Tras un debate cruzado por el escándalo del diputado Juan Ameri, quien protagonizó una escena íntima en plena sesión virtual, la Cámara baja aprobó este jueves el proyecto que habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modifica el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La iniciativa del Poder Ejecutivo recibió 245 votos a favor, tres en contra -del Frente de Izquierda y José Luis Patiño, del Pro- y una abstención, de Héctor Stefani, también del Pro.

Con la futura ley, 21 de los 24 distritos -las excepciones son Córdoba, San Luis y Santa Fe- podrán rediscutir sus deudas con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

Para no afectar fondos de los jubilados, el proyecto aprobado indica que el programa de Reparación Histórica será financiado a través de recursos propios de la ANSES y del Tesoro, ya que la ley sancionada en la gestión anterior ponía como fuente de recursos al blanqueo de capitales y, en segunda instancia, el FGS.

A pesar de algunas objeciones, Juntos por el Cambio acompañó la votación del proyecto, al igual que el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, las bancadas de José Luis Ramón y Eduardo “Bali” Bucca.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y recordó que el FGS, al momento de su creación, “tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior, estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos explicó que el pago de ese beneficio se afrontará ahora a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que ese Fondo “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

El oficialista Marcelo Casaretto destacó el acompañamiento de la oposición y recordó que próximamente se debatirá en el Congreso la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori se refirió a las deudas de las provincias e informó que totalizan 25.000 millones de pesos que vencieron, en su gran mayoría, en agosto.

La ANSES detrajo ese monto de la coparticipación que le corresponde a las provincias, “causándoles un grave perjuicio financiero”, y luego, tras un acuerdo con la Nación, “se suspendió por 45 días el plazo del vencimiento”, que será a lo largo de la primera quincena de octubre.

Ante este panorama, Pastori marcó “la urgencia de tener esta ley aprobada para que no vuelva a vencer ese plazo” y las provincias no vuelvan a verse afectadas.

Por su parte, Luciano Laspina (Pro), advirtió que el Gobierno puso a consideración la ley de protección del FGS “al mismo tiempo que suspendió la fórmula de actualización para los actuales jubilados”.

“¿Cómo se explica esta paradoja jurídica de que por un lado queremos proteger los fondos de los jubilados y al mismo tiempo les estamos defaulteando a los actuales jubilados suspendiendo una fórmula que, de haberse cumplido, hubiese sido mejor que los ajustes por decreto?”, se preguntó Laspina.

Jorge Sarghini, de Consenso Federal, celebró que las reformas se harán “sin quitar garantías a los jubilados que adhirieron a la Reparación Histórica, garantías que no estaban en el proyecto original y que en el debate en comisión se pudieron corregir”.

De todos modos, advirtió que “salvo el título y el enunciado de buena voluntad del capítulo primero, no tenemos ninguna garantía ni certeza que nos haga creer que esta ley por sí sola defienda el patrimonio del FGS”, que “es un fondo extraño, porque estamos bajo un sistema de reparto y ese fondo viene extraído de un sistema privado de capitalización”.

En tanto, el mendocino Ramón destacó el “reenfoque del FGS” y señaló que “los dos frentes mayoritarios lograron un consenso cuando las arcas de los estados provinciales se encuentran en una profunda crisis”.

El titular de Unidad Federal para el Desarrollo consideró que “un punto que no tuvo relevancia en la comisión fue el relacionado con los créditos de la ANSES”, y en ese sentido dijo que “no se discutió el sobreendeudamiento de las familias”.

En contra del proyecto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) opinó que “se pretende ocultar la política que durante muchos años tuvieron todos los gobiernos, de saqueo de los recursos de la ANSES”.

En ese sentido, recordó que los recursos del FGS llegaron “a rondar los 67.000 millones de dólares y en la actualidad está apenas en torno a los 32.000 millones de dólares”.

El legislador de la izquierda criticó la reforma previsional de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y también el “ajuste” a los jubilados por parte del gobierno de Alberto Fernández con la suspensión de la fórmula de movilidad.

