Rige para aquellas que han sido asistidas para pagar salarios. El proyecto fue presentado por el diputado radical Gustavo Menna, quien habló de “un peligroso precedente en materia de respeto por el derecho de propiedad”.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto las restricciones y prohibiciones que el Gobierno nacional impuso a la distribución de utilidades por parte de personas, comercios y empresas beneficiarias del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado en el marco de la pandemia del coronavirus.
El legislador opositor cuestionó “la exorbitante concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo y sus funcionarios”, entre las que mencionó “los superpoderes para disponer del 100% de las partidas presupuestarias sin pasar por la autorización correspondiente del Congreso, la suspensión de actividades de ese Poder del Estado, la falta de aprobación de la nueva Ley de Presupuesto y la sanción de la Ley de las ‘nueve emergencias’“, en diciembre pasado.
La iniciativa alude a las decisiones administrativas que, en un primer momento, prohibieron la distribución de “utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019 a las empresas que cuenten con más de 800 trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020, que luego se amplió a todas las empresas restantes”.
“Esto significa que los dueños de almacenes de barrio, pequeños comercios, PyMEs en general, que tienen cuatro o cinco empleados, no podrán hacerse del fruto de su trabajo por el solo hecho de recibir un ATP, originado en las dificultades que tienen para pagar sueldos sin poder trabajar”, sostuvo el chubutense.
Y agregó: “Privar a una persona del derecho de usufructuar el resultado de su trabajo por el solo hecho de recibir un ATP constituye una decisión que no puede convalidarse y sienta un peligroso precedente en materia de respeto por el derecho de propiedad”.
“Tampoco puede aceptarse que constituya una compensación por un beneficio, ya que en rigor el ATP es una herramienta que viene a atemperar las consecuencias de una determinación estatal que, al prohibir el desarrollo de actividades, priva a las empresas de hacerse de los recursos para cumplir con sus obligaciones, entre ellas las de orden salarial”, consideró Menna.
Acompañaron la iniciativa los legisladores Ximena García, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Albor Cantard, Hernán Berisso, Juan Aicega, Alicia Terada, Héctor Stefani, Pablo Torello, Sofía Brambilla, Claudia Najul, Luis Pastori, Osmar Monaldi, Lidia Ascarate, Sebastián Salvador, Julio Sahad, Estela Regidor, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Aída Ayala, Dolores Martínez, Fabio Quetglas, José Cano, Ricardo Buryaile, Karina Banfi, Jimena Latorre, Carolina Castets, Atilio Benedetti, Carlos Fernández, Mario Arce y Gonzalo del Cerro.
