Lejos de la lentitud que acompañó las leyes promovidas a lo largo del año por la oposición, las normas aprobadas el viernes pasado en la Cámara de Senadores fueron promulgadas este lunes por el Poder Ejecutivo Nacional.

En efecto, el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional lleva el número de ley 27.798 y consta de 125 folios, en tanto que la Ley de Inocencia Fiscal tiene como número el 27.799 y 19 páginas.

El Presupuesto Nacional 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Con un superávit pronosticado del 1,5%, el plan proyecta 148,2 billones de pesos en recursos y 148 billones de pesos en gasto total. También señala que el superávit primario está estimado en 2,7 billones de pesos.

El 85% de los recursos del Presupuesto se destinan a gastos sociales, entre ellos 65,7 billones de pesos a jubilaciones y 4,8 billones a las Universidades Nacionales.

Otro de los números hablan de un aumento del 10,6% en exportaciones; 11,1% en importaciones; 4,9% en consumo privado; y 4,5 % en consumo público.

En cuanto a la reforma el Régimen Penal Tributario, introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.

Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.

La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.

Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.

También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.

En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.

Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

El debate en el recinto

Abrió el debate como miembro informante y en carácter de presidente de la Comisión de Justicia, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien señaló que esta modificación al Régimen Penal Tributario o mal llamado Inocencia Fiscal “no pretende ser una ley ad eternum, por el contrario, se tratará cuando se debata el Código Penal, pero no podemos seguir teniendo como condición objetiva de punibilidad un mínimo de un millón y medio de pesos”.

“Es una cuestión que la inflación nos provocó un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico de asimetrías que destruye la economía y deja desactualizados los umbrales poniendo como clientes del sistema Penal Tributario a casi todos los contribuyentes, por eso esta ley viene a poner un costo también a algunas facultades omnímodas que tenía AFIP y ARCA cuando habla de la declaración jurada y lo que el órgano recaudador presume que está mal”, manifestó.

El riojano destacó que “se dejan reglas claras” porque “se trata de traer un régimen simplificado de declaraciones porque hay que facilitarle la vida al contribuyente como todos los países del mundo porque el exceso de requisitos conspira en contra del desarrollo de las actividades”.

“También trae normas concretas sobre el procedimiento porque si no se rige por resoluciones generales que son leyes muy impropias que están en el último escalón del sistema normativo. Por eso esta ley es necesaria y, a partir de la sanción de esta ley, no se va a suponer la culpabilidad del contribuyente sino la inocencia”, explicó Pagotto y resaltó que esta ley “es una medida que beneficia a todos los contribuyentes sin distinción de bandera política”.

El libertario sostuvo que “de manera urgente necesita una revisión la Ley 11.683 de Aplicación y Percepción de Impuestos de contenido inquisitivo y es contraria en muchas normas a lo que marca la Constitución. Nos debemos una reforma del sistema impositivo en su totalidad porque estamos aplicando casos y llevando al sistema penal como panacea universal lo que debiera resolverse con otro tipo de medidas”.

“Esta ley de inocencia fiscal me aterra que en el país discutamos el principio de inocencia y muestra cuán bajo hemos caído en cuanto a la imposición autoritaria de normas”, criticó y aclaró que no es patrimonio de un solo Gobierno, pero planteó que “debemos reformar esto”. Pagotto se refirió a la actualización de los montos que plantea el proyecto para evitar que los desfasajes monetarios “haga que las normas se desactualicen”.

Al cierre, Pagotto aclaró que “no es una ley que vaya a solucionar de la noche a la mañana los problemas de recaudación ni de relación del ciudadano con el fisco, pero si viene a poner claridad en cuanto a cómo debe actuarse. Esta ley viene a regular y actualizar las pautas penales tributaria que tiene la Ley 11.683 y algunas aledañas y que, sin embargo, nunca habían sido tratadas”.

