Tras regresar a la cámara de origen por no haber aprobado todos los artículos en Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió este martes para pasar a la firma el dictamen de la reforma a la Ley de DNU. Los vocales de la oposición avalaron el despacho que insiste con la media sanción tal como fue avalada en el recinto el pasado 4 de septiembre cuando el texto avanzó con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

De esta manera, el proyecto de ley que modifica a la Ley 26.122 quedó listo para ser llevado a una sesión ordinaria. Cabe recordar que, para mantener el despacho original, la Cámara alta deberá alcanzar la mayoría calificada -dos tercios de los presentes en el recinto del Senado- para sancionar la reforma que propone, entre varias cosas, decretos que versen sobre un solo tema, habilitación a la Bicameral para reuniones fuera del período ordinario, plazo de 90 días para debatirlo o se cae-este punto no avanzó en la Cámara baja-, y que el rechazo de una cámara derogue el DNU, salvo que sea avalado por las dos.

Pese a que la redacción original cuenta con el consenso de todos los bloques de la oposición (dura y dialoguistas), los vocales de Unión por la Patria firmaron el dictamen en disidencia.

De todos modos, el presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró en varias oportunidades que vetará la sanción del proyecto al considerarlo como “un intento de cambiar las reglas de juego con el partido empezado”. La iniciativa está vigente desde julio del 2006 y fue motorizada por la entonces senadora nacional Cristina Fernández, durante el mandato de Néstor Kirchner.

Por su parte, la oposición prepara la última jugada antes del recambio legislativo porque después del 10 de diciembre La Libertad Avanza contará con el tercio propio que le permita defender los vetos sin tener que depender de los bloques aliados, al menos en la Cámara baja. Así las cosas, la Cámara alta cuenta con los votos para la insistencia cuando iniciativa sea vetada, no así Diputados, donde la reforma alcanzó los 140 votos afirmativos, muy lejos de los tercios requeridos para imponer la insistencia.

Una reunión breve 

En relación a la insistencia del proyecto original, el senador correntino Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, se refirió a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la iniciativa y sugirió que “estamos reglamentando nuestras propias facultades”. Luego, señaló: “A mi criterio, no debería ser vetada”, y agregó que la Corte Suprema de Justicia “podría darnos claridad al respecto” en caso de que surja un conflicto de poderes.

Minutos antes, el legislador cercano al gobernador Gustavo Valdés de Provincias Unidas consideró que “el articulado terminó siendo de consenso y cerraba la idea de la toma de atribuciones del Poder Legislativo porque los DNU son medidas extremas y tienen que ver con cuestiones especiales”. Sobre el artículo caído en Diputados, mencionó que el plazo de 90 días “es necesario”, y concluyó que “no puede ser vetada porque es una ley sobre facultades legislativas”.

Vischi dejó en claro que está a favor de la reforma a la Ley de DNU.

Por la disidencia, la senadora riojana Florencia López del bloque Frente Nacional y Popular cargó que “esta ley surge con determinados requisitos establecidos para que no suceda lo que está sucediendo: un presidente que gobierna a través de decretos, mostrándose este Congreso totalmente impotente de frenar esas decisiones que se tomaron a través de los DNU”. De todos modos, se sinceró y manifestó que “sería vetada y obviamente sería difícil insistir con este texto original”.

El tratamiento fue breve y una vez que el dictamen de la reforma a la Ley de DNU pasó a la firma, Alejandra Vigo, en su rol de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dio lugar a despachar otros pedidos de informes y proyectos de reglamentación: el del fueguino Pablo Blanco para solicitar información sobre porqué se eliminó el acceso público a los datos societarios de los proveedores estatales del sistema de compras del estado; y el de Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri sobre cuestiones referidas al decreto 780/24.

Por último, fueron aprobados cuatro pedidos de reglamentación al Poder Ejecutivo de la Nación: el primero de Edith Terenzi para Ley 27.732 sobre el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz; el de Daniel Bensusán y Daniel Kroneberger para el Régimen de Protección Integral del menor con Cáncer; y el de María Inés Pilatti Vergara para exigir la reglamentación de la Ley 27.716 de Diagnóstico Humanizado.

Tras una extensa sesión, donde la oposición logró aprobar todo el temario que se propuso, la diputada nacional Blanca Osuna (UP) aseguró que se dio "una señal clara" de que "el Congreso está para debatir y poner límites cuando el Ejecutivo avanza sobre sus atribuciones".

Respecto de la aprobación del proyecto que modifica la Ley de DNU, la entrerriana sostuvo que la reforma es "necesaria para delimitar el uso discrecional que el presidente hace de esta herramienta”.

"Los DNU de (Javier) Milei no son ni de necesidad ni de urgencia, pero interfieren en el funcionamiento democrático, porque las normas deben discutirse y aprobarse en el Congreso”, dijo.

En relación al proyecto de Presupuesto Nacional, Osuna advirtió: “Tenemos en mano una iniciativa que corta violentamente recursos para salud, educación, las provincias y la obra pública. Mientras tanto, el ministro de economía, Luis Caputo, y el equipo económico están en Estados Unidos sin que se haya dado a conocer una agenda de reuniones e interlocutores, cuando deberían estar acá discutiendo el presupuesto con nosotros”.

Por último, la legisladora subrayó que la sesión "fue clave, con un temario amplio y con acuerdos entre distintos bloques”, incluyendo temas como el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la designación de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes.

El oficialismo respiró este miércoles en la Cámara de Diputados luego que un artículo clave del proyecto que modifica la Ley 26.122, que reglamenta los DNU, resultara rechazado, lo que provocó la vuelta del texto al Senado -que podrá insistir con la redacción original o no-.

En la votación en general, la iniciativa recibió 140 votos afirmativos. Estuvo a 18 de los dos tercios de los presentes.

Las voluntades a favor fueron 95 de Unión por la Patria, 12 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, 4 de Coherencia, 4 de la UCR (Karina Banfi, Julio Cobos, Fabio Quetglas y Roberto Sánchez), 3 del Pro (Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González) y 2 del MID.

