El senador de la UCR sumó que “sin duda la inseguridad es uno de los grandes problemas que la sociedad nos está pidiendo a gritos que resolvamos y este proyecto va en este sentido”.
El senador nacional Maximiliano Abad destacó el dictamen que se llevó a cabo en la reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y la de Justicia y Asuntos Penales la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos quedó lista para ser tratada en el recinto de la Cámara alta.
En su intervención, señaló que “es fundamental para mejorar la investigación criminal en el país, en el contexto actual y con tantas cuestiones que resolver, creo que toda medida que ayude a reducir el crimen, agilizar las investigaciones y lograr una mejor justicia se tienen que aprobar y de manera expeditiva”.
También, agregó: “Sin duda la inseguridad es uno de los grandes problemas que la sociedad nos está pidiendo a gritos que resolvamos y este proyecto va en este sentido, así que quiero expresar mi apoyo. Es importante destacar que este proyecto no solo es muy útil en la resolución de delitos, también va a ser de gran ayuda para poder encontrar a las personas desaparecidas o extraviadas”.
Además, Abad destacó que este tipo de registros están probados en el mundo y destacó países vecinos como Chile, Brasil y Uruguay donde “es una muy buena herramienta para combatir el crimen trasnacional, es decir el narcotráfico”, resaltó Abad. También resaltó el caso de Mendoza, donde gracias a este registro creado en 2016 se resolvieron más de 4000 causas y mencionó que La Pampa también cuenta con esta herramienta.
“Creo que los datos hablan por sí solos y sumado a estas experiencias locales es importante destacar que el proyecto logró dos tercios en la Cámara de diputados, un consenso poco común”, sostuvo.
“Hoy avanzamos en un proyecto de ley que vincula demandas ciudadanas con una causa común: la lucha contra el crimen y la inseguridad. Ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos, permite resolver delitos. Una colaboración esencial para el funcionamiento de la Justicia y demuestra que necesitamos contar con un Estado inteligente y eficiente”, finalizó Maximiliano Abad.
A través de Oscar Parrilli, UP acusó incumplimiento del reglamento y anunció que irán por la impugnación del despacho emitido. Por esto, Carolina Losada se cruzó con el senador kirchnerista. El texto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados no sufrió modificaciones.
Foto: Comunicación Senado
Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado pasaron a la firma este miércoles el dictamen del proyecto que modifica a la Ley 26.879, en virtud de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Desde el interbloque Unión por la Patria acusaron incumplimiento del reglamento e irán por la impugnación del despacho.
La reunión fue encabezada por la senadora santafesina Carolina Losada (UCR), en su rol de presidenta de Seguridad Interior y Narcotráfico, quien al inicio del plenario informó los cambios en la composición de las dos comisiones presentes: Enrique Goerling Lara, Maximialino Abad, María Victoria Huala, Vilma Bedia y Edgardo Kueider reemplazaron a Carmen Álvarez Rivero, Eduardo Galaretto, Beatriz Ávila, Ezequiel Atauche y Víctor Zimermann.
Mientras que en la comisión presidida por senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA): Abad, Goerling Lara y Huala pasaron a ocupar los lugares que eran del senador correntino Eduardo Vischi, Álvarez Rivero y Ávila. Esta maniobra parlamentaria fue señalada por Oscar Parrilli, único senador de UP presente en el Salón Illia, como “artimaña”.
Si bien se hizo presente pocos minutos después de comenzada la reunión, el neuquino pidió la palabra y señaló: “Estaba mirando por televisión la filmación oficial y me parece que acá se ha incumplido gravemente el reglamento y se está utilizando una artimaña para tener quórum”.
En esa línea, siguió: “Este plenario estaba citado para las 11.30, pero se pasó a un cuarto intermedio para las 15.30 y en el medio, se cambiaron a los integrantes de esta comisión de acuerdo a lo que recién leyeron por secretaría”. Mencionó al artículo 103 del reglamento de la Cámara alta y remarcó que “las citaciones se piden con 48 horas de anticipación y esta no respetó estos plazos”.
