Finalizó este domingo 23 de marzo la moratoria previsional, a partir de lo cual aquellas personas que no tengan los 30 años de aportes previsionales no podrán jubilarse por el método implementado durante los gobiernos de los Kirchner. Según se calcula, quedarán alcanzados por esta medida alrededor de medio millón de personas que solo podrán jubilarse con una alternativa votada durante la gestión de Cambiemos.

Pero veamos ahora cómo llegamos hasta aquí. La primera moratoria fue lanzada durante la primera gestión kirchnerista, por el presidente Néstor Kirchner en el año 2005. El santacruceño lanzó entonces lo que se conoció como el Plan de Inclusión Jubilatoria, argumentando entonces que tres décadas de desempleo e informalidad laboral, más un sistema jubilatorio privatizado, habían dejado sentadas las bases para que de cada diez personas en condiciones de jubilarse, cinco quedaran afuera.

Se dijo entonces que la mayoría de los que se incorporaron a ese primer Plan de Inclusión Jubilatoria había hecho aportes. Aunque el promedio del mismo era sensiblemente bajo: solo 12,7 años de aportes; esto es, les faltaba 17,3 años para completar los 30 de aportes necesarios. Y ante los cuestionamientos que se escucharon entonces, alertando que esa medida impactaría sobre el resto de los jubilados por cuanto acrecentaría el número de beneficiarios afectando el sistema previsional en su conjunto, respondían desde el Gobierno con la pregunta de si sería justo que esas personas perdieran sus 12 años de aportes. Pero además, al “comprar años” los beneficiarios de las nuevas jubilaciones, contribuirían con ese aporte a sostener el sistema.

El 9 de septiembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley de Moratoria Previsional que alcanzaba a aquellas personas que reunían la edad exigida por ley para acceder a una prestación previsional, si regularizaban los aportes mínimos exigidos. Más los adultos mayores sin prestación previsional, o que, si contaban con ella, la misma no superara la mínima.

El Segundo Plan de Inclusión fue presentado por Cristina Kirchner como una ley de universalización del sistema previsional argentino. “Hemos cubierto con esta ley, con este proyecto del Ejecutivo, que fue remitido al Parlamento y fue aprobado, diez años, de 1993 al 2003, que no habían sido incluidos en la anterior moratoria, y que justamente era una de las décadas donde mayor grado de desocupación y mayor grado de exclusión; mayor grado de gente que no podía haber alcanzado la cantidad de años de trabajo para poder jubilarse”, fundamento la entonces presidenta en un acto.

CFK venía de haber vetado cuatro años antes el 82% móvil para los jubilados, que establecía una jubilación mínima equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores activos. Fue la segunda ley que obligó al entonces vicepresidente de la Nación Julio Cobos a desempatar. Lo hizo en contra de su Gobierno, y vino el veto de Cristina, que argumentó que su implementación implicaría la quiebra del Estado.

En la apertura de sesiones de ese año, el 1° de marzo de 2014, Cristina Kirchner había dicho respecto del sistema de seguridad social que “entre 2003 y 2013, el aumento de la cantidad de jubilaciones fue del 87%. O sea, de tres millones pasamos a casi seis millones de jubilados: 5.907.000. Y el 46% fue por moratoria”.

En el mismo período, las pensiones no contributivas pasaron de 433 mil a 1.453.000 para aquellos hombres y mujeres de los sectores más vulnerables, lo que representó un aumento del 322%, añadió. “Como les decía -continuó Cristina, flanqueada entonces por el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Cámara baja Julián Domínguez-, somos el país de mayor cobertura previsional, con 93,8% de hombres y mujeres en condiciones de jubilarse que están efectivamente cobrando una jubilación o una pensión normal o contributiva”.

Esa segunda instancia del plan de inclusión incorporaba a aproximadamente 470 mil personas al sistema previsional. Fue convertida en ley en Diputados el 27 de agosto de 2014 por 202 votos a favor y 4 abstenciones, que correspondieron a dos integrantes de Suma Más Unen, el partido de Martín Lousteau, y dos de los tres miembros de la Coalición Cívica.

Esa segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional de 2005 estaba destinada a los autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria -o cumpliéndola en los dos años de vigencia de la norma-, no contaran con los 30 años de aportes.