A continuación, el senador Martín Soria contradijo a Pagotto al asegurar que “esta inocencia fiscal en realidad hace alusión a que faltan dos días para el Día de los Inocentes. De inocencia fiscal tiene poco y nada. Desde el bloque Justicialista, en el estado actual este proyecto no puede ser aprobado ni sancionado”.

Consideró “peligrosos” algunos artículos del proyecto que consideró un “mamarracho”, a tal punto que “el propio ministro de Economía de Milei, Toto Caputo, la semana pasada salió a aclarar en sus redes sociales que había inconsistencias en el texto aprobado en Diputados y que por eso se iba a tratar de enderezar con la reglamentación correspondiente”.

“Lo que salió de Diputados es un mamarracho, porque el proyecto del Ejecutivo da vergüenza ajena”, agregó Soria, que se preguntó “¿para qué estamos nosotros entonces? Somos nosotros la Cámara revisora, la que tenemos la responsabilidad de corregir lo que viene de Diputados si hay algo mal, no es el Poder Ejecutivo”.

A su turno, el radical Maximiliano Abad sostuvo que “la estabilidad no es sólo macroeconómica, también es institucional”, y afirmó que un sistema tributario basado en la desconfianza “debilita la legitimidad del Estado y desalienta la inversión”. Por el contrario, plateó que “un sistema tributario previsible y razonable es un sistema que reduce litigios, mejora los cumplimientos y fortalece la legitimidad del Estado”.

En ese sentido, valoró el cambio de paradigma que impulsa el Poder Ejecutivo al pasar “de la sospecha permanente a la inocencia fiscal”, y remarcó que “los contribuyentes que cumplen no pueden vivir bajo amenaza constante, mientras que el Estado debe concentrar sus recursos en perseguir a los evasores reales”.

Abad celebró la simplificación de las declaraciones juradas, pero advirtió que la actualización de las multas del Régimen Penal Tributario “no contempla la realidad de los pequeños contribuyentes”, lo que puede generar “sanciones desproporcionadas para emprendedores y comercios de barrio”.

Brevemente, el presidente del bloque peronista de Convicción Federal, Fernando Salino, propuso cambios en la redacción del proyecto de ley de Inocencia Fiscal y, en línea con la moción del senador entrerriano Adán Bahl -que había propuesto una moción de orden para que el dictamen volviera a comisiones, pero que no prosperó-, expresó: “¿Cuál es el sentido de apurarse? Estamos absolutamente a tiempo de arreglar esta ley. No se puede reglamentar en contra de la ley, se reglamenta explicándola”. Finalmente, el miembro informante del oficialismo no dio lugar a la incorporación.

“Si no cuidamos a las pymes que generan empleo y desarrollo, estamos yendo en la dirección equivocada”, afirmó. Finalmente, destacó su predisposición a seguir trabajando en una reforma integral del sistema tributario “que brinde previsibilidad, simplifique trámites y alivie la carga impositiva sobre el sector productivo”.

Cerró el debate la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que “no estamos hablando de reformas menores, de justicia, de libertad y de poner al ciudadano por encima del Estado”.

Durante décadas, continuó, “fuimos perseguidos por nuestros propios gobiernos y todos estábamos en riesgo. Por defecto, éramos considerados culpables. Los pequeños y grandes contribuyentes vivieron con miedo; los tribunales se llenaron de gente honesta, mientras los verdaderos corruptos no sufrían las consecuencias. Con esta ley eso se termina”.

Bullrich aseguró que “perseguimos a los que no hacen las cosas de manera correcta”, y que “esta ley termina con el abuso del ‘pague y después reclame’. Esto va a proteger y por supuesto que hay una lógica que no tiene nada que ver con una ley recaudatoria. Acá lo que se permite es que las personas puedan utilizar su dinero sin tener una espada de Damocles sobre su cabeza”.

