El Frente de Todos perdió una votación sobre un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para tratar un proyecto aprobado hace dos meses por el Senado, impulsado por el propio oficialismo.
Antes del pedido de cuarto intermedio que hizo el diputado Mario Negri para tratar de revertir el eventual fracaso del tratamiento del Presupuesto, la diputada del Pro Silvia Lospennato presentó una moción para forzar el tratamiento por parte de la Comisión de Presupuesto del proyecto aprobado hace dos meses en el Senado para modificar el mínimo no imponible de bienes personales.
Tras un intercambio de discursos, la moción fue aprobada por el Cuerpo por 130 votos a 116, en lo que representó el primer traspié del Frente de Todos en una votación con la nueva conformación del Cuerpo.
Para fundamentar su pedido, la secretaria Parlamentaria del interbloque Juntos por el Cambio se basó en lo reglado en el artículo 106 del reglamento, que en su antepenúltimo párrafo hace referencia a una interpretación que tuvo lugar el 14 de julio de 2010. A partir de esa experiencia se estableció que la Cámara “hará los requerimientos que juzgue necesario a las comisiones que se hacen en retardo y no siendo esto bastante, podrá emplazarlos para día determinado. Faculta a la Honorable Cámara a requerir y además en el mismo acto emplazarlas para día determinado”.
“Esto es lo que dice nuestro reglamento y en uso de esa facultad, venimos a solicitarle a este cuerpo que emplace a la Comisión de Presupuesto para que ponga en tratamiento el proyecto venido en revisión del Senado, referido al aumento del mínimo no imponible de Bienes Personales”, detalló la diputada del Pro, que explicó luego que procedían de tal manera porque “en uso de las facultades reglamentarias del artículo 109, en tiempo y forma los diputados Tetaz, Cacace, Oliveto, Laspina y Figueroa Casas, solicitaron al presidente de la Comisión de Presupuesto la inclusión en el temario de la sesión para que pudiera tener despacho y solicitar una ampliación del temario para incluirla y tratarla en esta sesión”.
Lospennato explicó que se había agotado la instancia prevista en el reglamento para exigir la inclusión de un tema en el temario de la comisión. “Frente a la negativa, el reglamento le otorga, ya no a los diputados miembros de la comisión, sino a los miembros de la Cámara la posibilidad de emplazar para día determinado a la comisión para abocarse al tratamiento de un proyecto”, continuó la legisladora.
Luego agregó que la premura se debe a que “este proyecto tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre para tener vigencia en las declaraciones de impuestos que se presenten en el año 2022. Por ende, si no logramos el tratamiento de esta sanción que viene del Senado en los próximos días, más de 600 mil contribuyentes, según las estimaciones que hizo el diputado (Carlos) Caserio, que es del Frente de Todos, empezarían a pagar este impuesto inflacionario”.
Por eso pidió a la Cámara emplazar a la Comisión de Presupuesto para que una hora después de finalizada la presente sesión, se reuniera para darle tratamiento a esta sanción que viene del Senado, “y así lograr que miles de contribuyentes de la Argentina y miles de personas de clase media y media baja que van a empezar a pagar injustamente este tributo, no tengan que hacerlo”.
Lospennato cerró recordando que esta iniciativa se aprobó en el Senado por unanimidad el 28 de octubre de este año, y la Comisión de Presupuesto no se abocó nunca a su tratamiento.
Desde el oficialismo le contestó el diputado santafesino Germán Martínez, quien hizo hincapié en el debate planteado en torno a la capacidad de la Cámara para emplazar al tratamiento de determinado tema. y se remontó al 14 de julio de 2010 precitado por la diputada Lospennato. Tiempos en que, recordó el diputado santafesino, “la Cámara estaba conducida en la práctica por el denominado Grupo A”.
Recordó que por entonces habían perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires y afirmó que entonces se constituyó una mayoría que había intentado sin éxito desplazar al presidente del Cuerpo, Eduardo Fellner, y con respecto a las comisiones, habían dispuesto que en la mayoría de ellas la oposición tuviera un diputado más que el oficialismo. “Contexto difícil para la tarea parlamentaria”, resumió Martínez.
