En presencia de diputados de todos los bloques, avanzaron los repudios que desconocen el resultado proclamado por el gobierno venezolano y las irregularidades en la previa a las elecciones. El pedido de Iglesias a Unión por la Patria.
A partir de todo lo sucedido en las elecciones de Venezuela y las denuncias de la oposición de ese país respecto del “fraude electoral” y las irregularidades por la ausencia de actas con resultados oficiales, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para emitir un dictamen de repudio contra Nicolás Maduro y su régimen.
La reunión concluyó con el dictamen del rechazo contra el presidente venezolano, quien tras autoproclamarse reelecto lanzó una serie de insultos contra el presidente de la Nación, Javier Milei, a quien llamó “vendepatria, cobarde y basura”. Asimismo, los puntos del repudio se contemplaron en 6 ejes: rechazo al proceso electoral; repudio por la negativa de ingreso al país a periodistas y veedores; contra los agravios de las autoridades del Gobierno venezolano; respaldo a Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y todos los dirigentes opositores; solidaridad con el pueblo venezolano; y preocupación por la escalada represiva de estas últimas horas.
En su rol de autoridad del encuentro, Fernando Iglesias agradeció la celeridad de la convocatoria y señaló que lo que está ocurriendo “preocupa al país y preocupa a la región, y por las informaciones que estamos recibiendo, tiende a empeorar”. “Nos convoca Venezuela y nos convocan los derechos humanos”, remarcó.
En esa línea, mencionó como causales de todos los proyectos a “las proscripciones a candidatos opositores, el rechazo de ingreso a los observadores internacionales, la prohibición del ingreso a periodistas argentinos, el ataque a la embajada argentina, la autoproclamación y la ausencia de actas con resultados oficiales”.
Así las cosas, fueron unificados los proyectos de repudio al accionar del Gobierno venezolano por impedir el ingreso del periodista argentino Jorge Pizarro, de la oficialista Emilia Orozco; el rechazo a las sistemáticas violaciones de las reglas democráticas, antes, durante y después, del proceso electoral venezolano y el desconocimiento al resultado de las elecciones que afirman la reelección, unificado entre el Pro, la Libertad Avanza y la Coalición Cívica; y el repudio contra el canciller venezolano Yvan Gil y Maduro por sus dichos contra Milei.
Del lado de Unión por la Patria, el diputado nacional Santiago Cafiero procedió a leer el comunicado publicado por su bloque en la previa del encuentro y trajo a debate la denuncia del gobierno de Alberto Fernández en la que acusó a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich de “enviar armas a Bolivia en 2019 en la previa del intento de golpe de estado”.
En el final, Iglesias instó -en buenos términos- al bloque que preside Germán Martínez de darle forma de proyecto de resolución al contenido mencionado en el comunicado de UP. “Si lo hacen, daremos aval de esta comisión para llevarlo a la sesión”, auguró el titular de Relaciones Exteriores y Culto. Finalmente, el bloque opositor no se sumó a la firma del despacho avalado por el oficialismo, los aliados y dialoguistas.
La vicejefa del bloque radical, Karina Banfi, cuestionó la redacción de uno de los proyectos por mencionar “intento de fraude”. Pidió ser categóricos por la autoproclamación de Nicolás Maduro y cargó contra la ausencia de actas a 72 horas del término de las elecciones.
Desde el Pro, Sabrina Ajmechet, Patricia Vásquez y Damián Arabia coincidieron en que “hubo fraude preelectoral”, e indicaron que si Maduro llegase a asumir en la Presidencia de Venezuela “sería usurpación”. “Tenemos pruebas sobradas que hubo fraude”, remarcaron.
De igual manera, la diputada de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer remarcó que “el fraude es previo”, a partir de la negativa del régimen venezolano de prohibir la entrada a su país a observadores, funcionarios, legisladores y periodistas internacionales. “Pondría en el énfasis a poner que nuestro rechazo sea contra todo el proceso electoral viciado por los obstáculos a que votaran venezolanos en el exterior”, explicó.
Por la Coalición Cívica estuvo la diputada Marcela Campagnoli, quien exigió a los presentes que “no podemos mantenernos tibios”. También apuntó contra la gestión de Alberto Fernández y acusó al expresidente de “ser aliado del chavismo”.
Llegado el turno de Santiago Cafiero, el excanciller procedió a leer el comunicado de su bancada en relación a los hechos que ocurren en Venezuela, y luego señaló: “pese a quien le pese, Macri y Bullrich avalaron un golpe de estado en Bolivia y a nosotros nos duele tanto que una muerte en Venezuela y una muerte en Bolivia”.
Finalmente, el oficialista Santiago Santurio celebró que la canciller Diana Mondino y el presidente de la Nación hubieran expresado repudios contra Nicolás Maduro y sumó: “Lo del domingo era de esperar porque fue sostenido y avalado por muchos gobiernos”. “No es solo fraude, es proscripción y asesinatos, y también hubo un atentado contra la embajada argentina en Venezuela”, cerró.
La declaración aprobada
La HCDN resuelve expresar:
A través de un proyecto impulsado por los diputados Esteban Paulon y Mónica Fein, expresan preocupación por la no concurrencia del Jefe de Estado a la Cumbre de Jefes del Mercosur y advierten los impactos que puede generar.
Los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein (Partido Socialista) presentaron un proyecto de resolución solicitándole al presidente Javier Milei que “recomponga” el vínculo con los países vecinos.
La iniciativa, expresa preocupación por la decisión comunicada oficialmente por la Presidencia de la Nación en torno a la no concurrencia del presidente a la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, a celebrarse en Asunción, República del Paraguay, el próximo 8 de julio de 2024, alegando “cuestiones de agenda”.
Asimismo, advierten sobre los impactos que pueda tener dicha determinación por parte del primer mandatario en términos de integración económica, social, cultural de la región, y en las relaciones diplomáticas con los Estados miembros.
Por último, solicitan al Poder Ejecutivo Nacional “tenga a bien disponer de los mayores esfuerzos por recomponer la relación con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, abstenerse de realizar actos o declaraciones que puedan generar una escalada en la confrontación, una mayor tensión diplomática y un deterioro en las relaciones bilaterales y la alianza estratégica entre ambas naciones”.
Proy Res Preocupación ausencia Cumbre MERCOSUREl proyecto es impulsado por el formoseño Fernando Carbajal para que la canciller explique la posición argentina en foros internacionales.
El diputado nacional Fernando Carbajal (UCR – Formosa) presentó un proyecto para citar a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, a la Cámara baja a fin de que explique la posición argentina en foros internacionales, ya que “denuncian que se está abandonando la tutela de los DD. HH y negando el cambio climático”.
En la iniciativa, el radical solicita que informe la naturaleza jurídica de la posición de Úrsula Basset en el Ministerio de Relaciones Exteriores para “ejercer las supuestas funciones de carácter político y diplomático”.
También pide saber si existe un cambio de posición de la Argentina en materia de derechos humanos “cuyo resultado es la impugnación en los foros multilaterales de temas concernientes a la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos en general” y los que involucran a las mujeres, cuestión de género, personas del colectivo LGTBJQ+.
En el mismo sentido, pide saber si existe un cambio de posición sobre temas relacionados al cuidado del ambiente, implementación de políticas y acciones para combatir el cambio climático, proteger recursos naturales, garantizar la soberanía.
Hemos requerido a la Canciller @DianaMondino venga a la Cámara de Diputados a explicar la posición argentina en foros internacionales. Denuncian que se esta abandonando la tutela de los DDHH y negando el cambio climático. @Marcelacoli63 @PabloJulianoLP @poliniok pic.twitter.com/egJq5Tsa64
— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) June 24, 2024
A través de un proyecto de resolución impulsado por la bonaerense Roxana Monzón, se insta al Gobierno nacional a retomar “el sendero tradicional” de política exterior argentina.
La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto de declaración para expresar preocupación ante la evaluación crítica sobre la situación del país realizada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Volker Turk.
El proyecto en cuestión fue acompañado por más de 40 diputados del bloque quienes coincidieron en alertar sobre “los efectos negativos de las medidas implementadas por el Ejecutivo en materia de género, garantías para necesidades básicas, acceso a la Justicia, Agenda 2030 y libertad de expresión”.
Entre los fundamentos, hace hincapié en el discurso de apertura de la 56a sesión del organismo, donde el encargado de velar por derechos humanos de la ONU mencionó el caso argentino y exhortó al Gobierno a poner las libertades fundamentales “en el centro de su política” y construir “una sociedad más unida e inclusiva”.
“En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030ʺ, expresó Turk.
3269-D-2024 PD TurkAsimismo, hizo saber su preocupación respecto al “derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión”, en un contexto marcado por la “repudiable violencia policial ejercida durante las manifestaciones contra la Ley de Bases del pasado 12 de junio que incluyó agresiones físicas a diputados nacionales y la detención de más de 30 personas que sin pruebas contundentes, fueron privadas durante varios días de su libertad. Todo ello, mientras el Ejecutivo Nacional acusó a quienes se movilizaban de terroristas y de impulsar un golpe de Estado”.
Por este motivo, desde UP instan al Gobierno nacional a retomar el “sendero tradicional de la política argentina la cual es reconocida hace más de 40 años en el mundo por su defensa activa de los derechos humanos, la democracia, la agenda de género y diversidades, el multilateralismo, el medio ambiente y la paz”.
El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Ana Ianni, Blanca Osuna, Diego Giuliano, Victoria Tolosa Paz, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Gabriela Pedrali, Natalia Chacur Zabala, Jorge Romero, Carlos “Kaky” González, Mario Manrique, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Silvana Ginocchio, Daniel Gollan, Pablo Todero, Andrea Freites, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdes, Julio Pereyra, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo, Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Lorena Pokoik, Ricardo Herrera, Hernán Pérez Araujo, María Luisa Montoto, Juan Pedrini, Martín Soria, Micaela Moran, Mónica Litza, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Aldo Leiva, Ariel Rauschenberger, Ernesto Ali, Martín Aveiro, María Luisa Chomiak e Hilda Aguirre.
En un proyecto encabezado por Julio Cobos expresan la “preocupación” por el retiro de la embajadora española y le piden al Ejecutivo procurar mantener los vínculos.
El diputado nacional Julio Cobos (UCR), junto a otros legisladores de su bloque, presentó un proyecto expresando “preocupación” por la decisión del Reino de España de llamar en consulta sine die -es decir, sin plazo determinado- a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez; “máxime cuando hablamos de una Nación con la que nos une estrechos vínculos históricos, sociales, económicos y culturales”, subrayó.
En ese sentido, el exvicepresidente sugirió al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre “todas las acciones necesarias para el normal restablecimiento de relaciones bilaterales con España, en consonancia con la histórica relación estrecha entre ambos países”.
“Vemos con inquietud los diversos eventos que se han producido en estos últimos días que son de público conocimiento. Con este proyecto queremos explicitar la necesidad que existe de reencauzar las relaciones bilaterales con el Reino de España”, señaló el radical, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.
El mendocino recordó que “Argentina y España han cultivado y sostenido una estrecha relación bilateral que se remonta a los orígenes mismos del surgimiento de nuestra Nación. Además, España es uno de los socios más importantes de nuestra Nación, con relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación de larga trayectoria e intensidad. Sólo para dar un ejemplo y dimensionar el estrecho vínculo que nos une, vale resaltar que la colectividad española alcanza las 495.000 personas a las que prestan servicios cinco Consulados Generales en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Córdoba y Mendoza y las Consejerías sectoriales de la Embajada de España”.
