que pudieran sumarse a la ley de Bases que comenzará a debatirse la próxima semana.

Vale recordar que la reforma laboral propuesta por el Gobierno se incluyó en el decreto 70/23, y fue una de las partes frenadas en la justicia. Precisamente para que eso no sucediera, la UCR le propuso en su momento al oficialismo transformar ese mega decreto en varios proyectos de ley “espejo”. Así, la senadora Carolina Losada presentó un proyecto ene se sentido en la Cámara alta, y Martín Tetaz hizo lo propio en Diputados. Ahora van exclusivamente por la cuestión laboral.

Similitudes y diferencias con el mega DNU

De la reunión con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, participaron los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi; y los diputados Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Rodrigo de Loredo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos y, Pamela Verasay. También estuvieron presentes el secretario parlamentario de la UCR, Alejandro Cacace; el secretario ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

En declaraciones formuladas al periodismo a la salida, el jefe del bloque de diputados, Rodrigo de Loredo, señaló que a juicio del partido centenario, de todas las reformas previstas, la más  importante que necesita el país es la laboral. “Y que además se diseñó mal y estaba trunca” en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, planteó. Por eso recordó que “insistimos desde el minuto uno en que era la oportunidad este nuevo tratamiento de la ley Bases que se incorpore el texto en la misma”.

“Nos pusimos a trabajar en el radicalismo de manera común, los dos bloques, y consensuamos una reforma que tiene sus semejanzas en las previstas en el DNU, pero también sus diferencias”, señaló el diputado cordobés, que entre las cuestiones coincidentes con el decreto que frenó la justicia señaló la ratificación de “una eliminación de las principales multas del empleo que encarecen y generan una gran litigiosidad; se ratifica una idea de la esencialidad de determinadas actividades, un equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho de determinadas prestaciones de servicios”.

También “se ratifica esta idea de poner límites a un avance gremial por sobre los derechos autónomos individuales de los trabajadores”, agregó el legislador cordobés, dejando claro que básicamente se ratifica buena parte del DNU.

Sobre las diferencias con el decreto emitido el pasado 20 de diciembre, De Loredo señaló que una de las centrales es que “creamos algo que sustituiría casi en forma analógica la idea de los cinco colaboradores que preveía el DNU”. Y ejemplificó: “Vos tenías cinco colaboradores que un comercio podía tener y que no iban a ser considerados como empleados independientes. Nosotros en esos casos creemos que hasta cinco empleados que tengan como piso mínimo un salario mínimo, vital y móvil, se le exime al empleador de pagar los aportes patronales. Entonces lo que procuramos con esto es bajar la litigiosidad, bajar carga, pero incentivar blanqueo”.

“Si vos me preguntás la diferencia conceptual para con la reforma en el DNU, que se repite en gran medida en nuestra propuesta, es que nosotros entendemos que se queda a mitad de camino con la incentivación de blanqueo. Por eso es que nosotros, si bien eliminamos casi la mitad de las multas, proponemos que exista una multa, que es la doble indemnización por trabajo en negro, eliminando todas las demás”, explicó el jefe del bloque de diputados radicales. Así las cosas, señaló que “cae mucho la carga indemnizatoria de las multas, pero una tiene que subsistir para que haya un incentivo de blanquear al personal”.

“Otra de las cosas que ratificamos es el sistema de seguro de desempleo que tiene un régimen como el de la UOCRA, pero ratificamos que sea por gremio, por actividad y forma voluntaria”, añadió.

Con relación al aporte sindical, aclaró De Loredo que ratificaron la idea de que sea voluntario, no obligatorio. “Sé que la CGT insiste con eso, bueno, nosotros insistimos que se tiene que quitar esa obligatoriedad”.

Y con relación a las esencialidades, también se hace un aporte desde el radicalismo de gradualizar la prestación necesaria de la oferta educativa. De Loredo lo explicó así: “Que si hay un paro docente, las primeras 24 horas tienen que estar el 100% de las escuelas y los comedores escolares abiertos; pero la presencia de la oferta educativa va aumentando como obligatoria, dependiendo de la prolongación del paro”.

