Con la presencia en el palco de la nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, el Senado sancionó en la sesión de este jueves, por 64 votos afirmativos y 1 en contra -de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro)- la ley de prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, que apunta a avanzar con la integración socio-urbana, al tiempo que establece una prohibición de desalojos por el plazo de 10 años.

El proyecto había sido enviado en septiembre pasado por el Poder Ejecutivo a Diputados, donde recibió algunas modificaciones y, tras una votación con amplísimo respaldo, fue girada a la Cámara alta.

Los argumentos de los senadores

Como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abrió el debate el jujeño Guillermo Snopek (FdT), expresó que el proyecto involucra “un tema muy sensible para la argentina, para esta sociedad. Es el tema de la vivienda”, y resaltó que la Constitución habla “del acceso a la vivienda digna”, y el artículo 41 que habla del medio ambiente para el desarrollo de la persona humana “tienen esta jerarquía constitucional”.

Pero, preguntó: “¿Esto se pone en práctica?”, a lo que respondió: “Estamos lejos de esto. Lejísimos, diría. Esta expresión que, muchas veces está escondida en la Constitución, a la que muchas veces corremos a revisarla, pero otras la dejamos de lado”. “La situación habitacional de la Argentina es muy grave”, alertó Snopek y sumó: “Por eso abordamos este tema, no solo para reconocer el problema, sino para hacer concretamente algo”.

“En el año 2018 se sancionó esta Ley que hoy estamos modificando que tenía como primer objetivo registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares y tenía un plazo de duración de 4 años”, detalló y siguió: “Esta ley vence a fines de octubre y ha cambiado poco esta realidad, se ha acentuado. Las dificultades habitacionales en el país están complicadas. Necesitamos la Ley para actualizar el registro de los barrios”.

También señaló que se busca la ampliación del plazo para “darle tranquilidad a los argentinos que penden de una orden de desalojo. Este plazo lo establece la Ley de Declaración de Utilidad Pública y, de esta manera, resguardamos el derecho o la incertidumbre a quienes se encuentran en esta situación”.

“Suspender los plazos es una demanda que hoy afectaría a 1 millón de familias, un número de 5 millones de personas que se encuentran en esta situación”, lamentó el jujeño y comparó con su provincia donde hay 140 barrios populares registrados”. A su vez, consideró que es un número alarmante que “este registro de 4.416 barrios populares a lo largo y ancho del país, hoy tenemos 5.787”, y opinó que es el momento de “actualizar y afrontar el tema de la vivienda”.

A su turno, la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó porque el proyecto no tuvo giro a la Comisión de Población y Desarrollo Humano. “Nadie puede dudar que la pobreza en la Argentina es un flagelo estructural que le duele a todos”, expresó y se refirió a las largas filas en las oficinas de ANSeS para cobrar el bono de 50 mil pesos: “Estás imágenes son las más duras de la Argentina que nos duele a todos. Es el país al que nos enfrentamos todos que con cada nuevo punto de inflación arroja a cientos de miles de ciudadanos bajo la línea de pobreza”.

“Este problema lleva décadas de situación y va a llevar décadas resolverlo. Hoy estamos tratando un proyecto que es una modificación especifica de un par de artículos de una Ley del 2018, pero que tuvo un origen anterior con un decreto del 2016 donde, con un esfuerzo inédito, entendimos que teníamos que poder dimensionar y comprender el hábitat informal que existía en el país”, relató Tagliaferri.

En ese sentido, la macrista contó que, por primera vez de esa forma, se pudo relevar hasta el 2017 un total de 4.416 de barrios populares, 4 millones de personas, a los que se los dejó de llamar villas y asentamientos. “A partir de eso se creó el ReNaBap, después se siguieron haciendo censos a pedido de muchos gobernadores y, esta ley, incorpora 1.100 barrios más llegando asó a 5 millones de personas”, destacó.

“Fue nuestro espacio el que impulsó, precisamente, esta ley porque un problema que durante toda la ‘década ganada’ no se había registrado”, resaltó Tagliaferri y apuntó contra el actual gobernador Axel Kicillof de quien retomó las palabras ‘no tengo la cantidad de pobres, es una medida estigmatizante’, tampoco se olvidó de los dichos de Aníbal Fernández quien supo decir ‘tenemos menos pobres que Alemania’.

Y precisó que “nunca nadie jamás había decidido armar un ReNaBap, articular con las organizaciones sociales, con los municipios, y decir que esas personas existen y seguir dejándolas bajo la alfombra escondidas”, y cerró ponderando que se le introdujeron modificaciones en consensos entre ambos bloques y que la ley permite una articulación entre el Estado, las provincias y los municipios.

La oficialista Sandra Mendoza (Tucumán) reconoció que la ley se creó en el 2018 e hizo hincapié en la necesidad de prorrogarla porque “hay muchas familias que están peligrando ser desalojadas de esos barrios”. Sin embargo, comparó: “En el actual gobierno ocurrió la esencia de ese programa que es otorgarle recursos directos para esos barrios, para que se puedan hacer las obras que tanta falta hace a los más humildes”.

Además, comentó que en su provincia se está llevando a cabo la ejecución del ReNaBap en un barrio donde viven 250 familias que son “beneficiarias directas de este programa, con pavimento, iluminación, cordón cuneta, pozos de agua. Son lo básico que necesita un ser humano para vivir”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmerman (Chaco), ponderó: “Es un logro y un enorme desafío seguir trabajando en reparar las situaciones de miles de argentinos. Creo que este es un hecho muy auspicioso”, y detalló que “se trata de nada más y nada menos que 1 millón 168 mil familias empadronadas”.

En ese marco, opinó que “es inevitable plantearnos la necesidad de trabajar en formas más organizadas, más eficientes. Tanto hacia dentro como hacia afuera”. De esta manera, consideró que “hacia dentro del programa en términos de calidad de vida, facilitando más educación y trabajo, articulación pública y privada, más construcción de viviendas, en síntesis, mejores servicios públicos y más comunicación”.

