Con la presencia en el palco de la nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, el Senado sancionó en la sesión de este jueves, por 64 votos afirmativos y 1 en contra -de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro)- la ley de prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, que apunta a avanzar con la integración socio-urbana, al tiempo que establece una prohibición de desalojos por el plazo de 10 años.

El proyecto había sido enviado en septiembre pasado por el Poder Ejecutivo a Diputados, donde recibió algunas modificaciones y, tras una votación con amplísimo respaldo, fue girada a la Cámara alta.

Los argumentos de los senadores

Como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abrió el debate el jujeño Guillermo Snopek (FdT), expresó que el proyecto involucra “un tema muy sensible para la argentina, para esta sociedad. Es el tema de la vivienda”, y resaltó que la Constitución habla “del acceso a la vivienda digna”, y el artículo 41 que habla del medio ambiente para el desarrollo de la persona humana “tienen esta jerarquía constitucional”.

Pero, preguntó: “¿Esto se pone en práctica?”, a lo que respondió: “Estamos lejos de esto. Lejísimos, diría. Esta expresión que, muchas veces está escondida en la Constitución, a la que muchas veces corremos a revisarla, pero otras la dejamos de lado”. “La situación habitacional de la Argentina es muy grave”, alertó Snopek y sumó: “Por eso abordamos este tema, no solo para reconocer el problema, sino para hacer concretamente algo”.

“En el año 2018 se sancionó esta Ley que hoy estamos modificando que tenía como primer objetivo registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares y tenía un plazo de duración de 4 años”, detalló y siguió: “Esta ley vence a fines de octubre y ha cambiado poco esta realidad, se ha acentuado. Las dificultades habitacionales en el país están complicadas. Necesitamos la Ley para actualizar el registro de los barrios”.

También señaló que se busca la ampliación del plazo para “darle tranquilidad a los argentinos que penden de una orden de desalojo. Este plazo lo establece la Ley de Declaración de Utilidad Pública y, de esta manera, resguardamos el derecho o la incertidumbre a quienes se encuentran en esta situación”.

“Suspender los plazos es una demanda que hoy afectaría a 1 millón de familias, un número de 5 millones de personas que se encuentran en esta situación”, lamentó el jujeño y comparó con su provincia donde hay 140 barrios populares registrados”. A su vez, consideró que es un número alarmante que “este registro de 4.416 barrios populares a lo largo y ancho del país, hoy tenemos 5.787”, y opinó que es el momento de “actualizar y afrontar el tema de la vivienda”.

A su turno, la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó porque el proyecto no tuvo giro a la Comisión de Población y Desarrollo Humano. “Nadie puede dudar que la pobreza en la Argentina es un flagelo estructural que le duele a todos”, expresó y se refirió a las largas filas en las oficinas de ANSeS para cobrar el bono de 50 mil pesos: “Estás imágenes son las más duras de la Argentina que nos duele a todos. Es el país al que nos enfrentamos todos que con cada nuevo punto de inflación arroja a cientos de miles de ciudadanos bajo la línea de pobreza”.

“Este problema lleva décadas de situación y va a llevar décadas resolverlo. Hoy estamos tratando un proyecto que es una modificación especifica de un par de artículos de una Ley del 2018, pero que tuvo un origen anterior con un decreto del 2016 donde, con un esfuerzo inédito, entendimos que teníamos que poder dimensionar y comprender el hábitat informal que existía en el país”, relató Tagliaferri.

En ese sentido, la macrista contó que, por primera vez de esa forma, se pudo relevar hasta el 2017 un total de 4.416 de barrios populares, 4 millones de personas, a los que se los dejó de llamar villas y asentamientos. “A partir de eso se creó el ReNaBap, después se siguieron haciendo censos a pedido de muchos gobernadores y, esta ley, incorpora 1.100 barrios más llegando asó a 5 millones de personas”, destacó.

“Fue nuestro espacio el que impulsó, precisamente, esta ley porque un problema que durante toda la ‘década ganada’ no se había registrado”, resaltó Tagliaferri y apuntó contra el actual gobernador Axel Kicillof de quien retomó las palabras ‘no tengo la cantidad de pobres, es una medida estigmatizante’, tampoco se olvidó de los dichos de Aníbal Fernández quien supo decir ‘tenemos menos pobres que Alemania’.

