Como aperitivo para la sesión preparatoria prevista para las 13 de este miércoles, se realizó en la Cámara baja una sesión especial con el fin de que aceptar una serie de renuncias.

Se trata de legisladores que presentaron su dimisión para ir a ocupar otros cargos, y deberán dejar lugar a sus reemplazantes; otros que compitieron en estas elecciones y resultaron electos, pero como tenían mandato hasta 2027 ahora deberán renunciar a ese período anterior; y otros que fueron candidatos pero finalmente no asumirán.

La sesión fue muy breve: arrancó a las 11.15, se cantó el Himno Nacional Argentino y se procedió a la lectura de los nombres de los renunciantes. El diputado Christian Castillo, en su última intervención como diputado nacional por este período, hizo un intento por colar un apartamiento de reglamento para tratar la amenaza de “invasión” de Estados Unidos a Venezuela, pero el titular del Cuerpo, Martín Menem, le aclaró que se había acordado en Labor tratar solo las renuncias. Igual se votó a mano alzada el apartamiento, sin que obviamente prosperara la cuestión.

En primer lugar en la lectura de los renunciantes figuraba el nombre de Diego Santilli, actual ministro del Interior, que presentó su renuncia formal el pasado 7 de noviembre. Como no hubo sesión durante este tiempo, nunca se le aceptó esa renuncia y, por lo tanto, no pudo asumir su reemplazante hasta este 10 de diciembre, que era Nelson Marino. Pero como también resultó electo en octubre, tiene otra renuncia para el mandato 2025-2029. En ese sentido, jurará en su lugar Rubén Darío Torres.

Tras el nombre de Santilli, se agregó el de Carolina Piparo, cuyo mandato ya vence, pero solicitó renunciar a partir del 1 de diciembre porque asumirá en un cargo en el Directorio del Banco Nación.

Ha sido un enorme honor trabajar en el Congreso por una Argentina cada día más libre.
Me voy agradecida, con la alegría y la convicción de que las ideas de la libertad le ganaron al pasado: Argentina está cambiando para siempre!
Les deseo lo mejor a los nuevos diputados!
LLA🇦🇷 pic.twitter.com/jAlYgpffro

— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) December 3, 2025

También se aceptaron las renuncias de las libertarias Nadia Márquez y Emilia Orozco, que se mudarán al Senado y serán reemplazadas para completar el mandato hasta 2027 por Gabriela Muñoz y Eliana Bruno, respectivamente. No fue considerada en cambio la renuncia de la rionegrina Lorena Villaverde, quien la había presentado pero la retiró este martes a la espera de lo que suceda con su pliego en el Senado.

Otro de los casos es el de la tucumana Gladys Medina, con mandato hasta 2027, por el cual la reemplazará Elia Fernández de Mansilla. Pero asumirá hasta 2029, tras ser electa en octubre pasado, cuando compitió en el segundo lugar de la lista que encabezó Osvaldo Jaldo, gobernador que compitió de manera testimonial, también renunció y su lugar lo ocupará Javier Noguera.

Desde Unión por la Patria, el rionegrino Martín Soria renunció tras ser electo senador nacional. Su mandato lo completará Marcelo Mango.

En el caso de Itai Hagman, que tenía mandato hasta 2027, también compitió como diputado nacional, encabezando la lista de Fuerza Patria en la Ciudad. Su reemplazo será el camporista Javier Andrade, mientras que él tendrá mandato ahora hasta 2029.

El jefe del bloque Coherencia, Carlos D'Alessandro, renunció para asumir como legislador provincial de San Luis. Con mandato hasta 2027, será reemplazado por Claudio Álvarez.

También estará la renuncia de la diputada del Pro Silvia Lospennato, quien finalmente decidió no seguir en la Cámara baja, donde le quedaban dos años más de mandato, sino que asumirá su cargo en la Legislatura porteña, para el que fue elegida en mayo. En su lugar entrará la bullrichista Lorena Petrovich.

Asimismo se aceptó la renuncia del diputado Christian “Chipi” Castillo, en este caso por el sistema de rotación que utilizan en la izquierda. En su lugar asumirá Néstor Pitrola.