Además, dijo que el proyecto es “contradictorio” en lo referido al refinanciamiento de deuda de las provincias, las cuales “fueron parte del festival del endeudamiento beneficiando a los especuladores bajo el gobierno de Macri”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Poder Ejecutivo que busca “blindar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) modificando el modo de financiamiento del programa de Reparación Histórica.

Heller recordó los orígenes del FGS, creado en 2007, y destacó que en su composición accionaria participan “muchas empresas líderes”, por lo que en ese momento se buscó proteger esos activos y además “mantener la participación efectiva del Estado en el funcionamiento de esas empresas”.

“Como su nombre lo indica, el FGS tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales, explicó Heller.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos puntualizó que el pago de la Reparación Histórica se afrontará entonces a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

Mientras en el Senado las relaciones entre el oficialismo y la oposición pasan por su peor momento, en Diputados el clima sigue siendo positivo. Una señal en ese sentido la dió este miércoles Juntos por el Cambio al anunciar su respaldo al dictamen emitido el martes en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS).

El proyecto será llevado al recinto la semana que viene, en la reanudación de la actividad en el recinto de Diputados, luego de la bochornosa sesión en la que el oficialismo estuvo “presente” de manera virtual y Juntos por el Cambio “in situ” pero formalmente ausente.

Tal cual se había sugerido el martes durante el plenario de comisiones, cuando el oficialismo aceptó introducir modificaciones, desde Juntos por el Cambio anticiparon su disposición a firmar el despacho de mayoría, amén de ciertas disidencias que tienen respecto del tema de la renegociación de la deuda de las provincias.

El diputado radical puntano Alejandro Cacace destacó que el oficialismo haya accedido a incorporar cambios como garantizar el pago de la ley de Reparación Histórica y lo relativo a los intereses para la renegociación de deudas, tal cual el pedido de alguos gobernadores.

Los pagos de la Reparación Histórica se harán con recursos de la ANSeS o el Tesoro Nacional, sin límites para cumplir dichos compromisos.

El proyecto de ley que busca refinanciar la deuda de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modificar el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), recibió dictamen favorable este martes en la Cámara de Diputados.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos aceptó modificaciones que fueron acordadas en un cuarto intermedio con la ANSES, aunque Juntos por el Cambio pidió tiempo hasta este miércoles para definir si acompañará con su firma, tras un debate interno.

El debate se dio en un plenario virtual de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que contó con la participación de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el responsable del FGS, Lisandro Cleri.

Al inicio de la presentación, Raverta explicó que este proyecto viene a traer “soluciones” sobre cinco “problemas”: el financiamiento de la Reparación Histórica; los préstamos con las provincias; las inversiones productivas del FGS; la regularización de los créditos ANSES; y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS.

La funcionaria recordó que el programa de Reparación Histórica, sancionado durante la gestión anterior, “se iba a pagar con el dinero que se incorporara a partir del blanqueo de capitales”, mientras que “la segunda fuente de financiamiento iba a ser los activos del FGS”.

Lo que se busca, explicó Lisandro Cleri, es “cambiar el orden de estos pagos”, es decir, “poner a la Reparación Histórica en igualdad con el resto de los programas”, con una financiación a través de recursos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) en primer lugar, “y en caso de que haya un déficit transitorio, pasaría a cubrirlo el FGS”.

Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000” jubilados que adhirieron a ese programa, y que ahora recibirán el beneficio “a partir del Ministerio de Economía, del Tesoro, para que podamos resolver esa obligación sin afectar una garantía para el 100% de los jubilados” como es el FGS.

“Volvemos a la idea de que el FGS le pertenece a la totalidad de los jubilados”, puntualizó la directora ejecutiva de la ANSES.

El diputado radical Alejandro Cacace planteó dudas respecto al cambio en la modalidad de financiamiento de la Reparación Histórica, ante la posibilidad de que “una vez agotadas las partidas” del Presupuesto, los pagos corran riesgo.