Los tiempos de Cambiemos

Convencido de que los jubilados eran un electorado propio, el Gobierno de Mauricio Macri implementó la Reparación Histórica para los jubilados, que impulsó junto al blanqueo de capitales. Benefició a 740.000 jubilados que mejoraron sus haberes y cobraron retroactivos; pero menos del 6% de ellos tenían acciones contra el Estado, con lo que bajó muy poco la cantidad de juicios. Y tuvo un alto costo fiscal.

Por eso los reproches que hizo quien luego sería candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto. El entonces presidente del bloque de senadores del peronismo, consideró que la decisión de impulsar esa reparación histórica fue “un error”. A su juicio, “había algunos funcionarios que entendían que el blanqueo favorecía a los ricos, y que había que hacer algo por los pobres, los jubilados”. Entrevistado para el libro “Gobernar en Minoría”, de José Angel Di Mauro, Pichetto no dudó en señalar que esa fue “una tontería”, ya que “nosotros no íbamos a votar en contra del blanqueo”. Sostuvo Pichetto que la Reparación Histórica le significó al Estado 1,9 puntos del producto e incrementó el déficit fiscal.

En ese mismo libro el diputado Luciano Laspina justificó la medida en que el Gobierno creía que se trataba de “una medida revolucionaria desde el punto de vista previsional, y justa. Y encontró en esa ley una oportunidad para no demorar una discusión por un eventual blanqueo. No porque en el fondo nadie pensara que un blanqueo no pasara. Y en definitiva, mejoraba un poquito la discusión de la letra chica del tema, pero no mucho más”.

El proyecto de ley llegó al recinto de Diputados en forma de ley ómnibus y fue aprobado por 162 votos, 76 en contra y 3 abstenciones, al cabo de un debate de poco más de 12 horas.

Dos semanas después, el 30 de junio de 2016, el Senado convirtió en ley el proyecto por 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Dentro de esa ley ómnibus figuraba la Pensión Universal a la Vejez, conocida luego como PUAM (Pensión Universal para Adultos Mayores). Pero no terminaba con la moratoria previsional impulsada por los Kirchner.

En esa sesión Cambiemos contó con el respaldo de los bloques de Sergio Massa y Diego Bossio, dos exdirectores de la ANSes. Justamente a pedido del bloque de Bossio, se extendería por tres años más la moratoria previsional lanzada por los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tuvieran la edad jubilatoria, pero no los aportes necesarios, pudieran recibir la jubilación correspondiente, con un descuento de los aportes que no habían hecho.

Las prórrogas de Alberto

Previsiblemente, el Gobierno de Alberto Fernández fue prorrogando la vigencia de la moratoria. Pero a falta de votos en el recinto, lo hizo por decreto. El tema se complicó hacia fines de 2022, cuando fue demorándose una y otra vez el tratamiento del proyecto para extender el plan de pago de deuda previsional que alcanzaría a 800 mil personas. En esos días la relación entre el oficialismo y la oposición se había complicado mucho y varias sesiones fracasaron por falta de quórum, entre ellas la que debía confirmar a Cecilia Moreau al frente de la Cámara baja. Así, quedó esa norma sin ser aprobada, por lo que el gobierno la incluyó en un temario de 28 proyectos a tratarse en extraordinarias.

Ya se sabe que era costumbre del Gobierno de Alberto Fernández mandar decenas de proyectos a extraordinarias, que en general no eran tratados ni siquiera en comisiones. Así había sucedido los últimos dos años y estuvo a punto de suceder en 2023, hasta que a 3 minutos de que concluyera el tiempo para alcanzar el quórum, arrancó esa sesión en la que se debatieron solo dos de los 28 temas que había enviado Alberto: la moratoria previsional y el proyecto de historias clínicas digitales.

Fue el 28 de febrero de 2023, con 134 votos a favor y 107 en contra. Durante ese debate, el diputado Luciano Laspina expresó sobre las moratorias que las mismas “son más la consecuencia que la causa de los problemas previsionales, del déficit de nuestro sistema previsional, y que ha llevado a la licuación sitemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años. En particular de los que tuvieron contribuciones en tiempo y forma”.