En tanto, los 80 negativos correspondieron 35 a La Libertad Avanza, 29 del Pro, 6 de Liga del Interior, 2 de Futuro y Libertad, 2 de Por Santa Cruz, 2 de Producción y Trabajo, los dos radicales mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, la tucumana Paula Omodeo y el fueguino Ricardo Garramuño.

Las 17 abstenciones fueron de los radicales Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini, Rodrigo De Loredo, Roxana Reyes, Natalia Sarapura y Martín Tetaz; de los 4 misioneros de Innovación Federal, Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; de los chubutenses que responden al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, Jorge “Loma” Ávila (EF) y Ana Clara Romero (Pro); y de la santafesina que responde a Maximiliano Pullaro, Melina Giorgi (DpS). También Mario Barletta (Unidos) y Ricardo López Murphy (RU).

Además, en la votación en general hubo una veintena de ausentes: 4 de IF, 3 UP, 3 DpS, 3 Independencia, 2 Pro, 2 EF -el entrerriano Francisco Morchio -bajo órdenes del gobernador Rogelio Frigerio- y la cordobesa Alejandra Torres- y 1 MPN. Por La Libertad Avanza no estuvieron María Celeste Ponce y José Luis Espert (licencia).

Los cambios a la hora de votar el artículo 3

El artículo 3 del dictamen, que establecía que los decretos “se considerarán aprobados cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial”, resultó rechazado por 127 votos a favor, 90 en contra y 17 abstenciones.

De afirmativo en general a negativo en el artículo 3 pasaron Héctor Baldassi (Pro), Carlos D’Alessandro (Coherencia), Eduardo Falcone (MID), Álvaro González (Pro), Gerardo González (Coherencia) y Oscar Zago (MID).

De afirmativo a abstención lo hicieron Karina Banfi (UCR), Victoria Borrego (CC), Marcela Campagnoli (CC), Juan Manuel López (CC) y Fabio Quetglas (UCR).

De abstención en general a negativo el artículo 3 pasaron Jorge “Loma” Ávila (EF), Sofía Brambilla (Pro), Melina Giorgi (DpS) y Ana Clara Romero (Pro).

De abstención a afirmativo pasó Mario Barletta (Unidos). Mientras que afirmativo a ausentarse lo hicieron Tanya Bertoldi (UP) y Facundo Manes (DpS); de la abstención a la ausencia Ricardo López Murphy (RU); de negativo a ausente Gabriel Chumpitaz (FyL); y de ausente en general a negativo en el artículo 3 Silvia Lospennato (Pro).

Después de cinco horas de debate parlamentario, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (26.122) con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones. Sin embargo, el artículo 3 que proponía plazo de 90 días para tratar los decretos no alcanzó la mayoría absoluta y la norma debe volver al Senado.

Las votaciones en particular de los artículos 1, 2, 4 y 5 lograron la mayoría absoluta requerida, pero el artículo 3 resultó con 127 a favor, 90 en contra y 7 abstenciones. De esta manera, el texto regresa a la Cámara alta con modificaciones, donde en función de ser la cámara de origen podrá insistir con la sanción original.

A favor de la reforma, votaron 95 de 98 de Unión por la Patria; 12 de 15 de Encuentro Federal; 8 de 12 de Democracia para Siempre; los 4 Coherencia; los 6 de la Coalición Cívica; los 5 del Frente de Izquierda; los 2 del MID;  tres integrantes del Pro: la correntina Sofía Brambilla, el cordobés Héctor Baldassi y el porteño Álvaro González; y 4 de la UCR: Karina Banfi, Julio Cobos, Fabio Quetglas y Roberto Sánchez.

Por otro lado, tres de los cuatro misioneros de Innovación Federal; representantes de gobernadores como los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila, y la santafesina Melina Giorgi de Democracia para Siempre; Ricardo López Murphy; 8 radicales; y Mario Barletta se abstuvieron.

En contra de la iniciativa, votaron 35 de los 37 integrantes de La Libertad Avanza (Celeste Ponce y José Luis Espert fueron los ausentes); 31 de los 35 miembros del Pro; la tucumana Paula Omodeo; las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo; los 6 de Liga del Interior; los 2 santacruceños que responden a Claudio Vidal; los 2 radicales de Mendoza, Pamela Verasay y Lisandro Nieri; y el fueguino Ricardo Garramuño.

Cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, puso a consideración del pleno el artículo 3 del texto, el tablero reveló que hubo 13 votos menos que fueron 3 de la Coalición Cívica; 2 de Coherencia; uno de Democracia para Siempre; 2 del radicalismo; y la ausencia de la neuquina Tanya Bertoldi de Unión por la Patria, entre varios cambios de voto. Los 2 del MID y los 3 del Pro que acompañaron la general, rechazaron esta votación particular.

Si bien esta norma no manifiesta cambios en la política fiscal del Gobierno nacional, el presidente Javier Milei dejó en claro que será vetada. Cuando la Cámara baja intentó avanzar con este debate a finales del 2024, el libertario fue consultado sobre el tema: "Obviamente que la voy a vetar porque en el fondo están queriendo hacer un golpe de Estado". Lógicamente esa postura del jefe de Estado, sigue igual un año después.

El Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de promulgación parcial de leyes fue impulsado por Cristina Kirchner en su mandato como senadora nacional en el 2006. La norma fue sancionada el 20 de julio de ese año y, entre varios puntos, creó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Qué dice la ley

El proyecto aprobado este miércoles establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el trámite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.

El debate en el recinto

En el arranque del debate, la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza aseguró que esta reforma “no es quitarle las facultades al presidente (Javier) Milei de dictar decretos de necesidad y urgencia como estuvieron diciendo victimizándose”, al hacer hincapié en la minoría parlamentaria con la que cuenta La Libertad Avanza, y recordó que “tuvieron demasiada ayuda, dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron” en el Congreso.

La massista recordó que desde la introducción de esta herramienta en la Constitución de 1994 hasta la Ley 26.122 que los reglamentó “pasaron 12 años”. Y apuntó que Cristina Fernández de Kirchner como senadora fue su impulsora y, más tarde, como presidenta, “fue quien menos uso hizo de DNU”.

