Se oficializó este jueves el decreto de necesidad y urgencia por el cual el Gobierno nacional reformó la Ley de Migraciones (25.871), a través del cual endurece el ingreso al país de los inmigrantes, eleva las condiciones para la obtención de la ciudadanía, habilita el arancelamiento del sistema sanitario y posibilita que las universidades -si así lo desean- puedan cobrar a los extranjeros.

El DNU 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, deberá ser girado al Congreso, donde debe ser analizado por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

"En la actualidad los movimientos migratorios se desenvuelven en un escenario global completamente distinto al de años anteriores, que presenta nuevos desafíos en materia política, económica, cultural y social", señaló el Poder Ejecutivo y agregó que "la enorme extensión de nuestras fronteras y los deficientes mecanismos de control de pasos no habilitados que existen han permitido el constante ingreso de extranjeros de forma ilegal".

Para el Gobierno, "la situación de irregularidad migratoria en nuestro país también es un fenómeno que requiere de medidas urgentes". Mientras que en los considerandos mencionó que el más de un millón de deportados de Estados Unidos "representa una ineludible señal de alerta para la República Argentina".

"Es indispensable establecer criterios claros para delimitar las condiciones de ingreso y permanencia regular a nuestro país, y brindar las garantías necesarias para el goce efectivo de los derechos con los que cuentan en nuestro territorio quienes se asientan en él legítimamente", argumentó el PEN y sumó que "es necesario establecer que quienes soliciten la residencia permanente deban acreditar los medios suficientes para subsistir en nuestra Nación y la inexistencia de antecedentes penales".

En cuanto a los extranjeros que sean admitidos para ingresar y permanecer en el país, se clasifican las categorías de "residentes permanentes", "residentes temporarios" o "residentes transitorios". La Dirección Nacional de Migraciones determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría.

Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de "residencia precaria", la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta 90 días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria.

El decreto indica que "la extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización”.

Por otra parte, "se considerará 'residente permanente' a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación".

"A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes", señala y sobre la "reunificación familiar" reza: "Ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a 18 años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de 3 años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples".

En tanto, la norma aclara que "los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna".

En cuanto a los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal "serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos". Mientras que, en una modificación a la Ley 24.521 se establece que "las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación" para las otras clases de residentes.

"Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade.

En relación a la salud, se sostiene que "en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria" y "los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos".

"Por fuera de los supuestos establecidos, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”, dispone.

En los considerandos, el PEN expresó que "producto de las problemáticas que exhiben las políticas sanitarias en algunos países vecinos, se ha instalado como una práctica común que ciudadanos de dichos Estados acudan a la República Argentina con el único propósito de acceder al sistema de salud público de forma gratuita".

Diferenciando siempre a los residentes permanentes, se establece que "a fin de ingresar en el territorio nacional, los extranjeros que soliciten admisión bajo cualquiera de las categorías migratorias previstas en la normativa vigente deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación".

Respecto de las modificaciones en el artículo 29 de la Ley de Migraciones, sobre las "causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional", se enumera -entre otras-: la presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada; o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio; o la falta de exhibición de un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo, cuando el requerimiento de ingreso obedeciera a ese motivo".

También, haber sido condenado o tener tener antecedentes, en Argentina o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a 3 años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento; haber sido condenado, en Argentina o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad menor a 3 años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento; o haber sido sorprendido en flagrancia por delito de acción pública que pudiera dar lugar a la suspensión del juicio a prueba o medida alternativa.

Otro de las reformas, al artículo 35 de la Ley 25.871, determina que la Dirección Nacional de Migraciones procederá al inmediato rechazo en frontera e impedirá el ingreso al territorio nacional a todo extranjero: que pretenda ingresar con documentación destinada a acreditar la identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país; que manifieste que su motivo de ingreso encuadra en la categoría turista, en tanto la autoridad migratoria determine que no encuadra en lo normado; sobre el cual pese una sospecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.

Además, cuyo ingreso irregular sea advertido al momento de realizarse o inmediatamente después; que se encuentre comprendido en alguno de los impedimentos previstos por el artículo 29 de la presente ley; cuando se verifiquen situaciones que constituyan una emergencia crítica en materia de salud pública o de seguridad nacional, siempre que la emergencia haya sido declarada por disposiciones normativas específicas.

El diputado nacional Oscar Zago (MID) dijo este jueves que "dilatar el tema de la conformación de la comisión" investigadora del caso $LIBRA y "dilatar que no vengan los funcionarios, va subiendo la espuma". En ese sentido, consideró que desde el oficialismo "cometen un error en no querer conformarla".

Así lo manifestó en relación a que la elección de autoridades quedó trunca por un empate entre la oposición y el oficialismo y sus aliados, y la intención por parte de los impulsores de la investigación de que la situación se resuelva en el recinto la próxima semana.

El porteño advirtió que "paralelamente, va a ir avanzando la causa" judicial y van a aparecer nombres, pero "hasta que la comisión no se conforme" no se puede llamar "a los personajes nombrados e involucrados".