Periódicamente se registran esos casos excepcionales que llevan a revolver los archivos para encontrar situaciones análogas. Ahora es el caso de la rionegrina María Lorena Villaverde, quien ya ejerce como diputada nacional sin que haya existido polémica en su momento cuando llegó a su banca, pero ahora sí, por diversas circunstancias que dieron centralidad a su situación, se cuestiona su llegada al Senado.

Un cuerpo que justamente de manera reciente llegó al extremo de echar a uno de sus miembros. Es el caso de Edgardo Kueider, que de todas formas rompió todos los moldes. Es que hasta ahora había habido casos de legisladores desaforados y luego detenidos. Pero el entrerriano elevó el nivel de atención por tratarse de un legislador nacional que se encontraba detenido al momento de su expulsión. Condición que, dicho sea de paso, persiste. Pasa que sucedió en el exterior su detención, donde fue detenido el 4 de diciembre de 2024 por habérsele encontrado en un control de rutina realizado en la Triple Frontera 200 mil dólares no declarados. En esas circunstancias, el Senado de la Nación decidió echarlo el 12 de diciembre de ese mismo año. La drástica decisión se aprobó por 60 votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención.

El tema volvió a poner en el candelero un tema que recurrentemente genera polémica en la política argentina: los fueros legislativos. Y pese a que vuelve una y otra vez, son más los gestos ampulosos que se hacen en estas situaciones que medidas concretas las que se toman.

Aunque convengamos que en el caso actual, de la senadora electa Lorena Villaverde, está en discusión su pasado e idoneidad moral -en todo caso- y no los fueros que impedirían cualquier investigación.

Lorena Villaverde es cuestionada ahora, pero su elección como diputada no generó planteos.

Qué dice la Constitución 

En el paroxismo de la sobreactuación, periódicamente se sugiere la eliminación de ese privilegio, mostrando un inquietante desconocimiento de las normas, habida cuenta de que es la Constitución nacional la que lo establece, dicho lo cual, si se desea eliminarlos habrá que reformar la Carta Magna. Difícil que se animen.

Son tres los artículos en los que se habla de los fueros, tan importantes son en el sistema constitucional. En el 68 se los presenta en sociedad, aclarando que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. Esto es, resulta claro que la norma no ampara a los legisladores que delinquen, sino que se circunscribe estrictamente a lo que digan u opinen durante sus mandatos. Y en el artículo siguiente se establece otra aclaración: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

En cuyo caso, amerita el tercer artículo en cuestión, el 70, que precisa que “cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento”.

El Régimen de Inmunidades 

La Constitución es muy clara, pero así y todo existe una ley nacional que rige los alcances de los fueros, pues ya se sabe que las interpretaciones constitucionales suelen ser demasiado amplias, por lo que en determinadas circunstancias se deben dar precisiones legales que no dejen lugar a dudas. Y así llegamos a la Ley 25.320, que estableció un nuevo Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados, sancionada el 8 de septiembre del año 2000 y promulgada por el Gobierno de Fernando de la Rúa cuatro días después. Como se ve, había cierta prisa por poner en marcha esa norma pues hasta entonces la ley vigente amparaba a los legisladores a eludir a los jueces. ¿Cuál fue el disparador de entonces? Nada menos que los sobornos del Senado, menuda cuestión.

En el pasado reciente se dio el caso de Julio De Vido, que desató una fiebre por “renunciar a los fueros”. Eran tiempos de Cambiemos, y en ese entonces picó en punta Sergio Massa, quien entre otras cosas dijo que era mentira que no hubiera antecedentes, y citó el caso de Eduardo Angeloz, que pudo renunciar a ese privilegio. Ese caso amerita una aclaración: sucedió en 1996, y como acabamos de ver por la reforma de la Ley de Fueros en el año 2000, hasta entonces los legisladores estaban blindados para toda acción judicial. Acusado en febrero de 1996 por el fiscal Carlos Ferrer por lo que se conoció popularmente como el “megaproceso del Banco Social”, fue el propio exgobernador cordobés, por entonces senador nacional, quien pidió al presidente del Senado, Carlos Ruckauf, su desafuero para que la Cámara alta dispusiera “las medidas que estime pertinente”. En rigor, lo que hizo fue anticiparse al desafuero que requería el reclamo judicial, pero entonces se generó una polémica en la Cámara alta. Como siempre, allí el bloque del PJ tenía la última palabra por ser mayoría, aunque presentaba diferentes criterios, pero finalmente se le quitaron por completo los fueros para ser juzgado. Durante ese tiempo que se extendió varios meses, Angeloz debió dejar el Senado.

