Además de utilizarse para la investigación de delitos contra la integridad sexual, ahora abarcará otros. El Congreso decidió que funcione bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
El registro funcionará bajo la cartera que conduce Cúneo Libarona, aunque originalmente se proponía Seguridad
El Poder Ejecutivo promulgó la reforma de la Ley del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, que ahora también servirá para la investigación de otros delitos graves.
La norma, que fue promovida desde el Ministerio de Seguridad, se sancionó el pasado 26 de septiembre en el Senado. Desde la asociación Madres del Dolor celebraron su aprobación, presentes en las sesiones de ambas cámaras.
La flamante Ley 27.759 fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, y promulgada bajo el decreto 899/24, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Durante el debate en el Congreso prevaleció que el registro funcione bajo la órbita de Justicia y no de Seguridad, como proponía originalmente el proyecto.
Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo a la ley, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la norma, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos”, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.
Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.
Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.
En las modificaciones al proyecto original enviado por el Gobierno, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.
La Cámara alta se reúne desde las 11.23. El temario incluye un proyecto en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan y pliegos de dos camaristas. También se tratará el último DNU de Macri.
El Senado de la Nación realiza desde las 11.23 de este jueves una sesión ordinaria que tiene como tema central el proyecto -ya con media sanción- que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos (Ley 26.789).
Sobre ese tema, un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia. Durante su exposición en comisiones del Senado, funcionarios del Ejecutivo consideraron que ese cambio "se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia”. Sin embargo, se mantendrá la redacción venida de la cámara de origen y el proyecto se encamina a convertirse en ley este jueves.
El temario incluye además un proyecto de ley que también cuenta con media sanción de Diputados, que instituye el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los Derechos Soberanos del Mar Argentino.
En la sesión se tratarán además dos pliegos -con el previo aval de la Comisión de Acuerdos- que prorrogan, por cinco años más, a dos magistrados judiciales: el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Sala IV, Jorge Eduardo Morán; y el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Roberto Enrique Hornos.
Además, en Labor Parlamentaria se acordó considerar sobre tablas el DNU 829/19, el último firmado por el expresidente Mauricio Macri. Se trata de una compensación económica a los soldados heridos y a los familiares de aquellos que fallecieron durante el enfrentamiento contra integrantes de la agrupación Montoneros, que en 1975 atacaron el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 “Coronel Ignacio Warnes”, en Formosa, en el marco de la denominada “Operación Primicia”.
El Registro Nacional de Datos Genéticos
La ampliación del registro tiene como fin contribuir al “esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
A partir de las 11 de la mañana tratarán también una fecha conmemorativa por los tripulantes del ARA San Juan.
La Cámara de Senadores realizará este jueves una nueva sesión a partir de las 11 de la mañana y tendrá como tema central el tratamiento de la modificación a la Ley 26.879, en virtud de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que cuenta con media sanción desde el 14 de agosto.
Sobre ese tema, un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia. Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo durante su exposición ante el Senado pidieron que se revea el artículo 2 al argumentar que dicha decisión: “Se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo que siga en el Ministerio de Justicia”.
La sesión incluirá el tratamiento de dos pliegos -con aval de la Comisión de Acuerdos- que prorrogan, por cinco años más, a dos magistrados judiciales: el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Sala IV, Jorge Eduardo Morán; y el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Roberto Enrique Hornos.
También se tratará el proyecto de ley que cuenta con media sanción de Diputados, que instituye el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los Derechos Soberanos del Mar Argentino.
El Registro de Datos Genéticos
La ampliación del registro tiene como fin contribuir al “esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
Se tratará durante la misma la ampliación del Registro de Datos Genéticos y una fecha conmemorativa por los tripulantes del ARA San Juan.
En el marco de una reunión de Labor Parlamentaria que fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en ausencia de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por ausencia de Javier Milei, se acordó la realización de una sesión para esta semana en el Senado, tal cual había anunciado parlamentario.com este lunes.
La sesión se realizará este jueves a partir de las 11 de la mañana y tendrá como tema central el tratamiento de la modificación a la Ley 26.879, en virtud de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que cuenta con media sanción desde el 14 de agosto.
Sobre ese tema, un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia. Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo durante su exposición ante el Senado pidieron que se revea el artículo 2 al argumentar que dicha decisión: “Se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo que siga en el Ministerio de Justicia”.
La sesión incluirá el tratamiento de dos pliegos -con aval de la Comisión de Acuerdos- que prorrogan, por cinco años más, a dos magistrados judiciales: el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Sala IV, Jorge Eduardo Morán; y el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Roberto Enrique Hornos.
