Los diputados provinciales Juan Cardozo, Débora Juárez Orieta, Alejandro Snopek, Mariela Ferreyra y Emanuel Palmieri;  acompañados por el senador nacional Guillermo Snopek y el diputado nacional Julio Ferreyra cuestionaron la iniciativa del oficialismo.

En primer lugar, expresaron su rechazo a la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Jujuy: “Estamos convencidos que esta reforma no es necesaria ni urgente. Hoy nos oponemos a este intento, no es conveniente porque observamos que el gobernador las podría haber planteado con la realización de las elecciones generales en 2023 para despejar cualquier tipo de dudas sobre una posible re- reelección, pero esto no fue así”, subrayaron.

En este sentido, señalaron que esto es un intento de habilitar un nuevo mandato para el gobernador y concretar la idea de perpetuidad en el poder. “Esta idea del gobierno lamentablemente no resuelve los problemas de la gente, pensamos que no es el momento en un contexto tan delicado en la provincia”, resaltaron.

Finalmente, destacaron que existe un evidente apuro en el oficialismo para que se sancione la ley de reforma de la constitución provincial, a pesar de la grave situación que atraviesa la provincia.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, debatió el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con cuatro invitados a exponer de los cuales, tres de ellos respaldaron la propuesta y destacaron los ejes de paridad de género y federalización, mientras que el otro expositor criticó la iniciativa. La próxima semana continuarán el debate con más expositores.

Este martes los miembros de las comisiones presididas por Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade escucharon a Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz; a la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz; a Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza; y al abogado Miguel Piedecasas, quienes opinaron sobre la norma que tuvo media sanción del Senado el pasado 7 de abril.

Abrió la ronda de expositores Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, quien ponderó el proyecto porque “tiene un gran avance en materia de género, destacable, que reconoce el rol de las mujeres en la construcción de las instituciones. Habla de igualdad, estoy convencido que la presencia de mujeres en el Consejo va a permear, con perspectiva de género, todas las decisiones que se tomen. Por eso es tan importante que la ley se sancione para tener una sociedad y una justicia más justa”.

“También vería de modo positivo si la cantidad de mujeres por estamento aumentara, para que tengan mayor participación que los varones”, sumó Kusinsky porque el mundo del derecho es “bastante machista”.

Respecto a la conformación que contempla el proyecto, consideró que “mantiene los niveles y mejora la participación de los distintos estamentos”. Asimismo, agregó: “Quita dos representantes del Legislativo tanto en su composición y comisiones de esquema de mayoría requeridas para la toma de decisiones”. Por otro lado, celebró que sea “el propio Consejo quien elija a sus autoridades y no que venga determinado por la ley”.

“No resulta admisible contemplar la integración de la Corte Suprema o al menos, si lo integran, que no necesariamente venga determinado por el proyecto de ley que ocupen sus miembros la presidencia del Consejo de la Magistratura, que tendría que ser elegido en el ceno del propio órgano. La decisión de incluir a la Corte como miembro era una decisión privativa del constituyente del 94 que no lo incluyó en el texto del 114”, expresó el rector y cerró remarcando que “es importante que sea el Consejo quien elija a su presidente y traería el formato que hay en las universidades donde los órganos de cogobiernos están integrados por representantes de cada claustro o estamentos que se eligen en el seno de un debate”.

A su turno, la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, subrayó que el proyecto “es tan importante para los argentinos”. En primer lugar, explicó que dentro de la federación representan a las 23 provincias argentinas y a CABA, cuyo objetivo es “la defensa de la independencia del Poder Judicial y esa independencia comienza con los mecanismos de selección de los magistrados porque cuando se habla de la justicia, en lo bueno y en lo malo no se incluye”.

A su vez, hizo referencia a tres ejes que se “resaltan y son positivos dentro del proyecto”, y enumeró: “La paridad de género, la federalización y la regionalización”. Respecto al punto sobre género, opinó: “Si bien ha habido avances en materia de género todavía hay estereotipos que están muy arraigados culturalmente. Las mujeres tenemos barreras invisibles para acceder a lugares de tomas de decisiones y acceden a diferentes cargos. Siempre planteo que cuando miramos la pirámide judicial que en los estratos más bajos o de mero jerarquía hay muchas más mujeres que varones, pero al llegar al vértice un 29% de mujeres acceden a los cargos de ministros. Si analizamos quiénes presiden, solamente un 8% presiden los Tribunales Superiores. Se trata de una desigualdad estructural”.

En ese sentido se preguntó: “¿Cómo combatimos esa desigualdad? a través de políticas diferenciadas que tengan en cuenta a esos sectores que han sido postergados dentro de l cual se encuentran las mujeres. Tenemos que hacer acciones positivas del Estado”.

“todos queremos una democracia paritaria, pero para eso es importante necesario e imprescindible tener igualdad de género porque si no nunca se van a ver las instituciones con clave de género y eso necesitamos porque las mujeres aportan miradas y voces importantes para el fortalecimiento de sistemas judiciales y legitimidad que tiene la justicia en la sociedad”, explayó Ruiz.

Respecto a la composición aseguró que “cumple con las mantas constitucionales”, y también ponderó “el lenguaje” con el que está redactado el proyecto. Otro de los puntos que resaltó fue el de la federalización y apeló al artículo 1 de la Constitución Nacional y criticó que “se pregona mucho el federalismo, pero cuesta. Todos soñamos y proyectamos en clave unitaria”, por lo que destacó el proyecto: “Esto es muy acertado que se hayan incluido en el artículo 8 que el Consejo va a sesionar cada 3 meses en algún asiento de Cámara Federal del territorio argentino con el objetivo de analizar las necesidades o problemáticas que aquejan a ese lugar”.

“La sociedad exige una justicia cercana y eso comienza con el Consejo e la Magistratura que elige a los magistrados”, apuntó y cerró con su opinión respecto a la regionalización y sugirió que “la representación de los abogados debe responder a cada una de esas regiones”.