Eduardo Angeloz renunció al privilegio de sus fueros

El caso María Soledad

Tal vez el caso más recordado y contundente haya sido el del diputado nacional catamarqueño Angel Luque (PJ), a quien no le quitaron los fueros, sino que directamente lo expulsaron de la Cámara baja, acusado de “indignidad moral”. Su hijo Guillermo era uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990, y en el marco de un reportaje acusó al juez de la causa, José Luis Vengimiglia, de haber recibido 250 mil dólares para encarcelar a su hijo. Pero eso no fue lo que selló su destino, sino el peculiar argumento de defensa que terminó costándole la carrera, al señalar que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el verdadero asesino. La Cámara de Diputados lo expulsó en 1991.

Angel Luque, el primer expulsado del 83 a la fecha.

Ese caso fue utilizado como antecedente en 1999, cuando la Cámara de Diputados impidió la asunción de Antonio Domingo Bussi, acusado por su participación en la dictadura y también de haber ocultado una cuenta bancaria en Suiza.

Al que sí desaforaron de manera contundente los diputados fue al exsubcomisario Luis Patti. Fue el 24 de abril de 2008, cuando tras un debate de más de siete horas se aprobó en Diputados su desafuero solicitado por el juez Alberto Suárez Araujo en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. En rigor, Patti era diputado electo, pero no le habían permitido jurar, por lo que algunos sostenían que para poder desaforarlo debían primero autorizar su juramento. Convengamos que el artículo 69 de la Constitución indica que los fueros corren para el legislador desde el día que es electo (recordemos la parte que dice: “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado”).

El desafuero de Patti fue aprobado por 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.

Tampoco pudo sentarse nunca en su banca el exgobernador Raúl “Tato” Romero Feris, elegido senador nacional por Corrientes, al que directamente la Cámara Nacional Electoral impidió asumir en 2003 por “incompatibilidad ética”, a raíz de causas judiciales pendientes. Romero Feris había sido elegido senador nacional por el Partido Nuevo, pero su pliego no fue aprobado junto a los correspondientes a la mayoría de los nuevos miembros de la Cámara alta por demoras en la comunicación de la justicia electoral correntina. Quien impugnó entonces al “Tato” fue quien más adelante sería diputada nacional peronista Araceli Méndez de Ferreyra, por considerar que estaba “inhabilitado moral y éticamente” para ocupar una banca.

Romero Feris había sido condenado por presuntos hechos de corrupción administrativa cometidos desde los cargos públicos que ejerció en Corrientes.

En 1995 el diputado justicialista Eduardo Varela Cid no fue desaforado sino suspendido hasta el final de su mandato por “desórdenes de conducta” tras haber admitido haber requerido colaboraciones a empresarios postales, a través de un bono, en el momento en que se oponía a la controvertida ley de Correos. Durante el lapso que duró la suspensión, perdió fueros, banca y dieta.

Varela Cid, suspendido hasta el final de su mandato.

Otro caso sucedió en 2002 con la diputada peronista Norma Ancari de Godoy, quien fue denunciada por el programa de televisión “Punto Doc”, que exhibió imágenes captadas con una cámara oculta que mostraban a la legisladora amenazando a un productor de ese envío televisivo con que iba a “matarlo a itakazos”. Esa investigación periodística versaba sobre el destino de ATN a fundaciones de discapacitados. Asediada en el Congreso, la diputada evitó su expulsión renunciando el 9 de abril de 2002, cuando ya la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía Juan Manuel Urtubey, había aconsejado su expulsión “por desórdenes de conducta”.

En marzo de 2003, la oposición pidió la expulsión del senador Luis Barrionuevo, por su responsabilidad en los frustrados comicios catamarqueños. En esa oportunidad, la entonces senadora Diana Conti advirtió que el tema no podía quedar en simples expresiones de repudio del Cuerpo, sino que el mismo debía “votar el desafuero de Barrionuevo”, quien era acusado de haber mandado a quemar urnas.