El senador Parrilli se acercó al Salón Arturo Illia, confrontó con Carolina Losada y se retiró del plenario.
En ese momento, el senador kirchnerista reiteró que “se ha utilizado una maniobra violentando absolutamente el reglamento”, y anunció: “Nuestro bloque va a impugnar las resoluciones y si por mayoría van a firmar el dictamen, lo vamos a impugnar”. Para cerrar, cargó contra los integrantes de la excoalición Juntos por el Cambio: “Lamento que los defensores de la República, la democracia e instituciones, que no venían al Senado hasta el 10 de diciembre del 2023, utilicen estas artimañas o artilugios para sacar dictámenes fuera de todo reglamento”.
La respuesta de Carolina Losada no tardó en llegar: “La semana pasada anuncié esta reunión, el lunes se hizo la convocatoria y la pasamos para las 15.30 por los problemas de vuelo”. Confrontando con el neuquino, advirtió: “Si no leyó el reglamento se lo leo y dice que las reuniones ordinarias se realizarán ‘de ser posible’ (repitió lentamente) como mínimo con 48 horas de anticipación”.
En tal sentido, reiteró que “hay una situación de fuerza mayor por los vuelos y se pasó para más tarde”. “Si tienen algo mejor que hacer, le recuerdo que a ustedes se les paga por venir a las comisiones”, remarcó Losada ante Parrilli, quien tras el cruce con la titular de Seguridad Interior y Narcotráfico se retiró del Salón Arturo Illia.
De esta manera, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 14 de agosto quedó listo para ser llevado al recinto del Senado en una próxima sesión. Por su parte, el despacho no sufrió modificaciones en el debate en comisiones de la Cámara alta.
Durante el tratamiento en el recinto de la Cámara baja, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, y se acordó en aquella ocasión que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.
También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.
De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.
Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.
Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.
En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.
Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.
Así lo establecía el artículo 2 del proyecto del Ejecutivo que se cayó en la votación en particular con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones. Tras casi una hora de cuarto intermedio los bloques acordaron una nueva redacción para que quede bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El detalle de la votación.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en la sesión de este miércoles en general el proyecto para la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, durante la votación en particular el panorama se empantanó y derivó a la modificación de varios artículos, el más importante de ello el 2 que se cayó y tuvo que ser redactado nuevamente.
La Ley 26.879 establecía que el Registro de Datos Genéticos estuviese bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el proyecto enviado por el Ejecutivo proponía que pase a estar en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
Durante el tratamiento en el recinto, diputados de diferentes bancadas habían adelantado el rechazo de la redacción del artículo 2 y ratificaban el texto de la vigente norma.
Al tomar la palabra durante la votación en particular, el diputado radical Fernando Carbajal propuso una reforma al artículo 2 que establece que el Registro de Datos quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, por lo que argumentó que jurídicamente “es algo que desaconsejan”. Así, el formoseño remarcó que el Registro actualmente tiene dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación por lo que planteó dejarlo así y no trasladarlo al de Seguridad: “Eso es un grave error porque le da una parcialidad necesaria y le quita confiabilidad, certeza y seguridad a esa prueba que puede llegar a producir el banco”.
“Es conveniente para ello que esté alejado del organismo administrativo que, tiene como función la persecución criminal. No podemos mezclar esa generación de pruebas poniéndola en manos en el mismo ministerio que le damos la función de perseguir delincuentes. Tiene que permanecer en el ámbito del Ministerio de Justicia cuya función con asegurar la imparcialidad y no con la fijación de la política criminal”, fundamentó y pidió que se reemplace para “asegurar confiabilidad e imparcialidad de los informes que puede dar el banco de datos”.
En el mismo sentido y en nombre de UP coincidió el rionegrino Martín Soria quien expresó: “Desde nuestro bloque está a favor de mejorar esta herramienta fundamental para el esclarecimiento de hechos aberrantes y cualquier delito grave. Nosotros creamos esta herramienta en el 2013 y la pusimos a andar en 2021. Coincidimos con Carbajal sobre la ubicación del Banco Nacional Genéticos no en la órbita de Seguridad sino donde está actualmente en Justicia”.
