El corazón de la reforma política enviada al Congreso para ser tratado en las sesiones extraordinarias hace eje en una nueva composición de la Cámara de Diputados, la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un nuevo sistema de financiamiento de los partidos políticos y, también, crea las circunscripciones uninominales.

Los proyectos encarados por el presidente Javier Milei fueron diseñados por el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien este miércoles por la tarde se trasladó a la Cámara de Diputados, adonde le entregó a su titular, Martín Menem, el paquete de leyes para ser debatidos en las sesiones extraordinarias, que empezaron a regir desde el martes hasta el 31 de enero.

Acerca de las “circunscripciones nominales” en la Cámara de Diputados, la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) propugna que cada provincia se divida en un número de circunscripciones igual a la cantidad de diputados que se eligen.

Estas estarán vigentes hasta el nuevo censo poblacional.

Según la propuesta, cada circunscripción enviará al Congreso a un solo representante; y la división de los distritos será efectuada por el PEN en base al censo de 2022, respetando límites geográficos y políticos preexistentes.

Además, cada elector vota solamente un candidato titular y un candidato suplente, que deben ser de diferente género.

El sistema de elección es de pluralidad: el candidato individual con más votos es el ganador y el único representante de cada circunscripción.

Según el planteo de LLA, los “beneficios” de la propuesta son el “fin de la lista sábana”: el elector conoce a la perfección quién será su representante en el Congreso; y el “fortalecimiento de la representatividad: los electores podrán elevar de manera más directa e individualizada los reclamos puntuales del distrito y las problemáticas que los aquejan”.

Asimismo, de acuerdo a la propuesta, habrá “mayor pluralidad: las delegaciones de diputados de las provincias reflejan con mayor fidelidad a sus representantes”.

Por su parte, sobre la derogación de las PASO, se va hacia la “restitución del calendario electoral previo al 2009”.

De ese modo, en los años electorales presidenciales habrá dos citas electorales de carácter nacional: primera y segunda vuelta; y en los años electorales legislativos habrá sólo una cita electoral de carácter nacional.

Los proyectos, según LLA, permitirán el “ahorro de miles de millones de pesos: en 2023, ya que las PASO le costaron al Estado nacional $9.250 millones de pesos”.

Asimismo, propenden a la “revitalización del debate institucional al interior de los partidos políticos, que tendrán mayor libertad a la hora de definir sus mecanismos internos de elección de candidatos”.

También, habrá un “calendario electoral más reducido y eficiente, capaz de reducir la apatía electoral”.

Otro tema de importancia en la reforma política es el financiamiento de los partidos políticos, por el cual “se eliminan los topes de aportes de personas físicas y jurídicas a los partidos políticos por desenvolvimiento institucional y de campaña”.

La propuesta “elimina los topes de gastos de campaña para las agrupaciones políticas y los espacios publicitarios cedidos a partidos políticos”.

En sintonía, promueve que los “fondos de los partidos políticos deberán depositarse en una única cuenta bancaria por distrito, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro miembros del partido, de los cuales dos deben ser presidente y tesorero”.

La reforma también propugna que “para los fondos que asigne la Administración Pública Nacional correspondiente al aporte para campañas electorales y al Fondo Partidario Permanente, se asignará el 50% del valor del módulo”.

De acuerdo con la proyección de LLA, los beneficios de la reforma en materia de financiamiento serán que “se sinceriza y transparenta el financiamiento de los partidos políticos; siguen vigentes las prohibiciones de algunos sectores aportantes, como las empresas operadores del juego, que siguen inhibidos de poder aportar a las campañas; y disminuye el gasto político y operativo destinado por el Estado Nacional al operativo electoral en su conjunto.

En tanto, sobre la composición de la Cámara de Diputados, se modifica y se sustituye el artículo N°3 de la Ley 22.847 sancionada en 1984, según la cual el número de diputados nacionales a elegir era de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500”.

“Con esta nueva normativa, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000″, precisa el proyecto de ley respectivo.

Sobre este tema, según el Gobierno, los beneficios son: promover una reforma profunda del sistema político para fortalecer la democracia y las instituciones de la República, estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales y mejorando el funcionamiento del sistema electoral; y evitar la lista sábana cerrada y bloqueada, con la que muchas veces se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas”.

Respecto de la Boleta Unica de Papel (BUP), se hace mención al proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados (CD-4-22) y se modifica el sistema electoral: de boleta “sábana partidaria” a boleta única papel, que concentra toda la oferta electoral.

La propuesta indica que la Cámara Nacional Electoral será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las responsables de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito.

Por su parte, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) será responsable de imprimir y distribuir las boletas.

De acuerdo a esa propuesta, los beneficios serán establecer un “sistema más ágil, transparente, económico y democrático”.