Durante su intervención, Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza, subrayó la importancia de “resolver en el ámbito del Congreso la determinación y la configuración y funcionamiento de un órgano de categoría constitucional como es el Consejo”. Por consiguiente, resaltó cinco condiciones: “Porque no es sino una ley del Congreso de la Nación la que asegura la pluralidad de voces que legitima el mandato de origen que ustedes tienen”.

“Una ley del Congreso de la Nación otorga mejor seguridad jurídica que una decisión adoptada por el organismo que tiene el mayor déficit de legitimación democrático de nuestra organización del Estado que se autorregula. En tercer lugar, porque es una ley a través de Congreso mediante lo cual se puede hacer efectivo el ideal de republicanismo que nos impera en la nación que tiene que ver con el control ciudadano de las órbitas de ejercicio de poder”, describió.

En cuarto lugar, explicó que “es a través de la emisión de una ley de este Congreso que va a dar cumplimiento efectivamente a la sanción de la Corte porque la Corte reconoce que es en la órbita de este Congreso donde tiene que emerger la disposición normativa, la ley, que regule el funcionamiento”.

Y por último manifestó que “intuitivamente nos parece costoso que hoy nos esté regulando una ley que ha sido derogada hace 16 años y ha sido dictada en el contexto de hace 25 años”, y señaló: “Es operativo la necesidad de una reglamentación emanada de este Congreso”.

Además, Noli ponderó el eje de perspectiva de género que es una “medida de acción positiva”, pero cuestionó que “no establece un piso porque habla de ‘al menos’”; la federal ya que “la composición de la sociedad de cada provincia no es igual una a la otra”; la interdisciplinaria porque “supone una mejor ampliación en cuanto al reconocimiento de derechos y ampliación de miradas”; y la de derechos humanos.

“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente”, apuntó Piedecasas.

Por su parte, el jurista Miguel Piedecasas aseguró que el ámbito del Consejo de la Magistratura es “plural y democrático”, y señaló que en el mundo hay modelos del órgano de “todo tipo y clase” por lo que el debate “debe estar acotado al artículo 114 de la Constitución Nacional”.

“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente“, apuntó el abogado y explicó críticamente que “es una oportunidad histórica, institucional de suma importancia para conformar una nueva ley en su integridad sobre el Consejo y no seguir debatiendo sobre parches que atienden más a la coyuntura que a la definición institucional que necesitamos que proyecte un marco jurídico para el tiempo de lo que viene, superando la coyuntura política, sectorial, mezquina que lleva a apreciaciones y a modelos que no se corresponden con la definición constituyente”.

En ese marco, precisó que “no tiene unanimidad ni siquiera al interior de los bloques como lo demuestran los distintos proyectos que presentaron”, en ese punto hizo hincapié respecto a la Corte Suprema: “Es absolutamente cierto que en la convención constituyente se discutió si era conveniente o no que la Corte integrara el Consejo, pero también es cierto que no hubo ninguna definición concluyente y si se afirmó que el Consejo era un órgano que perseguía el auto gobierno del Poder Judicial en un momento donde la sociedad tenían una visión crítica del Poder Judicial”.

En tanto opinó que “no queda ninguna duda que la Corte debe integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación porque la Constitución ha colocado a este órgano dentro del Poder Judicial y porque esta ley, que viene aprobado del Senado, es una modificación, pero no modifica el artículo primero que el Consejo es un órgano permanente del Poder Judicial, de manera tal que la Corte debe integrarlo”. “Hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura porque es un órgano virtuoso”, apuntó.

El senador nacional Ignacio “Nacho” Torres (Integración y Desarrollo Chubutense) se refirió al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, al cual se opuso, y que obtuvo media sanción en la Cámara alta del Congreso de la Nación este jueves con 37 votos a favor y 33 en contra.

Al respecto indicó que “se habla mucho de lawfare y de la judicialización de la política, pero lo que busca el gobierno es politizar la justicia, lo cual es de una gravedad institucional pocas veces vista”.

Además, dijo que “el oficialismo no legisla para transparentar la justicia, lo que quieren es condicionar y disciplinar desde la política al poder judicial”.

Finalmente, Torres manifestó que “institucionalmente es gravísimo el avance del oficialismo sobre el poder judicial porque atenta contra lo más básico del sistema republicano que es la independencia de los poderes”.

Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado se alzó con la media sanción del proyecto de ley para reformar la composición del Consejo de la Magistratura, llevándolo de los 13 miembros actuales a 17. El tema pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde las chances aparecen complicadas, dada la mayoría absoluta -de 129- que se requiere para sancionar la norma.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, pero que sufrió modificaciones durante las negociaciones para poder alcanzar los respaldos necesarios, cosechó este jueves en el recinto 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

A partir de los cambios incorporados, los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones) acompañaron al oficialismo que, con asistencia perfecta, logró los 37 votos para aprobar el texto.

En rechazo de que la Corte Suprema quede fuera del Consejo, el interbloque Juntos por el Cambio votó negativamente, al igual que la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

Los únicos ausentes fueron Martín Lousteau, diagnosticado con Covid este jueves por la mañana; y la riojana Clara Vega, que dio un discurso pero no estuvo en la votación.

La semana pasada la sesión para tratar el tema se cayó, producto del rechazo de Weretilneck a votar la iniciativa del Ejecutivo tal cual había sido enviada. Así, el Frente de Todos tuvo que dar marcha atrás y convocó nuevamente a un plenario de comisiones para formalizar las modificaciones que se le iban a introducir al dictamen, basadas principalmente en darle un carácter más federal al Consejo.

En diciembre pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición del Consejo establecida por la ley votada en 2006, que redujo los integrantes de 20 a 13, y de la que fue impulsora como senadora nacional la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

El máximo tribunal argumentó que esa norma no respeta el “equilibrio” de los distintos estamentos que conforman el órgano encargado de administrar el Poder Judicial, y seleccionar y remover jueces.