Esa prórroga es la que acaba de vencer y que la oposición tratará de volver a poner en agenda, aunque el oficialismo no tiene ninguna intención de tratarlo.

Como sea, amerita un debate que de una u otra forma tendrá que darse.

Hacer algo con los 30 años de aportes

Actualmente el sistema previsional está compuesto por más de 7,5 millones de jubilaciones y pensiones. Esto no equivale al número total de jubilados, dado que una misma persona puede poseer más de un beneficio. De ese total, el 59,5% (4,3 millones) fueron obtenidas a través de una jubilatoria.

Por citar un caso: en el año 2024 se otorgaron 427.505 jubilaciones. De ellas, 313.950 fueron por moratoria.

Un informe de IDESA difundido los últimos días resulta bastante ilustrativo. El mismo confirma un dato que estremece: la mayoría de los que se jubilaban hasta que cayó la moratoria acumula menos de 10 años de aportes. Veamos:

52% Menos de 10 años

30% Entre 25 y 30 años

18% Entre 25 y 30 años

(Fuente: IDESA en base a la subsecretaría de Seguridad Social)

Aproximadamente dos tercios de quienes llegan a la edad de jubilarse apelan a la moratoria porque no cumplen el mínimo de 30 años de aportes.

Así las cosas, si no se renuevan las moratorias, toda esa gente deberá postergar el retiro o acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación aprobada en 2016 representa el 80% del valor de la jubilación mínima. Pero además tiene dos importantes defectos, según IDESA: el primero es que no reconoce aportes realizados por debajo de los 30 años. Es decir, una persona con ningún aporte y otra con 29 años aportados, reciben la misma PUAM. El segundo es que no permite seguir trabajando, cuando las jubilaciones contributivas sí lo permiten.

Podría agregarse que las mujeres solo pueden acceder al beneficio a partir de los 65 años, igual que los varones, y no da derecho a una pensión por fallecimiento para cónyuges, hijos menores ni con discapacidad. Tampoco es compatible con una pensión por fallecimiento, como ocurre con muchas mujeres que cobran una pensión una vez fallecida su pareja.

El requerimiento de 30 años de aportes viene de la época en que el sistema previsional era mixto, combinando reparto con capitalización.

En el régimen de reparto, el requisito era y es los 30 años de aportes, mientras que en el de capitalización no se aplicaba un mínimo de aportes dado que la gente se jubilaba cuando quería, con la renta que se derivaba de su cuenta de capitalización.

El problema es que cuando se eliminó el régimen de capitalización, se cometió el error de no revisar esta regla. Consecuentemente, el requisito de un mínimo de 30 años de aportes quedó para todas las prestaciones. Para IDESA, como esta barrera excluye a la mayoría de la gente, en lugar de subsanar el error, se apeló a las moratorias, profundizando la crisis financiera del sistema previsional y la injusticia de dar jubilaciones contributivas a gente sin aportes.

Claramente el desafío es encontrar ahora una mejor alternativa que renovar las moratorias, que más allá del beneficio que han generado, provocaron una degradación del sistema previsional.

En la búsqueda de alternativas, IDESA ofrece la de eliminar el mínimo de 30 años de aportes.

De esta manera, para las personas con pocos aportes, se puede contemplar la PUAM como piso. El monto de este beneficio debería ser creciente, en función de la cantidad de aportes acumulados, y se debería permitir a los beneficiarios de la PUAM seguir trabajando, como al resto de los jubilados.

Hay en la actualidad 7.434.000 asalariados registrados y 5.440.000 trabajadores informales. El número de jubilados asciende a más de 7,5 millones. En Argentina, históricamente se ha considerado que se necesitan 3 trabajadores activos por cada jubilado, para que el sistema de jubilaciones y pensiones se autofinancie. Por cada jubilado, hoy hay apenas 1,5 aportantes activos al sistema. La relación activos/pasivos es clave para la sostenibilidad de las jubilaciones.

El debate que viene

El pasado 19 de marzo, a continuación de la sesión que blindó el DNU del acuerdo con el Fondo, la oposición más dura intentó realizar una sesión para tratar justamente el tema previsional, particularmente los proyectos referidos a la moratoria previsional. No alcanzaron a reunir el quórum, pero el tema seguirá generando atención en el Congreso, donde insistirán con prorrogar la moratoria.