“No es el instrumento, es cómo se han usado”, remarcó y cuestionó el DNU 70/23 de 366 artículos con el que Milei inauguró su gestión. “No todos los DNU fueron iguales, hay DNU que ampliaron derechos, la AUH fue hecha por DNU, y hay DNU que vinieron a destruir el Estado, que es una de las funciones que tenía el presidente Milei como objetivo”, agregó.

El jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, recordó que él participó del debate de la Ley 26.122 en 2006 y subrayó: “Había ocurrido recientemente el 2001 y había que darle instrumentos de gobernabilidad a un gobierno que había surgido del 22% de los votos de la primera vuelta. Así que hay que analizar el contexto, los tiempos y la mirada histórica”.

“Cada uno de los gobiernos ha utilizado este instrumento en exceso”, señaló y afirmó que “esta no es una iniciativa contra el Gobierno y el presidente de la Nación” sino “un elemento necesario e imprescindible en la resolución de la crisis económica que vive la Argentina”.

Para Pichetto, “este modelo de DNU está agotado, es imprescindible volver a recuperar el marco de debate institucional en el Congreso. Recuperar el consenso en el Congreso y salir del conflicto institucional, que nos lleva a aumentar el caos”.

A su turno, el legislador de Democracia para Siempre Fernando Carbajal expresó que “no somos enemigos de los DNU” pero “todos los presidentes de todos los signos políticos han abusado de manera consciente de esta herramienta”. Según el formoseño, esta modificación busca “un punto de solución hacia el futuro” y “no es contra el presidente Milei”, reiteró en línea con sus pares.

El radical crítico manifestó que se trata de “empezar a caminar el camino de la normalidad institucional” porque “los DNU tal como han funcionado no han respetado el espíritu de la Constitución”. “Olvidemos las diferencias y alcancemos el consenso de volver al régimen de nuestra Constitución”, pidió y al presidente Milei le sugirió -de cara a un posible veto- que tenga “una mirada histórica”.

Por el dictamen de minoría, la tucumana Paula Omodeo, aliada del oficialismo, habló de una “agenda de desestabilización” impulsada desde la oposición, por quienes “están buscando generar un clima de incertidumbre”. Recordó que ella compite contra el partido del presidente en su provincia, pero aclaró que “primero está la república. Es el momento de pensar en los argentinos en vez de pensar en las elecciones. No hay conveniencia de votar esta ley en este momento”.

A continuación, el oficialista Nicolás Mayoraz cuestionó el proyecto y arrancó: “Nadie puede acá pecar de ingenuo y creer realmente que todos los que hablaron antes, y después el kirchnerismo, realmente quieren mejorar las instituciones de la República”.  Por el contrario, consideró que “quieren desestabilizar al Gobierno, generar la mayor inseguridad jurídica que puedan y lo hacen a través de este proyecto de ley que modifica de la peor manera la ley”.

Sobre los DNU, el santafesino indicó que “la urgencia es una valoración política, no jurídica, y los DNU tienen naturaleza legislativa, entonces no se les puede aplicar una regla que no se le aplica más que a los proyectos de ley”. “No pueden a través de una ley modificar el diseño constitucional, porque cuando se le da atribuciones al Congreso para legislar sobre los decretos de necesidad y urgencia, de ningún modo implica eso que el Congreso pueda erigirse en constituyente”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales advirtió que “lo que están instalando es el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, donde ya no va a ser el Ejecutivo el que tome las decisiones; si el Poder Legislativo se convierte no solo en el árbitro, el controlador de la validez de los DNU y los delegados, a través del simple silencio o incluso violando el sistema bicameral, queda entonces instalado este poder”.

En esta línea, resaltó que en el Senado hoy “la construcción de mayorías para obtener la media sanción de un DNU es prácticamente imposible; le están dando en esa cámara al kirchnerismo el poder para que decida cómo poder gobernar el Poder Ejecutivo”.

Por la Coalición Cívica, el presidente del bloque Juan Manuel López presentó el dictamen de minoría que labró su espacio y explicó que “los DNU no estaban previstos en la Constitución histórica, pero ya se habían usado antes de la reforma del 94”. Como repaso de gestiones anteriores, acusó que “durante los gobiernos de Carlos Menem y del matrimonio Kirchner se hizo uso y abuso de los DNU con el agravante de que tenían mayorías en el Congreso”.

Lejos de mostrarse amable con los integrantes de La Libertad Avanza, señaló que “el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas y la pena es la nulidad absoluta e insanable”. Del mismo modo, cargó que “este presidente corrió una línea del DNU 70/2023”, y advirtió que “Juan Grabois dijo que Axel Kicillof, si es presidente, tiene derecho a su DNU 70”. “Pensemos qué vamos a hacer con nuestras instituciones”, concluyó.

A través de una breve intervención, el diputado mendocino Julio Cobos se defendió de las acusaciones libertarias vinculadas a una supuesta ausencia de proyectos de índole en los gobiernos kirchneristas y contestó: “En La Libertad Avanza dicen que nadie dijo nada, pero hemos presentado proyectos en el radicalismo, le traje un resumen”. Sobre el espíritu de la Ley 26.122, añadió que “las excepciones que propone la Constitución deben ser excepciones y no la normalidad de la regla” porque “con la ley vigente estamos transformando la bicameralidad en unicameralidad”. “Esto es un avance”, consideró.

El diputado nacional Ricardo López Murphy recordó que este tema fue uno de los primeros temas que planteó cuando asumió en diciembre del 2021, pero a la vez se mostró preocupado por una potencial resolución judicial que considere “inconstitucional” a esta reforma. Crítico de la Ley, cargó que “hemos contado por cientos los DNU como si el Congreso no existiera”, y aclaró que “nuestra institución se llama Parlamento porque es parlar, nos hemos olvidado de dialogar”.

Con un visible cartel que decía “narcotráfico nunca más”, Marcela Pagano de Coherencia señaló que este proyecto “busca el equilibrio porque el Congreso no fure creado para obedecer, para debatir, para representar y para preguntar”. Definió, además, que “esto es un debate moral”, y cargó que “el Congreso es un puente y si ese puente se rompe, nadie cruza”. También sostuvo que “no se trata de colores políticos, se trata de principios”, y cerró: “Cuando el Congreso se arrodilla, la Nación se apaga”.

Marcela Pagano votó a favor de la reforma de la Ley de DNU y defendió el rol del Congreso.