Además, la Corte fijó un tiempo de 120 días para que el Congreso sancione una nueva ley, caso contrario, el Consejo deberá volver a su composición original, con el presidente de la Corte presidiendo el organismo, en línea con la propuesta que planteaba Juntos por el Cambio.

Ese plazo vence el próximo miércoles 15 de abril, en la antesala del arranque de Semana Santa, lo que complica aún más el trámite en la Cámara baja, que tendría así tres días para tratar el tema, pero los números muestran que no será nada fácil.

De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

A propuesta de los pedidos de Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.

También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.

El debate

El encargado de abrir la ronda de oradores fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Guillermo Snopek (Jujuy), quien cuestionó a la Corte Suprema porque “debió hacer un fallo y (en cambio) legisló”. “La restitución de la ley anterior implica arrogarse funciones legislativas, algo incompatible con la función judicial”, estimó el senador jujeño, para quien con esto “la justicia no hizo justicia, pero sí hizo una ley”. Por otro lado, destacó la labor llevada a cabo en la comisión.

De la vereda de enfrente, alzó su voz la senadora Beatriz Ávila que rechazó el proyecto del oficialismo al cual describió como “un intento del Poder Ejecutivo de tratar de someter al Poder Judicial”, y de “reducirlo a nada más que a un estatus de simple servicio público administrativo”. 

Por el contrario, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) defendió el proyecto y lanzó fuertes críticas hacia el fallo de la Corte Suprema, al cual calificó como “anormal, anticonstitucional, avasalladora de otro poder que es el legislativo”. Además, apuntó contra la gestión de cambiemos y denunció que “quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.

La radical Silvia Giacoppo (Jujuy), autora de uno de los proyectos unificados por la oposición, destacó que “la propuesta de nuestro interbloque, de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien presida el Consejo de la Magistratura, no solo es coherencia institucional y funcional, también es coherencia con la propia historia de la vida institucional del Consejo”.

“Como destaca Bidart Campos, el Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el poder judicial a los poderes políticos. Debemos avanzar en esa independencia”, indicó Giacoppo e indicó: “Es fundamental trabajar sobre el equilibrio de poder pensando en el funcionamiento del Estado y basado en un sistema de frenos y contrapesos, principio rector de la división de poderes. Y ese equilibrio no solo se refiere al funcionamiento de los poderes sino a su integración”.

Por su parte, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara expresó: “Los ciudadanos deben saber que el Poder Judicial y en este caso la Corte tiene la última palabra respecto a la libertar y el honor de todos”.

“Estamos en la coyuntura de tener que votar un mal menor para evitar un mal mayor”, sostuvo y se sinceró: “No me convence el proyecto de ley, pero no me convence porque surge de un fallo de un órgano que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de los actos de otros poderes. Emitió un fallo anticonstitucional porque fue dictado a consecuencia de una demanda presentada por el Colegio de abogados, que no representa a todos los abogados del país, que pedía tener más abogado dentro del Consejo”.

“La Corte por arte de magia puso en vigencia una ley derogada hace 16 años atrás”, cuestionó la senadora chaqueña y lamentó “estar tratando este proyecto” por un fallo “erróneo”. “La única diferencia que hay entre el proyecto nuestro y el de ustedes es la presidencia de la Corte en la presidencia del Consejo y quienes interpretan que con eso vamos a tener más independencia del Poder Judicial están leyendo al revés”, cerró.

A su turno, el santafesino Dionisio Scarpin denunció: “En el 2006 el kirchnerismo hizo una ley para controlar el Consejo de la Magistratura”, y manifestó: “Hay que fortalecer la independencia de la justicia y hacerla hábil y operativa”.

“En le medio de todo esto están los ciudadanos, la ley que se pide sebe estar en función de eso”, remarcó Scarpin y preguntó: “¿De qué sirve sancionar una ley si en Santa Fe el 35% de los cargos están vacantes hace 7 años? ¿Quién está pensando en la gente y en sus necesidades? Mejorar la operatividad pasa por otro lado y no por bajar el número de las mayorías”.

Su coterránea, Carolina Losada (UCR) expresó: “Tiene que ser un Consejo equilibrado, en unos días los poderes quedarían nulos y sería un papelón a nivel nacional e internacional”. A su vez, reiteró que “el 30% de los juzgados están vacantes y a nadie le importa porque este Gobierno esta totalmente desvinculado de la realdad y le niegan el acceso a la justica a los ciudadanos”.

“El kirchnerismo no cree en la independencia de poderes, ni en la república, ni en una justicia independiente. Hay uno de los grandes pensadores kirchneristas habló de un servicio de la justicia y no como un poder. Les cuesta mucho respetar la Constitución Nacional”, apuntó y cerró: “Vinieron en búsqueda de la impunidad”.

Por el lado de la provincia de Tucumán habló el senador Pablo Yedlin (FdT) quien recordó que “el Consejo tiene la obligación de ser un órgano equilibrado y poner al presidente de la Corte a que presida el Consejo sería un total desequilibrio”.

“Si la Corte dijo que es inconstitucional es así. Por lo tanto, los proyectos presentados ambos, tanto de oposición y oficialismo, establecen que la suma de diputados, senadores y del Ejecutivo no logran quórum propio y en ese sentido los proyectos son virtuosos. El fallo inconstitucional no menciona la presidencia porque no está en el espíritu de nuestra constitución”, remarcó Yedlin y celebró la paridad de género que propone la iniciativa.

En otro pasaje, la mendocina Mariana Juri (JxC) cuestionó: “El proyecto lejos de traer soluciones, sigue sumando más conflictos en un país que necesita el camino contrario. La Corte nos está dando esta gran oportunidad de encontrar una ley mejor”.