También se tratará el proyecto de ley que cuenta con media sanción de Diputados, que instituye el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los Derechos Soberanos del Mar Argentino.
El Registro de Datos Genéticos
La ampliación del registro tiene como fin contribuir al “esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
Si bien la sesión no está oficializada, el temario incluiría la ampliación del Registro de Datos Genéticos y la entrada y salida de tropas extranjeras que debería tratarse sobre tablas, ya que recién este miércoles se emitirá dictamen en comisión. También un proyecto sobre un marco jurídico a personas que han sufrido mala praxis.
Mientras Diputados espera comenzar con el tratamiento del Presupuesto de Administración Nacional 2025, el Senado intentará avanzar con varios proyectos que cuentan con media sanción a fin de liberar la agenda, por lo que sesionaría este jueves.
Si bien no está confirmada de forma oficial, las autoridades de la Cámara trabajan en la elaboración del temario, que incluiría la modificación a la Ley 26.879, en virtud de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual que cuenta con media sanción desde el 14 de agosto.
Un punto importante que impuso la oposición en la Cámara baja es que la tutela no dependerá del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, sino que continuará en manos de la cartera de Justicia. Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo durante su exposición ante el Senado pidieron que se revea el artículo 2 al argumentar que dicha decisión: “Se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo que siga en el Ministerio de Justicia”.
La ampliación del registro tiene como fin contribuir al "esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La eventual sesión del jueves sumaría dos pliegos -con aval de la comisión de Acuerdos- que prorrogan, por cinco años más, a dos magistrados judiciales: el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Sala IV, Jorge Eduardo Morán; y el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Roberto Enrique Hornos.
Por otro lado, la Cámara alta también activará varias comisiones para que emitan dictamen a fin de poder llevarlos al recinto y tratarlos sobre tablas. Una de ellas será el plenario de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores que volverán a poner sobre la mesa el dictamen que autoriza el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales para la realización de ejercicios combinados, contemplando la demora en la materia, ya que cuenta con media sanción de Diputados y el período se inicia a partir del 1ro de septiembre.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de junio en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso.
“Se autoriza la salida de personal y/o medios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados estipulados en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1º de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025”, establece el proyecto.
Además, explica que “la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento y entrenamiento del personal de nuestras fuerzas armadas; profundizando el acercamiento, conocimiento y confianza mutua, incrementando así la interoperabilidad con las fuerzas militares de otros países y la eficacia a la hora de llevar adelante alguna operación combinada en el futuro”.
De acuerdo al texto, se contemplan 15 ejercicios militares, de los cuales uno corresponde al Ejército Argentino, doce corresponden a la Armada Argentina y uno corresponde a la Fuerza Aérea Argentina. Del total de las ejercitaciones mencionadas, seis son de carácter multilateral, ocho tienen carácter bilateral y una, “Passex”, de oportunidad, pudiendo ser bilateral o multilateral según las circunstancias.
Dos de las ejercitaciones “Integración 2024” y “Viekaren”, plantean la atención a una situación de emergencia o catástrofe; seis DE ellos, “Acrux”, “Atlasur”, “Fraterno”, “Inalaf”, “Unitas” y “Cruzex”, son ejercitaciones en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.
Además, “Operación Formosa”, plantea la integración de efectivos de la Armada Argentina en el empleo de los sistemas de armas utilizados por la Marina de Brasil; “Galapex” establece la organización y empleo de una fuerza multinacional para ejercitar la interoperabilidad de la vigilancia y control de espacios marítimos de interés, y dos de ellos, “Siforex” tiene por objeto incrementar el nivel de interoperabilidad y adiestramiento con foco en acciones submarinas y antisubmarinas, mientras que “Guinex” tiene por objeto trabajar de manera multinacional el control del tránsito marítimo en el ámbito de la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur) interactuando con armadas del continente africano.
Con respecto a “Arandú”, diseña un ejercicio de planeamiento y simulación en el gabinete con medios informáticos de la plataforma del Ejército brasileño: Batalla Virtual. El ejercicio “Atlasur” brinda la oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica.
Respecto del ejercicio “Passex”, constituye un eventual “ejercicio/s de oportunidad”, en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el litoral marítimo argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina.
Finalmente, el ejercicio “Vinciguerra” permite el entrenamiento de manera bilateral intercambiando técnicas y tácticas de entrenamiento en unidades de elite de la infantería de Marina, mejorando el proceso de planificación, preparación y manejo de riesgo de las operaciones en terreno montañoso propio del escenario austral.
