La reforma electoral es uno de los temas que está en la agenda de prioridades del Gobierno en la segunda mitad del año legislativo, ya que, de cara a los comicios del 2027, busca la eliminación de las PASO y la implementación de un sistema de colectoras unificado con la Boleta Única de Papel.

Es el proyecto que tiene tiempos perentorios y que resulta más complicado para negociar en el Congreso, el cual había sido incluido el año pasado en el primer llamado a extraordinarias, aunque el texto se conoció recién en marzo. Los plazos tienen que ver con que esa ley pretende eliminar las PASO, por tanto, debería ser debatida en un año no electoral como éste. O no más allá de febrero 2027, en extraordinarias.

Desde la UCR y el Pro adelantaron su rechazo a la eliminación de las PASO, por lo que el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de implementar el viejo sistema de colectoras como una alternativa para sortear los obstáculos del camino y llegar a los números en el recinto.

De esta manera, el Ejecutivo busca sumar las adhesiones de ambos bloques y de legisladores provinciales que, en caso de aceptar, podrían apoyar la candidatura presidencial de Javier Milei, presentando sus propias listas para diputados (la propuesta no correría para la elección de senadores) sin necesidad de depender en ese caso de la disposición libertaria de cederles lugares en las listas.

Sin embargo, la oposición en general ha expuesto de entrada su resistencia a eliminar las PASO. Y cuando hablamos de oposición, nos referimos a la más dura y a la dialoguista. Al respecto, la senadora nacional Beatriz Ávila (Independencia) quien oficia de dialoguista con el oficialismo en determinadas votaciones, afirmó a Parlamentario.com que sobre la eliminación de las PASO: “Aún no tengo definiciones”, proyecto que ingresó por el Senado para su tratamiento en comisión que, hasta el momento, solo se llevó a cabo una. En esa línea, fue consultada por su postura sobre la posible implementación del sistema de colectoras y afirmó de forma concisa que está “estudiando y evaluando” el proyecto.

La senadora Ávila también mantiene una agenda con los intereses y problemáticas locales de su provincia, motivo por el cual, se reunió con representantes de la Unión Industrial de Tucumán para abordar los desafíos del desarrollo productivo y las oportunidades para impulsar una visión de desarrollo con perspectiva federal.

Los referentes del sector industrial presentaron una agenda de propuestas orientadas a fortalecer la competitividad, la inversión y el empleo en las economías regionales. También, hablaron de iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la infraestructura energética y logística, el acceso al financiamiento productivo, la estabilidad fiscal para las economías regionales, la promoción de las exportaciones y la incorporación de innovación y nuevas tecnologías en las PyMEs.

La reunión también permitió intercambiar opiniones sobre la necesidad de generar condiciones que favorezcan la inversión, la creación de empleo privado y el crecimiento sostenible de las actividades productivas en Tucumán y el Norte Argentino.

"El diálogo permanente con quienes producen, generan empleo e invierten es fundamental para construir políticas públicas que acompañen el desarrollo de nuestras provincias y fortalezcan el federalismo", señaló Ávila tras el encuentro.

Participaron de la reunión Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán; Florencia Andriani, vicepresidenta de la entidad; Luciana Zamora, Germán Cardoso y Álvaro Gautero, miembros de la Comisión Directiva; y Romina Hernández, socia de la institución.

Mientras el Gobierno empieza a gestionar las negociaciones para llevar a cabo la reforma política en el Congreso, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC- ARI) alertó que el sistema de colectoras que pretenden impulsar “es una Ley de Lemas encubierta” y les dejó un mensaje a los gobernadores: “No se dejen avasallar”.

Ferraro señaló que “con la tan mencionada reforma política, que nos van a vender una reforma política que tiene transparencia y menos gasto, se pretende como único objetivo concentrar el poder y garantizar la reelección de Javier Milei”, y alertó: “Están intentando destruir el espíritu de la Boleta Única, destruir toda posibilidad de alternativas políticas y sostener los contrapesos necesarios que son lógicas en el Parlamento”.

En diálogo por Radio Rivadavia, el legislador agregó que la reforma: “Encaja con una metodología del poder que venimos viendo que tiene que ver con el disciplinamiento, con la promesa de obra pública, el látigo y billetera, en cómo genero miedos y silencios”.

“Se busca querer reinstalar el sistema de colectoras es una Ley de Lemas encubierta que, en su momento, en el 2019 con el Gobierno de Macri esto fue un avance significativo de eliminar el sistema de colectoras porque persigue como objetivo funcional a la inter polarización de la Argentina, responde a la lógica de partido púnico y polarización constante y quite de la competencia cualquier otra alternativa”.

En ese sentido, les pidió a los gobernadores, con sus senadores y diputados “no dejarse avasallar ni resignen su autonomía frente a Karina Milei, porque esta configuración electoral responde a la conciliación del poder con una clara tentación a la autocracia y a una cuestión totalitaria y de partido único”.

“Es recontra oportunista esta reforma, pero estamos hablando de las reglas electorales. Podemos mejorar y hacer más transparente el sistema, por supuesto, podemos ir a unas PASO que no sean obligatorias, y discutir seriamente el financiamiento de las campañas políticas, pero no permitiendo un financiamiento obsceno por parte de los privados como se pretende en esta reforma”, aseveró.

En opinión de Ferraro “se está rompiendo el espíritu de la boleta única, que es otro de los logros que se obtuvieron en el sistema electoral, y se está instaurando una ley de lemas para que las provincias queden claramente disciplinadas bajo la decisión de una sola persona que es la hermana del presidente de la Nación”.

“Se requiere mayoría absoluta en ambas cámaras para eso, hasta el momento el Gobierno no cuenta con esos votos, pero estoy atento a las declaraciones que se van haciendo”, cerró.

Con la salida del cuestionadísimo Manuel Adorni del Gobierno nacional, la administración mileísta recuperó no solamente el sosiego tras más de tres meses de crisis generada por las novedades permanentes -y negativas- que generaba el tema, sino también la centralidad. Esa que había conseguido luego de las elecciones de octubre pasado, que ejerció con exuberancia en el verano, y que fue perdiendo a partir de que las penurias del jefe de Gabinete fueron llevándose toda la atención.

Otra vez la figura de Diego Santilli resultó providencial para esta gestión. Ya había sucedido cuando le tocó ocupar el primer lugar de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en reemplazo del eyectado José Luis Espert -recordar el eslogan “para votar al Colorado, marcá al pelado”-, y tan bien le fue que terminó ganando la elección legislativa en el principal distrito del país, nada menos. Y ahora, elegido para reemplazar a otro preferido de los Milei -aunque a Espert solo lo bancaba el Presidente- al frente de la Jefatura de Gabinete. A la postre el puesto más inestable de la gestión mileísta: Javier Milei es el presidente que más veces ha renovado este cargo en un solo período -cuatro jefes de Gabinete en dos años y medio-, según verificó un informe de la Universidad Austral.

“El Colo” llega así a un cargo clave para hacer más o menos lo mismo que ya venía haciendo, aunque seguramente con más centralidad y, por ende, responsabilidad. Sabe que si su tarea rinde, tendrá más allanado el camino hacia la candidatura a gobernador en la provincia de Buenos Aires, objetivo que vio malogrado en 2023, cuando la fratricida interna de Juntos por el Cambio lo relegó ante Néstor Grindetti.

Se sabe que no es el “violeta puro” que desea Karina Milei, quien se inclina por Sebastián Pareja, aunque como éste no mueve el amperímetro electoral ahora lo piensan como eventual vice de la ministra Sandra Pettovello, que nació en CABA pero tiene domicilio en un barrio cerrado de Moreno. A Santilli le ofrecerían en cambio ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya fue dos veces vicejefe de Gobierno, aunque esa alternativa significaría la ruptura con el Pro, pues Jorge Macri irá por la reelección. No es lo que espera el actual jefe de Gobierno, que con la caída de Adorni y el supuesto desinterés de Patricia Bullrich ve allanado su camino, ni tampoco lo que quiere Santilli, que desde 2021 está trabajando en la provincia de Buenos Aires. Y que tampoco quiere ser usado para una guerra ajena contra el partido del que no se ha desafiliado.

En el fondo, el flamante jefe de Gabinete espera que llegado el momento prevalezca el pragmatismo y se le respete el trabajo que ha venido haciendo en el distrito bonaerense, donde ya ganó las dos legislativas en las que compitió.