“A pesar de esta histórica unión entre dos países hermanos, este año ha habido una escalada sostenida del deterioro de esa relación y pensamos que es contraproducente para ambas naciones”, advirtió.
El legislador agregó que España “ha mantenido una posición muy relevante en Argentina en el terreno de las inversiones, siendo el segundo país inversor detrás de Estados Unidos. España es un socio histórico de Argentina. No sólo en el plano comercial, sino también en lo cultural. La Unión Europea es el socio comercial que más invierte en Argentina luego de China y Brasil. Y las empresas españolas son las de mayor peso dentro de ese bloque continental con presencia en suelo argentino”.
Para finalizar, Cobos pidió: “Instamos a un pronto restablecimiento total de las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos, con el fin de mantener y fortalecer los lazos fraternales y los vínculos de amistad y colaboración con el pueblo español, voluntad compartida por todo el pueblo argentino”.
El proyecto fue acompañado por sus pares Lisandro Nieri, Karina Banfi, Pamela Verasay, , Gabriela Brouwer de Koning, Roxana Reyes, Natalia Sarapura, Mariano Campero, Marcela Antola, Marcela Coli, Roberto Sánchez, Mario Barletta, Danya Tavela, Gerardo Cipolini, Soledad Carrizo, Adolfo Bermejo, Maria Liliana Paponet y Martín Aveiro.
La titular del partido GEN compartió en sus redes sociales un comunicado en el que advierten que “no se puede progresar en conflicto con otras naciones”.
El partido GEN conducido por la diputada nacional Margarita Stolbizer, expresó su preocupación y rechazo por las “desafortunadas declaraciones” del presidente de la Nación Javier Milei respecto de la esposa del jefe de Estado de España y lo exhortó a “actuar con mesura y buen tino”.
A través de un comunicado, alertaron que “no se puede progresar en conflicto con otras naciones” y rechazaron las “actitudes irresponsables” del jefe de Estado al “generar permanentes conflictos internacionales por declaraciones”.
“Lamentablemente, no es la primera vez que sucede y en solo seis meses el presidente ha insultado a los titulares de gobierno de Brasil, China, México, Colombia, Chile, Ecuador y ahora España”, señalaron.
Desde el GEN indicaron que “es sagrada la política de no intervención en los asuntos internaos de otras naciones desde el Estado argentino. No importa si creemos que el titular de Gobierno es malo o no piensa como nosotros, ya que es el pueblo de cada país democrático el que los ha elegido”.
Así, remarcaron que la función presidencial exige “temple y honrar el rol de representación de todos los argentinos”, y cuestionaron que “al viajar se produce un gasto que afronta el erario público, que sirve si aprovecha la visita en los intereses de la Nación y no partidarios políticos y personales de otros países”.
“Necesitamos desarrollarnos, exportar, salir de la pobreza y superar esta enorme crisis en la que estamos, y no podemos solos sino en armonía con otras naciones amigas. No podemos darnos el lujo de iniciar conflictos con ningún país o sus representantes. Por ello, manifestamos nuestro rechazo a las desafortunadas declaraciones y exhortamos al presidente Milei a actuar con mesura y buen tino”, cerraron el comunicado.
🗣️”Necesitamos desarrollarnos, exportar, salir de la pobreza y superar esta enorme crisis en la que estamos, y no podemos solos sino en armonía con otras naciones amigas. No podemos darnos el lujo de iniciar conflictos con ningún país o sus representantes. Por ello, manifestamos… pic.twitter.com/I8pUbytsi2
— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) May 20, 2024
En tanto, el canciller aseguró que se llegó a un acuerdo entre ambos países con un plan de pago en tres partes de 12 millones cada uno. Por otro lado, informó que aún “no está esclarecido lo que sucedió con la utilización unilateral del dique”.
Tras acusaciones cruzadas entre Paraguay y Argentina por las deudas de la represa binacional Yacyretá y ante la apertura unilateral de uno de los dos brazos del dique, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, afirmó ante la comisión homónima del Senado que el país “tiene una deuda con Paraguay por Yacyretá de 36 millones de dólares”.
El funcionario relató que “hubo un episodio no esclarecido donde, por el brazo de Aña Cuá, se utilizó unilateral un vertedero que es un recurso del agua que está en el dique, si se produce unilateral de verter esa agua es un recurso compartido porque la mitad de la generación de Yacyretá es Argentina y la otra paraguaya, pero la utilización es compartida por lo tanto las decisiones son compartidas”.
“Todo quedó empañado, hubo declaraciones muy malintencionadas que ya han sido aclaradas, pero avanzamos en generar un nuevo entendimiento a partir de lo que ocurrió. Empezó como una reacción de lo que pasaba en la Hidrovía o muchos dirigentes de paraguayos lo vinculaban a eso, en sí nunca hubo una relación entre ambas cosas, pero siendo un ámbito político era lo que surgía como información, vimos una micro escalada absurda de parte de dirigentes políticos de Paraguay que no han encontrado eco en nuestros dirigentes y eso habla de que tenemos un país vecino, hermano con el que queremos desarrollarnos en conjunto. No hay hipótesis de conflicto que nos vaya a cambiar nuestro punto de vista”, explayó.
Y cerró: “Lo que acordamos hoy fue avanzar en el pago, porque había una deuda de parte del Gobierno argentino por la energía que le habíamos comprado el año pasado a Yacyretá son 36 millones de dólares, hay un plan de pago en 3 partes de 12 millones. Es el excedente que el país le compra y restaba pagarle. Fue parte de una confusión generalizada y se logró des escalar la cuestión mediática”.
Así se resolvió en el marco de una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la que resolvieron convocarlo “a la brevedad” para que informe fundamentalmente en torno a conflictos limítrofes planteados con Chile y Paraguay.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que preside el puntano Adolfo Rodríguez Saá resolvió este miércoles citar al canciller Santiago Cafiero para que próximamente se presente ante ese cuerpo para exponer en torno a las situaciones conflictivas planteadas en materia de límites con dos países vecinos: Chile y Paraguay.
Paralelamente se emitió dictamen sobre el proyecto proveniente de Diputados que aprueba el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. El mismo no tuvo ninguna objeción por parte de los senadores presentes y pasó de inmediato a la firma.
Esa fue la primera medida adoptada luego de que fueran ratificadas las autoridades de la comisión, que seguirá teniendo a Rodríguez Saá al frente y al radical Martín Lousteau como vicepresidente.
A continuación, los senadores abordaron el rechazo a la intención chilena de adjudicarse territorio sobre la plataforma continental argentina, respecto del cual se puso a consideración un texto elaborado en base a varios expedientes. Sobre ese punto, la senadora neuquina Lucila Crexell advirtió que el proyecto elaborado refería a una nota diplomática elevada por la Cancillería argentina hacia su par chilena, pero los senadores desconocían el texto de la misma.
“La nota no tomó estado público, es una nota interna de Cancillería remitida a Chile, no la tenemos entonces”, aclaró Rodríguez Saá, a lo que Crexell apuntó entonces que “no podemos aprobar algo que no leímos”. Luego aclaró que si bien la actitud del Ministerio de Relaciones Exteriores podía ser “correcta”, sería importante conocer ese texto, ante lo cual el presidente de la comisión señaló que “lo correcto sería invitar al canciller a que asista por dos temas limítrofes importantes”. Se refirió puntualmente al planteado con Chile y a una situación planteada con Paraguay, en territorio correntino.
Agregó Rodríguez Saá que el mapa elaborado por la Armada chilena incluye para ese país 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma submarina que corresponden a nuestro país.
No podían pasar por alto los senadores lo expresado los últimos días por la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza Diana Mondino, en referencia a Malvinas y al eventual reconocimiento argentino hacia la autodeterminación de los habitantes de nuestras islas.
Fue cuando intervino el senador fueguino Pablo Daniel Blanco, quien advirtió en principio que “la pretensión de la Armada de Chile afecta entre otras cosas el Tratado de Paz y Amistad con Chile y la proyección argentina sobre el continente antártico”. Tras recordar que no es la primera vez que la Armada del país vecino tiene este tipo de actitudes, reclamó una “postura firme” ante esa situación planteada, como así también ante los dichos de “un posible canciller” respecto de Malvinas. “Nosotros también debemos actuar rápidamente y ante este tipo de situaciones no podemos estar ausentes y debemos dar una firme opinión”, enfatizó
Así las cosas, el radical solicitó a la comisión que “demos una opinión muy firme sobre Malvinas, porque las declaraciones de la candidata a diputada y posible canciller si algún candidato libertario accede a la presidencia, me parece que es muy preocupante porque echa por tierra los reclamos que viene realizando la Argentina y afecta lo establecido ante Naciones Unidas. Si bien esto no está en el temario, me parece oportuno expresarnos”.
Por una vez coincidieron Blanco con su comprovinciana Eugenia Duré. La senadora camporista se manifestó en la misma línea, expresando que le parecía importante que “desde todos los lugares repudiemos este tipo de cosas”. “Siempre vamos a defender lo que refiere a nuestras islas Malvinas”, dijo, pero la armonía se terminó cuando a continuación apuntó hacia Juntos por el Cambio señalando que “en algún momento de la pandemia alguna candidata (por Patricia Bullrich) decía que podían entregar las islas por vacunas, y eso hay que rechazarlo enérgicamente”.
La senadora Silvia Sapag remarcó luego que estaban rechazando la posición del Gobierno chileno respecto de la plataforma submarina y recordó que el Congreso votó en su momento los nuevos límites a la plataforma continental. Al respecto destacó que para ello nuestro país cumplió todos los requisitos que Naciones Unidas hacía a todos los países. Valoró “los trabajos que hizo la COPAL, (que) abundaron en documentación y en todos los estudios que requería Naciones Unidas abundamos en información, porque hicimos los estudios geológicos y pudimos delimitar hasta donde llega la plataforma submarina y dónde empieza el talud oceánico”.
Entonces protestó la neuquina: “¿Para qué vamos a Naciones Unidas? ¿Cómo la ONU no nos respalda? ¿Cómo no tenemos una declaración de ellos diciendo que toda nuestra documentación avala que el límite sur de Tierra del Fuego es definitiva? Hay tres categorías de límites, según la sugerencia de Naciones Unidas. Todo ha sido en conformidad con ellos”.
El senador Rodríguez Saá consideró pertinente entonces invitar al canciller y esperar a su visita para recién después aprobar el proyecto de declaración.
A continuación se abordó la situación planteada en Corrientes, y al respecto destacaron que hubo una reunión con el gobernador de esa provincia, Gustavo Valdés, de la que tomaron parte los senadores José Mayans, Eduardo Vischi y Adolfo Rodríguez Saá.
El radical Vischi recordó que hubo “algún acontecimiento de violencia que ejercieron efectivos de la Armada de Paraguay en las costas de la isla Apipé, que puso de manifiesto algo que viene siendo una situación muy confusa y compleja en las costas de Corrientes”.
El senador correntino recordó la existencia de un tratado internacional suscripto en el siglo XVIII, luego de la Guerra de la Triple Alianza, donde se dejó claro cuáles eran las islas que les correspondían a ambos países. “Transcurrió el tiempo sin conflictos, hasta que se decidió la construcción de la represa de Yacyretá, que es una obra magnífica que trajo aparejado un nuevo tratado que establece que no cambiaba el original -continuó-. Pero para demarcar los límites se constituyó una comisión demarcadora en el gobierno de facto después del 76, donde se procedió a una demarcación. Además, viendo lo últimos acontecimientos que estamos teniendo con los hermanos paraguayos, lo que pasó en corrientes en ese momento es un síntoma de lo que viene sucediendo con Yacyretá, por recursos que se le deben”.