Con relación a la cuota solidaria, ante la resistencia de la CGT, se le preguntó si se podría sacar ese artículo, para que avance el resto de la reforma. “No va a ser por voluntad nuestra, si eso sucede”, respondió.

Detalles principales de la reforma

1. Reducción de la carga fiscal sobre el empleo: Proponer la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados. Esto produce una sustancial disminución del costo laboral (en particular para las PyMEs), que resulta uno de los elementos más distorsivos que atenta contra la formalidad, e impacta sobre los trabajadores de menores ingresos.
2. Libertad sindical: Eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical.
3. Educación como servicio estratégico esencial: Establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho.
4. Reducción de la litigiosidad: Derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reducción sustancial de las multas. Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización.
5. Mecanismos sustitutivos de indemnización: establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
6. Protección contra el despido por discriminación: agravamiento de hasta un 100% en la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
7. Registro laboral: Implementar de un sistema simplificado y electrónico para la registración laboral, asegurando eficiencia y simplificación de los trámites.
8. Período de prueba: Extender el período de prueba a seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preavisar.

Convencidos de que la Argentina necesita “cambios profundos para dejar atrás la decadencia y el estancamiento que margina a gran parte de la sociedad desde hace décadas”, el bloque de senadores radicales presentó un proyecto de reforma laboral.

La iniciativa, según anticipan, busca proteger a los trabajadores, al mismo tiempo que procura brindar herramientas a quienes emprenden para que puedan invertir y contratar más.

El proyecto modifica los tres institutos centrales del derecho laboral que más condicionan la actualidad del empleo, con la finalidad de armonizar las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores, principalmente del sector PyMEs.

“El sistema vigente fracasó -sostienen-. Hoy casi la mitad de los puestos de empleo se ciñen a la informalidad: argentinos en una situación precaria, sin estabilidad, sin aportes jubilatorios, ni cobertura médica”.

El bloque que conduce el correntino Eduardo Vischi estima que “el sector privado, principalmente las PyMes, contrata menos de lo que podría a causa de un sistema desequilibrado, donde un juicio laboral podría obligarlos a cerrar sus empresas para siempre. La ecuación es simple: menos empresas es igual a menos trabajo”.

Por eso es que con este proyecto buscan corregir esas “distorsiones” y “armonizar las necesidades de ambas partes”. Para lograrlo, el bloque UCR trabaja sobre tres ejes: un Fondo de Cese Laboral, para aliviar las cargas que afrontan las PyMes frente a la litigiosidad y la conflictividad laboral; la modificación de las multas de la Ley 24.013, reduciéndolas y haciendo énfasis en la obligatoriedad del pago de los aportes a la seguridad social del trabajador, que actualmente no son exigidas por AFIP; y la extensión del período de prueba a seis meses, equiparando nuestra legislación con la de Brasil, bajo una perspectiva de competitividad regional.

El Fondo de Cese Laboral propuesto por los radicales plantea que el empleador paga un seguro mensual del 12% del salario durante el primer año y luego del 8%. El fondo será administrado por ANSeS, que tendrá la obligación de preservar el capital invertido.

Esta iniciativa se suma a otras de similar tenor elevadas desde el bloque radical y expresan, sostienen, “el compromiso que asumimos de trabajar en la modernización de la legislación laboral, para hacerla sustentable, potenciar al sector privado y cambiar así un aspecto de la realidad que no dio ni da respuestas a millones de argentinos”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que hay consenso entre el oficialismo y un sector de la oposición para avanzar con una reforma laboral, aunque insistió que la misma “va de la mano” de una reforma previsional. 

“Las reformas laborales siempre han tenido un consenso mayoritario. Todos los sectores están de acuerdo en que la reforma laboral tiene que darse”, sostuvo este martes en su habitual conferencia de prensa. 

En ese sentido, enumeró que frente a “salarios miserables”, la no generación de empleo “hace 11 o 12 años”, la no generación de empresas y un 45% de informalidad laboral, “no hay mucho para explicar que las leyes y el esquema laboral argentino no están funcionando”. 

“Esto lo entienden parte de los empresarios, parte de los sindicatos, parte de la política y por supuesto nosotros”, continuó. 