En ese marco, recordó que por “culpa de las absurdas peleas del Gobierno” el tema no se pudo tratar en extraordinarias y celebró el trabajo llevado a cabo por Snopek. “Este tratamiento exprés no es culpa e la Corte, sino por culpa de discusiones dentro del Gobierno. Parece un capricho no querer integrar a la Corte para que conforme el Consejo de la Magistratura, es algo caprichoso que no respeta la Constitución y le da poco funcionamiento al Consejo”, apuntó Juri y finalizó: “Encontramos a un kirchnerismo que busca revancha, de defensa de intereses personales”.

El rionegrino Martín Doñate (FdT) destacó el “federalismo y el salto de calidad” que se introdujo en el texto a pedido de su coterráneo Alberto Weretilneck. Por otro lado, denunció que “estamos bajo extorsión de una decisión política de la Corte Suprema que esta decidida a tomar por asalto a otros poderes del Estado”, por lo que expresó preocupación porque “es de una gravedad muy profunda”.

“Este fallo ranquea entre los más delirantes en los últimos años por sus fundamentos, por la antigüedad, porque se arroga facultades vedados por la Constitución como es legislar, ya que nos vienen a imponer tiempos, sino reavivan una ley que ya no existe, que está muerta”, cuestionó el senador oficialista. “La Corte viene a decirnos que esta decidida a recuperar la presidencia del Consejo, a manejar la caja y los recursos del sistema de justicia, dispuesta a profundizar los niveles de extorción y disciplinamiento político del país”, advirtió Doñate.

En su intervención, el radical Luis Juez lamentó “que la política desperdicie una nueva oportunidad”, y señaló que necesitamos “una Justicia independiente, no del color del partido que gobierna”. “Este es un país con instituciones muy berretas, la Justicia debe ser la peor”, criticó y agregó: ” El Consejo no cumplió nunca, nunca con el objetivo que el constituyente planteaba”.

Por otro lado, la riojana Clara Vega sembró incertidumbre respecto a su voto porque, si bien coincidió en que “tiene que haber paridad de género, en que tiene que estar representado el federalismo porque las provincias somos el último orejón del tarro”, pero lanzó: “La Corte tiene que estar presente, pero no tener doble voto”.

No fue el caso de la cordobesa Alejandra Vigo que adelantó su voto negativo porque “la nueva norma para este Consejo debe ser pensada con el objetivo de una mejorar en la calidad, eficacia y eficiencia de la justicia”. Además, remarcó el problema puntual es “el desequilibrio en la composición que se está planteando en el Consejo”.

“La justicia no va a ser más independiente porque este algún miembro de la Corte en el Consejo”, apuntó el rionegrino Weretilneck y comparó: “Si miramos los dos dictámenes hay una sola diferencia si la Corte ingresa al Consejo o no, es la realidad. “Creo que las posiciones de los partidos políticos con respecto la Corte tienen que ver con situaciones coyunturales”, señaló el senador de Juntos Somos Rio Negro.

En el tramo final, el jefe de la UCR, Luis Naidenoff, consideró que “esta discusión es parte del fracaso de la política”. Para el formoseño, “el error no estuvo en la Ley 24.937” votada en 1997, que “estableció un equilibrio de los estamentos”. “Del ’97 al 2006 no ha existido error político grosero”, argumentó y remarcó que “el quiebre está en la reforma del 2006”.

Sobre esa ley, que recordó tuvo como miembro informante a Cristina Kirchner, quien cerró el debate, se trató de “una mirada ideológica que tiene el kirchnerismo de lo que significa la política y su incidencia en el Poder Judicial”. Recordó entonces que la vicepresidenta, en ese momento senadora, planteaba que “la política tenía que recuperar el centro de la escena que había cedido a los estamentos corporativos”.
“El problema es que se está discutiendo una concepción del poder”, enfatizó el radical y cuestionó: “Ustedes piensan que la política tiene que tener el poder de todo”. “Es un gran error creer que el debate pasó por la Corte. No, no. Es de raíz, es medular, es de fondo. Es concepción política, es de poder. Y nosotros tenemos otra mirada”, añadió.

El jefe del interbloque de JxC, el mendocino Alfredo Cornejo criticó: “El debate que organiza el Consejo está muy teñido por el funcionamiento del Poder Judicial, se ha hablado muy poco del Consejo y mucho de la Corte Suprema. Algunos de los senadores del oficialismo, particular Parrilli, hizo mención al enorme desprestigio de la Corte. No hace falta hacer encuestas para saber que el funcionamiento del Poder Judicial está desprestigiado en un enorme contexto de deterioro social y económico”.

“Todos los poderes del Estado están desprestigiado, incluso este. ¿Cómo no estarlos? si en casi 40 años de democracia los argentinos tienen menor calidad de vida que la que tenían hace 40 años atrás, no es atribuirle al sistema democrático, sino a malas administraciones de diferentes gobiernos de distintos signos políticos. El aparto estatal ha crecido muy poco en los últimos 40 años”, advirtió.

Le tocó hablar después de Cornejo a la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, quien confesó estar “anonada” porque “en el ámbito nacional algunos dirigentes buscan consensos, acuerdos, sensatez, independencia del Poder Judicial” pero “cuando gobiernan en sus provincias hacen totalmente lo contrario”, expresó para cuestionar así al exgobernador de su provincia.
Parafraseando a Cristina Kirchner, la mendocina apuntó que a partir del fallo de la Corte, el 15 de abril “la composición actual del Consejo de la Magistratura se convierte en calabaza”, por eso no había “otra opción” que estar tratando el tema.

Con críticas al máximo tribunal, la oficialista habló de “un conflicto entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo”, porque lo que hizo la Corte es “arrogarse facultades legislativas, cosa que no existió en los discursos de nadie de la oposición”. “Son muy mandados a hacer para defender la independencia del Poder Judicial”, disparó hacia Juntos por el Cambio, para reprochar que “el poder que ustedes integran no existió hoy en nadie de la oposición”.