Pablo Juliano, presidente del bloque de Democracia para Siempre, sintetizó el contexto de este debate: “Pocas veces el Congreso tiene la oportunidad de retomar un debate que tiene su epicentro con la reforma de la Constitución Nacional y pocas veces un poder constituido como loes este Poder Legislativo tiene la oportunidad de entrar en un diálogo con los constituyentes”.

En favor de esta reforma de ley, Juliano consideró que “es este el mejor Congreso para debatir esta ley porque fue el primero que rechazó un decreto”. Sin embargo, cuestionó las intervenciones de los legisladores del Pro y La Libertad Avanza: “Esto no da lugar a un sector de acusar ánimos golpistas”. Para terminar, afirmó que “el hiperpresidencialismo es una de las grandes enfermedades de la Argentina”, y criticó la reforma de los organismos de inteligencia a través de un decreto de necesidad y urgencia.

En representación de Encuentro Federal, Nicolás Massot manifestó que “esto ha nacido mal, es inédito que el peronismo quiera tratar esto y la verdad que este el Gobierno que en vez de utilizar los DNU para acelerar el proceso parlamentario, los utiliza, en conjunción con los vetos y con la prórroga del Presupuesto, para bloque el trabajo del Congreso”. “Queremos que el Gobierno entienda que queremos que forme mayorías”, auguró el legislador.

Desde el lado izquierdo del hemiciclo de la Cámara baja, el diputado camporista Tomás Ledesma remarcó que “este proyecto es necesario por la coyuntura”. En esa línea, acusó al Gobierno nacional de perpetrar un “avance constante sobre el Poder Legislativo”, y vinculó a esta reforma con la finalidad de “que el Congreso empiece a recuperar el rol de poner límites al Poder Ejecutivo cuando decide sobrepasarse como lo viene haciendo”.

Sorpresivamente, en Unión por la Patria solamente tomaron la palabra el chaqueño Juan Manuel Pedrini, quien defendió a Jorge Taiana de las acusaciones del oficialismo, el massista Diego Giuliano; y las catamarqueñas Fernanda Ávila y Silvana Ginocchio.

El último orador del debate a la reforma de la Ley 26.122 fue el cordobés Gabriel Bornoroni, presidente de la bancada de La Libertad Avanza, quien consideró que “nos ha quedado claro que el kirchnerismo le quiere poner palos en la rueda no solo al presidente Milei, sino a todos los argentinos”. Luego, leyó que “Néstor Kirchner usó 270 DNU, Cristina 76; Eduardo Duhalde 158 y Alberto Fernández 178, pero Milei solo usó 82 y eso le parece grave al kirchnerismo”.

“El kirchnerismo no tiene los votos, pero el ‘kirchnerismo de los buenos modales’ va a acompañar para poner palos en la rueda al presidente Milei”, concluyó el legislador cordobés.

Una sesión de alto voltaje es la que se espera este miércoles en la Cámara de Diputados, a partir de las 12. El clima ya se anticipaba caliente por la remoción de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de José Luis Espert, que pretendía la oposición. Ahora, tras la renuncia de "el profe" como primer candidato en la provincia de Buenos Aires, a raíz de su vínculo con Federico "Fred" Machado -acusado de narcotráfico-, no faltará quien también ponga en tela de juicio su continuidad dentro del cuerpo.

La reunión en el recinto será seguramente la última antes de las elecciones del próximo 26 y el temario así lo deja ver: hay una catarata de temas a tratar, aunque muchos de ellos consisten en emplazar comisiones.

Uno de los tantos "platos fuertes" que habrá será un tema de extrema preocupación para el Gobierno: la reforma de la Ley de DNU. El proyecto ya cuenta con media sanción y de aprobarse será ley. A lo que aspira La Libertad Avanza es que esa votación quede lejos de los dos tercios, con la esperanza de sostener el veto que eventualmente emita el presidente Javier Milei.

La modificación de la Ley 26.122 propone que los DNU deban versar sobre una única materia y puedan ser tratados de inmediato aún en receso parlamentario. Uno de los cambios centrales es que para ser ratificados deberán ser aprobados con el voto de ambas cámaras, mientras que el rechazo de una bastará para que queden sin efecto (hoy es al revés). También podrán caer si no se tratan dentro de un plazo de 90 días.

El segundo ítem del temario es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. Requiere mayoría simple. El oficialismo está en contra por la identificación de militante de género de Bertero y además cuestiona el concurso público realizado.

Respecto al debate del Presupuesto 2026 hay dos emplazamientos que impactan de lleno en el tratamiento: primero, está el propio expediente del presupuesto enviado por el Ejecutivo para definir un cronograma de reuniones que fije encuentros los martes y jueves, dejando libre los miércoles para futuras sesiones. La oposición apunta a definir los invitados y dictaminar antes del 20 de noviembre.

Luego, está el pedido de remoción de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo cierto es que tras la baja de la lista en PBA, el propio presidente Javier Milei afirmó que en su lugar pretenden que vaya Alberto "Bertie" Benegas Lynch. Se verá si antes del miércoles Espert deja la presidencia por su cuenta. Igualmente, las críticas hacia su figura serán eje de la jornada. Aunque ya hay proyectos para expulsarlo directamente del cuerpo, éstos no forman parte del temario. 

En relación al auxilio financiero que negocia el Gobierno con Estados Unidos, el temario de la sesión incluye un proyecto de resolución presentado por Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación -establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional- sobre todo empréstito tomado por Argentina. Además, hay un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, que no cuenta con dictamen y debe emplazarse a comisiones.

Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por Ejecutivo, pero sin ejecución presupuestaria, se incluyen tres proyectos sin dictamen: la moción de censura contra Guillermo Francos, una interpelación al jefe de Gabinete y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento de la ley insistida por el Congreso.

Ya sí con dictamen de comisiones, se buscarán aprobar las interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, iniciada a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo.

En el último ítem del temario figura uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

Además, en la sesión se incorporaron los dictámenes sobre declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional de Brigadier Estanislao López, considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”.

