El proyecto que quedó pendiente de tratamiento en la primera sesión extraordinaria celebrada el miércoles de la semana pasada fue el denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo. Además, exige equilibrio o superávit fiscal en el Presupuesto y aumenta las penas para funcionarios que incumplan esta restricción. También se lo conoce como “regla fiscal”.

Precisamente en ese sentido, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto que establece una nueva regla fiscal anticíclica, un límite a la deuda externa y controles a los capitales especulativos, con el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Este proyecto de Itai Hagman busca instaurar un marco permanente de estabilidad fiscal y sostenibilidad externa. La iniciativa, registrada bajo el número 7037-D-2025, propone modificaciones a las leyes 24.629 y 25.152 y fue girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.

El proyecto establece que el resultado fiscal primario estructural de la Administración Nacional deberá ser “equilibrado o superavitario”, calculado según ingresos ajustados por ciclo económico y otros factores extraordinarios. La Oficina Nacional de Presupuesto será responsable de su estimación anual.

Además, introduce un componente anticíclico: en períodos de recesión el gasto primario deberá crecer al menos 0,6% real y, en fases de crecimiento superior al 3% del PBI, su expansión no podrá exceder el 90% del aumento de los recursos. Los autores afirman que esta regla busca evitar políticas procíclicas que profundicen crisis o aceleren desequilibrios.

Uno de los puntos centrales es la limitación del endeudamiento en moneda extranjera. Según el texto, el stock consolidado de deuda bruta en divisas del Gobierno nacional y del Banco Central no podrá superar el 30% del PBI. Si ese umbral fuera excedido por factores externos, quedaría prohibida la emisión neta de nueva deuda en moneda extranjera.

La propuesta incorpora también restricciones al ingreso de capitales financieros especulativos, imponiendo un plazo mínimo de permanencia de 180 días y la posibilidad de exigir encajes no remunerados en dólares, administrados por el BCRA.

Para garantizar el cumplimiento de la regla estructural, el jefe de Gabinete deberá informar al Congreso cualquier reasignación de partidas cuando la recaudación o el gasto se aparten de lo previsto. En paralelo, la Oficina de Presupuesto del Congreso elaborará informes trimestrales sobre la ejecución fiscal y el grado de cumplimiento de las nuevas disposiciones.

El proyecto incluye además una cláusula de escape que permitiría flexibilizar temporalmente los objetivos fiscales ante desastres naturales, crisis severas o situaciones extraordinarias que afecten la actividad económica, siempre con autorización del Congreso.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que la Argentina padece una “larga inestabilidad macroeconómica” alimentada por políticas erráticas y reglas fiscales demasiado rígidas o incumplibles. Inspirados en experiencias de Chile, Colombia, Perú y Brasil, afirman que una regla de resultado estructural y mecanismos anticíclicos permitirían dotar de previsibilidad a la política fiscal sin imponer ataduras excesivas a los gobiernos.

El texto lleva también las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Strada, Selva, Carlos Castagneto, Jorge Mukdise, Claudia Palladino, Andrea Freites, Cristian Andino, Ana María Ianni, Agustín Rossi y Hadad.

Con el debut "a todo trapo" de los nuevos legisladores, tras ganar La Libertad Avanza significativo terreno dentro del recinto, se realiza este miércoles desde las 14.27 la primera sesión extraordinaria de esta mitad de diciembre, en la que el oficialismo buscará darle media sanción al Presupuesto 2026. Según supo parlamentario.com, la votación será después de las 22.

En el comienzo de la sesión, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, propuso el plan de votar capítulo por capítulo en particular. Con el apoyo de los legisladores de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan, Catamarca y Neuquén, más el Pro, la UCR y el MID, La Libertad Avanza impuso su propuesta con 130 votos a favor, 112 en contra y 1 abstención -Karina Banfi-.

Una vez culminado el debate por la "ley de leyes", seguirá "Inocencia Fiscal", enviado en junio pasado, y el de "Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que ingresó junto al Presupuesto el pasado 15 de septiembre, pero nunca se habían discutido. El tercer tema corre chances de no ser tratado y que la sesión quede sin quórum para ese momento. 

