Comienza el tratamiento del Régimen de Defensa de los Activos del FGS, el impuesto a las grandes fortunas y un proyecto que prohíbe la asistencia a empresas asentadas en paraísos fiscales.
Arranca este martes el debate de los proyectos económicos de más peso para esta segunda parte del año. Todo previsto para el mismo día de la presentación del proyecto de Presupuesto 2021. Esto es, paralelamente para este “supermartes” en la Comisión de Presupuesto y Hacienda está previsto a partir de las 15 el inicio de la discusión sobre el proyecto de ley presentado el 20 de agosto pasado, por el cual se crea un Régimen de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA. Para ello, ha sido incorporado al debate también la Comisión de Previsión y Seguridad Social que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto.
Está previsto para este debate que será de manera remota la participación de funcionarios de la ANSeS.
Luego continuará la reunión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, donde se iniciará el esperado debate del proyecto de ley que aplica un impuesto sobre las grandes fortunas, que lleva las firmas del citado Heller, Máximo Kirchner, Lucía Corpacci, Alicia Aparicio, Fernanda Vallejos, José Luis Gioja, Juan Carlos Alderete, Ariel Rauschenberger, Elda Pertile, Hugo Yasky, Itai Hagman, Leonardo Grosso, Gabriela Cerruti, Martín Soria y Marcelo Casaretto. Pero además se agregó al temario el debate sobre una ley que prohíbe la ayuda económica a empresa domiciliadas en paraísos fiscales, o aquellas con probada evasión fiscal, que impulsa el cordobés Pablo Carro.
En el caso del proyecto de aporte solidario y extraordinario, el gravamen alcanza a unas 12 mil personas, y correrá también para los argentinos que residan en el exterior y se encuentren en “países no cooperantes o jurisdicciones de baja o nula tributación en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.
De acuerdo con la iniciativa, la alícuota será del 2% y se irá incrementando a medida que el patrimonio declarado sea mayor. También, para los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.
Según estima el oficialismo, con la medida se podría recaudar una suma de 300 millones de pesos, que serán destinados en: un 20% para la compra de insumos y equipamiento de salud para atender la pandemia; un 20% para apoyo a las PyMEs mediante subsidios y créditos; y un 15% para urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos.
Otro 25% restante se utilizará para hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural; y un 20% para financiar un relanzamiento del plan Progresar, dirigido a jóvenes estudiantes.
En cuanto al proyecto de “Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, la iniciativa modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la Reparación Histórica, sancionada durante el gobierno anterior.
Así, se busca “transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas” y así “quitarle esa responsabilidad” al FGS.
En tanto, el FGS asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.
Entre otros puntos, se establece un plazo de 90 días para negociar los préstamos a las provincias, con un monto que tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación, y que el plazo será de ocho meses. Además, se indica que el capital se cancelará íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán a un 1% anual y se calculará sobre el capital, ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que elabora el Banco Central.