Mientras que “hacia afuera, fortalecer la relación y articulación del Gobierno nacional con las provincias y principalmente con los municipios”, debido a que “es algo que nos preocupa”. “Este proyecto sin duda nos genera una esperanza y un camino para resolver la situación económica y social de muchas familias”, expresó.

Sin embargo, se mostró preocupado porque “desde el momento en que se dieron los antecedentes en el año 2012 hasta la firma de este decreto en 2021 han pasado 9 años”, lo que consideró como “mucho tiempo para la gente que necesita del Estado y una mirada especial para poder resolver tantos problemas desde el punto de vista económico y social”.

“Sin duda más allá de la preocupación que tenemos todos, yo creo que necesitamos más y mejor información para el abordaje de un tema tan complejo”, planteó el chaqueño. En suma, sostuvo que otro problema tiene que ver con el financiamiento, porque “si bien es cierto que es muy importante hacer el trabajo de diagnóstico, todos sabemos también que es necesario tener un fuerte financiamiento para ir pudiendo resolver estos problemas en todo el país”.

Por su parte, el salteño Sergio Leavy (FdT) manifestó que para su provincia “es muy importante el ReNaBap”, y recordó que, en el 2018, en su carácter de diputado nacional en ese entonces, le tocó votar la ley y, a partir de ese momento, pudo “ver las mejoras que hemos tenido en el acceso a derechos muchos habitantes de los barrios”.

“Tras 4 años que lleva la ley la Mesa de Coordinación Nacional de barrios populares y la Secretaría de Integración Socio urbano trajeron al Congreso la renovación de la Ley”, contó y resaltó que como punto importante está la declaración de utilidad pública y sujeto de expropiación de todas las tierras que están en los barrios populares.

A su vez, el salteño resaltó que el punto de Regulación Dominial “es el más importante porque a partir de que uno es dueño de la propiedad puede obtener otros beneficios. Cambia el eje de la ley este aspecto”. También ponderó la declaración de Emergencia Socio urbana sanitaria y ambiental por 2 años que se agrega, la incorporación de la perspectiva de género para el otorgamiento de la escritura: “Es un avance significativo”.

“Habitualmente en Argentina los barrios populares eran ignorados, no se los reconocía, eran olvidados. En muchos casos de los escondía”, comenzó su alocución el santafesino Dionisio Scarpín (UCR) y siguió: “Cuando el Estado tiene esta mirada sobre este grupo social, no se conocía cuántas familias vivían. Cuando el Estado no entra a estos barrios, empiezan a entrar otras organizaciones, algunas con buenas intenciones, pero cuando el Estado está ausente también entran otro tipo de organizaciones delictivas”.

Al respecto, el santafesino reflexionó: “Lo que el Estado debería hacer en primer lugar es reconocer el problema, estudiarlo, investigarlo y planificar las principales soluciones”, al tiempo que remarcó la importancia de la continuidad de la ley y comparó que en el gobierno anterior se “reconoció” el problema.

Además, destacó que la ley es “consensuada” y “federal” porque “no solo prevé la solución en los barrios populares de capital federal, en el AMBA, sino también en todas las localidades del interior del país”. Asimismo, retomó un dato que se dijo en Diputados: “El 5% de los habitantes de los barrios populares se conformó en el SXX y el 50% en el SXXI, lo que nos dice que tuvo un crecimiento exponencial y ese dato nos tiene que llamar la atención”.

Entre las causas, Scarpín enumeró las crisis permanentes y repetitivas del país a lo largo del tiempo donde “cada crisis sube el índice de la pobreza al 40%”, un país centralizado de la población que migran en busca de mejores condiciones de vida en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que “tiene que ver con la falta de planificación de un plan y la falta de políticas de Estado en la construcción de viviendas”.

Por el Chaco, hizo uso de la palabra el oficialista Antonio Rodas quien manifestó: “El peronismo, el kirchnerismo, trabajó siempre para y por la gente. No solamente por una eventual ley. Con sus gobiernos provinciales, municipales y nacionales. En Chaco no hubo abandono, hubo preocupación y hubo trabajo. Sustentado en una política de Estado que realmente es digno de destacar”.

Por último, resaltó: “Cuando yo escucho sobre la ausencia del Estado, quiero decir que está presente. Y está en los lugares donde tiene que estar, y siempre estuvo”, y consideró que “que bastante daño nos hemos hecho los políticos en esta cuestión de seguir adelante un esquema de grieta que no beneficia a nadie”.

“Nos proponen una ley para integrar esos barrios que se han desarrollado de hecho sin respetar ninguna regla, sin ningún control del Estado. Recorro mucho esos barrios y no me gustaría vivir ahí a mí”, criticó la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero y opinó: “Tenemos dos argentinas”, pero preguntó: “¿Queremos dos argentinas?”.

Y continuó su discurso: “Una de la economía formal y la otra informal. Una del trabajo formal y la otra del trabajo informal. Una del hábitat formal y la otra informal yo quiero que sea una la de la formalidad”.

“La Argentina esta fundida y aún así se despilfarra mal, se gestiona mal, con mucha centralización de recursos y sin transparencia y control. Desde hace 10 años que el empleo genuino no crece, desde hace 15 no hacen más que unas pocas viviendas. Sueño que la Argentina sea una sola, pero proponen seguir con dos argentinas”, remató la senadora del Pro sin adelantar su voto.

En su alocución, la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal) expresó: “Un proyecto que me parece muy importante que hoy pueda transformarse en ley, más allá del Gobierno en el cual se llevó adelante esta importante ley que venía, no solamente a crear un organismo para registrar todos los asentamientos en la Argentina, si no que le venía a dar una chance para quienes viven en las zonas donde no hay un desarrollo urbano favorable, viene a plantear esto del Régimen de Regulación Dominial para la Integración socio-urbana”.