Y precisó que “nunca nadie jamás había decidido armar un ReNaBap, articular con las organizaciones sociales, con los municipios, y decir que esas personas existen y seguir dejándolas bajo la alfombra escondidas”, y cerró ponderando que se le introdujeron modificaciones en consensos entre ambos bloques y que la ley permite una articulación entre el Estado, las provincias y los municipios.

La oficialista Sandra Mendoza (Tucumán) reconoció que la ley se creó en el 2018 e hizo hincapié en la necesidad de prorrogarla porque “hay muchas familias que están peligrando ser desalojadas de esos barrios”. Sin embargo, comparó: “En el actual gobierno ocurrió la esencia de ese programa que es otorgarle recursos directos para esos barrios, para que se puedan hacer las obras que tanta falta hace a los más humildes”.

Además, comentó que en su provincia se está llevando a cabo la ejecución del ReNaBap en un barrio donde viven 250 familias que son “beneficiarias directas de este programa, con pavimento, iluminación, cordón cuneta, pozos de agua. Son lo básico que necesita un ser humano para vivir”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmerman (Chaco), ponderó: “Es un logro y un enorme desafío seguir trabajando en reparar las situaciones de miles de argentinos. Creo que este es un hecho muy auspicioso”, y detalló que “se trata de nada más y nada menos que 1 millón 168 mil familias empadronadas”.

En ese marco, opinó que “es inevitable plantearnos la necesidad de trabajar en formas más organizadas, más eficientes. Tanto hacia dentro como hacia afuera”. De esta manera, consideró que “hacia dentro del programa en términos de calidad de vida, facilitando más educación y trabajo, articulación pública y privada, más construcción de viviendas, en síntesis, mejores servicios públicos y más comunicación”.

Mientras que “hacia afuera, fortalecer la relación y articulación del Gobierno nacional con las provincias y principalmente con los municipios”, debido a que “es algo que nos preocupa”. “Este proyecto sin duda nos genera una esperanza y un camino para resolver la situación económica y social de muchas familias”, expresó.

Sin embargo, se mostró preocupado porque “desde el momento en que se dieron los antecedentes en el año 2012 hasta la firma de este decreto en 2021 han pasado 9 años”, lo que consideró como “mucho tiempo para la gente que necesita del Estado y una mirada especial para poder resolver tantos problemas desde el punto de vista económico y social”.

“Sin duda más allá de la preocupación que tenemos todos, yo creo que necesitamos más y mejor información para el abordaje de un tema tan complejo”, planteó el chaqueño. En suma, sostuvo que otro problema tiene que ver con el financiamiento, porque “si bien es cierto que es muy importante hacer el trabajo de diagnóstico, todos sabemos también que es necesario tener un fuerte financiamiento para ir pudiendo resolver estos problemas en todo el país”.

Por su parte, el salteño Sergio Leavy (FdT) manifestó que para su provincia “es muy importante el ReNaBap”, y recordó que, en el 2018, en su carácter de diputado nacional en ese entonces, le tocó votar la ley y, a partir de ese momento, pudo “ver las mejoras que hemos tenido en el acceso a derechos muchos habitantes de los barrios”.

“Tras 4 años que lleva la ley la Mesa de Coordinación Nacional de barrios populares y la Secretaría de Integración Socio urbano trajeron al Congreso la renovación de la Ley”, contó y resaltó que como punto importante está la declaración de utilidad pública y sujeto de expropiación de todas las tierras que están en los barrios populares.

A su vez, el salteño resaltó que el punto de Regulación Dominial “es el más importante porque a partir de que uno es dueño de la propiedad puede obtener otros beneficios. Cambia el eje de la ley este aspecto”. También ponderó la declaración de Emergencia Socio urbana sanitaria y ambiental por 2 años que se agrega, la incorporación de la perspectiva de género para el otorgamiento de la escritura: “Es un avance significativo”.

“Habitualmente en Argentina los barrios populares eran ignorados, no se los reconocía, eran olvidados. En muchos casos de los escondía”, comenzó su alocución el santafesino Dionisio Scarpín (UCR) y siguió: “Cuando el Estado tiene esta mirada sobre este grupo social, no se conocía cuántas familias vivían. Cuando el Estado no entra a estos barrios, empiezan a entrar otras organizaciones, algunas con buenas intenciones, pero cuando el Estado está ausente también entran otro tipo de organizaciones delictivas”.