“Queremos un fisco que acompañe y que no sea castigador”, señaló sobre el final, para garantizar también que “esta ley sigue persiguiendo a los grandes evasores y quienes corrompen el sistema”. Finalizó expresando que “con esto vamos a lograr decir basta a la persecución a los contribuyentes, que los tribunales no estén rebasados de gente honesta y con esto la libertad se vuelve normas, y para nosotros es bien importante”.

La Cámara de Diputados volverá a abrir las puertas de su recinto para realizar este miércoles la primera sesión extraordinaria, para tratar nada menos que la mitad de los proyectos que pidió el presidente Javier Milei para este verano.

El tema principal es el proyecto de Presupuesto 2026, y será entonces la primera vez que el Gobierno libertario habilita el debate de la ley de leyes, luego de haber prorrogado en dos oportunidades el Presupuesto 2023.

Además de la ley de leyes, en la sesión prevista para las 14 se tratarán también el proyecto de reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, también conocido como de Inocencia Fiscal; como así también el proyecto que establece un marco jurídico institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

La sesión fue pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y es la primera vez después de 9 meses que el oficialismo pide una sesión especial, ya que la última fue el 19 de marzo, cuando se debatió el decreto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esa fue la única sesión pedida en todo el período ordinario por La Libertad Avanza.

Ahora se debatirá el proyecto de Presupuesto 2026, que esperan tenga dictamen en la comisión que preside Bertie Benegas Lynch y que comenzará este martes al mediodía.

A continuación de ese debate, que se presume será bastante extenso, avanzarán con el debate del proyecto sobre reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, conocido como “inocencia fiscal”, que tendrá dictamen este martes en plenario convocado para las 15. Luego será el turno del proyecto presentado el 15 de septiembre pasado por el que se establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente, destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

Este último proyecto fue presentado junto al Presupuesto 2026, y obliga a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario, prohibiendo expresamente la sanción de leyes con resultado financiero negativo. Si durante la ejecución se alteran los ingresos o egresos, el jefe de Gabinete deberá aplicar ajustes inmediatos, priorizando recortes en partidas no protegidas por ley, e informar al Congreso en un plazo de cinco días.

El proyecto también impone límites al Poder Legislativo: cualquier ley que implique nuevos gastos solo entrará en vigencia cuando las partidas correspondientes se incorporen al presupuesto del año siguiente, salvo que se establezca un financiamiento específico y suficiente. Además, obliga a que cada iniciativa parlamentaria que afecte recursos o aumente erogaciones venga acompañada de un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda.

En cuanto al proyecto de Inocencia Fiscal, propone cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.

Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.

El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.

Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.

Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.

La Ley de Leyes

El proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno nacional tiene como premisa el superávit fiscal y la disciplina presupuestaria: propone un escenario de equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%; y la inflación estimada para el presente año es de 24,5%, para 2027 5,9% y para 2028 3,7%.

Por otro lado, se estima que el tipo de cambio nominal (TCN) llegue a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028. Así las cosas, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.

El cálculo oficial contempla un gasto total de 148 billones de pesos y recursos por 148,2 billones, lo que arrojaría un superávit de aproximadamente 2 billones. Y el 85% de los recursos se destinarán a áreas sociales, incluyendo salud, educación, jubilaciones, discapacidad y universidades, sectores que estuvieron en el centro de la discusión legislativa durante el año, especialmente tras los vetos presidenciales a leyes impulsadas por la oposición.

Además, el proyecto prevé 8 billones de pesos para la administración gubernamental, 7 billones para defensa y seguridad, 106 billones para políticas sociales y 14 billones para el pago de deuda pública.

El Poder Ejecutivo quiere que el Congreso apruebe en estas extraordinarias un proyecto de ley que propone cambios sustanciales en materia tributaria y penal fiscal, con el objetivo de garantizar el principio de inocencia fiscal y adecuar la normativa a la realidad económica. La iniciativa modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de incorporar un régimen simplificado para la presentación de declaraciones juradas.