“Esto significa la posibilidad de que todos esos aglomerados tengan la chance de ser urbanizados, poder incluirse en la trama urbana de cada uno de los centros más grandes urbanos”, señaló.

Para Vigo: “Esta ley viene, no solo a ampliar el alcance de la Ley 27.453 que se sancionó en 2018, e incorpora la perspectiva de género, porque está planteando un criterio de prioridad en lo que hace a la titularidad de las viviendas, tiene además un artículo que es celebra con las provincias y municipios los acuerdos que tengan por objetivo transferir aquellos bienes e inmuebles y de titularidad del Estado nacional con el fin de ejecutar los proyectos de integración socio-urbana que se encuentran en trámite, así como los futuros, resultando la transferencia sin costo alguno”.

“Este artículo medular prevé que las transferencias serán sin costo. También plantea que el Estado nacional transfiera inmuebles de su titularidad en los que las provincias, los propios municipios de todo el territorio nacional hubieran ejecutado o estén por ejecutar”, enumeró la cordobesa.

Por último, Vigo destacó que con la ley “realmente se lleva adelante la efectiva integración socio-urbana. Como siempre decimos ‘la única verdad es la realidad’ y bienvenido sea que en el caso de mi provincia más de 100 obras de urbanización ya estén en marcha, que en la ciudad capital se siga transformando con obras de infraestructura, que ya hay 13 asentamientos inmensos”.

Otra de las oradoras fue la riojana María Clara Vega (Hay Futuro Argentina) quien criticó: “Cuando veo que de uno y otro lado defienden quién hizo el mejor proyecto, al menos deberíamos sonrojarnos por esta ley porque Argentina es 8va en extensión territorial en el mundo y hoy nos estamos peleando si le vamos a dar un trozo de tierra a un ciudadano, esa histórica pelea por la propiedad de la tierra”.

“Esta ley debe tratar de resarcir todos los errores cometidos desde hace mucho tiempo, además de estas políticas desacertadas de gobiernos centralistas que solamente fueron fortaleciendo a las grandes provincias junto con las grandes crisis, pero parece que recién en 2016 nos dimos cuenta de este problema. ¿Qué hicieron las grandes ciudades, los municipios, que estuvieron mirando para otro lado con los grandes recursos?”, criticó Vega y cerró: “Hay que hacernos un replanteo si queremos un país federal donde los recursos se distribuyan de forma equitativa”.

En el mismo sentido se pronunció el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) que resaltó: “Estamos tratando un proyecto de raigambre federal para resolver un tema tan importante y trascendente como lo es el lugar dónde vivir”, y agregó: “Este proyecto intenta resolver fallas de áreas del Estado, ya sea provincial o municipal, que no se resolvieron antes”.

A su turno, el presidente del bloque Pro, el misionero Humberto Schiavoni, brindó detalles de los asentamientos en distintos países: “En Caracas se estima que el 60% son asentamientos irregulares, lo mismo pasa en las favelas de Brasil. En el conurbano son cifras similares y en la Ciudad de Buenos Aires se estima que son 300 mil personas entre asentamientos y casas tomas que son un 10% de la población”.

Como jefe de bloque UCR, el formoseño Luis Naidenoff, reflexionó: “Es muy bueno decir las cosas como son y por más que nos duelan, saber dónde estamos parados de que hay 5 millones de argentinos que tienen un déficit habitacional, que vienen en condiciones de vulnerabilidad extrema”, y lamentó que esto muestra “lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad”.

 “El problema es más complejo que números o que decir que a partir del 2016 gracias a esta ley se empezó un relevamiento, porque esta no fue una iniciativa de la política, son los propios movimientos sociales los que plantearon la necesidad de interactuar con el Ejecutivo y los gobiernos”, manifestó y consideró que es un problema que arrancó con “mirar a los costados”.

Naidenoff reflexionó: “Si hoy contamos con 5.687 barrios populares este relevamiento nos deja un enorme mensaje. Primero que estamos en falta porque la iniciativa surgió de los afectados. En segundo lugar, que estamos en falta porque si el desafío de esta ley es construir una política de Estado que está ausente en la Argentina en la medida en que la grandeza se imponga a la mezquindad, en la medida en que los Gobiernos pasan la miseria se profundiza, podemos tener un escenario de oportunidad que tiene que ver con una realidad que en el día a día nos afecta, el problema es que esa realidad se naturaliza”.

“No hay que confundirse que los problemas en las provincias son los números de la coparticipación. Si uno mira los números en los últimos años se puede ver que en las provincias han pasado por procesos de superávit”, contradijo Naidenoff a sus predecesores y remarcó: “Hay responsabilidades locales propias y no podemos por eso culpar a Alberto, a Cristina o a Macri”.

Y cerró: “No alcanza con una política de Estado si decimos que el objetivo es la meta fiscal. El desarrollo trunco de la Argentina tiene que ver con la mala implementación de muchas provincias en la ejecución de sus presupuestos. Hay que definir un proyecto de país que tenga como objetivo terminar con esta vulnerabilidad y estado de decadencia y vergüenza”.

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, coincidió en algunos aspectos con el senador preopinante, puntualmente en “ponernos de acuerdo en buscar un proyecto de país que sea federal”, pero indicó que hay dos problemas para resolver previamente.

En primer lugar, explicó que hay partidos que “no tienen posicionamientos claros” respecto a cuestiones que “son centrales” para el desarrollo del país como por ejemplo la hidrovía. “Lo primero que hay que hacer en sincerar los discursos y decir abiertamente qué pensamos que se debe hacer con los grandes temas del país”, sostuvo.