Al respecto, el santafesino reflexionó: “Lo que el Estado debería hacer en primer lugar es reconocer el problema, estudiarlo, investigarlo y planificar las principales soluciones”, al tiempo que remarcó la importancia de la continuidad de la ley y comparó que en el gobierno anterior se “reconoció” el problema.

Además, destacó que la ley es “consensuada” y “federal” porque “no solo prevé la solución en los barrios populares de capital federal, en el AMBA, sino también en todas las localidades del interior del país”. Asimismo, retomó un dato que se dijo en Diputados: “El 5% de los habitantes de los barrios populares se conformó en el SXX y el 50% en el SXXI, lo que nos dice que tuvo un crecimiento exponencial y ese dato nos tiene que llamar la atención”.

Entre las causas, Scarpín enumeró las crisis permanentes y repetitivas del país a lo largo del tiempo donde “cada crisis sube el índice de la pobreza al 40%”, un país centralizado de la población que migran en busca de mejores condiciones de vida en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que “tiene que ver con la falta de planificación de un plan y la falta de políticas de Estado en la construcción de viviendas”.

Por el Chaco, hizo uso de la palabra el oficialista Antonio Rodas quien manifestó: “El peronismo, el kirchnerismo, trabajó siempre para y por la gente. No solamente por una eventual ley. Con sus gobiernos provinciales, municipales y nacionales. En Chaco no hubo abandono, hubo preocupación y hubo trabajo. Sustentado en una política de Estado que realmente es digno de destacar”.

Por último, resaltó: “Cuando yo escucho sobre la ausencia del Estado, quiero decir que está presente. Y está en los lugares donde tiene que estar, y siempre estuvo”, y consideró que “que bastante daño nos hemos hecho los políticos en esta cuestión de seguir adelante un esquema de grieta que no beneficia a nadie”.

“Nos proponen una ley para integrar esos barrios que se han desarrollado de hecho sin respetar ninguna regla, sin ningún control del Estado. Recorro mucho esos barrios y no me gustaría vivir ahí a mí”, criticó la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero y opinó: “Tenemos dos argentinas”, pero preguntó: “¿Queremos dos argentinas?”.

Y continuó su discurso: “Una de la economía formal y la otra informal. Una del trabajo formal y la otra del trabajo informal. Una del hábitat formal y la otra informal yo quiero que sea una la de la formalidad”.

“La Argentina esta fundida y aún así se despilfarra mal, se gestiona mal, con mucha centralización de recursos y sin transparencia y control. Desde hace 10 años que el empleo genuino no crece, desde hace 15 no hacen más que unas pocas viviendas. Sueño que la Argentina sea una sola, pero proponen seguir con dos argentinas”, remató la senadora del Pro sin adelantar su voto.

En su alocución, la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal) expresó: “Un proyecto que me parece muy importante que hoy pueda transformarse en ley, más allá del Gobierno en el cual se llevó adelante esta importante ley que venía, no solamente a crear un organismo para registrar todos los asentamientos en la Argentina, si no que le venía a dar una chance para quienes viven en las zonas donde no hay un desarrollo urbano favorable, viene a plantear esto del Régimen de Regulación Dominial para la Integración socio-urbana”.

“Esto significa la posibilidad de que todos esos aglomerados tengan la chance de ser urbanizados, poder incluirse en la trama urbana de cada uno de los centros más grandes urbanos”, señaló.

Para Vigo: “Esta ley viene, no solo a ampliar el alcance de la Ley 27.453 que se sancionó en 2018, e incorpora la perspectiva de género, porque está planteando un criterio de prioridad en lo que hace a la titularidad de las viviendas, tiene además un artículo que es celebra con las provincias y municipios los acuerdos que tengan por objetivo transferir aquellos bienes e inmuebles y de titularidad del Estado nacional con el fin de ejecutar los proyectos de integración socio-urbana que se encuentran en trámite, así como los futuros, resultando la transferencia sin costo alguno”.

“Este artículo medular prevé que las transferencias serán sin costo. También plantea que el Estado nacional transfiera inmuebles de su titularidad en los que las provincias, los propios municipios de todo el territorio nacional hubieran ejecutado o estén por ejecutar”, enumeró la cordobesa.