Adorni sumó que “los pormenores se debatirán, como siempre en pos de tratar de reformar de la mejor manera posible y apuntando a tener una reforma integral del esquema laboral que pueda acompañar una reforma integral del sistema previsional, que van de la mano”. 

El tema fue uno de los ejes del encuentro que diputados del Pro, aliados de La Libertad Avanza, mantuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, durante una segunda reunión de consulta antes del envío de la nueva ley de Bases. Allí surgió la posibilidad de incluir cambios laborales en el proyecto, algunos de los que estaban contemplados en la parte del DNU 70/23 que la Justicia suspendió. 

Días atrás, la bancada que conduce Cristian Ritondo presentó distintas iniciativas que replican algunas de esas modificaciones. Una de ellas apunta a ampliar el período de prueba de tres a ocho meses y, si se decide dar continuidad a la relación laboral, el empleador tendrá el beneficio de la reducción de cargas sociales vinculadas al componente de seguridad social.

La segunda iniciativa intenta simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido para su realización. Además, elimina las multas por falta de registro laboral.

En tanto, un tercer proyecto busca establecer que el ejercicio del derecho de huelga no afecte el normal desarrollo de las actividades de una sociedad. 

En la intensa jornada de este miércoles en Diputados, se conformó la Comisión de Legislación del Trabajo bajo la presidencia del radical Lisandro Nieri (Mendoza) y será clave para llevar a cabo el tratamiento de la reforma laboral que propone el Poder Ejecutivo, un tema que es reclamado por la oposición dialoguista y que se encontraba en el mega DNU 70/23, cuyo capítulo fue anulado por la Cámara Nacional del Trabajo.

Desde el Anexo “C”, la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, propuso a Nieri al frente de la comisión y destacó que es economista de la Universidad Nacional de Cuyo, que ocupó cargos oficiales representando a su provincia tales como ministro de Hacienda de Mendoza entre el 2017-2018 y entre 2018-2019 se desempeñó como ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia en Mendoza.

“Creemos todo el bloque que es muy merecido el lugar para el diputado. Nos honra y sabemos que va a traer debates estratégicos, democráticos y, por sobre todo, va a generar los cambios profundos que la sociedad argentina necesita en materia laboral”, argumentó.

En tanto, por el bloque Unión por la Patria la diputada Vanesa Siley comunicó que harán reserva de lo nombres para los cargos de vicepresidente y secretaria. La Libertad Avanza, en nombre de su titular Oscar Zago, también dejó reservado el nombre de la secretaría segunda, al igual que Hacemos Coalición Federal por la secretaría tercera.

La vicepresidencia segunda fue para el diputado del Pro Sergio Capozzi (Rio Negro), quien fue definido por su espacio como abogado de “sobrada” experiencia en la materia, que cuenta con especializaciones y cursos en la Universidad Austral y de Buenos Aires.

Tras ser elegido, Capozzi agradeció la postulación y expresó entre risas y de forma breve: “Espero no defraudarlos. Algunos que están acá vamos a compartir aviones. Gracias por la confianza”.

Al tomar la palabra, Nieri celebró la constitución de la comisión “sumamente importante que tiene un montón de desafíos pendientes reconociendo las dificultades que tiene el trabajo, la altísima informalidad, la altísima contingencia con la que se enfrentan nuestras PyMEs nos obliga y compromete a una agenda bastante extensa en la comisión”.

Así, propuso que las reuniones sean los días miércoles a las 10 y eventualmente los días de sesión llevar a cabo el encuentro previamente.

Si bien ya lo había expresado en el marco de la última reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que él integra, el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot reiteró su pensamiento respecto al DNU 70/23 que la Cámara alta acaba de rechazar. Adelantó que no va a rechazarlo, pero sugirió una alternativa para fortalecer las medidas que el mismo establece, dándole fuerza de ley.

“No voy a rechazar el DNU”, aclaró el legislador que integra el bloque que conduce Miguel Pichetto, pero trascartón dejó clara su propuesta: “Debemos aprobarlo por ley”.

Massot puntualizó que a su juicio el decreto “fue una herramienta equivocada para reformas tan relevantes, pero aclaró que “no podemos interrumpir la vigencia de algunas medidas importantes que volverían a afectar la vida diaria de la gente”.

