Al igual que sucede en todos los países del mundo, el Derecho Argentino ha establecido el modo de adquirir la propiedad de los diversos bienes, fijando pautas tendientes a garantizar la seguridad jurídica estática - la protección del propietario o del titular del derecho real- y la dinámica -que pone el acento en el adquirente del derecho, privilegiando así el tráfico jurídico-.

De esta forma, la legislación ha determinado los modos de adquisición de los derechos reales, es decir, aquellos hechos o actos jurídicos a los que la ley les confiere virtualidad para adquirir el dominio. Para la adquisición por actos entre vivos, el modo sería entonces el hecho o acto que produce la adquisición del dominio, y el título, la razón de ser del emplazamiento de aquél.

La mayoría de los bienes son adquiridos por la concurrencia del título y el modo, y para algunos de ellos, como sucede con los inmuebles, existe luego una registración que tiene una finalidad sólo publicitaria.

Pero existe un bien de gran importancia para la sociedad, el automotor, cuyo modo de adquisición del dominio es la inscripción registral, asemejándose al sistema germánico de inscripción inmobiliaria, ya que la propiedad se adquiere cuando se inscribe el “acuerdo para la transmisión del dominio” que se instrumenta en la Solicitud Tipo 01 o 08, totalmente diferenciado del contrato por que se formalizó el negocio jurídico causal. Se trata de un registro “abstracto”, enmarcado en el sistema de fe pública registral, que otorga una fuerza convalidatoria relativa al emplazamiento registral.

El principio de legalidad y la calificación registral 

En nuestro país existen una gran cantidad de “Registros”, pero no todos tienen la misma función. Desde el plano jurídico, poco tendrán en común un Registrador a cargo de una oficina con función constitutiva -como sucede con el Registro Automotor-, con el de una oficina con función declarativa -como sucede con el Registro Inmueble-, o con el Registrador que sólo recibe información para conformar una base de datos.

En la esfera del derecho registral, el principio de legalidad es aquel por el cual se impone que los documentos que se pretenden inscribir o anotar en el Registro reúnan los requisitos exigidos por las leyes para su registración, a cuyo fin es necesario someter a los mismos a un previo examen, verificación o calificación que asegure su validez o perfección.

Aparece de esta manera el concepto “calificar” como aquella función registral, típicamente jurídica, que consiste en el examen de los documentos presentados a inscribir o anotar, por lo que de ellos resulta y por su confrontación con los asientos respectivos, tendiente a establecer si reúnen los requisitos necesarios para su registración definitiva o, si por no reunirlos, deben ser registrados provisionalmente o condicionados por la existencia de prioridades que los afectan, o rechazados por no tratarse de documentos registrables, dentro de los límites establecidos por la ley.

La amplitud de la función calificadora va a estar dada en relación al sistema registral adoptado. Así, frente a los sistemas constitutivos, la inscripción es una condición del nacimiento del derecho real, y la facultad del Registrador se amplía a efectos de que pueda indagar sobre la validez del título y su eficacia de producir el cambio de titularidad. En los sistemas declarativos, que reconocen la preexistencia del derecho real, la función calificadora es menos profunda; ya que se parte de un documento auténtico, lo que presupone una primera calificación por el funcionario autorizante.

En materia inmobiliaria existe un control de legalidad que realiza el escribano, siendo que la diferencia entre el control de legalidad notarial y el registral estriba en que, mientras el notario está en relación directa con el derecho que motiva la instrumentación del negocio jurídico, el registrador recibe el documento ya configurado. El Registrador de un automotor conjugará en su función el control de legalidad que realiza un notario -que lleva a la viabilidad misma del acto transmisivo-, con la calificación que realiza el funcionario del Registro Inmueble.

Por lo expuesto, podemos concluir que, si bien el encargado de Registro Automotor y los funcionarios a cargo de otras oficinas registrales hacen controles a la luz del principio de legalidad, no tienen la misma función ni la misma potestad delegada por el Estado a través del Poder Legislativo.

El control de legalidad constitutivo

El encargado de una seccional Automotor, no hace una simple calificación, realiza un control de legalidad constitutivo. Como hemos visto en los apartados anteriores, un inmueble se adquiere en forma previa a la presentación que se formula ante el Registro Inmueble, con la concurrencia del título y modo, mientras que la transmisión de dominio de un automotor se realiza únicamente con la intervención del encargado de Registro quien es sujeto indispensable en la conformación del acuerdo transmisivo que se instrumenta en la Solicitud Tipo 08.

Explican Viggiola-Molina Quiroga que el registrador del automotor no “califica” el título, porque es él quien lo expide. Agregan luego que el Encargado de Registro es parte del acto abstracto que se produce en su Seccional, momento en el que transmitente y adquirente exteriorizan su consentimiento al suscribir las Solicitudes Tipo.