Por último, Vigo destacó que con la ley “realmente se lleva adelante la efectiva integración socio-urbana. Como siempre decimos ‘la única verdad es la realidad’ y bienvenido sea que en el caso de mi provincia más de 100 obras de urbanización ya estén en marcha, que en la ciudad capital se siga transformando con obras de infraestructura, que ya hay 13 asentamientos inmensos”.

Otra de las oradoras fue la riojana María Clara Vega (Hay Futuro Argentina) quien criticó: “Cuando veo que de uno y otro lado defienden quién hizo el mejor proyecto, al menos deberíamos sonrojarnos por esta ley porque Argentina es 8va en extensión territorial en el mundo y hoy nos estamos peleando si le vamos a dar un trozo de tierra a un ciudadano, esa histórica pelea por la propiedad de la tierra”.

“Esta ley debe tratar de resarcir todos los errores cometidos desde hace mucho tiempo, además de estas políticas desacertadas de gobiernos centralistas que solamente fueron fortaleciendo a las grandes provincias junto con las grandes crisis, pero parece que recién en 2016 nos dimos cuenta de este problema. ¿Qué hicieron las grandes ciudades, los municipios, que estuvieron mirando para otro lado con los grandes recursos?”, criticó Vega y cerró: “Hay que hacernos un replanteo si queremos un país federal donde los recursos se distribuyan de forma equitativa”.

En el mismo sentido se pronunció el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) que resaltó: “Estamos tratando un proyecto de raigambre federal para resolver un tema tan importante y trascendente como lo es el lugar dónde vivir”, y agregó: “Este proyecto intenta resolver fallas de áreas del Estado, ya sea provincial o municipal, que no se resolvieron antes”.

A su turno, el presidente del bloque Pro, el misionero Humberto Schiavoni, brindó detalles de los asentamientos en distintos países: “En Caracas se estima que el 60% son asentamientos irregulares, lo mismo pasa en las favelas de Brasil. En el conurbano son cifras similares y en la Ciudad de Buenos Aires se estima que son 300 mil personas entre asentamientos y casas tomas que son un 10% de la población”.

Como jefe de bloque UCR, el formoseño Luis Naidenoff, reflexionó: “Es muy bueno decir las cosas como son y por más que nos duelan, saber dónde estamos parados de que hay 5 millones de argentinos que tienen un déficit habitacional, que vienen en condiciones de vulnerabilidad extrema”, y lamentó que esto muestra “lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad”.

 “El problema es más complejo que números o que decir que a partir del 2016 gracias a esta ley se empezó un relevamiento, porque esta no fue una iniciativa de la política, son los propios movimientos sociales los que plantearon la necesidad de interactuar con el Ejecutivo y los gobiernos”, manifestó y consideró que es un problema que arrancó con “mirar a los costados”.

Naidenoff reflexionó: “Si hoy contamos con 5.687 barrios populares este relevamiento nos deja un enorme mensaje. Primero que estamos en falta porque la iniciativa surgió de los afectados. En segundo lugar, que estamos en falta porque si el desafío de esta ley es construir una política de Estado que está ausente en la Argentina en la medida en que la grandeza se imponga a la mezquindad, en la medida en que los Gobiernos pasan la miseria se profundiza, podemos tener un escenario de oportunidad que tiene que ver con una realidad que en el día a día nos afecta, el problema es que esa realidad se naturaliza”.

“No hay que confundirse que los problemas en las provincias son los números de la coparticipación. Si uno mira los números en los últimos años se puede ver que en las provincias han pasado por procesos de superávit”, contradijo Naidenoff a sus predecesores y remarcó: “Hay responsabilidades locales propias y no podemos por eso culpar a Alberto, a Cristina o a Macri”.

Y cerró: “No alcanza con una política de Estado si decimos que el objetivo es la meta fiscal. El desarrollo trunco de la Argentina tiene que ver con la mala implementación de muchas provincias en la ejecución de sus presupuestos. Hay que definir un proyecto de país que tenga como objetivo terminar con esta vulnerabilidad y estado de decadencia y vergüenza”.

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, coincidió en algunos aspectos con el senador preopinante, puntualmente en “ponernos de acuerdo en buscar un proyecto de país que sea federal”, pero indicó que hay dos problemas para resolver previamente.

En primer lugar, explicó que hay partidos que “no tienen posicionamientos claros” respecto a cuestiones que “son centrales” para el desarrollo del país como por ejemplo la hidrovía. “Lo primero que hay que hacer en sincerar los discursos y decir abiertamente qué pensamos que se debe hacer con los grandes temas del país”, sostuvo.