Por último, hay otra serie de emplazamientos a comisiones para tratar la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la creación de la ventanilla única para PyMEs; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); la derogación del decreto 273/25 que habilita la importación irrestricta de maquinaria y equipos usados; y la solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Una semana después de lo originalmente previsto, la oposición cumplió este viernes en convocar a una sesión especial para el miércoles que viene, que incluye como tema central la modificación de la Ley 26.122, que regula el funcionamiento de los decretos de necesidad y urgencia; pero no figura el otro tema central que se esperaba: el veto presidencial a la Ley de ATN. “No estaban los votos”, confió un legislador de la oposición ante la consulta de este medio. Se seguirá trabajando para ver cuándo incluirlo.

En rigor, la sesión hubiera sido el primer miércoles de octubre, pero no se pusieron de acuerdo, por desavenencias internas y porque ya entonces había dudas sobre si estaban los votos para rechazar el veto. Lo cierto es que ahora se incluyeron más temas que surgieron estos últimos días y habrá otro tema central que absorberá buena parte del inicio de la sesión: la situación de José Luis Espert.

Este viernes buena parte de la oposición elevó un pedido de sesión especial para este miércoles 8 de octubre a las 12. Con un temario de 40 ítems, se destacan entonces la reforma de la Ley de DNU (26.122) y los emplazamientos al pedido de remoción de José Luis Espert de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el establecimiento de un cronograma del tratamiento de la “ley de leyes”.

También está el emplazamiento para la moción de censura contra Guillermo Francos por el incumplimiento de la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad; la aprobación final para la selección de la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; el emplazamiento de un pedido de informes verbales al ministro de Economía, Luis Caputo, por el acuerdo económico con el gobierno de Estados Unidos.

Del mismo modo, también está el dictamen para interpelar a la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a los hechos públicos a través de los audios que han trascendido en la prensa, atribuidos al por entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por presuntos pagos ilegales, y en especial sobre las declaraciones que involucrarían a los funcionarios.

Como viene sucediendo durante en este período ordinario, el pedido de sesión especial lleva las firmas de los jefes de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, y Democracia para Siempre, Pablo Juliano; Oscar Agost Carreño y Mónica Fein de Encuentro Federal. La sorpresa fueron las firmas de Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano de Coherencia, quienes hasta hace dos meses atrás integraban La Libertad Avanza. La Coalición Cívica esta vez no firmó la nota.

El primer proyecto del temario cuenta con dictamen y se trata de la modificación en los plazos, la vigencia y el recorrido parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia (Ley 26.122). El texto cuenta con la media sanción del Senado y de aprobarse en la Cámara baja se convertirá en ley. Sin embargo, el presidente Javier Milei consideró que se trata de una “maniobra de cambiar las reglas del juego” y confirmó que será vetada.

El segundo ítem presentado en el temario de la sesión especial pedida por el grueso de la oposición es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Eduardo Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos.

Respecto al debate del Presupuesto 2026 hay dos emplazamientos que impactan de lleno en el tratamiento: primero, está el expediente para definir un cronograma de reuniones que fije como día de reuniones informativas a cada martes y jueves dejando libre los miércoles para futuras sesiones. Este tema es de gran interés en la oposición dialoguista -Encuentro Federal y Democracia para Siempre-.

Luego, está el pedido de remoción de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, impulsado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Coherencia. En medio en la presunta vinculación con el narcotráfico y el recibo de un pago de 200.000 dólares, la oposición lleva el emplazamiento al recinto. Cabe recordar que la remoción de una presidencia, una vez que tenga el dictamen en Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, requiere mayoría simple.

La oposición busca sacar a Espert de la titularidad de Presupuesto y Hacienda.

Con relación a la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por el Gobierno nacional, pero sin ejecución presupuestaria, el temario incluye los pedidos para iniciar la moción de censura contra Guillermo Francos (son 3 textos de UP, Encuentro y Coherencia), un pedido de informes verbales y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento con la ejecución real de la ley insistida por el Congreso de la Nación.

Luego de la reunión de Milei con Donald Trump y la posibilidad real de un desembolso económico proveniente del Tesoro de los Estados Unidos, están también un pedido de informes verbales contra Luis Caputo y el proyecto de resolución que impulsó Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional sobre todo empréstito tomado por Argentina.

Otro tema saliente del temario es el veto a la modificación de la Ley 23.966 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural que contempla la eliminación de diversos fideicomisos y fondos nacionales, el cual fue impulsado por los 24 gobernadores en junio pasado y cuenta con el primer rechazo del Senado.

El ambicioso temario que presentó la oposición para ir al recinto el miércoles 8 incluye, también, la declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; el programa nacional de lucha contra la enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional a Brigadier Estanislao López considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”. Los 3 proyectos cuentan con dictamen.

Por último, el espectro de bloques opositores llevará una serie de emplazamientos más: la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); y la solicitud contra el Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

Tal como estableció el emplazamiento aprobado, las comisiones de Asuntos Constitucionales junto a la de Peticiones, Poderes y Reglamento pasaron a la firma el dictamen del proyecto en revisión que modifica la Ley 26.122 de los marcos normativos de los Decretos de Necesidad y Urgencia. El despacho de mayoría obtuvo 35 firmas provenientes de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

Por su parte, los integrantes de La Libertad Avanza presentaron un dictamen de minoría con 10 rúbricas y los dos miembros de la Coalición Cívica presentes en el plenario, Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, presentaron un tercer despacho que modifica los plazos de tratamiento a los decretos de necesidad y urgencia.

Después de la firma de los tres dictámenes, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, esgrimió el porqué del rechazo de La Libertad Avanza a este proyecto: “Más allá de las buenas intenciones de algunos legisladores, siguen la misma línea de lo que viene haciendo el Congreso que es buscar hacerle un daño institucional al gobierno de Javier Milei”. Luego, desenfundó críticas contra Unión por la Patria: “Ahora que son oposición quieren modificar la ley que es lo inverso a lo anterior que es controlar desde el Congreso”. “Esta ley es un alzamiento contra la Constitución Nacional”, cerró el santafesino.

¿Cuándo llegaría al recinto de la Cámara de Diputados? dispersada la posibilidad de pedir una sesión especial para este miércoles para priorizar la reunión de Presupuesto y Hacienda, según supo este medio, el cuaterno de bloques opositores baraja la idea de pedir una cita en el recinto para el próximo miércoles 8 de octubre. Cabe aclarar que el dictamen rubricado no recibió modificaciones.