El 20 de agosto pasado asistió el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio, Juan Battaleme, quien volverá a participar esta semana de la nueva reunión. No obstante, errores de cálculo del oficialismo y el rechazo cristinista a dos de los 15 ejercicios imposibilitó la firma de un despacho. De allí la nueva convocatoria.
Otra iniciativa que también votó Diputados es la que lleva el nombre de Nicolás Deanna -víctima de mala praxis-, que pretende establecer un “marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura”, según consta en su primer artículo. Una cuestión delicada que se analizará desde las 10 de este miércoles en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara alta. Algunos legisladores dudan y pedirían convocar a especialistas.
En el seno de un plenario de dos comisiones de la Cámara alta continúa este miércoles la discusión del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del registro nacional vigente.
Este miércoles a partir de las 15.30, el Salón Arturo Illia será escenario de un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, para continuar el debate sobre la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
Será la continuidad de la reunión que se realizó el pasado 10 de septiembre, oportunidad en la cual asistieron el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier. En esa ocasión, la titular de la Comisión de Seguridad Interior, la radical Carolina Losada, informó que en esta oportunidad se reunirían con el objetivo de poder dictaminar.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, y se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Durante ese debate, Fernando Soto hizo hincapié en su intervención en el artículo 2 que establece bajo qué ministerio u organismo estará el registro y precisó que “es una herramienta de investigación criminal, que se toman los datos de todas las personas imputadas, de todas las personas condenadas y se toman las muestras y evidencias que se encuentran en la escena del hecho. Las evidencias en la escena del hecho son de ADN, pero hoy en día ya no hace falta que se tengan fluidos en sangre, sino que basta el ADN de contacto en este lugar simplemente por la declamación microscópica de las células que entran en contacto con un objeto. Eso en un sistema que es la determinación del ADN hace que se obtenga un perfil genético que se traduce en un código de barras y se compara ese código de barras con el código de barras del imputado o del condenado”.
Así las cosas, el funcionario enfatizó que “el registro es una herramienta de investigación y estaba en la ley del 2013 que se había sancionado en este Congreso por unanimidad, porque en esa época recién se separaba justicia de seguridad, y establecieron que va a la dirección de registro del Ministerio de Justicia como un registro más”. Por eso señaló que “en ninguna parte del mundo los registros de información genética funcionan en el Ministerio de Justicia”, por lo que abogó por restituir lo que establecía originalmente el texto mandado por el Ejecutivo, de modo tal que el registro quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, por cuanto “tiene el enlace y el trabajo con la fuerza y seguridad. Es una función natural del Ministerio de Seguridad poder llevar esta ley a cabo”.
Puntos principales del proyecto
Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.
Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.
Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.
En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.
El proyecto de ley contemplado en el “paquete Bullrich” impulsado por el Poder Ejecutivo tiene media sanción de Diputados desde el 14 agosto pasado. El artículo modificado en el recinto de la Cámara baja que vincula a la ministra. Qué funcionarios asisten a debatir.
Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta dará puntapié inicial al debate del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. Será este martes 10 a las 17.15 en el Salón Arturo Illia.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
Para este debate en el Senado de la Nación, estarán presentes el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier.
Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.
Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.
Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.
En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.
La diputada libertaria contó en el recinto que fue víctima de violación en 2006, al hablar a favor del proyecto que amplía el Registro de Datos Genéticos.
En el cierre del debate sobre el proyecto que amplía el Registro de Datos Genéticos para la investigación de delitos, la diputada oficialista Lilia Lemoine protagonizó un crudo relato, al contar que fue víctima de violación en 2006 y todavía guarda una prueba genética de su abusador.
“Les pido disculpas ante todo porque me va a temblar bastante la voz”, arrancó y expresó: “En el año 2006 yo fue víctima de violación, golpeo, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía supuestamente nunca lo encontró. No sé lo que pasó con la causa”.
La libertaria dijo que en su familia le enseñaron que “había que defenderse” y “si no logras defenderte lo denuncias, y hasta que no quede preso no paras”.
“El violador y el abusador repite; por un violador suelto hay decenas de mujeres y niños que son víctimas”, advirtió. Luego mencionó que conoció a la asociación Madres del Dolor y allí decidió “dejar de ser víctima y luchar para que las mujeres supieran lo que yo sabía, que valía la pena defenderse y denunciar”.
Lemoine rechazó “lo desagradable que es para una mujer tener que contar esto y que después te traten de loca, psiquiátrica o prostituta, como hacen algunos hombres en el poder cuando se los denuncia”. “Los medios llegaron a burlarse de mí, en particular un conductor de televisión de apellido (Roberto) Pettinato”, lanzó y destacó sí en cambio a otros periodistas que le dieron lugar como, Mauro Viale y Chiche Gelblung.