Mientras tanto está abocado a la tarea de allanar el camino para la agenda legislativa del Gobierno. Arrancó con el pie derecho, pues su asunción tuvo el brillo deseado, con la presencia de 13 gobernadores y un jefe de Gobierno, lo que da cuenta de la aprobación que despierta entre esos mandatarios. Aunque la satisfacción no fue plena: poco agrado le causó la presencia de su antecesor en el acto, pero menos el llamado del presidente Milei a Manuel Adorni para sumarse al abrazo de tres, aunque fiel a su estilo aceptó con una sonrisa de ocasión.

Empoderado en sus nuevas funciones, Santilli se disponía a abrir este martes las puertas de sus oficinas para la reunión de mesa política convocada, aunque no será a las 13, como se preveía originalmente, ya que a esa hora la Scaloneta buscará ante Egipto su paso a cuartos de final. Cuando sea, buscarán establecer las prioridades de la agenda legislativa que ya esbozó el Presidente de la Nación en la reunión en Casa de Gobierno del miércoles pasado con sus diputados y senadores.

En su reunión con diputados y senadores libertarios, Milei hizo especial hincapié en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y ya se cruzó en redes sociales con dos ex presidentes de esa entidad, Mercedes Marcó del Pont y Miguel Pesce, a los que calificó de “analfabetos económicos” por cuestionar sus intenciones.

Sin duda ese es el tema que más le interesa al economista Milei, pero no el prioritario para su gestión, ni el que presuma mayor riesgo. El proyecto que tiene tiempos perentorios y se resulta más complicado para negociar en el Congreso es la reforma electoral, que incluyó el año pasado en el primer llamado a extraordinarias, aunque el texto se conoció recién en marzo.

Los plazos tienen que ver con que esa ley pretende eliminar las PASO, por tanto debería ser debatida en un año no electoral como éste. O no más allá de febrero 2027, en extraordinarias.

Siempre se supo de las dificultades que tenía la reforma electoral para avanzar en el Congreso, al punto tal de haber planteado Patricia Bullrich la necesidad de tratar de forma separada la ley de ficha limpia, incluida en el texto completo. Así lo había acordado con el bloque de los 44, conformado por senadores libertarios y dialoguistas, pero esa licencia tomada por la jefa del bloque LLA no fue aceptada en la Rosada por Karina Milei, y debió volver sobre sus pasos.

No parece sencillo hacer cambiar de opinión a legisladores radicales y del Pro, que adelantaron inicialmente su rechazo a eliminar las elecciones primarias. El Gobierno está explorando alternativas para superar los escollos que plantean y la vía encontrada consistiría en ofrecer la utilización de “colectoras” para las elecciones del año que viene. Nada más alejado de terminar con las mañas de la casta que las colectoras…

La propuesta es para radicales, el Pro y legisladores provinciales, que en caso de aceptar podrían apoyar la candidatura presidencial de Javier Milei, presentando sus propias listas para diputados (la propuesta no correría para la elección de senadores) sin necesidad de depender en ese caso de la disposición libertaria de cederles lugares en las listas.

El proyecto apuesta a seducir especialmente a los radicales, más que a los del Pro. Es que el proyecto ingresó por el Senado, donde el partido centenario cuenta con una decena de miembros, indispensables para poder imponer esta propuesta. Los senadores del partido amarillo en cambio son solo 3, reducidos por ahora a 2, pues la chubutense Andrea Cristina está de licencia por embarazo.

Como sea, Santilli sabe que la negociación que lleva adelante en la Cámara alta es bastante cuesta arriba. Por más que tiene diálogo franco y diario con los gobernadores, los del radicalismo no tienen en el Senado la misma ascendencia que pueden alcanzar en Diputados. Ejemplo: Carlos Sadir (Jujuy) no tiene senadores; Leandro Zdero (Chaco) tiene solo a Silvana Schneider; Alfredo Cornejo (Mendoza) tiene 2, pero solo podría asegurar el voto de Mariana Juri; los 2 senadores santafesinos no responden a Maximiliano Pullaro; y no está claro que el gobernador correntino esté de acuerdo con la eliminación de las PASO. De hecho Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, tiene un proyecto propio donde las modifica, haciéndolas optativas, pero no eliminarlas.

El Pro, en tanto, anunció el viernes en redes sociales su disposición a avanzar con la agenda legislativa propuesta por el oficialismo, pero mencionan aparte, fuera del punteo, “la reforma electoral”, sin decir si eso incluye la supresión de las PASO requerida por el Gobierno.

En caso de aceptar los aliados la propuesta de las colectoras, sería ganancia pura para el Gobierno en busca de la reelección de su líder, pues además perjudica fuertemente al peronismo, que no tendría la posibilidad de apelar a una interna ordenadora: las colectoras no incluyen candidatos presidenciales.

Muchos se preguntan si es tan necesario para el Gobierno forzar a ese nivel la situación para conseguir la eliminación de las PASO -con el débil argumento del costo de las mismas-, siendo que al día de hoy Milei sigue siendo favorito, al no aparecer rivales. La respuesta que dan en la Rosada es que sí vale la pena, pues el objetivo es asegurar un triunfo en primera vuelta, pues un balotaje despertaría expectativas diversas que alterarían los mercados. Nada peor que eso.

Habiendo dado vuelta la página el Gobierno tras el affaire Adorni, se aboca ahora de lleno a recuperar la agenda parlamentaria, fundamentalmente en los temas que más le preocupan. Y entre ellos, dadas las circunstancias y el tiempo perentorio que tiene para aprobarlo -no más allá de fin de este año-, el que más atención le merece por estos días es la reforma política. Un tema que formó parte del temario de extraordinarias, pero que hasta ahora solo tuvo una reunión de comisión en el Senado, cámara donde inició el proceso esta iniciativa.

Es el tema principal que por estos días tiene en sus manos el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, que afronta el desafío de arrancar su gestión con una cuestión por demás complicada, dadas las resistencias expuestas por los principales aliados de La Libertad Avanza. La suerte que vaya a tener Santilli en esta empresa definirá si este comienzo ha sido con el pie derecho o el izquierdo.

Porque a priori, la oposición en general ha expuesto de entrada su resistencia a eliminar las PASO. Y cuando hablamos de oposición, nos referimos a la más dura y a la dialoguista. Solo el oficialismo libertario es el que se propone despejar el camino hacia octubre de 2027 sin la escala de las elecciones de agosto.

Para destrabar resistencias entre sus aliados y reunir los votos necesarios en el Congreso, la Casa Rosada trabaja en una alternativa que considera que le permitiría mantener acuerdos electorales sin necesidad de recurrir a las primarias.

La iniciativa, que aún se encuentra en elaboración pero ha sido expuesta ya a los habituales aliados, contempla la creación de un mecanismo similar al de las listas colectoras, aunque adaptado al sistema de Boleta Única de Papel. Desde el oficialismo rechazan definirlo como una colectora tradicional o una reedición de la Ley de Lemas, pero admiten que permitiría que distintos espacios acompañen una misma candidatura presidencial conservando, al mismo tiempo, sus propias listas legislativas.

El objetivo político es claro: facilitar la construcción de un frente amplio detrás de una eventual candidatura de reelección de Javier Milei sin obligar a sellar alianzas formales entre La Libertad Avanza, sectores de la UCR, el Pro y fuerzas provinciales. De esa manera, los partidos aliados podrían preservar su identidad y representación parlamentaria mientras aportan votos a la fórmula presidencial libertaria.

Una apuesta que, en caso de ser aceptada fundamentalmente por radicales, el Pro y provinciales, sería ganancia pura para el Gobierno en busca de la reelección, pues entienden que favorece al oficialismo y perjudica al peronismo, que no tendría la posibilidad de una interna ordenadora.

La estrategia también apunta a seducir a los gobernadores, considerados actores decisivos para el futuro de la reforma. Varios mandatarios provinciales ven con interés la posibilidad de vincular sus candidatos locales a una boleta presidencial competitiva, aprovechando el arrastre electoral de Milei en sus distritos sin resignar autonomía política. En ese caso la ganancia pura para el Gobierno incluiría evitar mayormente los desdoblamientos electorales.

En este marco, el flamante jefe de Gabinete comenzó una ronda de conversaciones con gobernadores y dirigentes de la oposición dialoguista que se profundizará durante las próximas semanas. La intención oficial es llegar a un acuerdo que permita llevar el proyecto al Congreso una vez concluido el receso invernal. De más está decir que el texto enviado por el Ejecutivo será redefinido en estas semanas. Al menos en lo que hace al tema de las elecciones primarias.

Lo cierto es que con el correr del tiempo, las PASO funcionaron como un mecanismo para ordenar internas y seleccionar candidaturas, especialmente en lo que fue Cambiemos y luego Juntos por el Cambio. La eliminación de esa instancia genera reparos de parte del Pro y la UCR, por lo que el nuevo sistema intentaría ofrecer una herramienta alternativa de competencia y cooperación electoral.