También, Fernández Sagasti consideró que “son muy poco creíbles los argumentos de la Corte Suprema” en el fallo, y afirmó que “en realidad lo que les molesta es la división de poderes, y lo que quieren es seguir empoderando a la familia judicial”.

Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado, donde se lleva a cabo el debate del proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, calificó el fallo de la Corte Suprema -que declaró inconstitucional la ley del 2006 que reducía la cantidad de miembros- de “ineficiente, antidemocrático y anticonstitucional”.

Soria remarcó que la Corte invalidó dos leyes a lo largo de la historia la del 2006 y la de democratización del Poder Judicial en el 2003 y señaló que “ninguna de esas dos leyes contenía la posibilidad de que el presidente de la Corte Suprema a su vez fuese el presidente del Consejo de la Magistratura”.

“¿Qué pasa si se sanciona una ley que no contenga la posibilidad de que el presidente de la Corte integra la presidencia del Consejo?”, preguntó el funcionario y criticó: “Con el actuar errático, con el grotesco jurídico que a generado esta gravedad institucionalidad a los ciudadanos, paralizar el Poder Judicial, la Justica, no es un atentado contra la clase dirigente, es contra la ciudadanía argentina. Esta es al Corte que en medio de la pandemia cuando todos los argentinos necesitaban de las telecomunicaciones, de internet, respondió en favor de los grupos económicos”.

Además, remarcó: “Esta es la Corte que no resuelve ni tampoco interviene en casos de espionaje, en reuniones de camaristas, jueces y fiscales, hay una ley que le prohíbe a los jueces hacer política”, y siguió: “Con esta Corte donde la mitad fueron designados por decreto. Con esta integración que es capaz de atentar contra el Congreso, porque es una facultad de ustedes de legislar, y quieren poner en operatividad una ley derogada hace 16 años para poder meterse por la ventana”.

A su vez, el funcionario ratificó que “no solo es inconstitucional” sino que es “ineficiente poner al presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo. Es antidemocrático, anticonstitucional”, y señaló que “desde el 2016 han ingresado 28 mil causas y se resuelven 7 mil expedientes al año. El presidente de la Corte me ha dicho que tienen un excesivo trabajo. Entonces, ¿por qué quieren meterse por la ventana?”.

“El proyecto de la gestión anterior es parecido al que presentamos nosotros, pero hay una diferencia porque ese proyecto modificaba las mayorías para temas importantes. Nosotros siempre hemos mantenido lo que nos pidieron, porque desde la Corte nos han pedido que el presidente no integre el Consejo, por eso digo que repetir viejas fórmulas no funcionan”, aclaró el ministro.

Asimismo, advirtió que “estamos a cuatro semanas que se paralice el sistema judicial a lo largo y a lo ancho del país”.

“Hay que leer el fallo porque la Corte no obliga ni dice que hay que integrar al presidente de la Corte en el Consejo, en ningún momento habla o se menciona que el presidente va a integrar la futura composición de la Magistratura, no lo dice en ningún lado”, enfatizó Soria.

En su intervención en el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura que se lleva a cabo en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado, el presidente del cuerpo en cuestión, Alberto Lugones, describió el esfuerzo que se hizo durante la pandemia, y reiteró la importancia de que no deje de funcionar el Poder Judicial.

“Como juez no voy a permitir que el Consejo pare, porque creo que no puede haber ningún tipo de decisión que haga que deje de funcionar el Consejo y que deje de funcionar el Poder Judicial de la Nación. Colegas me eligieron como presidente, y yo voy a hacer lo imposible para que el Poder Judicial siga funcionando. No es admisible otro tipo de cosa”, abrió su alocución el presidente del Consejo de la Magistratura.

A continuación, describió los esfuerzos realizados para mantener el Consejo funcionando durante la pandemia: “El Consejo funcionó, porque logramos soluciones durante la pandemia.  El equipo de tecnología del Consejo, instauró en el año 2020 16.000 puertos VPN. Se hicieron más de 2000 audiencias en todos los tribunales del país por Zoom, porque no podíamos parar los juicios. Además, en el 2020 prácticamente no se hicieron concursos. Y en el 2021 se hicieron más de 50 concursos en Tecnópolis”, enumeró, entre otras medidas adoptadas, y expresó: “Tenemos 23.000 empleados en todo el país, tenemos que proveer todo lo necesario para que estos empleados tengan elementos de infraestructura adecuada”.

Además, destacó la labor del Consejo en materia de género: “Nosotros tenemos que ser la camada de magistrados que logremos que el Poder judicial deje de ser un poder machista”, manifestó.

“Lo que yo quiero es que los jueces se encarguen de dar las respuestas que los ciudadanos merecen. No podemos permitirnos otra cosa. Porque si no el país no funciona, no vamos a tener un país mejor con más del 30% de la vacante de los jueces que tenemos en este momento”, consideró Lugones.

Sobre el proyecto de reforma, manifestó que: “Desde mi enfoque de profesor de derecho constitucional quiero decir que el artículo 114 es muy claro, dice que el Consejo de la Magistratura administra el Poder Judicial. Si el presidente de la Corte a su vez va a proponer al administrador general, el Consejo de la Magistratura no creo que lo administre, lo va a administrar la Corte a través del administrador general. Elegir los postulantes es nuestra función, controlar a los magistrados, tenemos la función de reglamentar para el mejor funcionamiento del poder judicial”. 

“Yo soy de la idea de que más allá de lo que pase el 16 de abril, buscaremos la manera para no permitir que el Poder Judicial pare, porque, primero que nada, nosotros nos debemos a quienes nos pagan el sueldo, que es el ciudadano común, y al ciudadano común debemos darle respuesta”, concluyó el magistrado.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara alta retomará este miércoles a las 10 el debate que comenzó este martes sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que envió el Poder Ejecutivo. Se buscará emitir dictamen con el fin de poder sesionar la próxima semana. Desde la principal bancada opositora cuentan con una iniciativa propia.

