La reunión pedida por el oficialismo y el Pro para este miércoles al mediodía corre riesgos por no tener asegurado el quórum. Efectos de la interrupción del debate del Presupuesto 2025.
Al cabo de una jornada intensa y con clima enrarecido en Diputados, consecuencia del anuncio oficial de suspender el debate del proyecto de Presupuesto 2025, estaba muy en duda la posibilidad de llevar adelante este miércoles la sesión pedida la semana pasada para tratar un tema muy esperado por muchos, como es el de Ficha Limpia.
En rigor, el pedido fue hecho por del Pro y La Libertad Avanza como Cristian Ritondo, Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Nicolás Mayoraz, entre otros. Y además de Ficha Limpia, el temario incluye el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia, como así también el proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que viven en el exterior.
Si bien se llegó a este martes con muchas dudas respecto de la posibilidad de firmar el dictamen para la ley de leyes, no dejó de causar sorpresa que la reunión fuera directamente desactivada, y el anuncio de José Luis Espert abriendo la posibilidad de un llamado a extraordinarias para tratar la ley de leyes, habida cuenta de que ya no podrá ser tratado en este período ordinario.
Recordemos que este miércoles vencen los tiempos para dictaminar en las comisiones, y como eso no ha sucedido con el Presupuesto, solo resta la posibilidad de que el Gobierno convoque a extraordinarias.
El mayor enojo corre por cuenta de los gobernadores, sorprendidos este martes con la suspensión del debate. Por eso los diputados relacionados con mandatarios provinciales fueron los primeros en expresar su enojo y anticipar que no tenían disposición a dar quórum este miércoles. Para ellos, la prioridad es el Presupuesto.
Alineados con los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, los diputados de Innovación Federal dejaron claro que no darán quórum para esta sesión.
Los de Encuentro Federal resolverán este miércoles por la mañana, pero trascendió que solo bajaría Margarita Stolbizer, quien ha militado desde siempre el proyecto de Ficha Limpia. Los radicales de Democracia para Siempre sí estaban dispuestos a bajar, pero por la tarde trascendió que habían decidido que no lo harían, a pesar de que uno de sus miembros, Fernando Carbajal, es autor de uno de los dictámenes. Tendrían decidido que sean los del Pro y La Libertad Avanza los que se ocupen de conseguir el quórum.
Sin Innovación Federal ni los de Encuentro Federal, no llegarían al quórum; aun si estuvieran los de Democracia para Siempre, quienes como hemos dicho están muy en duda. Así que todos los caminos parecerían conducir a una sesión frustrada.
Una señal que confirma estas prevenciones la dio al caer la noche el bloque del Pro, con un comunicado en el que anticiparon que ellos estarán este miércoles en sus bancas y esperan “que el resto de los bloques también lo hagan”.
“Esta es una iniciativa que venimos impulsando hace años en conjunto con la sociedad civil, y estamos ante una oportunidad histórica de hacerlo. No dar quórum es darle la espalda a la sociedad. Quienes no ocupen sus bancas estarán jugando a favor de los corruptos”, advirtieron.
Recordaron los diputados del Pro que en la misma sesión incluyeron la modificación del Código Penal sobre la reiterancia, “para que los delincuentes no salgan por la puerta giratoria con la que muchas veces son beneficiados”, y prevén tratar el proyecto para facilitar el derecho al voto de los argentinos en el exterior.
Lo cierto es que tampoco tiene buenas chances una eventual sesión el jueves, en este caso la pedida por la oposición para debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, y el decreto 846 sobre el canje de deuda. De hecho, los diputados que la habían pedido para la semana pasada no la ratificaron, aunque hay que decir que el martes pasado habían solicitado una “prórroga” para este jueves. Por cuestiones reglamentarias, eso quedó en duda: Martín Menem dio por caída la sesión del martes de la semana pasada, así que no podría hablarse de “prórroga”…
Como sea, es difícil que esta eventual sesión se haga, pues los gobernadores mantienen su postura de privilegiar el tratamiento del Presupuesto, y prefieren que eso siga siendo un elemento de presión al Gobierno… aunque el Gobierno no se sienta demasiado aludido.
En caso de rechazar la oposición el DNU 846/24, el Gobierno necesitaría contar con el proyecto de presupuesto que mandó al Congreso, uno de cuyos artículos incluye las facultades que ese decreto de necesidad y urgencia le brinda. Cierto es que si la oposición rechazara ese decreto la semana que viene, no tendría tiempo para tratarlo en el Senado; pero tampoco hay chances de que la Cámara alta se reúna para hacerlo, así el rechazo fuera consumado esta semana.
La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, modifica el Código Procesal Penal de la Nación y el Federal, con el fin de regular la realización del juicio penal en ausencia del imputado, pero sufrió modificaciones respecto del texto original. UP irá con un dictamen propio.
Tras semanas de intenso debate y trabajo colaborativo, un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Justicia, que presiden los diputados Laura Rodríguez Machado (Pro) y Manuel Quintar (LLA), alcanzaron un consenso en un dictamen de mayoría sobre el nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia. Los diputados de distintos bloques, se refirieron a los proyectos de su autoría, en línea con la norma presentada por el Poder Ejecutivo.