Reiteró entonces lo que hace tiempo sostiene: “Creo que la solución es tratar legislativamente de manera inmediata los contenidos del decreto y entonces reemplazarlo por ley antes que derogarlo. Así, entre otras cosas, podremos dejar firme por ley la reforma laboral, que constituye el corazón del decreto y urge para la expansión del empleo entre industriales y emprendedores”.

Es justamente lo que dijo en su exposición durante la última reunión de la Bicameral de DNU, donde admitió que le cuesta mucho aceptar ese decreto de necesidad y urgencia, advirtiendo que “rechazarlo también es un problema, porque afecta la continuidad de muchas medidas que por haberse implementado en un DNU ya son efectivas”.

Massot agregó que “rechazar esto sin reemplazarlo antes por una ley implicaría por ejemplo dar una señal absolutamente contradictoria en una cuestión que estuvimos cinco años para intentar mejorar y fuimos incapaces, como la Ley de Alquileres”.

“Aclaro una cosa: la situación actual me parece que dista muchísimo de ser la definitiva y ser la ideal, pero lo anterior era malo a las claras”, remarcó entonces, agregando que a su juicio “es absolutamente relevante que en la Cámara de Diputados nos aboquemos al tratamiento por ley de muchos de los contenidos de esto”.

El diputado de HCF reiteró que está a favor de la mayoría del DNU. “Creo que este DNU es muy relevante para la vida diaria de los argentinos”, dijo, y puso como ejemplo la reforma laboral: “Es el único elemento expansivo en la economía que este Gobierno ha propuesto. Reformas puntuales, específicas, para la vida diaria de las PyMES, de los emprendedores y de las empresas para que de una vez por todas podamos soltar la fuerza laboral argentina formal”. Y se preguntó: “¿Alguien en su sano juicio cree que va a modificar el comportamiento de alguna PyME, algún emprendedor, o alguna empresa, una reforma cuasi judicializada? No hay ningún tipo de posibilidad de que esa reforma sea efectiva, y sin embargo es una reforma importante. Esa reforma requiere una ley”.

“No me vengan a decir que no hay cuestiones para perfeccionar la norma; acabo de decir que estoy de acuerdo con una gran cantidad de los atributos de la reforma laboral. Me parece muy bien que redeterminemos multas y multiplicadores; que le pongamos una cota a los honorarios de los abogados; que redeterminemos los intereses, todo aquello que infla la industria del juicio y las indemnizaciones multimillonarias que hacen quebrar a nuestras empresas. ¿Pero derogar a cero las multas por trabajo informal? La pucha, hay que animarse…”.

Así las cosas, desde el entorno del diputado Massot precisaron el deseo de que se trate el contenido del DNU por ley y recordaron que en la Cámara baja el diputado Martín Tetaz presentó una ley espejo, que podría ser la alternativa. O bien, aportaron que se podrían incluir los puntos relevantes del DNU, como la reforma laboral, en la ley ómnibus.

De tal manera, en caso de acceder el Gobierno a explorar esa alternativa, eso no sucedería obviamente en la Bicameral de Trámite Legislativo, sino que seguiría los carriles normales de cualquier ley.

Una propuesta similar a la que sugirieron también el viernes desde la conducción del bloque radical.

Un grupo de diputados del Pro, con su presidente Cristian Ritondo a la cabeza, presentó tres proyectos de ley para modernizar la legislación laboral vigente, y que van en sintonía con el contenido del DNU 70/2023 que fue suspendido por la Justicia en enero pasado.

Las iniciativas buscan ampliar el período de prueba, incentivar la registración brindando beneficios en las cargas sociales, simplificar la burocracia para la registración de empleados y declarar servicios esenciales a las áreas clave para asegurar la prestación de los mismos, frente a huelgas y reclamos sindicales “que interrumpen el normal funcionamiento de la vida en sociedad”, resaltaron.

“Modernizar las leyes laborales es fundamental si queremos salir de la pobreza. El modelo del kirchnerismo está agotado. Un modelo de estado céntrico, hiper regulador, que demostró fracasar rotundamente en generar riqueza, trabajo y una mejor calidad de vida para los argentinos”, sostuvo Ritondo.

