El Senado dictaminó el proyecto para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios

La iniciativa cuenta con media sanción de Diputados y tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional.

La Comisión de Legislación General del Senado emitió dictamen favorable este martes al proyecto que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.

Previo al tratamiento de la iniciativa, la comisión procedió a la elección de sus autoridades, días, horarios y un plan de trabajo para lo que resta del año. Así, fue que desde el bloque oficialista ratificaron al pampeano Daniel Bensusán y como secretaria a María Pilatti Vergara. En tanto JxC dejó vacante la vicepresidencia para la próxima reunión.

Al comienzo, Bensusán explicó que se pusieron a la vista proyectos que ingresaron sobre el tema por la Cámara alta de los senadores nacionales Silvina García Larraburu (UC – Río Negro), Daniel Kroneberger (UCR – La Pampa) y uno de su autoría.

Tras explicar los puntos centrales de la iniciativa, hizo uso de la palabra la vicejefa del interbloque FdT, Anabel Fernández Sagasti, quien resaltó la similitud de todos los proyectos puestos a consideración y consideró que “si los autores de los proyectos están de acuerdo deberíamos proceder con rapidez a poder darle media sanción que es un intento más para que los progenitores se hagan cargo de los niños que no pueden cobrar su cuota alimentaria.  A algo que es de común aberración para la sociedad, le tenemos que dar herramientas a la justicia y al Estado para poder cobrar los alimentos que este registro intenta hacer”.

A su turno, el senador radical Pablo Blanco adelantó el acompañamiento del interbloque de JxC al proyecto y explicó: “Es un proyecto similar al que años anteriores aprobó el Senado por unanimidad y giró a Diputados donde perdió estado parlamentario. Ahora viene con la media sanción así que vamos a acompañar”.

“Como autor de uno de los proyectos estamos de acuerdo en unificar los textos”, cerró Bensusán para pasar a la firma el dictamen.

Los aspectos del proyecto

Esta iniciativa tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente.

La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el juez o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.

Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.

El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.

Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”.

También, en el texto que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.

El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria; la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Diputados dio dictamen a un proyecto para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos

La iniciativa, consensuada entre distintas propuestas, fue despachada este miércoles tras un plenario de tres comisiones.

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Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia de la Cámara de Diputados avanzó con la firma de un dictamen consensuado que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM). 

Dicho registro tendrá por objeto “la conformación de una base de datos unificada y dinámica de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales”. 

A su vez, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”. 

El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; y solicitud de licencia para conducir o su renovación”, entre otros. 

También, en la iniciativa que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego. 

El texto se elaboró en base a proyectos que presentaron Cecilia Moreau -presidenta de la Cámara-, Julio Cobos, Roxana Reyes, Paula Oliveto, Carla Carrizo, Jimena López y el exdiputado Marcelo Koening

Durante el debate, la diputada Carolina Yutrovic (FdT) sostuvo que este tema “es una deuda que tenemos con las infancias y las adolescencias de nuestro país”, que debe analizarse sobre “un concepto profundo de convertirnos en una mejor sociedad, en una sociedad del cuidado”. “Tenemos un alto índice de deudores alimentarios que aún con sentencias, con acuerdos homologados, incumplen el pago de la cuota alimentaria y le niegan a hijos e hijas el desarrollo integral”, continuó. 

La fueguina señaló que este incumplimiento es “una de las formas de violencia económica contra las mujeres”, mientras que resaltó que con este registro “los jueces van a tener un marco para poder hacer efectivas sus medidas judiciales”, al tiempo que se busca “generar una conciencia amplia en todo el país” sobre “la efectividad” que tuvieron los registros provinciales. 

En su intervención, la legisladora detalló que “según estudios en la provincia de Buenos Aires dicen que el 66% de las madres no recibe ningún aporte económico por parte de los progenitores”. En tanto, “un informe de CIPPEC señala que el 78% de las mujeres de entre 35 y 45 años convive al menos con un hijo; el 97% de esos chicos conviven con sus madres; y 3 de cada 10 mujeres que no conviven con el padre de sus hijos son las más afectadas”, indicó. 

Yutrovic añadió que “esto no le pasa solo a las personas de menores ingresos, donde la gravedad es mayor”, sino que “es un problema que atraviesa a todas las clases sociales”. 