El líder gastronómico había sido impedido de participar en esos comicios porque la Constitución provincial le exigía un tiempo de residencia en la provincia que él no tenía para poder ser candidato. Lejos estuvo de resignarse a aceptar la decisión, e insistió hasta el final, presentando recursos que llegaron hasta la Corte Suprema. Las autoridades locales del Frente Cívico sabían que Barrionuevo sería un adversario temible en las urnas y realizaron la elección tal cual lo previsto, sin dar lugar a una postergación, ante lo cual el senador justicialista se consideró proscripto y actuó en consecuencia...

Lo que siguió fue una elección escandalosa, en la que los partidarios de Barrionuevo prohibieron el acto electoral en algunas escuelas y hasta quemaron urnas.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que presidía Cristina Fernández de Kirchner -senadora aún en el llano- terminó emitiendo un dictamen en el que recomendaba excluir del cuerpo a Barrionuevo bajo el cargo de “inhabilidad moral”.

Sin embargo, al promediar la noche del 27 de marzo de 2003 el peronismo terminó salvándolo, aunque votó dividido, ya que ocho senadores del PJ votaron junto a la oposición y los provinciales para expulsarlo. Los votos en ese sentido fueron 37, diez más que los que optaron por salvarlo, pero seis menos que los necesarios para los dos tercios que hubieran dejado al sindicalista fuera del Senado. “Se perdió una oportunidad muy grande. Si el Senado anterior es recordado como el de la Banelco y el de (el senador nacional Emilio) Cantarero, éste será recordado como el del escándalo Barrionuevo. Vi a muchos senadores que le temen, otros que privilegiaron el espíritu del cuerpo; en mi caso, no le tengo miedo. Lo más grave de la decisión de mis pares es que Luis Barrionuevo se llevó puesto el Senado. Sucede que en Argentina hay una corporación política y ese es el drama central de esta democracia”, se quejó entonces Cristina Kirchner.

Un caso menos recordado pero digno de ser muy tenido en cuenta fue el del senador puntano Raúl Ochoa, condenado en 2005 a dos años de prisión en suspenso y 9 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber votado dos veces en una elección. La Cámara alta, más propensa a proteger a sus miembros, no procedió a su desafuero y lo dejó concluir su mandato, a fines de ese año. Es también lo que hizo con el expresidente Carlos Menem, condenado por tráfico de armas, aunque sin condena firme, que murió cumpliendo su tercer año como senador. La re-re que no pudo conseguir como presidente, y que le permitió mantenerse en libertad.

Los sobornos del Senado

El hecho conmocionante que comenzó a edificar el camino de salida del Gobierno de la Alianza fue un caso de corrupción que estalló en mayo del año 2000, tras la sanción de la Ley 25.250, conocida como Ley de Reforma Laboral, y que por el escándalo pasó a denominarse Ley Banelco. Se investigó allí si el gobierno de Fernando de la Rúa hizo pagos a senadores del PJ para que votaran a favor de esa ley.

El juez a cargo del caso era Carlos Liporaci, quien pidió el desafuero de once senadores: Ricardo Branda, Remo Costanzo, Ramón Ortega, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Emilio Cantarero y Alberto Tell, del PJ; y Javier Meneghini, Raúl Galván y Alcides López, de la UCR. No fueron concedidos y poco después se modificó la ley de fueros para que lo que sucedió entonces no volviera a pasar.

El caso De Vido

El 19 de enero de 2016, Elisa Carrió pidió a la Justicia que se investigara al exministro de Planificación Federal y entonces diputado nacional Julio De Vido por el supuesto delito de corrupción, a raíz de la confesión de un exdirector de Petrobras en Brasil, Néstor Cerveró, que aseguraba haber recibido en 2006 coimas por la venta de la empresa de transmisión de energía Transener, adquirida por Petrobras. El exdirector del área internacional de Petrobras había involucrado directamente a De Vido.

A partir de ahí, De Vido comenzó a acumular causas y en una, usó sus fueros para impedir el allanamiento de un departamento de su propiedad sito en la Avenida del Libertador 2275. La medida había sido dispuesta por el juez federal Luis Rodríguez, en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito entre 2003 y 2007.