Igual, las dudas persisten. Senadores de distintos bloques reconocen que todavía no conocen detalles concretos sobre cómo funcionaría el esquema dentro de la Boleta Única ni cuántas listas asociadas podrían habilitarse. Por esa razón, varios dirigentes consideran que la discusión aún se encuentra en una etapa preliminar.

El radicalismo aparece como una pieza central de la negociación, y es el principal objetivo a convencer por parte del Gobierno. Pasa que la reforma electoral requiere mayoría absoluta en el Senado y los 10 votos de la bancada radical son determinantes. Aunque algunos gobernadores y dirigentes de la UCR se muestran abiertos a analizar cambios en las PASO, otros legisladores sostienen que las primarias constituyen una herramienta valiosa para la competencia democrática y rechazan su eliminación.

Además, sostienen los radicales que un eventual apoyo establecería la posibilidad de acompañar una candidatura presidencial de Javier Milei, aun llevando en colectoras candidato propio. Y esto es algo que debe resolver la Convención Radical, en su momento, que no es el tiempo que establece la negociación legislativa.

Mientras tanto, el oficialismo confía en que el respaldo de mandatarios provinciales y sectores de la oposición dialoguista terminará inclinando la balanza. En la Casa Rosada consideran que un acuerdo amplio permitiría no sólo avanzar con la reforma electoral, sino también consolidar una construcción política más extensa de cara a las elecciones de 2027.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tomó distancia del Gobierno nacional y se convirtió en una de las primeras voces del arco de mandatarios provinciales “dialoguistas” en cuestionar abiertamente la reforma electoral que impulsa el presidente Javier Milei. En declaraciones radiales, el mandatario provincial calificó la iniciativa como un “traje a medida” diseñado para favorecer a La Libertad Avanza (LLA) y advirtió sobre sus efectos negativos para el sistema democrático.

“El Gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO, sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO”, afirmó Jaldo, en un mensaje directo que apunta al corazón del proyecto libertario y que expone una creciente incomodidad política con la estrategia electoral del oficialismo.

El principal eje de la crítica del gobernador está centrado en la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mecanismo que el Ejecutivo nacional busca suprimir bajo el argumento de reducir costos y simplificar el calendario electoral. Para Jaldo, sin embargo, la eliminación de las primarias constituye un retroceso institucional que afecta tanto a los partidos políticos como al electorado.

“Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos. Permite que cualquier ciudadano que quiera ser candidato legítimamente se presente y compita dentro de su espacio”, sostuvo el gobernador, subrayando el rol de las PASO como instancia de competencia abierta y de legitimación democrática. En ese sentido, remarcó que suprimirlas “perjudica a todos los partidos”, pero fundamentalmente a los ciudadanos, “porque votan y quieren participar”.

Detrás de ese planteo, Jaldo dejó entrever una advertencia de mayor alcance: sin PASO, las fuerzas políticas deberían volver a seleccionar candidatos exclusivamente a través de sus cartas orgánicas y mecanismos internos. A su entender, ese escenario no solo limita la competencia, sino que también reduce la participación y concentra decisiones en cúpulas partidarias, lo que describió como un claro “retroceso” para la vida democrática.

La posición del gobernador tucumano no se limita a las primarias. También se refirió a la Boleta Única de Papel (BUP), otro de los pilares del proyecto electoral que promueve el Gobierno nacional. Si bien evitó fijar una postura personal definitiva, anticipó que el Partido Justicialista de Tucumán debatirá el tema en su Consejo Provincial y que la posición institucional del PJ local se despegará de la iniciativa planteada por el Ejecutivo.

Ese señalamiento marca un doble movimiento político: por un lado, la decisión de no alinearse automáticamente con las propuestas de la Casa Rosada; por otro, la búsqueda de blindar a la dirigencia provincial detrás de una definición partidaria, en un contexto de tensiones crecientes entre la Nación y las provincias.

Las declaraciones de Jaldo adquieren especial relevancia en el mapa político nacional. Hasta ahora, el gobernador tucumano había sido considerado uno de los referentes del peronismo con mejor relación con el presidente Milei, acompañando en el Congreso varias iniciativas clave del oficialismo y facilitando acuerdos legislativos, especialmente en el Senado.

Su crítica pública a la reforma electoral introduce un factor de incertidumbre para el Gobierno nacional, que necesita sostener mayorías frágiles para avanzar con su agenda. En ese escenario, el distanciamiento de un aliado estratégico no solo complica los números parlamentarios, sino que también envía una señal a otros gobernadores que observan con cautela el alcance político de los cambios propuestos por la Casa Rosada.

La discusión de fondo, tal como la plantea Jaldo, excede la ingeniería electoral y se inscribe en una disputa más amplia sobre las reglas de competencia política y el equilibrio entre el poder central y los partidos. Con sus declaraciones, el gobernador deja en claro que, más allá del diálogo institucional, existen límites que parte del peronismo no está dispuesto a cruzar, especialmente cuando se trata de reglas que definen quiénes y cómo compiten por el poder

Tras el anuncio del presidente de la Nación y su posterior firma, ingresó este miércoles por la tarde en Mesa de Entradas del Senado el proyecto de ley de Reforma Política. La iniciativa propone la eliminación de las Elecciones PASO, modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y también Ficha Limpia.

El texto fue firmado por Javier Milei ni bien arribó a la Argentina desde Israel y contempla un total de 78 artículos que buscan modificar el Código Electoral de la Nación. Fuentes confirmaron a parlamentario.com que los giros de comisión se conocerán a primera hora del jueves.

La propuesta del Poder Ejecutivo contempla dos textos que ya han sido enviados por el Gobierno nacional en ocasiones anteriores: la reforma para el fortalecimiento electoral de noviembre del 2024 que terminó suspendiendo las Primarias del 2025; y la ficha limpia que no alcanzó la mayoría absoluta en mayo del 2025.

Con varios proyectos acumulados (Reforma a Ley de Salud Mental, Discapacidad e Inviolabilidad de la Propiedad Privada), fuentes de la Cámara alta deslizaron que esta nueva modificación al Código Electoral se tratará con tiempo. Es decir, su debate podría extenderse a lo largo del período, sobre todo, teniendo en cuenta que falta más de un año para las elecciones generales del 2027.

Los detalles del proyecto

Dividido en siete Títulos, el primero apunta a modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.398) e inhabilitar para ser candidatos a cargos públicos electivos nacionales a personas condenadas en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior a la celebración de las elecciones nacionales. Tampoco permite la candidatura de personas condenadas por delitos dolosos.

Además, este capítulo crea el 33 bis y propone que la Cámara Nacional Electoral lleve un Registro Público de Ficha Limpia donde consten las sentencias de segunda instancia confirmadas. También hace modificaciones a la caducidad de la personería jurídica de los partidos políticos en casos donde no se realicen internas en el término de cuatro años y la no presentación de dos elecciones nacionales consecutivas.

Sobre la personería jurídica de los partidos políticos, la norma impulsada por el gobierno libertario establece el requerimiento de un padrón de afiliados superior al 0,5% del padrón electoral; para el reconocimiento a nivel nacional exige un 0,10 del Registro Nacional de Electores; y la conservación debe tener la representación en al menos diez distritos (actualmente se requieren cinco).

Entre los motivos que derogan la personería jurídica de los partidos nacionales está propuesto en la iniciativa que se dé en casos donde no sea alcanzado el 3% en el resultado final de dos elecciones nacionales consecutivas. El marco normativo vigente establece el piso del 2%.

En el segundo Título, el Gobierno nacional vuelve a la carga con un viejo anhelo de campaña: la eliminación definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO). La tarea no será sencilla para el oficialismo debido a que los bloques aliados son quienes se oponen a la derogación. Según fuentes consultadas por este medio, la alternativa podría ser que se apunte a una nueva suspensión como ocurrió en 2025.

En cuanto al diseño de la Boleta Única de Papel, herramienta implementada por primera vez en las elecciones de 2025, el Poder Ejecutivo propone que se incorpore un casillero en blanco “próximo al nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política para votar con una única marca por todas las candidaturas de las diferentes categorías de cargos electivos incluidas en la misma columna”, es decir, la posibilidad de votar lista completa.

Uno de los títulos más extensos del proyecto es el que se refiere a la reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (N° 26.215). Uno de los cambios establece que “los partidos políticos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere”. Tal renuncia “deberá comunicarse de manera fehaciente al Ministerio del Interior y se presumirá que tiene un plazo de vigencia de un año”.

Otra de las modificaciones indica que los partidos deberán destinar no menos de un 10% de lo que reciban del aporte público anual “al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación”. Actualmente es el 20%.