Ello significará un “ahorro de miles de millones de pesos: se ahorran alrededor de ARS $12millones en impresión de boletas”.

También, habrá una “centralización de la impresión de boletas en el PEN, sin asignación de fondos a los partidos para ese fin; una reducción de cantidad de fiscales necesarios para garantizar transparencia; y una agilización del escrutinio y publicación de resultados”.

Por José Angel Di Mauro

Las elecciones tucumanas que en 2015 consagraron gobernador de su provincia al hoy jefe de Gabinete Juan Manzur, sobre el candidato radical José Cano, estuvieron enmarcadas por el escándalo, con quema de urnas y denuncias de fraude. Parecieron significar un punto de inflexión, a partir del cual el 26 de agosto de ese mismo año los principales candidatos de la oposición dieron una conferencia de prensa junto al entonces diputado Cano en la que se comprometieron a impulsar una reforma del sistema electoral.

Flanqueaban a Cano los dirigentes Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Ernesto Sanz, y en ese marco quien meses después sería elegido presidente de la Nación expresó: “A partir del 10 de diciembre estamos todos comprometidos para que desde las elecciones futuras tengamos un sistema electoral transparente, con tecnología”.

A su turno, Massa dijo que era “mentira” que no se pudiera implementar el voto electrónico para esas mismas elecciones presidenciales, el 25 de octubre, afirmando que ese sistema permitiría “un profundo cambio” que les devolvería a los argentinos “la confianza y transparencia en el proceso electoral”.

En su primera apertura de sesiones ordinarias, Mauricio Macri se mostró dispuesto a cumplir esa promesa al incluir dentro del paquete de medidas legislativas anunciadas la modificación del sistema electoral. “Impulsaremos una ambiciosa reforma política. Ya estuvimos reunidos con todos los partidos políticos y hay consensos acerca de las principales reformas: terminar con la boleta papel, hacer independiente el control del comicio y unificar el calendario electoral. Espero que este tema sea una demostración de la construcción de consensos y acuerdos que demuestren que estamos a la altura de la historia”. No pudo ser; fue otra de las reformas frustradas de esa administración.

A poco de asumir como ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había convocado a los ministros de Gobierno de todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de comenzar a analizar la reforma electoral. Y tras ese primer encuentro en la Casa Rosada quedó la sensación de que lo que parecía improbable -que se aceptara la boleta única electrónica- era claramente factible. Se convocó a todos los sectores para que cada uno hiciera su aporte en la elaboración de un anteproyecto que, sin embargo, terminó demorando su llegada al Parlamento. Tantas eran las urgencias oficiales, que la explicación resultó convincente: la reforma era uno de los temas que quedarían para la segunda mitad del año. Es casi seguro que el final hubiese sido el mismo, pero la primera responsabilidad del fracaso fue esa demora.

La iniciativa original comenzó a alterarse cuando el colectivo femenino decidió incorporar al tratamiento la paridad de género, que en el marco de una concesión del oficialismo terminó siendo incorporada al proyecto de reforma electoral.

En el ínterin comenzaron a surgir versiones respecto de un cierto desinterés de parte de Cambiemos para que la tradicional boleta de papel desapareciera en los comicios venideros. De hecho, por razones operativas se había sugerido circunscribir por esa vez la implementación del voto electrónico a solo ocho distritos, aunque finalmente la presión massista obligó a dejar de lado esa propuesta. Sin embargo la posibilidad de postergar el cambio seguía vigente, por una cuestión de conveniencia: el sistema de lista sábana favorece a los oficialismos.

Finalmente salió el dictamen y se le puso fecha al debate en Diputados: el 19 de octubre de 2016, pero tanta dilación ponía dudas para la implementación futura del nuevo sistema, ya que desde el Gobierno comenzaron a advertir que para la implementación de la boleta única electrónica en las elecciones de 2017 la ley debería estar sancionada antes de que pasara octubre. Sino, se complicaba el proceso licitatorio para las máquinas para votar, su compra, y la implementación del sistema operativo para las PASO de agosto de 2017.

Si la media sanción salía el 19 de octubre, como todo indicaba, no había tiempo material para que fuera ley a fin de mes. Porque entre el dictamen y el tratamiento en el recinto, el Senado deja pasar siempre por lo menos una semana. Como mínimo, podría estar debatiéndolo en la segunda de noviembre. Esa sería una gran muestra de buena voluntad, pero como en todos los casos que involucraban al Senado debía estar precedida de una señal de parte de los gobernadores que no parecía probable en este tema.