"No sé si está bien o no citar a los ministros. No podemos empezar a citar por citar", se diferenció Zago de la oposición sobre las interpelaciones a Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, que igualmente no se produjeron. Pero insistió en que la comisión debe ponerse en marcha y que la información que de allí surja, "seguramente" será un aporte a la justicia.

Por otro lado, el legislador se refirió a la reforma migratoria anunciada desde el Gobierno y señaló que el decreto "en algún momento se va a discutir" en el Congreso, ya que deberá pasar por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que justamente él preside.

Para Zago, esta modificación apunta a ir a "un sistema migratorio como tienen prácticamente todos los países del mundo". "Argentina es muy abierta y hoy no está en condiciones de ser la Argentina que fue siempre de abrir las puertas a todos", opinó en diálogo con radio Continental.

"Todo extranjero que no viva en Argentina, o esté de paso, tiene que pagar la salud y educación pública", avaló y agregó: "De ninguna manera hacer un abandono de persona, pero no es justo que los argentinos abonemos (impuestos) y vengan extranjeros en tours turísticos para hacerse operaciones y algunas no urgentes".

Activo desde el atril de Casa Rosada en los últimos días de campaña de cara a las elecciones porteñas, donde competirá como primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, el vocero presidencial Manuel Adorni encabezó varios anuncios esta semana.

Uno de los más rimbombantes fue la reforma migratoria, con el objetivo de endurecer el ingreso de inmigrantes al país, aumentar las condiciones para la obtención de la ciudadanía y disponer aranceles en salud y educación.

A pesar de haber sido anunciada por el presidente Javier Milei durante la última Asamblea Legislativa, las modificaciones a la legislación vigente no ingresarán a través de un proyecto de ley al Congreso, sino que se espera sea vía decreto de necesidad y urgencia; el cual igualmente debe ser analizado en la Bicameral de Trámite Legislativo.

Sin embargo, la letra del decreto todavía no se conoce y no fue publicado en el Boletín Oficial este jueves, día después de las declaraciones de Adorni.

De acuerdo a detalles aportados desde el Gobierno, la reforma establecerá que "cualquier condenado que intente ingresar a la Argentina será rechazado". Actualmente, el artículo 29 de la Ley 25.871 ya prevé que extranjeros condenados por delitos graves no pueden ingresar ni permanecer en territorio argentino.

Además, según precisó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, "quien se encuentre ingresando de manera infraganti será rechazado" y "los condenados por cometer un delito serán deportados".

También se prevé el pago de servicios en salud para inmigrantes ilegales y contar con un seguro médico al entrar al país; que las universidades nacionales, si así lo desean, apliquen aranceles a los extranjeros no residentes; y la condición de que se otorgará la ciudadanía argentina únicamente a quienes residan durante dos años en Argentina, sin salir del territorio.

Sobre algunos de estos puntos -y otros-, se presentaron en el último año varios proyectos de ley, impulsados por los diputados Santiago Pauli (LLA), Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Patricia Vásquez (Pro), Pamela Calletti (IF) y Miguel Pichetto (EF). La mayoría de ellos tienen como cabecera a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto o la de Población y Desarrollo Humano. No obstante, no fueron debatidos hasta el momento.

Diputados del oficialismo destacaron la reforma migratoria anunciada este miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni, que será formalizada en los próximos días a través de un decreto de necesidad y urgencia.

“Excelente @JMilei”, calificó el libertario José Luis Espert, al compartir el comunicado oficial de la Oficina del Presidente. Por su parte, su par Gerardo Huesen escribió: “Se terminó con el plan patria grande del kirchnerismo, que dejaba entrar a cualquier inmigrante de manera irregular y nosotros lo teníamos que mantener”.

Para el legislador Benedit Beltrán, “Argentina no será más un refugio para delincuentes. Con el nuevo DNU del presidente @JMilei, se termina el uso y abuso del sistema por parte de extranjeros que vienen a vivir de los impuestos de los argentinos o lo que es peor, a delinquir”.

“El que entra legal, trabaja y respeta la ley, es bienvenido. El resto, afuera. ‘Argentina, un país solo para inmigrantes honestos, trabajadores y agradecidos’”, agregó el entrerriano.

En tanto, la tucumana Paula Omodeo, dentro del interbloque de La Libertad Avanza, enfatizó que “Argentina nunca debió ser un refugio para delincuentes!! Los que vengan a aportar y trabajar serán siempre bienvenidos, los que no respeten la ley que vuelvan a su país de origen”.

“Excelente noticia! El mismo objetivo de los proyectos presentados por mí desde el año pasado”, mencionó la diputada bullrichista Patricia Vásquez, y añadió: “Basta de delincuentes y de tours sanitarios!”.

La legisladora porteña y jefa de la bancada libertaria, Pilar Ramírez, afirmó que “se terminó la Argentina de los tours sanitarios o de las facilidades de los delincuentes para entrar a nuestro país. El Gobierno del presidente Milei decreta una gran reforma migratoria para cuidar a los argentinos”.