En cuanto a las prohibiciones de financiamiento privado, no se podrán recibir contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren condenadas o procesadas por lavado de activos, narcotráfico, contrabando, asociación ilícita, delitos contra el Estado, entre otros.

Respecto al límite de recursos privados, tanto para el desenvolvimiento institucional por año calendario como en cada campaña electoral, los partidos no podrán recibir “un monto superior al 35% del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”. Actualmente ese límite es del 2%, con lo cual implica una fuerte suba.

Aparece, también, la modificación en la elección de los parlamentarios del Mercosur que propone que sea la Cámara de Diputados quien se encargue de la designación de las bancas bajo la premisa de respetar la proporcionalidad de los bloques políticos. Los designados no cobrarán una dieta adicional por la nueva función, pero tendrán la cobertura de los viáticos.

El anteúltimo título deroga el artículo 74 de la Ley de Servicios Audiovisuales que obligaba a los medios de comunicación a cumplir con los requisitos de publicidad política y la cesión de los espacios en la programación durante las campañas electorales conforme a la Ley Electoral. En síntesis, los programas de televisión no estarán obligados a transmitir spots de campaña electoral.

Por último, el Título VII de la Reforma Electoral pone como fecha máxima al miércoles 30 de junio del 2027 como fecha tope para que los partidos políticos cumplan con los nuevos requisitos de personería jurídica.

“Sería bueno que el gobernador Kicillof escuche y podamos comenzar a debatir cuánto antes el sistema electoral para los próximos años, no solo para la próxima elección”, dijo la senadora radical Nerina Neumann Losada.

La senadora provincial Nerina Neumann Losada volvió a reclamar que la Legislatura bonaerense avance durante 2026 con dos reformas institucionales que el radicalismo viene impulsando desde hace años: la implementación de la Boleta Única Papel y el reconocimiento pleno de la autonomía municipal.

Ambas iniciativas fueron presentadas por la legisladora en 2024, pero no lograron avanzar durante el año legislativo pasado. Por ese motivo, Neumann Losada planteó que este año la Provincia debe abrir el debate sobre una agenda de modernización institucional.

“La provincia de Buenos Aires tiene pendientes reformas básicas para mejorar su sistema político. No podemos seguir postergando discusiones que otras provincias ya resolvieron hace tiempo”, sostuvo.

En ese marco, Neumann Losada impulsó el tratamiento de su proyecto para implementar la Boleta Única Papel en las elecciones provinciales y municipales, reemplazando el actual sistema de boletas partidarias. La iniciativa apunta a mejorar la transparencia electoral, evitar prácticas como el robo de boletas y garantizar mayor equidad entre los partidos políticos.

“Hoy seguimos utilizando un sistema electoral que genera desigualdades entre fuerzas políticas y problemas logísticos innecesarios. Modernizar la forma en que votamos es una discusión que la provincia debe dar”, señaló.

Por otro lado, la senadora radical también promovió una reforma parcial de la Constitución provincial para reconocer la autonomía plena de los municipios, permitiendo que puedan dictar sus propias Cartas Orgánicas y fortalecer su capacidad de gestión política, administrativa y financiera.

“La autonomía municipal es una deuda histórica de la provincia de Buenos Aires. Los municipios son el primer nivel de gobierno y deben tener herramientas para tomar decisiones sobre su propio desarrollo”, afirmó.

Finalmente, la legisladora remarcó que ambas propuestas forman parte de una agenda más amplia de reformas institucionales que la provincia de Buenos Aires necesita debatir.

“Si queremos una provincia más moderna, más transparente y con gobiernos locales más fuertes, estas reformas tienen que estar en la agenda legislativa de este año”, concluyó.

El Gobierno avanza en todos los frentes de la mano de Maquiavelo, como ya comentamos la semana pasada. Tiene asegurada la aprobación final de la reforma laboral sin cometer errores innecesarios. La mesa política está funcionando adecuadamente, negociando lo que haya que negociar, con los reflejos bien aceitados ante actitudes insensibles, consiguiendo el quorum sin apuros. ¡Muy bien 10! ¿Por qué no lo hizo el año pasado cuando estaba en una posición de mayor debilidad parlamentaria y las concesiones eran más requeridas? Todo oficialismo necesita una fase de aprendizaje, mucho más cuando el liderazgo viene de afuera del sistema político. Y los triunfos inspiran favorablemente.

Todo sale a pedir de boca. Los dólares llueven, el Central sigue comprando como nunca, las exportaciones crecen, el RIGI se expande y el verde tan preciado está depreciado. La justicia parece estar poniéndose a sus pies: las causas en contra de funcionarios se desactivan y las que promueve el presidente se reactivan. Y como si esto fuera poco, el pero-kirchnerismo está en crisis, con la doctora desaparecida en acción por temas médicos, y hasta Kicillof tiene que lidiar con una huelga docente. La ex poderosa CGT tuvo que realizar un paro para equilibrar tensiones internas y, dicen las malas lenguas, que el paro fue sin movilización en acuerdo con libertarios: que la izquierda y los ultras se ganen los titulares y el fastidio ciudadano.

Entonces, fueron felices y comieron perdices. Listo ¿acá terminó la columna? ¡Espere lector/a! ¡No sea tan ansioso/a que hay otras noticias para este boletín! “Cuente Fara”. Esta semana se conoció el nuevo Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Di Tella. Después de una recuperación en enero, tuvo una baja pronunciada de 4.7 % en febrero, ubicándose un 6.1 % por debajo del mismo mes del año pasado. En esta ocasión, la disminución se notó en todas las áreas geográficas y en todos los sectores sociales. Al mismo tiempo, retrocedieron tanto la perspectiva personal como la macroeconómica, así como la mirada sobre el presente y el futuro. Es decir, un deterioro generalizado.

La misma universidad publicó también su informe mensual sobre otro indicador -el Índice Líder- el cual busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico. Éste también dio en baja y “la probabilidad de salir de la fase expansiva en los próximos meses se ubica en 99%”, según reza dicho reporte. Todo esto se da en el marco de otras noticias: 1) una mayor mora en los créditos tanto en el sector bancario como en el que no lo es; 2) floja perspectiva en la venta de electrodomésticos pese a ser un año con Mundial; y 3) enero tuvo superávit fiscal por el aporte de las privatizaciones, si no, hubiera sido casi nulo, lo cual advierte sobre la necesidad de un ajuste mayor en las cuentas públicas.

Bueno, pero la vida no es todo color de rosa, siempre hay buenas y malas, lo importante es el balance, dirán los libertarios. Y, además, Madanes Quintanilla solo quiere cazar en el zoológico. Aquí arribamos a un nuevo round de la batalla cultural, confrontando con otro de los millonarios de la Argentina. Al presidente le convienen estas peleas porque así muestra que no está perjudicando solo a los que menos tienen, sino que el cambio de modelo afecta a todos, chicos y grandes, y refuerza la línea argumentativa de que “la casta tiene miedo”. Quizá los adictos al Javo deberían beber de una taza que rece “lágrimas de corporativista”. Total, nadie va a llorar por los problemas que tenga uno de los 12 hombres más ricos del país. Y ojo con los empresarios desagradecidos que no festejan la baja de aportes patronales. Al igual que en el kirchnerismo, los hombres de negocios meten violín en bolsa y bajan el perfil. Los funcionarios pasan, las empresas ¿quedan?

Claro, “como tanta alegría seguida los va a matar” en Casa Rosada todo el mundo empezó a pensar en 2027. ¿Qué le va a tocar a cada uno/a de la mesa política? Acá empieza otro espectáculo. “El jefe”, que es ella, quiere que Adorni (un puro) sea jefe de Gobierno de la CABA. ¿Y el hada Patricia? Puede formar parte de la fórmula presidencial. ¿Qué mayor honor que ser la número 2 institucional del país? Pero para estos therians de la política, mayor honor es mayor poder, je. Por eso, la piba -que no es pura- quedaría acotada en su “derpo”, con fierros muy limitados, aun cuando le otorguen un par de ministerios (¿la ministra Monteoliva empezó a jugar despegada de su mentora para congraciarse con Karina?). Mientras, Santilli hace buena letra y se concentra en territorio bonaerense para competir con… “en su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo… ¿Sergio Tomás Copperfield?”.

Los therians de la política, cuando están cebados, hacen una de más. En esa lista vuelve a aparecer Patricia con un video remarcando su rol estelar en la aprobación de la reforma laboral en el Senado, y “el coloso” tratándose de hacerse el didáctico con su ejemplo del fulbito. Esto no debería llamar la atención, pues cada uno trata de llevar agua para su molino. Pero en este esquema endogámico y verticalista, a los osados los vomita Dios. Más razón todavía para sacar a la senadora de la competencia por la vidriera de la CABA (que en 30 años ya dio dos presidentes y un precandidato al máximo cargo).