El plenario de este martes fue encabezado por el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el jujeño Guillermo Snopek, y el de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Oscar Parrilli. En el inicio de la reunión, Juntos por el Cambio completó la grilla de autoridades de Asuntos Constitucionales designando al senador José María Torello para cubrir la vicepresidencia que había dejado vacante al conformarse la comisión. Estuvieron presentes en el plenario el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

El debate

Previo a la ronda de preguntas, Soria contextualizó el debate del proyecto y calificó de “extorsivo” el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 16 de diciembre de 2021 en el que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de 2006. En tanto, pidió al Congreso de la Nación que “rechace y repudie esta verdadera intromisión, por parte de la Corte, en facultades que le están absolutamente vedadas como es legislar. No pueden avalar este gravísimo hecho jurídico”.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, describió el esfuerzo que se hizo durante la pandemia, y reiteró la importancia de que no deje de funcionar el Poder Judicial. “Como juez no voy a permitir que el Consejo pare, porque creo que no puede haber ningún tipo de decisión que haga que deje de funcionar el Consejo y que deje de funcionar el Poder Judicial de la Nación”, subrayó.

Fue la diputada Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza) la primera en consultar por los “riesgos” en la demora en sancionar una nueva ley y consideró que “esto es una intromisión del Poder Judicial en estipularle al Congreso los tiempos para sancionar una ley”. También preguntó por la redacción del proyecto actual en comparación con la iniciativa anterior del 2017 para “saber por qué la oposición no acompañaría” y si “se tomaron otros antecedentes legislativos”. Por último, remarcó que las dos leyes que la Corte Suprema declaró inconstitucional “no incluía la presidencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura”.

A su turno, la opositora Guadalupe Tagliaferri cuestionó: “El fallo de la Corte ocurrió el 16 de diciembre y los senadores estuvimos esperando todo enero y febrero que nos convoquen a extraordinarias, tanto por el FMI como por el Consejo de la Magistratura, por lo cual, si llegamos a este tiempo, hay que tener consideración con ésto porque estamos a mediados de marzo porque podríamos haber empezado a trabajar en esto antes”.

“Usted nos solicita que declaremos inconstitucional algo que está fuera de nuestra competencia entendiendo que la Corte Suprema es el máximo organismo de interpretación de las leyes, no es un organismo cualquiera y tiene por facultad su intérprete final por excelencia y no es el Congreso el que define si una ley es o no inconstitucional”, lanzó la senadora y criticó “la redacción sobre paridad de género”, porque no se contempla en su totalidad.

Por su parte, la radical Mariana Juri (Mendoza) consideró: “El fallo de la Corte nos está dando una oportunidad única para que este Congreso nos devuelva una justicia más independiente”, y aclaró que “no venimos a defender la justicia actual, venimos a defender los derechos de los ciudadanos”.

Sobre el proyecto del Ejecutivo y sus formas, cuestionó: “Nos está haciendo desaprovechar esta oportunidad que está sumando más grietas”, y le pidió al ministro que se “hagan cargo” de lo que planteaban del “tratamiento exprés” porque “demoraron nueve meses desde que el presidente anunció el proyecto hasta que lo envió. Sobre todo, porque estuvimos tres meses desde que su Gobierno nos estuvo prometiendo, amenazando, de que iban a mandar 14 proyectos para tratar en sesiones extraordinarias, entre las cuales estaba el Consejo de la Magistratura”.

“Acá estuvimos esperando que mandaran, que nos convocaran, pero no ocurrió. Me hace pensar que la propia interna que tienen en el Gobierno no les permitió poder convocarnos y perdernos la oportunidad, antes de estar a cuatro semanas, hubiésemos tenidos más de tres meses discutiendo el tema”, recalcó Juri y lanzó: “No me extraña porque ustedes están bastante acostumbrados a no hacerse cargo de las cosas. Y más me sorprende que cuestionó lo que hizo la Corte, su Gobierno durante pandemia tenían vacunatorio Vip, fiesta en Olivos. Me gustaría que haya consenso, pero queremos que reflexionen, encontrar los canales de diálogo”.

A su vez, la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, la tucumana Beatriz Ávila, observó que “el fallo que habla de incorporar al presidente de la Corte tiene un sentido que es conseguir un equilibrio y no atentar con la división de poderes”. Respecto a la iniciativa del Ejecutivo cuestionó: “Hay una preponderancia del poder político gobernante que excluye al presidente de la Corte, deja de lado en su composición una visión federalista sobre cuántos son sus integrantes, en cuanto al ámbito democrático solo habla de facultades de derecho nacionales y no privadas”.

Por último, el senador oficialista Daniel Bensusán (La Pampa) disintió con la legisladora preopinante sobre la designación del presidente de la Corte como miembro que presida el Consejo porque “el fallo de la Corte es criticar el equilibrio de los estamentos que integran al Consejo”, y coincidió con el ministro Soria porque “es de gravedad importante lo que ha determinado la Corte respecto de poner en vigencia una ley que este mismo Senado había derogado. Me parece que es abrir el juego a una situación judicial donde la división de poderes se ve vulnerada y es preocupante”.

¿Qué dispuso el fallo de la Corte Suprema de Justicia?

La Cámara alta lleva adelante el tratamiento de la reforma del órgano judicial, la cual tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 -de la cual fue autora como senadora Cristina Kirchner-, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo con 20 miembros.

El máximo tribunal de la Nación le encomendó al Poder Legislativo un plazo de 120 días corridos para resolver el tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

Los proyectos

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por otro lado, el interbloque Juntos por el Cambio del Senado unificó las propuestas que había al respecto y presentó su propio proyecto, el cual establece 20 miembros y plantea que el Consejo debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, principal diferencia con el texto enviado por el Gobierno.