Las intervenciones

Sentado en la mesa de La Libertad Avanza y el Pro, el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó la sanción de la Ley 26.122 en 2006 y la llamó “anomalía inconstitucional”. Consideró, además, que es el Congreso de la Nación quien debe atender “la evaluación y el criterio de necesidad y urgencia”. Terminó su intervención anunciando su acompañamiento, pero en disidencia con los plazos.

En representación del bloque Encuentro Federal, el diputado socialista Esteban Paulón lamentó no lograr el consenso en 2024 para avanzar con el proyecto, pero dejó en claro su posición: “En una república sana nunca se puede legislar por decreto”. Respecto a este dictamen, explicó que “nos toca discutir, pensar y elaborar un mecanismo lo más restrictivo posible y no permisivo”, y agregó una serie de críticas contra los últimos poderes ejecutivos: “Lamentablemente se hizo una costumbre, una doctrina y en algunos gobiernos un verdadero despropósito”.

Del mismo modo, el santafesino agregó que la experiencia de esta ley (así como ha funcionado estos 19 años) “nos deje una enseñanza central: las instituciones deben ser permanentes pensadas a largo plazo”. Sobre esta modificación, señaló que “quizá no sea la reforma perfecta, pero al menos expresa un consenso mayoritario en el Senado y en la Cámara de Diputados”. Por último, auguró: “Hay que volver al equilibrio de poderes y hay que volver a un diálogo sano entre los poderes ejecutivos y legislativos”.

El encuentro fue breve, pero contó con la participación del jefe de bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien trajo a colación la reforma constitucional de 1994 y cuestionó que “hay un montón de instrumentos que todavía no estamos usando y hay un rol institucional en la Jefatura de Gabinete que no ha sido utilizado”. Luego, utilizó una paráfrasis y deslizó que “el hiperpresidencialismo es uno de los males de este país”.

Juliano trajo a debate el concepto de "hiperpresidencialismo" y llamó a esta reforma como "el antídoto".

Sobre ese concepto presentado, Juliano consideró a esta reforma de la Ley 26.122 de marco regulatorio a los DNU como el “antídoto a ese ‘hiperpresidencialismo’”. Para cerrar, planteó dos críticas a la vigente ley con dos sucesos ocurridos en el gobierno actual: primero criticó que “con este ‘hiperpresidencialismo’ trajimos la figura de los ‘DNU Ómnibus’”; y luego, sumó cuestionamientos contra el DNU 179/2025: “Una sola cámara le dio fuerza de ley a una nueva toma de deuda y eso es gravísimo”.

Los puntos principales del proyecto

El primer punto sobresaliente del proyecto aprobado por más de dos tercios en la Cámara alta establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas Cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el trámite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.

El proyecto de ley cuenta con la media sanción del Senado donde fue aprobado con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones el pasado 4 de septiembre. La iniciativa pone en apuros al presidente Javier Milei, quien ya adelantó a fines del 2024 que la vetará en caso de que sea sancionada. El año pasado el tema comenzó en la Cámara baja, pero no prosperó y el referente libertario consideró que se trata de un intento de “cambiar las reglas del juego”.

Dispersada la posibilidad de que haya una sesión especial esta semana, la Cámara de Diputados tendrá nueve reuniones de comisión este martes. Los platos fuertes de la jornada serán el dictamen de la modificación a la Ley 26.122 (marco regulatorio de los DNU) en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, y también las informativas de las Investigadoras del Caso $LIBRA y Fentanilo Contaminado.

La ardua jornada comienza a las 10 de la mañana con las reuniones de Derechos Humanos y, en paralelo, la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El primer encuentro se realizará en la Sala 6 del Anexo para tomar denuncias por presunta violación a los DD. HH. en Santiago del Estero; la segunda serpa para analizar junto a invitados el proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases (modificación de la Ley 20.628).

Al mediodía, la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado tendrá su segunda reunión informativa, en presencia de familiares de las víctimas y con el objetivo de aprobar la petición de informes a organismos públicos. El encuentro se llevará a cabo en la sala del segundo piso del Anexo C del Palacio Legislativo.

El plato fuerte de la jornada será a las 14.00, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento den cumplimiento al emplazamiento aprobado en el recinto y en reunión plenaria pasen a la firma el dictamen de la modificación al marco regulatorio de los DNU establecidos en la Ley 26.122.

Dos horas después, la Comisión de Defensa Nacional pondrá en consideración el trámite parlamentario para autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la posterior salida de fuerzas nacionales. También se abordarán las iniciativas por las cuales se reconoce al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y concédase la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

A esa misma hora, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzará el debate de los textos que proponen elevación de penas por siniestros viales cometidos en conducción con alcohol en sangre. A último momento, se incorporó el tratamiento del proyecto sobre suspensión y computo especial de la prescripción penal en delitos de homicidio sin hallazgo de cuerpo que se dará en presencia de expositores y especialistas en la materia.

Con una segura ausencia de los funcionarios citados en la última reunión, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA recibirá declaraciones testimoniales de nuevos invitados y, culminadas las intervenciones, procederán a aprobar nuevas citaciones y nuevos pedidos judiciales para la comparecencia de los ministros convocados.

La jornada va a finalizar con dos reuniones de la Comisión de Cultura: la primera serpa para declarar Monumento Histórico nacional a la Iglesia de San Isidro Labrador, ubicada en Valle Viejo, provincia de Catamarca; a la Ermita Monseñor Angelelli, entre otros temas; y para debatir en presencia de referentes las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional sobre el cierre inminente de CineAr y CineAr Play.

Después de aprobar el emplazamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, las comisiones de Poderes, Peticiones y Reglamento junto a Asuntos Constitucionales se reunirán en plenario este martes a las 12.00 para dar inicio al debate por la reforma de la Ley 26.122 para cambiar el Régimen Normativo de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Cabe recordar que la fecha fijada para dictaminar es el próximo martes 30 de septiembre.