Tras destacar que “hay una discusión mayor en ese sentido”, enfatizó que “Argentina tiene que ir a dejar en claro cuál es su soberanía en el lugar y que para que la gente entienda por los cambios hechos, la delimitación de esa isla que es argentina está rodeada por aguas paraguayas”.
En otro pasaje se preguntó cuál es el valor jurídico que puede tener un decreto de la dictadura que avaló “interpretaciones erróneas, porque por el Congreso no pasó esa demarcación limítrofe”.
Por último, Vischi destacó que el gobernador de su provincia estaba a disposición, con toda la documentación lista para trabajar con Cancillería en busca de una solución. Y concluyó, ante las sonrisas de sus pares: “Corrientes parece un país aparte, pero formamos parte de la Argentina y queremos defender nuestro territorio”.
En el mismo sentido se pronunció la senadora Gabriela Valenzuela, para ratificar que si bien es un problema nacional, “en forma particular afecta a todos los correntinos que debemos vivir con este conflicto y que nos ocupemos todos cuanto antes, porque lo que hoy puede ser algo chiquito puede seguir agrandándose”.
La senadora Carolina Losada dijo a continuación que “hay que poner un poco más de luz a todo el trabajo de la Cancillería en general” y por eso presentaron un proyecto de ley para citar al canciller. “Queremos saber cuál es la estrategia general, porque no es potestad de la ONU defender nuestros intereses, sino de Cancillería. Y queremos saber cuál es la estrategia para defender los límites de nuestro país”.
En la reunión se disertó sobre buscar diferentes vías de cooperación entre Ucrania y Argentina relacionada a la seguridad alimentaria mundial, maquinaria agrícola y fertilizantes.
El diputado nacional y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Maximiliano Ferraro (CC-ARI), se reunió este lunes con la delegación de líderes de la sociedad civil ucraniana en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados.
“El ejército ruso está usando tácticas miserables que son claros crímenes de guerra y violan el derecho internacional humanitario. Bombardear edificios residenciales, infraestructuras críticas, hospitales, saqueos, violaciones”, denunció Ferraro y agregó: “No quiero olvidar lo ocurrido en la tristemente conocida ‘Masacre de Bucha’ que implicó un masivo asesinato de civiles entre finales de febrero y principios de marzo del 2022. Las torturas, ejecuciones sumarias y fosas comunes fueron acreditadas por varios organismos de derechos humanos y medios de prensa”.
Y agregó: “Siguen pareciendo inverosímiles las imágenes de la guerra en pleno siglo XXI. Las caras de soldados jóvenes, en trincheras o en combates casa por casa. De niños exiliados, familias separadas, ancianos caminando por ciudades destruidas por las bombas y civiles viviendo en refugios subterráneos sin agua ni electricidad. Según las Naciones Unidas, hasta el 4 de marzo habían muerto 8.173 civiles en esta guerra”.
Los miembros de la delegación ucraniana resaltaron la necesidad de producir una investigación posterior a los crímenes de guerra, así como buscar diferentes alternativas para que no queden en la impunidad. También denunciaron la visión imperial de Putin para quien Ucrania es “una pequeña Rusia” y no un país independiente. Se disertó sobre buscar diferentes vías de cooperación entre Ucrania y Argentina relacionada a la seguridad alimentaria mundial, maquinaria agrícola y fertilizantes.
Participaron de la reunión los diputados nacionales del interbloque Juntos por el Cambio Mónica Frade, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet; el embajador Néstor Ureta, Jorge Miguel Danylyszyn, presidente de la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita; Oleksandra Drik, experta ucraniana en derechos humanos y activista de la sociedad civil con sede en Kyiv; el profesor Olexiy Haran, catedrático de Política Comparada Universidad Nacional de Kyiv (UKMA); Anna Liubyma, directora del Departamento de Cooperación Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de Ucrania (UCCI) y Jefa del grupo Humanitario de la Sede de Asistencia Internacional para Ucranianos (AIHU) y el reverendo y doctor Ihor Shaban, jefe de la Comisión para el Diálogo Interreligioso y Asuntos Ecuménicos de la Iglesia greco-católica de Ucrania.
El motivo de la visita de Beatriz Paredes tuvo como objetivo impulsar una agenda bilateral para reforzar lazos de cooperación y hermandad entre ambos países.
Legisladores de distintas fuerzas políticas, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, recibieron en el Salón bajo recinto del Congreso de la Nación a la presidenta de la Comisión de homónima de América Latina y el Caribe del senado de México, Beatriz Paredes, para reforzar los lazos de cooperación y hermandad que unen a la Argentina con México.
Durante el encuentro, dialogaron sobre la importancia de la Diplomacia Parlamentaria para fortalecer la unión entre los pueblos, acerca de la constitución de los Grupos Parlamentarios de Amistad y sobre la conformación de la Comisión Bicameral Interparlamentaria entre Argentina y México. Esta Comisión surgió en el marco de la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos firmado en 2007 y aprobado en nuestro país por la Ley 26.381.
El mecanismo de interacción bilateral tiene como objetivo promover la vinculación de los Congresos a través del envío de misiones legislativas o reuniones interparlamentarias. Hasta el momento se han celebrado 5 reuniones alternadas entre ambos países, en las cuales las delegaciones trabajaron cuestiones vinculadas a la cooperación científica y educativa, el turismo, la profundización de acuerdos económicos y la ampliación de los vínculos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, entre otros temas.
En términos económicos, el comercio entre la Argentina y México es reducido si se tiene en cuenta que son la tercera y segunda economía de América Latina, respectivamente. Durante 2021 el comercio bilateral superó los USD 2.000 millones, cifra que representa un 50% más respecto al año previo, destacándose las ventas de bienes industriales como automotores, electrónica o productos siderúrgicos.
Participaron del encuentro los diputados nacionales Eduardo Valdés, Alberto Asseff, Lisandro Bormioli, Silvana Ginocchio, Ricardo López Murphy, Rosana Bertone, Rossana Chahla, Mabel Caparrós, Margarita Stolbizer, Blanca Osuna, Maximiliano Ferraro, Carlos Selva, Mónica Litza, Francisco Sánchez, Mara Brawer y Dolores Martínez, junto al director general de Diplomacia Parlamentaria de la HCDN, Ariel Sotelo.
Beatriz Paredes es senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde septiembre de 2018. Preside la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe. Ha cumplido numerosas funciones tanto en la administración pública federal como en el seno de su partido. Fue, asimismo, diputada nacional y se desempeñó como embajadora de México en Cuba y en Brasil.
Hay convenios relacionados a la educación, a los servicios aéreos y a la creación de la Fundación Internacional UE-ALC.
En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores ratificó cuatro acuerdos internacionales, vinculados con educación, servicios aéreos y la creación de la Fundación Internacional UE-ALC. Fueron aprobados con 57 votos a favor.
Al tomar la palabra el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT) señaló que “después de la tempestad viene la calma”, haciendo referencia a lo que ocurrió al comienzo de la sesión y pidió reflexionar: “El Senado siempre se caracterizó por el trato respetuoso hacia todos los miembros y hacia el pueblo. Siempre se optó por el camino del respeto”.
“Es mejor el trato respetuoso, que cada uno pueda opinar, decir lo que pensamos, lo que queremos con nuestras convicciones respetando a los otros”, consideró y solicitó evitar los aplausos porque “a veces tienen calificaciones negativas. Tratemos que no sucedan”.
En su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores explicó: “Tenemos dos proyectos que se refieren a aprobar el acuerdo que otorga el intercambio de vuelos con dos países Portugal y con Países Bajos”.
En esa línea, explayó: “Estos acuerdos que tienen la aprobación de la autoridad Aeronáutica Argentina sirven para que las líneas de Argentina y la de los demás países, puedan sobrevolar esos países sin aterrizar o puedan aterrizar para llevar pasajeros en vuelos internacionales, a escalas. También en caso de necesidad de reabastecimiento o problemas técnicos puedan acceder a todos los servicios sin pagar impuestos de exportación del país respectivo”. “Son dos acuerdos que han sido firmados por unanimidad”, precisó.
Por otro lado, respecto al proyecto que aprueba la Creación de la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina celebrado en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, describió: “Esta fundación es de importancia estratégica porque la alianza va funcionando con profundidad en las relaciones. Se acaba de celebrar en Buenos Aires el encuentro de EURO-LAT. La Unión Europea y la CELAC es un aporte al conocimiento mutuo, principalmente en los intercambios de la sociedad civil con instituciones académicas de ambas regiones. Es propicio la firma porque la Argentina preside este año la CELAC. Es un acuerdo que fue firmado por 23 países europeos y 18 países de América Latina”.
Respecto al Acuerdo sobre el Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur, Rodríguez Saá manifestó: “La gran vinculación que tiene los países en Mercosur con países vecinos, con tratos frecuentes y una integración mayor, significa la posibilidad de que los Títulos de Grado tengan validez de forma sencilla entre los países. Se ha acordado que sean los títulos acreditados en el sistema regional de acreditación universitaria”.
En tanto, enumeró: “Esos títulos se refieren a agronomía, arquitectura, enfermería, ingeniería, veterinaria, medicina, odontología, farmacia, geología y economía”. “El sistema simplificado se basa en la verificación documental, es decir la presentación del título, no hay evaluación académica de los aprendizajes. Es un gran paso en la integración de los países”, cerró.
A su turno, el catamarqueño Flavio Fama (JxC) adhirió a las palabras de su predecesor y remarcó que “es el resultado de un trabajo que se lleva a cabo durante muchos años”, y resaltó que “va a haber un tratamiento simplificado para acreditar calidad en los países. Nuestra ley no acredita a todos los títulos, solo los declararos de interés público. Es el trabajo de muchos años en materia de educación superior que atravesó muchos gobiernos, pero se mantuvo la coherencia a un sistema de calidad. Esto va a favorecer el transito de los profesionales y el intercambio laborar en el mundo”.
Los proyectos
Uno de los proyectos votados positivamente ratifica el “Acuerdo sobre el Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur”, que fue aprobado en Montevideo el 17 de diciembre de 2018 y tiene por objeto el reconocimiento entre las partes de los títulos de grado con validez oficial en el país donde fueron obtenidos, conforme a su legislación de educación superior.
Se dispone que cada parte reconocerá los títulos de grado que cuenten con acreditación vigente al momento de su emisión, bajo el sistema de acreditación de carreras universitarias para el reconocimiento regional de la calidad académica de las respectivas titulaciones en el Mercosur y Estados Asociados.
El reconocimiento de títulos de grado producirá los efectos que cada parte confiera a sus propios títulos oficiales. Para aquellos títulos vinculados al ejercicio de profesiones reguladas será necesario cumplir con los requisitos no académicos que cada parte exige, de acuerdo a las normas legales vigentes para cada profesión.
Por otra parte, se aprobó el “Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos”, suscripto en Ámsterdam el 27 de marzo de 2017.
Entre varios puntos, este acuerdo contempla a las partes “el derecho a sobrevolar su territorio sin aterrizar; el derecho a realizar escalas en su territorio con fines no comerciales y, mientras se encuentre operando un servicio convenido en una ruta especificada, el derecho a hacer escalas en su territorio para embarcar y desembarcar tráfico internacional de pasajeros, equipaje, carga y correspondencia, de forma separada o combinada”.