Este proyecto será debatido de manera conjunta con el Presupuesto 2026, y para eso pasará por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, que deberán constituirse para tal fin, pero que seguirán siendo presididas por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

Entre las principales reformas se destaca la actualización de los umbrales para la configuración de delitos tributarios, que pasarán de cifras históricas a montos acordes con la inflación acumulada. Por ejemplo, el mínimo para considerar evasión simple se eleva de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para evasión agravada el límite será de $1.000 millones. También se incrementan los valores en otros tipos penales y sanciones administrativas.

El proyecto introduce un mecanismo para extinguir la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación antes de la denuncia, pagando la totalidad de la deuda más intereses. Incluso, si la causa ya está iniciada, podrá cerrarse mediante el pago del monto adeudado más un adicional del 50%, dentro de los 30 días posteriores a la imputación.

Otra novedad es la creación de un régimen simplificado de declaración jurada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Quienes adhieran podrán aceptar la propuesta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y, tras el pago, obtener efecto liberatorio y presunción de exactitud en sus declaraciones, salvo casos de fraude o documentación apócrifa.

Asimismo, se redefine el plazo de prescripción para las acciones del fisco, que será de cinco años para contribuyentes inscriptos y diez para no inscriptos, con reducción a tres años si se cumplen ciertas condiciones. El proyecto también invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados similares.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca reducir la conflictividad judicial, dar mayor previsibilidad a los contribuyentes y modernizar un sistema que, según argumenta, quedó desactualizado frente a la dinámica económica.

Por segunda semana consecutiva no reunió quórum una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, a cargo del oficialista Juan Carlos Pagotto, para tratar un proyecto que busca aumentar los montos de las penas para delitos tributarios y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Además de este martes, la comisión había sido citada el miércoles pasado, pero en ambas fracasó. El temario también incluía distintos proyectos que apuntan agravar penas por maltrato animal.

En cuanto al proyecto que propone modificaciones al artículo 279 de la Ley 27.430, sobre Régimen Penal Tributario, el mismo fue aprobado en la Cámara baja por 226 votos afirmativos, 0 negativos y 6 abstenciones el pasado 21 de agosto.

El texto contaba con dictamen de comisiones desde el año pasado, tras un consenso de iniciativas de los diputados Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy, y fue reflotado por la oposición cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa tendiente a utilizar los “dólares bajo del colchón”, que nunca se puso en debate.

El proyecto con media sanción consiste en cambiar los montos actualmente previstos en pesos (el más alto se encuentra en dos millones) por sumas referenciadas en cierta cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles para evasión simple, evasión agravada, aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, apropiación indebida de tributos, en cuanto a delitos tributarios; además de apropiación indebida de recursos de la seguridad social y simulación dolosa de cancelación de obligaciones.

Mientras crecen las chances de que el jueves haya sesión ordinaria, el Senado tendrá una intensa labor en comisiones este martes 30 de septiembre. Serán tres reuniones diferentes donde se destaca la de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que tratará los proyectos de modificación al Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y la de Protección Animal (14.346).

El primer encuentro será el convocado a las 13 en el Salón Arturo Illia por la mendocina Mariana Juri, en su rol de presidenta de la Comisión de Turismo, donde aprobarán la distinción mención de honor al mérito turístico a implementarse a partir de 2026 en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo.

De igual manera, se van a poner a consideración otros nueve proyectos de declaración, declaraciones de interés y beneplácitos sobre el acto de lanzamiento de la Ruta del Puro; la Fiesta Nacional del Invierno en Ushuaia; las segundas jornadas de turismo, comunidades y ruralidad 2024 en la UNQ; la celebración de la 18° Fiesta Nacional del Meteorito; la celebración del Día Mundial del Turismo; la Ruta del Vino Riojano; la nominación de Villa Elisa al premio Best Tourism Villages 2025; el Foro Nacional de Turismo en San Juan; y el Pasaporte Ruta 40.

