Especialistas en el tema coincidieron en la necesidad de una ley que establezca un marco regulatorio de las plataformas y alertaron que “las redes sociales se convirtieron en una nueva herramienta para la violencia en niños y adolescentes”.
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (UP), mantuvo este martes la primera reunión informativa para abordar la problemática sobre violencia contra niños y adolescentes en entornos digitales y el debate de una ley que establezca un marco regulatorio de las redes.
Los expositores invitados coincidieron en la necesidad de una ley que establezca un marco regulatorio de las plataformas y alertaron que “las redes sociales se convirtieron en una nueva herramienta para la violencia en niños y adolescentes”.
Yedlin recordó que hay “muchos proyectos de distintos bloques que hacían alusión al tema. Nos paree importante empezar una de varias reuniones para poder ir constituyendo un proyecto en común para que este tema se transforme en un dictamen”.
“Estamos con un tema que le preocupa al mundo. Esto se viene trabajando y nos vienen pidiendo que intentemos exigirles a las plataformas que identifiquen a los usuarios, establecer los límites, coincidir en qué redes”, esbozó Yedlin.
Desde el Ministerio Público Fiscal de CABA, Néstor Maragliano indicó que la violencia contra niños se encuentra en los entornos de redes digitales que son “una herramienta de planificación, anonimización y expansión”, y planteó que “las agresiones que ocurren en línea producen consecuencias por fuera como ansiedad, aislamiento, afectación de la escolaridad, autolesiones, explotación sexual y re victimización”.
Maragliano precisó que hoy aparecen fenómenos diversos como el grooming, difusión no consentida imágenes íntimas, sextorsión, ciberacoso, suplantación de identidad, entre otras. Desde el Ministerio vienen desarrollando una respuesta institucional especializada que “busca abordar el problema desde una perspectiva integral a través de la investigación penal, la protección de derechos y la asistencia a las víctimas”.
Así, sugirió que “en todo proyecto de ley debería estar establecida un área de atención y acompañamiento de niños y adolescentes víctimas”, y propuso: “Los desafíos son los registros porque muchos hechos no llegan al sistema, la velocidad tecnológica porque la innovación es más rápida, cooperación con plataformas es lo más complicado porque muchas empresas son del exterior, prevenciones por eso es necesario avanzar en la alfabetización digital”.
“Es necesario una política pública integral en lo que hace a los entornos digitales y no puede descansar solo en el sistema penal. Se necesita la prevención, la detección temprana y la respuesta especializada porque los entornos digitales son uno de los principales escenarios donde se expresan nuevas formas de violencia y el desafío del Estado es construir capacidades para prevenir, detectar y proteger tempranamente”, resumió.
Florencia Vallino, directora ejecutiva de fundación ANDHES, señaló que la regulación de la violencia en entornos digitales debe incluir “mecanismos de acceso a la justicia en un sentido amplio, tomando dimensiones variadas y deben ser amigables con los chicos”, y manifestó: “Hay una enorme brecha entre el acceso formal y el reconocimiento efectivo a los derechos de los niños”. La expositora recomendó que los mecanismos de denuncia sean accesibles, adecuados, seguros y que se fortalezca el sistema de protección integral.
A su turno, Verónica Toller -directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección a las Víctimas del Ministerio de Seguridad Nacional- alertó que “la trata de personas ha mutado a través de los entornos digitales”, donde la infraestructura digital hace “vigilancia permanente todo el día; perfilamiento de algoritmos de búsqueda incesante de menores de edad para determinado perfil para realizar explotación sexual vía streaming, ludopatía, pornografía infantil, uso de IA para la producción de material”.
“Desde Estados Unidos recibimos 500 reportes diarios en Argentina de la producción y comercialización de material. La trata en el entorno digital es mucho más fácil de anonimizar”, advirtió y planteó que “cada aplicación de nicho tiene sus objetivos para llevar a cabo la pornografía y la trata. Es un tema mundial. La trata sexual vía streaming en el país es brutal al igual que la producción de deepfakes en menores de edad”.
En tanto, Valentina González Sisto, asesora Técnica del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina, remarcó que “el acceso al entorno digital creció enormemente en los últimos 10 a 15 años. En el 2010 casi el 60% de los chicos de entre 5 y 17 años no usaba internet, y en el último año, ese número baja a menos del 20%”.
“La exposición prolongada en pantallas puede repercutir en chicos de muy corta edad que pasan a compararse a otros, se enfrentan a violencia. Se da mayormente a través de los celulares entre chicos de 13 y 17 años y solo un 15% no tiene celular propio y estos entornos pueden generar escenarios de violencia, hostigamiento y manipulación”, explicó.