El dictamen del oficialismo

El Presupuesto diseñado por el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI del 5% para 2026, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Uno de los cambios a la redacción original que más polémica causó este martes fue la incorporación de un artículo (el 75), que propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitaria, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos. Este artículo forma parte del capítulo más cuestionado, el XI de los XII que contiene el dictamen. 

En el artículo siguiente, el oficialismo sumó que "los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad".

"Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)", añade el texto, que busca apaciguar la propuesta de derogación de una ley sobre la que el Poder Ejecutivo acaba de sufrir un fallo judicial adverso.

En cuanto al presupuesto universitario fija una partida en $4,785 billones.

Por el contrario, los dictámenes alternativos de la oposición, tanto de Unión por la Patria como del interbloque Unidos, proponen incorporar estas dos leyes y la de Emergencia Pediátrica como parte del Presupuesto.

En tanto, el artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional sino que serán a discreción del Ejecutivo.

En cuanto a la Ley de Zonas Frías se elimina la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Otro artículo que genera polémica en el dictamen de LLA es el 30: prevé la derogación de artículos de distintas leyes relacionadas a financiamiento en educación, ciencia y defensa.

En el dictamen, de 83 artículos, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable y se incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026.

En una de las modificaciones sumadas a último momento (pero no plasmada todavía en el texto del dictamen), con el objetivo de garantizar el apoyo Pro, el oficialismo prometió agregar la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada por la quita de fondos al distrito durante la gestión de Alberto Fernández.

La palabra en el recinto

En la presentación del despacho de mayoría, Alberto "Bertie" Benegas Lynch -en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- señaló que la gestión de Javier Milei todavía no tuvo ley de Presupuesto aprobada y valoró que “el Gobierno nacional en tres oportunidades está sugiriendo bajar el gasto" mientras desde el Parlamento “le pedimos que rompa el equilibrio fiscal, la deuda y más impuestos”.

Luego, agregó que "es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y destacó que el Gobierno “independientemente de que no tenía presupuesto lo manejó junto al equilibrio fiscal”.

Para el dictamen de minoría, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria expresó: “Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado PyME-industrial”. También, reclamó por la intención del oficialismo de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Dialoguista del Gobierno nacional a través del gobernador salteño Gustavo Sáenz, la diputada Yolanda Vega manifestó que “el Presupuesto se apoya en principios de superávit fiscal, financiero y desinflación". La legisladora de Innovación Federal consideró que "es una herramienta necesaria que nos brindará como país mayor seguridad institucional y jurídica para el crecimiento económico”.

La salteña Yolanda Vega avaló votar por capítulos en la particular

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman fustigó al oficialista Lisandro Almirón, quien protagonizó un hecho insólito en su intervención: “Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan”. Además, criticó a los opositores de bloques provinciales que “discursean” pero dan quórum. “¿Cómo puede ser que cuando llega la hora de votar se escondan como ratas en una cañería?”, se quejó respecto a la moción que prevaleció para votar el Presupuesto en capítulos.

La porteña consideró que este es “un presupuesto del FMI” y “lo que se discute en este presupuesto es lo poquito que queda después que se cobre el FMI, después que se cobre (Scott) Bessent”. Sobre la ley, advirtió que “el ajuste para las mujeres en el conjunto de los programas es de un 89%. Es ajuste con batalla cultural, porque atacan específicamente la educación sexual integral”. Mientras que “en educación y cultura la caída es de un 47,7%. Es una brutalidad”, enfatizó.

Por el bloque radical, el mendocino Lisandro Nieri lanzó una sugestiva crítica: “Es increíble destacar la normalidad”. “Venimos de una Argentina con crecimiento del gasto y constante presión sobre el sector privado”, cargó, y comparó esta iniciativa con lo que ocurre en su provincia para “dar calidad en los servicios públicos como educación, seguridad y justicia”.

En otro tramo, el diputado cornejista añadió: “Creo que hay un pendiente, que es recuperar el crédito y la remonetización de la economía; por eso nuestro bloque va a acompañar el proyecto de Inocencia Fiscal, que simplifica y corrige los montos”.