Por otra parte, una característica saliente en tiempos de Cambiemos era que cada cámara no solo se tomara su tiempo para analizar un proyecto, sino que tuviera inclinación a modificarlo -consecuencia de un oficialismo en minoría-. Sobre todo en el Senado, y en caso de darse algo así, el proyecto debería volver a Diputados, que recién a fines de noviembre podría darle una aprobación definitiva. Eso, con una aceleración que nada indicaba que fuera a registrarse. Demasiado tarde para licitaciones.

Como dijimos, la norma incluyó la paridad de género, que no convencía a muchos legisladores varones, pero ninguno se animaba a decirlo en público. La suerte del 50-50 había quedado atada a la boleta única electrónica, pero el oficialismo debió haber tomado como una señal el dictamen relámpago dado en el Senado a un proyecto propio de paridad electoral, que unificaba ocho iniciativas y, a diferencia del de la Cámara baja, extendía ese porcentaje a las listas de parlamentarios del Mercosur y a los cargos partidarios.

Curiosa coincidencia, ambos temas se debatieron el mismo día. Ese 19 de octubre, mientras la Cámara baja discutía la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo, que incluía la paridad de género, en simultáneo los senadores daban media sanción a su propio proyecto de paridad de género, que aprobaron temprano por 57 votos a favor y 2 en contra. En Diputados, el proyecto demandó casi 11 horas de debate, y fue aprobado por 152 votos a 75. El Frente Renovador y el bloque Justicialista le garantizaron a Cambiemos los votos necesarios, pero no le concedieron al oficialismo modificar las PASO prohibiendo que el elector pudiera combinar candidatos de distintos partidos. Esto es, que el votante solo pudiera participar de una única interna.

¿Quiénes rechazaron la reforma? Sesenta diputados del Frente para la Victoria, Carlos Heller, Omar Plaini, Oscar Martínez, Ramón Bernabey; los 5 diputados del Peronismo para la Victoria, Alcira Argumedo, Alfredo Olmedo y curiosamente los diputados de la izquierda: Myriam Bregman, Pablo López, Néstor Pitrola y Soledad Sosa Capurro.

Hubo tres abstenciones, de los misioneros Maurice Closs, Jorge Franco y Silvia Risko, y entre las 26 ausencias se registraron las de Máximo Kirchner, José Luis Gioja, Diana Conti y Elisa Carrió.

Los argumentos de rechazo de parte del oficialismo fueron de este tipo: “No es una necesidad de la sociedad cambiar el sistema electoral”, como expresó la camporista Fernanda Raverta, o que con el nuevo mecanismo “hay más posibilidades de hacer fraude, hay facilidades tremendas”, como sostuvo el presidente del bloque FpV, Héctor Recalde.

Pero lo más curioso fue la postura de la izquierda, pues seguramente los partidos más chicos serían los más beneficiados por el sistema. El Partido Obrero rechazó “esta reforma política reaccionaria”, según la calificó el diputado Néstor Pitrola, que habló de la “incidencia de grupos financieros y económicos en la política. Habló en ese sentido de “una democracia rehén de los grupos económicos”, y planteó que el voto electrónico y la paridad de género funcionan como “anzuelos” para el fin que mencionó.

Involucró a los gobernadores y habló del “uso de la caja para la cooptación política”, y remarcó que “la ley reafirma las PASO”, que, recordó, el Frente de Izquierda rechazó siempre, por cuanto interpretan que invaden las propiedades de los partidos políticos. Y sobre el voto electrónico, dijo que “para nosotros no es panacea alguna, al contrario”. Para Pitrola “se consagra un sistema que mediatiza la ejecución de la voluntad popular por parte del elector”. Y se preguntó: “Existiendo la boleta de papel, por qué nos metemos en esta complicación del voto electrónico. ¿Se puede haber hecho fraude en alguna parte? Por supuesto, pero también se puede hacer con el voto electrónico”.

La ley naufragó en el Senado

La carrera contrarreloj en el Senado se inició recién el 1 de noviembre con la presencia del ministro Rogelio Frigerio, que defendió en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto, el proyecto aprobado en Diputados. En ese marco, el senador santafesino Omar Perotti expuso el proyecto que había presentado unas semanas antes con su par Juan Manuel Abal Medina para eliminar el chip de la boleta, de modo tal de prevenir una posible alteración del voto. “No estamos en contra de la tecnología; estamos a favor de su utilización en todas las etapas del proceso”, explicó. El entonces jefe de asesores presidenciales y hoy senador nacional José Torello replicó que el chip en la boleta única no era negociable. “Los que se oponen al chip quieren retroceder a la época en la que hacían voto en cadena o se robaban las boletas”, exageró, garantizando la inviolabilidad del mismo.