El jefe del bloque aliado del oficialismo agregó que “el mundo cambió hace rato, competimos en un mercado global que nos exige ser mucho más productivos y, sin embargo, seguimos con regulaciones laborales pensadas para el siglo pasado, que no contemplan los nuevos tipos de relaciones de trabajo ni las nuevas tecnologías”.

El primer proyecto apunta a ampliar el período de prueba de tres a ocho meses y, si se decide dar continuidad a la relación laboral, el empleador tendrá el beneficio de la reducción de cargas sociales vinculadas al componente de seguridad social.

La segunda iniciativa intenta simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido para su realización. Además, elimina las multas por falta de registro laboral, buscando reducir el costo laboral excesivo y se habilita la denuncia electrónica de falta de registro laboral ante la autoridad de aplicación. El objetivo es reducir la informalidad laboral y mejorar el acceso al empleo para sectores marginados de la población, al tiempo que se busca hacer más previsible el costo laboral para los empleadores.

El tercer proyecto solicita establecer que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar el normal desarrollo de las actividades de una sociedad. “El ciudadano no puede verse afectado en la demanda de servicios de seguridad, de transporte, de salud y educación a partir de acciones gremiales que alteren el funcionamiento esencial de esos servicios”, aseguraron. En este sentido, se establecen guardias mínimas del 75% para el desarrollo de esas actividades.

“Es urgente un cambio si queremos que dar empleo en Argentina no sea una condena para nuestras PyMEs y empresas, sino la manera que estas tienen para generar más riqueza y desarrollo para nuestra Nación. El empleo formal registrado no crece desde el año 2011 y las medidas adoptadas hasta el momento no han podido revertir el problema de la informalidad”, argumentó Ritondo.

Los tres proyectos encabezados por Ritondo fueron acompañados por Alejandro Finocchiaro, Héctor Stefani, Sabrina Ajmechet, Martín Maquieyra, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, María Florencia De Sensi, Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Ana Clara Romero, Silvana Giudici, Sergio Capozzi, Germana Figueroa Casas, José Núñez, Sofía Brambilla, Martín Ardohain, Karina Bachey, Gabriela Besana, Damián Arabia y María Sotolano, entre otros.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la situación que atraviesa Rosario por el narcoterrorismo y cuestionó la Ley de Seguridad Interior porque “impide que las Fuerzas Federales actúen más allá”. Por otro lado, afirmó que están discutiendo el nuevo proyecto de Ganancias y no dio fecha del envío de la reforma laboral.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, al portavoz le consultaron si el proyecto de Ganancias iba a ir separado de la nueva Ley Bases: “No está definido, es una discusión que se está dando con los gobernadores. Por supuesto que cuando haya alguna determinación lo vamos a comunicar”.

Por otro lado, se refirió a la ola de violencia y crímenes que azota la ciudad de Rosario y cuestionó: “Las leyes impiden que las fuerzas federales actúen más allá de cuestione de logística, de comunicación, las limitaciones que ya se saben que impone la Ley de Seguridad Interior”, y destacó: “Estamos trabajando junto al gobernador de Santa Fe –Maximiliano Pullaro– en avanzar en todo lo que haga falta para poder terminar con este flagelo que Rosario es el caso más emblemático, pero es un tema que afecta al país”.

En otro tramo de la conferencia, habló de la reforma laboral: “La reforma laboral es una obviedad que detrás de una reforma previsional debe imperiosamente existir una reforma laboral porque en el sistema de repartos tenes, de un lado a los que aportan, y del otro lado a los que cobran gracias a los aportes de los activos”.

“Van a estar de la mano, lo que no quita que haya reformas en el esquema laboral previos que hagan a la urgencia de determinadas cuestiones”, aseguró y sumó: “La reforma laboral integral debe estar por supuesto atada a la previsional, es algo que tenemos bien en claro, todo lo que se haga sin esos dos pilares son parches. No tenemos la fecha y entendemos que la reforma laboral hay un consenso bastante generalizado de que la cuestión laboral tiene que modificarse”.