Justamente con ese objetivo hay proyectos de los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Vanina Biasi, presentados el 18 y el 14 de febrero pasado, respectivamente, para extender por 2 años la moratoria.

También hay proyectos de los diputados de Unión por la Patria Brenda Vargas Matyi (29/01/25), Leopoldo Moreau (7/11/24) y Andrea Freites (13/03/25), todos para prorrogar por 2 años el capítulo II de la Ley 27.75.

Hay otro de Gisela Marziotta, del 10 de marzo pasado, para extenderlo 10 años.

Hubo también un proyecto del riojano Ricardo Herrera, del 16 de enero, para incluir el tema en extraordinarias.

Como sea, es un debate que volverá a darse en el Congreso y sobre el cual el Gobierno no debería quedarse a esperar que suceda, confiado en conservar la herramienta del veto como resguardo.

Tras un debate cruzado por el escándalo del diputado Juan Ameri, quien protagonizó una escena íntima en plena sesión virtual, la Cámara baja aprobó este jueves el proyecto que habilita la renegociación de las deudas de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modifica el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La iniciativa del Poder Ejecutivo recibió 245 votos a favor, tres en contra -del Frente de Izquierda y José Luis Patiño, del Pro- y una abstención, de Héctor Stefani, también del Pro.

Con la futura ley, 21 de los 24 distritos -las excepciones son Córdoba, San Luis y Santa Fe- podrán rediscutir sus deudas con la ANSES en un plazo de ocho meses, de cara a la firma de un bono donde se establecerán las condiciones del pago.

Para no afectar fondos de los jubilados, el proyecto aprobado indica que el programa de Reparación Histórica será financiado a través de recursos propios de la ANSES y del Tesoro, ya que la ley sancionada en la gestión anterior ponía como fuente de recursos al blanqueo de capitales y, en segunda instancia, el FGS.

A pesar de algunas objeciones, Juntos por el Cambio acompañó la votación del proyecto, al igual que el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, las bancadas de José Luis Ramón y Eduardo “Bali” Bucca.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y recordó que el FGS, al momento de su creación, “tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior, estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos explicó que el pago de ese beneficio se afrontará ahora a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que ese Fondo “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

El oficialista Marcelo Casaretto destacó el acompañamiento de la oposición y recordó que próximamente se debatirá en el Congreso la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Luis Pastori se refirió a las deudas de las provincias e informó que totalizan 25.000 millones de pesos que vencieron, en su gran mayoría, en agosto.

La ANSES detrajo ese monto de la coparticipación que le corresponde a las provincias, “causándoles un grave perjuicio financiero”, y luego, tras un acuerdo con la Nación, “se suspendió por 45 días el plazo del vencimiento”, que será a lo largo de la primera quincena de octubre.

Ante este panorama, Pastori marcó “la urgencia de tener esta ley aprobada para que no vuelva a vencer ese plazo” y las provincias no vuelvan a verse afectadas.

Por su parte, Luciano Laspina (Pro), advirtió que el Gobierno puso a consideración la ley de protección del FGS “al mismo tiempo que suspendió la fórmula de actualización para los actuales jubilados”.

“¿Cómo se explica esta paradoja jurídica de que por un lado queremos proteger los fondos de los jubilados y al mismo tiempo les estamos defaulteando a los actuales jubilados suspendiendo una fórmula que, de haberse cumplido, hubiese sido mejor que los ajustes por decreto?”, se preguntó Laspina.

Jorge Sarghini, de Consenso Federal, celebró que las reformas se harán “sin quitar garantías a los jubilados que adhirieron a la Reparación Histórica, garantías que no estaban en el proyecto original y que en el debate en comisión se pudieron corregir”.

De todos modos, advirtió que “salvo el título y el enunciado de buena voluntad del capítulo primero, no tenemos ninguna garantía ni certeza que nos haga creer que esta ley por sí sola defienda el patrimonio del FGS”, que “es un fondo extraño, porque estamos bajo un sistema de reparto y ese fondo viene extraído de un sistema privado de capitalización”.

En tanto, el mendocino Ramón destacó el “reenfoque del FGS” y señaló que “los dos frentes mayoritarios lograron un consenso cuando las arcas de los estados provinciales se encuentran en una profunda crisis”.