Entre los anuncios que el presidente Javier Milei anunció ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo de este año detalló una serie de medidas que fueron interpretadas como las leyes que le pediría al Congreso durante 2025. Entre ellas, figuró la reforma migratoria que acaba de anunciar el Gobierno, aunque la misma será a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Esa noche, el presidente de la Nación adelantó que llevarán a cabo una reforma migratoria “si queremos ser un país serio”, y explicó: “Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”.

Así, planteó: “Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizan”.

En ese sentido, volvió a proponer el cobro de aranceles a extranjeros en las universidades “a quienes no son residentes permanentes”. Además, sostuvo que también es necesario endurecer “severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen”.

“Es lo que hace cualquier país que se hace valer. Y si esto necesita algún tipo de justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos”, aseguró.

En el marco de la tercera conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni en los últimos tres días, se anunció un endurecimiento en la política migratoria que será implementada a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Según las medidas a implementarse, “todos los condenados por cometer un delito serán deportados”.

El vocero y primer candidato de La Libertad Avanza para las elecciones de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires precisó que “Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Todos los condenados por cometer un delito serán deportados”. En ese sentido precisó que “hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas y las condiciones de deportación son muy flexibles. Ingresaron un millón 700 mil inmigrantes ilegales”.

“Solo en 8 hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones de pesos para atender extranjeros. Lo que es peor hoy la Argentina tampoco expulsa a quienes infringen la ley. Entran delincuentes, siguen delinquiendo y nadie hace nada. Con este Gobierno eso se termina”, agregó el funcionario, quien adelantó también que habilitarán a las universidades a cobrar sus servicios si así lo desean.

También “serán más severos los requisitos para obtener la residencia y la ciudadanía se va a dar a los que residan 2 años sin abandonar el territorio nacional”.

El vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, dio a continuación precisiones, señalando que “desde el Gobierno nacional impulsamos una nueva reforma migratoria, cumpliendo con lo prometido por el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias.

“Como señaló el vocero presidencial Manuel Adorni, desde hace tiempo en Argentina tenemos una política migratoria que invita al caos. En los últimos 20 años, ingresaron más de un millón de inmigrantes de forma irregular. Con las normas vigentes, cualquier condenado puede ingresar al país y, además, en el caso de delinquir en nuestro territorio, no son expulsados”.

“También está el caso de los famosos tours sanitarios: solamente en 8 hospitales nacionales se gastaron en un año 114 mil millones de pesos para atender extranjeros”, agregó.

Catalán detalló las medidas migratorias contenidas en el DNU y anunciadas también por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich:

🔵 Cualquier condenado que intente ingresar a la Argentina será rechazado.

🔵 Quien se encuentre ingresando de manera infraganti será rechazado.

🔵 Los condenados por cometer un delito serán deportados.

🔵 A partir de ahora los inmigrantes ilegales tendrán que pagar los servicios de salud.

🔵 Se habilitará a las universidades nacionales a cobrar a los inmigrantes si así lo desean.

🔵 La ciudadanía argentina se va a otorgar únicamente a quienes residan durante dos años ininterrumpidos.

“Nuestro país seguirá siendo una tierra abierta a los migrantes, pero con leyes claras y un sistema migratorio que priorice el desarrollo y el bienestar de todos los argentinos”, dejó claro Lisandro Catalán.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 14, 2025

Una de las noticias del día fue este martes el anuncio de Manuel Adorni respecto de cambios en el régimen migratorio, a partir de los cuales cobrarían arancel a los extranjeros que estudien en universidades nacionales y a los que quieran atenderse en hospitales públicos, entre otras cosas.

Al respecto, el senador nacional Bartolomé Abdala señaló a través de su cuenta de la red social X que el PEN enviará un proyecto al Congreso para que los extranjeros paguen por la educación en Universidades Nacionales y también por la atención en el sistema de salud”.

Agregó que, además, “si cometen delitos serán expulsados del país”.

Más temprano, el vocero presidencial anunció que el Gobierno nacional impulsará una serie de modificaciones al régimen migratorio para cuidar las fronteras y que la prioridad en el uso de los servicios públicos sean los ciudadanos argentinos

A partir de esos cambios, las universidades nacionales van a poder cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes permanentes. Asimismo, los organismos competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país.

Según anticipó Adorni, se van a incorporar más delitos para impedir el ingreso o expulsar a un inmigrante del país. Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, es decir, si se lo sorprende cometiendo el delito; o si se lo detiene por violentar al sistema democrático, por ejemplo, atacando instituciones, será expulsado y se le prohibirá la entrada al país.

“Se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o se sospeche que el motivo de ingreso es diferente al manifestado. También, se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso”, anticipó el vocero.

Adorni concluyó recordando que “en las albores de su historia, Argentina recibió gente honrada dispuesta a hacer grande a la nación con su cultura del trabajo. Malandras, ocupas y oportunistas, a casa”.