Pasaron los días sin que el oficialismo pudiera encarrilar la reforma, a la que el kirchnerismo duro había logrado empantanar. Así como Cambiemos podía manejar de alguna manera los tiempos de los proyectos en la Cámara baja al presidir las comisiones claves, eso era justamente lo que la oposición podía hacer en el Senado. El manejo del plenario que analizaba la reforma electoral estaba en manos del kirchnerista Marcelo Fuentes, presidente de Asuntos Constitucionales, que llegó a postergar los debates previstos para la semana de las elecciones en Estados Unidos, argumentando la ausencia de senadores, cuando en realidad solo faltaban dos y eran del Frente para la Victoria. 

Luego Fuentes y compañía resistieron los intentos de apurar la firma del dictamen, mientras el Gobierno intentaba dar una demostración de fuerza al reunir a ocho gobernadores y un vice opositores en Olivos para brindar su apoyo a la boleta única electrónica. Al cabo del encuentro, el ministro del Interior encabezó una conferencia de prensa de la que participaron los gobernadores de Salta, Tierra del Fuego, Neuquén y Misiones, en la que confirmó que habían tratado la agenda legislativa hasta fin de año y existía coincidencia en “apoyar las leyes que quedan todavía en discusión en el Congreso”. Y citó puntualmente la reforma política.

Miguel Pichetto replicó convocando para la semana siguiente a los gobernadores peronistas para que les contaran a él y a su bloque qué opinaban realmente, convencido de que lo que decían en privado no era lo que habían expresado en público junto a Macri. De hecho, en Cambiemos más de uno interpretaba como “un acting” lo de la residencia presidencial, convencidos de que la mayoría de esos gobernadores no quería cambiar el sistema de votación.

Y en el fondo, era lo que a esa altura el oficialismo suponía que sucedería, pues ya no había tiempo material para su tratamiento en el Senado, ya que la última sesión del período ordinario sería para el Presupuesto y el Ejecutivo pensaba tratar el proyecto en extraordinarias en Diputados si el Senado le introducía modificaciones, como se descontaba que sucediera. Pero no quería llevar su tratamiento también en el Senado a extraordinarias.

En rigor, la utilidad de los gobernadores que fueron a Olivos el 15 de noviembre era menguada: al chaqueño Domingo Peppo no le respondían los senadores de su provincia, lo mismo que a la fueguina Rosana Bertone; el rionegrino Alberto Weretilneck directamente no tenía senadores…

En el encuentro convocado por Pichetto, los que estaban duros, como Gildo Insfrán y Carlos Verna, mantuvieron esa postura, y otros como el sanjuanino Sergio Uñac se quedaron callados. Previamente a esa reunión hubo otra muy caliente en el seno de la bancada. Allí Marcelo Fuentes preguntó a sus pares cómo votarían y sus razones. Uno quiso saber por qué tenían que darle explicaciones y casi se fueron a las manos.

Fuentes respondía directamente a Cristina Kirchner, cuya postura contraria a la boleta electrónica era conocida y fue la que a la postre se impuso.

Para Rogelio Frigerio el fracaso de la reforma electoral fue una gran frustración. “Nosotros trabajamos mucho en eso, sacamos media sanción en Diputados y nos encontramos con una pared en la Cámara de Senadores. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales no la quiso ni tratar; tenían el número para no hacerlo y la durmieron”, confesó resignado el hoy diputado nacional al ser entrevistado para el libro Gobernar en Minoría.

Macri le apuntó directamente a Fuentes, sin nombrarlo: “Valiéndose de una cuestión operativa, un senador cajoneó la reforma y no permitió la votación”. Luego afirmó que la “buena noticia” era que la reforma iba a salir, pues “20 de 24 gobernadores están a favor”.

Sin embargo quienes integraron el gobierno de Macri consideran que a la reforma electoral “la frenaron los gobernadores”. Frigerio reconocería que “no tuve la posibilidad de generar alianzas con muchos gobernadores que entendían que la eliminación de la boleta sábana era un ataque directo contra ellos. Así lo veían”. Desde su ministerio les apuntaban directamente al pampeano Carlos Verna y al formoseño Gildo Insfrán, como los que “hicieron mucho” para frenar la norma. En ese esfuerzo había mucho de “autosubsistencia”.

Algunos en Cambiemos hubiesen querido que lo sucedido con la reforma electoral hubiera sido un punto de inflexión. Entre ellos, el jefe de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, para quien “los gobernadores peronistas le pegaron una puñalada trapera al Gobierno. Se reunieron con el presidente, comieron de su plato, firmaron, se llevaron la plata que no se animaron a pedirle a Cristina en diez años y luego, como en la Última Cena, sin pudor, traicionaron su compromiso”.

Por casos como estos, muchos oficialistas le reprochaban al gobierno nacional “pagar al contado y cobrar en cuotas”. Desde Cambiemos replicaban que esa era una “fantasía”. Aseguraban que “no les damos todo; les damos cada vez menos, pero se creó esa fantasía”.