Por su parte, el diputado Julio Cobos (UCR) enfatizó que “más que un flagelo es un delito incumplir con la cuota alimentaria, porque estamos afectando generalmente a la mujer, hay algunas excepciones donde es el hombre”, pero sobre todo “se afectan los derechos del niño”.

El radical celebró que “se logró enriquecer el proyecto”. “Sé que todavía quedan algunas dudas, bienvenidas todas las sugerencias”, dijo, pero insistió: “Los asesores llevan hace más de dos meses la discusión para la integración de los proyectos”. Por eso, pidió a sus pares “que acompañen aunque sea con alguna disidencia” y “en el trayecto a la sesión logremos acordar definitivamente el proyecto”. 

Uno de los que señaló diferencias con algunos puntos de la redacción fue el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien consideró que este registro “debería ser algo parecido a una base de datos o a un buzón al que llegue la información de las provincias” y “no crear un organismo nuevo, sino algo muy mínimo que funcione online” para que “las altas, las bajas y las modificaciones las decidan los jueces en las provincias”. 

“La obligación de consultar si determinada persona figura o no en el Registro de Deudores Alimentarios es del organismo, el ente o la entidad a la que esa persona se dirige a hacer un trámite. Tiene que estar bien claro que no le podemos imponer a todos los habitantes la obligación de tramitar  un certificado de no deudor”, reclamó, al tiempo que observó que no se prevén sanciones para los organismos o entidades que no consultan al registro antes de otorgar las distintas solicitudes.  

A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) opinó que “lo que estamos haciendo es correcto”. “De lo que estamos hablando es de cómo hacemos en un país con una economía tan informal para hacer que el deudor cumpla la sentencia”, expresó y defendió que se trata de “una ley interesante, relajada, que no tiene ninguna cuestión que uno pueda tildar de inconstitucional”. “El proyecto no dice que nadie tenga que ir a buscar un certificado a ningún lado”, aclaró. 

La diputada Paula Oliveto (CC-ARI) rescató que “todos los autores cedieron para poder construir un consenso”. “Si tenemos que seguir hablando para seguir modificando cosas” de modo que la Cámara de Diputados establezca que “no va a tolerar en su legislación que una persona cometa el delito y el horror de dejar a un niño sin su alimento, seguiremos trabajando para llegar al recinto con el mayor consenso posible”, subrayó. Y agregó: “La señal tiene que ser de manera contundente y clara de que nos estamos ocupando de esto en un momento en el que más del 50% de niños y adolescentes tienen necesidades”. 

Otra legisladora que objetó aspectos del texto fue Paula Omodeo (CREO), quien señaló que “algunos incisos podrían ser problemáticos a la hora de generar una fuente de trabajo al deudor para que después pueda cumplir”, como por ejemplo el que plantea impedimentos para “la habilitación para la apertura de comercio o industria”. 

“Un padre o una madre debe porque no tiene trabajo, quiere abrir un pequeño almacén o algún comercio para poder pagar esa deuda alimentaria y no puede obtener la habilitación”, argumentó la tucumana, que sumó: “Hay que pensar muy bien que podemos tener muy buenas intenciones pero después podemos generar verdaderos problemas”. 

En la recta final de la reunión, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) anticipó que buscará cambiar cosas de la redacción que tiene “un sesgo adulto-céntrico” y “recién en el artículo 15” nombra a los niños. “La primera concientización es nombrarlo, no solo sufren las mujeres, sufren los niños”, sostuvo. 

La porteña afirmó que con este registro nacional “no estamos innovando en nada, en todas las democracias del mundo tienen mecanismos” de este tipo, es decir que “llegamos tarde, no es que llegamos rápido”. También pidió no tener “ningún temor, porque no hay ningún derecho vulnerado”. Acá lo que queremos hacer costoso es violar el derecho a la alimentación de un niño, es muy distinto que prohibir”. 

“No hay ninguna tensión constitucional”, aseguró y explicó que el proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto “porque no pedimos dinero, no creamos ninguna burocracia”. “El Ministerio de Justicia tendrá que reasignar partidas y crear esta función, no es un organismo”, aclaró. 

Presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), manifestó que “sin dudas el interés superior protegido es el de niños, niñas y adolescentes y es lo que nosotros estamos buscando”. “Cualquier decisión garantista del deudor alimentario debe ser suprimida de este proyecto. Creo que nosotros no debemos proteger al que debe”, sentenció la santacruceña.