El proyecto de JxC propone que el Consejo este compuesto por cuatro jueces; ocho legisladores nacionales (4 por cada Cámara: 2 por el bloque mayoritario, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro representantes de los abogados; un representante del Poder Ejecutivo, dos del ámbito académico y científico. Además, en su artículo tercero, se establece la perspectiva de género en la organización del Consejo y acarrea la paridad en los distintos estamentos.

La composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

Luego de que en el fallido período de sesiones extraordinarias no se avanzara con la reforma al Consejo de la Magistratura, finalmente el Congreso de la Nación abordará a partir de este martes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Superada la instancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que acaparó toda la atención de ambas cámaras durante todo este tiempo, a contrarreloj el Senado se propone dar inicio al tratamiento de la reforma al Consejo de la Magistratura que tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo de la Magistratura de 20 miembros.

El Tribunal Supremo de la Nación dispuso un plazo de 120 días corridos la resolución del tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

El tratamiento comenzará este martes a las 16 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta en el marco de un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que se constituyeron recientemente a los efectos de tratar este tema con celeridad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que será la cabecera, está presidida por el jujeño Guillermo Snopek, mientras que el kirchnerista Oscar Parrilli continúa al frente de la Comisión de Justicia, como durante los dos últimos años.

Según trascendió, se espera que al plenario asistan el ministro de Justicia, Martín Soria; el viceministro, Juan Martín Mena, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

El proyecto del Ejecutivo

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque en este proyecto no se contempla la presencia de un miembro del Consejo presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

Por ser un tema de Justicia, no hay acuerdo entre el oficialismo y la principal bancada opositora. Incluso, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio presentarían un contraproyecto unificando las distintas iniciativas que presentaron desde el espacio político respecto al tema, en las cuales le dan participación a la Corte Suprema de Justica.

Entre los senadores que han presentado sus propios proyectos se encuentran Alfredo Cornejo y Mariana Juri, Silvia Giacoppo, Eduardo Vischi, Alberto Weretilneck y Nora del Valle Giménez.

Por Carolina Ramos

El Frente de Todos aprobó este viernes en el Senado el proyecto de ley que flexibiliza los votos para nombrar al procurador general y limita su mandato -hoy perpetuo- a cinco años, mientras sigue congelada la designación del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas.

A continuación, parlamentario.com repasa los puntos principales de la iniciativa:

Designación del procurador

Es una de las principales modificaciones en discusión. Actualmente, el artículo 11 de la Ley 27.148 establece que el procurador debe ser nombrado con dos tercios del Senado. El proyecto flexibiliza esa mayoría, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48.

Los requisitos para ser procurador se mantienen iguales: ser ciudadano argentino con título de abogado de validez nacional, con ocho años de ejercicio, y reunir las demás calidades para ser senador nacional.

Otro cambio importante es que el procurador no podrá ser postulado ni designado en los años donde se elija presidente y vice.

En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del procurador general, el proyecto establece que la función será ejercida interinamente por un procurador fiscal, que será seleccionado por sorteo público.

El proyecto además indica que en caso de vacancia o licencia prolongada superior a los 30 días, el cargo será ejercido por un procurador fiscal o un fiscal coordinador de distrito elegido por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. A falta de designación interina, intervendrá el procurador fiscal que tenga más antigüedad en ese cargo.

Duración en el cargo

El procurador durará en funciones cinco años, pudiendo ser designado nuevamente por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo y con un nuevo acuerdo del Senado. Al momento de su nombramiento, no podrá superar los 75 años de edad. Estas modificaciones son incorporadas como artículo 62 bis a la norma vigente.

En tanto, se mantiene la estabilidad en el cargo para los procuradores fiscales, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales, los fiscales generales y fiscales de la Procuración General. Será “mientras dure su buena conducta” y también hasta los 75 años. Si estos funcionarios cumplen la edad límite y desean permanecer en el cargo, deberán ser nombrados nuevamente, y esa designación será por dos años -la ley actual establece cinco años-, con la posibilidad de nuevas prórrogas.

Todas estas disposiciones regirán también para el Ministerio Público de la Defensa.

Remoción

El procurador solo podrá ser removido, según el proyecto, por “razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”. El proceso podrá iniciarse por dos vías: decisión fundada del Poder Ejecutivo comunicada a la Cámara de Diputados, o a solicitud de cualquier diputado.

En ambos casos, para la acusación ante el Senado se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara baja -129 diputados-. Luego, el Senado se encargará del juicio, y finalmente, para la remoción se requerirán los dos tercios -48 votos-, como en la actualidad.

Una vez que el Senado reciba la acusación por parte de Diputados, podrá suspender al procurador mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta -37 senadores-. Si transcurren 180 días corridos sin que el Senado resuelva sobre la acusación, el procurador podrá volver al cargo y se archivarán las actuaciones.

Los demás magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal podrán ser removidos de sus cargos únicamente por el Tribunal de Enjuiciamiento. La composición de este tribunal se modifica en el proyecto, quedando de la siguiente manera: un vocal en representación del Poder Ejecutivo, tres por la comisión bicameral, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado de la matrícula federal, y un fiscal con no menos de 10 años de antigüedad electo por sorteo público. Todos ellos durarán dos años en funciones. El dato saliente es que el presidente del tribunal será uno de los representantes de la bicameral.

Traslados

El proyecto dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la bicameral.

Régimen disciplinario

La ley actual establece 17 “faltas graves”, como por ejemplo el abandono del trabajo en forma prolongada o reiterada y sin justificación; el incumplimiento reiterado de las tareas o funciones asignadas; o el incumplimiento infundado de instrucciones generales. A ese listado se agrega una falta más, la de “requerir tareas o funciones de investigación criminal o como auxiliar de la Justicia a cualquier agente o a los organismos de Inteligencia”.