Así llegaron al 14 de julio de 2010 discutiendo el artículo 106, para que las comisiones pudieran tratar temas en determinadas fechas, recordó, afirmando que ese día y citó planteos del entonces titular del bloque Oscar Aguad, que señaló que estaban “hablando de poder, no del reglamento”. Citó también de los entonces diputados Carrió y Vega, y apuntó que “salió lo que salió… Se emplazó y se hizo lo que se dijo recién de la interpretación”.
Un debate similar se dio en 2017, con la gestión Cambiemos siendo oficialista y a continuación Martínez citó a Elisa Carrió, que decía que “cuando uno tiene un voto más, no tiene que hacer cosas que después le cuesten cuando tenés un voto menos. Y estamos muy cerca de una situación parecida”.
“Reivindico lo que dijo nuestro bloque en 2010: usted presidente, como dice el artículo 106 es quien tiene que realizar las acciones pertinentes en caso de que haya una situación en que una determinada comisión no quiere tratar de exprofeso un determinado tema”, agregó el legislador del Frente de Todos, que puso en duda que la Comisión de Presupuesto pudiera tener la decisión de postergar un tema de esas características, ingresado hace menos de un mes, y cuando “nosotros sesionamos una sola vez en este tiempo”.
Martínez concluyó sugiriendo tratar de “volver a una tradición razonable de interpretación de nuestro reglamento: dejemos el 106 como está y que podamos avanzar hacia una agenda de comisiones consensuada”.
A continuación intervino la diputada Graciela Camaño, que volvió a definirse como una reglamentarista y que fue protagonista también de los episodios de 2010. Recordó cómo se habían dado esos hechos y afirmó que “de lo que se trata es de si el reglamento habla del no funcionamiento de la Cámara o de generar las normas de convivencia para que se permita que la Cámara funcione”.
“Tenemos que respetar el librito, que está para que la Cámara funcione y que las comisiones no sean apropiadas por los presidentes circunstanciales y pongan en el temario lo que quieran”, explicó, insistiendo luego en que el reglamento pretende que “la comisión no sea apoderada por una minoría o una mayoría circunstancial”.
Camaño afirmó que “la comisión tiene que funcionar con mayoría o con minoría; cuando funciona en minoría, los dictámenes son de minoría. Lo que estuvo en discusión en ese año era si el emplazamiento lo hacía el presidente del cuerpo o el cuerpo. Y esa discusióin está saldada”.
“Este reglamento dice en la hoja 95. Interpretación sobre la facultad para emplazar comisiones. Lo que trae es la interpretación de 2010, lo que hicimos entonces es hacer funcionar la Cámara, y tiene que quedar claro para todos que la circunstancia de ocupar la presidencia de una comisión no es óbice para apoderarse de un cuerpo o una comisión”.
Camaño advirtió finalmente que no se les ocurriera pedir para la votación que se daría a continuación una mayoría especial “Es una moción y sale por mayoría simple, como en 2010”.
La votación, está dicho, terminó con 130 votos a favor y 116 negativos, con lo cual el Cuerpo debería emplazar a la comisión a fijar fecha y hora para el tratamiento del proyecto en cuestión.
La lavagnista presentó un proyecto para que la nueva modalidad de trabajo quede regulada en el reglamento para casos de “fuerza mayor”. El protocolo vigente venció en febrero y deben renovarlo.
En momentos donde la Cámara de Diputados debe renovar el Protocolo de Funcionamiento Remoto que le permitió funcionar a través de la plataforma virtual durante la pandemia, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) presentó un proyecto de resolución para incorporar las sesiones virtuales al reglamento.
En su propuesta, la legisladora lavagnista propone incorporar un agregado al artículo 14, titulado “Ámbito para sesionar”, que indique que “en los casos de fuerza mayor, cuando hubiere razones fundadas que impidan a los diputados constituir Cámara, se facultará el funcionamiento del Cuerpo fuera de su ámbito para sesionar de manera remota mediante plataformas de videoconferencia y/o videollamadas u otros sistemas competentes apropiados que permitan el desarrollo de las sesiones en línea”.
Se agrega además que en estos casos regirán los artículos vigentes sobre la asistencia de los diputados y el quórum legal.