La propuesta de modificación de los artículos 50 y 58 del Código Penal se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial. La iniciativa define la “reincidencia como toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.
En tanto, denomina “reiteración delictiva” cuando “se introduce como un nuevo concepto que se refiere a situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.
Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.
Por su parte, Rodríguez Machado manifestó que se logró un consenso buscando “garantizar un enfoque más riguroso frente a la criminalidad y la protección de la sociedad durante el proceso judicial”. “Hay un trabajo de miembros de la comisión que han tomado la decisión de sacar despacho y unifican diversos proyectos. Esto generó un dictamen donde se introdujeron modificaciones al texto que mandó el Ejecutivo”, expresó y comentó que el bloque de Unión por la patria presentará un despacho de comisión propio.
Luego, el diputado Oscar Agost Carreño adelantó el apoyo de su bloque, Encuentro Federal, al proyecto del Ejecutivo, pero con disidencias. “Es una discusión que el Congreso se debe hace tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que avanzó la jurisprudencia”, pero indicó que “limitar los tipos penales”, son la base de los fundamentos centrales de las iniciativas.
“El proyecto del Ejecutivo es saludable y mejorable, pero no puede pasar que la presión social mande por sobre el debido proceso porque vamos a generar responsabilidad y vamos a estar en problema. La idea de puerta giratoria genera una grieta propia. El garantismo del Zaffaronismo nos generó una situación compleja. Al Congreso le toca desatar ese avance de excesivo garantismo de otra época”, manifestó el cordobés y cerró: "Tiene que pasar el control de constitucionalidad el proyecto para no generar responsabilidad internacional y la Corte lo convalide, pero necesitamos que sea de interpretación restrictiva, que se tenga prudencia judicial, el objetivo es no obstaculizar el proceso y nunca tiene que equivaler a una medida de seguridad sustantiva".
En primer término, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) se remitió a su proyecto que “establece algunas disidencias respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo”. “No coincido en la aplicación del juicio en ausencia para todos los delitos”, argumentó.
Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) explicó que “es nuestra voluntad política expresa que manifiesta que aún en ausencia debe prevalecer la justicia, debe construirse la verdad y aplicarse una sanción”, y añadió: “El juicio en ausencia es un excelente camino para hacer justicia”.
Finalmente, la titular de la Comisión de Legislación Penal manifestó la intención de “sumar las coincidencias de los distintos proyectos con los del Poder Ejecutivo”, y, a partir de eso, “armar un borrador tentativo".
Los legisladores bonaerenses opositores consideraron oportuna la presentación, que ya suscita la atención de sus pares, “para terminar” con la “puerta giratoria en cárceles”.
La senadora bonaerense del PRO, Aldana Ahumada, presentó un proyecto de Ley para modificar el Código Procesal Penal con el fin de establecer un marco normativo más severo para los imputados que cometan delitos, con la intención de que cumplan las condenas establecidas por el Poder Judicial y terminar con el fenómeno de las “puertas giratorias” en las cárceles.
La iniciativa de Ahumada, que cuenta con la coautoría de su par del PRO Christian Gribaudo, pretende incorporar la figura de la reiterancia delictiva en el Código Procesal Penal como entorpecimiento del proceso.
De esta manera, si un bonaerense comete dos o más delitos de la misma naturaleza en un período no mayor a cinco años no podrá pedir la excarcelación.
Es preciso mencionar, que el proyecto de Ahumada y Gribaudo, fue ingresado con el acompañamiento del presidente del bloque de senadores del PRO, Alejandro Rabinovich, y los demás integrantes de la bancada opositora, Juan Rico Zini, Jorge Schiavone, Marcelo "Chuby" Leguizamón y Yamila Alonso.
Dentro de las particularidades del texto, se destacada la incorporación la figura de la reiteración delictiva, como agravante al momento de solicitar la excarcelación.
“Entendiendo la reiteración delictiva como la existencia actual de más de un proceso penal con requerimiento de juicio que tengan por objeto la investigación de delitos dolosos con pena privativa de la libertad, aunque no mediare sentencia”, indica el articulado.
La senadora del PRO Aldana Ahumada, presentó un proyecto de Ley para modificar el Código Procesal Penal.
Asimismo, el proyecto de los senadores del PRO establece la derogación del artículo 176 del Código Procesal Penal que estipula que el juez pueda excarcelar a un detenido independientemente de los antecedentes que tenga o no el acusado.
En tanto, introduce una modificación en el artículo 178 para dejar en claro que "en ningún caso podrá dictarse el auto de excarcelación sin informe cierto de antecedentes”.
Por último, Ahumada y Gribaudo también modifica al artículo 185 del Código Procesal Penal para que el imputado no pueda pedir la eximición de prisión durante su proceso judicial si se le atribuyere la figura de reiteración delictiva, sea cual sea la etapa en la que se encuentra su expediente.