El 23 de junio de 2016 la Cámara baja autorizó que pudieran allanarlo, por 137 votos positivos, 49 negativos y una sola abstención -la del propio De Vido-.

Julio De Vido fue suspendido por el pleno del Cuerpo.

En julio de 2017 estalló otro escándalo judicial que involucraba a De Vido por la supuesta apropiación de recursos públicos en Yacimientos Carboníferos Fiscales de Río Turbio. El fiscal Carlos Stornelli pidió la detención de Julio De Vido, Roberto Baratta y dos decenas de otras personas por esa causa.

El 26 de julio de 2017 De Vido zafó de la expulsión. Con 138 votos afirmativos y 95 en contra, faltaron 20 votos para los dos tercios. El argumento para expulsarlo era “inhabilidad moral”.

Cinco días después de que la Cámara de Diputados “blindara” a Julio De Vido, la Sala II de la Cámara Federal pidió al juez Luis Rodríguez un informe sobre la decisión por la que había rechazado la solicitud del fiscal Stornelli de detener al exministro, cuya suerte parecía oscurecerse cada vez más pues mientras comenzaba a preocuparlo la causa Odebrecht, detenían en Chapadmalal a su cuñado Claudio Minnicelli, prófugo desde hacía 9 meses en la causa denominada “mafia de los contenedores”.

El juez cambió su actitud y lo citó a indagaoria para el 28 de noviembre y le prohibió salir del país. Al día siguiente, el fiscal de Cámara Germán Moldes pidió su inmediata detención en un dictamen muy duro en el que advertía que en su condición de diputado nacional De Vido tenía “capacidad de incidencia y negociación”, por lo que pedía su desafuero “con la premura y firmeza del caso”.

El 19 de octubre De Vido sumó otro frente de tormenta cuando el juez Claudio Bonadio dispuso también su desafuero y detención por supuesto fraude en la compra millonaria de gas licuado.

Al día siguiente de las elecciones legislativas que le dieron a Cambiemos una resonante victoria, y con todas las cartas ya decididamente en contra, Julio De Vido pidió licencia como diputado y renunció paralelamente a su cargo como presidente de la Comisión de Energía y Combustibles.

El 25 de octubre de 2017 -sin la presencia del bloque FpV-PJ, que resolvió no asistir- se votó su desafuero y suspensión, con 176 votos a favor y una sola abstención. De Vido fue rápidamente detenido y su banca estuvo vacía hasta el final de su mandato. Esa era la estrategia que desde el Pro y la UCR habían impulsado originalmente para el caso Kueider.

Luego del caso De Vido, fue el turno del radicalismo cuando una jueza federal de Resistencia pidió el desafuero y detención de la diputada nacional Aída Ayala, en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.  Fue en abril de 2018, y la legisladora radical denunció “una maniobra política”. Si bien en principio el oficialismo se había resignado a entregar su cabeza, terminó amparándola en la Comisión de Asuntos Constitucionales y el caso no llegó nunca al recinto.

La situación de CFK

Tras dos años en el llano, la expresidenta Cristina Kirchner fue electa senadora en octubre de 2017. Impulsora de denuncias en su contra, Margarita Stolbizer anticipó que se presentaría ante la Justicia para pedirles a los jueces que llevaran adelante causas donde la flamante senadora electa estuviera procesada, pidieran el desafuero. Y antes que asumiera, CFK ya tenía un pedido de desafuero y detención por parte del juez Claudio Bonadio en la causa del Memorandum con Irán.

Desde Cambiemos se aclaró que no podían impulsar una sesión para tratar el desafuero en extraordinarias, mientras Miguel Pichetto, presidente del bloque Justicialista, consideraba que no correspondía el pedido de prisión preventiva, ni pensaban avalarlo al no existir una condena definitiva.

En el caso de Cristina Kirchner, hubo presentaciones para frenar su asunción en el Senado.

De eso se habló todo ese verano y cuando se reanudó el período ordinario en 2018 y se constituyó Asuntos Constitucionales, la comisión que debía tratar el tema, a fines de marzo fueron liberados Carlos Zannini y Luis D’Elía, detenidos en el marco de esa causa, con lo que virtualmente quedó sin efecto el pedido de desafuero y arresto formulado por el juez Bonadio.