“Verificada la asistencia de los diputados en la videoconferencia y/o videollamada o sistema técnico utilizado, se los considerará concurrentes a los efectos de todas las disposiciones del reglamento que hagan referencia a su presencia”, dispone el proyecto, y “en igual sentido, se entenderá como voto emitido por esta manera verificado personalmente mediante la plataforma utilizada”.
Por último, la iniciativa indica que las autoridades de la Cámara deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar “el funcionamiento virtual de las oficinas afectadas al desarrollo de la sesión en caso de fuerza mayor”.
La última prórroga del Protocolo de Funcionamiento Remoto caducó el 12 de febrero y los jefes de bloque deben suscribir ahora una nueva extensión para poder dictaminar en las comisiones y sesionar en el recinto de manera mixta, es decir, con mayoría de diputados presenciales y el resto conectados de forma virtual.
El Frente de Todos evalúa propuestas para que la virtualidad quede plasmada en el reglamento, en lugar de tener que renovar el protocolo actual.
El bloque de diputados del Frente de Todos impulsará una reforma del reglamento de la Cámara baja para incorporar las sesiones virtuales en esa normativa en lugar de continuar con la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, como viene aplicándose debido a la pandemia del Covid-19.
El oficialismo se encolumnaría detrás de una iniciativa de la entrerriana Mayda Cresto, presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que es la que tiene a su cargo las reformas al reglamento interno.
La propuesta de Cresto -que podría tratarse en la comisión la semana próxima- modifica dos artículos, el 14 y el 106, para habilitar el tratamiento virtual de proyectos tanto en las comisiones como en la instancia de sesiones, siempre en casos excepcionales.
El artículo 14 actual establece que “los diputados no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo los casos de fuerza mayor”.
Pero la oficialista propone un agregado que indica que “cuando la Cámara se encontrase imposibilitada de realizar sesiones presenciales, las mismas se llevarán a cabo de manera telemática”, y “la Presidencia proporcionará la plataforma de conexión, que permitirá continuar con total normalidad su funcionamiento”.
Además, se contempla que “las sesiones telemáticas por fuerza mayor deben ser declaradas por resolución de Labor Parlamentaria con el voto de la mayoría de los presidentes de bloque que representen la mitad más uno de la totalidad de los miembros de la Cámara”.
El otro artículo que se pretende modificar es el 106, estableciendo que “si por situaciones de fuerza mayor, las comisiones se encontrasen imposibilitadas de realizar sus reuniones presenciales, las mismas se realizarán de manera telemática con la previa autorización de la Presidencia del cuerpo” a solicitud del titular de la comisión.
“Las autoridades garantizarán las medidas necesarias para proveer de todo lo necesario para el desarrollo de las mismas”, añade la propuesta.
El Protocolo de Funcionamiento Virtual fue renovado por última vez el pasado 8 de septiembre por los jefes de bloque, tras un acuerdo alcanzado luego de la polémica sesión que fue judicializada por Juntos por el Cambio.
La prórroga fue por 30 días hábiles, por lo que el vencimiento sería hacia fines de octubre, y además se estableció que a pedido de uno de los bloques políticos, los debates podrán ser presenciales.
De todos modos, se aclaró que los diputados que integren grupos de riesgo podrán excusarse de asistir al recinto -debería buscarse uno más amplio que el habitual-, y aquellos legisladores que fundamenten su decisión de ausentarse, también podrán hacerlo.
Los integrantes de la Comisión de Modernización Parlamentaria trabajan para consensuar el texto que regula la realización de sesiones remotas, habilitando también la posibilidad de que sean “mixtas”.
Por Carolina Ramos
Diputados de todos los bloques políticos avanzaron en la confección de un protocolo que establece las reglas para sesionar de manera virtual. El texto fue trabajado en una reunión remota de la Comisión de Modernización Parlamentaria y permite también el desarrollo de sesiones “mixtas”, el formato elegido por oficialismo y oposición para debatir los primeros proyectos en el marco de la pandemia.
El encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 11, con el fin de dejar listo el protocolo para su tratamiento, horas después, en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, la encargada de las reformas del reglamento interno. En ese ámbito se tendrá que definir si el dictamen se tratará en una sesión “exprés”, o bien si será refrendado en Labor Parlamentaria.