"Los beneficios esperados de esta medida son significativos: se anticipa una mejora en la seguridad pública a través de la contribución a la disminución de la reincidencia delictiva. Además, la posibilidad de enfrentar consecuencias más severas servirá como un disuasivo efectivo para los delincuentes, lo que se espera que resulte en una reducción de la reincidencia. Finalmente, se proyecta un aumento en la confianza de los ciudadanos hacia el sistema de Justicia, percibiéndolo como más efectivo y justo", destacaron los senadores del PRO.
La norma es impulsada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para los opositores, con este proyecto se pretende “legalizar un estado de excepción”.
Con juristas, organismos de derechos humanos, referentes sociales, sindicales, migrantes y diputados del Frente de Izquierda y Unión por la Patria se realizó la audiencia convocada por la diputada Celeste Fierro (MST-FITU) sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal porteño. Según denunciaron, los cambios “afectan garantías democráticas y constitucionales elementales”.
La diputada Fierro, impulsora de la convocatoria, analizó: “Hasta ahora, la orientación de los gobiernos -sobre todo el macrismo-, buscaba criminalizar la protesta para condicionarla. El actual proyecto cuestiona garantías constitucionales como el derecho a manifestarse y a organizarse. Además, la reiterancia legaliza la detención sin delito ni condena. Así cuestiona un principio elemental vigente desde la Revolución Francesa: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Incluir la reiterancia habilita la posibilidad de encarcelar sin condena firme. Además estigmatiza a las personas migrantes, le da más poderes a la policía y facilita los allanamientos apelando a figuras ambiguas”.
Cele Fierro completó: “Este jueves volveremos a plantear con fuerza el rechazo a esta reforma autoritaria y represiva. Más allá de retoques cosméticos ante nuestras críticas, no cambia su esencia: Macri pretende legalizar una especie de estado de excepción, que viola derechos y garantías básicas. Los derechos democráticos fueron conquistados con muchos años de lucha y por eso es necesario defenderlos”.
Desde el despacho de la legisladora Fierro anticiparon que este jueves, ante el llamado de la convocatoria a sesión en la Legislatura, realizarán una conferencia de prensa y autoconvocatoria de organizaciones frente a la Legislatura porteña para rechazar el proyecto del oficialismo.
Atentos a la propuesta del jefe de Gobierno porteño de avanzar con una modificación del Código Procesal Penal, este lunes la izquierda y organismos de derechos humanos se organizan contra esa iniciativa.
Ante el tratamiento del proyecto de Jorge Macri que modifica el Código Procesal Penal de la Ciudad e incorpora -entre otras medidas punitivas- el concepto de “reiterancia delictiva”, la diputada de la Ciudad Celeste Fierro (MST-FIT Unidad) convoca una reunión abierta a organizaciones de DDHH, sociales y políticas.
Al respecto, Fierro aseguró: “Jorge Macri quiere votar en la próxima sesión de la Legislatura porteña una reforma al Código Procesal Penal a tono con la política punitivista y represiva del gobierno nacional. Su proyecto, con la excusa de combatir el delito y la puerta giratoria, incluye entre otros puntos la figura de reiterancia delictiva. Macri solo quiere mostrar espejitos de colores, pero solo apunta a criminalizar la protesta social y dar más poder a policías y fiscales, quienes son parte del entramado delictivo. Esta ley ataca a los migrantes, facilita allanamientos sin orden judicial y viola la presunción de inocencia, que existe desde la Revolución Francesa”.
Agregó: “El concepto de reiterancia aplica sobre las personas y no sobre el delito. Si bien tuvieron que modificar su proyecto inicial, que era abiertamente inconstitucional, ahora lo aplicarán si hay 'violencia contra las personas o la propiedad'. Una ridiculez, porque es la justificación que utilizan la policía y la justicia para detener a manifestantes, vendedores ambulantes o jóvenes. Hay que enfrentar esta política punitivista, estigmatizante y represiva al servicio del ajuste de Macri y Milei”.
“Este lunes a las 15, junto a diversos diputados, organizaciones de DDHH, sociales y políticas, como así también asambleas barriales y otros sectores, nos vamos a reunir para coordinar acciones de rechazo a esta avanzada autoritaria y represiva que pretende llevar adelante Macri y sus aliados en la Legislatura porteña”, señaló Fierro.
Al respecto, la legisladora porteña del PTS/FIT Alejandrina Barry, una de las convocantes de la audiencia junto con legisladores del FIT en la Legislatura, expresó: "la figura de reiterancia delictiva es altamente cuestionada (es “inconstitucional”), la misma implica que las personas que estén solo acusadas de un delito, antes de que se realice el juicio y se dicte sentencia y tengan otra acusación penal en la que tampoco se requiere realización del juicio y condena, pueden quedar detenidas. Es violatoria del principio de inocencia, del debido proceso (art. 18 CN) y busca masificar la prisión preventiva. Como denunciamos junto a organismos de derechos humanos se convertirá en una herramienta mayor contra quienes persigue el gobierno de la Ciudad cotidianamente, manifestantes, trabajadores del espacio público, personas en situación de calle, entre otros".