“Durante 18 años guardo una prueba genética, una botellita de agua que el violador usó para tomar. Yo no sé si sirve o no, pero la guardé esperando. Cada vez que el registro de ADN de violadores no se implementaba yo lloraba y me preguntaba ¿por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores y de los asesinos?”, sostuvo.
La legisladora resaltó que “muchas mujeres por miedo o por vergüenza no denuncian”. “Les quiero decir a las mujeres que no tengan vergüenza porque los que hablen mal de ellas cuando denuncian son la basura”, afirmó.
“Tenemos derecho a que la Justicia y la política nos protejan, por eso es importante que el registro esté en manos de las fuerzas de seguridad. El registro tiene que servir para prevenir, porque son reincidentes”, agregó.
Finalmente, señaló que con estos cambios “los inocentes van a seguir siendo inocentes, y los culpables van a seguir siendo culpables, pero al menos con este registro la Justicia va a tener la posibilidad de salvar vidas”.
El proyecto, que forma parte del paquete "Bullrich", fue aprobado con modificaciones respecto de su versión original. Obtuvo 146 votos positivos, 87 negativos y 1 abstención. Presencia de Madres del Dolor.
El oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.
La votación resultó con 146 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Ahora deberá tratarse en el Senado. El debate contó con la presencia de referentes de Madres del Dolor, que la semana pasada, cuando fracasó por falta de quórum la sesión, también habían asistido. Entre ellas estuvieron Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, cuyas hijas -Lucila Yaconis y Ángeles Rawson, respectivamente- fueron víctimas de femicidio.
El texto es parte del conocido "paquete Bullrich", un conjunto de iniciativas promovidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre las que también está la ley antimafias.
El Registro funcionará en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios.
Un artículo caído y modificaciones en particular
Durante la votación en particular, la redacción del articulado sufrió modificaciones luego de que el artículo 2 resultara rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones. Tras casi una hora de cuarto intermedio, los bloques acordaron una nueva redacción que establece que el Registro de Datos quedará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y no del de Seguridad como pretendía el Ejecutivo. La votación resultó con 231 votos afirmativos, 0 negativos y 7 abstenciones.
El artículo 3 quedó igual y fue aprobado con 145 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones. No corrió la misma suerte el artículo 4 que sufrió cambios en su redacción, puntualmente el inciso "E" que quedó de la siguiente manera: "Perfiles genéticos de una persona mayor de edad imputada, procesada o sobre la que recayese resolución judicial equivalente, o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraron asociadas con su identificación, así como los perfiles de quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal. A los fines de esta ley se considerará persona imputada desde el primer llamado efectuado con el objeto de recibirle declaración indagatoria o equivalente. En el caso de los menores de edad, sus perfiles genéticos solo podrán ser Incorporados si fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito. Los datos serán removidos cuando la persona Imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada, o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de Investigación se extienda por más de tres años". Así, resultó afirmativo con 232 votos a favor, 5 negativos y 0 abstenciones.
En el artículo 5, Laura Rodríguez Machado precisó que se modificó: "Se considera persona imputada desde el primer llamado a la primera indagatoria” y que "“los datos serán removidos cuando la persona imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación procesal". Resultó afirmativo con 145 votos a favor, 93 negativos y 0 abstenciones.
En tanto del artículo 6 se quitó la frase "delitos culposos" y se aprobó con 231 votos afirmativos, 5 negativos y 0 abstenciones. Del artículo 7 se modificó "de encontrarse compatibilidad reiterar la extracción de la muestra bajo orden judicial del órgano competente” siendo aprobado con 231 votos afirmativos, 5 negativos y 0 abstenciones hasta el artículos 11.
En el artículo 12 que crea el art. 12 bis, se modificó el párrafo "y en caso de negativa, la obtención de la muestra se obtendrá mediante orden de autoridad judicial competente (se elimina la expresión "compulsiva") resultó aprobado con 231 votos a favor y 5 en contra. Del artículo 13 al 18 fueron aprobados con 145 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones.
El debate
En el arranque del debate, la miembro informante del dictamen de mayoría, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, destacó que entre los bloques “hay absoluta coincidencia en que hay que modificar esta ley, que hay que ampliar el Registro, que hay que incorporar el ADN de contacto para que se sumen nuevos perfiles”, y que “los despachos en disidencias no tienen que ver con el contenido central, que es ampliar el Registro” sino con “detalles”.