Falbo sostiene que en Alemania, donde el sistema registral es “constitutivo” y de “acto abstracto”, no rige el principio de legalidad; como el consentimiento debe presentarse en el momento de la inscripción, el registrador no tiene título que calificar ni juzgar, pues la eficacia del acto se debe a la propia actividad y no a la ajena. Aplicando esto al ámbito del régimen jurídico del automotor de la Argentina, Borella distingue el “principio de legalidad”, de la “calificación de títulos”, donde si bien no hay títulos para calificar, la función del Encargado de Registro es mucho más amplia y de mayor responsabilidad jurídica, ya que realiza un control de legalidad.

Al respecto, indica “es cierto que los Encargados de los Registros de la Propiedad del Automotor no “califican títulos”, pero ejercen una función aún más importante en orden a la legalidad de sus asientos registrales: expiden títulos y constituyen, con la inscripción, derechos reales, además de registrar sus transferencias, modificaciones, afectaciones, gravámenes y extinción”. Por ello, lejos de excluirse la aplicación del principio de legalidad, se torna aún más estricto, pues si bien es cierto que los Seccionales del Automotor no examinen los títulos causales -ya que ellos no se inscriben- deben en cambio realizar un complejo control de legalidad y constituir con su accionar la transmisión dominial, conjugándose en su función las tareas que -sobre un inmueble- realizan por un lado el escribano -donde se adquiere el dominio, luego del análisis de viabilidad- y el Registro Inmueble -donde se le da publicidad-. Por ello, concluimos que no está simplemente calificando.

Los registradores del automotor no administran un archivo de titulares dominiales a los fines de su publicidad, sino que también constituyen el derecho de dominio. No registran contratos o instrumentos a los fines de su publicidad frente a terceros, sino que toman nota del acto jurídico de la transmisión del dominio para hacer nacer el derecho real. Así como el escribano controla, al momento de realizar la escritura traslativa de un inmueble los elementos constitutivos del acto -manifestación de voluntad, determinación del objeto, capacidad de ejercicio y de derecho para disponer, entre otros-, el registrador del automotor hace lo propio al registrar una transferencia, configurando un verdadero control de legalidad constitutivo, ocurriendo bajo su órbita y única competencia el modo de adquisición del derecho de dominio y su consecuente publicidad.

Conclusiones e implicancias prácticas

Hablar de “control de legalidad constitutiva” en lugar de “calificación” puede parecer una cuestión meramente terminológica, pero consideramos que no lo es. Como hemos explicado, el Poder Legislativo envistió al Encargado de Registro del Automotor con una potestad que no tienen otros registradores, haciendo que su Seccional no sea un simple “registro”.

Por lo tanto, el Seccional del Automotor no es un “Registro” más del Estado. No es sólo una base de datos, ni un registro con una única finalidad publicitaria. El Poder Legislativo delegó en el Encargado la función de realizar un control de legalidad constitutivo, que por su importancia y envergadura, es único en nuestro país.

Por todo lo expuesto, no se le deben aplicar a los Registros del Automotor las normas generales que se dictan “para los registros”, ni mucho menos para las oficinas estatales. Se requiere una normativa especial, que tenga en cuenta el control de legalidad constitutivo que realizan los funcionarios a cargo. Es razonable que el Estado dicte periódicamente normas que busquen modernizar, simplificar y estandarizar las oficinas bajo su órbita, pero tal como hemos desarrollado, la función que el Derecho Argentino le asignó al Encargado de Registro y a su Seccional es única, y diferente a las que tienen las demás dependencias, cumpliendo un rol vital y trascendente en el ordenamiento normativo de nuestro país, sobre un bien de gran importancia y masividad, que es objeto de constantes transacciones, garantía del crédito, objeto y generador de ilícitos, y fundamental para el crecimiento de la sociedad.

(*) Abogado. Mediador. Coordinador Académico de la Diplomatura en Derecho Registral (UCES-FUCER). Encargado Titular Registro de la Propiedad del Automotor.

Durante un encuentro organizado en el Anexo de la Cámara baja, los diputados nacionales Patricia Vásquez (Pro), Oscar Agost Carreño (CF) y Martín Tetaz (UCR) presentaron sus proyectos de ley para transformar el régimen de transferencia automotor hacia un sistema más moderno, eficaz y menos costoso.

En el encuentro se enfatizó que comprar o vender un auto hoy en la Argentina es difícil y costoso: se necesitan 12 trámites y el valor puede llegar a representar un 6% del precio del vehículo, el más caro de toda la región. Cada año, lo padecen más de 4 millones de personas que deben presentarse en registros, pagar formularios y luchar con un sistema burocrático.