El titular de Unidad Federal para el Desarrollo consideró que “un punto que no tuvo relevancia en la comisión fue el relacionado con los créditos de la ANSES”, y en ese sentido dijo que “no se discutió el sobreendeudamiento de las familias”.

En contra del proyecto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) opinó que “se pretende ocultar la política que durante muchos años tuvieron todos los gobiernos, de saqueo de los recursos de la ANSES”.

En ese sentido, recordó que los recursos del FGS llegaron “a rondar los 67.000 millones de dólares y en la actualidad está apenas en torno a los 32.000 millones de dólares”.

El legislador de la izquierda criticó la reforma previsional de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y también el “ajuste” a los jubilados por parte del gobierno de Alberto Fernández con la suspensión de la fórmula de movilidad.

Además, dijo que el proyecto es “contradictorio" en lo referido al refinanciamiento de deuda de las provincias, las cuales “fueron parte del festival del endeudamiento beneficiando a los especuladores bajo el gobierno de Macri”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Poder Ejecutivo que busca “blindar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) modificando el modo de financiamiento del programa de Reparación Histórica.

Heller recordó los orígenes del FGS, creado en 2007, y destacó que en su composición accionaria participan “muchas empresas líderes”, por lo que en ese momento se buscó proteger esos activos y además “mantener la participación efectiva del Estado en el funcionamiento de esas empresas”.

“Como su nombre lo indica, el FGS tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales, explicó Heller.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos puntualizó que el pago de la Reparación Histórica se afrontará entonces a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

Mientras en el Senado las relaciones entre el oficialismo y la oposición pasan por su peor momento, en Diputados el clima sigue siendo positivo. Una señal en ese sentido la dió este miércoles Juntos por el Cambio al anunciar su respaldo al dictamen emitido el martes en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS).

El proyecto será llevado al recinto la semana que viene, en la reanudación de la actividad en el recinto de Diputados, luego de la bochornosa sesión en la que el oficialismo estuvo “presente” de manera virtual y Juntos por el Cambio “in situ” pero formalmente ausente.

Tal cual se había sugerido el martes durante el plenario de comisiones, cuando el oficialismo aceptó introducir modificaciones, desde Juntos por el Cambio anticiparon su disposición a firmar el despacho de mayoría, amén de ciertas disidencias que tienen respecto del tema de la renegociación de la deuda de las provincias.

El diputado radical puntano Alejandro Cacace destacó que el oficialismo haya accedido a incorporar cambios como garantizar el pago de la ley de Reparación Histórica y lo relativo a los intereses para la renegociación de deudas, tal cual el pedido de alguos gobernadores.

Los pagos de la Reparación Histórica se harán con recursos de la ANSeS o el Tesoro Nacional, sin límites para cumplir dichos compromisos.

El proyecto de ley que busca refinanciar la deuda de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modificar el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), recibió dictamen favorable este martes en la Cámara de Diputados.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos aceptó modificaciones que fueron acordadas en un cuarto intermedio con la ANSES, aunque Juntos por el Cambio pidió tiempo hasta este miércoles para definir si acompañará con su firma, tras un debate interno.

El debate se dio en un plenario virtual de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que contó con la participación de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el responsable del FGS, Lisandro Cleri.

Al inicio de la presentación, Raverta explicó que este proyecto viene a traer “soluciones” sobre cinco “problemas”: el financiamiento de la Reparación Histórica; los préstamos con las provincias; las inversiones productivas del FGS; la regularización de los créditos ANSES; y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS.

La funcionaria recordó que el programa de Reparación Histórica, sancionado durante la gestión anterior, “se iba a pagar con el dinero que se incorporara a partir del blanqueo de capitales”, mientras que “la segunda fuente de financiamiento iba a ser los activos del FGS”.

Lo que se busca, explicó Lisandro Cleri, es “cambiar el orden de estos pagos”, es decir, “poner a la Reparación Histórica en igualdad con el resto de los programas”, con una financiación a través de recursos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) en primer lugar, “y en caso de que haya un déficit transitorio, pasaría a cubrirlo el FGS”.

Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000” jubilados que adhirieron a ese programa, y que ahora recibirán el beneficio “a partir del Ministerio de Economía, del Tesoro, para que podamos resolver esa obligación sin afectar una garantía para el 100% de los jubilados” como es el FGS.

“Volvemos a la idea de que el FGS le pertenece a la totalidad de los jubilados”, puntualizó la directora ejecutiva de la ANSES.

El diputado radical Alejandro Cacace planteó dudas respecto al cambio en la modalidad de financiamiento de la Reparación Histórica, ante la posibilidad de que “una vez agotadas las partidas” del Presupuesto, los pagos corran riesgo.

Por eso, Cacace pidió a los funcionarios que garanticen que “se van a pagar integralmente los beneficios más allá de los límites que pueda imponer una partida presupuestaria”.

En el mismo sentido, Graciela Camaño (Consenso Federal) advirtió que “sabiendo que tenemos una manta muy corta, debemos tener un claro mensaje respecto a que bajo ningún punto de vista la Reparación Histórica va a estar atada a los recursos del Presupuesto. Es lo mínimo que podemos hacer para que el sistema tenga algún viso de credibilidad para nuestros jubilados, a los cuales cada vez que hay un problema económico les manoteamos sus fondos”.

Ante este planteo, el oficialismo aceptó modificar la redacción del artículo 2, agregando que el programa de Reparación Histórica “será cubierto en su totalidad” con las partidas presupuestarias “sin poder fijarse límites a los pagos”.

Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que “el proyecto es superador en materia de protección del FGS”, pero sugirió modificaciones en materia de créditos de ANSES “en defensa de los consumidores”.

El proyecto también establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

Así, se establece que el Ministerio de Economía y la ANSES “deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera”.

Sobre este punto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) preguntó “en qué medida estos recursos del SIPA se ven afectados por la pérdida de recaudación por la caída actividad económica, y en qué medida a causa de las propias medidas del Poder Ejecutivo”, como “la reducción del pago de contribuciones patronales de las grandes empresas”.

Al responder, Cleri aclaró: “No vamos a cubrir la asistencia por decisiones o políticas del Estado, sino por todo aquello que haya impactado por el Covid”.

De todos modos, para no dejar lugar a dudas, el Frente de Todos incorporó un párrafo al artículo 4, indicando que “a los efectos de determinar este impacto, se considerarán los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la recaudación de los recursos tributarios que forman parte de los ingresos de la ANSES”.

En cuanto a la deuda de las provincias con la ANSES -a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis-, Raverta señaló que “es un año muy particular y para las provincias es muy difícil cumplir esa obligación que tienen para con el FGS, por eso proponemos una forma nueva de financiar esa deuda”.

El proyecto, en su artículo 8 -que también fue mejorado a pedido de la oposición- establece que “en un plazo de ocho meses se pueda rediscutir provincia por provincia la deuda”, informó Raverta.

En tanto, Heller aclaró: “Algunos interpretan que los ocho meses son el plazo para pagar. Los ocho meses son un plazo para negociar con las provincias y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consistirá en la emisión de un bono de largo plazo en las condiciones que se acuerden”.

El tema se terminó de negociar este miércoles en el despacho del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en el marco de una reunión de la que tomaron parte también la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. Al cabo de ese encuentro, del que también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Capitanich (Chaco), se acordó con una veintena de gobernadores la refinanciación de la deuda que las provincias mantienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.

A partir de ello se elaboró un proyecto de ley que se conoció este jueves y que ingresará por Diputados con el nombre “Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”. El cual modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la reparación histórica y que, en caso de que fuera insuficiente, se deberían realizar los activos del FGS informando dicha situación a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Esto será suspendido a partir de la aprobación de esta ley. Se argumenta tal decisión ante la necesidad de “llevar adelante una política sustentable, priorizar los procesos productivos y de infraestructura”. Es por eso que el financiamiento del Programa de Reparación Histórica “deberá ser soportado con los recursos enumerados en el artículo 18 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones y las partidas específicas asignadas para tal cometido, establecidas por las leyes de presupuesto”.