Para la legisladora del Pro, esta modificación “nos va a permitir incluir más perfiles genéticos; la ley que vamos a modificar solo incluía a quienes ya estaban condenados por delitos contra la integridad sexual”. “Para las personas que actualmente se encuentran procesadas vamos a incluir su perfil genético por el lapso de cuatro meses”, precisó. Luego, ponderó el ejemplo de la provincia de Mendoza, donde un registro de estas características funciona desde 2016 y permitió “el esclarecimiento de más de 4.000 casos penales con casi más de 1.000 coincidencias de huellas genéticas que se encontraron en lugares de delitos y con perfiles genéticos que había en este banco”.
“Es uno de los proyectos más importantes en materia de investigación criminalística desde el año 1912”, opinó la cordobesa, quien recordó el caso de Lucila Yaconis en 2003: “20 años después la causa de Lucila está abierta”.
Para Rodríguez Machado, de esta manera se va a “ampliar la posibilidad para que muchas madres y mujeres puedan encontrar a través de este nuevo sistema quienes son sus victimarios”, y “le demos una instrumento a la Justicia para que eso cambie”. “Vamos a evitar que sigan sueltos violadores que están sueltos en las calles todos los días”, agregó.
El dictamen de minoría fue defendido por el diputado de Unión por la Patria Martín Soria, quien resaltó que durante el gobierno kirchnerista se había creado el Banco Genético original, y ponderó el avance de esta norma puesta en debate, aunque aclaró que “lamentablemente” no se habían podido zanjar diferencias de criterios que consideró “fundamentales” con el dictamen de mayoría, por lo que se vieron “obligados” a emitir una propuesta que UP que considera “superadora”.
Habló de diferencias puntuales que planteó en “tres ejes centrales”. El primero, “la inconveniencia de que este registro sea traspasado desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich”. El segundo punto de discrepancia es “la toma de muestras de ADN” en cualquier tipo de delito. Y el tercer elemento tiene que ver con “la designación sin concurso ni criterios técnicos del director de Huellas Genéticas, y la imposición de reemplazar el software gratuito nacional creado en 2013 y que entró en operatividad entre 2021 y 2023 por un software extranjero, el CoDIS del FBI”.
“Proponemos que el registro continúe como hasta ahora en el ámbito de Justicia, dotándolo de autarquía funcional y financiera, asegurando una mayor protección en los datos y perfiles genéticos -señaló el rionegrino-. El uso de datos genéticos y la regulación de esos datos debe ser muy rigurosa, tenemos que ser muy claros en qué casos debe ingresar una persona a ese registro. No puede quedar al arbitrio de cualquier ministro o directores políticos de turno, sin orden judicial”.
Y agregó: “Nuestro proyecto dice que debe respetarse el cumplimento irrestricto de la Ley de Datos Personales”. En esa línea, el opositor mencionó que en el pasado reciente hubo en la Ciudad lo que definió como un “escándalo”, al comprobarse que el Ministerio de Seguridad porteño había accedido en forma ilícita a información biométrica de más de 7 millones de argentinos. “Fue un escándalo, de ahí el peligro y la rigurosidad que debemos tener y reclamamos”, enfatizó el exministro de Justicia.
Soria rechazó la voluntad de impulsar un muestreo y almacenamiento compulsivo de los perfiles genéticos, para “entregarle una herramienta fuertísima de mapeo genético a una de sus ministras”. Habló de la necesidad de resguardar la privacidad de todos los habitantes de la Argentina y rechazó la inclusión en el registro por delitos leves, como un accidente de tránsito. “Nuestro proyecto acota el catálogo de delitos a los graves; solo se le extrae la muestra a aquellos que cometen delitos graves que tienen penas mayores a seis años”, explicó.
Asimismo, Soria alertó sobre el costo de llevar adelante un mapeo tan grande que involucre a cualquier persona. Corrió por derecha al Gobierno al señalar que si habían hablado de “degenerados fiscales”, con “semejante proyecto tendrían que hablar de degenerados penales”.
Por último, pidió establecer criterios técnicos y comprobables de las personas que van a conducir este registro. Sobre el sistema “CoDIS”, advirtió que ha sido ofrecido “gratis” por el FBI, y se preguntó: “¿Estamos dispuestos a semejante nivel de sumisión dándole datos tan personalísimos a un poder extranjero, con la vulnerabilidad de nuestra soberanía que significa darle los datos genéticos de todos sus habitantes?”.