Otro tema que mencionó la oficialista es sobre “la infraestructura y el costo logístico de las exportaciones de las economías de nuestras provincias respecto al puerto”, y destacó que en ese eje el sistema ferroviario de la argentina es el que todas las economías “necesitan discutir”.

Por otro lado, y puntualizando en el proyecto, coincidió con Naidenoff, en que “surgió de las organizaciones de los barrios, que fue una ley muy consensuada, luchada”, pero también “que la política escuchó ese reclamo. Es un proceso genuino”.

Qué establece la nueva ley

La flamante norma, que es una continuidad de la 27.453 aprobada en 2018 por unanimidad en ambas cámaras, contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada esa ley. Así, se pasa de los 4.400 barrios registrados en 2018 a 5.687 en la actualidad.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, a la vez que incorpora una serie de modificaciones a la norma actual. 

Se trata de una ley aprobada en 2018, impulsada por los entonces oficialistas Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri -actualmente diputado-, y que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras en aquella ocasión.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado, fue aprobado por el pleno por 227 votos afirmativos, 2 negativos -Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley. 

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado. 

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”. 

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

El debate

En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el salteño Lucas Godoy, destacó que con esta norma se está “hablando de una política pública que como tal se desarrolle a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”.

Por su parte, el radical Fabio Quetglas señaló que el ReNaBaP tiene “una importancia crucial en la historia urbana territorial de Argentina” porque, a través de ese instrumento, el Estado “ha tomado la decisión de conocer; porque nadie gobierna lo que no conoce”. “Con el ReNaBaP hoy sabemos que aproximadamente 5 millones de argentinos viven en la informalidad urbana, lo que representa entre el 12% y 13% de la población”, apuntó y agregó que “esto no se correlaciona exclusivamente con la pobreza sino también con la falta de crédito, porque no hay hábitat de calidad sin crédito”.

“Desde 1975 la Argentina liquidó el mecanismo masivo que tenía disponible de acceso al hábitat popular formal que era el loteo”, recordó el bonaerense, y observó que al país le “ha ido mal” en esta materia desde esa fecha “porque careció de un abordaje complejo sobre el tema. El problema de la vivienda no se resuelve haciendo casas. El Gobierno con esa visión corrió de atrás un problema complejo, generó burocracia, deterioró las ciudades y habilitó negocios concentrados”.

Según el ReNaBaP, la mitad de los barrios de la Argentina se constituyeron entre el siglo anterior y este siglo. Es un proceso que se está agravando y Argentina necesita reconstruir el tejido social”, añadió el legislador. 

Desde la bancada oficialista, Federico Fagioli enfatizó que la ley se sancionó en 2018 “gracias a la lucha incansable de los vecinos y vecinas de los barrios populares que logramos que en el 2016 se visibilice la problemática de tierra, de vivienda, que hay en Argentina”. Habitante de un barrio popular, el diputado relató lo que es “empezar viviendo en una casa de nylon, después de machimbre con cartón, y hoy por suerte tengo la posibilidad de vivir en mejores condiciones porque mi barrio fue progresando”. En ese sentido, llamó a reflexionar sobre “el sacrificio que viven las familias que viven absolutamente excluidas de todo”. 

Y dijo el militante del Frente Patria Grande que destacaba el accionar de los vecinos de los barrios populares, porque si no “pareciera que las políticas surgen de tres o cuatro iluminados, y esta política surgió del pueblo, de los vecinos, de los compañeros militantes que le pusieron el cuerpo”. Además, en su discurso, pidió “seguir generando normativas cada vez más serias que nos permitan seguir llevando adelante este tipo de políticas” que tienden a “construir Estado presente” y “resolver las deudas internas que tenemos en nuestro país”. 

También desde el Frente de Todos, Daniel Arroyo sostuvo que “la cara más fuerte de la desigualdad es la vivienda, es el hábitat, cómo uno vive y qué tiene en sus barrios”, y comentó que “en el país hay 5 millones de personas que viven en 5 mil barrios que no tienen lo mínimo para poder desarrollarse”.

En ese sentido, recordó que en el 2018 se votó una ley que generó una política de registro nacional de barrios populares que “empezó a modificar la situación”, y opinó: “Vamos camino a tener una segunda política de Estado en el país. La primera es la AUH y la segunda es el registro de barrios populares, que no es otra cosa que urbanizar, abrir calles, tener infraestructuras básicas”.