El protocolo condensa 11 propuestas de distintos bloques, y también reunió aportes del CIPPEC y de la Fundación Directorio Legislativo. Así lo explicó la presidenta de la Comisión de Modernización Parlamentaria, Daniela Vilar (Frente de Todos), quien condujo la reunión de este martes por videoconferencia.
El protocolo establecerá el procedimiento por el cual se llevarán adelante las sesiones virtuales, y también habilitará un formato “mixto”, como el que implementaron otros países, para que la sesión se realice con una presencia mínima de jefes de bloque en el recinto y la participación online del resto de los legisladores.
Esa modalidad fue la que reunió más consenso en la reunión de Labor Parlamentaria de este lunes, donde hubo un primer acercamiento entre oficialismo y oposición en vistas a reactivar el Congreso en el marco de la pandemia del Covid-19.
Según explicó la vicepresidenta de la comisión, Silvia Lospennato, el protocolo será “acotado temporalmente a esta situación de la pandemia”, por lo cual tendrá una vigencia de 30 días desde el momento de su aprobación, y luego podrá ser prorrogado. La legisladora del Pro pidió que esa extensión sea ratificada con una mayoría especial, siempre mientras dure el aislamiento social obligatorio.
En este aspecto manifestó diferencias Graciela Camaño (Consenso Federal). “Este problema que tenemos va a tener un periodo más largo de duración. Estoy convencida de que lamentablemente no serán 30 días para todos los argentinos”, advirtió, y propuso que ese plazo sea puesto “por los que saben cómo va evolucionando la curva de contagios”.
Por otra parte, el diputado salteño Lucas Godoy (Frente de Todos) sugirió que las Legislaturas provinciales puedan funcionar como sedes remotas, de modo que diputados de un mismo distrito tengan la posibilidad de agruparse y participar de la sesión desde esa locación, “respetando los protocolos de seguridad sanitaria”.
Al respecto, el macrista Pablo Tonelli observó que “el protocolo no dice nada de dónde tienen que estar los diputados para conectarse”, pero la oficialista Paula Penacca consideró que si este aspecto “no queda explicitado” podría haber dificultades en la conexión técnica entre la Cámara de Diputados y las Legislaturas utilizadas.
Por otra parte, Vilar pidió a los diputados que avancen con los trámites personales de firma digital y VPN (Red Privada Virtual), ya que una buena parte todavía no lo hizo. Recordó que hay agencias en todas las provincias que realizan el registro, y agregó que el PAMI y la ANSES también son agentes habilitados.
La secretaria de la comisión, Dolores Martínez (UCR-Evolución) señaló que “es posible que la Cámara funcione telemáticamente, pero no es fácil por distintos motivos. En primer lugar, porque la modernización es un proceso dinámico, que va evolucionando. Otros Parlamentos pudieron resolver esto con mayor rapidez porque vienen trabajando desde hace diez años en incorporar tecnología al trabajo parlamentario”.
La diputada -que durante la gestión anterior fue directora de Modernización de la Cámara- destacó que “ha habido un avance importante respecto del sistema digital que propone la Cámara”, el cual está basado en un software propio, con reconocimiento de datos biométricos validado por el RENAPER y alojamiento de los datos en ARSAT.
Sin embargo, advirtió que “dado que esto es un producto nuevo, puede arrojar una tasa de error, que es lo normal”, y por lo tanto consideró que “hay que probarlo, ponerlo en funcionamiento antes de la realización de una sesión, para minimizar el impacto que puedan ocasionar los desperfectos”. “Tiene que haber un plan de contingencia técnico y procedimental que especifique cómo se va a actuar en caso de fallas del sistema”, resumió.
El secretario general de la Cámara baja, Juan Manuel Cheppi, y el director de Modernización, Manuel Cotado, participaron de la reunión y respondieron preguntas de los diputados.
Cheppi indicó que la experiencia de otros países demostró que las leyes tratadas bajo modalidad virtual generalmente salen aprobadas “por unanimidad”, y hay además una “lista de oradores ordenada” para evitar inconvenientes, entre otros aspectos.