El proyecto de ley cuenta con la media sanción del Senado donde fue aprobado con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones el pasado 4 de septiembre. La iniciativa pone en apuros al presidente Javier Milei, quien ya adelantó a fines del 2024 que la vetará en caso de que sea sancionada. El año pasado el tema comenzó en la Cámara baja, pero no prosperó y el referente libertario consideró que se trata de un intento de “cambiar las reglas del juego”.

El primer punto sobresaliente del proyecto aprobado por más de dos tercios en la Cámara alta establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El 14 de marzo del 2024 el Senado rechazó el DNU 70/2023 y Diputados aún no lo abordó.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas Cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos.
Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el tramite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.

Con la legislación actual vigente, un DNU solo será derogado por el rechazo de las dos Cámaras del Congreso de la Nación. Cabe recordar que el  DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado el 14 de marzo del 2024, pero en la Cámara de Diputados aún no ha sido tratado.

En un duro revés para el Gobierno, distintos bloques de la oposición del Senado acordaron una reforma a la norma que regula los decretos del Poder Ejecutivo y aprobaron este jueves una modificación a la Ley 26.122 por 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

En la votación en particular, los artículos del 1, 2 y 3 lograron los mismos números que la general; y los artículos 4, 5 y 6 alcanzaron 54 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

Los 8 votos en contra en la general y en la particular fueron de los libertarios Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto; el monobloquista formoseño Francisco Paoltroni; y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. En la votación de los artículos del 4 al 6, se sumó el salteño Juan Carlos Romero.

Por otro lado, se abstuvieron los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y se ausentaron al momento de votar, los radicales Mariana Juri, Carolina Losada, Rodolfo Suárez y Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez; y el chaqueño de Unión por la Patria, Antonio Rodas, quien estuvo ausente en toda la sesión.

La iniciativa, que busca limitar el uso arbitrario de esta herramienta por parte del presidente, deberá tratarse ahora en la Cámara de Diputados, donde el año pasado la oposición también había intentado sin éxito avanzar en una propuesta similar.

Durante un momento de debilidad del Gobierno, que acumula derrotas parlamentarias con pérdida de aliados -en medio de un contexto electoral- y dolores de cabeza a raíz de denuncias por presunta corrupción que pegan de lleno en el corazón en la gestión, el kirchnerismo junto a radicales y bloques provinciales avanzaron con esta media sanción que reforma una ley impulsada por la expresidenta Cristina Kirchner cuando fue senadora.

Tras una reunión exprés de la Comisión de Asuntos Constitucionales días atrás, la oposición arribó a un dictamen firmado por senadores de estos bloques, además de la larretista Guadalupe Tagliaferri.

Uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Javier Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Las intervenciones en el recinto

En el rol de miembro informante, la senadora nacional Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, inició el tratamiento al expresar que "los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la separación de poderes y la necesidad de atenuar el presidencialismo guio la reforma constitucional de 1994. Por ello tratar esta modificación evita la tentación de gobernar con la suma del poder público”.

Crítico del "abuso" de esta facultad en los gobiernos de los últimos años, el senador fueguino Pablo Blanco cargó que "la Constitución Nacional especifica que el DNU es una excepcionalidad y está fundada casi exclusivamente en que el Congreso no pueda funcionar".

En tono de advertencia, la senadora riojana Florencia López de Unión por la Patria señaló: "Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso, queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen legal de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias".

A su turno, el senador bonaerense Maximiliano Abad consideró que “la reforma que impulsamos es un paso esencial para normalizar la relación entre los poderes de la república, porque recupera el carácter excepcional de los DNU, tal como establece el artículo 99 de la Constitución Nacional”. Y sumó que “es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano”.

“Seamos razonables. Apartarse del procedimiento habitual de las leyes debe implicar mayores exigencias. Cuando un Gobierno manda un DNU debe trabajar para mantener su vigencia, dar explicaciones y convencer a todos los sectores”, remarcó el legislador de la Unión Cívica Radical, quien también sostuvo que “la acumulación de poder habilita hegemonías frágiles. Las reglas claras construyen democracias duraderas. Yo no tengo dudas de dónde estoy parado”.

Activo en la sesión ordinaria, el senador porteño Martín Lousteau cuestionó que la norma permita a Poder Ejecutivo modificar leyes y que “con sólo el silencio” de una de las dos cámaras del Congreso un DNU quede vigente. Ejemplificó con el antecedente del DNU 70/2023 rechazado por la Cámara alta y sin tratamiento aún en la Cámara de Diputados.

“Con la ley 26.122 por ejemplo se puede dictar un decreto delegado como el de Patricia Bullrich, el 383, que crea la posibilidad para la Policía Federal de hacer inteligencia y se autoexcluye del control democrático o se puede eliminar la Ley Nacional de Educación, o la Ley de Educación Superior, o la de Protección contra la Violencia de Género, o la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, advirtió.

Del lado del oficialismo, el senador riojano Juan Carlos Pagotto expresó: “Este es un tema recurrente con una arraigarme histórica complicada. De la noche a la mañana hubo un baño de constitucionalidad nunca antes visto la constitución es el marco regulatorio de la vida”.

“Tenemos que vivir en un Estado constitucional en serio y no de acuerdo a la coyuntura”, criticó el riojano y sumó: “12 años de después dictada la Constitución se hace la Ley 26122 al solo efecto de garantizar una presunta gobernanza ay darle Facultades al Ejecutivo. No solo fue un fracaso y un malísimo antecedente esa ley”.

Luego, cuestionó: “En la bicameral pusimos al día todos los DNU atrasados. Hoy en día nos damos con que los DNU molestan, pero se ha hecho un abuso de su uso, pero es un derecho de los Gobiernos con minoría parlamentaria. Me hubiera gustado tratar esta ley con más consultas a constitucionalistas. Todos los presidentes usaron DNU y ahora les molesta”.

Por su parte, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, argumentó que “se trata de organizar el poder de la República y la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo”.

"Gobernar a través de decretos no debería ser más fácil que aprobar leyes, nuestra democracia merece que podamos tener una discusión adulta, un diálogo permanente y que las cuestiones se definan por consenso ", manifestó. Como puntos salientes, el proyecto aprobado fija que los decretos aborden solo un tema, establece que si no son tratados por el Congreso en un plazo de 90 días pierden su validez, e instituye que su rechazo por parte de una sola de las cámaras del Congreso será suficiente para derogarlos, entre otros.