De acuerdo al convenio, cada parte “tendrá derecho a retener, revocar, suspender o limitar las autorizaciones de operación de una línea aérea designada por la otra parte en una serie de supuestos contemplados en el acuerdo”. Asimismo, cada parte permitirá que las tarifas de los servicios aéreos que fije cada línea aérea designada se basen en las consideraciones comerciales del mercado.
Otro acuerdo que se aprobó este jueves en el Senado y va en el mismo sentido es el “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa”, suscripto en Lisboa el 25 de junio de 2007.
El objetivo del mismo es promover el establecimiento y desarrollo de los servicios aéreos internacionales. A través de este instrumento, cada parte otorga a las líneas aéreas designadas por la otra el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar y el derecho de realizar escalas en su territorio para fines no comerciales.
“Se brindará a las líneas aéreas designadas de ambas partes una oportunidad justa y equitativa para operar los servicios acordados en las rutas especificadas entre sus respectivos territorios”, reza y agrega que “las tarifas a ser aplicadas por la línea aérea designada de una parte por los servicios brindados en virtud del acuerdo serán establecidas a niveles razonables, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo intereses de los usuarios, costos operativos, características del servicio (por ejemplo normas de velocidad y plazas), tasas de comisión, beneficios razonables, tarifas de otras líneas aéreas y demás consideraciones comerciales del mercado”.
El cuarto proyecto que tuvo aval fue el que aprueba el Acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre de 2016. El acuerdo fue suscripto por casi la totalidad de los integrantes de ambos espacios regionales -27 países de la Unión Europea y 33 de América Latina y el Caribe-.
La Fundación Internacional UE-ALC es una organización internacional de carácter intergubernamental con la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y actividades en el territorio de cada uno de sus miembros, de conformidad con cada legislación nacional. Las instalaciones y servicios generales de su sede en la ciudad de Hamburgo son proporcionados por la República Federal de Alemania en el marco de su contribución financiera.
La Fundación tiene como propósito principal fortalecer la asociación birregional entre la Unión Europea y sus estados miembros con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y promover el conocimiento mutuo, principalmente a través del aporte e intercambios con la sociedad civil y con las instituciones académicas de ambas regiones.
El Senado convocó a una sesión especial para tratar este jueves el proyecto presentado por el kirchnerista Oscar Parrilli.
Las autoridades de la Cámara alta convocaron para este jueves a las 14 a una sesión especial para 28 proyectos, entre los cuales se destaca el impulsado por el senador nacional Oscar Parrilli por el cual se crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional.
El proyecto tuvo dictamen el pasado 20 de abril y prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados.
Ese será el tema que consumirá la mayor parte del debate y los principales cruces entre oficialismo y oposición, pues por lo demás se ha incluido en el temario una serie de temas que no ameritarán controversias, como la aprobación de una serie de acuerdos internacionales; designación de cónsules honorarios, y una veintena de proyectos de declaración presentados por legisladores de todos los bloques.
La convocatoria suscripta por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, por cuanto la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje del presidente Alberto Fernández a España. Como el jueves el mandatario andará por Alemania, la sesión será presidida por la senadora santiagueña entonces.
DPP-38-22Cinco fueron los aspectos que detalló el ministro de Relaciones Exteriores: recuperación post pandemia, comercio exterior e inversiones, Mercosur, defensa de DD. HH y causa Malvinas. El canciller se presentó ante la comisión homónima del Senado.
Tras la invitación oficial por parte del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), el canciller, Santiago Cafiero, expuso ante los legisladores desde el Salón Illia y enumeró los cinco puntos sobre los que trabaja el país en materia de política exteriores.
Este martes, fue la primera vez que Cafiero asistió como canciller al Congreso. En tanto, como jefe de Gabinete, se presentó en tres oportunidades en el Senado y dos en la Cámara baja, en casi 21 meses de gestión.
“Es una tradición que los cancilleres visiten la comisión para dar cuenta de los lineamientos de las políticas exteriores del Gobierno y de la Cancillería”, resaltó el puntano Rodríguez Saá.
En su discurso, Cafiero resaltó que “el diálogo político para el Gobierno es esencial, es el combustible de la democracia que debe existir entre los poderes. Es parte de continuar en esta senda de recuperación institucional que da cuenta de la salida de la pandemia y la guerra arroja diferentes dificultades, sumado a la crisis”.
A continuación, enumeró los ejes principales de la política exterior. El primer punto, explicó que está relacionado a “la recuperación del impacto de la pandemia y el fortalecimiento de las políticas del Estado en una agenda multidireccional, teniendo en cuenta que dicho concepto se funda en que lo que existe a partir de la pandemia se puso en tela de juicio la multilateralidad porque, el reflejo que tuvo de los desafíos que la pandemia introdujo en la sociedad, fue muy bajo. Las ideas y conceptos que se repetían con respecto a una solidaridad global cuando vemos el capítulo de la accesibilidad a la vacuna no fue así, hubo un corte del acceso de los países del norte y del sur a las vacunas”.
“Vemos como luego se fue acumulando con procesos históricos donde las potencias daban cuenta de la normativa multilateral cuando les convenía y, cuando no era así, buscaban herramientas o atajos para no cumplir con los derechos internacionales”, señaló el funcionario y ejemplificó con Malvinas y el Reino Unido porque “desde 1965 la multilateralidad determinó un mecanismo para que ambos países se sienten en una mesa de negociación. Sin embargo, Reino Unido desde el 82’ no avanzó más, a pesar que toda la comunidad internacional reclama”.
En ese sentido, Cafiero subrayó que “la pandemia puso más en crisis esto”, por lo que “un desafío de política exterior de la Argentina es recomponer, a partir de las relaciones bilaterales, las herramientas necesarias para generar lujos comerciales que permitan recuperar la caída económica de la pandemia y negociaciones específicas”. “El primer punto de la política exterior Argentina es la recuperación post pandemia en todas sus dimensiones”, resumió sobre esta cuestión.
Sobre el segundo punto de las prioridades que tiene la cancillería, Cafiero describió que “es el aumento del comercio exterior, principalmente la recuperación de la Argentina que está relacionada con la recuperación de las exportaciones que vienen creciendo”. Asimismo, precisó que “la tarea de la cancillería es abrir mercados, ampliar horizontes de negocios y trabajar en la oferta exportable del país. La cancillería trabaja con diferentes instrumentos vinculados a llevar adelante misiones comerciales y mecanismos de participación como rondas de comercio, la idea es avanzar con políticas expansivas de la generación de oportunidades de la Argentina y generar inversiones extranjeras de forma directa”.
En tercer lugar, explicó que “es la integración en el Mercosur porque efectivamente es el mecanismo de integración más importante. Hemos logrado avanzar con nuestros socios con herramientas y mecanismos que salvaron el Mercosur, con Brasil, con Paraguay. Allí es donde tenemos el corazón de desarrollo industrial ligado al desarrollo del Mercosur y las negociaciones que se hacen hacia otros países”.
El siguiente punto, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que es “la defensa de los derechos humanos. Argentina logró a partir de la presidencia, mostrar el liderazgo en defensa de derechos humanos y se avance con políticas relacionadas con minorías, con la libertad de expresión”.
En ultimo lugar, precisó que el país trabaja sobre la causa Malvinas “no solo porque se cumplieron los 40 años, sino porque es parte estructurante de la política exterior. Argentina reclama que Reino Unido se siente a dialogar sobre esto. Argentina siempre trabajó sobre una resolución pacífica, salvo en el 1982 con la dictadura que optó por el uso de las armas y la fuerza. Estos 40 años de Malvinas permitió separar esto respecto a la diplomacia, la lucha por la soberanía de Malvinas”.
“Tenemos por delante muchísimos desafíos, el mundo esta difícil para llevar adelante estas políticas públicas. Llevamos con mucha convicción políticas de Estado”, cerró Cafiero.
Se trata del proyecto que ratifica la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. Pasaron a la firma tres proyectos.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), se reunió este martes en el Salón Illia y pasó a la firma un conjunto de proyectos sobre acuerdos internacionales. Sin embargo, la iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, sobre la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, volverá a ser tratada en comisión para ser analizado en profundidad, tras el pedido que realizaron varios senadores.
El primero de ellos se trata de un proyecto que data de la gestión anterior, por el cual se solicita la aprobación del acuerdo sobre servicios aéreos con el reino de los Países Bajos, suscripto en la ciudad de Ámsterdam el 27 de marzo de 2017.
“Hemos hecho la consulta a Cancillería y no tienen ningún inconveniente, más aún han hecho las consultas con Aerolíneas Argentinas y están de acuerdo en aprobar el convenio”, señaló Rodríguez Saá al respecto.
El segundo también corresponde a un texto enviado por el entonces presidente Mauricio Macri, y se refiere al acuerdo sobre transporte aéreo con la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007.
Otro de los proyectos que pasó a la firma fue girado por el presidente Alberto Fernández, por el cual se pide aprobar el acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
Sobre esta iniciativa, el presidente de la Comisión aclaró que “tiene despacho favorable de Cancillería. El Parlamento Europeo tiene una fundación que presta innumerables servicios sobre todo en capacitación del personal, legisladores para tratar los convenidos”.
Además, la comisión analizó la media sanción de la Cámara de Diputados sobre la ratificación de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, celebrada en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, el 5 de junio de 2013.
El senador puntano explicó que “en este expediente están el de la senadora Norma Durango, de la Silvia Sapag y de Eugenia Duré”, por lo que sugirió “tratarlos juntos para no hacer dos debates”.
Por consiguiente, pidió la palabra el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Federal – Salta) quien sostuvo: “Estos proyectos han tenido apoyo de diversos senadores porque coincidimos en que la temática es importante y nadie acá va a estar en contra de la lucha contra la discriminación e intolerancia”, pero remarcó que “los dos tratados tienen casi el mismo título, uno es ‘discriminación e intolerancia’ y el otro es ‘discriminación racial e intolerancia’, lo aprobaron el mismo día y en el mismo lugar, pero bueno así es la diplomacia”.
Y planteó que se debería hacer un análisis “más profundo” no de la “temática” sino “de algunas imprecisiones, vaguedades en los incisos por ejemplo el primer tema de discriminación e intolerancia las definiciones están bien. En la primer parte que habla qué es la discriminación sostiene que es cualquier exclusión o restricción o referencia en el ámbito público y privada, pero la segunda parte habla de opiniones políticas y de otra naturaleza. Si no le damos precisión en el debate y no se analiza, se corre el riesgo de que, por proteger un derecho, limitamos otro como es la libertad de expresarse dentro de los límites que las leyes marcan”.
A su vez ejemplificó: “En el caso del conflicto mapuche ellos expresan que no son de la Republica Argentina y uno los censura, los critica ¿quién discrimina? ¿quién es el intolerante? Esto lo paga siempre la Nación porque hay una tarea de lobby bien interesante de los abogados vinculados a organizaciones que pasan los gobiernos y siguen ateniendo juicios, pero con los gobiernos kirchneristas son nombrados representantes ante el Tribunal, pero a su vez son los abogados que les hacen juicios a la Nación como nos pasó en la provincia de Salta”.
“Me llama la atención que este tratado, que ya tiene 10 años, lo firmaron solo 12 de 35 naciones y de las 12 firmantes solo 2 la ratificaron. Nos debería llamar la atención, hacer consulta a expertos y a la Cancillería”, expresó el legislador salteño y remarcó que “no estamos desprotegidos tenemos una Ley del 88’ que penaliza los actos discriminatorios, tenemos también protección legal contra discriminación e intolerancia, por lo que, si demoramos un poco podemos tener una mayor precisión para el tratamiento”.
