La diputada oficialista explicó que la iniciativa “reconoce y repara una desigualdad histórica para con los trabajadores de esta industria otorgándoles una Jubilación Anticipada debido al desgaste de salud que requiere su labor”.
La diputada nacional Leila Chaher (FdT – Jujuy) presentó este miércoles en el Salón Blanco de la Cámara baja el proyecto de ley “Nuevo Régimen de Jubilación para Trabajadores y Trabajadoras del Azúcar”, y precisó: “Queremos reconocer al gran aporte que hacen los trabajadores de este sector al desarrollo nacional y buscar un acceso más justo al Sistema Previsional Argentino”.
La iniciativa establece que los trabajadores del sector sucroalcoholero “tendrán derecho a optar por una jubilación ordinaria con 57 años de edad sin distinción de género, siempre que acrediten 25 años de aportes en caso de trabajadores permanentes o 30 temporadas de aportes en caso de trabajadores temporarios, cosecheros o permanentes con prestación discontinua”.
Al respecto, Chaher señaló que esta iniciativa fue desarrollada “con paciencia, constancia y compromiso junto a la gran mayoría de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la industria azucarera”, y agregó que “si alguien conoce de paciencia son los trabajadores del campo porque no podemos hablar de este proyecto sin hacer mención al trabajador agrario y a las idas y venidas, signadas por gobiernos democráticos y dictaduras militares a lo largo de la historia reciente en nuestro país, en busca del reconocimiento al gran aporte que hacen al desarrollo nacional y a mejorar sus condiciones laborales”.
Recordó que en 1944 el entonces secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, sancionó el primer Estatuto del Peón Rural, el cual representó un gran avance para la época, ya que el documento establecía medidas en defensa del salario y su estabilidad laboral.
“En 1946, ya con Perón en la Presidencia, este Congreso sanciona la Ley 12.921, luego promulgada en junio de 1947. Posteriormente los golpes militares lo derogan. Recién en 2011, otra vez en Democracia y con otro gobierno peronista, por iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, este Congreso sancionó la Ley 26.727, de Trabajo Agrario que entre otros derechos determina en su artículo 78, la edad de 57 años como la edad sin distinción de sexo para que los trabajadores agrarios puedan acceder a una jubilación ordinaria”, narró.
A su vez, remarcó: “Este proyecto, que venimos trabajando mancomunadamente con los sindicatos representantes de los trabajadores del azúcar de todo el NOA, viene a equiparar los regímenes jubilatorios para la familia azucarera, respecto al resto de los trabajadores agrarios de nuestro país. En la actualidad el Convenio Colectivo que rige para trabajadores azucareros establece como edad para acceder a una jubilación ordinaria 60 años para mujeres y 65 para hombres”.
Continuando, solicitó a los presentes que “se apropien de este proyecto, que lo difundamos y llegue al conocimiento de los trabajadores y trabajadoras porque es nuestro deber militar las iniciativas que benefician a los sectores productivos. Es nuestra obligación legislar y llevar soluciones a todos los argentinos y argentinas”.
La legisladora del Frente de Todos agradeció también al diputado nacional mandato cumplido Marcelo Santillán, hoy Coordinador de la región Noroeste de ANSES, “cuyo valioso aporte y conocimiento de las realidades de los trabajadores azucareros y zafreros, lo llevó a presentar de manera previa un proyecto de similares características en el año 2018”.
Chaher explicó que el objetivo es reconocer y beneficiar a trabajadores y trabajadoras del sector azucarero y contó que la iniciativa “surge de una labor en conjunto con representantes de los sindicatos de trabajadores de los ingenios azucareros de Jujuy, Salta y Tucumán”.
“Este proyecto tiene por finalidad acompañar y buscar un acceso más justo al Sistema Previsional Argentino (SIPA), con la posibilidad de acceder a una jubilación ordinaria a los 57 años para quienes desempeñan sus labores en este importante sector productivo de la Argentina”, sostuvo la diputada.
Chaher precisó que la actividad azucarera genera “más de 60.000 empleos directos, de los cuales aproximadamente 34.000 se destinan a las tareas de cosecha”, por lo que se busca “equiparar a los trabajadores del azúcar con los derechos que establece la ley del trabajador agrario para el resto de los trabajadores rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.
Por otro lado, la secretaria parlamentaria de bloque oficialista, Paula Penacca, estuvo presente en el evento y destacó: “Esta jubilación anticipada es una herramienta de reconocimiento y reparación para quienes se desempeñan en uno de los más importantes sectores productivos del país”.