De vuelta en un estudio de televisión, pues las entrevistas que había dado desde que asumió fueron con periodistas invitados a Casa Rosada, el presidente Javier Milei sostuvo este lunes que “está claro que la reforma del sistema previsional no es independiente de la reforma del mercado laboral”.

Al ser consultado en LN+ por Antonio Laje sobre cuál es la fórmula de movilidad que planea el Ejecutivo, el mandatario señaló que “cualquier solución de cualquier tema que quieras enfrentar, tiene que respetar el déficit cero”.

En ese sentido, amplió: “Si se hace una fórmula que genera déficit fiscal hay varios problemas. Te endeudas y le cargas el costo del ajuste a todas las generaciones futuras. Si lo financio con emisión monetaria le cargo todo a la gente. Si lo hago con más impuestos, la economía no crece”.

Por eso, insistió que “la reforma previsional no puede estar escindida de la reforma laboral, porque hoy tenes 6 millones de personas en el mercado formal, privado, y tenes 8 millones afuera. Algo no funciona. Después están los empleados públicos y los monotributristes…”.

Con críticas a las moratorias otorgadas durante los gobiernos kirchneristas, Milei expresó que “si a los delirios populistas de la ‘Reina Polenta’ (en referencia a Cristina Kirchner) de duplicar jubilaciones metiendo gente sin aporte, le ponemos regulaciones laborales, tenemos una relación beneficiario-aportante que es un delirio”.

El presidente consideró que “en la transición (hacia otra fórmula) hay parches”, que son en realidad los bonos, “los que te están diciendo que la fórmula es tan mala”.

“Necesitas una fórmula que no violente el déficit cero y de modo tal que, cuando le des un recurso, sea genuino”, insistió, al tiempo que apuntó que con un blanqueo laboral “duplicaríamos la cantidad de aportantes al sistema”.

Aumento de las dietas de legisladores

A raíz de la polémica del fin de semana sobre el 48% de aumento a su salario y el de sus funcionarios, que este lunes quedó formalmente anulado, Milei anunció en vivo que echó al ministro de Trabajo, Omar Yasín.

Pero también se refirió al incremento del 30% en las dietas de los legisladores, que pidió retrotraer. “Antes cuando se subían las dietas quedaban expuestos, hoy muchísimo más con la penetración y velocidad de la información, quedan escrachadísimos”, expresó.

El jefe de Estado criticó que “se crearon mecanismos para que se disparen automáticamente (los aumentos) sin tener que levantar la manito. Estas cosas están escondidas, y salvo que seas un experto de toda esta maraña no te das cuenta y la verdad que nosotros somos outsiders”.

“Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) dijeron ‘bueno, es aumento para la gente de la planta’, dieron el auemento y después se encuentran con que lo que implicaba”, dijo Milei, quien junto a la vicepresidenta fue durante dos años diputado nacional.

En el mundo empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y los productores, se ha intensificado un debate crucial: la necesidad de una reforma laboral y sindical. Este tema ha cobrado relevancia debido a su potencial para generar más empleo formal y desbloquear obstáculos que actualmente limitan el desarrollo económico. Es indiscutible que la presión ejercida por los sindicatos, así como los bloqueos en el sector del transporte, han contribuido a una atmósfera que desincentiva la inversión privada y obstaculiza la creación de empleo.

En primer lugar, es importante reconocer que la generación de empleo formal es una prioridad indiscutible para cualquier economía en crecimiento. Las pymes y los productores, siendo motores fundamentales de la economía, requieren un entorno propicio que fomente la contratación de personal de manera formal. Sin embargo, las rigideces laborales impuestas por la legislación actual y la influencia desmedida de los sindicatos han obstaculizado este objetivo.

La presión ejercida por los sindicatos, si bien es legítima en muchos aspectos, también ha alcanzado niveles que amenazan la estabilidad económica. Los bloqueos y paros impulsados por ciertos sectores sindicales, como el sindicato de transportistas, no solo afectan la productividad y la fluidez de la cadena de suministro, sino que también generan un clima de incertidumbre para las empresas y los inversores.