En el espacio de oradores individuales, el libertario Lisandro Almirón destacó una lista con obras destinadas a la provincia de Corrientes. Lo que no se dio cuenta es que estaba leyendo el dictamen de minoría de Unión por la Patria. “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”, había señalado el legislador oficialista antes de que Germán Martínez le aclarara qué era lo que estaba leyendo.

Integrante del interbloque Unidos, Miguel Pichetto cuestionó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al cambio en el sistema de bandas. “Se habla de un dólar de 1.700 a 1.900 pesos”, señaló en relación a la meta del Gobierno nacional de fijarlo en $1.423 a diciembre de 2026.

“Ha habido cambios que son importantes que tienen que ver con una política devastadora con la industria, el trabajo y la destrucción de empleo”, aseveró el legislador de Encuentro Federal. Luego, insistió con el ingreso de productos de China y apuntó contra el Poder Ejecutivo: “La política del Gobierno es más pro-China que pro-americana”. “Tratemos de mejorar la vida de nuestros trabajadores que están a niveles de pobreza”, pidió.

Definidamente opositor, el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica consideró al dictamen del Presupuesto 2026 de ser “ilusorio y ficticio”. En el recinto, también sostuvo que “arranca el año con el doble de la inflación de la prevista y subestima la suba de precios que todavía están sufriendo los argentinos”.

Sin tapujos, reiteró que se trata de “un claro cachivache jurídico”, y explicó: “Quedó confirmado al incorporar por la ventana un artículo que es totalmente ilegal porque viola la ley de administración financiera, pero también confirmaron que este presupuesto no es meramente un ejercicio de austeridad fiscal, sino que el oficialismo tiene la clara decisión política de desprenderse y abandonar los oficios de enseñar, de curar y cuidar que sostienen el lazo social en la Argentina”.

Por el bloque de Provincias Unidas se expresó Pablo Juliano quien denunció el reparto de ATN a Jalil y Jaldo para aprobar el Presupuesto: “En este segundo tiempo del gobierno se puso a jugar a la casta más rancia".

Así, denunció: “Hablo de los ATN. El último mes repartieron 66 mil millones de pesos. Se la dieron a los que mandaron al arco como Osvaldo Jaldo (Tucumán) que recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto. Pero le pegan en la mano a los que tienen las cuentas ordenadas, a esas provincias productivas las extorsionan. Lo ponen a jugar a Jalil que aportó votos en las elecciones a Unión por la Patria. Le están dando 10.500 millones por mes".

"Se puede ser sensible, aprobar recursos para las leyes que votamos como la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento para las Universidades y cuidar el equilibrio fiscal, como estipula nuestro dictamen. En la sensibilidad no engendramos populismo sino un mensaje de futuro. Me parece que no hay futuro para un gobierno que amedrenta y aprieta. Esa receta ya se probó", cerró.

Por su parte, el diputado Jorge Taiana (UP) consideró que el Presupuesto 2026 “es de ajuste y deja fuera a la mayoría de la población, a la mayoría del empresariado argentino y solo beneficia a unas pocas grandes empresas y honra (o deshonra) los compromisos internacionales y la deuda que ha asumido”.

Para Taiana el proyecto busca “desactivar, desmantelar, hacer todavía más frágil y débil el desarrollo educativo, científico y tecnológico argentino” porque “ataca primero a disminuir inversiones de educación general, después disminuir la educación técnica, quitar los objetivos, achicar el sistema científico tecnológico, paralizar los distintos organismos, el INTI, el INTA,  la CONEA, el INVAP, la CONAE, busca que todo el sistema de conocimiento en la Argentina se paralice porque no piensan que sea necesario, piensan que una Argentina basada en la explotación primaria y básicamente de inversión extranjera, no necesita ni industria, ni desarrollo científico tecnológico”.

El diputado de UP señaló que las cifras del presupuesto son “inverosímiles” y que “el 10% de inflación es falso”. Así, advirtió que “ese presupuesto es incumplible y solo se va a cumplir a través del endeudamiento. Este presupuesto lo que supone es más endeudamiento en un gobierno que ha endeudado todo lo que ha podido. Endeudó con el Fondo Monetario, endeudó con el Tesoro de Estados Unidos, tomó créditos en donde pudo en los organismos multilaterales y no puede volver a los mercados porque todavía el riesgo país es muy alto”.