Tetaz fue el primero en exponer su iniciativa, la cual sostiene que a la hora de transferir un auto se pueda optar por hacerlo de manera presencial en un Registro Automotor o a través de una plataforma digital que permita resolver el trámite en forma gratuita y online. "Transferir un auto tiene que ser un trámite simple, digital y gratuito. Necesitamos bajar gastos y acabar con la burocracia inútil", afirmó el porteño.

Luego, explicó cómo fue el origen de su propuesta: “Hicimos un concurso el año pasado por redes sociales preguntando cuál era el trámite más inútil. En ese concurso salió número uno la renovación del Certificado Único de Discapacidad. El segundo que aparecía eran los trámites vinculados al registro automotor, por los costos y los trámites innecesarios”.

Su proyecto propone la creación de la "Plataforma Digital para el Registro Nacional del Automotor" en el ámbito de la DNRPA, llamada RENDA, para digitalizar y para simplificar los trámites de inscripción de dominio, modificaciones, extinción, gravámenes, embargos y otras cautelares, además de denuncias por robo. La iniciativa contempla que el trámite pueda efectuarse en cinco minutos, al igual que sucede en Nueva Zelanda, país que tomó como modelo.

Por su parte, Agost Carreño, también hace foco en la digitalización del sistema. “A más de 60 años de su implementación, el formularismo del sistema no ha sufrido modificaciones. Es por ello que propongo modificar la ley madre del sistema, a los efectos de modernizarlo y ajustarlo a las necesidades que imperan en la sociedad moderna donde Internet y los teléfonos inteligentes son el canal de casi todos los trámites y gestiones públicas y privadas”, señaló.

“Con esta modificación se habilitaría al Registro Nacional de la Propiedad Automotor a disponer de trámites absolutamente digitales, rápidos e intuitivos, sin con ello afectar la seguridad jurídica que se ha consolidado a lo largo de los años”, detalló el legislador cordobés.

En tanto, Vásquez sostuvo: “Queremos terminar con el robo de los registros automotores. Otro de los inventos de la política para saquearnos con impuestos, burocracia y trámites. Mi propuesta es terminar con esa intermediación que al ciudadano de a pie lo vuelve loco y le genera un costo injustificado. Proponemos crear un registro único nacional digital que centralice todo con un arancel único no ligado al valor del auto y una patente única de por vida vinculada a la persona y no al vehículo”.

La exposición contó con la moderación del periodista Matías Antico, quien estuvo de acuerdo con los diputados nacionales en que el objetivo del encuentro y de los proyectos es “bregar por un sistema más simple y digital que acá no se implementa por una traba más cultural que por otro impedimento”.

En la misma línea, Daiana Fernández Molero, diputada nacional por CABA y quien acompaña el proyecto presentado por Vásquez, analizó que “hay un problema más complejo y estructural: necesitamos un capitalismo de reglas. Su ausencia es un drama para Argentina en general y los registros son un ejemplo de cómo deslegitimar y perjudicar al consumidor. No tenemos competencia, hay exceso de regulación en todos los órdenes y eso genera privilegios concentrados en pocos y costos diluidos entre todos los consumidores que tienen menos capacidad de organizarse para que se quiten esas trabas”.

En síntesis, los legisladores coincidieron en la urgente necesidad de transformar el sistema poniendo el foco en los usuarios a partir de: una total digitalización de los trámites; alternativas para los usuarios incorporando competencia; reducción de costos en cada una de las instancias; y mayor transparencia en los procesos y la administración de los recursos.

Controvertido si los hay, el sistema de registros del automotor es un elemento recaudatorio directamente relacionado con la política. Porque en una transversalidad que trasciende administraciones, está claro que la designación de autoridades de cada registro está vinculada con padrinazgos políticos relacionados con el poder

Es lo que surge de un informe publicado en el portal Infobae, donde se advierte que el 50% de los mismos se encuentran intervenidos. Puntualmente, solo un 52% de los mismos está en manos de encargados titulares.

El periodista Nicolás Pizzi, autor de la nota, advierte sobre un plan sistemático detectado por la Justicia para sacar a los interventores elegidos por el gobierno anterior, a través de auditorías.

Los datos fueron suministrados a ese medio por la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRP). Los detalles de cada registro, discriminados por ubicación y categoría, aparecen en otro informe de 18 páginas obtenido por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López mediante un pedido de acceso a la información.

Precisamente López se hizo eco de este artículo este lunes a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que “el sistema de registros del automotor no resiste ningún análisis de eficiencia y transparencia de los recursos públicos, es muy caro para los consumidores”, y sostuvo que “con este nivel de intervención se consolida la idea de que hay eliminarlos e ir a un sistema más simple y accesible para todos los que adquieran a un automotor”.