También se regula la integración del Consejo Evaluador: lo compondrán fiscales elegidos por sorteo público, que deberán expedirse con una opinión no vinculante en un plazo de 30 días corridos.

Procuradurías especializadas

El listado de Procuradurías Especializadas sufre algunos cambios. Se mantienen las de Investigaciones Administrativas; Defensa de la Constitución; Crímenes contra la Humanidad; Criminalidad Económica y Lavado de Activos; Narcocriminalidad; Trata y Explotación de Personas; y Violencia Institucional. Pero se elimina la de Extinción de Dominio –creada en 2019- y se agregan dos nuevas: las de Recursos de la Seguridad Social, y contra las Violencias de Género.

Si el procurador decide crear nuevas Procuradurías Especializadas, previamente deberá remitir a la bicameral un proyecto de resolución, y la comisión podrá emitir un informe no vinculante con sus sugerencias, en un plazo no mayor a 30 días. Lo mismo se dispone para la creación de nuevas Direcciones Generales -en este caso se mantiene el listado actual, de 11 direcciones-.

Comparecencia ante el Congreso

La ley actual establece que, al inaugurarse el período de sesiones ordinarias, el procurador debe remitir a la bicameral un informe de gestión. Pero el proyecto en debate agrega que, además, el jefe de los fiscales deberá defender ese informe ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara.

Asignación de recursos

Se modifica por completo el artículo 39 de la ley, señalando que los recursos del Tesoro Nacional se conformarán con el equivalente al 0,95% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. A esa alícuota se le adicionará el aporte que anualmente incluya el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional, para el inciso 4, bienes de uso, de acuerdo con el presupuesto preparado por el Ministerio Público Fiscal.

El Banco Nación transferirá diariamente y de manera automática a una cuenta específica el monto de la recaudación de los recursos que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de acuerdo con el porcentaje antes mencionado.

Concursos públicos

El proyecto dispone que los concursos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del Ministerio Público serán iniciados ante un tribunal convocado por el procurador general dentro de los 30 días de producida la vacante. El plazo de sustanciación del concurso hasta la elevación de la terna de los postulantes seleccionados no podrá superar los 120 días hábiles.

Se mantiene la prueba escrita, y en el caso de la prueba oral y pública, se agrega que deberá ser registrada en soporte de imagen y sonido, y ser difundida públicamente.

Asimismo, se modifica la integración del tribunal del concurso: con la nueva ley estará compuesto -además del procurador general, o un magistrado del Ministerio Público Fiscal- por un fiscal y un abogado de matrícula federal, seleccionados por sorteo público, y por un jurista invitado. En la norma actual, son tres fiscales, solo un jurista invitado.

La relación con servicios de Inteligencia

Con la norma vigente, los fiscales pueden requerir informes a organismos nacionales, provinciales y municipales, tanto públicos como privados, como así también citar a personas prestar declaración. El proyecto incorpora un agregado, indicando que “en ningún caso” los fiscales podrán requerir “tareas o funciones de investigación criminal” a los organismos de Inteligencia. Esa conducta será considerada causal de remoción.

Perspectiva de género y federalismo

En el artículo dedicado a los “principios funcionales” del Ministerio Público Fiscal -entre los que figuran los principios de unidad de actuación, orientación a la víctima, respeto por los derechos humanos y otros-, se añaden dos nuevos principios que deberán respetarse: los de perspectiva de género y federalismo.

El expresidente Eduardo Duhalde se manifestó respecto a la reforma judicial del Gobierno, y advirtió la necesidad de llegar a consensos para avanzar con el proyecto. “No podemos anteponer nuestros intereses, nuestras ideas a los intereses generales del país. Y eso se requiere consenso y dialogando”, consideró. 

El dirigente peronista se expresó sobre la actualidad política del país, y señaló que “es bastante común la desunión de la sociedad. El tema es cómo hacemos para que cambie. La historia muestra épocas muy largas de pensar distinto, pero el tema de pensar distinto es que no termine en actos que perjudiquen el presente y el futuro de la República”. 

En diálogo con el programa radial “Edición Calificada”, continuó reflexionando: “Estoy convencido, desde que fui intendente en el 74, que hay trabajar con todos. Impuse un nuevo paradigma que es el que gana gobierna y el que pierde también, si no pueden gobernar juntos y eso facilita la acción de gobernar. Los que creen hoy que pueden gobernar desde un partido aun teniendo mayoría parlamentaria, como la actual, se equivocan, se quedaron en el pasado. Eso ya no existe más. Hacer estructuras rígidas no permite el cambio y lo mínimo que se puede hacer es juntarse los partidos”. 

En este sentido, advirtió que “si a las dificultades de la época le agregamos la pelea, los gobiernos no resuelven ningún problema y hay más problemas irresueltos. Entiendo eso porque toda mi vida hice eso”. 

Para el dirigente la política tiene que entender que hay que gobernar distinto: “Las redes controlando todo, no hay que enojarse ni con los periodistas ni con los que piensan distintos. El 20% cree en los políticos y es la que está mejor y el resto tiene razón en no creer. Los países salen adelante trabajando y no haciendo discursos sino produciendo sobre todo en un país como el nuestro que fue bendecido en sus mares, en su superficie en su suelo”. 

Asimismo, Duhalde sostuvo que “el problema de la Argentina no es lo que debe sino lo que no produce. No podemos anteponer nuestros intereses, nuestras ideas a los intereses generales del país. Y eso se requiere consenso y dialogando. Por eso me puse en contra de Vicentín desde el primer día, porque no correspondía y menos para este momento. En crisis como la pandemia es muy poca, porque se dispersa y termina no arreglando nada”. 

Finalmente, Para el expresidente de la Nación los objetivos son “restaurar la institucionalidad y poner a trabajar al país y al capitalismo productivo y ninguna tiene que estar vinculada con la pelea. Esa reforma judicial es una cosa que la quieren imponer, pero requiere consenso aun teniendo mayoría legislativa”.