“En el artículo 75 llaman a derogarse las leyes 27.793 y 27.795. Ni siquiera dicen de qué se trata. A ver si pasaban desapercibidas porque son las leyes que ustedes mismos, junto con nosotros, votaron. Votaron hace muy poco y que ante el veto presidencial votaron la mayoría y eso es una ilegalidad. No se puede en un presupuesto anual derogar dos leyes permanentes”, criticó.

Por la izquierda, el diputado Nicolás del Caño denunció que en diciembre varias provincias han recibido los ATN y criticó a los gobernadores por “ser los más oficialistas de todos” como Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco. “Consiguen aprobar el Presupuesto por estos aportes discrecionales”, apuntó.

Además, advirtió que “se quieren derogar las leyes que acá fueron aprobadas como Emergencia en Discapacidad, Universidades, jubilaciones. Es un presupuesto hecho a la medida del pacto con el FMI”.

A su turno, el diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau, sostuvo que el Presupuesto “son proyecciones del Gobierno respecto de lo que va a suceder con la economía, a partir de eso cuánto va a recaudar y cómo lo va a gastar”. Al respecto, el economista analizó que “para cumplir la proyección de inflación del 2025 hace falta que en noviembre y diciembre sean deflacionarios, por ende, la proyección no se cumple. El valor del dólar será $1423, hoy el Banco Nación lo vende en $1475 y, además, cambiaron el tipo de bandas con esto vamos a tener desplazamiento cambiario y más dificultades de cumplir con las metas inflacionarias”.

Lousteau planteó que las consultoras que relevan el Banco Central pronostican una inflación “sin el cambio de las bandas el doble que tiene el Presupuesto y lo mismo pasa con el supuesto superávit. No se entiende qué estamos discutiendo”. Respecto del crecimiento, indicó: “La caída del PBI en el 2024 fue 3,6%. En el 2025 este Presupuesto tiene un crecimiento del 5,4%, no se va a llegar a eso con suerte trepará al 4,3%. Para que suceda hace falta que el último trimestre crezca 4,3%, es decir tiene que crecer ocho veces más para alcanzar el presupuesto de este año”.

“Cuando al crecimiento de este año que es del 4 y medio se le resta el arrastre estadístico, el crecimiento real es del 3% y es importante porque el arrastre para el año que viene es cero. El presupuesto plantea que para el año que viene vamos a crecer en promedio 5% eso sería el 7,4%”, detalló el economista.

Así, precisó que la industria contra noviembre del 2023 está 5% abajo, la construcción 20% abajo, el consumo en autoservicios 35% menos, metalúrgica 13% abajo, ventas minoristas 32% abajo, recaudación de IVA, créditos y débitos 7% abajo. “Esto está pasando ahora mientras el Gobierno dice que el año que viene vamos a crecer de punta a punta al 7,4%”, comparó y agregó que “perdimos 19 mil empleadores en menos de dos años; se perdieron 240 mil empleos, 154 mil del privado, 58 mil público y 30 mil empleos de casas particulares, solo la mitad se recuperó por monotributo, hay una pérdida neta de trabajo registrado de 121 mil trabajadores en dos años”.

Lousteau explicó: “Cuando haces caer la demanda porque cae el poder adquisitivo y al mismo tiempo esa demanda menor es abastecida con atraso cambiario y la suba de importaciones hay menos producción”. “Este plan lo único que hace es configurar dos argentinas no solo es por la ventaja comparativa para producir, sino por la decisión del Gobierno de elegir ganadores todo el tiempo como con el RIGI con las rebajas impositivas”, cuestionó.

Por último, manifestó que “de forma ilegal ahora contraria a la Ley de Administración Financiera quieren derogar en el artículo 75 las leyes que este Congreso aprobó por dos tercios”, y planteó: “Hay una pugna entre la libertad y la igualdad, no queremos libertad para algunos ni mediocridad para algunos, se zanja con fraternidad, que esté incluido en la misma comunidad y este presupuesto no tiene eso y por eso no lo vamos a acompañar y estamos en contra del artículo 75”.