Acto seguido, el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco) adhirió a la propuesta de Romero, al igual que la misionera Magdalena Solari Quintana porque “sería interesante que la comisión escuche la opinión de expertos, sobre todo porque en materia de libertad de expresión hay muchos riesgos, teniendo en cuenta el rango que toma el tratado, y si no lo hacemos de forma eficiente nuestro trabajo, los jueces van a tener más trabajo. Hay que precisar conceptos que son muy amplios. Considero que tenemos un material académico y humano con mucho conocimiento para que puedan exponer”.
En la misma línea, la senadora fueguina María Eugenia Duré sostuvo: “Podemos seguir ampliando el trabajo que viene haciendo el país en materia de discriminación, sobre todo cuando hablamos de violencia política, tenemos que sumar a esto un instrumento jurídico. Hay una multiplicidad de motivos en la forma de discriminar. Sería fundamental tener a esos expertos en la materia sobre todo porque el país es modelo en esa temática para seguir ampliando lo que ya hemos presentado”.
“Tenemos que escuchar a expertos que nos puedan dilucidar, sobre todo porque no tomamos conciencia de que estos temas puedan llegar tanto a algunos sectores de la sociedad. He recibió muchos mails pidiendo que trabajemos este tema, que no acompañemos este proyecto. Hay un interés por parte de la ciudadanía y que entre todos tomemos la mejor decisión”, manifestó María Clara Vega (Mediar Argentina – La Rioja).
Además, el presidente del bloque Evolución Radical en Diputados opinó que “la Argentina está en un proceso de mexicanización”. También, calificó como “mamarracho” las políticas internacionales. En suma, apuntó contra Berni y Fernández.
El diputado nacional y presidente del bloque Evolución Radical en la Cámara baja, Rodrigo De Loredo (Córdoba), fulminó al Gobierno porque “esta a la deriva y sin agenda”. También lanzó fuertes críticas a los ministros de Seguridad Aníbal Fernández y Sergio Berni por la pelea en redes que protagonizaron en el marco de la causa de cocaína adultera y sostuvo: “Me parece una catástrofe, veo un Gobierno en retirada”. Por otro lado, se refirió a la gira presidencial y tildó de “mamarracho” las relaciones exteriores de Argentina.
En declaraciones a Radio Rivadavia, De Loredo opinó sobre la pelea entre los ministros de seguridad: “Me parece una catástrofe, veo un Gobierno en retirada las intestinas peleas y el nivel de virulencia a las improvisaciones a la que nos acostumbraron desde que asumieron hasta esta locura”, y criticó: “Locura en esta discusión que es un tema completamente negado por el Gobierno desde el minuto uno. Es uno de los flagelos más grande que tiene la Argentina y esta en un proceso de mexicanización y ellos lo niegan, no se si es una mezcla de ideologías, de pavadas o de negligencia”.
“Me parece un poco de cada cosa, pero ellos lo niegan al tema, no lo abordan y difícilmente puedan estructurar políticas si lo tienen oculto. No hay una sola mención a este tema por ejemplo del gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) en ninguna de sus aperturas de sesiones, ni en sus discursos públicos. Esto es una continuidad de lo que venía pasando entre Berni y (Sabina) Frederic y ahora con Aníbal se ha vuelto peor”, manifestó.
En ese sentido, el diputado radical expresó: “Se pensaba que la vara de Aníbal estaba baja y se ha vuelto peor porque es igual de patotero, dice un montón de barbaridades y hace con la responsabilidad que tiene”, y consideró: “Lo veo menos lúcido con menos argumentos. Lo han puesto como ministro de Seguridad, pero es una suerte de vocero para el choque entre ellos”.
“Es un tema que se incorpora a una agenda, hay diferencias entre estas trifulcas con un tema gravísimo como es el narcotráfico o el delito con lo que nos pasa, salvando las instancias con la política internacional que es un mamarracho que han tenido como mérito la intrascendencia de Argentina en el mundo con sus peleas, también con el acuerdo con el Fondo, es Gobierno a la deriva y sin agenda que no la tuvo nunca”, criticó De Loredo.
Respecto del acuerdo con el FMI aseguró: “Estamos todos en el Congreso esperando a cuándo viene lo del Fondo y de qué manera vendrá. Nada nuevo, la misma historia del peronismo ven que esas nubes traen piedras, rajan rápido y empiezan a construir una alternativa de ellos mismos”.
Consultado por el voto al acuerdo adelantó: “Escucho las opiniones dentro de JxC creo que tiene que pasar por el Congreso, porque hay una legislación y no podemos corresponderla el kirchnerismo con sus prácticas, tenemos que predicar con el ejemplo, pero eso no significa que lo tenemos que acompañar”, y aclaró: “Si el acuerdo prevé esa meta de reducir el déficit fiscal prevé crear impuestos no vamos acompañar”.
“Desde Juntos por el Cambio estamos trabajando desde lo técnico y lo político. El acuerdo no es algo que pateamos y tomamos oxigeno dos años y la bomba le explota al otro, estamos viendo si es consistente. No está garantizado que se apruebe, puede haber acompañamiento o una abstención”, sostuvo el diputado cordobés y cerró: “Tenemos que actuar con responsabilidad conociendo los detalles técnicos del acuerdo, si entendemos que es razonables vamos a acompañar o a abstenernos. Los que gobiernan son ellos y vamos a tener una actitud distinta a la que tendrían ellos”.
El diputado del Frente de Todos y el exfuncionario macrista Jorge Faurie se cruzaron por la política exterior que maneja Argentina.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) y el excanciller macrista Jorge Faurie protagonizaron un debate caliente en relación a la política exterior argentina, ya que para el exfuncionario “tenemos una política exterior rara porque no hay buena relación en el Mercosur” y cuestionó lo sucedido en Nicaragua, mientras que para el legislador oficialista “es necesario tener relación con todos los países del mundo y creemos en la democracia y derechos humanos”, y le recriminó que “enviaron armas a Bolivia para destituir a Evo Morales”.
El debate tuvo lugar en el programa televisivo “A Dos Voces” que se emite por la señal TN, en el cual Faurie cuestionó la posición de Argentina frente a Nicaragua y Venezuela, haciendo alusión a que el país perdía de esa forma credibilidad frente a la comunidad internacional. Ante esto, Valdés lo cruzó duramente con lo sucedido durante los años de Mauricio Macri con respecto al golpe en Bolivia.
“Tenemos una política exterior rara, no tenemos buena relación Chile, con Colombia, con México. Lo que pasó con la presencia del iraní es triste”, comenzó el excanciller.
Acto seguido, Valdés le señaló que “la credibilidad se pierde cuando un país se mete a interrumpir un proceso democrático de Bolivia, que es precisamente un país limítrofe, regional e integrante del Mercosur, eso es no respetar a otro país. Nosotros jamás frente a eso, el presidente electo de Argentina, sabiendo que era Donald Trump quien gobernaba Estados Unidos, y sin pensar que podía perder la elección decidió salvar a Evo Morales y a Álvaro García Linera, y resguardarles la vida”.
“Y debo decir que el canciller Faurie, en ese momento fue quien ayudó a que, en el espacio aéreo de Brasil, pueda pasar el avión desde México, que había venido a salvarle la vida. Y digo esto, porque el grupo de Lima al que pertenecía Argentina en ese momento, le impidió al avión que venía de México poder pasar con Evo Morales y García Linera“, agregó en un tono elevado de voz.
Faurie negaba los dichos de Valdés, por lo que este le respondió: “Es público que Perú, Colombia no le permitieron pasar. Es público también que Argentina reconoció inmediatamente a la dictadora Áñez. Eso no lo haría este gobierno, eso se llama multilateralismo, respeto a la democracia y respeto a la no intromisión en asuntos internos de otro país.”
El exfuncionario intentó intervenir: “Nosotros en el caso de Bolivia, seguimos la evolución tratamos de acompañar…”. Inmediatamente, el legislador del FdT le contestó: “Pero reconocieron inmediatamente a la dictadora Áñez”. “La señora no era la dictadora, era la vicepresidente segunda del Senado y tardó unos días en ver cómo llegaba”, retrucó Faurie, pese al claro golpe institucional en Bolivia.
“Pero fue un golpe de Estado, Jorge, lo reconoce la comunidad internacional”, insistió Valdés y sumó: “El secretario general de la OEA, Almagro, al cual ustedes apoyaron permanentemente, fue el que decidió inventar el fraude en Bolivia. Toda la comunidad internacional repudió después esa actitud de la OEA”.
En tanto, el diplomático reiteró: “Acompañamos a Bolivia como un país vecino…”, pero Valdés le volvió a señalar que “acompañaron el golpe, lo reconocieron, fueron el primer país que reconocieron a Áñez. El primer país que reconoce a la dictadora Áñez fue Argentina. Háganse cargo”.
“Ustedes aprovecharon la vecindad para enviarle armas y balas para hacer el golpe”, ratificó el diputado y agregó: “Lo denunció el propio país. Lo denunció el presidente del país, Arce. Aparecieron las municiones que faltan en la Argentina”.
A poco más de 30 días para las PASO, se realizó un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo de la Cámara alta. Sin debate y todos de acuerdo. La oposición evitó realizar críticas sobre la política exterior.
En un contexto tan raro como novedoso de realizar una campaña electoral en plena pandemia de coronavirus, hubo una reunión por Zoom de 2 comisiones del Senado de la Nación, donde se esperaba mayor conflictividad por la postura adoptada en varios hechos de políticas internacional como es el caso de Cuba y Nicaragua.
Sin embargo, nada de eso ocurrió. Solo 10 minutos duró el encuentro virtual del plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
Hablaron muy poco los legisladores de Juntos por el Cambio, Julio Cobos y Silvia Giacoppo, y los presidentes de las comisiones Jorge Taiana (Exterior) y Daniel Lovera (Trabajo), ambos del Frente de Todos. Solo lo justo y necesario para mostrar de forma unánime su postura a favor del proyecto.
En el tratamiento super expres, se pasó a la firma dos proyectos de ley de convenios de seguridad social con otros países firmados en el gobierno anterior.
El corto debate
Para la senadora jujeña Silvia Giacoppo, “es una necesidad de poder acompañar a estos convenios que fortalecen los vínculos no solo comerciales, sino humanos con estos países y seguir en esta misma política pública de derecho para poder construir una ciudadanía más justa e igualitaria”.
En tanto, el senador mendocino Julio Cobos le envió un mensaje al canciller Felipe Solá al señalar: “Incentivamos a nuestro canciller a que siga en este sentido con otros países, en el mismo que el de los dos convenios con Israel y con la República de Corea, para evitar la doble imposición y asegurar la posibilidad de transferir aportes”.
Minutos antes de ser anunciado como flamante ministro de Defensa, Jorge Taiania, manifestó: “Estos convenios le da la posibilidad a quienes han comenzado su vida laboral en Corea o que han migrado a Israel, de utilizar sus años de aporte para las prestaciones jubilatorias”.
Por su parte, Lovera señaló que “kas personas alcanzadas por estos dos convenios, con Israel y con la República de Corea, poseen las obligaciones y le corresponden los derechos previstos en la legislación de cada Estado parte. Son convenios importantes que el Congreso debe ratificar”, explicó.
Los proyectos
Uno de ellos, data de 2019 y es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aprueba el convenio de seguridad social con la República de Corea, suscripto el 27 de noviembre de 2018, por el expresidente Mauricio Macri.
La otra iniciativa de ley prevé la aprobación del convenio con el Estado de Israel sobre seguridad social, firmado el 12 de septiembre de 2017, también durante el macrismo.