Otro tema que mencionó la oficialista es sobre “la infraestructura y el costo logístico de las exportaciones de las economías de nuestras provincias respecto al puerto”, y destacó que en ese eje el sistema ferroviario de la argentina es el que todas las economías “necesitan discutir”.

Por otro lado, y puntualizando en el proyecto, coincidió con Naidenoff, en que “surgió de las organizaciones de los barrios, que fue una ley muy consensuada, luchada”, pero también “que la política escuchó ese reclamo. Es un proceso genuino”.

Qué establece la nueva ley

La flamante norma, que es una continuidad de la 27.453 aprobada en 2018 por unanimidad en ambas cámaras, contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada esa ley. Así, se pasa de los 4.400 barrios registrados en 2018 a 5.687 en la actualidad.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

El Senado inició este jueves a las 14.23 una sesión especial en la que se buscará avanzar con un conjunto de proyectos, varios de ellos que se encaminan a ser ley.

Las puertas del recinto de la Cámara alta se volvieron a abrir después de un mes, ya que la última reunión del pleno había sido el pasado 22 de septiembre, en ocasión de tratarse el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

La agenda en la Cámara alta se vio retrasada en gran parte por la ausencia de nada más y nada menos que el jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans, afectado por cuestiones de salud que lo alejaron de la actividad parlamentaria.

El temario de la sesión incluye la extensión por 50 años de asignaciones específicas de ciertos tributos para el financiamiento de las industrias culturales, la prórroga del ReNaBap y la expropiación del predio de Cromañón, que vienen con media sanción de Diputados y pueden convertirse en ley.

El dato es que no se incluyó la prórroga de impuestos nacionales, un tema que está atado al Presupuesto 2023, aprobado este miércoles en la Cámara baja y que se empezará a tratar la próxima semana en el Senado.

Respecto de los temas de la sesión, el proyecto sobre industrias culturales, que requiere de mayoría absoluta para su aprobación, establece una prórroga de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

En el temario también se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. El proyecto amplía el alcance de la Ley 27.453 de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Además, la norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el ReNaBaP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

Otro de los proyectos que será convertido en ley es el que establece la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros.

La misma propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles sitos en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predios popularmente conocidos como República Cromañón.

En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, “para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más”.

El otro proyecto que viene con media sanción de la Cámara baja es el que propone incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género. También se le dará tratamiento a la iniciativa del Ejecutivo que aprueba el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”.

A un mes de la última sesión, el recinto del Senado volverá a abrir sus puertas este jueves, a partir de las 14, para tratar un conjunto de proyectos, entre los que se destacan la extensión por 50 años de asignaciones específicas de ciertos tributos para el financiamiento de las industrias culturales, la prórroga del ReNaBap y la expropiación del predio de Cromañón, que vienen con media sanción de Diputados y pueden convertirse en ley. El dato es que no se incluyó en el temario la prórroga de impuestos.

Respecto del proyecto sobre industrias culturales, que requiere de mayoría absoluta para su aprobación, establece una prórroga de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

En el temario también se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. El proyecto amplía el alcance de la Ley 27.453 de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Además, la norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el ReNaBaP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

Otro de los proyectos que será convertido en ley es el que establece la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros.

La misma propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles sitos en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predios popularmente conocidos como República Cromañón.

En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, “para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más”. 

El otro proyecto que viene con media sanción de la Cámara baja es el que propone incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género.  También se le dará tratamiento a la iniciativa del Ejecutivo que aprueba el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”.

Las puertas del recinto de la Cámara alta se abrirán por décima vez en lo que va del año, ya que la Presidencia convocó a una sesión especial para este jueves a las 14 a fin de darle tratamiento a una batería de proyectos, entre los que se destacan la prórroga de Asignaciones Específicas a Industrias Culturales, ReNaBap y la expropiación del predio de Cromañón que vienen con media sanción de Diputados y pueden convertirse en ley. El dato es que no se incluyó en el temario la prórroga de impuestos.

Respecto del proyecto sobre Industrias e Instituciones Culturales, establece una prórroga de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

En el temario también se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. El proyecto amplía el alcance de la Ley 27.453 de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Además, la norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

Otro de los proyectos que será convertido en ley es el que establece la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros.

La misma propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles sitos en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predios popularmente conocidos como República Cromañón.

En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más.

El otro proyecto que viene con media sanción de la Cámara baja es el que propone incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género.  También se le dará tratamiento a la iniciativa del Ejecutivo que aprueba el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron este miércoles dictamen favorable a la prórroga del Régimen de Regularización Dominial en Barrios Populares, que apunta a garantizar la titularización de la propiedad de las viviendas y la urbanización en las barriadas de bajos recursos.

La medida contó con el pleno acompañamiento de todos los bloques y fuerzas políticas.

Para su tratamiento, los senadores, recibieron a la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Miño, a la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la misma cartera, Fernanda García Monticelli y al padre y referente pastoral de las villas, Gustavo Carrara.

La vicepresidenta del interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, defendió la iniciativa que suspende los desalojos por diez años, y afirmó que implica “la concreción de sueños”, como el de la casa propia, y el establecimiento de “políticas públicas”.

Pero a la vez advirtió que, para concretar ese tipo de políticas, se debe contemplar su “financiamiento” específico, para evitar que “cualquier gobierno de cualquier color político pueda romper ese consenso alcanzado”.

“Las políticas públicas son pactos sociales y los pactos sociales son consensos alcanzados”, explicó.

Recordó que, si bien esta ley fue sancionada en 2018, en cambio “no tenía pauta presupuestaria asignada”, en su proyecto original.

También, reseñó que la actual oposición no acompañó leyes posteriores, como la de Ley de Aporte Solidario Extraordinario, que se sancionaron para financiar políticas públicas durante la pandemia, y que hasta se llegó a judicializar esa norma.