Debutó en el recinto como orador Fernando De Andreis, quien agradeció en primer lugar que el Pro le diera la oportunidad de cerrar el debate por esa bancada y anunció que “nuestro bloque va a acompañar esta ley más allá de que no es el presupuesto que nosotros hubiéramos hecho”.

En su discurso, expresó su opinión de que “hay que acelerar al máximo los procesos de privatización de todas las empresas estatales que producen pérdidas; y en ese sentido bastante lento venimos”. Con todo, felicitó al Gobierno por “el equilibrio fiscal”.

En otro pasaje, se refirió al entendimiento con el Gobierno sobre cumplir lo dispuesto por la Justicia respecto de la coparticipación con la Ciudad y celebró que “se haya alcanzado un acuerdo y que se haya incluido un artículo en ese sentido”. Porque si no se cumple con lo que dice la justicia, agregó, “la seguridad jurídica se derrumba y otra vez vamos a ser un país imprevisible”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Detrás del noble fin que muchos compartimos de garantizar el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, el Gobierno y La Libertad Avanza quieren hacer pasar a las apuradas la ley de “regla fiscal”, con un texto choca abiertamente con la Constitución, vacía al Congreso y concentra poder en el Ejecutivo en materia presupuestaria y fiscal.

Hoy lo trata la Comisión de Presupuesto y Hacienda y mañana lo llevan al recinto, a pesar de estos puntos, que me parecen gravísimos y que me hacen creer que pocos lo han leído o estudiado:

1.- Disciplinamiento del Congreso: El proyecto pretende condicionar y ponerle un cepo al debate y sanción de leyes sobre prioridades presupuestarias. Con exigencias previas al debate en comisión o con vigencia condicionada de las leyes, lo que están haciendo con esta simple ley es alterar el espíritu y el texto constitucional, que establece claramente cómo es el proceso de sanción y formación de las leyes en la Argentina.

2.- Superpoderes al jefe de Gabinete: Lo habilitan a recortar y modificar el presupuesto que vota el Congreso, sin límites, sin topes y sin control ex post. Así, el Congreso solo hará el acto formal de aprobar un presupuesto que después el Ejecutivo va a poder borrar con una lapicera. Esto es usurpación y concentración de funciones constitucionales.

3.- Inventan nulidades absolutas e insanables que no existen: Pretenden declararlas automáticamente para las leyes que no se ajusten a la “regla fiscal”, pero las nulidades absolutas e insanables están expresamente reservadas por la Constitución. Una ley ordinaria no puede inventar nuevas nulidades ni colocarse por encima de leyes futuras del Congreso.

4.- Amenazan a los legisladores con el Código Penal: Estiran y abusan del artículo 36 de la Constitución, que sanciona delitos gravísimos contra el orden democrático, como los de lesa humanidad o la corrupción estructural, y lo utilizan como herramienta de amenaza y disciplinamiento político.

5.- Modificaciones penales sin debate penal: Crean nuevos tipos de delitos y ni siquiera envían el proyecto a la Comisión de Legislación Penal. Todo se va a cocinar en Presupuesto y Hacienda, esquivando a propósito a los diputados especialistas en materia penal. Si lo hicieran, este disparate no pasaría ningún control serio.

6.- Disciplinan al Congreso, pero para el Ejecutivo no hay prohibición: Hablan de estabilidad monetaria, pero no se animan a prohibir de verdad el gasto vía emisión del Banco Central. No modifican la Carta Orgánica ni restringen los adelantos transitorios; apenas expresan que el Ejecutivo “deberá abstenerse” de pedirlos. Justo donde más daño se hizo, la limitación es tibia y decorativa.

Estamos a tiempo de evitar este papelón. Con estudio, diálogo y respeto por la Constitución, se puede construir una regla fiscal seria y sostenible. Otros países lo hicieron y Argentina también puede hacerlo.

Ojalá que los diputados del presidente sean algo más que levantamanos y demuestren que pueden leer el proyecto, estudiarlo y evitar una ley que nacería muerta por inconstitucional.

Si no lo hacen, entonces la regla fiscal será circo para la tribuna, cepo al Congreso y concentración en el Ejecutivo. Las leyes en la República tienen que ser pensadas más allá del propio gobierno, tienen que ser sostenibles en el tiempo, pero con esta redacción eso no va a pasar.