Por el bloque Pro, Silvia Lospennato consideró que “es una ley que poco a poco va convirtiéndose en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina”. Al mencionar que comenzó y fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, la diputada reconoció que “fue continuada y mejorada en el gobierno de Alberto Fernández”. 

La macrista subrayó que algunos de los barrios registrados tienen “más de 40 años de existencia; vaya si toda la política tiene que hacerse cargo de haber fallado durante muchas décadas en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares”. 

Al marcar que de 4.400 que se registraron en 2018, ahora se pasan a 5.687, Lospennato indicó que para urbanizar todos ellos “vamos a necesitar al menos 20 años”. “Implica que muchos gobiernos van a pasar y necesitamos que ninguno abandone el deseo que estamos expresando”, dijo. 

En su intervención, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, adelantó el voto positivo de su espacio, pero reflexionó: “Estas políticas de Estado hay que reivindicarlas porque se muestran tales cuando hay continuidad, cuando resisten incluso las necedades de algunos que pretenden cuestionarlas, cuando muestran su fortaleza en resolver algunos de los problemas, en este caso de tantos millones de argentinos que padecen la situación de pobreza e indignidad”.

“Me llama la atención que no se diga que las políticas de Estado nos habilitan los verdaderos espíritus y que no se diga que la última política de Estado que tuvo el país de viviendas populares fue en esos 10 años de felicidad que ejerció el peronismo como gobierno conducido por Perón”, destacó el cordobés y remató: “No hay que subsidiar eternamente el desempleo, hay que subsidiar el empleo, hay que crear trabajo, para que esos barrios tengan la posibilidad de construcción y ampliación y para eso necesitamos crecer políticamente”.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda-PO Romina Del Plá aclaró que votaría a favor, como en 2018, por el punto relacionado a “la prohibición o suspensión de los desalojos”, la cual consideró “una medida muy concreta, de aplicación directa e inmediata en favor de las familias que habitan estos barrios y en forma sistemática están asoladas por estas amenazas”. 

En esa línea, criticó la “hipocresía de los dos bloques mayoritarios que se la pasan desalojando barrios populares; no hay distinción”. En su discurso, la bonaerense alertó que “hay un déficit habitacional de cuatro millones de viviendas, y sigue creciendo” porque “es ínfimo lo que se destina a la construcción de viviendas populares”. Incluso, en esta ley, “no se termina de definir con precisión cuáles son los recursos que se van a asignar”. 

Durante la discusión, la macrista Victoria Morales Gorleri ponderó: “Estamos votando una ley que vino a hacer un cambio de paradigma, que vino a levantar a aquellos excluidos que hacía décadas que no escuchábamos”. Asimismo, destacó que la ley del ReNaBaP surgió de los movimientos sociales que se “acercaron al Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri”.

“Esto surgió de algo que hoy parece perdido, que es la esperanza del pueblo. A esas personas durante décadas se las había mirado de reojo, y encontraron la esperanza por su lucha, por su reclamo, y encontraron una respuesta”, observó, e insistió que “esta ley es un cambio de mirada que viene a decir que no importa dónde naciste, todos tenemos que tener igualdad de oportunidades”. Por último, celebró el proyecto porque “nos está atravesando como gobiernos como una verdadera política de Estado que propone techo, tierra y trabajo”.

Del otro lado del recinto, el oficialista Juan Carlos Alderete manifestó que para “entender” porque se está discutiendo esta ley “hay que reconocer la tremenda crisis habitacional que vive nuestro país, principal razón por la que crecen las ocupaciones de tierra”. “Un cuarto de los habitantes de nuestro país no es dueño del hogar que habita y más de 1.400.000 personas sufren hacinamientos críticos, con más de tres personas por cuarto”, además de que hay “millones que no cuentan con acceso a los servicios” básicos, enumeró. 

El líder de la Corriente Clasista y Combativa remarcó que en los últimos 35 años “no hubo una política habitacional que dé solución a este grave problema”, ante lo cual la gente se ve “empujada, ante la falta de oportunidades, a tomar las tierras para mejorar su situación”, reiteró. Y a continuación mencionó que él proviene del barrio Elena, en Gregorio de Laferrere, La Matanza, que “nació de una ocupación y por la lucha de mis vecinos y vecinas hoy es un barrio y no un asentamiento o villa miseria”. “A nadie le gusta ir a tomar un terreno, pero las desigualdades sociales y económicas son tan grandes que muchas veces no se encuentra otro camino”, completó. 