Desde la misma entidad, su directora, Ianina Tuñón, subrayó que “no vamos a poder ganarle la batalla a la sociabilización en el mundo de las redes sociales si no tenemos una propuesta alternativa que sea la socialización cara-cara”.
En su alocución, Gisela Untoiglich, representante de Fórum Infancia, subrayó que “la realidad virtual tiene efectos traumáticos en la realidad tangible. En los últimos años es significativo el aumento de consultas en salud mental por autolesiones, intentos de suicidio, dificultades en el lazo social, depresión, ansiedad. En el 2023 el suicidio se instaló en los jóvenes como la principal causa de muerte violenta en el territorio nacional, es un dato gravísimo”.
“Las pantallas refuerzan la soledad digital y le abren las puertas al grooming, al ciberacoso, consumo de pornografía, apuestas y discursos de odio”, afirmó y sumó: “Las redes van armando una cámara de eco y el algoritmo guía a contenidos más disfrazas de sentido de pertenencia. Los problemas de salud mental aumentaron a partir del 2010 y el 145% de estado de depresión en los jóvenes. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de legislador sobre estas cuestiones y generar mecanismos protectores. Es imprescindible regular desde el Estado”.
Por último, propuso que los niños de 0 a 6 años evitar el uso de pantallas, de 7 a 12 años menos de una hora por día con supervisión adulta, de 13 a 16 años menos de 2 horas por día y retrasar todo lo que se pueda el acceso. “Campañas de concientización para familias y escuelas, la alfabetización digital y que los dispositivos electrónicos aparezcan con advertencias sobre los efectos nocivos de su uso porque deteriora el cerebro”, planteó.
Lucía Klug, integrante de la Fundación Desarrollo Humano Integral, consideró que “si no empezamos a hablar en las escuelas de los riesgos que implica tener una red social abierta en el celular y del tiempo que pasan con el teléfono, va a ser muy difícil que podamos erradicar el problema”. “También, es central hablar de la soberanía que implica que nuestros pibes sepan a qué se enfrentan y a quién le estamos dando nuestros datos, porque detrás de esto hay grandes empresas que utilizan esos datos que son poder”, acentuó.
En representación de Asistencia a la Víctima en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lucas Moyano les solicitó a los diputados que “deben legislar en cuanto a la amplificación del daño algorítmico que genera la violencia digital”. En otro aspecto, sostuvo que el objetivo “no es prohibir, sino educar, ya que el ciberacoso tiene un aliado que es el secreto, el silencio; la familia tiene como escudo a la transparencia. Entonces, fomentemos la transparencia”.
También expusieron Eduardo Riggi, fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional del Ministerio Público Fiscal, Claudia Roxana Domínguez, de Mamás en Línea; Diego Vasconcel, licenciado en Tecnologías Digitales; Candelaria Kelly, titular de la Fundación Emmanuel; Andrea Urbas, directora de la Asociación Chicos.net; Francisco Manuel Ruiz, psicólogo social y cofundador de la Fundación EPASI; Marcelo Urresti, del Centro de Estudios de la Ciudad – UBA; Nazareno Castro, de Conciencia Digital; Samuel Villena, de Doncel; María Capurro Robles, coordinadora de proyectos de OBSERVACOM; y Gonzalo Yáñez, padre invitado de Mendoza.
El crecimiento del juego online en Argentina plantea un desafío regulatorio que ya se discute en el Congreso. Mientras las provincias avanzan con marcos legales propios, se busca una ley nacional que unifique criterios, garantice seguridad jurídica y fiscal, y facilite la inversión en el sector.
En países como Argentina el juego online ha crecido de forma significativa. Esto atrae a cada vez más usuarios, quienes buscan opciones seguras de casinos online. Aunque las plataformas de gambling han logrado ser de gran popularidad, la falta de regulación nacional supone un gran desafío para la industria. Actualmente, hasta los mejores casinos en línea pueden generar dudas e inseguridades entre los usuarios del país. Esta es la razón por la cual el Congreso de la Nación se prepara para un debate importante. Este busca unificar los criterios para una mejor experiencia en este tipo de sitios web de entretenimiento.
Desde hace ya algunos años, el debate sobre la regulación del juego online se desarrolla en las provincias. Cada jurisdicción con autonomía, ha buscado maneras de abordar esta problemática.
La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es conocida por ser una de las primeras en tomar acción. El marco legal se establece con la finalidad de:
Por otra parte, en la provincia de Córdoba también se han establecido regulaciones similares. Allí se implementó una ley que permite la operación de los casinos online. Esto siempre que se encuentren bajo un estricto control estatal.