Explica la norma que la modificación de la fuente de financiamiento obedece a que “a partir de agosto de 2020, el pago de la Reparación Histórica implica erogaciones superiores a los diez mil millones de pesos mensuales”. Por tal motivo, agrega el texto, “la magnitud de las ventas que debería realizar el FGS de los activos de su cartera para financiar el programa implicarían un deterioro sustancial de los precios de dichos activos financieros, generando una pérdida significativa en el valor del FGS, con potenciales derivaciones sobre la estabilidad financiera, lo que sería muy conveniente evitar”.

0006-PE-2020-LEY-DE-DEFENSA-DE-LOS-ACTIVOS-DEL-FGS-DEL-SISTEMA-INTEGRADO-ARGENTINO

Se trataría la semana próxima

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anticipó que “vamos a llamar a sesión el miércoles de la semana que viene. Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento de todos los bloques, pero será responsabilidad de cada gobernador y cada gobernadora instar a sus legisladores a estar sentados en el recinto debatiendo y dándole a los provincias y al FGS este instrumento”, afirmó.

Cabe recordar que el protocolo a partir del cual se estaba sesionando de manera remota en Diputados está vencido y la oposición se resiste a suscribir uno nuevo si no se establecen previamente una serie de condicionamientos que eviten tratar de manera remota temas complejos como la creación de una bicameral para investigar los préstamos a la empresa Vicentin, o la propia reforma judicial.

El texto que el Ejecutivo quiere que se debata en el Congreso tiene en cuenta la emergencia imperante como consecuencia de la pandemia, a partir de la cual se extiende por el término de cuatro años el plazo previsto por el artículo 29 de la Ley N° 27.260 para subsanar todas las diferencias en los topes de las inversiones previstas por el artículo 74 de la Ley N° 24.241, con el fin de no generar un castigo desproporcionado con la cartera del FGS y poder realizar las operaciones necesarias en un marco más propicio. Esto es así, se agrega, “a consecuencia de que la anterior gestión de gobierno no priorizó la inversión en proyectos productivos (…) lo que significó que el FGS se encuentre incumpliendo la normativa legal, toda vez que sus inversiones no alcanzan el mínimo exigido por el citado inciso 1”.

El proyecto de ley establece que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.

Por otra parte, como la crisis sanitaria afecta el normal funcionamiento de las administraciones provinciales, que se ven obligadas a atender mayores gastos en un contexto de caída de la recaudación de tributos nacionales y provinciales, las mismas deben redefinir las prioridades de uso de los saldos de caja. A lo cual, se suma el peso de los servicios de deuda. Como la asistencia financiera brindada por el Estado nacional a las provincias resulta insuficiente para  que estas hagan frente a los vencimientos de los préstamos dados por el FGS del SIPA, se instruye a la ANSeS para que en el plazo de 90 días refinancie a una veintena de distritos los préstamos que vencen durante el presente ejercicio, de acuerdo a una serie de condiciones.

En cuanto al programa Créditos ANSeS y en lo que atañe al manejo de la cartera del FGS, se propone no efectuar la capitalización de intereses de los créditos cuyo cobro se encuentra suspendido a partir de diciembre de 2019, reanudándose el cobro de las cuotas y respetando el plazo y las condiciones originales en las que el crédito fue otorgado.

El texto tiene en cuenta las prioridades establecidas para la recuperación de la economía tras la pandemia, que obligan a “orientar la mayor cantidad de recursos posibles hacia inversiones vinculadas al estímulo de la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y del desarrollo económico”. Bajo esta lógica, el proyecto de ley prioriza esa finalidad del FGS con el objetivo de “preservar y potenciar tanto la rentabilidad directa de los activos que administra, como así también de internalizar la rentabilidad indirecta que generan los proyectos destinados a fomentar la economía real”.

Con este fin se constituirá un Fondo Fiduciario Público denominado “Programa de Inversiones Estratégicas” a efectos de invertir en sectores relevantes a largo plazo para el Estado nacional, fomentando la generación de empleo como políticas de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía, lo que tendrá una duración de 20 años.

El FGS invertirá hasta la suma de cien mil millones de pesos, los cuales podrán ser suscriptos en especie conforme a los rendimientos mínimos establecidos en el proyecto.

Se propicia además la creación del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, que actuará en la órbita de la ANSeS, el cual estará integrado con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios públicos designados como directores en las sociedades, fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión donde el FGS tenga participación accionaria, como así también toda otra transferencia que disponga la ANSeS.