Por eso, Cacace pidió a los funcionarios que garanticen que “se van a pagar integralmente los beneficios más allá de los límites que pueda imponer una partida presupuestaria”.

En el mismo sentido, Graciela Camaño (Consenso Federal) advirtió que “sabiendo que tenemos una manta muy corta, debemos tener un claro mensaje respecto a que bajo ningún punto de vista la Reparación Histórica va a estar atada a los recursos del Presupuesto. Es lo mínimo que podemos hacer para que el sistema tenga algún viso de credibilidad para nuestros jubilados, a los cuales cada vez que hay un problema económico les manoteamos sus fondos”.

Ante este planteo, el oficialismo aceptó modificar la redacción del artículo 2, agregando que el programa de Reparación Histórica “será cubierto en su totalidad” con las partidas presupuestarias “sin poder fijarse límites a los pagos”.

Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que “el proyecto es superador en materia de protección del FGS”, pero sugirió modificaciones en materia de créditos de ANSES “en defensa de los consumidores”.

El proyecto también establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

Así, se establece que el Ministerio de Economía y la ANSES “deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera”.

Sobre este punto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) preguntó “en qué medida estos recursos del SIPA se ven afectados por la pérdida de recaudación por la caída actividad económica, y en qué medida a causa de las propias medidas del Poder Ejecutivo”, como “la reducción del pago de contribuciones patronales de las grandes empresas”.

Al responder, Cleri aclaró: “No vamos a cubrir la asistencia por decisiones o políticas del Estado, sino por todo aquello que haya impactado por el Covid”.

De todos modos, para no dejar lugar a dudas, el Frente de Todos incorporó un párrafo al artículo 4, indicando que “a los efectos de determinar este impacto, se considerarán los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la recaudación de los recursos tributarios que forman parte de los ingresos de la ANSES”.

En cuanto a la deuda de las provincias con la ANSES -a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis-, Raverta señaló que “es un año muy particular y para las provincias es muy difícil cumplir esa obligación que tienen para con el FGS, por eso proponemos una forma nueva de financiar esa deuda”.

El proyecto, en su artículo 8 -que también fue mejorado a pedido de la oposición- establece que “en un plazo de ocho meses se pueda rediscutir provincia por provincia la deuda”, informó Raverta.

En tanto, Heller aclaró: “Algunos interpretan que los ocho meses son el plazo para pagar. Los ocho meses son un plazo para negociar con las provincias y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consistirá en la emisión de un bono de largo plazo en las condiciones que se acuerden”.

El tema se terminó de negociar este miércoles en el despacho del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en el marco de una reunión de la que tomaron parte también la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. Al cabo de ese encuentro, del que también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Capitanich (Chaco), se acordó con una veintena de gobernadores la refinanciación de la deuda que las provincias mantienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.

A partir de ello se elaboró un proyecto de ley que se conoció este jueves y que ingresará por Diputados con el nombre “Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”. El cual modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la reparación histórica y que, en caso de que fuera insuficiente, se deberían realizar los activos del FGS informando dicha situación a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Esto será suspendido a partir de la aprobación de esta ley. Se argumenta tal decisión ante la necesidad de “llevar adelante una política sustentable, priorizar los procesos productivos y de infraestructura”. Es por eso que el financiamiento del Programa de Reparación Histórica “deberá ser soportado con los recursos enumerados en el artículo 18 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones y las partidas específicas asignadas para tal cometido, establecidas por las leyes de presupuesto”.

Explica la norma que la modificación de la fuente de financiamiento obedece a que “a partir de agosto de 2020, el pago de la Reparación Histórica implica erogaciones superiores a los diez mil millones de pesos mensuales”. Por tal motivo, agrega el texto, “la magnitud de las ventas que debería realizar el FGS de los activos de su cartera para financiar el programa implicarían un deterioro sustancial de los precios de dichos activos financieros, generando una pérdida significativa en el valor del FGS, con potenciales derivaciones sobre la estabilidad financiera, lo que sería muy conveniente evitar”.