Así y todo el tema se reactivó cuando Bonadio insistió con su pedido de desafuero, y Cambiemos convocó a debatirlo el 20 de noviembre de 2018, pero la sesión no tuvo quórum.

El “diputeta”

El caso más curioso fue sin dudas el que tuvo lugar en plena pandemia, cuando las sesiones se hacían por videoconferencias. Fue el 24 de septiembre de 2020, cuando en plena sesión un diputado conectado en forma virtual protagonizó una escena íntima con su pareja, que quedó a la vista porque su cámara estaba encendida.

Pasó con el salteño del Frente de Todos Juan Ameri, quien fue inmediatamente suspendido por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien pidió la aplicación del artículo 188 del reglamento, y en paralelo la conformación de una comisión de cinco miembros para que determinaran si correspondía la expulsión para ese legislador. Al cabo de la sesión, Ameri había presentado la renuncia como diputado nacional.

Los casos polémicos desde la recuperación democrática

Expulsiones en el Congreso: antecedentes antes de la democracia de 1983

Antes del retorno democrático, el Congreso argentino vivió episodios de expulsión de legisladores por ausencias prolongadas, corrupción y conflictos políticos. Desde las sanciones en el siglo XIX hasta los casos resonantes durante los gobiernos peronistas y la crisis previa a 1955, estas medidas marcaron momentos clave en la historia parlamentaria.

Siglo XIX

1853 – Pedro Ferré. Convencional constituyente de la Carta Magna original, Ferré fue separado por negarse a seguir actuando como legislador tras la sanción de la Constitución, alegando que su mandato era solo para redactarla.

1867 – Eusebio Ocampo y Buenaventura Sarmiento. Ambos diputados fueron expulsados por colaborar con una rebelión contra el Gobierno Nacional en Cuyo.

1874 – Juan Andrés Gelly y Obes y Francisco de Elizalde. Diputados separados por ausentarse deliberadamente de las sesiones durante dos meses, en protesta contra la legitimidad de la Cámara, que desconocían.

1880 – Expulsión masiva. En este caso, fueron varios los diputados apartados por no haber asistido a las sesiones durante el conflicto por la federalización de Buenos Aires, lo que impedía llegar a conseguir quórum.

Siglo XX

1925 – Luis Olmedo Cortés y José Núñez. Diputados expulsados por corrupción: se los acusaba de haber obtenido ilícitamente dinero del Banco de Mendoza.

1940 – José Guillermo Bertotto. Excluido por su vinculación con la venta irregular de tierras en El Palomar al Estado nacional.

1948-1949 – Roberto Sanmartino, Agustín Rodríguez Araya y Atilio Cattáneo. Estos diputados fueron los primeros expulsados durante los primeros gobiernos peronistas por razones políticas.

1955 – Roberto Carena. Separado también por motivos políticos en el contexto de la crisis institucional previa al golpe contra Juan Domingo Perón.

El diputado nacional Roberto Mirabella (Santa Fe – UP) repudió la comunicación enviada por el presidente Javier Milei, a funcionarios y personal del Servicio Exterior de la Nación – ISEN- donde los exhorta a presentar su renuncia a “quienes no se encuentren en condiciones de asumir los desafíos que depara el rumbo adoptado en defensa de las ideas de la libertad”.

Mirabella consideró que la nota firmada por Milei “es un verdadero atropello al enorme prestigio, formación y trayectoria de los funcionarios del ISEN y sin ninguna duda, puede llevar a contravenir importantísimos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre otros, y que fueron suscriptos por nuestro país con jerarquía constitucional”.

El representante de la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación sostuvo que “si bien los diplomáticos deben responder a la política exterior del Gobierno Nacional”, remarcó que “de ningún modo se los puede instar a dar un paso al costado si no comulgan con la ideología del gobierno de turno”.

Mirabella, en el proyecto de resolución que presentó ante sus pares del Congreso, salió al cruce del comunicado presidencial señalando “que esto implica un desconocimiento de la trayectoria, idoneidad y capacitación del cuerpo diplomático de nuestro país y un desprestigio que no pretende ser otra cosa que una amenaza indirecta a los que no se encolumnen detrás de las ideas libertarias”.