La miembro informante, Laura Rodríguez Machado rechazó las modificaciones propuestas y ratificó la redacción del texto original para “respetar el trabajo realizado durante meses y en respeto a quienes expusieron y los criterios en los cuales están los artículos. Vamos a mantener el proyecto tal cual presentado”. Sin embargo, el artículo fue rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones.
Caído el artículo, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, alertó que “no hay ubicación del Registro de Datos Genéticos hasta que no votemos”, por lo que planteó “poner a consideración que podamos ubicar el tema en el Ministerio de Justicia donde estaba y la mayoría de los bloques lo ha manifestado”.
Tras más de una hora de cuarto intermedio, Martínez leyó la redacción del nuevo artículo: “Sustitúyase el artículo 2 la Ley 26.879 por el siguiente: ‘El registro creado funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia’”. Así las cosas, la nueva votación resultó aprobada con 231 votos afirmativos y 7 abstenciones.
¿Quiénes rechazaron la redacción original del artículo 2?
A todo el bloque de UP y de los cinco diputados del Frente de Izquierda se le sumaron los radicales Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Pablo Juliano, Facundo Manes, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela.
También de la Coalición Cívica los diputados Victoria Borrego, Maximiliano Ferrado, Mónica Frade, Juan Manuel López.
En cuanto al bloque Innovación Federal votaron en contra Alberto Arrua, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.
El bloque Encuentro Federal también votó dividido, siendo por la negativa Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulon, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizzer y Alejandra Torres.
Los representantes del Frente Por Santa Cruz Sergio Acevedo y Luis Garrido, mientras que las abstenciones fueron de Marcela Campagnoli (CC-ARI) y Julio Cobos (UCR).
A pesar de que UP logró introducir más de una decena de cambios al dictamen de mayoría, presentó su propio despacho con una modificación en el financiamiento. Luego, Legislación Penal aprobó tres acuerdos internacionales.
Finalmente, la reunión plenaria entre las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados dictaminó este martes el proyecto de ley que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Pese a incorporar las modificaciones solicitadas por Unión por la Patria, el bloque opositor presentó su propio despacho.
Tal como adelantó parlamentario.com, el dictamen de mayoría salió del texto con las modificaciones propuestas durante las reuniones informativas. Previo a la firma, la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), confirmó que este despacho lleva comprendidas “11 modificaciones de Unión por la Patria, 8 de Hacemos Coalición Federal, 5 del radicalismo y 4 de Innovación Federal”.
Pese a introducir las modificaciones exigidas en el dictamen de mayoría, el vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria (UP), anticipó que el bloque opositor presentó un despacho propio donde puntualizaron que la iniciativa “tiene que tener el financiamiento para que las provincias que adhieran puedan nutrir esa base de datos genéticos”.
“Decíamos que el catálogo (de la base de datos) debía regir sobre delitos graves y una de nuestras propuestas fue de la comisión de huellas genéticas para que no sea netamente conducido por la política, sino por especialistas en la materia”, refirió el rionegrino en relación a los cambios solicitados en anteriores reuniones.
En contraposición a todo el proyecto de ley, la jefa de bancada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ratificó su rechazo a la iniciativa y explicó que “se está creando un banco de sospechosos”, y cuestionó a la labor en comisiones: “Nadie pudo defender qué significa y justifique para que existe y los expositores de las provincias sumaron dudas”.
A su vez, enlistó una serie de atributos del proyecto que observó de forma negativa: “Están la inclusión de menores, la violación del principio de inocencia, el manejo de la muestra y la violación de principio constitucionales”. Además, cargó que “no quedó claro si va a ser un solo banco o dos bancos con la búsqueda de personas desaparecidas”.