Como ya señalamos en varias oportunidades, las finanzas provinciales no la están pasando bien y deben hacer buena letra con el Gobierno nacional. Por eso era tan importante sacar el capítulo fiscal de la reforma laboral. El triunfo electoral libertario ha disciplinado a los gobernadores dialoguistas. Hasta el “díscolo” Pullaro se convenció de traer las divisas que Santa Fe tomó en el exterior para no seguir perdiendo plata, tal cual le espetó Toto, y el cordobecismo hizo mutis por el foro en la votación en Diputados. Si los caciques distritales se ven obligados a tocar el timbre de la Rosada por cualquier razón, LLA también podrá cazar en el zoológico. ¿Quién no quiere cazar con un rifle en la mano?

Los proyectos clave incluyen la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la revisión de la ley que limita las reelecciones de los intendentes.

Dichiara señaló que, aunque ambas iniciativas cuentan con antecedentes parlamentarios, aún no existe consenso entre los bloques para su aprobación.

Respecto a la BUP, el legislador de Fuerza Patria expresó el rechazo del peronismo a la propuesta de La Libertad Avanza, calificándola como un "artilugio" para favorecer la proyección del voto nacional hacia las categorías locales.

De todas formas, en la legislatura provincial hay otros proyectos presentados por otros espacios políticos que estarían en línea con lo reclamado por LLA.

El período de sesiones ordinarias iniciará formalmente el 1 de marzo, fecha que además se espera como límite para definir la integración de las Comisiones Permanentes y así agilizar el tratamiento de los expedientes de reforma política en las respectivas comisiones legislativas.

“Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias”. Así lo expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, este miércoles por la noche, a través de su cuenta de X.

Allí, el funcionario precisó que ese período se extenderá entre el 5 y el 27 de diciembre, por lo que se espera la publicación del decreto correspondiente para este mismo jueves.

El temario de las mismas será el siguiente:

- Reforma electoral

- Reforma política

- Juicio en ausencia

- Ley anti mafia

- Viajes del presidente

- Reforma de los fueros de la política

Esto es: el Gobierno plantea tratar las reformas promovidas hace pocos días por el Ejecutivo, que plantean la eliminación de las PASO, y un cambio sustancial en el financiamiento de los partidos políticos.

También se incluyen sendas iniciativas que formaban parte del paquete judicial y el paquete de seguridad, como el juicio en ausencia y la ley anti mafia. En el primer caso, el proyecto cuenta con dictamen y quedó en las puertas del recinto al caer la sesión del jueves pasado en el que querían tratar ficha limpia.

En cuanto a la ley anti mafia, ya tiene media sanción de Diputados y espera su tratamiento en el Senado.

Dato saliente: no está incluido el tratamiento del Presupuesto 2025. Tampoco, previsiblemente, ficha limpia.

Con el objetivo de buscar apoyos en torno a la reforma electoral, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reuniría con presidentes de bloques dialoguistas del Senado este martes, a partir de las 16. Según supo este medio, el lugar todavía no está definido. Fuentes de la Cámara alta dan por sentado el encuentro, pero desde la Jefatura de Gabinete aún resta confirmación.

En caso de concretarse, será un encuentro similar al que mantuvo hace un mes atrás con diputados de la oposición en Casa Rosada, aunque en esa oportunidad los asistentes aseguraron que se habló más de la reglamentación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal que de la reforma política, la cual más tarde sí detalló José Rolandi, el vicejefe de Gabinete, en una charla a puertas cerradas en el Congreso.

Con el reloj corriendo a velocidad, pues es "regla de oro" que las reformas en el sistema electoral se aprueben en años no electorales, Francos sabe que todavía no cuenta con los votos para la eliminación de las elecciones PASO. También hay resistencias en las modificaciones a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que el oficialismo quiere impulsar.

En el caso de la Cámara de Diputados, con aval de sus socios del Pro, La Libertad Avanza puso en marcha la discusión de dos cuestiones: "ficha limpia", para que personas acusadas por corrupción no puedan ser candidatas (en debate deberá definirse a partir de qué instancia judicial y qué delitos); y el voto de los argentinos que residen en el exterior, que ya tuvo dictamen exprés en comisiones.

Por el lado del Senado, espera por su tratamiento el proyecto de boleta única de papel, con media sanción de la Cámara baja desde mayo de 2022. En el verano se cayó la posibilidad de tratarlo por la disidencia de la rionegrina Mónica Silva, quien insiste con la BUP por categoría, como rige en Santa Fe.

El oficialismo junto al resto de los bloques dialoguistas está trabado en 36 votos y, por tratarse de una cuestión electoral, se requiere una mayoría absoluta de 37, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel no puede desempatar (como hizo en la Ley Bases, por ejemplo). Si LLA accede a realizarle modificaciones, la iniciativa deberá volver a Diputados para su aprobación final. Será el acuerdo que buscarán.

Los jefes de los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados Cristian Ritondo (Pro), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) se reunieron este jueves por la mañana con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con la mira puesta en la agenda legislativa que el oficialismo quiere impulsar en el segundo semestre y que incluye entre los temas una reforma política.

Del encuentro participó además el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario del Interior, Lisandro Catalán; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Si bien en un principio se pensaba que la cumbre sería en la Cámara de Diputados -desde la bancada de Pichetto habían metido presión para que sea Francos quien se traslade-, los planes cambiaron y se desdoblaron las reuniones.

Así las cosas, Francos no fue este jueves por la tarde a la Cámara baja y sí lo hizo Rolandi, funcionario que explicó los alcances de la reforma política a los legisladores de la oposición dialoguista en el despacho de Martín Menem.

Según informaron fuentes de Casa Rosada a parlamentario.com, Francos "no habló en profundidad" con los jefes de bloques sobre el proyecto de reforma electoral. "Les informó sobre el avance de la reglamentación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal; hablaron sobre los lineamientos de la agenda legislativa a futuro e informaron que a la tarde van a presentar la reforma política".

Al salir del encuentro, en declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada, Pichetto confirmó que la reglamentación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal "fue le corazón de la charla" dada "la importancia de ambas leyes en la instrumentación ya de las políticas activas del Gobierno y el proceso de gestión". "Luego (Francos) enunció un conjunto de ideas y lineamientos para la etapa parlamentaria que viene, que las vamos a analizar hoy a la tarde", agregó.

Por su parte, De Loredo destacó: "Los tres bloques que estamos acá hemos sido decisivos a la hora de aprobar la Ley Bases y a los tres bloques nos embarga una preocupación que tiene que ver con la etapa de la gestión, que involucra la reglamentación de la ley". También señaló que el jefe de Gabinete anticipó la pronta reglamentación de "Ganancias, el nuevo sistema hidrocarburífero y el RIGI".

Recibí a los jefes de bloque @MiguelPichetto, @cristianritondo, @rodrigodeloredo y @BornoroniG, para conversar sobre los avances de la reglamentación de la Ley Bases y el paquete fiscal. Además, intercambiamos lineamientos de la agenda legislativa futura.

Participaron, además,… pic.twitter.com/eZ42irwLkv

— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) July 18, 2024

En tanto, Ritondo mencionó el planteo realizado por la agenda legislativa que impulsa su bloque, el cual se lo habían anticipado a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, recordó. Pero también, el diputado aprovechó el encuentro para reclamarle a Francos sobre "la necesidad de que se resuelva la situación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema".

"La inseguridad jurídica que da no respetar un fallo de la Corte Suprema es un problema para cualquiera que quiera venir a invertir en Argentina", sumó Ritondo y contó que este viernes habrá una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el tema. Consultado sobre si esto condicionaba el apoyo a proyectos del Gobierno, respondió: "No somos un partido extorsivo. Pero esto es un daño que se le hace a la Ciudad y al sistema republicano".

Pichetto manifestó su solidaridad con el reclamo de Ritondo y expresó que "es importante en el marco de las instituciones; hay una sentencia de última instancia de la Corte Suprema y hay que cumplirla".

Por otro lado, el jefe de HCF reveló que le pidieron a Francos "continuar con una agenda parlamentaria más temática, sin comentar ningún título en particular, porque las leyes tienen que ser más temáticas y precisas", en rechazo a una norma que abarque numerosos aspectos, como lo fue la Ley Bases.

El Gobierno tiene la intención de avanzar con la derogación de las elecciones PASO, en la antesala de los comicios de 2025, cuando La Libertad Avanza competirá para engrosar sus lugares tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde tiene acentuadas minorías.