Aunque las legislaciones provinciales son efectivas en su ámbito, muestran una fragmentación que dificulta la operación nacional. Un operador que cumple con las normativas de Buenos Aires debe adaptar el sistema para operar en otras provincias. Sin duda, esto implica mayores costos y complejidades en el funcionamiento de sus servicios.
Es un escenario con tensión entre la autonomía provincial y la necesidad de un marco federal que brinde seguridad jurídica y fiscal en la nación. Por otro lado, muchos piensan que la fragmentación puede obstaculizar la inversión extranjera en el sector. Esto porque en ocasiones los inversores buscan mercados con reglas más claras y uniformes.
Actualmente, la situación del Congreso de la Nación se vuelve cada vez más urgente. Diferentes proyectos de ley han sido presentados. Todos estos con la finalidad de establecer una Ley Nacional del juego online. La idea es crear un ente regulador federal que supervise las operaciones del juego en todo el país.
Esto es similar a lo que ocurre en otros mercados, como por ejemplo la industria de juego en el Reino Unido. Algunos de los beneficios de esta idea son:
Todo esto ayuda a la prevención del lavado de dinero y la evasión fiscal. Aunque la iniciativa es buena, los debates son intensos. Existen quienes sostienen que la regulación debe seguir siendo un asunto provincial.
El argumento de esta idea es que cada jurisdicción conoce mejor las particularidades de sus habitantes, así como sus necesidades. Por otro lado, hay quienes afirman que una ley nacional es indispensable para combatir la ilegalidad. Además, esta ofrecería un entorno más transparente y justo para todos los usuarios.
Muchos casinos online debaten también abiertamente sobre el tema. El equipo de expertos de portales como el CasinoHEX subraya que una ley federal podría beneficiar a los jugadores. Esto debido a que la uniformidad de los criterios no solo simplifica la elección de un casino, sino que haría más fácil la labor de las autoridades.
El camino hacia una regulación nacional del juego online argentino se encuentra lleno de obstáculos. El mayor desafío es encontrar un equilibrio entre la libertad económica del operador y la protección del jugador ante estafas o fraudes. Las normativas provinciales ya incluyen algunas medidas como límites de depósito o la autoexclusión. Sin embargo, una ley nacional podría reforzar las políticas para aplicarlas de manera más uniforme.
El debate en el Congreso de la Nación y la experiencia de provincias ya reguladas será clave para llegar a un consenso sobre el tema. Al final del día, lo que se busca de forma general es que los usuarios que interactúan con los casinos online se beneficien significativamente de la experiencia regulatoria.
Seis iniciativas fueron presentadas por legisladores provenientes de distintos bloques políticos. También se planteó la necesidad de elaborar un único dictamen y de recibir a expertos constitucionalistas para profundizar el análisis.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal) analizó este miércoles por la tarde seis proyectos que buscan modificar la Ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los decretos de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes que dicta el Poder Ejecutivo.
El temario incluyó las iniciativas presentadas por los legisladores: Pablo Blanco (UCR), Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Eduardo Vischi (UCR), Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular), y Fernando Salino (Convicción Federal).
La senadora Vigo, en el inicio de la reunión, manifestó que "la intención es debatir sobre un tema que ha sido recurrente y es de interés de muchos de los senadores". Asimismo, les recordó que "los DNU son instrumentos de excepción, contravienen con la idea de separación de poderes y de funciones; y estos proyectos, presentados hoy, expresan la necesidad del ordenamiento en el manejo de este trámite".
Por su parte, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, sostuvo que la facultad que contiene un decreto no puede ser usada como "un abuso de poder por parte de los distintos Poderes Ejecutivos" y le pareció relevante poder abordar y debatir "una reglamentación que nos permita estar más ajustado a derecho a lo que la prerrogativa constitucional nos habilita".
También, expresó la intención de unificar los proyectos para poder dictaminar y así "mantener la división de poderes y que cada uno mantenga las facultades que le correspondan".
En coincidencia con la importancia de este debate y el arribo a un único dictamen para poder tratarlo en el pleno de una sesión a la brevedad, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) también recordó que con la actual ley, "hecha en el kirchnerismo en su momento, hoy es más fácil tener un decreto que una ley". También destacó el acuerdo existente en "el espíritu de la modificación que se le quiere hacer a la Ley salvo algunas diferencias respecto de los tiempos y formas de rechazo".
En sintonía con lo anteriormente mencionado, el senador Pablo Blanco, autor de una de las iniciativas presentadas, coincidió en la importancia de llevar al recinto un dictamen porque así, "se está pisoteando lo que dice la Constitución Nacional".