Los temas en agenda del plenario en la Cámara alta no son conflictivos pero la política internacional será uno de los puntos de mayor tensión.
A poco más de un mes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el Senado realizará el próximo lunes 9 a las 16, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social en forma virtual, con el objeto de tratar dos proyectos de ley de convenios de seguridad social con otros países firmados en el gobierno anterior.
Uno de ellos, data de 2019 y es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aprueba el convenio de seguridad social con la República de Corea, suscripto el 27 de noviembre de 2018, por el expresidente Mauricio Macri.
La otra iniciativa de ley prevé la aprobación del convenio con el Estado de Israel sobre seguridad social, firmado el 12 de septiembre de 2017, también durante el macrismo.
Si bien estos temas no son conflictivos, la política internacional será el tema principal que puede generar cruces entre los legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que hace tiempo piden la visita del canciller Felipe Solá por la postura adoptada por el Gobierno nacional respecto a la situación en Cuba y en Nicaragua.
El primero es un tratado de extradición con República Checa, y el segundo, una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.
En la sesión especial de este jueves, el Senado aprobó por unanimidad (63 votos) un tratado de extradición entre Argentina y República Checa, y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.
El primer acuerdo fue firmado en la ciudad de Praga el 25 de noviembre de 2019 y, según explicó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, se trata del primer tratado suscripto con República Checa.
Taiana indicó que el tratado es similar a otros firmados en otros países; en ese sentido, se dispone que cada país se compromete a extraditar hacia el otro a toda persona que se encuentre en su territorio y sea requerida por las autoridades competentes para ser juzgada o para la imposición o ejecución de una condena por un delito extraditable.
Se establece que la extradición se concederá por hechos que constituyan delito conforme a la legislación de ambos países, y que sean punibles con pena de prisión u otra pena privativa de la libertad por un período máximo de al menos dos años o una pena más severa.
El senador oficialista mencionó como antecedente que “en 2018 la Corte Suprema de Justicia argentina concedió la extradición de una persona de origen checo condenada en su país por delito de abuso sexual”.
Por otra parte, se aprobó la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, firmada en la ciudad de Benito Gonçalves (Brasil) el 5 de diciembre de 2019.
La enmienda sustituye el anexo sobre servicios financieros, ya que fue suscrito en 1997 y era necesario actualizarlo.
El nuevo anexo contempla, entre otras disposiciones, las medidas prudenciales que puedan mantener o adoptar los Estados partes con el fin de proteger a inversores, depositantes, participantes en el mercado financiero, tenedores de pólizas o personas con las que un prestador de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, y garantizar la solvencia, liquidez y estabilidad del sistema financiero, como así también de los prestadores.
Desde el recinto, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, recordó que este viernes se cumplen 30 años de creación del Mercosur a través de la firma del Tratado de Asunción.
“La integración regional es fundamental. Estamos hablando de un mercado de más de 300 millones de personas. Hablamos de trabajo, de producción, de comercio, de educación, de salud, de energía, de las comunicaciones, del sistema científico tecnológico y de cooperación”, enumeró Mayans.
De todos modos, reconoció: “Estamos atravesando un momento muy difícil en el mundo. Me hubiese gustado que este proceso de integración tenga mayor fuerza, que trabajemos juntos con solidaridad, con cooperación, para ver cómo resolvemos el problema sanitario en nuestros países”.
“Estados Unidos tiene 1.200 millones de dosis de vacunas y la población de Estados Unidos no alcanza a 400 millones de personas. ¿Dónde está la solidaridad y el respeto por la comunidad internacional?”, se preguntó el formoseño.
Por eso, sostuvo que “hoy Argentina debe ratificar su visión de profundizar el esquema de integración regional”.
Representantes del Parlamento Europeo y del Parlasur expusieron este jueves en la segunda reunión informativa de la Comisión del Mercosur, que preside Fernando Iglesias.
La Comisión del Mercosur de la Cámara de Diputados, que preside Fernando Iglesias (Pro), realizó este jueves la segunda reunión informativa sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con la participación de representantes del Parlamento Europeo y el Parlasur.
“Se trata de analizar el tipo de relación que Argentina y el Mercosur tienen con el mundo; una forma muy clara de consolidar hacia adentro los mecanismos de integración latinoamericana”, explicó Iglesias, que participó de modo presencial desde una de las salas del Anexo.
Por su parte, la vicepresidenta primera de la comisión, María Cristina Britez (Frente de Todos), señaló que “si bien el acuerdo tiene un componente comercial, también compartimos fuertes lazos históricos y culturales con la Unión Europea”.
El diputado del Parlamento Europeo José Ignacio Salafranca consideró que “este acuerdo supone un mensaje alto y claro en favor de un comercio justo basado en reglas y sustentado en estándares sociales medioambientales y éticos, explicitados en el capítulo de Desarrollo Sostenible”.
Luego, la parlamentaria del Parlasur (mandato cumplido) Lilia Puig remarcó que “no es un acuerdo entre países sino entre un bloque de países”. “Es el primer acuerdo de la Unión Europea con un bloque regional”, destacó.
Por último, el presidente del Parlasur, Oscar Laborde, reflexionó que “debemos repensar seriamente el Mercosur, pero con los que tenemos voluntad de ser un polo y un mundo multipolar”.
Además, participaron Pablo Iturralde, político uruguayo; Mariana Vázquez, docente de la UBA; Domenec Ruiz Devesa, diputado del Parlamento Europeo; y el diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Hacia el final de la sesión de este jueves, el Senado aprobó tres proyectos vinculados a acuerdos internacionales. Uno de los proyectos establece modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, recordó que la Cuenca del Plata […]
Hacia el final de la sesión de este jueves, el Senado aprobó tres proyectos vinculados a acuerdos internacionales.
Uno de los proyectos establece modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, recordó que la Cuenca del Plata está conformada por cinco países: Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.
Esta entidad regional “desde su constitución, a fines de los ’60, tuvo el propósito de la integración y el mejor uso de los recursos”, explicó.
Sin embargo, señaló las dificultades para el funcionamiento del FONPLATA y dijo que por eso en 2010 se inició su reformulación “para transformarlo en un banco multilateral de desarrollo”, que de a poco fue recibiendo recursos.
“Crear fuentes financieras regionales, propias y al servicio de nuestros intereses es un objetivo importante”, destacó Taiana, presente en el recinto.
El segundo proyecto aprobado consiste en una corrección a la Convención Relativa a la Competencia, Ley aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.
Taiana aclaró que se trata de “una pequeña modificación en la traducción al español de la redacción original de 1996”.
El senador recordó que “esta fue una de las últimas leyes que aprobó el Congreso en 2015” antes del cambio de gestión.
“Es una ley muy importante porque trata sobre casos que cada vez son más frecuentes, de niños hasta los 18 años donde la responsabilidad parental está bajo distinta legislación por encontrarse en distintos países”, indicó.
Por último, recibió aval el Acuerdo de Sede entre la Argentina y el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que establece que la sede se situará en Buenos Aires.
El proyecto del Ejecutivo obtendría dictamen favorable el próximo miércoles en una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Legislación del Trabajo.
Las comisiones de Relaciones Exteriores y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados tratarán el próximo miércoles a las 11 el proyecto de ley que busca ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, defendida por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, busca ratificar el Convenio 190, adoptado en junio de 2019, sobre eliminación de la violencia de género en el mundo laboral.
En el Senado, el proyecto fue aprobado por unanimidad el pasado 24 de junio y se espera que en la Cámara baja también reciba amplia mayoría.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, expondrá en la comisión homónima, mientras que Daniel Filmus, secretario de Malvinas, lo hará ante Relaciones Exteriores.
Mientras el Protocolo de Funcionamiento Remoto sigue sin ser renovado -lo cual impide dictaminar o sesionar de manera virtual-, la Cámara de Diputados avanzará este jueves con dos reuniones informativas de comisiones.
A las 11, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside Eduardo Valdéz (Frente de Todos) recibirá por videoconferencia al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.
También participarán del encuentro la coordinadora general de la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), Frida Armas Pfirter, y funcionarios y científicos del área.
La reunión tendrá lugar luego de que la Cámara baja sancionara el pasado 5 de agosto la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y otra ley que establece la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
Posteriormente, a las 15, la Comisión de Obras Públicas, que conduce la oficialista Magdalena Sierra, escuchará al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien brindará un informe de gestión.
La Cámara alta aprobó la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
Por unanimidad, el Senado aprobó en la sesión de este jueves un proyecto de ley de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y otro que establece la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
Ambas iniciativas habían sido anunciadas por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y recibieron el impulso de Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
La demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina es el resultado del trabajo desarrollado durante varios gobiernos por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que permitió que la Argentina realice ante la ONU la presentación completa.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana (Frente de Todos), destacó que “la finalización de esta larga tarea demuestra la posibilidad de tener políticas de Estado en Argentina”.
El excanciller explicó que la labor se realizó de acuerdo a la Convención de los Derechos del Mar e informó que “se realizaron doce campañas para conseguir los datos”. “Es un paso importante que nos acerca a la idea de la Pampa Azul”, indicó.
La iniciativa apunta a incrementar la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias.
Luego de dos décadas de trabajo ininterrumpido del equipo científico, técnico y jurídico de COPLA, en 2016 y 2017 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en Naciones Unidas adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada en 2009.
Taiana aclaró que en el trabajo se exceptuaron las zonas sujetas a la disputa de soberanía con el Reino Unido, así como el sector que está regido por el Tratado Antártico.
El otro proyecto aprobado crea un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Si bien el texto original hablaba de “espacios marítimos circundantes”, a pedido de veteranos de la guerra se adaptó la denominación de acuerdo a lo que reza la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
Según explicó Taiana, la composición del Consejo “durará cinco años, para que no esté atada a un solo gobierno”, y esto permitirá “la existencia de una política de Estado que sea respaldada por los más diversos sectores”.
El Consejo funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación y estará integrado por el propio jefe de Estado; el canciller; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; el gobernador de Tierra del Fuego; un diputado y un senador por cada una de las tres fuerzas con mayor representación parlamentaria; dos especialistas en derecho internacional; tres representantes del sector académico y científico; y un excombatiente de Malvinas.
Desde la oposición, el fueguino Pablo Blanco (UCR) recordó que el reclamo por la soberanía de las Malvinas lleva más de 187 años y que “no hay grieta” que atente contra esta causa.
Blanco señaló que hubo avances importantes, como la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, del año 1965, y agregó que hasta se llegaron a instalar vuelos regulares desde las islas hacia el continente. Sin embargo, “lamentablemente esos avances se vieron impedidos con la temeraria decisión de la última Junta Militar de la competencia bélica con Inglaterra” en 1982.
La oficialista Eugenia Duré, también de Tierra del Fuego, coincidió en que “desde 1983 a la fecha la Argentina reclama el ejercicio de la soberanía y eso está plasmado en nuestra Constitución”, pero advirtió que “durante cuatro años tuvimos un retroceso” en la materia, tras lo cual destacó la “decisión política” del presidente Fernández de enviar estos proyectos al Congreso.
“No podemos permitir que nuevamente gobiernos neoliberales vuelvan a poner el reclamo de soberanía como moneda de cambio”, alertó Duré.
Por el contrario, el exministro de Defensa Julio Martínez (UCR) destacó que Malvinas es “una de las pocas cuestiones de Estado que tenemos” ya que “todos los gobiernos argentinos han hecho reclamos por la soberanía en todas las instancias internacionales”.