“Los favores políticos se tienen que terminar y este es uno de los ejemplos por los que empezamos a trabajar”, remarcó el presidente del bloque CC en la Cámara baja.

No es nueva la preocupación de este legislador sobre este tema. Ya el 3 de noviembre del año pasado había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con las delegaciones seccionales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Ese pedido fue acompañado por los diputados de su bloque, y se sumó también la diputada del Pro Silvia Lospenatto.

En el proyecto se advierte que la registración de los automotores no está gestionada en su totalidad por el Estado nacional, sino que, por el contrario, parte de dicha función ha sido delegada en los encargados de Registro; es decir, en aquellas personas que son titulares de las Delegaciones Seccionales. “En efecto, el dinero que abonan los particulares en concepto de aranceles a la hora de registrar un automotor no es íntegramente percibido por el Estado Nacional puesto que parte de dicho dinero —el remanente de los importes y tasas percibidas por los Registros Seccionales— queda en manos de los encargados de Registro. En otras palabras: hay una suerte de ‘tercerización’ del funcionamiento de los Registros Seccionales”.

“Esta situación, a nuestro entender, evidencia una anomalía en el funcionamiento del Estado y de las instituciones que no solo genera privilegios indebidos, sino que, además, encarece la registración de los automotores en perjuicio de los ciudadanos”, resume el proyecto de resolución, donde se enfatiza que “dicha función debe ser ejercida íntegramente por el Estado —sin que exista ningún tipo de intermediación por parte de los particulares—, es decir, por órganos de la Administración Pública a cargo, naturalmente, de empleados públicos, tal como ocurre con los Registros de la Propiedad Inmueble de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”. “Insistimos: la actividad de registración de los bienes, ya sean muebles registrables o inmuebles, es una función indelegable del Estado”, remarca el pedido de informes.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) es una de las coautoras del proyecto que la semana pasada ingresó al Congreso de la Nación y que apunta a reconvertir el funcionamiento de los registros de automotores para terminar con una histórica caja de la política, respecto lo cual afirmó que “oponerse es estar en contra de un sistema más seguro y barato para la ciudadanía”.

La semana pasada ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que apunta a reconvertir el funcionamiento de los registros de automotores. La iniciativa fue presentada en el Senado por Alfredo Cornejo mientras que "en espejo" el proyecto también fue en la Cámara de Diputados por Latorre, quien lanzó una advertencia para aquellos que se opongan a tratarlo.

"No creo que ningún representante político pueda decir de cara a la ciudadanía que no quiere que este trámite sea más seguro y barato", manifestó en declaraciones a MDZ Radio.

Para Latorre, el proyecto “es superador al sistema vigente y vendría a agilizar un sistema que data de 1958”. En este sentido, tomó distancia de otros proyectos de reformas parciales y aseguró que “lo que nosotros planteamos es un cambio de paradigma”.

"La sociedad y la tecnología han avanzado. Todas las lagunas jurídicas y normativas se terminan llenando con discrecionalidad a través de disposiciones técnico-registrales que el usuario no conoce ni comprende en su totalidad. Eso vuelve engorrosa la tarea de los trámites que son obligaciones", manifestó.

Y agregó: "Evidentemente hoy no están funcionando bien y se convierten en cajas que se reparten discrecionalmente y no redundan en beneficios de celeridad y transparencia con los contribuyentes. Este proyecto viene a cambiar eso con utilización de tecnología”.

La iniciativa apunta a "crear un registro virtual donde los trámites se puedan hacer con formularios digitales". El objetivo es facilitarles los trámites a los usuarios y disminuir el costo de los mal llamados aranceles que son tasas retributivas", advirtió.

Por ese motivo, aseguró que si algún diputado o senador se opone a avanzar con estos cambios “será porque tiene algún interés en juego”. Sobre todo, teniendo en cuenta que históricamente los registros del automotor se han repartido entre personas vinculadas a referentes de distintos partidos políticos que se garantizan así un modelo de negocio con fines particulares.

"Creo que va a aprobarse. Es muy difícil oponerse a un proyecto que reforma íntegramente la legislación de 1958. Los anteriores eran reformas parciales que tocaban de un lado, pero no del otro y se terminaba acordando. No creo que nadie pueda oponerse a un sistema que viene a renovar, eficientizar, dar seguridad jurídica y poner las cosas por su nombre", expresó Latorre y finalizó: “Estamos esperando que presidencia de ambas cámaras le den los giros a las comisiones para poder trabajar en adhesiones para llevarlo a recinto”.