La senadora Florencia López (Frente Nacional y Popular) puso en relieve dos temas en los que la Comisión debe discutir para lograr un consenso que tienen ver con "especificar que necesitamos para que un DNU o las facultades delegadas sean rechazadas y el otro es el vacío legal que tiene el silencio por parte del Poder legislativo, o sea cuando el Congreso no se expide que eso no signifique la validez de un DNU".
"Creo que el espíritu de la Ley debe ser la no destrucción del instrumento ni actuar por conveniencia ya que nació para favorecer la emisión de decretos, no para regularlos" sostuvo el senador salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal).
Luego, el senador libertario Juan Carlos Pagotto propuso que "al tratarse de un asunto de extrema delicadeza por la gran cantidad de DNU que hay de todos los signos políticos propongo que citemos a cuatro constitucionalistas en una sola reunión la semana que viene".
Para finalizar la reunión de comisión, se acordó que la presidencia elabore un proyecto definitivo y unificado para arribar a un único dictamen que, una vez consensuado entre los integrantes, pueda ser firmado y elevado a su tratamiento en el recinto.
La iniciativa fue presentada por el diputado santafecino Eduardo Toniolli para “limitar la presencia de los juegos de apuestas online y fundamentalmente en la de los jóvenes y adolescentes, que hoy tienen acceso inmediato por medio de las billeteras virtuales”.
El diputado nacional Eduardo Toniolli (UP - Santa Fe) presentó un proyecto de ley de regulación de la publicidad de los juegos de azar y de apuestas online, que busca prohibir la publicidad masiva no dirigida y habilita solamente la digital, siempre que esté direccionada exclusivamente a mayores de edad que hayan expresado su consentimiento previo.
La iniciativa fue acompañada con la firma de otros 26 integrantes de la bancada de Unión por la Patria.
“Buscamos limitar la presencia de los juegos de apuestas online en nuestra vida cotidiana, y fundamentalmente en la de los jóvenes y adolescentes, que hoy tienen acceso inmediato por medio de las billeteras virtuales -a cualquier hora y desde cualquier lugar- a plataformas que pueden terminar empujándolos a conductas compulsivas, con graves consecuencias para su desarrollo futuro”, señaló el legislador santafesino
Toniolli afirmó: “No hay diálogo que mantengamos con docentes o con familias de diversos lugares del país, en el que no aparezca una mención al acceso permanente de los jóvenes a los casinos o a las apuestas deportivas online, y su impacto en las aulas o en los hogares”.
La propuesta se inspira en el debate abierto en varios países europeos, que en los últimos años han avanzado con la regulación de la publicidad de este tipo de plataformas. Al respecto, el diputado de UP aseguró que tomaron como referencia la nueva legislación adoptada por los Países Bajos, que “distingue entre la publicidad no dirigida, de llegada masiva a todo tipo de receptores sin importar rangos etarios, y la dirigida vía internet, que puede direccionarse a un público determinado”.
“Siguiendo esa distinción, proponemos prohibir la primera (impidiendo la publicidad en la vía pública, en eventos deportivos, en medios masivos o en redes sociales de manera abierta) y habilitar la segunda restringiéndola a lo virtual, siempre y cuando esté orientada exclusivamente a mayores de edad que hayan expresado previamente su consentimiento”, agregó.
UN FRENO A LAS APUESTAS ON LINE✋🏼
Presentamos un proyecto de Ley de regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, que prohíbe la publicidad no dirigida y habilita solo aquella direccionada a mayores de edad que hayan expresado su consentimiento previo.… pic.twitter.com/ek8dS31D4T
— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) May 3, 2024
El proyecto -ingresado la semana pasada en la Cámara baja-, además de citar estadísticas en la materia, incorpora en sus fundamentos la perspectiva asumida por la Organización Mundial de la Salud, que reconoce a la ludopatía como un trastorno que afecta distintos aspectos de la vida de las personas, desde lo familiar, pasando por lo laboral, lo social y -por supuesto- lo económico.
La iniciativa cuenta hasta el momento con la firma de los diputados Eduardo Valdés, Agustina Propato, Mario “Paco” Manrique, Leandro Santoro, Pablo Yedlin, Germán Martínez, Blanca Osuna, Eugenia Alianiello, Juan Marino, Santiago Cafiero, Jorge Neri Araujo, Andrea Freites, Carlos Cisneros, Victoria Tolosa Paz, Diego Giuliano, Hilda Aguirre, Natalia Zabala Chacur, Gustavo González, Nancy Sand, Lorena Pokoik, Brenda Vargas, Sabrina Selva, Ricardo Herrera, Julio Pereyra, Gabriela Pedrali y Varinia Marín.