La presentación contó con la participación de Paula Penacca, diputada nacional; Ángel Alberto Ledesma, Secretario General del Centro de Empleados del Azúcar del Ing. Río Grande; Ricardo Serrano, Secretario General del Sindicato de Obreros del Azúcar del Ing. Río Grande; Enrique Alejandro Wandschneider, Abogado de los sindicatos del Ing. Río Grande; Mariano Ignacio Cuenca Toledo, Secretario del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ing. San Isidro de Salta; Martin Federico Olivera, Secretario del Sindicato Trabajadores del surco de la Industria Azucarera del Norte de El Tabacal Salta; Isaac Macías del Sindicato Trabajadores del surco de la Industria Azucarera del Norte de El Tabacal Salta; Juan Correa, Secretario de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera; Marcelo Santillán, Coordinador de la región Noroeste de ANSES; Marcelo Asmed, Director Regional NOA del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y Aldo Fabián Villagra, Coordinador de Programas del NOA del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
PROYECTO-FINAL-PRESENTADO-0052-D-2023_230301_082217-1La iniciativa, consensuada entre una oficialista y un radical, obtuvo 51 votos a favor y 10 en contra durante la sesión de este miércoles en el Senado.
El Senado dio media sanción por 51 votos a favor y 10 en contra -del bloque Pro, el radical Martín Lousteau y el sanjuanino Roberto Basualdo, aliado de Juntos por el Cambio- un proyecto que establece un régimen previsional diferencial para combatientes de incendios forestales o rurales.
Una de las autoras del proyecto, la oficialista Silvina García Larraburu expresó que este es “un día de festejo y alegría” porque esta iniciativa “cristaliza un reclamo histórico de los combatientes de incendios forestales”. Recordó que el primer proyecto lo presentó en el año 2017, y representó en 2019 y 2021. “Pasaron unos cuantos años, lamentablemente muchos incendios, muchos combates, pero creemos que hoy vamos a estar dando justicia”, sostuvo.
La rionegrina reveló que el texto contó con “aportes fundamentales de varias provincias” y en el que también tuvieron “un rol fundamental las autoridades de Parques Nacionales y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié”.
La legisladora detalló que en su provincia alcanzará a “más de 230 brigadistas especializados”, quienes ponen “un enorme esfuerzo personal y de salud”. “En diciembre estuvieron semanas combatiendo, prácticamente durmiendo solo dos o tres horas”, mencionó y precisó que este régimen tendrá una incidencia en aproximadamente 850 personas.
“El combate se da de manera personal, cuerpo a cuerpo con las llamas, y las zonas muchas veces son de difícil acceso”, destacó García Larraburu al mostrar imágenes en el recinto. “Son héroes nuestros brigadistas”, afirmó.
El otro impulsor de este régimen, el radical Mario Fiad, argumentó que “por la peligrosidad de esta profesión resulta necesario establecer este régimen previsional anticipado”. “El riesgo, la alta exigencia física, psíquica, emocional pone a los trabajadores brigadistas ante la presencia de amenaza constante, además del fuego, de gases tóxicos, altas temperaturas y riesgos extremos de las geografías”, explicó.
El jujeño señaló que en su provincia son “62 los brigadistas que actualmente están desempeñándose en territorio” y “ninguno de ellos hoy podría acceder a esta jubilación por falta de edad”. Por eso, “esta medida concreta y reconoce derechos”.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González, graficó lo que representan los incendios en el país. Al recordar lo ocurrido en Corrientes, repasó que “se quemaron más de un millón de hectáreas” lo que es “equivalente a una pérdida económica de más de 80 mil millones de pesos; afectando el 40% de la producción de arroz, la citricultura, la yerba mate, que perdió el 50% de su producción, la ganadería, la forestación y la infraestructura”.
Pero al argumentar la posición en contra de su bloque, el Pro, la bonaerense enfatizó en la importancia de ofrecerles a los brigadistas la provisión de herramientas y capacitación, pero “no prometerles cosas que no vamos a poder cumplir y eso creo que estamos haciendo hoy”. “El sistema previsional argentino representa el 40% del gasto público y está colapsado, es inviable”, resaltó y sostuvo que “este sistema es incapaz de sostener generaciones futuras; lo que estamos prometiendo hoy es incertidumbre”.
González apuntó que “el sistema previsional tiene un déficit de tres puntos del PBI, donde el 55% de los jubilados responde a algún régimen especial. Hay 207 regímenes especiales”. Por lo que pronosticó que “no habrá recursos para pagarles en el futuro o cobrarán una miseria”.