Más adelante, la radical Soledad Carrizo celebró el acuerdo que “se da en un contexto donde las discrepancias y polarizaciones extremas pululan”, y consideró que “estamos en el recinto llegando a un acuerdo que justamente no es transitorio y esto tiene aún más valor. El valor de la continuidad de una política pública de una gestión a otra”.

“Esta ley va a cumplir cuatro años y ha sido fundamental y trascendental para el cambio y la transformación para quienes viven en los barrios populares”, resaltó la cordobesa, al tiempo que valoró los “beneficios y la ampliación de oportunidades, de derechos, de integración económica y social del proyecto”.

A su vez, advirtió: “No podemos mirar para un costado en un contexto donde tenemos una inflación que quizás a fin de año llegue a tres dígitos, donde tenemos 37% de argentinos bajo la línea de la pobreza, donde tenemos una crisis habitacional crítica”.

En el tramo final del debate, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseveró que la iniciativa “es una prueba cabal de que la integración socio-urbana debe convertirse en una política de Estado en nuestro país, sostenerse en el tiempo y estar exenta de cualquier mezquindad o coyuntura política”. 

Al destacar que esta ley “tuvo como premisa fundamental garantizar derechos humanos básicos”, también resaltó que se apuntó a “la igualdad real de oportunidades. Igualdad entendida como no sometimiento”. En 2018, esta norma fue “un acuerdo pocas veces visto en este Congreso” y “un hecho trascendente que tuvo el apoyo de distintos sectores de nuestra sociedad”, dijo. “Cuando una persona tiene techo, domicilio, tiene identidad, ciudadanía”, agregó.

Fue la diputada oficialista Natalia Zaracho la encargada de cerrar el debate, agradeciendo a sus pares por “estar tratando esta ley que es muy importante” porque “sabemos lo que significan estos cambios en los barrios populares”.

En esa línea, celebró el desarrollo del debate en las comisiones para arribar a un proyecto para “poder pensar en estas políticas públicas que hace tiempo vienen avanzando”, y contó: “Fue muy importante para nosotros ese proceso cuando se pensó el relevamiento, el ReNaBaP. Allá por el 2016 a mí me tocó relevar en Villa Fiorito y era muy difícil porque se hacía a través de un celular y había mucha estigmatización de cómo se iba a hacer eso y quién lo iba a hacer, de que no iba funcionar porque se iban a robar los celulares, pero la verdad es que fue muy importante porque tener los números concretos para llevar una política pública que transforme la vida de los vecinos”.

 “Eso nos permitió relevar más de 4.016 barrios populares, poder avanzar en la unidad con la ley del 2018 que también permitió que se suspendan los desalojos, pero lo más importante fue conseguir el certificado de vivienda”, relató Zaracho, al tiempo que mostró su certificado de vivienda familiar, tras lo cual el recinto se inundó de un fuerte aplauso.

Por último, la oficialista señaló que “es un compromiso colectivo y tenemos que ver las políticas para ayudar al pueblo y que pueda vivir mejor. Tenemos muchas diferencias políticas, pero cuando ponemos por delante el sufrimiento el pueblo salen cosas importantes y podemos trabajar en cosas concretas”.

La Comisión de Legislación General de la Cámara baja de Entre Ríos, presidida por la diputada Carina Ramos realizó una nueva reunión para tratar el proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara, Ángel Giano, que adhiere a la Ley Nacional 27.453 que crea el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. 

La norma declara de interés público los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), con el objeto posibilitar un conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.  

La subsecretaria de Políticas Públicas Comunitarias y Territoriales del Ministerio de Desarrollo Social, Rosa Silva, afirmó que “es una herramienta significativa para la transformación de la vida de los barrios populares”. 

Evelina Kloster, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), expresó que “esta adhesión puede ser un antes y un después en la lucha para que los 182 barrios populares que hay en nuestra provincia tengan urbanización y acceso a los derechos básicos”. 

“Esta Ley unió a las organizaciones sociales, la Iglesia y al Estado y garantiza ciudadanía e identidad”, dijo finalmente Anabella Albornoz, presidenta de Suma de Voluntades.