Con el quórum reglamentario establecido, desde las 12.18 de este jueves la Cámara de Diputados, a cargo de Cecilia Moreau, sesiona para considerar la aceptación de las renuncias presentadas por los diputados Claudio Poggi, Mario Leito y Rossana Chahla, quienes pasarán a gobernaciones, intendencias y legislaturas de sus provincias.

A la espera del balotaje que definirá el Poder Ejecutivo Nacional, pero con todos los procesos electorales en las provincias y municipios definidos para el próximo período, se harán efectivas las renuncias de tres diputados nacionales y se les tomará juramento a sus reemplazantes en el órgano legislativo para ocupar sus respectivas bancas y completar así el mandato.

El domingo 12 de junio pasado, el diputado nacional Claudio Poggi (Avanzar San Luis) ganó las elecciones provinciales de la provincia de San Luis y el 10 de octubre presentó la renuncia que será efectiva a partir del próximo 1ero. de noviembre. Su banca, que tiene vigencia hasta 2025, será ocupada por Alberto Arancibia Rodríguez. Cabe aclarar que el reemplazo de Poggi debía ser Néstor Ordóñez, pero el puntano anunció que Ordóñez será parte de su gabinete.

Asimismo, la nueva intendenta de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien se despidió del órgano legislativo el sábado pasado, y asumió su nuevo cargo como jefa comunal de la capital tucumana este domingo, será reemplazada por la intendenta de Aguilares, Elía Mansilla.

Así las cosas, el tucumano Mario Leito (FdT) presentó su renuncia el viernes pasado para asumir su banca en la Legislatura tucumana y el lugar que deja será ocupado por María Marcela Herrera.

Tras la reunión entre Massa y los funcionarios del Gobierno que forman parte del Frente Renovador para tomar una postura frente a la presentación de renuncias a disposición de los ministros kirchneristas, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se trasladó a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Alberto Fernández luego de la sorpresiva medida del espacio que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Luego de este encuentro, el lider del Frente Renovador se fue al Parlamento para reunirse con el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y desde allí volvió a la sede del Frente Renovador en el barrio porteño de Retiro, donde inició la tarde con un encuentro con su tropa.

En la sede del Frente Renovador, el tercer socio del Frente de Todos, Massa, su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini, y el ministro de Transporte Alexis Guerrera, junto a funcionarios de segundas y terceras líneas analizaron antes de las 17, la situación política impulsada por el kirchnerismo tras la derrota de las elecciones primarias del pasado domingo.

El exintendente de Tigre, quien ofició de nexo entre el albertismo y el kirchnerismo, es uno de los nombres que suenan como uno de los posibles reemplazos de jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero desde las filas del massismo sostienen que Massa no quiere ir al Poder Ejecutivo.

Massa estuvo este miércoles con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada para dialogar sobre la aplicación de medidas económicas y la presentación del Presupuesto 2022.

Tras la derrota en las PASO, los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Martín Soria (Justicia), Jorge Ferraresi (Hábitat), Tristán Bauer (Cultura), Juan Cabandié (Ambiente) y Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología) pusieron su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández, en un intento por forzarlo a realizar cambios en el Gabinete.

Se sumaron las titulares del PAMI y la ANSES, Luana Volnovich y Fernanda Raverta, respectivamente e incluso el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, entre otros.

Tras la presentación de las renuncias a disposición de los ministros nacionales que pertenecen al espacio que conduce la vicepresidenta Cristina Kirchner, el diputado mendocino de Juntos por el Cambio Federico Zamarbide escribió varios mensajes en su cuenta oficial de Twitter, pero la polémica se encendió por su comparación con la situación del pueblo afgano intentando en forma desesperada escapar del régimen talibán subiéndose a un avión.

“El gobierno en estos momentos”, escribió.

Luego, remarcó: “’Para todo hombre de bien, su renuncia siempre es indeclinable’, Mariano Moreno”.

En su primer tuit, señaló: “Explotó la interna y los 40 millones de argentinos de rehenes”.