También desde UP, el diputado Ramiro Gutiérrez resaltó que “el perfil genético da 99,9% de certeza” y “en todo proceso de investigación es la prueba más certera, por eso está saldada esa discusión”. Pero opinó que “esta ley no es necesaria porque el tema ya está regulado desde 1968” con la Ley 17.671 de identificación, registro y clasificación humana. “Estamos perdiendo tiempo, sólo se necesitaba un decreto del Poder Ejecutivo”, dijo.
El legislador massista alertó que “con esta ley todo imputado va a tener que presentar su material genético” y “eso está mal”, ya que “solo deben ser incorporadas las personas sobre las que exista sospecha penal”. Además, al igual que Soria, aseveró que “no puede quedar en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Le estamos dando al auxiliar la custodio de la evidencia. ¿Le vamos a dejar al Ministerio de Justicia solo el Registro de Automotores?”.
A su turno, el libertario Santiago Santurio sostuvo: “Para nosotros la justicia y la seguridad son temas importantes. Nosotros no hacemos un eslogan retórico que en el fondo lo único que quiere es encubrir a los amigos y perseguir a los que no lo son. Para nosotros es fundamental que se identifique a los criminales y que vayan a la cárcel”.
Al hablar de elaborar políticas de seguridad y de justicia, expresó que eso no se hace “con organismos que lo único que hacen es transformarse en yacimientos de empleados públicos que solo alimentan una planta política que no ofrece ninguna mejora en la calidad de todos los argentinos, y tomar políticas que tengan verdadero impacto en mejorar la justicia y la seguridad en nuestro país”.
La radical Soledad Carrizo destacó que la modificación a la ley viene a ampliar, no solo en delitos, sino también “en la información que se va a cotejar” y precisó que el banco genético “va a tener información relevada de personas de víctimas, personal de seguridad, un amplio universo”. Así, resaltó que se tuvo “especial consideración mantener las medidas de seguridad y protección de datos ya que Argentina está adherida a convenios y no se va a vulnerar”.
Carrizo dio datos de lo que ocurre en la provincia de Córdoba donde crecieron un 26% los robos en casas y un 16% de autos y bregó para que se adhiera al Banco, ya que “con ello van a poder resolver los delitos que aún no se lograron y atacar de una manera clara y con confianza aun flagelo que está haciendo agua y no tenemos respuesta por parte del Gobierno”.
La socialista Mónica Fein apoyó la ampliación de la ley vigente que fue “creada para identificar defensores de delitos sexuales. Acompañamos la idea de hacer extensivo el registro a otros delitos”. “El Ejecutivo plantea que en este registro de datos genéticos pueda ser entrecruzados con todos los registros del país y plantea que el Ministerio de Seguridad habilite el convenio con provincias y capital federal. También es muy positivo que tenga como objetivo la búsqueda de personas desaparecidas o la identificación tanto de personas como de cuerpos”, resaltó.
Sin embargo, la santafecina explicó por qué no acompañaron algunos temas en particular: “El dictamen fuerza la idea de que estos delitos o el registro deben mantenerse en el ámbito del Ministerio de Seguridad, pero la función del ministerio es prevenir el delito y ejecución de las penas y no investigarlos, por lo tanto, creemos que el artículo 2 no es adecuado ya que debe mantenerse en el ámbito de la justicia”, y, además, consideraron que “no es conveniente la registración de los imputados desde el punto de vista Constitucional, puesto que la Corte Suprema como la Corte Interamericana, han planteado que esto vulnera el principio de la inocencia, se da en el artículo 4 y 6”.
En el mismo sentido, desde la Coalición Cívica Mónica Frade destacó la labor en comisión por “corregir el desastre que era el proyecto del Ejecutivo. Pocas veces he visto una técnica legislativa tan deficiente, tan descuidada y con tantas inconstitucionalidades. Los esfuerzos de la comisión y de los miembros, mejoraron sustancialmente una idea que es muy buena y tuvo resultados muy buenos en Mendoza y La Pampa donde el Registro depende del Poder Judicial”.
Así, se mostró en contra del artículo 2 que establece que el Registro de Datos quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad: “Si tan bien funciona en el marco del Ministerio de Justicia que es el ámbito natural de investigación de los delitos complejos, por qué razón han mantenido el empecinamiento de mantenerlo en la órbita del de Seguridad. Es un grave error y no estamos de acuerdo con eso”.
También mostró “serias diferencias con el artículo 4 inc. E que habla de imputados que gozan del principio de inocencia, lo dice la Constitución Nacional, con esto se está violando ese principio”. Además, señaló que el artículo 6 indica cuáles van a ser los delitos incorporados como homicidios, abuso sexual, narcotráfico y robos agravados y advirtió que “no hace distinción entre dolosos y culposos”, y preguntó por qué no está incluido el delito de trata en el proyecto “es un grave error” y sostuvo: “Estos artículos, así como están, no pueden ser votados”.