Una hora más tarde, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto, dará inicio al debate por la modificación del Régimen Penal Tributario incluido en el título IX, artículo 279, de la ley 27.430. La propuesta llega de la Cámara de Diputados con media sanción. La misma ocurrió el 21 de agosto pasado y alcanzó los 226 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones.

En el mismo encuentro se pondrán a consideración dos textos que tienen por objetivo incrementar las penas y la aplicación de multas por casos de maltrato animal, crueldad y reincidencia. Los textos para tratar fueron presentados por la senadora puntana Ivanna Arrascaeta de La Libertad Avanza y del chubutense Carlos Linares de Unión por la Patria.

Finalmente, la Comisión de Industria y Comercio, a cargo del senador santafesino Marcelo Lewandowski, recibirá a representantes de la industria aceitera que abordarán la temática “Desafíos para el agregado de valor en origen de la industria aceitera”. Fueron invitados a exponer Gustavo Idigoras, presidente de CIARA; Víctor Castro, director ejecutivo de CARBIO; Marcelo Kusziniers, presidente de CASFER; Javier Patiño, integrante de RIA Consultores; Hilarion Del Olmo, vicepresidente de CAPBA; y Axel Boerr, presidente de CAPBA.

Después de la confirmación de la sesión especial pedida por las facciones del radicalismo para emplazar los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, Unión por la Patria y Encuentro Federal pidieron una segunda cita -que fue oficializada a los pocos minutos- en el recinto para el miércoles 2 de julio a las 14.30. Una diputada de Democracia para Siempre también acompañó la petición.

En esta ocasión, los bloques opositores presentaron un temario con cuatro iniciativas de rechazo a diferentes decretos de necesidad y urgencia: al 340 que aprobó el nuevo régimen de la Marina Mercante; al 344 sobre organismos fusionados de la orbita del Ministerio de Justicia; al 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y al 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

También está contemplado el proyecto de ley que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. El texto tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

El proyecto que presentó el Gobierno sobre el Régimen Penal Tributario ya existe, tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

No hace falta empezar todo de nuevo: podemos aprobarlo la semana que viene.

Mientras el nuevo texto… pic.twitter.com/gd0AeMOcuT

— Oscar Agost Carreño (@oagost) June 6, 2025

Cabe recordar que el pasado 5 de junio el Gobierno nacional, con José Luis Espert como orador, presentó el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar el monto mínimo considerado como delito de $1.500.000 a $100.000.000.

Desde que el texto ingresó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, jamás hubo anuncios, ni convocatoria a debate en comisiones. Según supo parlamentario.com, el plan original de La Libertad Avanza era el de avanzar con la sanción de la ley antes del receso invernal (el cual sería del 21 de julio al 4 de agosto), pero con el correr de los días esa meta se fue desvaneciendo y el tratamiento jamás comenzó.

La sesión especial pedida cerca del mediodía y oficializada a los pocos minutos contó con la firma de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Pablo Carro, Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Agustina Propato, Vanesa Siley, Martín Soria, Julia Strada y Hugo Yasky de Unión por la Patria; Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; y Danya Tavela de Democracia para Siempre.

El destino de la convocatoria a rechazar los decretos de necesidad y urgencia mencionados y el tratamiento del nuevo Régimen Penal Tributario está directamente ligado a la suerte de la sesión especial de las 12. Las miradas estarán puestas en el quórum, que a estas horas se presenta como muy difícil.

Los decretos en cuestión

El primer DNU cuestionado por Unión por la Patria fue el que se publicó el 21 de mayo en el Boletín Oficial por el cual se aprobó el nuevo Régimen de Excepción de La Marina Mercante. La medida declaró la esencialidad de la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera.

Respecto el 344 con fecha del 22 de mayo pasado, el Gobierno nacional dispuso la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo de la ESMA en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

A través del 345, el gobierno de Javier Milei dispuso de la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeano y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas . Y por último, el 351  que decretó la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.