Aunque en años anteriores muchos de los protagonistas de hoy reclamaban con firmeza por la eliminación de las primarias -herramienta siempre menos usada por los oficialismos-, el escenario actual no arroja los números suficientes. Además, los temas electorales requieren de una mayoría absoluta para su aprobación (129 en Diputados y 37 en Senado).

Tanto en la UCR como en Hacemos Coalición Federal hay posturas divididas, mientras que en el Pro, socio directo de LLA, estarían reticentes ante cómo impactaría eso en su eventual alianza con el oficialismo el año que viene. Algunos aceptan, por ejemplo, que se elimine su obligatoriedad.

Por su lado, los bloques dialoguistas insisten con que el Senado apruebe el proyecto de boleta única de papel, con media sanción desde mayo de 2022. LLA aceptaría introducir modificaciones con el fin de obtener los apoyos necesarios y devolver el proyecto a la Cámara baja para su sanción definitiva.

Del lado de Diputados también comenzará en agosto el debate de los proyectos sobre "ficha limpia", para que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos. El tema se dictaminó durante el gobierno de Cambiemos, pero no se llegó a aprobar en el recinto.

Todos los aspectos que incluye la reforma política promovida por el Gobierno se conocerán en la reunión con Rolandi este jueves por la tarde. Sea lo que sea, los temas electorales deberán tratarse con cierta celeridad, dado que es casi una "regla de oro" que estas cuestiones no se debatan en años de elecciones. Quedan cinco meses por delante y más iniciativas en el camino, como lo que será en septiembre el Presupuesto 2025.

Nadie podrá negar que el presidente Javier Milei anunció de entrada su intención de aplicar “miles” de reformas a través del Congreso de la Nación, o vía decretos. Y así anunció antes de asumir la presidencia que ya el 11 de diciembre enviaría al Congreso una batería de proyectos que, sin embargo, demoró a lo largo de todo el mes.

En efecto, esas iniciativas terminaron transformándose en el megadecreto de necesidad y urgencia 70/23 que presentó justo antes de las fiestas y la ley ómnibus anunciada una semana después. Salvo algunas cuestiones frenadas en la justicia, el DNU sigue vigente a pesar de haber sido rechazado en una de las cámaras y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos acaba de ser aprobada. Multiplicada por dos, pues el capítulo fiscal que figuraba en el original presentado el 27 de diciembre cobró vida propia y tiene su propia ley, también aprobada en la madrugada del viernes pasado bajo el rótulo de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.

Cumplido finalmente ese trámite que demandó todo lo que va del año, de punta a punta el primer semestre, ahora el Gobierno evalúa las leyes que espera conseguir para este segundo semestre. En la apertura de sesiones ordinarias, el Gobierno presentó una batería de proyectos que enmarcó bajo el nombre de “leyes anticasta”, de las cuales todavía no presentó ninguna. Pero mientras se trabaja en los proyectos prontos a remitir al Congreso -más allá de ocho proyectos más que ya están siendo analizados en las comisiones-, comenzaron a trascender ambiciosas propuestas que levantarán gran polémica, por cuanto apuntan nada menos que agrandar la Corte Suprema y bajar la edad para votar.

Esas iniciativas no tienen forma todavía, ni ningún funcionario que las haya propuesto puntualmente. Solo la firma de periodistas que incluyeron en sus notas de este fin de semana información que les transmitieron en Casa Rosada y que probablemente vayan a dominar la agenda los próximos días.

Por un lado, la periodista Cecilia Devanna publicó en La Nación que el Gobierno espera presentar dentro de 30 o 40 días la reforma electoral que había incluido en la ley de Bases original y que terminó siendo el primer capítulo eliminado del proyecto. Lo hizo el propio Guillermo Francos, quien como ministro del Interior que era entonces detalló la iniciativa ante el plenario de Diputados, pero ese mismo día, tras palpar la mala recepción que tenían los cambios propuestos, decidió posponer ese tratamiento.

Es lo que se espera suceda en lo que resta del año y, como en el original, la propuesta incluiría la eliminación de las Bases, pero no los diputados por circunscripción, novedad que ya despertaba críticas al ser anunciada. Se le incluiría la propuesta de Boleta Única, listas abiertas y algo que ya hace ruido: bajar la edad para votar.

Actualmente la misma está en los 16 años y fue implementada durante la gestión de Cristina Kirchner, siendo optativa la posibilidad de votar entre los 16 y 18 años. Ahora el mileísmo tendría la idea de ajustar ese rango a los 13 años. El argumento utilizado sería emparejar esa posibilidad con la edad de baja de imputabilidad a los 13 años.

En el caso de la ampliación de la Corte Suprema, la especie fue publicada por el periodista de Clarín Guido Carelli Lynch, y tendría por objeto elevar a 7 los miembros, y especulando con la posibilidad de que los dos propuestos para cubrir las vacantes -Ariel Lijo y Manuel García Mansilla- sean aceptados por el Senado, propondrán agrandar el Tribunal Superior con el argumento de sumar mujeres y hacer “una Corte más federal”.

Recordemos que el último intento por agrandar el Máximo Tribunal corrió por cuenta de la anterior administración e incluso tuvo media sanción del Senado. La propuesta no era sumar dos miembros a los 5 actuales, sino elevar el número a 15. La oposición congeló la propuesta en Diputados.

Las reacciones

Hombre clave en el debate de las leyes, como quedó claro por si hacía falta durante el debate de la Ley de Bases, Miguel Angel Pichetto fue consultado este domingo por Radio Rivadavia sobre el tema y a priori no rechazó la posibilidad de ampliar la Corte, cosa en la que siempre estuvo a favor. “Esta Corte es una corte chica, siempre lo sostuve”, recordó, comparándola con Uruguay, un país mucho más pequeño que tiene 5 miembros en la Corte.

“Si hacés un análisis comparativo en Latinoamérica, las Cortes están integradas por 10, 12… la de Brasil es más grande”.

Para ampliar la Corte, el titular de Hacemos Coalición Federal dijo que “habría que buscar consenso político. (Estas) son siempre materias discutibles, opinables. Pero bueno, habría que conversarlo. En un sistema político como éste debería haber un diálogo con los partidos, con los aliados, hasta con el propio sector opositor”.

E insistió en que “siempre sostuve, cuando era senador, que la Corte era muy chica. Por el marco de la población, la cantidad de materias que llegan a la Corte requerían un número mayor… Tampoco irrazonable. Me pareció que era un disparate el número de 15 que propuso Alberto Fernández. Pero una Corte de 7 miembros sería razonable. Alfonsín los tuvo; Menem tuvo 9, pero no más que eso”.

En cuanto a la edad para votar, planteó: “La edad hoy está en 16 años, ¿a qué edad la querés  poner?”. Aclaró que a él le parece razonable la ley actual, y sostuvo que “hay que tener una comprensión de qué se vota. No digo que no tenga una madurez, pero me parece que 16 años es una edad bastante lógica”.

Lo comparó con la baja de edad de punibilidad, y dijo que ese es un debate que lleva décadas. “Es otro debate para hacer ruido; lo que tenés que armar es un modelo de sistema penitenciario para menores que cometen delitos de alta violencia; no los podés mezclar en cárceles de adultos. Tenés que organizar una logística para un país que no tiene siquiera sistema penitenciario que funcione como la gente”.

El corazón de la reforma política enviada al Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias hace eje en una nueva composición de la Cámara de Diputados, la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un nuevo sistema de financiamiento de los partidos políticos y, también, crea las circunscripciones uninominales.

Los proyectos encarados por el presidente Javier Milei fueron diseñados por el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien este miércoles por la tarde se trasladó a la Cámara de Diputados, adonde le entregó a su titular, Martín Menem, el paquete de leyes para ser debatidos en las sesiones extraordinarias, que empezaron a regir desde el martes hasta el 31 de enero.

Acerca de las "circunscripciones nominales" en la Cámara de Diputados, la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) propugna que cada provincia se divida en un número de circunscripciones igual a la cantidad de diputados que se eligen.

Estas estarán vigentes hasta el nuevo censo poblacional.

Según la propuesta, cada circunscripción enviará al Congreso a un solo representante; y la división de los distritos será efectuada por el PEN en base al censo de 2022, respetando límites geográficos y políticos preexistentes.

Además, cada elector vota solamente un candidato titular y un candidato suplente, que deben ser de diferente género.

El sistema de elección es de pluralidad: el candidato individual con más votos es el ganador y el único representante de cada circunscripción.