“El artículo 9 dice que está garantizada la trazabilidad de la muestra, pero no está. Se alteran las cadenas de custodia por corrupción y el narcotráfico compra todo, políticos, jueces. ¿Cómo no va a comprar esto? Vamos a ver con qué sale el Ejecutivo con esto que dice que quiere combatir el narcotráfico, pero camina en sentido contrario. Me preocupa es que los abogados penalistas que tienen narcotraficantes y autores de trata, van a tener hermosos agujeros procesales para declarar la nulidad de los procesos. El artículo 12 bis es inconstitucional, al igual que el 17”, explayó Frade.
Por último, preguntó: “¿Cuál es el criterio del Gobierno? Se puede cortar una ruta y lo meten preso 3 años, pero si alteran registros para imputar a alguien tiene menos pena. Este Gobierno es punitivo para los pobres, pero para los narcotraficantes los miran con cariño”, y cerró: “Los artículos 9 y 17 son consideraciones políticas, pero el 2, 4, 6 y 12 bis son inconstitucionales y los voy a votar negativo”.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi se puso como ejemplo de ser eventualmente perjudicada: “A mí tendrían que extraerme los datos genéticos, porque fui imputada en una causa en donde se me acusa de haber dado mi opinión por Twitter”. Apuntó luego que el registro “se amplía hacia algunos delitos, en donde no se marca si van a ser culposos o dolosos” y “mañana se tomarán medidas para seguir ampliando el alcance de estos supuestos delitos”.
“Aparece la problemática tan sentida de las Madres del Dolor como un caballo de Troya, en donde detrás vienen las verdaderas intenciones de las políticas del Gobierno nacional, que está obsesionado por obtener todos los datos de esta población. Y encima de todo nos dicen que esa base de datos tiene que ser transferida del Ministerio de Justicia al de Seguridad”, advirtió y cuestionó a los oficialistas: “Son unos oportunistas y no les importa absolutamente nada que las mujeres seamos violadas, abusadas sexualmente, acosadas, perseguidas”.
Su par Alejandro Vilca remarcó que la ley de Datos Genéticos fue reglamentada en 2017 por lo que “ya existe, no se va a discutir nada a lo referido a delitos sexuales. La modificación amplia a otros delitos y es peligroso y envuelve trampas”, y alertó que “quieren hacer pasar con esto otras normas penales que intentaron con el DNU 70 y Ley Bases y las quieren presentar como nuevas leyes”.
“Este paquete tiene como eje central establecer un mayor control social y una pérdida de derechos individuales. Se busca un registro para abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal”, criticó y sumó: “El proyecto atenta contra el principio de lesividad y proporcionalidad y ataca a los derechos de privacidad y dignidad de las personas acusadas o condenadas por hechos leves que deberán soportar cuando el Estado almacene sus datos. Esto es inconstitucional y declaro sesgos persecutorios y violatorios de derechos porque está pensado como herramienta represiva y donde todos seremos sospechosos”.
Entre lágrimas, la diputada libertaria Lilia Lemoine denunció haber sido víctima de una violación, golpes y secuestro cuando tenía 26 años. Apuntó contra la oposición mas dura y cargó: “Los veo reírse ante una mujer que fue violada”. Luego, relató que guarda una botella de agua del victimario como “prueba genética”. “Él seguía libre, la policía nunca lo encontró y no sé qué pasó con la causa”, agregó.
Puntos principales del proyecto
Entre los objetos del Registro se menciona que serán: "Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados".
También, "identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas" y "discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo".
"Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente", aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético "se almacenarán, en forma independiente" el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
"El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento", reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Otro de los artículos señala que "a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
"La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada", indica y añade que "en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos" en la ley.
Además, "bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna", resalta y prohíbe "el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole".
Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que "será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes". "El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas", agrega.
En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: "a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales".
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.
Las madres de Lola Chomnalez, Lucila Yaconis y Ángeles Rawson habían concurrido a la Cámara baja para asistir al debate sobre la ampliación del Registro de Datos Genéticos.
Luego de caída la sesión de este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a diputados de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas se reunieron con representantes de la asociación civil Madres del Dolor, quienes habían asistido a lo que sería el debate del proyecto de ley para ampliar el Registro de Datos Genéticos.
En el encuentro estuvieron Adriana Belmonte, Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, cuyas hijas -Lola Chomnalez, Lucila Yaconis y Ángeles Rawson, respectivamente- fueron víctimas de femicidio.