En el sector del transporte, por ejemplo, los bloqueos pueden tener consecuencias desastrosas para las empresas y los consumidores. Los retrasos en la entrega de productos, la pérdida de contratos y la erosión de la confianza en el mercado son solo algunas de las ramificaciones negativas de estas acciones. Es fundamental que se establezcan mecanismos que protejan los derechos laborales sin comprometer la operatividad y la competitividad de las empresas.

Un aspecto particularmente preocupante es la connivencia entre algunas empresas “dadoras de cargas” y los sindicatos, que imponen la afiliación sindical como requisito para acceder a ciertos contratos de transporte. Esta práctica, aunque no sea ilegal, distorsiona el mercado y limita la libertad de elección de los transportistas independientes. La imposición de esta condición, en lugar de promover la competencia justa, genera un entorno poco transparente que perjudica a los actores más vulnerables de la cadena de valor.

Es evidente que se necesita una reforma integral que aborde estas problemáticas de manera efectiva y equitativa. La reforma laboral y sindical no solo debe contemplar la flexibilización de ciertos aspectos para fomentar la contratación y la formalización del empleo, sino también garantizar la protección de los derechos laborales y la libre competencia en todos los sectores.

Es fundamental que los empresarios, los sindicatos y el gobierno trabajen de manera colaborativa para encontrar soluciones que promuevan un entorno laboral justo y dinámico. La reforma no debe ser percibida como una amenaza a los derechos de los trabajadores, sino como una oportunidad para modernizar las relaciones laborales y adaptarlas a las realidades económicas y sociales del siglo XXI.

Además, es crucial que la reforma se base en un diálogo inclusivo y en el respeto mutuo entre todas las partes involucradas. La polarización y la confrontación solo obstaculizan el progreso y perpetúan un statu quo insostenible.

En conclusión, la reforma laboral y sindical es un imperativo para promover el desarrollo económico y social en el país. La generación de empleo formal y la protección de los derechos laborales deben ser objetivos prioritarios que guíen este proceso de transformación. Es hora de dejar de lado las diferencias y trabajar juntos hacia un futuro laboral más justo, equitativo y próspero para todos.

Delia Raquel Flores es empresaria logística, especialista en Comercio Exterior y Mercosur.

La Cámara Nacional del Trabajo resolvió abrir la feria judicial de enero para abordar el amparo presentado por la CGT contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, buscando determinar su constitucionalidad. Este movimiento judicial surge en el contexto de una apelación presentada por la central obrera contra la decisión inicial del juez José Ignacio Ramonet, quien previamente había rechazado el pedido argumentando que el decreto no estaba en vigencia en el momento de la presentación.

La sala, compuesta por los jueces María Dora González y José Alejandro Sudera, ha decidido admitir la solicitud de habilitación de feria. En consecuencia, se remitirá el caso para que el fiscal ante la Cámara emita su dictamen, y luego se procederá a la resolución del asunto.

Esta no es la única presentación en curso contra el DNU, ya que existen múltiples casos que se tramitan en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, el cual fue el receptor de la primera presentación. En este sentido, el Gobierno nacional ha instado a través de la Procuración del Tesoro a unificar todos los recursos de amparo en este juzgado.

Otro frente judicial se abre con un planteo presentado por el Gobierno de La Rioja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aunque la Corte ha habilitado su tratamiento, se espera que la resolución ocurra después de la feria de enero. Previamente, el expediente fue remitido a la Procuración General de la Nación para su dictamen, si bien esta opinión no es vinculante en el proceso judicial.

El senador nacional Mariano Recalde (FNyP – CABA) presentó este miércoles una serie de proyectos de ley para reformar e “introducir mejoras en el mundo laboral”, y se destaca la reducción de la jornada de trabajo, entre varios puntos más.

Transcurrido el Día Internacional de los Trabajadores, el senador kirchnerista propone una reducción de la jornada de trabajo de 48 a 36 horas semanales, con el objetivo de fomentar la semana laboral de cuatro días.

En ese sentido, sostuvo que disminuir la jornada de trabajo “incrementa la productividad, disminuye costos empresarios y accidentes, y permite una mejor distribución del empleo, así como de la conciliación entre la vida personal y laboral”.