Según el planteo de LLA, los "beneficios" de la propuesta son el “fin de la lista sábana”: el elector conoce a la perfección quién será su representante en el Congreso; y el "fortalecimiento de la representatividad: los electores podrán elevar de manera más directa e individualizada los reclamos puntuales del distrito y las problemáticas que los aquejan".

Asimismo, de acuerdo a la propuesta, habrá "mayor pluralidad: las delegaciones de diputados de las provincias reflejan con mayor fidelidad a sus representantes".

Por su parte, sobre la derogación de las PASO, se va hacia la "restitución del calendario electoral previo al 2009".

De ese modo, en los años electorales presidenciales habrá dos citas electorales de carácter nacional: primera y segunda vuelta; y en los años electorales legislativos habrá sólo una cita electoral de carácter nacional.

Los proyectos, según LLA, permitirán el "ahorro de miles de millones de pesos: en 2023, ya que las PASO le costaron al Estado nacional $9.250 millones de pesos".

Asimismo, propenden a la "revitalización del debate institucional al interior de los partidos políticos, que tendrán mayor libertad a la hora de definir sus mecanismos internos de elección de candidatos".

También, habrá un "calendario electoral más reducido y eficiente, capaz de reducir la apatía electoral".

Otro tema de importancia en la reforma política es el financiamiento de los partidos políticos, por el cual "se eliminan los topes de aportes de personas físicas y jurídicas a los partidos políticos por desenvolvimiento institucional y de campaña".

La propuesta "elimina los topes de gastos de campaña para las agrupaciones políticas y los espacios publicitarios cedidos a partidos políticos".

En sintonía, promueve que los "fondos de los partidos políticos deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro miembros del partido, de los cuales dos deben ser presidente y tesorero".

La reforma también propugna que "para los fondos que asigne la Administración Pública Nacional correspondiente al aporte para campañas electorales y al Fondo Partidario Permanente, se asignará el 50% del valor del módulo".

De acuerdo con la proyección de LLA, los beneficios de la reforma en materia de financiamiento serán que "se sinceriza y transparenta el financiamiento de los partidos políticos; siguen vigentes las prohibiciones de algunos sectores aportantes, como las empresas operadores del juego, que siguen inhibidos de poder aportar a las campañas; y disminuye el gasto político y operativo destinado por el Estado Nacional al operativo electoral en su conjunto.

En tanto, sobre la composición de la Cámara de Diputados, se modifica y se sustituye el artículo N°3 de la Ley 22.847 sancionada en 1984, según la cual el número de diputados nacionales a elegir era de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500".

"Con esta nueva normativa, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000", precisa el proyecto de ley respectivo.

Sobre este tema, según el Gobierno, los beneficios son: promover una reforma profunda del sistema político para fortalecer la democracia y las instituciones de la República, estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales y mejorando el funcionamiento del sistema electoral; y evitar la lista sábana cerrada y bloqueada, con la que muchas veces se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas".

Respecto de la Boleta Unica de Papel (BUP), se hace mención al proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados (CD-4-22) y se modifica el sistema electoral: de boleta “sábana partidaria” a boleta única papel, que concentra toda la oferta electoral.

La propuesta indica que la Cámara Nacional Electoral será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las responsables de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito.

Por su parte, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) será responsable de imprimir y distribuir las boletas.

De acuerdo a esa propuesta, los beneficios serán establecer un "sistema más ágil, transparente, económico y democrático".

Ello significará un "ahorro de miles de millones de pesos: se ahorran alrededor de ARS $12millones en impresión de boletas".

También, habrá una "centralización de la impresión de boletas en el PEN, sin asignación de fondos a los partidos para ese fin; una reducción de cantidad de fiscales necesarios para garantizar transparencia; y una agilización del escrutinio y publicación de resultados".

Por José Angel Di Mauro

Las elecciones tucumanas que en 2015 consagraron gobernador de su provincia al hoy jefe de Gabinete Juan Manzur, sobre el candidato radical José Cano, estuvieron enmarcadas por el escándalo, con quema de urnas y denuncias de fraude. Parecieron significar un punto de inflexión, a partir del cual el 26 de agosto de ese mismo año los principales candidatos de la oposición dieron una conferencia de prensa junto al entonces diputado Cano en la que se comprometieron a impulsar una reforma del sistema electoral.

Flanqueaban a Cano los dirigentes Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Ernesto Sanz, y en ese marco quien meses después sería elegido presidente de la Nación expresó: “A partir del 10 de diciembre estamos todos comprometidos para que desde las elecciones futuras tengamos un sistema electoral transparente, con tecnología”.

A su turno, Massa dijo que era “mentira” que no se pudiera implementar el voto electrónico para esas mismas elecciones presidenciales, el 25 de octubre, afirmando que ese sistema permitiría “un profundo cambio” que les devolvería a los argentinos “la confianza y transparencia en el proceso electoral”.

En su primera apertura de sesiones ordinarias, Mauricio Macri se mostró dispuesto a cumplir esa promesa al incluir dentro del paquete de medidas legislativas anunciadas la modificación del sistema electoral. “Impulsaremos una ambiciosa reforma política. Ya estuvimos reunidos con todos los partidos políticos y hay consensos acerca de las principales reformas: terminar con la boleta papel, hacer independiente el control del comicio y unificar el calendario electoral. Espero que este tema sea una demostración de la construcción de consensos y acuerdos que demuestren que estamos a la altura de la historia”. No pudo ser; fue otra de las reformas frustradas de esa administración.

A poco de asumir como ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había convocado a los ministros de Gobierno de todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de comenzar a analizar la reforma electoral. Y tras ese primer encuentro en la Casa Rosada quedó la sensación de que lo que parecía improbable -que se aceptara la boleta única electrónica- era claramente factible. Se convocó a todos los sectores para que cada uno hiciera su aporte en la elaboración de un anteproyecto que, sin embargo, terminó demorando su llegada al Parlamento. Tantas eran las urgencias oficiales, que la explicación resultó convincente: la reforma era uno de los temas que quedarían para la segunda mitad del año. Es casi seguro que el final hubiese sido el mismo, pero la primera responsabilidad del fracaso fue esa demora.

La iniciativa original comenzó a alterarse cuando el colectivo femenino decidió incorporar al tratamiento la paridad de género, que en el marco de una concesión del oficialismo terminó siendo incorporada al proyecto de reforma electoral.

En el ínterin comenzaron a surgir versiones respecto de un cierto desinterés de parte de Cambiemos para que la tradicional boleta de papel desapareciera en los comicios venideros. De hecho, por razones operativas se había sugerido circunscribir por esa vez la implementación del voto electrónico a solo ocho distritos, aunque finalmente la presión massista obligó a dejar de lado esa propuesta. Sin embargo la posibilidad de postergar el cambio seguía vigente, por una cuestión de conveniencia: el sistema de lista sábana favorece a los oficialismos.

Finalmente salió el dictamen y se le puso fecha al debate en Diputados: el 19 de octubre de 2016, pero tanta dilación ponía dudas para la implementación futura del nuevo sistema, ya que desde el Gobierno comenzaron a advertir que para la implementación de la boleta única electrónica en las elecciones de 2017 la ley debería estar sancionada antes de que pasara octubre. Sino, se complicaba el proceso licitatorio para las máquinas para votar, su compra, y la implementación del sistema operativo para las PASO de agosto de 2017.

Si la media sanción salía el 19 de octubre, como todo indicaba, no había tiempo material para que fuera ley a fin de mes. Porque entre el dictamen y el tratamiento en el recinto, el Senado deja pasar siempre por lo menos una semana. Como mínimo, podría estar debatiéndolo en la segunda de noviembre. Esa sería una gran muestra de buena voluntad, pero como en todos los casos que involucraban al Senado debía estar precedida de una señal de parte de los gobernadores que no parecía probable en este tema.

Por otra parte, una característica saliente en tiempos de Cambiemos era que cada cámara no solo se tomara su tiempo para analizar un proyecto, sino que tuviera inclinación a modificarlo -consecuencia de un oficialismo en minoría-. Sobre todo en el Senado, y en caso de darse algo así, el proyecto debería volver a Diputados, que recién a fines de noviembre podría darle una aprobación definitiva. Eso, con una aceleración que nada indicaba que fuera a registrarse. Demasiado tarde para licitaciones.

Como dijimos, la norma incluyó la paridad de género, que no convencía a muchos legisladores varones, pero ninguno se animaba a decirlo en público. La suerte del 50-50 había quedado atada a la boleta única electrónica, pero el oficialismo debió haber tomado como una señal el dictamen relámpago dado en el Senado a un proyecto propio de paridad electoral, que unificaba ocho iniciativas y, a diferencia del de la Cámara baja, extendía ese porcentaje a las listas de parlamentarios del Mercosur y a los cargos partidarios.