En ese sentido, reiteró la necesidad de que este tipo de programas sociales cuenten “con asignaciones específicas”. “Si no van con una partida presupuestaria, todos sabemos que es solo para un título de diario”, remarcó la senadora por Mendoza y apuntó: “Hay que animarse, cuando uno es parte de un gobierno, a hacer reclamos cuando creemos que las cosas pueden funcionar mejor”.

Consignó, en el mismo sentido, que programas como el prorrogado, además de garantizar derechos, tienen relación con “la organización popular”, dado que tienen un alto alcance social.

Señaló, además, que problemas como la falta de vivienda en la Argentina son “complejos de resolver”, sobre todo en una economía que está “tremendamente endeudada”, como consecuencia de las políticas adoptadas entre 2015 y 2019. Indicó que importantes recursos del Estado que podrían destinarse a la construcción viviendas, la obra pública que ocupa mayor mano de obra, se deben dirigir al pago de la deuda externa. Un problema que invitó a repensar cómo solucionar.

Al respecto, apuntó: “Debemos alcanzar un consenso social que nos haga entender a los argentinos que la deuda indiscriminada nos conduce a que muchas políticas públicas luego se queden sin financiamiento. Ergo, muchos derechos se queden sin garantizar, porque debemos cumplir con organismos internacionales, que encima nos digitan cuáles deben ser las prioridades de los gobiernos, cuando hablamos de partidas en la discusión del Presupuesto”.

 “A veces hay que ser valientes. Y eso no tiene que ver con el tuit más agresivo.  Tiene que ver con alcanzar consensos profundos, para que podamos solucionar el problema de la vivienda”, reflexionó.

La voz de los invitados

“Hay una situación de pobreza en Argentina, con 5 millones de pobres, casi la mitad son niños, niñas y adolescentes y esta ley permite que nosotros demandemos al Estado una presencia inteligente, que dialogue con la comunidad y, establecer así, una política pública consensuada desde los diferentes espacios”, afirmó monseñor Carrara, al iniciar su alocución.

Al solicitar el acompañamiento de los senadores, expresó que, ” sin barrios integrados, la Argentina que soñamos no es posible”.

A su turno, Fernanda Monticelli resaltó el apoyo de todas la fuerzas políticas para con el proyecto y la importancia de poder aprobar cuanto antes la medida para aplicar la extensión de los plazos de desalojo, “ya que el próximo 28 de octubre vencen los 4 años de esta ley”, informó.

Para finalizar, Miño aseguró que, “esta ley nos permitirá seguir trabajando, llegar a más barrios, continuar con la integración sociourbana y poder llevar más servicios”.

También, hizo hincapié, en la celeridad necesaria para la aprobación de la norma y poder ingresar a “los nuevos 1200 barrios en el registro, protegerlos del desalojo, y anotarlos en programas, como por ejemplo, el “Mi Pieza”, que es una asistencia económica a mujeres para la mejora y/o ampliaciones de viviendas”.

El proyecto dictaminado y venido en revisión, modifica la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, amplía su alcance con la prórroga de la suspensión de los desalojos por diez años, y permitirá nuevos registros de barrios al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

También, busca declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá este miércoles, desde las 14.30 en el Salón Illia, para tratar el proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana en barrios populares.

La iniciativa tuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, por 227 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

A través del proyecto se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley, en 2018. Se pasa de 4.400 a 5.687.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

El diputado nacional Federico Fagioli (FdT) reiteró la “preocupación” de su espacio, el Frente Patria Grande, por la demora en la instrumentación de una prestación extraordinaria para las personas en situación de indigencia, tal como fue previsto en el DNU 576/22 que estableció el “dólar soja” durante septiembre.

“Esperamos que se resuelva en lo inmediato y urgente la situación de más de cuatro millones de argentinos que están en indigencia. Hasta el día de hoy ese compromiso no se ha cumplido”, advirtió el oficialista.

En declaraciones a radio Futurock, el legislador reveló que hay “rumores” sobre que desde el Gobierno “lo van a largar la semana que viene”. Pero, “todavía no sabemos los requisitos o cómo las personas se van a tener que anotar”, agregó y anticipó: “Si no sucede nos vamos a juntar a evaluar qué vamos a hacer”.

Cabe recordar que esta medida fue uno de los argumentos para que el Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, no se fuera del Frente de Todos. El otro se basó en la conmoción que se había generado con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por otra parte, Fagioli se refirió a la aprobación de la prórroga de la Ley del ReNaBaP, y destacó que “fue una discusión en la que logramos construir un consenso nacional” porque se trata de “una política que viene siendo eficiente y transversal, y que ha funcionado y resuelto muchos problemas de los vecinos”.

“Se han hechos obras de infraestructura tremenda; construcción de espacios socio-comunitarios, escuelas, jardines”, señaló, sobre la implementación de la norma desde 2018.

Sin embargo, el diputado dijo tener “algunas diferencias en cómo lleva la Ciudad de Buenos Aires adelante este proceso” y ejemplificó que “el edificio educativo que se hizo en la Villa 31 generó después que muchos vecinos no pudieran tener agua”. No obstante, aclaró: “Saludo a cualquier gobierno que decida invertir en barrios populares”.

Por eso, Fagioli resaltó que es fundamental “la integración de los vecinos en la planificación de qué obras se deben hacer”.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones el proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) cuestionó a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos.

Ausente en el recinto durante la sesión de este miércoles, Milei se expresó a través de las redes sociales tras la aprobación del proyecto de ReNaBap y apuntó contra la principal bancada opositora: “¿Te das cuenta que cuando se trata de violentar la propiedad privada los de Juntos por el Kargo no son diferentes a los del Frente de Chorros?”, y remató: “Te asustan con el KuKo y ellos hacen lo mismo, pero sólo con buenos modales”.