Martínez sostuvo que “el mayor logro diplomático” fue la citada Resolución 2065 de la ONU, aprobada durante el gobierno de Arturo Illia, que entre otras cosas reconoce que en las islas hay “una cuestión colonial” e invita a ambas partes “a sentarse a dialogar para lograr una solución pacífica”.
El ministro participó de una reunión virtual de la comisión de Relaciones Exteriores, donde se debatió el tratado internacional sobre acceso a la información pública y la justicia en temas ambientales.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expuso durante una reunión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde se avanzó con el dictamen del proyecto para ratificar el Acuerdo Regional de Escazú.
El funcionario recordó que el tratado ya fue ratificado en nueve países y destacó el involucramiento de la “militancia juvenil” como impulso para la aprobación de este instrumento. Asimismo, señaló: “Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, estaríamos cumpliendo con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”.
Cabandié consideró que avalar este acuerdo, le otorgaría posicionamiento al Estado argentino en materia ambiental, porque “nos va a dar liderazgo como Nación. Para nuestro país sería muy importante”.
El Acuerdo Escazú, firmado por Argentina en septiembre de 2018, busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información y el acceso a la justicia en temas ambientales.
De la reunión -virtual-, además de los integrantes de la Comisión de RR.EE participó también la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González (Pro).
Fue durante un plenario de comisiones del Senado, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendió el proyecto enviado por el Ejecutivo.
En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, que se reunió de manera remota, obtuvo dictamen favorable el proyecto de ley enviado por el Gobierno para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el ámbito laboral.
Tras un debate de dos horas, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores, el Frente de Todos avanzó con el dictamen, con la compañía de Julio Cobos (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Julio Martínez (UCR), Gladys González (Pro) y Guadalupe Tagliaferri (Pro).
En tanto, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), Martín Lousteau (UCR) y Esteban Bullrich (Pro) decidieron que se “levantaban de la comisión”, molestos con la intervención que tuvo en el final el jefe de la bancada oficialista, José Mayans.
Gómez Alcorta destacó las disposiciones del Convenio 190
Encargada de defender la iniciativa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso en el comienzo de la videoconferencia y aseguró que “las disposiciones de este convenio son prioritarias para la agenda de la erradicación de la violencia por cuestiones de género” y que se enmarca en la normativa internacional sobre derechos humanos.
La funcionaria sostuvo que este instrumento “no colisiona” con otros tratados internacionales avalados por Argentina, y subrayó que “define el alcance concreto de las obligaciones estatales en esta materia”.
“La violencia laboral por motivos de género discrimina a las mujeres y obstaculiza su acceso al empleo, su contratación y su permanencia: muchas veces está vinculada a la maternidad, la edad o la apariencia física”, señaló.
Para Gómez Alcorta, el convenio es “un aporte efectivamente insoslayable” para la cartera que ella conduce, y se trata del “primer tratado internacional que aborda de una manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral; a la vez que desarrolla el alcance de las obligaciones que al respecto tiene tanto el Estado como los particulares. Es un instrumento muy novedoso“.
La ministra valoró que el documento “insta a los Estados a adoptar un enfoque inclusivo, integrado, que tenga en cuenta especialmente las consideraciones de género y que aborde las causas subyacentes”. “La OIT reconoce que la violencia laboral constituye una afectación a los derechos, que perjudica el modo en que se van a llevar las tareas”, agregó.
Finalmente, celebró “la rapidez de la convocatoria a las comisiones” y remarcó que aspiraba a “que se apruebe prontamente”, ya que “una vez ratificado, hay un proceso internacional vinculado al convenio, que también intentaremos que se apure, porque eso nos abre, nos habilita, una agenda de trabajo tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas”.
El debate y el pedido para que se trate en sesión virtual
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (FdT), expresó que “al mundo del trabajo le falta empatía”. “Este convenio establece definiciones, ámbitos de aplicación, principios, políticas preventivas, formación y sensibilización para que puedan establecerse tipos de controles y recursos de reparación que permitan ejercer el derecho que toda persona tiene a trabajar libre de violencia o acoso”, enfatizó.
Asimismo, consideró que el tratado “resulta un ordenamiento y una herramienta federal que nos permite avanzar para arribar a políticas públicas comunes, con el objetivo de llegar a cada rincón de nuestro de país”.
A su turno, Norma Durango (FdT) aportó datos del Ministerio de Trabajo, precisamente del primer trimestre de 2019, los cuales afirman que en ese período “del 62% a 65%” de los denunciantes por esta problemática fueron mujeres. “En un 86% denunciaron violencia psicológica, en un 8% violencia sexual y en un 6% violencia física, y en su gran mayoría de parte de varones”, detalló.
La titular de la Banca de la Mujer resaltó que “este convenio es importantísimo porque son múltiples los obstáculos que enfrentamos las mujeres en los ámbitos laborales y que afectan nuestro desarrollo profesional, pero también personal”.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero se manifestó a favor del proyecto, pero opinó que su debate en el recinto “debe quedar a la espera de que las sesiones se normalicen”, porque la temática “está afuera de lo comprendido en la resolución presidencial”. “Considero valioso el proyecto, voy a acompañar el dictamen, pero con la salvedad de que participaré de la votación en el recinto una vez que termine el tema de la pandemia”, manifestó, aunque finalmente no terminó acompañándolo.
En contraposición, Magdalena Solari Quintana, del monobloque Misiones, pidió que los presidentes de ambas comisiones -Jorge Taiana (RR.EE.) y Daniel Lovera (Trabajo)- revisen con los presidentes de bloques la posibilidad de incluir el tema en una próxima sesión.
“Tiene que ser una señal muy clara que los derechos de género, los derechos humanos, tienen que estar dentro de lo que tenemos que atender los legisladores como parte de la pandemia”, argumentó y dijo que no coincidía con Romero. “No podemos dejar esto esperando a que el Covid-19 pase o no pase”, insistió.
En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) ponderó el “consenso” por el cual se llegó a este convenio, que “no fue por arte de magia, no fue basado en chicanas. Fue producto de infinitas reuniones a lo largo del mundo entero, con todos los gobiernos, todos los sindicatos y organizaciones de mujeres”.
En ese sentido, señaló que el instrumento “nos plantea el desafío de cómo queremos llegar a hacerlo concreto. De ahora en más tenemos que convertirlo en modificaciones normativas buscando consensos y diálogo”.
El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra el 21 de junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.
En los argumentos del proyecto que envió el Gobierno se destacó que “el convenio se enmarca en la normativa internacional de Protección de los Derechos Humanos”. “El Estado deberá adoptar de acuerdo con la situación y legislación nacional y previa consulta tripartita, un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, se resaltó.
El canciller defendió ante senadores la decisión del Gobierno nacional de retirarse de las negociaciones del Mercosur, a raíz de la intención de Brasil de “acelerar” un convenio comercial con Corea.
En medio de cuestionamientos de la oposición, el canciller Felipe Solá aclaró este miércoles que “Argentina no abandona el Mercosur” y que el país “no se levantó de ninguna mesa”, tras conocerse la decisión de retirarse de las negociaciones del Mercosur, según explicó, por una diferencia con Brasil.
El viernes pasado, la Cancillería argentina confirmó que se retiraría de las negociaciones del Mercosur con países como Corea del Sur, Singapur y la India -salvando el acuerdo con la Unión Europea-, debido a la “incertidumbre internacional” que plantea la pandemia del Covid-19 y, puntualmente, la situación de la economía argentina.
“Lo que hicimos fue un gran esfuerzo por que no se rompiera la armonía del Mercosur”, subrayó Solá al exponer este miércoles en una reunión informativa de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde anunció que este jueves habrá una nueva reunión regional sobre el tema.
El canciller explicó que Brasil pretendía “acelerar la concreción de convenios que fueran más allá de convenios que ya están cerrados, como el de la Unión Europea”, a través de un acuerdo de libre comercio con Corea.
“Encontramos un problema político: si había que priorizar la armonía dentro del Mercosur o las necesidades de cada país de acelerar convenios. Sentimos que había que priorizar lo segundo”, planteó el canciller.
En ese sentido, dijo que “la peor de las situaciones era la de Argentina por el monto de su deuda en relación a su PBI, por la decadencia de su PBI, la pobreza y la caída del nivel de empleo” a causa de la pandemia.
“Navegamos en un barco que tiene un rumbo, que es el de proteger la salud de los argentinos. Se eligió ese rumbo y los vientos que son favorables para ese rumbo nos sirven. Los otros vientos no nos sirven”, graficó, y por eso aclaró: “Lo que hicimos el 24 de abril fue un gran esfuerzo por que no se rompiera la armonía del Mercosur”.
Solá consideró que advertir que los países miembro del Mercosur no son libres “hubiera generado una cuestión diplomática muy áspera, y posiblemente un avance hacia la ruptura del Mercosur”.
“Brasil propuso acelerar y nosotros dijimos que no estamos en condiciones de acelerar, pero tampoco queríamos poner sobre la mesa una cuestión jurídico-institucional” que desembocara en “una ruptura”, señaló Solá.
El funcionario insistió en que “no podíamos aceptar esas condiciones por la incertidumbre en la que se encuentra la economía argentina”, y puntualizó que las cuatro prioridades de la Argentina en este momento son “el objetivo sanitario”; “defender a los que menos tienen”; “sostener a las empresas”; y “atender la gestión de la deuda”.
“En comercio internacional existe una mentalidad abierta: entender al otro. No creemos que los instrumentos deban ser dogmas”, interpretó el ministro de Relaciones Exteriores.
Y agregó: “No podemos abrir el comercio en este momento porque le vendemos muy poco a Corea. Hace muchísimos años que negociamos sanitariamente con Corea, y donde hay ocho puntos para discutir, cuando llegamos al punto cuatro, nos vuelven al punto cero”.
Por eso, consideró que “acelerar” ese convenio “en este momento de pandemia y de caída del PBI” hubiera ocasionado que “vamos a llegar a un punto donde vamos a estar firmando apresuradamente algo que nos va a golpear mucho en el futuro, y no sabemos cómo y en qué medida”.
“Una negociación exige tiempo. No es un tema ideológico; es un tema de tiempo para ver los resultados”, sostuvo, y añadió que “no hay un solo estudio de impacto en Argentina sobre un acuerdo con Corea”.
Solá rechazó las acusaciones que definen al Gobierno como “ideologicista”, al sostener que eso le cabe a “aquellos que se enamoran de un instrumento”, cuando “lo que importa es cuál es el objetivo, que es generar producción y empleo”.
Las críticas llegaron de parte de los senadores de la oposición y uno de ellos fue Julio Cobos, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien planteó que “en este tipo de acuerdos, que surgen de políticas de Estado, es imprescindible la intervención de todas las partes y del Congreso”.
Por eso, marcó diferencias del interbloque Juntos por el Cambio “en cuanto a la forma y a los criterios adoptados respecto del acuerdo de libre comercio con Corea del Sur”.
Tanto Cobos como Esteban Bullrich (Pro) recordaron que “el Mercosur nació con la democracia” y advirtieron que “sería una pena perderlo”.
Asimismo, Martín Lousteau (UCR-Evolución) consideró que “por la naturaleza potencial a largo plazo de las negociaciones comerciales, es sorprendente el levantarse de una mesa así”, y preguntó al ministro si la decisión tomada “es parte de una flexibilización del Mercosur”, aunque Solá lo negó.
A su vez, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) opinó que a pesar de la pandemia “no se acaba todo con la salud; se acaba cuando empecemos, después de la pandemia, a crecer, a invertir”.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, cerró las intervenciones de los senadores con críticas a la gestión anterior, al recordar que “desestimó” y “directamente desconoció” el funcionamiento del Parlamento del Mercosur.