Del mismo modo, Recalde buscará que se unifique toda la normativa laboral en un Código del Trabajo, y así “lograr un orden sistémico y evitar aplicaciones contradictorias”. Recalde recordó, además, que es “un mandato constitucional incumplido y una deuda pendiente del Congreso hace más de 60 años”.

Por otra parte, Recalde detalló una licencia especial para personas menstruantes “como respuesta a una demanda de distintos colectivos feministas y profesionales de la salud”.

En relación a los juicios laborales, el senador consideró la importancia de “ampliar los juzgados y salas” para disminuir las demoras y lograr una justicia ágil, eficiente y resolutiva. En tal sentido, comparó que en la mayoría de los países de Latinoamérica los procesos judiciales duran un año o menos, mientras que en nuestro país la duración promedia los dos años y medio, extendiéndose incluso hasta los cuatro años y medio.

Por último, Recalde sostuvo que “es necesario hacer reformas laborales que contemplen los cambios sociales y tecnológicos que experimentamos”, y aclaró que “estas modificaciones deben servir para ampliar derechos, promover el empleo registrado y proteger la salud integral de los trabajadores”.

El diputado bonaerense y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (Frente de Todos), presentó este jueves un proyecto de declaración que señala la inconstitucionalidad de la iniciativa presentada por el senador porteño Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) que intenta suprimir la indemnización por despidos y reemplazarla por un “Fondo de Cese Laboral”.

En el proyecto, que recibió el acompañamiento de varios legisladores, muchos de ellos de extracción sindical, se plantea explícitamente que la Comisión no deberá dar “curso favorable a ninguna propuesta legislativa que lesione, contraríe o menoscabe en modo alguno derechos sociales fundamentales, o sus garantías, ni que contradiga de cualquier modo el mandato vinculante que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional impone al Poder Legislativo, dirigido a otorgar al trabajo ‘la protección de las leyes’ y, especialmente, asegurar ‘al trabajador (…) protección contra el despido arbitrario’”.

En sus fundamentos, Yasky asegura que ninguno de los sistemas en que se inspira este Fondo, “es compatible con la Constitución argentina”. Se refiere concretamente a las legislaciones de Austria y Brasil aludidos en el proyecto en ciernes. Y agrega que “dictado de una ley como la que se ha sometido a tratamiento parlamentario en el Senado confronta en la dimensión teleológica con la misión que el artículo 75, inciso 19, de nuestra Carta Fundamental encomienda al Congreso, que es la de “Proveer lo conducente al desarrollo humano (y) al progreso económico con justicia social”.

Por otra parte, la iniciativa de los diputados del Frente de Todos, observa que el proyecto de Lousteau tiene también graves falencias legislativas ya que “se postula que el porcentaje del aporte destinado a nutrir el fondo varíe según el criterio del poder de turno, lo cual, por otra parte, resultaría generador de incertidumbre para las empresas y más aún para trabajadoras y trabajadores, que vendría a agregarse a la inseguridad en términos de inestabilidad en el empleo derivada de la desaparición del factor disuasivo del despido que representaría la derogación de la indemnización que actualmente prevé la Ley de Contrato de Trabajo”.

La presentación del Secretario General de la CTA, fue acompañada con las firmas de las diputadas y los diputados Claudia Ormachea, Walter Correa, Santiago Igon, Pablo Carro, Patricia Mounier, Gisela Marziotta, María Rosa Martinez, Mónica Macha y Lía Caliva.

El diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá reaccionó este jueves contra las declaraciones críticas de Mario Pergolini sobre la Ley de Teletrabajo aprobada recientemente por el Congreso de la Nación.

“Mario Pergolini nos trata de tarados, hijos de puta e imbéciles, porque el señor se enojó porque cuando da trabajo ‘2,3  dias por teletrabajo; no es una dependencia’”, señaló el diputado.

En ese sentido, comparó al conductor con las empresas Globo, Rappi, “y todo la precarización al laburante”, y concluyó: “la excusa es que le saca ganas de dar empleo”.

Rodríguez Saá acompañó su definición con una frase expresada por Pergolini en su momento, en la que afirmaba que “hacer una reforma laboral no es avasallar derechos”. Frase en la que el diputado del Frente de Todos tacho el “no”.