La iniciativa propone la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley. Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años. Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, salió a cuestionar este jueves la aprobación de la Ley del ReNaBaP, sobre urbanización en barrios populares, que contempla la suspensión de los desalojos por 10 años en esos lugares, en pos de avanzar con la regularización dominial.

La norma fue aprobada por amplísima mayoría, con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones. Incluso, fue reivindicada con fervor por algunos de los legisladores macristas que hablaron como Silvia Lospennato, Victoria Morales Gorleri o Laura Rodríguez Machado.

En el recinto, diputados de Juntos por el Cambio la valoraron como una “política de Estado” y defendieron su prórroga dado que había sido una ley sancionada por unanimidad en 2018, e impulsada por quienes era entonces los jefes de los tres bloques principales del otrora oficialismo: Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC-ARI).

En la votación, fueron 39 los legisladores del Pro que lo hicieron a favor. Vale aclarar que dos macristas se abstuvieron –Gustavo Hein y Marilú Quiroz-; y que uno de los dos votos en contra fue de otro Pro, el neuquino Francisco Sánchez, pero el único de su bancada.

A través de su cuenta de Twitter, Bullrich lanzó: “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”.

Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo. pic.twitter.com/eDDyzOU39v

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 13, 2022

Presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Lucas Godoy (FdT-Salta) fue uno de los miembros informantes del proyecto relativo al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. “Tengo la grata tarea de ser uno de los miembros informantes de este proyecto de ley de reforma de la Ley 27.453, popularmente conocida como de Barrios Populares”, arrancó el legislador oficialista.

Godoy hizo primero un racconto de lo sucedido con esa ley y del relevamiento previo necesario que concluyó en su sanción. “Estamos hablando de una política pública que como tal se desarrolle a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”, señaló el diputado salteño, que recordó además que en 2016 se realizó ese relevamiento que dio nacimiento al ReNaBaP.

Con ello “se reconoce la existencia de barrios populares en 2017 y se sanciona finalmente la Ley 27.453 en octubre de 2017”.

El diputado oficialista agregó que “esta ley planteaba la creación de un fondo, un fideicomiso”, y remarcó que “una norma de esta naturaleza cae en letra muerta si en definitiva no tiene los recursos para generar esas políticas, para implementarlas y transformar en la realidad la calidad de vida de miles y cientos de miles de personas”.

Detalló que “ese fondo se integra con el 9% del impuesto PAIS y el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. Para implementar entre otras cosas lo que es la transformación, la integración urbana, la vivienda, el plan Mi Pieza, que significó que más de 170 mil mujeres fueran seleccionadas; una inversión de casi 39 mil millones de pesos y que se alcance a cerca de 4.200 barrios en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”.

“En ese momento se relevaron más de 4.400 barrios populares –puntualizó-. Se conoció además que el 68% de esos barrios no accede a la energía eléctrica, que casi el 90% no accede al agua corriente. Casi el 100% no accede a red cloacal, con todo lo que significa eso para la salud de las familias que allí viven. Y el 99% no accede al servicio de gas natural”.

Lucas Godoy destacó además que “la ley planteó declarar de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares; suspendió los desalojos, pero previamente declara la utilidad pública y sujeto a expropiación de las tierras donde se encuentran asentados estos barrios. Suspendió los desalojos por 4 años, facultó la creación de un fideicomiso y estableció que al menos el 25% de la obra pública que allí se realice debe ser ejecutado por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular. Pero también pensando en los que residen en los mismos barrios que se realicen”.

A continuación, puntualizó que la modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687; incluir más de 1.200 nuevos barrios que fueron también relevados y determinados en el decreto 88/21. Agregó que la modificación prorroga la suspensión de desalojos por el plazo de 10 años, que ese el plazo que se determina que dura la declaración de utilidad pública.

Declarar la emergencia socio sanitaria y ambiental en los barrios identificados por el ReNaBaP por 2 años, a los fines de agilizar los distintos procedimientos administrativos.

Además, incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de la vivienda y una asignación específica al destino de los fondos.

“Se trata de una política pública”, enfatizó Godoy, que concluyó precisando que “el propio fideicomiso está creado por 30 años. Que no pare, que continúe, que sigan estas medidas tendientes a generar condiciones dignas de calidad para cientos de miles de familias argentinas”.

En una reunión que, a priori, se espera pueda extenderse hasta la medianoche, la Cámara de Diputados comenzó a las 13.03 una sesión en cuyo temario se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

Precisamente ese es el tema que activó la sesión de este miércoles, pues la norma aprobada en 2018 puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual urge la aprobación de la prórroga.

La prórroga de la Ley 27.453, que tuvo dictamen unánime en el seno de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el pasado 28 de septiembre. El proyecto amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

En segundo lugar figura el proyecto de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica. Esta iniciativa pasó por las comisiones de Presupuesto y de Ciencia, Tecnología e Innovación, y establece aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador.

Asimismo se abordará un proyecto que introduce modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo sobre el deber de no concurrencia y otro sobre telegrama y carta documento gratuitos.

Se tratará también un proyecto sobre la declaración de utilidad pública y expropiación en la localidad de Chacas de Coria en la provincia de Mendoza del inmueble conocido como “Casa Mazzolari-Cerrutti, o Casa Grande.

Por otra parte está incluido en el temario un proyecto sobre el Parque Nacional Traslasierra, que pasará a llamarse Parque Nacional Pinas.

Se modificará también la Ley 20.655, introduciendo modificaciones sobre asociaciones civiles deportivas superiores, como así también se tratará un proyecto que obliga la ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol de carácter internacional en los estadios de la Argentina, cuando participen equipos de primera división de la AFA.

El último de los temas a ser tratado es el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de esta capital. Se trata del predio popularmente conocido como República de Cromañón, que recibió dictamen este martes en el marco de una breve reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto que duró pocos minutos.

La Cámara de Diputados abrirá este mediodía las puertas del recinto para encarar una sesión que se extendería entre 11 y 12 horas y que incluye temas consensuados.