“Creo que hay que hablar en la comunidad internacional de un nuevo orden de respeto hacia los países desarrollados y, fundamentalmente, terminar con este esquema de explotación que son las deudas públicas que tienen la mayoría de los Estados”, subrayó Mayans.
La mayor cantidad está en Europa, según detalló el canciller en una reunión virtual de la Comisión de Relaciones Exteriores. Más de 70.000 argentinos ya fueron repatriados.
El canciller Felipe Solá informó este miércoles que hay más de 24.000 argentinos varados en el exterior producto del cierre de fronteras por la pandemia del Covid-19, mientras que más de 70.000 ya fueron repatriados por vuelos. Las cifras fueron brindadas durante una reunión a distancia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que preside Jorge Taiana (Frente de Todos).
Ante una pregunta del oficialista Oscar Parrilli, Solá sugirió que la cifra de varados aumenta con el correr del tiempo. “Una vez le preguntaron a (Albert) Einstein cuál era el límite del universo, y él dijo ‘el universo se expande constantemente. Eso está pasando con los varados”, comparó.
El funcionario puso como ejemplo el caso de Perú, donde Cancillería creyó haber repatriado a todos y “aparecieron 500 más”. “Nuestro miedo es que nos falten vuelos”, confesó.
“Esta pandemia está generando decisiones de vida fuertes. Hay gente que había decidido vivir en otro país y que quiere volver a su país en esta circunstancia. La pandemia modifica nuestra sensibilidad, nuestros sentimientos y pensamientos”, expresó, y destacó que él mismo mantiene un contacto personalizado con alrededor de 80 personas varadas.
“Nosotros queremos repatriar argentinos, y al mismo tiempo Salud no quiere repatriar virus. Las limitaciones vienen desde ese lado”, aclaró el funcionario.
Según el detalle que brindó a los senadores, 6.600 personas varadas están en Europa; 6.100 en América del Sur; 4.464 en América del Norte; 4.200 en América Central; y 2.800 en Asia, África y Oceanía. Casi el 20% del total son personas en situación de vulnerabilidad, acotó.
Solá explicó que a mediados de marzo se elaboraron listados, en cada consulado, de los argentinos que querían volver al país, en un orden que dependía de la fecha de regreso de cada pasaje, aunque adicionalmente los cónsules tuvieron la tarea de identificar a las personas “vulnerables” por motivos de edad y salud, para darles prioridad.
También recordó que, luego de que se decidiera la prohibición de ingreso al país de ciudadanos extranjeros, “con el avance de la pandemia y según los criterios del Ministerio de Salud, se fueron modificando las cantidades de argentinos que podían ingresar al país”, hasta que se dispuso el cierre definitivo de fronteras.
Sin embargo, el canciller resaltó que “en el momento en que el presidente decidió que se restringía el ingreso de argentinos, también decidió que hubiera un programa de protección de los argentinos en el exterior”, que hasta ahora demandó un presupuesto de 1 millón de dólares. “Cada día adicional que pasa se encarece el programa, y estamos preparados para eso”, dijo.
Asimismo, 1 millón y medio de dólares fueron destinados a “rentar chárteres en aquellos lugares donde no había vuelos regulares, como en Perú, Ecuador y Cuba”.
Por otra parte, ante una consulta del senador Julio Cobos (UCR) sobre la posibilidad de eximir a los varados del impuesto del 30% denominado PAIS para las compras en el exterior, respondió: “Lo intentamos y no hubo caso”.
Los diputados del interbloque opositor que conforman la Comisión de Relaciones Exteriores reclamaron “transparencia en el proceso de conformación de las listas” que indican quiénes son los argentinos que volvieron y los que faltan por regresar.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto reclamaron, a una semana de la videoconferencia con el canciller Felipe Solá, que se elabore y publique “un cronograma de viajes de retorno de los argentinos varados en el exterior” y “que se garantice la transparencia en todo el proceso y se los exima del impuesto PAIS”.
A través de un encuentro virtual, encabezado por el radical Facundo Suárez Lastra -vicepresidente de la comisión-, los legisladores manifestaron su preocupación “por la extrema situación a la que están sometidos todavía miles de compatriotas varados en el exterior, en situaciones dramáticas y sin fecha cierta de regresar a sus hogares.
Mediante un comunicado, los diputados de la oposición informaron que acordaron volver a exigir al Gobierno nacional, por medio de Cancillería, que establezca un cronograma “claro y preciso” de vuelos de repatriación porque “es necesario que ante esta situación extraordinaria se brinde la mayor previsibilidad posible para contener la angustia de nuestros compatriotas”.
“Solicitamos también que se garantice la transparencia en el proceso de conformación de las listas que indican quiénes son los argentinos que ocupan cada uno de los vuelos que llegan a nuestro país”, señalaron.
Desde Juntos por el Cambio consideraron que “es imperioso, también, que se haga un mayor esfuerzo para que se asista con recursos económicos, contención y acompañamiento sanitario, de manera urgente, a nuestros compatriotas para poder aliviarlos ante este escenario de crisis”.
“Reconocemos los esfuerzos que tanto la Cancillería como las distintas áreas del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, como las provincias con pasos fronterizos están haciendo para que los argentinos que vienen del exterior sean sometidos a protocolos de seguridad sanitaria que contribuyan al control de la pandemia”, sostuvieron.
Sin embargo, remarcaron que encontraron “profundas discrepancias entre los números de argentinos en el exterior y los viajes de retorno y repatriaciones brindados por el canciller Solá y los mencionados por el presidente Fernández ante la prensa en la última conferencia el pasado 10 de abril”.
“Esto ha generado confusión y desasosiego entre quienes esperan más claridad y fechas concretas de regreso. Por este motivo exhortamos que se informe de manera clara y precisa la cantidad efectiva de compatriotas que regresaron al país tanto por tierra como por vía aérea y el número exacto de los que todavía no pueden regresar al país y dónde se encuentran”, solicitaron.
Finalmente, los legisladores afirmaron que es “fundamental” que “se federalice el plan de regresos, habilitando de manera coordinada con los representantes de cada una de las jurisdicciones otros aeropuertos internacionales además del de Ezeiza para poder agilizar la vuelta a casa de todos los argentinos”.
El comunicado lleva las firmas de Mario Negri, Facundo Suárez Lastra, Silvia Lospennato, Soher El Sukaria, Karina Banfi, Fernando Iglesias, Alberto Asseff, Carmen Polledo, Álvaro de Lamadrid, Albor Cantard, Dolores Martínez, Diego Mestre, Martín Maquieyra, Waldo Wolff, Ricardo Buryaile y Lucila Lehmann.
El canciller respondió preguntas ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja. Especificó que hay alrededor de 10 mil personas que todavía están varadas.
El canciller Felipe Solá informó este jueves que en la segunda quincena de marzo fueron repatriados 151 mil argentinos varados en distintas partes del mundo, por vía aérea y terrestre, aunque aún hay 10 mil que no pudieron regresar, y destacó que “la Cancillería hizo un enorme esfuerzo por contener y humanizar la relación” con estos damnificados.
En la cuarta reunión informativa virtual de la semana, Solá expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde respondió preguntas sobre la repatriación de argentinos en el marco de la pandemia del coronavirus.
“La pandemia se ocupa el 90% de nuestro tiempo”, arrancó el ministro, y explicó que en un principio se decidió que “todos los consulados de la Argentina en el mundo hicieran una lista de argentinos que querían volver”, priorizando a “quienes tenían pasaje de vuelta”, aunque el orden de urgencia “podía ser alterado” por los cónsules para atender en primer lugar a “los argentinos vulnerables, ya sea por edad, porque dependían de medicamentos o por otras razones”.
Solá indicó que “esa lista fue muy cambiante” y que si bien “se fue desagotando” a medida que se realizaban los vuelos de repatriación, a su vez “se fue incrementando por dos razones: turistas que se dieron cuenta tarde de que estaban en problemas para volver; y los argentinos que se quedaron sin trabajo por la pandemia”, puntualmente “los jóvenes que hacen Work and Travel y el turismo barato de América del Sur”.
Así las cosas, ante una pregunta de la fueguina Rosana Bertone (Frente de Todos), Solá especificó que hoy hay alrededor de 10 mil argentinos varados. Entre el 16 y el 31 de marzo regresaron en total 151 mil argentinos, sumando la vía aérea y la terrestre, informó.
El canciller recordó que en el caso de los argentinos que a mediados de marzo salían de viaje “sabiendo que se iba a cerrar Ezeiza”, esa decisión podía ser cuestionada desde lo “moral” pero no desde lo legal, ya que al inicio de la declaración de la pandemia “era legal irse”.
“Han vuelto al país entre 60 y 70 mil personas después del 17 de marzo con vuelos humanitarios. Al principio los vuelos humanitarios entraban a razón de 40 o 50 por día, casi parecido a un día regular en Ezeiza”, precisó el funcionario, y agregó que esa cantidad bajó cuando comenzó a intervenir el Ministerio de Salud, que “empezó a ajustar el modelo de seguridad sanitaria”, a lo que se sumaron “los procedimientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la logística”. Como resultado, al día de hoy circulan alrededor de 300 personas por día en Ezeiza, puntualizó.
“Esta Cancillería hizo un enorme esfuerzo por contener y humanizar la relación” con los varados, destacó Solá, y comentó: “Tengo alrededor de 50 contactos de personas que se comunican directamente conmigo”.
Según el canciller, hasta el momento se gastaron 1.160.000 dólares en aviones de repatriación, y 342.000 dólares en “ayuda a los vulnerables”, según lo determinó el cónsul de cada país. “Todo avión que viene es un riesgo”, admitió en relación a las posibilidades de contagio de coronavirus, y aclaró que el protocolo fue acordado con los ministerios de Salud y de Transporte.
“Lo gastado hasta ahora no nos asusta en relación a lo que esperábamos. La plata que no es usada a tiempo implica pérdidas”, indicó, y añadió: “No estamos limitándonos en cuanto al número de gente a asistir”. Sin embargo, omitió una pregunta de la diputada Lucila Lehmann (Coalición Cívica) sobre la aplicación del “Impuesto PAIS” para las compras en el exterior.
En respuesta a una inquietud de Karina Banfi (UCR), aclaró: “No podemos dar un cronograma (de vuelos) porque no manejamos los aviones, solo y parcialmente los de Aerolíneas”. Informó que “el gran problema” está en Europa y en Miami (Estados Unidos), mientras que en los demás puntos donde hay varados “va a ir fluyendo naturalmente”.
Solá también se refirió a los ingresos de argentinos por frontera terrestre, sobre todo por los pasos de Puerto Iguazú -donde se registraron dificultades- y Paso de los Libres. También habló de “problemas” con la decisión de los gobernadores Rodolfo Suárez y Gerardo Morales de cerrar las fronteras de Mendoza y Jujuy, respectivamente.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que “el comercio internacional siempre fue abierto” ya que ningún DNU se opuso a ello. “Es fundamental que la Argentina siga exportando para garantizar el ingreso de divisas, por eso fuimos destrabando uno a uno los problemas que surgieron por el paso de camiones en algunos pueblos”, dijo.
Hacia el final de la reunión, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, destacó la participación del ministro y consideró que tras esta pandemia “vamos hacia un mundo distinto”. “Nosotros nos adelantamos en aislarnos. En otros países de la región menospreciaron el coronavirus y algunos lo caracterizaron ideológicamente”, advirtió.