Dirigida a la ministra de Seguridad, Bregman afirmó que “quieren hacer un gran hermano”. “Van a estar personas imputadas y personas con delitos graves con personas desaparecidas porque Patricia Bullrich quiere que todos seamos sospechosos”. “Me parece que es una herramienta grave”, cerró.
Por otra parte, la diputada nacional Patricia Vásquez (Pro – Buenos Aires) propuso: “Si Vucetich implementó la identificación por huella en 1891 ¿Por qué no podemos avanzar con esto en el Siglo XXI?”. “Si no tenemos confianza en las instituciones, no podemos sancionar ninguna ley directamente”, disparó.
Mencionó, además, a la inseguridad y al narcotráfico como “causales de daño”, y señaló que “esta es una herramienta para resolución para identificar culpables e inocentes”. Finalmente, añadió: “implementaría la identificación por nuestro ADN sin tener relación con un delito”.
También, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (UCR) planteó una observación sobre el dictamen: “No sé si fue un error involuntario en el artículo 4 inciso f que habla de los perfiles genéticos del personal perteneciente a las fuerzas policiales, de seguridad federal, funciones y empleados de los poderes judiciales que intervengan podrán solicitar la remoción de sus datos del registro tras cinco años del cese de sus actividades”.
Por último, el presidente de Seguridad Interior, José Núñez (Pro – Santa Fe) cerró: “Hemos trabajado con respeto y todos hemos apartado, por unanimidad nos llevamos este dictamen (o dictámenes) y seguiremos discutiendo hasta que se sancione la ley”.
Al término del plenario, Legislación Penal aprobó tres acuerdos internacionales respecto al protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio; la Convención relativa a la Organización Internacional de ayudas a la Navegación Marítima; y la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977. Todos provenían con el aval del Senado.
La iniciativa se inspira en la experiencia mendocina. Encabezarán la actividad el jefe del interbloque JxC en el Senado, Alfredo Cornejo, y el diputado Juan Martín.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, y el diputado nacional Juan Martín (UCR) anunciarán su propuesta de modificación de la Ley N°26.879, de Registro Nacional de Datos Genéticos, con el objetivo de que “sea útil para todas las investigaciones criminales”.
La presentación se realizará este jueves, a las 11.30, en el Salón Auditorio del Anexo del Senado.
La Ley 26.879, sancionada en julio de 2013, creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, estableciendo que se almacenaría solamente la información genética obtenida en el curso de una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual. “Esta última característica dificultó que el actual registro cumpliera con su fin primigenio al estar limitado solamente a aquellas personas con condena firme, reduciendo el margen de acción del registro”, explicaron.
A pesar de haber sido sancionada en 2013 esta ley fue recién reglamentada en 2017 por el decreto 522/17. “Hoy, casi 6 años después de su reglamentación, el registro nacional con las características que tiene actualmente solo guarda aproximadamente 400 perfiles genéticos volviendo poco útil a sus fines al mencionado registro”, señalaron los legisladores radicales.
El proyecto de modificación está principalmente inspirado en la Ley 8.916 de la provincia de Mendoza, sobre el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, sancionada en 2016. “La experiencia provincial ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca la importancia de la construcción de bases de datos amplios que sirvan para resolver investigaciones penales”, sostuvieron.
Actualmente el registro mendocino cuenta con 65 mil muestras extraídas. Este registro es la base de datos más amplia de Latinoamérica. El registro ha realizado ya 472 impactos identificatorios positivos. De estos impactos identificatorios, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos.
“Con el presente proyecto de modificación planteamos discutir una reforma a la ley que haga útil este registro para todas las investigaciones criminales y ampliando la base del registro para que sea útil en estas investigaciones”, afirmaron Cornejo y Martín.
En la elaboración de la iniciativa aportaron el doctor Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de Mendoza, y las asociaciones de la sociedad civil que luchan incansablemente por los derechos de las víctimas, en las personas de Isabel Yaconis, de la Asociación Madres del Dolor, y Guillermo Bargna, de Usina de Justicia.