“Estoy sorprendidísima”, arrancó la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, en el cierre del debate. La kirchnerista le recordó a González que ella había firmado el dictamen “favorablemente” en comisión. “Es difícil de entender como hacen para decir una cosa y hacer otra. Es frustrante”, cuestionó. “Es un proyecto de consenso y en el recinto escuchamos que es una mentira. Por ahí si gobierna el signo político de la senadora no le van a pagar, pero el peronismo le va a pagar las jubilaciones a los brigadistas, eso se lo puedo garantizar. Nosotros siempre pagamos las jubilaciones”, lanzó.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social exclamó: “¡La verdad que hay que oponerse a este proyecto, eh!”. Al señalar que son menos de 900 personas las que accederán, la senadora dijo que “no alcanzan los ceros para sacarle el costo fiscal”.
“Vaya lindo mensaje para los brigadistas que van a poner la vida, el pecho y el cuerpo al fuego. Es hermoso el mensaje. Es increíble escucharlo, no lo puedo asumir. No puedo creerlo”, agregó sobre la oposición del macrismo.
Finalmente, el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que este “era un tema que tenía consenso. Estamos sorprendidos”. “No comparto los argumentos que dijo sobre que Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta) cuidaban a los jubilados”, le salió al cruce a Gladys González. Y le enrostró: “Nosotros les entregamos un sistema superavitario y lo dejaron con un déficit de 600 mil millones. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 67 mil millones de dólares y lo entregaron con 32 mil millones”.
Puntos centrales de la iniciativa
El proyecto involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo al personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira el proyecto de ley es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del SNMF y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.
Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales, de los cuales al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.
Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.
Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por éstos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
El senador puntano se comprometió con gremialistas de industrias químicas y petroquímicas en presentar dicha iniciativa “dada la peligrosidad laboral que representa el rubro por el tipo de elementos que manipulan a diario”.
El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular – San Luis) recibió este miércoles a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQyPRA) ante quienes se comprometió a presentar un proyecto de ley sobre un régimen previsional diferenciado para los trabajadores del sector por tarea riesgosa.
El legislador del interbloque Frente de Todos, durante el encuentro que mantuvo con los gremialistas, anticipó que llevará adelante una iniciativa orientada a la demanda del sector respecto a una jubilación anticipada, dada la peligrosidad laboral que representa el rubro por el tipo de elementos que manipulan a diario.
Rodríguez Saá escuchó el reclamo de los químicos y petroquímicos durante una reunión que encabezó en su despacho del Senado de la Nación, de la que participaron Hugo Pachuelo (secretario de Prensa); Néstor Heredia (secretario de relaciones Institucionales); Omar Gómez, Titular de la Obra Social Nacional; el doctor Juan Lloimil (asesor Legal) y Luis Zabala (secretario Gremial).
Son más de 30 los sindicatos que aglutina el sector, incluidos los de la provincia de San Luis, que de acuerdo con las convenciones colectivas vigentes establecen las actividades comprendidas que avalan un régimen previsional diferenciado para los trabajadores que se desempeñen en establecimientos dedicados a la producción química o petroquímica a partir de los 55 años.
“Si bien hubo algunos intentos de legislar en la materia, actualmente ningún proyecto se encuentra en estado parlamentario para ser debatido porque perdieron vigencia”, explicó.
El senador puntano trabajará sobre una iniciativa en tal sentido, entre otras cosas dado que la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establece en su artículo 157 que, por ciertas situaciones especiales en el ámbito laboral, pueden ser objeto de tratamientos legislativos particulares, y el de los químicos sería uno de ellos.
Un plenario de comisiones de la Cámara baja dará el puntapié inicial al debate sobre un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa les otorga a los trabajadores de las viñas un régimen previsional igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años.
El proyecto de ley en revisión por el cual se crea un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas comenzará a tratarse este lunes 5 a las 15, en una reunión conjunta por videoconferencia de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
Según la convocatoria realizada por la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo Vanesa Siley (FdT), el temario de la reunión conjunta incluye el proyecto 115-S-2020, que ya tiene media sanción de la Cámara alta.
Además, durante el tratamiento, se pondrán a la vista otras iniciativas referidas al tema como la del ex diputado Nicolás Del Caño y la iniciativa (4714-D-2020) de los diputados Alberto Asseff y Omar De Marchi, entre otros.
La iniciativa impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti establece un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas, que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes.
De esta manera, la iniciativa equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un régimen diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.
Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo “se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.
Asimismo, se indica que la contribución patronal será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en un 2% a partir de la vigencia de la ley.
Cabe aclarar que la media sanción también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.