Curiosa coincidencia, ambos temas se debatieron el mismo día. Ese 19 de octubre, mientras la Cámara baja discutía la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, que incluía la paridad de género, en simultáneo los senadores daban media sanción a su propio proyecto de paridad de género, que aprobaron temprano por 57 votos a favor y 2 en contra. En Diputados, el proyecto demandó casi 11 horas de debate, y fue aprobado por 152 votos a 75. El Frente Renovador y el bloque Justicialista le garantizaron a Cambiemos los votos necesarios, pero no le concedieron al oficialismo modificar las PASO prohibiendo que el elector pudiera combinar candidatos de distintos partidos. Esto es, que el votante solo pudiera participar de una única interna.

¿Quiénes rechazaron la reforma? Sesenta diputados del Frente para la Victoria, Carlos Heller, Omar Plaini, Oscar Martínez, Ramón Bernabey; los 5 diputados del Peronismo para la Victoria, Alcira Argumedo, Alfredo Olmedo y curiosamente los diputados de la izquierda: Myriam Bregman, Pablo López, Néstor Pitrola y Soledad Sosa Capurro.

Hubo tres abstenciones, de los misioneros Maurice Closs, Jorge Franco y Silvia Risko, y entre las 26 ausencias se registraron las de Máximo Kirchner, José Luis Gioja, Diana Conti y Elisa Carrió.

Los argumentos de rechazo de parte del oficialismo fueron de este tipo: “No es una necesidad de la sociedad cambiar el sistema electoral”, como expresó la camporista Fernanda Raverta, o que con el nuevo mecanismo “hay más posibilidades de hacer fraude, hay facilidades tremendas”, como sostuvo el presidente del bloque FpV, Héctor Recalde.

Pero lo más curioso fue la postura de la izquierda, pues seguramente los partidos más chicos serían los más beneficiados por el sistema. El Partido Obrero rechazó “esta reforma política reaccionaria”, según la calificó el diputado Néstor Pitrola, que habló de la “incidencia de grupos financieros y económicos en la política. Habló en ese sentido de “una democracia rehén de los grupos económicos”, y planteó que el voto electrónico y la paridad de género funcionan como “anzuelos” para el fin que mencionó.

Involucró a los gobernadores y habló del “uso de la caja para la cooptación política”, y remarcó que “la ley reafirma las PASO”, que, recordó, el Frente de Izquierda rechazó siempre, por cuanto interpretan que invaden las propiedades de los partidos políticos. Y sobre el voto electrónico, dijo que “para nosotros no es panacea alguna, al contrario”. Para Pitrola “se consagra un sistema que mediatiza la ejecución de la voluntad popular por parte del elector”. Y se preguntó: “Existiendo la boleta de papel, por qué nos metemos en esta complicación del voto electrónico. ¿Se puede haber hecho fraude en alguna parte? Por supuesto, pero también se puede hacer con el voto electrónico”.

La ley naufragó en el Senado

La carrera contrarreloj en el Senado se inició recién el 1 de noviembre con la presencia del ministro Rogelio Frigerio, que defendió en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto, el proyecto aprobado en Diputados. En ese marco, el senador santafesino Omar Perotti expuso el proyecto que había presentado unas semanas antes con su par Juan Manuel Abal Medina para eliminar el chip de la boleta, de modo tal de prevenir una posible alteración del voto. “No estamos en contra de la tecnología; estamos a favor de su utilización en todas las etapas del proceso”, explicó. El entonces jefe de asesores presidenciales y hoy senador nacional José Torello replicó que el chip en la boleta única no era negociable. “Los que se oponen al chip quieren retroceder a la época en la que hacían voto en cadena o se robaban las boletas”, exageró, garantizando la inviolabilidad del mismo.

Pasaron los días sin que el oficialismo pudiera encarrilar la reforma, a la que el kirchnerismo duro había logrado empantanar. Así como Cambiemos podía manejar de alguna manera los tiempos de los proyectos en la Cámara baja al presidir las comisiones claves, eso era justamente lo que la oposición podía hacer en el Senado. El manejo del plenario que analizaba la reforma electoral estaba en manos del kirchnerista Marcelo Fuentes, presidente de Asuntos Constitucionales, que llegó a postergar los debates previstos para la semana de las elecciones en Estados Unidos, argumentando la ausencia de senadores, cuando en realidad solo faltaban dos y eran del Frente para la Victoria. 

Luego Fuentes y compañía resistieron los intentos de apurar la firma del dictamen, mientras el Gobierno intentaba dar una demostración de fuerza al reunir a ocho gobernadores y un vice opositores en Olivos para brindar su apoyo a la boleta única electrónica. Al cabo del encuentro, el ministro del Interior encabezó una conferencia de prensa de la que participaron los gobernadores de Salta, Tierra del Fuego, Neuquén y Misiones, en la que confirmó que habían tratado la agenda legislativa hasta fin de año y existía coincidencia en “apoyar las leyes que quedan todavía en discusión en el Congreso”. Y citó puntualmente la reforma política.

Miguel Pichetto replicó convocando para la semana siguiente a los gobernadores peronistas para que les contaran a él y a su bloque qué opinaban realmente, convencido de que lo que decían en privado no era lo que habían expresado en público junto a Macri. De hecho, en Cambiemos más de uno interpretaba como “un acting” lo de la residencia presidencial, convencidos de que la mayoría de esos gobernadores no quería cambiar el sistema de votación.

Y en el fondo, era lo que a esa altura el oficialismo suponía que sucedería, pues ya no había tiempo material para su tratamiento en el Senado, ya que la última sesión del período ordinario sería para el Presupuesto y el Ejecutivo pensaba tratar el proyecto en extraordinarias en Diputados si el Senado le introducía modificaciones, como se descontaba que sucediera. Pero no quería llevar su tratamiento también en el Senado a extraordinarias.

En rigor, la utilidad de los gobernadores que fueron a Olivos el 15 de noviembre era menguada: al chaqueño Domingo Peppo no le respondían los senadores de su provincia, lo mismo que a la fueguina Rosana Bertone; el rionegrino Alberto Weretilneck directamente no tenía senadores…

En el encuentro convocado por Pichetto, los que estaban duros, como Gildo Insfrán y Carlos Verna, mantuvieron esa postura, y otros como el sanjuanino Sergio Uñac se quedaron callados. Previamente a esa reunión hubo otra muy caliente en el seno de la bancada. Allí Marcelo Fuentes preguntó a sus pares cómo votarían y sus razones. Uno quiso saber por qué tenían que darle explicaciones y casi se fueron a las manos.

Fuentes respondía directamente a Cristina Kirchner, cuya postura contraria a la boleta electrónica era conocida y fue la que a la postre se impuso.

Para Rogelio Frigerio el fracaso de la reforma electoral fue una gran frustración. “Nosotros trabajamos mucho en eso, sacamos media sanción en Diputados y nos encontramos con una pared en la Cámara de Senadores. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales no la quiso ni tratar; tenían el número para no hacerlo y la durmieron”, confesó resignado el hoy diputado nacional al ser entrevistado para el libro Gobernar en Minoría.

Macri le apuntó directamente a Fuentes, sin nombrarlo: “Valiéndose de una cuestión operativa, un senador cajoneó la reforma y no permitió la votación”. Luego afirmó que la “buena noticia” era que la reforma iba a salir, pues “20 de 24 gobernadores están a favor”.

Sin embargo quienes integraron el gobierno de Macri consideran que a la reforma electoral “la frenaron los gobernadores”. Frigerio reconocería que “no tuve la posibilidad de generar alianzas con muchos gobernadores que entendían que la eliminación de la boleta sábana era un ataque directo contra ellos. Así lo veían”. Desde su ministerio les apuntaban directamente al pampeano Carlos Verna y al formoseño Gildo Insfrán, como los que “hicieron mucho” para frenar la norma. En ese esfuerzo había mucho de “autosubsistencia”.

Algunos en Cambiemos hubiesen querido que lo sucedido con la reforma electoral hubiera sido un punto de inflexión. Entre ellos, el jefe de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, para quien “los gobernadores peronistas le pegaron una puñalada trapera al Gobierno. Se reunieron con el presidente, comieron de su plato, firmaron, se llevaron la plata que no se animaron a pedirle a Cristina en diez años y luego, como en la Última Cena, sin pudor, traicionaron su compromiso”.

Por casos como estos, muchos oficialistas le reprochaban al gobierno nacional “pagar al contado y cobrar en cuotas”. Desde Cambiemos replicaban que esa era una “fantasía”. Aseguraban que “no les damos todo; les damos cada vez menos, pero se creó esa fantasía”.