“No se trata de atar la mano de ningún presidente, es para ahora y para el futuro. Necesitamos devolver al Congreso las facultades que tiene y que verdaderamente se pueda recuperar el federalismo y la división de poderes”, finalizó Vischi.

En representación de Unión por la Patria, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti llamó al Gobierno nacional de hacer uso de una “degradación institucional inusitada”. Luego, vinculó: “El DNU 70/30 duerme el ‘sueño de los justos’ en la Cámara de Diputados es una reforma de la Constitución y modificó más de 300 leyes”.

“Lisa y llanamente el Poder Ejecutivo de Javier Milei se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho”, cargó, y concluyó: “Desde ese 21 de diciembre la Argentina de Milei cayó por un tobogán que parece no tener piso”.

Con el objetivo de rechazar definitivamente el veto presidencial, la oposición define los detalles para elevar un pedido de sesión ordinaria para este jueves 4 de septiembre. La principal cuestión del temario es la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el 10 de julio pasado, vetada por Javier Milei y avalada nuevamente por la Cámara de Diputados para su insistencia en la Cámara alta.

Por la sensibilidad del tema, la oposición confía en que podrán superar holgadamente los dos tercios requeridos -48 legisladores en caso de que estén los 72 presentes- para su sanción definitiva. Incluso, el senador cordobés Luis Juez votará a favor de la Emergencia en Discapacidad, pese a ser parte del armado político de La Libertad Avanza en su provincia.

Tal como establece la Constitución Nacional en su artículo 83, de superar los dos tercios en la insistencia del proyecto de Emergencia en Discapacidad en la Cámara alta, el proyecto se convertirá automáticamente en ley y se enviará al Poder Ejecutivo para su promulgación. El pasado 17 de agosto la Cámara baja aprobó el primer rechazo con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

En caso de que la insistencia del proyecto avance, el Congreso habrá rechazado un veto presidencial después de 22 años y medio. El último antecedente fue el 12 de marzo cuando el Poder Legislativo aprobó la insistencia de la Ley 25.715 sobre Reducción de los Aranceles para la Importación del Azúcar en el gobierno de transición de Eduardo Duhalde.

Según supo parlamentario.com, también estará dentro del temario el proyecto de modificación al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (Ley 26.122). El proyecto cuenta con un dictamen avalado por diferentes bloques de la oposición.

La reforma propone que la herramienta presidencial abarque solamente una materia por decreto; la facultad de que ambas cámaras puedan tratarlo en receso parlamentario; la obligatoriedad de ser blindado con la aprobación de las dos cámaras; que el rechazo de una implique la derogación; y la prohibición de insistir con un DNU en el mismo período si es derogado.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que el miércoles por la tarde se llevará a cabo una reunión de Labor Parlamentaria entre las autoridades del Cuerpo y los jefes de bancada. Así las cosas, no está descartado que el temario pueda extenderse a otros temas.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado pasó un tanto desapercibida mientras en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 20 de agosto, se trataba un amplio temario. Pero lo resuelto después de ese encuentro genera otra propuesta que pone en alerta al Gobierno: la reforma de la Ley de DNU.

Distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado, cuya letra se conoció después de la sesión que hubo el jueves 21 en la Cámara alta, donde el oficialismo se anotó una nueva seguidilla de derrotas parlamentarias.

El tema intentó tratarse el año pasado en la Cámara de Diputados, cuando se emplazó a comisiones para dictaminar, pero nunca logró llevarse al recinto. Incluso por esos días, en octubre de 2024, el presidente Javier Milei salió a rechazar la idea y no dudó en decir que si fuera ley la vetaría, porque pese a no tratarse de una norma con costo fiscal, la considera "un golpe de Estado".

Ahora, la iniciativa por reformar la ley de la que fuera impulsora -cuando fue senadora- la expresidenta Cristina Kirchner viene con chances en el Senado y pronto podría debatirse en el recinto.

La transversalidad para avanzar en una modificación de la Ley 26.122, con el objetivo de limitar el uso que hace el Poder Ejecutivo de la herramienta de los decretos, se vio plasmada en las firmas que recogió el dictamen: Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas; la larretista Guadalupe Tagliaferri; los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco; la rionegrina Mónica Silva; y José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán, todos de Unión por la Patria.

De acuerdo al despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

En vísperas de la sesión especial que contempla, en el temario, al proyecto de ley de reforma al marco normativo de los decretos y el DNU 486­/24 que permite el canje de deuda sin pasar por el Congreso, el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal – Santa Fe) confirmó que habrá quórum y reafirmó que están los votos para avanzar con ambos textos.

A través de una publicación en X, el representante de Socialismo santafesino en Diputados se refirió a las versiones periodísticas que hablan de una estrategia del Gobierno nacional para truncar el encuentro de este martes en el recinto: “Para quienes tienen dudas, mañana SI habrá quorum y media sanción para la ley que modifica los DNU”.

Para quienes tienen dudas, mañana SI habrá quorum y media sanción para la ley que modifica los DNU 💪
Esta ley NO es un intento desestabilizador, sólo persigue devolver equilibrio y roles a las instituciones de la República 🏛️
Vamos por más y mejor #democracia ❤️ https://t.co/lhOfwjfTnj

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) November 11, 2024

Del mismo modo le mandó un mensaje al jefe de Estado: “Esta ley no es para Javier Milei y no es contra ningún gobierno”, sino que “es para fortalecer la división de poderes en el mediano y largo plazo”, remarcó Paulón.

En tal sentido, amplió que los proyectos del temario de la sesión “no pretende desestabilizar a nadie, sino devolver el equilibrio a la República y brindar mayor seguridad jurídica que es lo que necesita el país para atraer inversiones que generen desarrollo y empleo”.

Para ello, destacó que su espacio político se opuso a gobernar vía DNU, desde la reforma constitucional de 1994; y recordó que desde el 2007 el PS presenta proyectos para modificarlos, planteado que “son un desequilibrio inadmisible para la democracia. Los DNU ofrecen más facilidades para dictar leyes, que pasando por el Congreso”.