0006-PE-2020-LEY-DE-DEFENSA-DE-LOS-ACTIVOS-DEL-FGS-DEL-SISTEMA-INTEGRADO-ARGENTINO

Se trataría la semana próxima

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anticipó que “vamos a llamar a sesión el miércoles de la semana que viene. Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento de todos los bloques, pero será responsabilidad de cada gobernador y cada gobernadora instar a sus legisladores a estar sentados en el recinto debatiendo y dándole a los provincias y al FGS este instrumento”, afirmó.

Cabe recordar que el protocolo a partir del cual se estaba sesionando de manera remota en Diputados está vencido y la oposición se resiste a suscribir uno nuevo si no se establecen previamente una serie de condicionamientos que eviten tratar de manera remota temas complejos como la creación de una bicameral para investigar los préstamos a la empresa Vicentin, o la propia reforma judicial.

El texto que el Ejecutivo quiere que se debata en el Congreso tiene en cuenta la emergencia imperante como consecuencia de la pandemia, a partir de la cual se extiende por el término de cuatro años el plazo previsto por el artículo 29 de la Ley N° 27.260 para subsanar todas las diferencias en los topes de las inversiones previstas por el artículo 74 de la Ley N° 24.241, con el fin de no generar un castigo desproporcionado con la cartera del FGS y poder realizar las operaciones necesarias en un marco más propicio. Esto es así, se agrega, “a consecuencia de que la anterior gestión de gobierno no priorizó la inversión en proyectos productivos (…) lo que significó que el FGS se encuentre incumpliendo la normativa legal, toda vez que sus inversiones no alcanzan el mínimo exigido por el citado inciso 1”.

El proyecto de ley establece que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.

Por otra parte, como la crisis sanitaria afecta el normal funcionamiento de las administraciones provinciales, que se ven obligadas a atender mayores gastos en un contexto de caída de la recaudación de tributos nacionales y provinciales, las mismas deben redefinir las prioridades de uso de los saldos de caja. A lo cual, se suma el peso de los servicios de deuda. Como la asistencia financiera brindada por el Estado nacional a las provincias resulta insuficiente para  que estas hagan frente a los vencimientos de los préstamos dados por el FGS del SIPA, se instruye a la ANSeS para que en el plazo de 90 días refinancie a una veintena de distritos los préstamos que vencen durante el presente ejercicio, de acuerdo a una serie de condiciones.

En cuanto al programa Créditos ANSeS y en lo que atañe al manejo de la cartera del FGS, se propone no efectuar la capitalización de intereses de los créditos cuyo cobro se encuentra suspendido a partir de diciembre de 2019, reanudándose el cobro de las cuotas y respetando el plazo y las condiciones originales en las que el crédito fue otorgado.

El texto tiene en cuenta las prioridades establecidas para la recuperación de la economía tras la pandemia, que obligan a “orientar la mayor cantidad de recursos posibles hacia inversiones vinculadas al estímulo de la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y del desarrollo económico”. Bajo esta lógica, el proyecto de ley prioriza esa finalidad del FGS con el objetivo de “preservar y potenciar tanto la rentabilidad directa de los activos que administra, como así también de internalizar la rentabilidad indirecta que generan los proyectos destinados a fomentar la economía real”.

Con este fin se constituirá un Fondo Fiduciario Público denominado “Programa de Inversiones Estratégicas” a efectos de invertir en sectores relevantes a largo plazo para el Estado nacional, fomentando la generación de empleo como políticas de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía, lo que tendrá una duración de 20 años.

El FGS invertirá hasta la suma de cien mil millones de pesos, los cuales podrán ser suscriptos en especie conforme a los rendimientos mínimos establecidos en el proyecto.

Se propicia además la creación del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, que actuará en la órbita de la ANSeS, el cual estará integrado con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios públicos designados como directores en las sociedades, fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión donde el FGS tenga participación accionaria, como así también toda otra transferencia que disponga la ANSeS.