De entre ellos, se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Precisamente ese es el tema que activó la sesión de este miércoles, pues la norma aprobada en 2018 puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual urge la aprobación de la prórroga.

La cita es para este miércoles a las 12.30, y en el inicio de la sesión se espera que se le acepte la renuncia a su banca a Victoria Tolosa Paz, quien asumirá este jueves como ministra de Desarrollo Social. En lugar de la futura ministra asumirá para completar su mandato hasta 2023 la dirigente del Frente Renovador Micaela Morán.

En el temario de esta sesión figura precisamente en primer lugar la prórroga de la Ley 27.453, que tuvo dictamen unánime en el seno de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el pasado 28 de septiembre. El proyecto amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

También se abordará el proyecto de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica. Esta iniciativa pasó por las comisiones de Presupuesto y de Ciencia, Tecnología e Innovación, y establece aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador.

Asimismo se abordará un proyecto que introduce modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo sobre el deber de no concurrencia y otro sobre telegrama y carta documento gratuitos.

Se tratará también un proyecto sobre la declaración de utilidad pública y expropiación en la localidad de Chacas de Coria en la provincia de Mendoza del inmueble conocido como “Casa Mazzolari-Cerrutti, o Casa Grande.

Por otra parte está incluido en el temario un proyecto sobre el Parque Nacional Traslasierra, que pasará a llamarse Parque Nacional Pinas.

Se modificará también la Ley 20.655, introduciendo modificaciones sobre asociaciones civiles deportivas superiores, como así también se tratará un proyecto que obliga la ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol de carácter internacional en los estadios de la Argentina, cuando participen equipos de primera división de la AFA.

El último de los temas a ser tratado es el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de esta capital. Se trata del predio popularmente conocido como República de Cromañón, que recibió dictamen este martes en el marco de una breve reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto que duró menos de cinco minutos.

En una semana que se prevé intensa por la actividad en comisiones, la Cámara de Diputados interrumpirá este miércoles los debates en las mismas para abrir el recinto y realizar una sesión sobre temas consensuados, entre los que se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Precisamente ese es el tema que activó la sesión de este miércoles, pues la norma aprobada en 2018 puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual urge la aprobación de la prórroga.

La cita es para este miércoles a las 12.30, previéndose para una hora antes la reunión de Labor Parlamentaria.

En el temario de esta sesión que a priori no se prevé vaya a extenderse demasiado, figura precisamente en primer lugar la prórroga de la Ley 27.453, que tuvo dictamen unánime en el seno de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el pasado 28 de septiembre. El proyecto amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

También se abordará el proyecto de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica. El proyecto pasó por las comisiones de Presupuesto y de Ciencia, Tecnología e Innovación, y establece aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador.

Asimismo se abordará un proyecto que introduce modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo sobre el deber de no concurrencia y otro sobre telegrama y carta documento gratuitos.

Se abordará también un proyecto sobre la declaración de utilidad pública y expropiación en la localidad de Chacas de Coria en la provincia de Mendoza del inmueble conocido como “Casa Mazzolari-Cerrutti, o Casa Grande.

Se prevé el tratamiento de un proyecto sobre el Parque Nacional Traslasierra, que pasará a llamarse Parque Nacional Pinas.

Se modificará también la Ley 20.655, introduciendo modificaciones sobre asociaciones civiles deportivas superiores, como así también se tratará un proyecto que obliga la ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol de carácter internacional en los estadios de la Argentina, cuando participen equipos de primera división de la AFA.

El último de los temas a ser tratado es el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de esta capital. Se trata del predio popularmente conocido como República de Cromañón, que se espera reciba dictamen este martes en el marco de una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.

Tal cual había trascendido, el oficialismo convocó a una sesión especial para el próximo miércoles, con la intención de tratar una serie de proyectos consensuados.

Entre ellos figuran el proyecto de prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, y el proyecto de ley de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica.

La cita es para este miércoles 12 de octubre a las 12.30 y el pedido de sesión elevado a la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, lleva las firmas del presidente del bloque, Germán Martínez, y sus compañeros de bancada Paula Penacca, Federico Fagioli, Lucas Godoy, Itai Hagman, Carlos Heller, Mario Leito, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Marisa Uceda, Hugo Yasky y Natalia Zaracho.

Poco después de efectuado el pedido, el secretario Parlamentario de la Cámara baja, Eduardo Cergnul, cursó la citación correspondiente a todos los diputados.

La lista de temas consensuados -que auguran una sesión corta- incluye proyectos sobre telegrama y carta documento gratuitos; dos parques nacionales y la ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol internacionales en estadios argentinos.

Asimismo se prevé el tratamiento del proyecto de expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, para lo cual es de esperar que se reúnan previamente las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que deben emitir dictamen. A menos que en virtud del amplio consenso que reúne esa iniciativa de Paula Penacca, se trate directamente sobre tablas.

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Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja -presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente-, se reunieron este miércoles para emitir el dictamen por mayoría del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

Actualmente, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).

Se calcula que cerca de un millón doscientas mil familias viven en barrios populares en Argentina, lo que representa a unas cinco millones de personas, más del diez por ciento de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de la ciudad de Rosario.

La reunión para continuar con el tratamiento de modificación al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, y su posterior dictamen por mayoría, tuvo una aprobación unánime por parte de los legisladores de los diferentes espacios políticos que estuvieron presentes en el “Anexo C”.

La iniciativa fue celebrada por el diputado nacional Federico Fagioli (FdT), quien mencionó que “la Ley 27.453 es popularmente llamada como ‘Ley de Barrios Populares’ y es una de las mejores políticas de los últimos tiempos”. También afirmó que “la Mesa Nacional de Barrios Populares tuvo un rol activo para el pedido de la modificación de la normativa”.