En cuanto a la locación de los diputados que no asistan al recinto, dijo que debe ser “el lugar donde mejor conexión se tenga”, y por supuesto, se debe garantizar la batería del dispositivo. Todo eso formará parte de un trabajo del área técnica con cada diputado en particular, y se realizará una “prueba de sonido” una hora antes de la apertura de la sesión.
La intención, explicó Cheppi, es que “cuando comience la sesión estén todos en igualdad de condiciones” de conexión, y en ese sentido destacó el trabajo desarrollado con ARSAT en materia de ciberseguridad. Además, dijo que los participantes estarán conectados a una “red pequeña”.
Por otra parte, el funcionario aclaró que “no hay mucho para hackear” en una sesión virtual. “Todo lo que se trata es público. El cambio de un voto se puede hacer a mano alzada y queda registrado por Secretaría Parlamentaria”, explicó, y agregó: “Este tipo de iniciativas son un punto muy buscado del mundo hacker, pero solo para poner en evidencia que hay alguna vulnerabilidad”.
El cuerpo se constituyó este jueves y designó como presidenta a la oficialista Daniela Vilar. Citarán a expertos en la materia.
La Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario de la Cámara de Diputados se constituyó este jueves y acordó avanzar en un protocolo de sesión virtual para poner en práctica en el contexto de la pandemia, con la colaboración de un comité de expertos.
En una reunión por videoconferencia -que no fue transmitida por los canales de la Cámara-, la comisión quedó a cargo de la bonaerense Daniela Vilar (Frente de Todos). Como vicepresidentas fueron nombradas Silvia Lospennato (Pro) y Graciela Camaño (Consenso Federal), mientras que Dolores Martínez (UCR-Evolución) fue electa secretaria.
“Acordamos en la necesidad de avanzar hacia una eventual sesión online y trabajaremos en conjunto para darle al Congreso las herramientas que garanticen un ejercicio seguro y confiable. Coincidimos en la importancia de avanzar hacia un Congreso abierto, moderno y participativo, que incorpore la tecnología para desarrollar políticas públicas, y vamos a trabajar en ese sentido”, expresó Vilar.
Durante la reunión, oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de “generar confianza entre todos los bloques políticos” de cara a la realización de una sesión virtual. En ese sentido, los representantes de Juntos por el Cambio plantearon numerosas dudas técnicas sobre el modelo de sesión remota que esta semana difundió el presidente de la Cámara, Sergio Massa.
Ese prototipo -elaborado por técnicos de Diputados- consiste en una aplicación en la cual los diputados podrán acceder con un usuario y una contraseña, a través de una conexión segura (VPN), para luego proceder a la verificación de identidad mediante un chequeo biométrico instantáneo provisto por el RENAPER. Una vez registrados, los legisladores tendrán acceso al “recinto virtual” -un gráfico del hemiciclo con los rostros de cada uno- y a la Orden del Día a tratar, y desde allí podrían votar.
Dolores Martínez, quien fue directora de Modernización Parlamentaria durante la gestión de Emilio Monzó, planteó que “no hay que mirar solo la función de la sesión, sino que hay que tener una mirada más sistémica del funcionamiento de la Cámara que incluya todas las instancias que componen el trámite legislativo”, desde la presentación de los proyectos hasta su tratamiento en comisiones, la sesión en sí misma y otros aspectos como las sesiones informativas.
Otro planteo de la oposición fue que al momento de sesionar “todos los diputados tengan el mismo dispositivo”, como por ejemplo las notebooks que utilizan en el recinto.
Por otra parte, los integrantes de la comisión acordaron convocar a expertos de distintos ámbitos y a la Red de Parlamento Abierto para que colaboren en el diseño del protocolo.
Se buscaría reglamentar así dos artículos del reglamento, el 14 y el 106, aunque desde la oposición sostuvieron que más allá de las consideraciones técnicas de la Comisión de Modernización, la discusión debe darse en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, y luego, eventualmente, aprobar esas reformas en una sesión.
El artículo 14 establece que “los diputados no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo en casos de fuerza mayor”.
En tanto, el 106 indica que “las comisiones se reúnen y dictaminan sus asuntos en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin perjuicio de ello, cuando circunstancias especiales lo aconsejen, las reuniones podrán realizarse en cualquier otro lugar que se considere más conveniente para la consecución de los fines perseguidos, con previa autorización de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación”.