Tras participar de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la macrista Laura Rodríguez Machado, expresó: “Nos comprometimos a no aflojar y seguir trabajando para que esta ley sea sancionada. Todos queremos justicia y que ninguna mujer más sea víctima de femicidio, como lo fueron sus hijas”.
El proyecto que era parte del temario busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.
Será en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de Diputados. Se trata de una de las iniciativas del paquete enviado por la ministra Bullrich.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, se buscará avanzar con el dictamen del proyecto de ley que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. El encuentro se realizará este martes, desde las 17, en el Salón Delia Parodi.
Tras varias reuniones informativas, por las que pasaron numerosos expositores, el tema será abordado por los legisladores. Según pudo saber parlamentario.com ya se trabajaron en modificaciones al texto original, que fue enviado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa forma parte del paquete que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluye también la ley antimafias, tema por el cual expuso en la última reunión el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El proyecto busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879.
El objetivo es abarcar la identificación genética de todos los delitos. "Es una herramienta judicial altamente útil para la dilucidación de los delitos", sostuvo el PEN en los argumentos.
Asimismo, indicó que podría servir para la búsqueda de personas perdidas o desaparecidas. Actualmente se estima que hay más de 6.000 en todo el país.
El Registro funcionará en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación, según estima el proyecto original.
En los fundamentos, el Gobierno consideró que esta ampliación constituiría "una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”.
De una nueva reunión de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior participaron cuatro especialistas que dieron su parecer sobre el tema en base a su experiencia.
Un plenario de las Comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, a cargo de los diputados del Pro Laura Rodríguez Machado y José Núñez, respectivamente, analizó el proyecto de Ley que busca poder lograr la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal.
Al comienzo de la reunión, distintos expositores se refirieron al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, por el cual se “crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual”, con el fin de poder abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal.
En ese sentido, Cecilia Bobillo, doctora en bioquímica y responsable del Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa- Ministerio Público, contó su experiencia y en ese sentido, aseveró que “es fundamental tener en cuenta la idoneidad de quienes manejan la base de datos”, por lo cual ponderó el último Artículo del proyecto que expresa: “El director del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal será designado por el Presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes”.
Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, marcó algunas diferencias con la norma: “Es importante buscar normativas y herramientas para la averiguación o la investigación de delitos, pero realizando una ponderación constitucional entre la investigación penal y la vigencia de las garantías constitucionales”.
En tanto, la presidenta de la Fundación Vía Libre y docente Universitaria, Beatriz Busaniche, cuestionó que el proyecto, “pretende integrar al registro de ADN a personas inocentes”, al señalar que “una persona imputada de un delito es inocente hasta que tenga una codena firme”.
A su turno, Sergio Lello Sánchez, procurador General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, se manifestó a favor del proyecto: “Es muy útil para el esclarecimiento de hechos ilícitos”. También, consideró que los conceptos de “Datos genéticos, huellas y perfiles genéticos” que figuran en el proyecto, “deberían unificarse”, ya que presta a confusión, por lo cual sugirió englobarlo en “Datos genéticos”.
Finalmente, Gianni Venier, abogado y ex director de Inteligencia de seguridad de la Provincia de Mendoza y ex ministro de la Provincia de Mendoza, dio su opinión respecto al software especializado CODIS: “La certeza debe ser absoluta”. Y planteó: “Si un sistema con otro no tiene un programador interno (un software de interfaz), queda una pequeña duda de si la muestra es válida o no, y esa duda provoca la absolución”, por lo cual -reflexionó- “no tendría ningún sentido tener un sistema que sea para punir a quien han cometido un delito o se están escapando de la Justicia”.
Además, los legisladores expresaron su opinión sobre la iniciativa. Desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado José Glinski afirmó que “hay voluntad de avanzar en el mejoramiento de los instrumentos para la investigación y la resolución se casos de carácter penal”, pero sugirió realizar más reuniones informativas, con el objetivo de “trabajar mejor y con más tiempo un proyecto de estas características”.
Por su parte, la diputada Alida Ferreyra (LLA) aseveró que la iniciativa es fundamental para “encontrar al verdadero culpable de un delito.
En tanto, la diputada de Mónica Frade (HCF) cuestionó: “No me parece prudente que todo este sistema esté en manos del Poder Ejecutivo”, sino que -sostuvo- “debería estar en manos del Ministerio Público Fiscal, de la Procuración”.
Por último, la diputada Myriam Bregman (FIT) mostró su visión respecto a la norma y opinó que es un proyecto que “demuestra que quieren un Estado fuerte que registre y controle los datos de la población”.