Al respecto, explicó que el proyecto se afianza en dos ejes: la ampliación del registro nacional de barrios populares y el freno a los desalojos por diez años. “Desde 2017 hasta estos tiempos, los barrios populares pasaron de 4.416 a más de 5.500, y dentro de poco vencía el plazo, que pasaría de cuatro a diez años para frenar los desalojos territoriales”, explicó el diputado.

“Esto es para que como Estado planifiquemos y mejoremos la calidad de vida de cada una de los vecinos y vecinas de los barrios populares”, argumentó Fagioli, quien además mencionó que “tratarán una proyección plurianual para agregar al presupuesto especifico para atender necesidades socio urbanas de barrios populares”.

Del mismo modo, la diputada Natalia Zaracho (FdT) expuso que “el Certificado de Vivienda Familiar implicó el acceso al DNI, al correo, que las compañeras que sufren violencia de genero puedan llamar a un patrullero y que la ambulancia ingrese a los barrios para que el Estado esté presente”.

La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño manifestó que “la iniciativa es ratificar una política de Estado que empezó con el Gobierno anterior”, y añadió: “Entendemos que puede ser fructífero para los más desposeídos de nuestra patria. Felicitó a ambos bloques por ponerse de acuerdo rápido y por el avance con una redacción común”.

Consecuentemente, la diputada opositora Silvia Lospenatto expresó que “estamos por construir una política de Estado que nace con un Gobierno, es continuada, ampliada y mejorada por el que sigue, e implica un seguimiento a futuro por el que venga”.

Debido al tema, la diputada sostuvo que “la urbanización de barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires debe ser tomada como modelo porque se basa en tres ejes: la integración habitacional a través de la creación del Certificado de Vivienda Familiar; la integración urbana que acerca servicios públicos, bancos públicos y empresas privadas a los barrios; y el avance en integración económica porque hay un mundo productivo que se debe ser reconocido”.

Por otro lado, explicó: “La urbanización de los barrios populares llevará, como mínimo, 20 años, por eso pedimos que esta iniciativa pueda sobrevivir durante todos los gobiernos. Legislamos para que la política de barrios populares continue en el tiempo”.

En esa línea, Victoria Morales Gorleri (Pro – JxC) consideró que “los barrios populares son los ‘depósitos de esperanza’ que durante décadas sus familias habían sido olvidadas. Los procesos de urbanización son la defensa de los derechos fundamentales porque cada año más familias recurren a estos lugares”.

El oficialista Eduardo Toniolli celebró que el dictamen salga por unanimidad y destacó la idea de tratar al proyecto como política de Estado y su continuidad a futuro. “Todas estas iniciativas nacen con la movilización popular en las calles. Los distintos actores que intervinieron no se quedaron en el lamento, sino que plantearon propuestas para salir adelante”, enfatizó el legislador.

En el cierre, recalcó que “la economía popular es trabajo genuino y, en Argentina, en determinados momentos, falta empleo, pero sobra trabajo por la necesidad de millones de argentinos y argentinas. El Estado debe unir estos dos factores a través de estas políticas”.

Al final de las exposiciones, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, Hernán Pérez Araujo y Carlos Heller anunciaron que “se logró el dictamen de mayoría de forma unánime del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares”.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda se reunirán este miércoles a partir del mediodía para emitir dictamen favorable del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años.

Según confiaron fuentes legislativas, la idea de emitir dictamen en esta reunión que se realizará antes del inicio del debate del Presupuesto 2023 incluye el objetivo de incluir el proyecto en una sesión que se realizaría la semana próxima, primera del mes de octubre.

La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, y además se propone ampliar la cantidad de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), se apunta a agilizar los procedimientos administrativos para urbanizarlos más rápido, mejorarles el acceso a los servicios públicos, y prorrogar la suspensión de desalojos.

A la fecha, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).

Se calcula que cerca de 1,2 millón de familias vive en barrios populares en Argentina, lo que representa unos cinco millones de personas, más del 10% de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 km2, 3,3 veces el tamaño de la ciudad de Rosario.

La semana pasada, la reunión presidida por el presidente de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo,  contó con la presencia de la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, de la Secretaría de Integración Socio-urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda García Montiselli, y de representantes de la Mesa de Barrios Populares.

En esa oportunidad, Montiselli recordó que, hasta el año 2016 – 2017, cuando se llevó a cabo el primer Registro Nacional de Barrios Populares, en la Argentina no había ningún tipo de datos oficiales: “Con la cantidad de datos  que abundan en los distintos organismos y Estados, no se contaban con estos datos. En ese momento, con un relevamiento histórico, se relevaron y rastrillaron las localidades de más de 10 mil localidades y se detectaron que al 2016 había más de 4.416 barrios”, indicó.

Al respecto, señaló que una de las cuestiones más preocupantes, era que estos barrios constituían “la primer capa de la informalidad” en el hábitat en la Argentina, “la mayoría no accedía a los servicios básicos en el siglo XXI. El 68% no accedía a energía eléctrica formal, el 89% no accedía a una red de agua corriente, el 98% no accedía a una red de cloaca y casi nadie contaba con una red de gas natural”, explicó

“Estos datos permitieron pensar y trabajar en esta cámara la Ley 27.453 que llegó en el marco de una jornada histórica. La ley se aprobó con unanimidad en ambas Cámaras, y se constituye en un hecho trascendental en materia normativa en el marco de los procesos de integración socio urbana”, señaló la funcionaria.

Al día de hoy, la funcionaria señaló que hay inversión en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y que se está trabajando con inversión económica en 415 municipios y en 4.214 barrios populares, el 95% del universo. “Esta inversión está beneficiando a 670 mil personas, la Secretaria tiene activas o finalizadas más de 760 proyectos de integración socio urbana para la provisión principalmente de infraestructura básica”, expresó.